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Costa Rica El crecimiento del PIB se recuperará gradualmente hasta el 2,5% en 2021 y el 3,4% en 2022, favorecido por la fuerte demanda externa procedente de los principales socios comerciales de Costa Rica. La demanda interna se reforzará en el segundo semestre de 2021, a medida que se levanten las restricciones a la actividad y avance la campaña de vacunación. La inflación subirá lentamente, pero permanecerá por debajo de la tasa objetivo del 3%, ya que la capacidad productiva ociosa sigue siendo considerable. Costa Rica ha negociado con el FMI un acuerdo de conformidad para un mecanismo ampliado de crédito, destinado a reconducir la deuda pública hacia una senda descendente y sostenible. Poner en marcha la reforma del empleo público, reducir las exenciones fiscales regresivas y continuar reasignando el gasto hacia la protección social contribuiría a asegurar la sostenibilidad de la deuda, mejorar la eficiencia del gasto público y promover un crecimiento más inclusivo. Rebajar la carga administrativa y los costos para crear y formalizar una empresa ayudaría a incrementar la inversión y a crear puestos de trabajo formales. La aprobación definitiva de la nueva ley de insolvencia agilizaría los procedimientos de quiebra y aceleraría la reasignación de recursos durante la recuperación. La campaña de vacunación progresa de manera gradual Las infecciones diarias han venido aumentando rápidamente desde marzo y la reapertura de la economía se ha ralentizado. Se han vuelto a instaurar algunas restricciones a la movilidad, se han cerrado las escuelas, y el aforo sigue limitado en espacios públicos interiores (tiendas, restaurantes). Costa Rica se ha asegurado 9 millones de dosis para vacunar a toda su población mayor de 15 años. La campaña de vacunación comenzó a finales de diciembre de 2020 y debería continuar durante todo 2021. Para acelerar el proceso de vacunación, el gobierno ha reducido las existencias de vacunas que se guardan como reserva, establecido negociaciones para más vacunas e involucrando al sector privado en la campaña de vacunación.

Costa Rica La recuperación es desigual entre sectores

La deuda pública sigue aumentando

Índice, feb 2020 = 100 120

% del PIB 80 70

100

60 80

40 30

40 20

Producción manufacturera

Comunicaciones

Transportes

Otros servicios

20 10

Hotel y restaurantes

0 feb-20

may-20

ago-20

nov-20

feb-21

2000

2005

2010

2015

0 2020

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE © OCDE 2021

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Costa Rica: Demanda, producción y precios 2017

Costa Rica

2018

Precios corrientes, en CRC billones

PIB a precios de mercado Consumo privado Consumo del gobierno Formación bruta de capital fijo Demanda interna final Acumulación de existencias¹ Demanda interna total Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Exportaciones netas¹ Partidas de informe Deflactor del PIB Índice de precios al consumidor Índice de inflación subyacente² Tasa de desempleo (% de fuerza laboral) Saldo por cuenta corriente (% del PIB)

2019

2020

2021

2022

Variación porcentual, volumen (precios de 2012)

34,3 22,4 5,6 6,2 34,2 0,0 34,2 11,3 11,1 0,2

2,1 1,6 0,5 0,8 1,3 -0,7 0,6 4,7 0,2 1,5

2,2 1,6 5,3 -5,4 1,0 0,1 1,0 3,0 -0,5 1,2

-4,5 -4,3 0,4 -4,1 -3,5 -0,5 -4,0 -10,7 -9,5 -0,7

2,5 3,2 0,8 0,6 2,3 -0,6 2,2 8,3 7,8 0,3

3,4 3,2 0,0 5,0 2,9 0,0 3,1 10,9 10,5 0,4

_ _ _ _ _

2,6 2,2 2,1 10,3 -3,0

2,2 2,1 2,4 11,8 -2,2

0,4 0,7 1,1 19,5 -2,5

1,2 1,4 1,2 17,9 -2,2

2,1 2,1 2,1 15,2 -2,2

1. Contribución a las variaciones del PIB real, cantidad en la primera columna. 2. Índice de precios al consumidor excluyendo alimentos y energía. Fuente: OCDE, base de datos de Perspectivas Económicas 109.

La actividad en la zona de libre comercio mantiene su dinamismo Los sectores manufactureros y de servicios empresariales que operan en la zona de libre comercio (por ejemplo, equipo médico y servicios financieros y contables) se recuperaron a gran velocidad y ya se encuentran a niveles de antes de la pandemia. El crecimiento de los sectores de servicios intensivos en mano de obra fuera de la zona de libre comercio (como hoteles y restaurantes, transporte y venta al por menor) continúa siendo moderado. Una relajación parcial de las restricciones de la actividad en el segundo semestre de 2020 ayudó a reducir la tasa de desempleo hasta el 18,7% en el primer trimestre de 2021, pero el paro sigue 6,7 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la pandemia. La incidencia negativa de la pandemia deterioró aún más unas finanzas públicas que ya eran frágiles, lo que incrementó la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda. Las tensiones financieras se relajaron cuando Costa Rica formalizó un acuerdo con el FMI para un Servicio Ampliado del Fondo. El plan fiscal propuesto por el gobierno pretende estabilizar la deuda mejorando el saldo primario en 4,7 puntos porcentuales del PIB de aquí a 2025. El plan también propiciaría una recuperación más inclusiva mediante la reforma del empleo público y una subida de impuestos a los inmuebles de alto valor.

Las transferencias sociales han contribuido a mitigar las repercusiones sociales de la recesión Dado el limitado margen de actuación fiscal de que dispone Costa Rica, cuyas finanzas públicas se deterioraron notablemente durante el último decenio y cuyo coeficiente de deuda sobre el PIB se aproximó al 70% en 2020, el apoyo fiscal durante 2020 fue moderado y se financió fundamentalmente mediante la reorientación del gasto público hacia programas sanitarios y sociales. Las principales medidas fueron un subsidio de tres meses de duración (el Bono Proteger) para ayudar a hogares vulnerables, al que podían

24  acogerse trabajadores tanto formales como informales (con un coste total de aproximadamente el 0,7% del PIB de 2020), una moratoria de tres meses en algunos pagos tributarios (IVA, impuesto sobre las utilidades, impuesto selectivo de consumo, aranceles) y un ajuste de las contribuciones a la seguridad social para adaptarlas a las horas efectivamente trabajadas, así como una exención única del impuesto de matriculación de vehículos. El Bono Proteger ha mitigado las consecuencias sociales de la pandemia (sin él, la tasa de pobreza habría sido 3,4 puntos porcentuales más alta).

La recuperación será gradual La recuperación avanzará de forma gradual en 2021, lastrada por la persistencia de las restricciones a la actividad durante el primer semestre del año, y acelerará en 2022, cuando el repunte del sector turístico se sumará a una fuerte demanda externa de manufacturas y servicios empresariales. Con el progreso de la campaña de vacunación, la pandemia se irá controlando y las restricciones a la actividad podrán levantarse. Esto ayudará a los sectores de servicios intensivos en mano de obra a recuperarse paulatinamente, lo que intensificará la demanda interna y mejorará las condiciones del mercado de trabajo. El ajuste fiscal puede frenar la demanda interna en el corto plazo, pero impulsará la inversión privada al reducir la incertidumbre, y elevará el crecimiento potencial. La política monetaria debería seguir siendo favorable, puesto que la inflación se aproximará poco a poco al 2,1% para 2022, en el límite inferior de la banda objetivo del banco central, por la persistencia de presiones desinflacionarias. Los riesgos a la baja para estas perspectivas pasan por la situación sanitaria y un bloqueo político que impida aplicar el nuevo plan fiscal. El elevado grado de dolarización de la economía costarricense expone al país a riesgos de financiamiento externo y cambiarios, especialmente en relación con el dólar estadounidense. Los riesgos al alza incluyen una recuperación más fuerte de lo esperado del turismo y una demanda externa más elevada si la recuperación en Estados Unidos es más vigorosa de lo previsto.

Las reformas estructurales deberían continuar Costa Rica debería seguir ejecutando las reformas estructurales ya iniciadas durante el proceso de adhesión a la OCDE. Esto incluye finalizar la reforma del empleo público, de la que debería emerger un sector público más eficiente y eficaz, mejorar la focalización de las políticas sociales, reforzar la gobernanza de las empresas de titularidad estatal, promover la formalización en el mercado de trabajo y apoyar la participación de la mujer en la fuerza laboral. Durante la recuperación, las medidas de liquidez (aplazamiento de pagos, préstamos con avales estatales) y las medidas estructurales (subvenciones, formación, recapacitación) deberían dirigirse a empresas viables, especialmente pymes, que operen en sectores muy afectados, lo que contribuirá a la reasignación de los recursos humanos y de capital entre sectores económicos. La finalización de la nueva ley de insolvencia debería agilizar los procedimientos de quiebra, reforzar la protección de los derechos de los acreedores y garantizar la continuidad de las actividades empresariales viables.