SUPLEMENTO ESPECIAL
Supremo Tribunal de Justicia del Estado
PÁGINA 2 - LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado
S
an Luis Potosí vive una nueva etapa en la historia de su Poder Judicial. Por primera vez, la judicatura potosina llegó a sus responsabilidades mediante el voto ciudadano. Esa legitimidad democrática constituye un punto de partida que debe renovarse todos los días con trabajo, independencia, profesionalismo, integridad y resultados. El voto no modifica la esencia de nuestra responsabilidad. Juzgar exige aplicar el Derecho con imparcialidad, rigor técnico y pleno respeto a los derechos de las personas. La legitimidad democrática no sustituye la preparación jurídica ni la independencia judicial; las hace todavía más exigibles. Esa ha sido una de las convicciones que orientaron este primer año. Recibimos una institución en movimiento y asumimos la responsabilidad de conducirla sin detener la justicia. Mientras comenzábamos a construir nuevas formas de organización y de trabajo, los juzgados y tribunales continuaron recibiendo asuntos, celebrando audiencias, dictando acuerdos y resoluciones y atendiendo diariamente a quienes acudían en busca de una respuesta. Abrimos espacios de diálogo serio y respetuoso con magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal jurisdiccional y administrativo; con barras, colegios y asociaciones de profesionales del Derecho; con universidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y personas vinculadas con distintos ámbitos del sistema de justicia. Recorrimos juzgados y centros de justicia de la capital y del interior del Estado. Conocimos directamente cargas de trabajo, necesidades de personal, condiciones de infraestructura, desafíos tecnológicos y particularidades territoriales. Al mismo tiempo, encontramos experiencia, compromiso y soluciones desarrolladas por quienes enfrentan todos los días los problemas concretos de la impartición de justicia. Durante este periodo avanzamos en la organización y especialización jurisdiccional, fortalecimos espacios de coordinación entre materias e instancias, impulsamos mecanismos alternativos de solución de controversias y promovimos el intercambio profesional entre magistraturas y personas juzgadoras. Asimismo, avanzamos en el uso de sistemas electrónicos, herramientas de gestión, expediente electrónico, interconexión institucional, servicios digitales y modernización tecnológica. Al mismo tiempo, comenzamos a
analizar responsablemente posibilidades que hace pocos años parecían lejanas, como la utilización de herramientas de inteligencia artificial en determinados procesos de apoyo. Nuestra posición es inequívoca: la tecnología debe estar al servicio de las personas y de la justicia; nunca sustituir la responsabilidad de quien juzga. Una justicia humana se expresa en la manera en que escuchamos a niñas y niños; en la respuesta frente a una situación de violencia; en la capacidad de identificar desigualdades y condiciones de vulnerabilidad; en la incorporación de la perspectiva de género; en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística; en los ajustes que hacen posible el acceso efectivo a la justicia y, finalmente, en nuestras resoluciones. También se expresa en algo aparentemente sencillo: que las personas puedan comprender lo que decidimos. Una sentencia no pierde rigor jurídico por estar escrita con claridad. Al contrario: una resolución técnicamente sólida debe ser capaz de explicar qué decidió el tribunal, por qué lo decidió y cuáles son sus consecuencias. Quien tiene la responsabilidad de decidir sobre la libertad, el patrimonio, los derechos o la vida familiar de otras personas debe estudiar, actualizarse, argumentar y actuar con independencia y ética profesional. La misma exigencia alcanza a toda la estructura que sostiene el servicio judicial: secretarías, proyectistas, actuarios, notificadores, especialistas, personal de apoyo y áreas administrativas. Una resolución jurisdiccional es también resultado de una cadena de trabajo que requiere conocimiento, organización y responsabilidad. Por ello impulsamos la formación, la especialización y la actualización permanente, al mismo tiempo que comenzamos a utilizar con mayor intensidad la información institucional para conocer cargas, necesidades y capacidades. La confianza que recibimos debe traducirse en resultados y la legitimidad democrática debe sostenerse cada día con independencia, conocimiento, integridad y servicio. Tenemos todavía mucho por hacer. Pero también contamos hoy con una oportunidad extraordinaria: construir un Poder Judicial más abierto, profesional, responsable y cercano, capaz de aprender de su propia experiencia y de convertir las mejoras que surgen en distintos espacios en capacidades duraderas.
Lourdes Anahí Zarazúa Martínez Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado Magistrada
Magistrado
MARÍA SARA DE LA LUZ BERNAL RAMÍREZ
JUAN DAVID RAMOS RUIZ
Primera Sala (Penal)
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s relevante el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes como un modelo distinto al de adultos, enfocado no en el castigo, sino en la reeducación, consideró la magistrada María Sara de la Luz Bernal Ramírez, adscrita a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Explicó que este sistema, previsto en la Constitución y en la ley especial, se aplica a adolescentes de entre 12 y menos de 18 años. Su carácter integral, señaló, permite atender el desarrollo académico y social del menor, con el objetivo de que asuma con responsabilidad su vida y logre reintegrarse a su familia y a la sociedad, previniendo futuras conductas delictivas. Con seis años de experiencia como jueza de control especializada en adolescentes, Bernal afirmó que esta función exige una sensibilidad particular, pues se trabaja con personas en formación y las decisiones jurisdiccionales son determinantes para su futuro. Como integrante de la primera generación de impartidores de justicia electos por voto ciudadano, reconoció que el proceso implicó salir del escritorio y exponerse al público, algo a lo que no estaban acostumbrados. Sin embargo, dijo sentirse orgullosa, pues la campaña le permitió escuchar de primera mano las historias de vida y las dificultades que enfrenta la ciudadanía para acceder a las instituciones, lo que representa ahora un compromiso mayor para servir desde el Tribunal.
Primera Sala (Penal)
E
l magistrado Juan David Ramos Ruiz, presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, señaló que el principal reto en materia penal tras la reforma judicial es evitar la curva de aprendizaje por la elección popular de jueces y magistrados, para garantizar justicia pronta y expedita. Indicó que en el Centro Integral de Justicia Penal hay retos en la agenda de audiencias, por lo que se debe eficientizar tiempos, recursos humanos y materiales. Por ello dijo que el Pleno impulsa capacitación procesal y sustantiva y conversatorios para homologar criterios entre jueces y magistrados. Además, se proyectan diálogos con la Fiscalía, la Comisión de Atención a Víctimas y la Defensoría Pública. El objetivo, explicó, es impulsar mecanismos de descongestionamiento como el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional y el procedimiento abreviado, que permiten concluir el asunto rápido asegurando esclarecimiento del hecho, que el culpable no quede impune y el pago integral de la reparación del daño. Son figuras ganar-ganar que requieren educación legal para que la sociedad entienda que no es justicia arreglada, sino una vía para acelerar la reparación sin juicio oral largo. Finalmente, a un año de ser electo por voto popular en la primera generación, dijo asumir el compromiso con la ciudadanía de que la capacitación y experiencia marquen diferencia para una mejor justicia para los potosinos.
Magistrado
ROGELIO JAVIER SALAZAR ZAVALA Primera Sala (Penal)
U
na sentencia de lectura fácil es un documento con explicación sencilla, sin lenguaje jurídico complejo, para que cualquier persona la comprenda, especialmente niños, adultos mayores y personas con discapacidad, explicó el magistrado Rogelio Javier Salazar Zavala, integrante de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Indicó que debe redactarse de forma breve, clara y puede apoyarse con esquemas o dibujos para que quede claro qué se resolvió y qué deben cumplir las autoridades. Ejemplificó que a un menor se le explica de manera directa cómo será la convivencia con sus padres. Aclaró que simplificar no afecta la precisión legal, pues el contenido es el mismo que la sentencia tradicional, solo cambia a palabras más comprensibles; sobre la verificación de la comprensión, dijo que el justiciable puede acudir a que se le lea el fallo o el actuario al notificar debe explicarlo con lenguaje sencillo. A un año de integrar la primera generación de magistrados electos por voto popular, afirmó que representa un mayor compromiso por la confianza ciudadana y destacó que abogados postulantes reconocen que en su Sala los asuntos se resuelven con prontitud pese a la carga de trabajo.
Magistrada
LILIANA ELIZABETH AGUILAR GÓMEZ Segunda Sala (Penal)
L
a labor de un magistrado no se limita a resolver asuntos judiciales, sino que incluye participar en acuerdos institucionales, consideró la magistrada Liliana Elizabeth Aguilar Gómez, integrante de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, y que forma parte del órgano instructor de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, encargado de organizar y supervisar la evaluación, certificación y renovación de personas facilitadoras. Explicó que este órgano define perfiles, herramientas y criterios de evaluación, y establece si los procesos serán permanentes o mediante convocatorias con formación básica, según el modelo y presupuesto de cada Poder Judicial. Entre sus funciones está autorizar, coordinar y decidir si una certificación se otorga, renueva o rechaza. Detalló que la certificación consta de dos etapas: una teórica que acredita conocimientos en mediación y una práctica que verifica habilidades en casos reales. Tras revisar resultados, el órgano debe notificar en tres días si la solicitud fue aprobada o rechazada, fundando y motivando la negativa. A un año de integrar la primera generación de impartidores electos por la ciudadanía, consideró que ha sido una continuidad de trabajo enriquecida con la integración de nuevos magistrados para consolidar al Poder Judicial.
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado Magistrado
ARTURO MORALES SILVA Segunda Sala (Penal)
A
un año de ser electo por voto ciudadano, con carrera judicial previa, el magistrado Arturo Morales Silva, integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reiteró su compromiso de poner conocimientos y experiencia para una mejor justicia. En ese sentido explicó el recurso de apelación en materia penal, que es la revisión que realizan los tres magistrados de la Sala respecto de una sentencia impugnada. Detalló que el análisis se centra en los agravios, es decir, las inconformidades donde la parte recurrente señala los errores que considera cometió el juez de primera instancia. Como tribunal colegiado revisan si existieron y, en su caso, los subsanan, pudiendo modificar, revocar, confirmar la sentencia o reponer el procedimiento. Señaló que los errores más comunes se encuentran en la valoración de la prueba. El Ministerio Público debe acreditar los hechos y el juez valora cada testimonio de forma individual para establecer si es racional y luego lo confronta con el resto de pruebas, como testimonios y dictámenes periciales. Es un ejercicio técnico que determina la culpabilidad o inocencia. Destacó que la apelación es un derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución y en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos para que una sentencia sea revisada por un tribunal superior. Precisó que una vez recibido el asunto, la Segunda Sala tarda de tres semanas a un mes en resolver, aunque algunos casos toman más tiempo por el proceso del recurso. Para mantener criterios consistentes, dijo que realizan conversatorios con jueces de primera instancia sobre temas generales, sin imponer forma de decidir, respetando la autonomía judicial.
Magistrada
LIZET PAOLA MORALES MONTER Segunda Sala (Penal)
E
l trabajo de un magistrado impacta en la vida cotidiana al revisar sentencias que definen la libertad, el patrimonio y la familia de los ciudadanos, destacó la magistrada Lizet Paola Morales Monter, integrante de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. A un año de ser electa por voto ciudadano, se dijo agradecida por la confianza y destacó el trabajo en equipo en el Poder Judicial para brindar un mejor servicio. Detalló que en materia penal se verifica que el juez haya cumplido los lineamientos de ley, funde y motive su resolución, que sea completa y apegada a lo solicitado; subrayó que ninguna resolución debe perder sensibilidad porque detrás de cada expediente hay personas. Como coordinadora de la Comisión de Innovación y Mejora para Eficientizar la Impartición de Justicia, informó que se trabaja en modernizar el servicio mediante convenios con organismos públicos y privados para implementar la firma electrónica, aún no existente en el estado. Esto permitirá presentar escritos y consultar el expediente electrónico desde casa o el celular, reduciendo tiempos, costos y traslados. Señaló que se analiza el uso de inteligencia artificial para hacer procesos más eficientes, sin sustituir la sensibilidad del juzgador, con asesoría de la UNESCO para reglas internacionales. Dijo que el proceso está muy avanzado y en los próximos meses se emitirán lineamientos con la Presidencia y el Órgano de Administración.
Magistrada
SILVIA TORRES SÁNCHEZ Tercera Sala (Civil)
L
a reforma judicial generó dudas sobre la curva de aprendizaje de juzgadores electos por voto popular, pero la magistrada Silvia Torres Sánchez, presidenta de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consideró que con su experiencia de más de 23 años como postulante en materia civil, mercantil y familiar, y casi cuatro años como magistrada, evitó esa problemática. Señaló que el Poder Judicial cuenta con personal experimentado y con proyectistas que apoyan su ponencia, por lo que tiene herramientas para dar respuesta al justiciable. Subrayó que cada expediente no es estadística, sino historias de vida que revisa, analiza y resuelve privilegiando el derecho y la justicia. Indicó que durante su campaña detectó que la ciudadanía desconocía qué hace un magistrado y cómo sus decisiones pueden transformar la vida de las personas. Para acercar la justicia a la ciudadanía, explicó que además de la sentencia formal, ella y su equipo elaboran una carta en lenguaje sencillo dirigida a la persona involucrada, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad, con el propósito de explicarle de manera clara las razones de la resolución, sin necesidad de que un abogado se la traduzca. A un año de la elección histórica, dijo que es un privilegio haber sido magistrada bajo el sistema tradicional y ahora por voto popular directo, lo que le compromete a dar mejores resultados a la ciudadanía que confió en ella.
Magistrado
JAIRO HERNÁNDEZ GARIBAY Tercera Sala (Civil)
A
un año de ser electo por voto popular como parte de la primera generación de juzgadores, el magistrado Jairo Hernández Garibay, integrante de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dijo sentirse orgulloso por la responsabilidad otorgada por la ciudadanía potosina y satisfecho porque los números avalan su trabajo, con un alto nivel de conformidad con sus resoluciones. Detalló que solo el 20 por ciento de sus sentencias han sido impugnadas, por lo que el 80 por ciento de las partes quedaron conformes; añadió que se promovieron 14 amparos indirectos, de los cuales nueve ya fueron resueltos con sobreseimientos, negativas o desechamientos, sin ninguna concesión de amparo, lo que avala su trabajo ante tribunales constitucionales. Explicó que al haber al menos dos partes en cada asunto es natural la impugnación, pero destacó que aun sin resultado favorable, los abogados han quedado satisfechos al encontrar sentencias fundadas y motivadas conforme a la Constitución. Sobre mejoras, consideró clave la profesionalización, la capacitación jurídica y la actualización tecnológica con inteligencia artificial y la nueva plataforma de expedientes electrónicos. También subrayó el lado humano: asumir que son servidores públicos y mostrar empatía con quienes acuden por necesidad.
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado Magistrada
JUANA MARÍA ALFARO REYNA
Tercera Sala (Civil)
A
un año de la histórica elección judicial del 1 de junio de 2025, la magistrada Juana María Alfaro Reyna, integrante de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hizo un balance de su primer año en el cargo, el cual calificó como un periodo intenso, de mucho trabajo pero también de grandes satisfacciones, una doble responsabilidad, la inherente a la función jurisdiccional y la de responder con profesionalismo a la ciudadanía que por primera vez eligió por voto directo a jueces y magistrados. Fiel a su principio rector de campaña, reiteró su lema: "La justicia que no se siente no es justicia"; explicó que detrás de cada expediente hay personas, familias, patrimonios y conflictos que esperan una solución, por lo que no deben verse solo como números o papeles. La Tercera Sala, conoce asuntos en materia civil, mercantil y familiar. Alfaro Reyna subrayó el valor del trabajo colegiado, donde la discusión de distintos puntos de vista permite construir sentencias sólidas y eficaces para los justiciables. Con amplia trayectoria como proyectista, afirmó que su compromiso con quienes le dieron su confianza en las urnas se mantiene intacto: trabajar arduamente y poner su experiencia al servicio de una justicia cercana, humana y eficaz.
Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia
LOURDES ANAHÍ ZARAZÚA MARTÍNEZ Cuarta Sala (Civil)
A
un año de asumir la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, la magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, integrante de la Cuarta Sala, afirmó que el Poder Judicial vive una transformación histórica tras la reforma de 2025. Explicó que por primera vez la estructura se divide en tres entes: Supremo Tribunal, Órgano de Administración y Tribunal de Disciplina, lo que exigió estudio y coordinación; destacó la Junta de Coordinación de los tres órganos como clave para delimitar facultades y avanzar con un fin común: mejorar la impartición de justicia. Señaló que la prioridad es la modernización, como ejemplo citó la implementación del Sistema Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE) en las cinco salas y en la Secretaría General, que permite consultar expedientes, listas y sentencias sin acudir al Tribunal. Adelantó que se trabaja hacia un tribunal virtual acorde al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Finalmente, reconoció retos como la adaptación de jueces y justiciables, contar con personal suficiente vía exámenes de oposición y recuperar la confianza ciudadana con una justicia más cercana y pronta. Su objetivo, dijo, es dejar las bases tecnológicas y de capacitación que marquen el antes y después de la reforma.
Magistrada
MARÍA DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CRUZ Cuarta Sala (Civil)
L
a magistrada María del Rocío Hernández Cruz, integrante de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y coordinadora de la Comisión de Igualdad Sustantiva, afirmó que su labor exige conocimiento jurídico, pero también sensibilidad y enfoque de derechos humanos. Explicó que la Sala resuelve asuntos civiles, familiares y mercantiles con perspectiva de género, infancia, interculturalidad y discapacidad, al reconocer que no todos acceden a la justicia en igualdad de condiciones. Destacó la emisión de sentencias con lenguaje claro y ciudadano para hacerlas comprensibles y accesibles. Como coordinadora de la Comisión, informó que se han impulsado talleres de concientización, conferencias sobre nuevas masculinidades e interés superior de la infancia, y actividades como “magistrado por un día”, donde niñas y niños compartieron su visión sobre sus derechos en un pleno especial. A un año de ser electa, señaló el fortalecimiento del Centro de Convivencias para garantizar convivencias sanas de niñas y niños con su padre o madre no custodia, y adelantó talleres para padres en conflicto y herramientas como avatares para escuchar a menores en audiencias, colocando a la infancia al centro.
Magistrado
ARMANDO RAFAEL OVIEDO ÁBREGO Cuarta Sala (Civil)
A
un año de ser electo por voto popular, el magistrado Armando Oviedo Ábrego de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dijo asumir un gran compromiso de servicio, con la claridad de que frente a ellos no hay solo expedientes, sino vidas que esperan justicia. Señaló que el Tribunal cuenta con la Comisión de Justicia para Pueblos Originarios, que capacita a juezas y jueces auxiliares de municipios con presencia indígena sobre sus funciones, atribuciones y herramientas para dirimir controversias en su comunidad. Indicó que un reto clave es transitar hacia la justicia digital, que ya no es un tema del futuro sino del presente; dijo que se deben impulsar herramientas tecnológicas y juicios virtuales mediante audiencias electrónicas, en sintonía con el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, para que desde cualquier rincón del estado se pueda acceder sin trasladarse a la capital. Sobre el respeto a usos y costumbres, afirmó que son fundamentales y deben respetarse siempre que no violen derechos humanos, por lo que en las capacitaciones se les explica qué pueden y no hacer para actuar dentro de un marco de respeto. Finalmente dijo que para evitar que la brecha digital genere desigualdad, señaló que a través de la Escuela Judicial todo el personal se capacita de forma constante para esta transformación.
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado Magistrado
Magistrada
ÁNGEL GONZALO SANTIAGO HERNÁNDEZ
MÓNICA KEMP ZAMUDIO
Quinta Sala (Mixta)
E
l magistrado Ángel Gonzalo Santiago Hernández, presidente de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aseguró que la participación ciudadana derivada de la reforma judicial de 2024 sigue vigente, con una ciudadanía más informada y consciente de qué hace un ministro, magistrado o juez. Explicó que en San Luis Potosí hay 13 distritos judiciales con competencia civil, penal, familiar y mercantil, y que salir a las calles durante la elección permitió mayor transparencia y cercanía. Dijo que la deuda histórica era la falta de cercanía con la imagen del juez inaccesible detrás del escritorio. Recordó que a los 35 años, como juez en Salinas, la gente se sorprendía al verlo. Hoy las audiencias orales y de alegatos aclaratorios ponen al juzgador frente a las partes. A un año de la reforma, con 23 años de carrera, afirmó que hay áreas de oportunidad para ser más eficientes y dictar sentencias prontas, completas y en lenguaje ciudadano. Se dijo contento y agradecido con Dios, su familia y la ciudadanía.
Quinta Sala (Mixta)
E
l desafío del nuevo Poder Judicial, exige coordinación y capacitación constante en perspectiva de género, infancia y enfoque diferencial, afirmó la magistrada Mónica Kemp Zamudio, integrante de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual apuntó que a un año de ser electa, se avanza con pasos firmes al conocer de cerca las necesidades de los juzgados en materia familiar, civil, mercantil y penal. Señaló que es necesario el diálogo entre jueces y magistrados para construir criterios comunes mediante precedentes que den certeza y eviten resoluciones contradictorias, sin limitar la independencia judicial, pues cada juzgador puede apartarse justificando su razón. Informó que ya se realizan conversatorios con ese fin para evitar dilaciones. Advirtió que el riesgo en perspectiva de género es no aplicarla o hacerlo incorrectamente favoreciendo a una parte; aclaró que no se trata de favorecer a la mujer, sino de analizar contexto, asimetría de poder, discriminación y vulnerabilidad para garantizar igualdad efectiva. Ante la saturación de juzgados familiares por violencia, explicó que deben aplicarse de inmediato órdenes de protección previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes. Para hombres en riesgo, dijo, existe la Ley de Prevención de la Violencia Familiar del estado con un catálogo de medidas.
Magistrada
"El cumplimiento de la ley ha sido siempre mi espada y mi escudo." -Benito Juarez
MARÍA AMÉRICA ONOFRE DÍAZ Quinta Sala (Mixta)
L
a magistrada María América Onofre Díaz, integrante de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia, afirmó que la equidad es una herramienta fundamental para juzgar en el Poder Judicial, privilegiada con el nuevo modelo de elección que busca una justicia más cercana a la ciudadanía. Señaló que implica el compromiso de no hacer excepciones y juzgar sin discriminación atendiendo cada caso concreto, dejando fuera estereotipos y observando si se trata de personas con discapacidad, adultos mayores, menores, personas en situación de pobreza o pertenecientes a pueblos originarios, para lograr un resultado igualitario. Explicó que se implementan cursos, seminarios y talleres para preparar a juzgadores y garantizar juicio justo, defensa adecuada, presunción de inocencia y tribunal imparcial, con protocolos con perspectiva de género. Destacó que el Poder Judicial es equitativo al garantizar acceso a la justicia e independencia, fortalecido con publicación de sentencias, evaluación de desempeño, órgano de administración independiente y Tribunal de Disciplina Judicial para investigar responsabilidades. Para concluir reconoció que falta camino por la carga en materia familiar, pero se alcanzará pronto. A un año de ser electa como parte de la primera generación por voto popular, dijo que es un gran reto y compromiso de impartir justicia igualitaria para todos, hayan votado o no por ella.
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado Tribunal de Disciplina Judicial
Magistrada Presidenta
Magistrado
ZELANDIA BÓRQUEZ ESTRADA
AUSTREBERTO REGIL GONZÁLEZ
L
a magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Zelandia Bórquez Estrada, informó que la evaluación de personas juzgadoras de primera instancia se encuentra en desarrollo y en fase de conclusión de visitas para obtener información sobre productividad, capacitación y resultados de encuestas aplicadas a personal de órganos jurisdiccionales y a usuarios del servicio. Anunció que el examen de conocimientos se aplicará el próximo 28 de agosto y los resultados se tendrán en octubre. Indicó que ante el órgano de investigación hay 260 asuntos en trámite, por ello explicó que se han implementado nuevos mecanismos para atender denuncias ciudadanas, entre ellos la denuncia por medios electrónicos a través de un código QR accesible desde el celular. El sistema permite presentar quejas por posibles actos de corrupción o conductas indebidas de personal del Poder Judicial de forma anónima, con datos confidenciales o con datos y folio de seguimiento para dar trámite e iniciar procedimiento de investigación. Como mejora observada desde la creación del Tribunal, destacó que ahora sí se realizan investigaciones para corroborar las denuncias presentadas por usuarios, a diferencia del sistema anterior a la reforma, lo que permite mayor éxito en la configuración de faltas administrativas y su sanción en su caso. Señaló que ser parte de esta nueva etapa representa un orgullo por sentar las bases de una institución que no solo busca sancionar conductas indebidas, sino prevenirlas a través de la evaluación del personal judicial.
E
l magistrado Austreberto Regil González, del Tribunal de Disciplina Judicial, explicó que la Comisión de Investigación fortalece al órgano de investigación para que las indagatorias por conductas irregulares que pudieran constituir responsabilidad administrativa se atiendan de forma oportuna, imparcial y eficaz. Señaló que la facultad investigadora es amplia y se ejerce con autonomía técnica, es decir, el órgano decide cómo investigar, no los magistrados del Tribunal, con atribuciones para solicitar información al SAT, Comisión Nacional Bancaria e INE conforme a la Ley de Responsabilidades. Destacó que la acción más cercana a la ciudadanía es la plataforma digital de denuncias disponible 24/7 los 365 días. Se accede desde la página del Poder Judicial en el apartado del Tribunal o mediante QR colocado en todos los órganos jurisdiccionales de la Ciudad Judicial. Indicó que se puede denunciar de forma 100 por ciento anónima sin seguimiento, o con datos y reserva de identidad para aportar pruebas y constituirse como denunciante afectado. Reconoció el riesgo de denuncias falsas, pero se mitiga con la investigación. El indicador de que funciona es que desde su lanzamiento el 12 de agosto ya hay un número importante de denuncias. Los datos y sanciones firmes se integran al informe de la presidencia del Supremo Tribunal. Dijo sentir orgullo por ser parte de la transformación histórica y compromiso para que la ciudadanía confíe.
Magistrada
LUZ ADRIANA MIRANDA TELLO
D
esde el Tribunal de Disciplina Judicial. se impulsa una campaña de difusión para fomentar la denuncia ciudadana ante posibles actos de corrupción y faltas de servidores públicos, bajo la premisa de que denunciar también es defender e impulsar el acceso a la justicia, informó la magistrada Luz Adriana Miranda Tello, integrante de dicho Tribunal Explicó que el Tribunal vigila el actuar de órganos jurisdiccionales y administrativos, y que cualquier persona que detecte una irregularidad al acceder a los juzgados puede presentar una denuncia mediante los mecanismos puestos a disposición y que ya se difunden en la Ciudad Judicial y juzgados del interior del estado. Señaló que las faltas más frecuentes son la falta de acuerdo en tiempo de promociones y la no emisión oportuna de resoluciones, lo que afecta el derecho constitucional a una justicia pronta. Indicó que hay garantía de investigación imparcial a través de un órgano de investigación y uno de sustanciación que llevan el procedimiento por etapas hasta resolución, siempre que el justiciable aporte elementos de prueba. Aclaró que cuando un asunto lleva meses detenido no se ordena de oficio al juez resolver, pero con la petición de una de las partes, sí se hace el pronunciamiento. A un año de crear el Tribunal, dijo que es un gran reto construir desde cero Ley Orgánica, reglamento y lineamientos para dejar una base sólida.
Órgano de Administración Judicial
Consejera Presidenta del Órgano de Administración Judicial
Consejero del Órgano de Administración Judicial
Consejera del Órgano de Administración Judicial
MÓNICA LÁRRAGA SÁINZ
JOSÉ ALFREDO SALAZAR HERNÁNDEZ
BERENICE DE LA ROSA REYNOSO
SUPLEMENTO ESPECIAL