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Va ministro Laynez por invalidez total del plan B
Asegura que hubo al menos 7 violaciones graves durante el proceso legislativo
DAVID SAÚL VELA dvela@elfinanciero.com.mx
Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte, propondrá la invalidez total, por violaciones graves al proceso legislativo, del plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto de sentencia se discutirá, tentativamente, en la sesión del jueves del tribunal constitucional y, de aprobarse, la sentencia tendría efectos inmediatos.
Con ello, se mantendría vigente la ley que regía hasta antes de la entrada en vigor del decreto invalidado, la cual, además, ya no podría ser modificada hasta concluido el proceso electoral 2023-2024.
El proyecto recordó que, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso electoral para elegir a la o el próximo presidente de la República, iniciará la primera semana de septiembre de 2023.
Por ello, si el Congreso de la Unión decide, en ejercicio de sus facultades, legislar nuevamente sobre la materia del decreto invalidado, deberá garantizar no incurrir en los vicios señalados en la sentencia.
El proyecto estima que en el proceso legislativo hubo al menos siete violaciones graves denunciadas por Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI; diputados y senadores federales de oposición, y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Entre los vicios legislativos detectados está que la mayoría morenista en la Cámara baja omitió indebidamente motivar las dispensas de trámite aprobadas en las sesiones del 6 y 15 de diciembre de 2022.
No publicó ni distribuyó la iniciativa con la anticipación debida; tampoco sustituyó la publicada en la Gaceta Parlamentaria por otra versión, una vez que ya había iniciado su discusión.
Igualmente se acreditó que no se otorgó un plazo razonable para discutir y votar la iniciativa; y, contrario al artículo 72 de la Constitución, las cámaras del Congreso modificaron indebidamente artículos del proyecto de decreto.
Asimismo, el dictamen se aprobó sin contar con quorum ni mayoría requeridos por el reglamento del Senado, y la reforma se aprobó indebidamente, pues no se hizo una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ni a personas con discapacidad.
“El cúmulo de infracciones identificadas en el procedimiento legislativo representa una violación directa al principio de deliberación democrática y, por consiguiente, debe invalidarse el decreto impugnado en su totalidad”, apunta.
El plan B electoral tenía como propósito una reestructura en el INE, que implicaba un adelgazamiento de su estructura, además de que restaba facultades al Tribunal Electoral federal, entre otros cambios.
ONG va a la Corte contra el plan B
Reproche. Al grito de “¡la Corte no se toca!”, miembros del colectivo Unidos para Mejorar, integrado por diversas organizaciones no gubernamentales, presentaron este ante la Suprema Corte un recurso Amicus Curiae (amigo de la Corte), firmado por 360 mil personas, contra el llamado plan B de la reforma electoral.
Foto: Especial
