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MADRES

CORAJE

Grupo de mujeres, cansadas de esperar a las autoridades, con el uso de la tecnologĂa, buscan a sus hijos e hijas desaparecidos

2 CRECE O MUERE, VENTAS CON ESTRATEGIA ALBERTO CÁRDENAS ALDRETE www.salexperts.com / Facebook: @Salexperts, @ACAldrete. / Linkedin: Alberto Cárdenas Aldrete

¿Cuál es la misión del líder comercial?

yer, cuando regresaba de hacer una ruta de senderismo, me encontré con Gilberto después de muchos años de no verlo. Fuimos colegas en el área de tecnología en una empresa fabricante de computadoras (probablemente no la recuerdes: Data General). Gilberto me platicaba que había continuado por la ruta ingenieril por muchos años, hasta que recientemente había recibido una oportunidad en la dirección comercial de una empresa que requería un cambio dramático y urgente en sus resultados. Gilberto, conociendo mi ruta empresarial, me pidió ayuda: "Sé muy poco de comercialización y no tengo claro cómo dirigir el área. ¿Cómo le hago para ser exitoso en mi nuevo reto?”. La verdad es que después de andar subiendo y bajando cerros me queda poca energía para explicar, así que quedamos en un café al día siguiente.

El caso de Gilberto es muy común, donde las oportunidades para dirigir las áreas comerciales de las empresas pueden venir de las siguientes fuentes: 1. El mejor vendedor. 2. Un ejecutivo exitoso en otra área. Ambas ideas pueden ser malas o buenas, pero no dependen del motivo que se utilizó para su designación. En otras palabras: ni ser un vendedor exitoso, ni un ejecutivo exitoso en otra área te da ventajas para ser un líder comercial. Entonces, ¿Qué si te ayuda a ser un líder exitoso? En el café, conociendo su mente ingenieril, le sinteticé de una forma muy sencilla el gran reto que significa tener éxito liderando a un equipo comercial. "Gilberto, es muy importante decirte que esta síntesis que te presentaré abarca todos los elementos que necesitas para tu labor de líder comercial y que no necesitas ninguno que no esté incluido. Con este modelo, va a ser más fácil para ti identificar dónde están tus carencias y oportunidades:"

Tu reto es: a) Intensidad. Genera intensidad comercial de tu equipo y que este sea cada vez más experto. b) Mercado. Conoce tu mercado y clasifícalo de acuerdo al retorno que puede ofrecerte. c) Estrategia. Dirige la intensidad comercial hacia las mejores oportunidades en el mercado.

Veamos los tres puntos: a) La intensidad comercial es el contacto con un cliente o prospecto que genera una oportunidad de compra. Entonces, ¿cuánto valor agrega un área comercial sin intensidad? Absolutamente nada. Un vendedor sin visitas, zooms, llamadas, es lo mismo que una sucursal en el desierto o una página web de tu negocio sin visitas. Tu labor en este universo tiene dos elementos claves y el primero es: generar esa intensidad. ¿Cómo se logra? Motivación, supervisión, incentivos y metas claras de intensidad son algunas ideas.

El segundo elemento clave es el conocimiento. No es lo mismo que un contacto con el cliente lo haga tu vendedor experto o el novato. Tu labor es que tu equipo comercial sea cada vez más sabio. ¿Cómo se logra? Capacitación, coaching y retención del personal son algunos ejemplos. b) Conoce tu mercado. Es increíble el grado de ignorancia de las necesidades y hábitos de los clientes que hemos encontrado a lo largo de 16 años de ayudar a las empresas a crecer. Gilberto, trabaja muy duro en esto. Todo tu mercado se puede dividir en dos grupos: Clientes y prospectos. No hay más. Tu objetivo es clasificar cada grupo de acuerdo al potencial de retorno que puede ofrecer. La forma de clasificar es con un conjunto de criterios que cambian de acuerdo a cada empresa. Si es una empresa que le vende a las empresas, el ejemplo sería el giro o industria, tamaño, potencial de compra, localización, etcétera. c) Finalmente, dirige la intensidad a los clientes con mejor clasificación (estrategia). Si en las dos anteriores dependes mucho de la actitud del vendedor, esta es solamente tuya como estratega. Gilberto fue a meditar a la montaña en búsqueda de inspiración; espero la haya encontrado y logre ese cambio radical exitosamente.

3 LETRAS DE MAQUÍO Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier escribió numerosos artículos de opinión, que se publicaron en su momento en el diario El Universal y en los que vertió conceptos y reflexiones que continúan vigentes hoy más que nunca. Por eso en Noroeste iremos replicando algunos de esos escritos.

Mensaje a la juventud

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

os estudiantes de la generación 1979-1983, de la carrera de Ingeniería Industrial-Mecánica del Tecnológico de Culiacán, me hicieron el favor de designarme como su padrino. En la ceremonia correspondiente, pronuncié el discurso que transcribo a continuación, pues lo considero de interés para los lectores de El Universal. El compromiso que siento que tenemos los que aceptamos “apadrinar una generación” es aquel de establecer una fecunda relación humana con los jóvenes. Seguirlos frecuentando y preocuparse, en cierta forma, por el desempeño de su vida profesional. Además, nuestra conducta a seguir debe ser de gran probidad moral y eficacia en nuestro quehacer para no defraudar a aquellos quienes por alguna razón nos eligieron como testigo de su recibimiento. Quiero, pues, dejar aclarado a ustedes quince jóvenes que mi deseo es ser su amigo; convivir y saber de sus anhelos y esperanzas, con mente abierta que me permita dejarme influir por ustedes y, por contraparte, ser vehículo para que comprendan la importancia que puede tener el formar parte del sector productivo de la país: la empresa. En nuestro país, la empresa ha sido atacada y difamada. Se ha pretendido identificarla exclusivamente con los dueños, sin comprender que esta es una comunidad de vida y de trabajo que proporciona bienes y servicios a la sociedad al mínimo costo, cuando se le deja vivir en una economía social de mercado. Es, además, por ser comunidad de vida y trabajo, el lugar donde se conjugan los anhelos y esperanzas: el trabajo y la productividad de los trabajadores, los mandos intermedios de los directivos y hasta de los accionistas o dueños. Aquellos que enfermizamente creen en la lucha de clases que divide y destruye; y piensan en la destrucción para después construir sobre las ruinas, están muy equivocados. El mejor lubricante de cualquier economía es la concordia y la paz, entendida esta última como tranquilidad en el orden donde debe imperar la justicia y la equidad para todos. Así, pues, en lugar de hablar de lucha de clases hablemos de la lucha que debe-

mos efectuar contra la injusticia y la marginación, contra la apatía y el desorden. Recordemos esa hermosísima palabra que debemos procurar, que dice tanto y los manipuladores del ser humano han prostituido: solidaridad. Solidaridad significa lo contrario de la lucha de clases, implica la posibilidad de conjuntar las voluntades por encima de nuestras diferencias y a pesar de nuestras divergencias en aras de alcanzar un objeto superior. No significa que seamos iguales o pensemos lo mismo, no quiere decir sometimiento de un sector a otro, pues eso sería algo abyecto lo cual es infecundo. La solidaridad presupone que somos diferentes en pensamiento y en capacidades y, a pesar de ello, por ser seres racionales y pensantes, podemos y debemos conjuntar nuestras voluntades para hacer algo que nos permita crecer juntos. Ésta es la esencia misma y razón de ser de la empresa, lograr la solidaridad entre sus integrantes para que todos y cada uno de ellos puedan realizarse en su trabajo y crecer como seres humanos; solo la empresa que logra la integración puede ser fecunda y productiva. Recordemos el significado de productividad: hacer lo máximo con el mínimo esfuerzo y México está desesperadamente urgido de esto. ¿Cómo es posible que teniendo 10 mil kilómetros de costa rica en especies marinas y 3 mil de frontera con el mercado más grande del mundo; potencialmente 35 millones de hectáreas sujetas a cultivo que podrían darnos la autosuficiencia alimentaria, además de ser una de las potencias petroleras más grandes del mundo y tener enormes y vastísimas reservas de minerales como son oro, plata y uranio, estemos en quiebra como nación? Nuestra deuda externa rebasa los 88 millones de dólares, cifra que es dos veces y media la que requirió el Plan Marshall para hacer la Europa devastada y destruida por la pasada guerra mundial. Creo que es la lucha de clases o falta de solidaridad uno de los ingredientes principales que no nos permiten salir del subdesarrollo en que nos encontramos. Recientemente, el cardenal Corripio Ahumada, arzobispo de México, dijo: “El cristiano lucha por el hombre, no contra los hombres”.

-Lucha por una sociedad en la que cada uno encuentre las oportunidades de ser más consciente, responsable y libre. -Lucha por una sociedad en la que se unan las libres voluntades de todos y se conjuguen libremente las capacidades de todos para lograr el bienestar de la sociedad. -Lucha por una sociedad en la que la economía sea un instrumento para el desarrollo del hombre y no un fin de la existencia. El cristiano busca la dignificación del hombre por el trabajo y la desaprobación de la lucha de clases. -Lucha por una sociedad en la que la verdad sea la norma de las relaciones, la base de la confianza y la meta de la actividad política. El otro concepto que quiero mencionar, por pensar que es el que expresa nuestras graves carencias, es la subsidiariedad. El objetivo de la educación debe ser formar personas independientes, libres y responsables de sus actos. Libertad y responsabilidad son términos correlativos. No se puede ser responsable sin ser libres y viceversa. El paternalismo es el peor enemigo de la educación y el elemento que más castra a la sociedad. Hay un viejo refrán esquimal que dice: “Los esclavos se hacen con regalos como los perros del trineo se hacen con látigo”. La subsidiariedad ha sido definida como cada quien al máximo de sus responsabilidades. También se ha dicho a este respecto que ninguna sociedad mayor tiene derecho a hacer lo que no pueda realizar una sociedad menor, porque estaría eliminando la iniciativa de ésta. Trataré de poner un ejemplo: El niño a los dos años requiere de la madre para bañarlo y alimentarlo, pero a los veinte los padres que siguen haciendo lo mismo están destruyendo en vez de educando. Lo mismo acontece en la universidad si en un lugar de exigirle al estudiante se le entregan las cosas hechas. Finalmente, la sociedad, a través del Estado paternalista, suple el quehacer de las personas para tenerlas sujetas indefinidamente. A las personas se les debe dar libertad tanto como sea posible y ejercer sobre ellas sólo tanta autoridad cuanto sea necesaria, si queremos formar hombres libres y responsables. Y siguiendo este símil debemos procurar que haya tanta sociedad

MANUEL CLOUTHIER DEL RINCÓN

“El compromiso que siento que tenemos los que aceptamos ‘apadrinar una generación’ es aquel de establecer una fecunda relación humana con los jóvenes. Seguirlos frecuentando y preocuparse, en cierta forma, por el desempeño de su vida profesional”.

cuanto sea posible y sólo tanto gobierno cuanto sea necesario. Éste es el principio de subsidiariedad que sirve para formar pueblos adultos y libres; difíciles de manipular y mangonear. Esta es la forma en que debemos educar a nuestros hijos y subalternos. Esta es la relación positiva entre gobernantes y gobernados. Si ustedes y yo somos capaces de llevar una vida donde imperen estos dos principios de solidaridad y subsidiariedad, estaremos contribuyendo a formar un Culiacán más adulto, un México más justo, una sociedad más responsable. Jueves 26 de enero de 1984

Historias de lucha

Mujeres jornaleras, peregrinar de guerreras Bajo condiciones distintas, Lucero, Silvia y Nicolasad viajan expuestas ante el contagio del virus que aqueja a la humanidad; son vulnerables ante las prĂĄcticas de acoso sexual por parte de los hombres y carecen de una ley que valore y regule su trabajo T E X T O

F O T O S :

I S A B E L

B R I S E Ă‘ O

“A

cérquense, acérquense, se les va a dar una información importante”, se escucha una voz femenina con acento del norte del

País. “Miren, ahorita, por el tema del Covid está bien difícil, les pedimos que si tienen dos o más síntomas, nos avisan. Les pedimos conciencia para cuidarnos entre todos. Los autobuses se desinfectan y antes de subirse deben ponerse gel antibacterial y el cubreboca. También les pedimos que eviten comer en lugares muy conglomerados. Aquí les van a tomar la temperatura, les harán la prueba de glucosa y eso es para tener identificadas a las personas vulnerables, si es que se enferman de Covid durante el camino o mientras estén allá. “Llegando allá se les dará un catre, su cobija, un tanque de gas lleno. Cuando se les acabe, ustedes lo pagan. De regreso también se les pone el camión; eso sí, siempre y cuando terminen el contrato de seis meses. Si no, ustedes buscan la forma de regresar. Los domingos salen de trabajar a las 11 de la mañana y no hay guardería, si trabajan por tarea no hay descanso. Traten de bajar del autobús lo menos que puedan y mantengan el baño limpio para que no se apeste todo el camión, son muchas horas de camino y es muy incómodo viajar con el camión apestando. ¿Están convencidos o no? ¿Tienen alguna duda?”. Se escucha un silencio largo, nadie pregunta nada. “Bueno, a ver cómo nos va mañana”, finaliza Lupita, la trabajadora social que viene de Sinaloa y quien llevará a las más 600 personas que viajan en uno de los 15 autobuses. Un peregrinar desde la montaña de Guerrero hacia los estados del norte del País; migrantes que durante esta pandemia siguen arriesgando su vida para ir a trabajar hacia los diferentes campos agrícolas, algunos huyendo de la pobreza, otras más en búsqueda de sueños.

Lucero Desde Agua Tordillo municipio de Acatepec, Guerrero, hacia Tlapa de Comonfort se hacen 6 horas de camino. Solo hay una pasajera que sale a las 3 de la mañana y fue la que Lucero abordó para llegar a su primer destino, Tlapa de Comonfort. El siguiente transporte que debe tomar es un autobús que no sale sino hasta dentro de un día, así que

le toca pasar una noche fría en los pisos, dentro de la casa del jornalero agrícola, donde cientos de hombres, mujeres, niñas y niños esperan también para irse a trabajar. Lucero tiene 18 años y viaja sola,

es tímida, habla poco y quedito. Es la primera vez que sale de su pueblo tan lejos. Recién concluyó su bachillerato en Potoichan municipio de Copanatoyac, también tuvo que dejar su pueblo para que pudiera estudiar el nivel medio superior; su familia debía pagar una cooperación de 200 pesos mensuales y 600 pesos más en la casa del estudiante, una casa tipo internado donde vivía, mientras estudiaba; 800 pesos pagaba mensualmente la familia Alfonso Prisciliano, un gran esfuerzo que solventaron vendiendo calabaza y jitomate que siembra el señor Alfonso para que una de sus cuatro hijas tuviera acceso a la educación “gratuita”. “Nos cayó bien la pandemia porque ya no tuve que ir a la escuela y mi familia ya no tuvo que pagar por el internado; terminé mi bachillerato en línea y nos ahorramos dinero”, cuenta. Por falta de recursos y pese a sus deseos, la joven no pudo inscribirse este año en la universidad. Ya no puede seguir apoyándola su pa-

pá, pues debe alimentar a sus dos hijas menores y a su esposa. Por eso viajará más de 20 horas junto a personas desconocidas que, como Lucero, buscan oportunidades que no encuentran en sus pueblos. En la mayoría de las comunidades de Guerrero no hay acceso ni a educación ni a trabajo, motivo por el que se ven obligados a migrar en busca de progreso. En sus ojos se nota la incertidumbre. No sabe a lo que va, no sabe qué encontrará, no sabe cómo será la vida allá, no sabe lo pesado que será el viaje para llegar hasta el estado de Sinaloa. En dos bultos que carga, lleva todas las fuerzas que reunió de la desigualdad y las carencias que hay en su comunidad natal y en su familia, las mismas que la llevaron a buscar en un Estado ajeno, en el que si resiste, se convertirá, durante los próximos seis meses, en su hogar, el lugar que le vendieron como un centro digno de empleo. Lleva papeles como la credencial de elector y el CURP para com-

probar que es mayor de edad. Es la única mujer del grupo que va al campo Caimanes en el estado de Sinaloa. Le dijeron que tendrá cobija, un catre para ella sola, un cuarto que compartirá exclusivamente con más mujeres, un tanque de gas, prestaciones de ley y un pago de 140 pesos al día. Lleva lo que le recomendaron: una cobija, una gorra, sudadera y lo que ella cree que es necesario para viajar hasta los campos y permanecer ahí durante medio año de su vida. Cuenta que se enteró del trabajo por internet y que contactó al señor que la llevaría hasta el campo. Algunos van por las personas hasta sus pueblos, por ella no fue nadie. Recuerda que su papá fue una sola vez hace muchos años a los campos y que no aguantó, se regresó porque era una vida muy triste y que los trataban muy mal; no

les pagaban lo que les ofrecieron y los regañaban constantemente. Además de que vivía en condiciones insalubres y todos amontonados, es por eso que el papá de Lucero se regresó y ya nunca volvió a los campos. Lucero dice que su papá le dijo que no se fuera y ella admite que sí tiene miedo; pero son más grandes sus ganas de seguir estudiando y sabe que la única forma de lograrlo es trabajar como jornalera durante seis meses y ahorrar todo lo que le paguen para entrar a la universidad en el siguiente ciclo escolar. El sueño de Lucero es estudiar Lengua en la Universidad de la Ciénega porque quiere regresar a su pueblo y dar clases a los niños que como ella, no tienen dinero para seguir estudiando. Hace dos semanas, Lucero contó para Pie de Página que quería regresar. No le pagaron lo que le prometieron, diciéndole que hace

mal el trabajo y no se siente segura estando allá.

Silvia Silvia tiene 32 años y tres hijos. En esta ocasión solo viaja con la pequeña Mariana, de 9 años, su hija menor. La mayor estudia en una escuela en Valle de Chalco y su hijo se quedó con sus abuelos. Cuenta que la primera vez que viajó a los campos ya llevaba a Mariana en brazos, tenía 6 meses de edad. Hace casi 9 años que viajaba, se encargaba de labores comunales en su pueblo. Recuerda que en aquella primera ocasión viajó acompañada también del que era su esposo, pero que fue muy feo ese viaje. Él la celaba por todo y se peleaban constantemente, cuenta que el campo al que llegaron por vez primera sí era parecido a lo que les habían prometido, estaban separados como familia, tenían su catre y sus cobi-

jas, les prestaban el famoso tanque de gas y estaban bien, pero debido a los celos y a los pleitos que tenían como pareja, los corrieron del trabajo, por lo que tuvieron que irse en medio de la noche a buscar otro campo. “Estaba muy feo, fue muy triste el tiempo que estuve ahí, había chinches, piojos, todos dormían amontonados y no se vivía bien”, recuerda. Silvia decidió dejar a su esposo y regresar de nuevo a su pueblo San José Vista Hermosa, municipio de Iliatenco, con su pequeñita en el rebozo. Todos estos años ha vivido en la casa de sus padres, dice que de sus cuatro hermanos, es la única que no tiene casa propia y que eso le pasó por atenerse al marido, por creer que le iba a construir una. El anhelo de Silvia es construir una casita. Dice que su papá es alcohólico, como también lo era su ex marido y que cada que su padre

7 bebe, ella recuerda muchas cosas de su vida de casada y por no tener trabajo para construir un cuarto tiene que aguantarse a seguir ahí en casa de sus padres. Silvia lleva una bolsa bien grande y pesada con ropa de ambas. Ella está segura que vivirá durante medio año lejos de su comunidad. Todos estos años guardó en esa bolsa la fuerza que necesita para trabajar dignamente y construirse ella misma esa casita que un hombre no le construyó, como pensaba que sería. Mariana carga también con su mundo, unos pocos juguetes. Silvia contó recientemente a Pie de Página que mandó por su hijo porque no lo estaban tratando bien en casa de sus padres. Está decidida en quedarse un año completo. “Lo único que no me gusta es que un señor me molesta, ya hablé con la ‘Lupita’, la trabajadora social, y dijo que iba a hablar con él, pero yo lo que quiero es que me deje de molestar, de ahí en fuera todo bien”, concluyó.

Nicolasa

Nicolasa es de Ayotzinapa, comunidad que queda aproximadamente a una hora de Tlapa. En el rebozo carga al pequeño Raúl, su primer hijo de seis meses de edad. A su lado está Juan, que es su esposo y tiene 18 años. Platican que llevan unos tres o cuatro años yendo a los campos de Sonora a trabajar, ellos ya se conocían desde su pueblo, pero se hicieron novios en el campo, donde ambos buscaban lo mismo, salir de la pobreza del pueblo. Cargan un costal grande, otro más con totopos y hasta su pantalla, ya saben cómo es la vida allá y saben que pasarán medio año de su vida en otro lugar, que deben sentir como su propia casa; de Ayotzinapa van varias familias, ya se conocen, dicen que prácticamente el pueblo se queda vacío, de toda la gente que migra a los campos en estas fechas. También han conocido a personas de otros estados como Oaxaca, Michoacán y Sinaloa. Ellos ya formaron una familia y ahora quieren formar un hogar para su pequeñito, su ilusión es juntar sus pagos hasta reunir lo necesario para construir una casa de tabique porque quieren darle hermanitos a Raúl.

El perfil jornalero Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Mon-

taña de Guerrero, Tlachinollan, informó recientemente sobre el inicio de la temporada alta de migración de jornaleros y comentó que la mano de obra agrícola en Guerrero se compone en su mayoría de campesinos de las regiones más pobres y marginadas del Estado. De febrero a octubre se registró un conteo de 5 mil 927 mujeres jornaleras. 70 por ciento de la población que migra tiene educación básica incompleta, ese es el perfil del jornalero, aseguró. El problema está, dice el director, en que sus derechos no están protegidos y las prestaciones sociales no están garantizadas. El panorama es desolador para esta población vulnerable y como el sector de los trabajadores esenciales, la población sigue siendo discriminada, explotada y en alto riesgo de contagio por Covid-19, pues ya han habido casos de contagios, muertes y las empresas siguen sin hacerse responsables de tomar las medidas preventivas para garantizar el cuidado, apoyo, atención, respeto y la protección a su vida y su salud.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

Serie: #CaminoAEncontrarles Historias de búsqueda

La tecnología aplicada a la búsqueda de un hijo

n dron blanco, del tamaño de un disco de acetato, emprende el vuelo sobre un terreno despoblado en el municipio de García, muy cerca de la ciudad de Monterrey, al norte de México. Dos mujeres tienen la tarea de inspeccionar el agreste campo. Una de ellas lleva el control remoto del artefacto volador, previamente programado, para luego, con pericia, elevarlo en un solo movimiento. La otra mujer tiene en sus manos una tableta con la imagen del terreno, que previamente fue tomada del satélite de Google y donde están marcados puntos que identifican ciertas zonas. El dron captará esos sitios a través de miles de fotografías que serán procesadas en computadora y que, mediante un minucioso trabajo, pasarán por sofisticados programas para integrar una sola imagen. La impresión obtenida de ese espacio, ubicado a menos de una hora

Madres Coraje es un grupo de mujeres de Nuevo León que se cansaron de esperar a que las autoridades busquen a sus hijos e hijas desaparecidos. Apoyadas por un dron, perros rastreadores, detectores de metales, antropólogos y personas voluntarias se han hecho expertas en el uso de sofisticadas tecnologías para localizar entierros clandestinos por cielo y por tierra M E LVA F R U T O S ILUSTRACIÓN LA LECHUGA ILUSTRADORA

de la Zona Metropolitana de Monterrey, será después comparada con las imágenes históricas que tomó el satélite años atrás y podrán identificar si hubo actividad reciente en la

zona, si hay lugares donde el suelo o la maleza cambia de color o densidad, o donde la tierra probablemente ha sido removida. “Nos enseña las capas de la tierra

con las imágenes aéreas y en donde se distinguen, ya desde lo alto, o sea, muchísimas cosas que no ves a la altura de tus propios ojos. Si vas caminando, pues, es más limitada la

Leticia Hidalgo levanta el dron para que inicie el vuelo de exploración por el Municipio de García. Foto: Facebook de FUNDENL

visión, que si tienes una imagen aérea”, explica Leticia Hidalgo, la mujer que, a la distancia, pilotea la pequeña nave. Cuando sean identificados los puntos en donde haya alguna modificación en la naturaleza del terreno, ellas emprenderán un minucioso plan de exploración que realizarán a pie. Caminarán por baldíos, vencerán pendientes y quizá crucen algún río. Entonces excavarán en busca de fosas con restos humanos. Leticia Hidalgo es fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, una de las organizaciones creadas por la inquebrantable voluntad de madres, hijas, hermanas y esposas que buscan a sus familiares. Desde que valientemente salieron a las calles a denunciar las desapariciones de sus seres queridos las llaman Las Madres Coraje. Con sombreros o con gorras deportivas para protegerse del sol, siempre con la camiseta negra o blanca con la frase: “¿Dónde están?”, salen a sus búsquedas. Búsquedas que no son las tradicionales. En Nuevo León, la violencia irrumpió en 2007 a partir de la “guerra contra el narcotráfico” y se recrudeció desde 2010. A los casos de extorsión, ataques, asesinatos siguieron

Bordados de las madres de FUNDENL expuestos en el centro de Monterrey. Foto: Facebook de FUNDENL

las denuncias de desapariciones. Uno de esos ocurrió la madrugada del 11 de enero de 2011, en San Nicolás de los Garza, en la Zona Metropolitana de Monterrey. Un grupo de hombres armados, vestidos con chalecos

de policías municipales, irrumpió en casa de Leticia Hidalgo, comunicóloga de profesión, maestra jubilada, madre de dos hijos: Roy y Ricardo. “Al estar tomando las cosas de valor, dije, pues es un asalto y pues

todo va acabar ahorita que se vayan, sin embargo, la pesadilla o la tragedia o lo más terrible pasa precisamente cuando se van: en un momento también deciden llevarse a Roy”, relata Leticia. Roy, en ese momento tenía 18 años, estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras y quería enfocarse a la traducción de idiomas. Era un fiel seguidor del equipo de futbol Tigres y no se perdía un solo partido. Aunque la madre pagó un rescate, no apareció. Dos semanas después, denunció su desaparición en la Séptima Zona Militar. “Pasaban los días y no había ninguna respuesta”, recuerda Leticia. En las constantes visitas al cuartel conoció a otras mujeres que compartían la misma angustia. El dolor las unió para no quedarse esperando respuestas de las autoridades. Se organizaron y fundaron su colectivo en 2012. Se nombraron Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Las Madres Coraje tomaron como modelo a la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, organización que junto a otras las apoyó con las primeras capacitaciones. “Para ir conociendo desde lo que es desaparición forzada, derechos

10 humanos, antropología forense, cómo se identifican restos humanos, qué es el ADN”, detalla en la sala de su casa. Participaron en encuentros con autoridades, colaboraron en la elaboración de leyes sobre desapariciones. Se dieron a conocer en actividades para la memoria como el renombramiento y pinta de murales de una plaza del centro como la Plaza de los Desaparecidos o las convocatorias a bordar en tela los nombres de sus familiares desaparecidos. Cuando se cansaron del nulo avance de las autoridades, las Madres Coraje ya habían aprendido a pedir los expedientes de sus casos, analizarlos y conocer la lógica criminal. Es decir: ¿quién, cómo y por qué se habrían llevado a sus familiares? Visitaron cárceles para buscar pistas sobre los lugares en los que abandonaban los cuerpos, y comenzaron a hacer un mapa. “Si todos estos desaparecieron de San Nicolás, por ejemplo, se los llevaron, por decir, entonces ya sabemos quién se lo llevó, porque este grupo actuaba ahí y si este grupo actuaba y entonces, ‘a ver ¿dónde está fulano, zutano, mengano?, pues están en la cárcel o fulano ya lo asesinaron, etcétera’”, describe sobre su sistema. En 2014, las Madres Coraje recurrieron al apoyo del Equipo Peruano de Antropología Forense para identificar los restos de Brenda Damaris González, una joven desaparecida tres años antes. Ese mismo 2014, las noticias de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, buscando a sus hijos al monte, cargando picos y palas, alentó a las madres de FUNDENL a salir a buscar. “Entonces nosotras dijimos ‘bueno ¿y nosotras por qué no?, también tenemos que salir igual que ellos’”. Entonces tomaron talleres de genética forense y de técnicas de exploración en campo para encontrar restos y en noviembre de 2015 salieron por primera vez a buscar en el monte. Fueron a las faldas de un cerro en la carretera Monterrey-Saltillo acompañadas por el Grupo Vida, un grupo de familias buscadoras de Torreón, Coahuila. Usaron palas, picos y la varilla T, que hundían en la tierra y olfateaban al sacarla para percibir si la tierra que pisaban tenía olores de cuerpos en descomposición. Las Madres Coraje nunca han estado solas, han contado con el apoyo de organizaciones, voluntarios y especialistas. En sus exploraciones participan perros rastreadores como Maya, una perra entrenada en

Personal de la Comisión Local de Búsqueda reparte instrucciones, durante la mega búsqueda. Foto: Melva Frutos

rescate de personas y localización de cuerpos. Con su apoyo han localizado fragmentos óseos. También utilizan detectores de metales para explorar el subsuelo con frecuencias electromagnéticas, que aprendieron a usar con la ayuda de buscadores de tesoros. Hace cuatro años compraron un dron con el dinero de una colecta y aprendieron a usar herramientas de georreferenciación como el GPS, Google Earth y Google Maps. Con Gerardo Espino, especialista en drones, y el arqueólogo Víctor Hugo García, aprendieron métodos de planificación de vuelos del artefacto y técnicas de la fotogrametría. Con estas, las fotos captadas de la superficie u objetos, obtienen ortofotografías, mapas y modelos de elevación en tercera dimensión del lugar que quieren explorar. Cada vez que tienen alguna pista de un determinado lugar donde pueden encontrar fosas o sitios que hubieran sido usados como casas de seguridad, llevan el dron. Desde el aire buscan tierra removida, o comparan desde el escritorio fotografías satelitares de otros años que indiquen si la maleza cambia de color o densidad. Estos pueden ser sitios de entierros clandestinos. Angélica Orozco colabora estrechamente con el colectivo desde hace ocho años aunque no tiene familiares desaparecidos. Con el tiempo

se ha especializado en convertir las fotografías captadas por el dron en ortofotografías, mapas y modelos de elevación en 3D que monta en un archivo del GPS para georreferenciar todos los hallazgos. “Hacemos un viaje de prospección para ver por dónde vamos a entrar, cómo nos vamos a estacionar y cuál es la probabilidad de que encontremos o no encontremos”, dice. Desde 2019 convocaron a expertos en distintas disciplinas y crearon su propio Grupo Forense Independiente. Los arqueólogos Evaristo Reyes y Fernando González, y los antropólogos físicos Paulina Ruiz y Joel Olvera forman parte del equipo. Ellos las acompañan a los lugares detectados o recibidos a través de denuncias ciudadanas, ayudan a la exploración previa, con la exhumación y los análisis de restos óseos. Definen la causa de muerte y la fecha aproximada del homicidio. Son las 6 de la mañana del 2 de septiembre de 2020 en la Plaza de los Desaparecidos. Angélica y Lety se suben a un vehículo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza el convoy que se dirige hacia la sierra de Hidalgo y que va escoltado por elementos de Fuerza Civil y la Marina. Hay razones para esta previsión: las madres recorren zonas en las que hubo o existe actividad criminal. Ellas se dirigen a una mega bús-

queda planeada durante mes y medio. Con al menos 100 personas (entre familiares de víctimas, voluntarios, autoridades y especialistas) se internan en la sierra que rodea el municipio de Hidalgo, a 40 minutos de la Zona Metropolitana de Monterrey, recorrerán el Arroyo de la Cueva, Río Salinas, Potrero Grande y Potrero Chico. Zonas que las mujeres previamente visitaron e identificaron a través de Google Earth y Maps. Antes de las 9, el calor es sofocante. En la peor hora del día, el termómetro alcanzará los 38 grados y la sensación térmica rebasará los 40. Desde finales de 2019 las madres comenzaron a recibir reportes de desapariciones en esa zona. “Sobre todo varones jóvenes en edad productiva”. Sumaron 40. Durante más de dos horas recorren senderos angostos y rodeados de marañas de ramas. Ellas junto con las personas expertas y de apoyo se abren paso entre piedras y matorrales con espinas. Por momentos detienen el paso, remueven la tierra y clavan la mirada en cualquier indicio: un casquillo de bala, alguna prenda o algún resto que parezca hueso. Otros equipos recorren el lecho del río, indagan en pozos y construcciones abandonadas. “Donde empezamos a ver casquillos de balas, algunos, como dicen, percutidos y otros nuevos, y alguna cartera tirada; algunas credenciales, unas licencias de manejar; cosas que ya vas viendo que son indicios de que algunas personas están ahí cometiendo actos ilícitos, por las balas y todo esto”, narra la maestra retirada. Desde que comenzaron las búsquedas en campo, las Madres Coraje han logrado al menos siete sitios de entierros clandestinos con al menos 150 mil fragmentos de restos óseos. Pero desde que usan el dron y demás tecnología han podido ubicar, y luego identificar, el lugar donde estaban enterrados al menos a dos jóvenes desaparecidos. Una fue Cecilia Yolotzin Macías, una joven de 20 años desaparecida en 2013, cuando salió de su casa para ir al cine y abordó un taxi en el municipio de Guadalupe. Sus restos fueron localizados en el municipio de Salinas Victoria durante la mega búsqueda. El otro fue Carlos Anselmo Garza, de 22 años, desaparecido en 2018, en el municipio de Salinas Victoria. Salió a celebrar su cumpleaños y no regresó. Cuando lo encontraron, participaban en la búsqueda los perros olfateadores Maya y Atila, miembros de Protección Civil del municipio de

Madres y ciudadanos aliados de FUNDENL hacen protesta en la Plaza de los Desaparecidos en el centro de Monterrey. Foto: Víctor Hugo Valdivia

Santa Catarina. Un primo de Carlos identificó un cinturón. “Cuando ya él lo identifica por el cinto que él le prestó, pues ya fue como muy contundente. Entonces seguimos con más ímpetu ahí, hasta que encontramos fragmentos de restos humanos”, agrega Leticia Hidalgo, al mencionar la importancia de que los familiares acudan a los rastros. Ese día localizaron también al menos mil 600 fragmentos de restos óseos. El antropólogo Joel Olvera, adscrito al caso de Roy, es uno de los que recolecta fragmentos, pide permiso en el Semefo para analizar los restos, seleccionar muestras y llevarlas a laboratorios independientes. Él menciona que en Nuevo León es difícil encontrar cuerpos completos ya que los grupos criminales usan un sistema de desaparición: la combustión de los cuerpos. “Nosotros acá no encontramos cuerpos completos, encontramos fragmentos pequeños de óseos humanos y además, calcinados, o sea, la característica de lo que es Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, ésa la manera de actuar de los criminales”, asegura en entrevista.

Hasta septiembre de 2020, en este estado sumaban 4 mil 766 las personas no localizadas y 93 las fosas clandestinas halladas con miles de restos humanos, en su mayoría calcinados, según la Comisión Nacional de Búsqueda. La otra dimensión de la tragedia la reveló el informe “Un sentido de vida: la experiencia de búsqueda de FUNDENL”, elaborado por la Universidad Iberoamericana, que detalla que hasta 2018 la Fiscalía había recuperado 699 mil 481 fragmentos óseos humanos. A pesar de sus hallazgos, después de cada búsqueda a las Madres Coraje les vuelve la tristeza, la impotencia, el coraje y la frustración. Una caída emocional que Lety no ha podido evitar con el tiempo. Entiende por qué muchas personas desisten, pero ella sigue de pie, desde hace nueve años, tratando de empujar a autoridades que no hacen su trabajo para buscar a Roy y a los hijos e hijas de sus compañeras. “He visto cómo muchos han muerto en el rincón de su casa de pura tristeza, de no saber nada de su hijo, de su hija, de su familiar”, dice entristecida. Sabe que las identificaciones se

quedarán estancadas en el Instituto de Criminalística del estado que tarda un promedio de 8 meses en procesar restos recuperados en fosas (si los familiares habían dejado una muestra genética) y hasta año y medio en notificar a los parientes la identificación. Le enoja que las autoridades no han creado la unidad de análisis de contexto que les permitiría obtener más información sobre las mecánicas de las desapariciones en el estado. Pero cada uno de los hallazgos son piezas de un rompecabezas que las madres intentan embonar. Son pistas que arrojan nuevas respuestas sobre dónde han sido enterradas las personas desaparecidas, esperando que, acaso, alguno de esos restos que descubren, les indique dónde quedaron los hijos amados que buscan. Las Madres Coraje no se rinden. Quieren cumplir la promesa que le han hecho a sus hijos, que es: “No vamos a parar porque los vamos a encontrar”. Y en entierro clandestino que encuentran colocan cruces y realizan memoriales al pie de fosa para transformar esos lugares de muerte en

sitios de vida. Como Leticia explica: “Cambiar la idea, el sentido de ese lugar, que fue terrorífico. Nos podemos imaginar que fue de terror, a convertirlo, a transformarlo en algo sagrado”.

Este texto forma parte de la serie “Camino a encontrarles: Historias de búsquedas”. Un proyecto de podcasts y reportajes escritos y coproducidos por A dónde van los desaparecidos, IMER noticias y Quinto Elemento Lab.

Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A. C. es una organización independiente, sin fines de lucro, que busca alentar y realizar reportajes de investigación que empoderen a los ciudadanos, fortalezcan la rendición de cuentas y ayuden a construir una sociedad más justa y transparente.

Mujeres de manos firmes y sabias

De ‘brujas’ a sanadoras, las parteras que atendieron a miles de mujeres en pandemia

aquel se sujeta con vehemencia del pecho de su madre. Mama suavemente mientras observa curiosa con el rabillo del ojo. Nació el 5 de junio, cuando en el estado de Chiapas los contagios de Covid-19 se encontraban en su punto más alto. A su madre, maestra del municipio de San Andrés Larráinzar, el parto la sorprendió durante la pandemia. Ella tenía cita para el nacimiento de su hija en el Hospital de Las Culturas, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; decidió no acudir, por miedo a contagiarse de Covid. Venció sus prejuicios y llamó a una partera para que la asistiera. “Yo tenía miedo, porque mi suegra siempre me decía: ‘no vayas a ir con esas brujas porque pueden hacerle mal a la niña’”. Hoy, casi seis meses después del nacimiento, agradece haber ignorado esas palabras; dice que le viene a la memoria la imagen de Raquel naciendo entre olores a hierbas aromáticas y suaves letanías. Cree que quizá por ello, su hija va creciendo como una niña plácida y rosagada. Raquel fue una de los 2 mil 868 infantes nacidos con partera en el Municipio de San Andrés Larráinzar, durante los primeros seis meses de la pandemia; una cifra siete veces mayor que el promedio de partos asistidos en esa localidad, por estas mujeres de manos firmes y sabias. Su trabajo se multiplicó. La pandemia ha traído mucho dolor para la humanidad, pero también ha sido un punto de inflexión y reconocimiento de prácticas y formas de vida desdeñadas por la cultura eurocentrista, que desdibuja el conocimiento de los pueblos originarios. Las parteras se colocaron en estos meses, como ejes de vidas y

Ante la saturación de hospitales por la pandemia de Covid en Chiapas, se multiplicó la cantidad de mujeres que atendieron y, a diferencia de lo ocurrido en sanatorios públicos de la entidad, no sufrieron ninguna muerte materna Á N G E L E S

M A R I S C A L

C H I A P A S

P A R A L E L O

Foto: Consuelo Pagaza / Archivo

sanadoras en medio de la tragedia. Ahora, señala Lucía Silva Martínez, una de las fundadoras de la orga-

nización Camati-Mujeres Construyendo desde Abajo, “podemos decir: aquí está el trabajo de las parte-

ras y es momento de que salga a la luz todo lo que hicieron durante la pandemia”.

13 de las abuelas.

Descolonización

¿En qué momento se fue perdiendo el proceso del parto como un evento natural, asistido por integrantes de la familia o por mujeres de las comunidades? Lucía Silva considera que el origen del desdén hacia las parteras en América, viene desde la Colonización, cuando se socavaron los derechos culturales de los pueblos originarios, su medicina y sus saberes.

“¿Cómo puedo yo siendo mujer, no orientar y apoyar a otra? ¿Si como mujeres no estamos bien, se puede hacer el bien al resto de la familia?”, se cuestiona Ofelia. Con esa visión formaron la organización Camati-Mujeres Construyendo desde Abajo. Ahora forman parte de un colectivo de más de 600 mujeres del Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim y juntas hicieron frente a la pandemia, durante los meses más difíciles.

“Fue entonces que empezamos a dudar de nosotras mismas, empezamos a perder ese poder de nosotras como mujeres. Con el tiempo, las mujeres empezaron a ya no querer ir con la partera, sino al hospital o al Centro de Salud”, aún en las comunidades rurales e indígenas, que en Chiapas componen el 30 por ciento de la población.

Más parteras, menos muertes maternas

Lucía es hija de partera, nació en el municipio de La Trinitaria, ubicado en la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala. Ella recuerda el dolor de las mujeres durante los partos y el dolor de las parteras ante la discriminación. “Me dolía ver cómo (médicos y personal del sector salud) trataban a la parteras, entre ellas mi madre; cómo las encaraban y humillaban. Me tocó ir con mi mamá a dejar a pacientes al hospital, a mi mamá la insultaron, le gritaron, y desde ahí dije: ‘nunca más vamos a permitir que esto siga sucediendo. Porque nosotras hacemos mucho más trabajo que el médico’. El médico no quiere llegar a la comunidad, por el simple hecho de ser comunidad”. Desde los 13 años se hizo promotora de salud, más tarde intentó estudiar Medicina en la universidad, pero reviró el camino porque sentía la necesidad de reivindicar la figura de la partera. Desde entonces ha trabajado en las montañas de Guerrero y en las comunidades de Chiapas. En su camino conoció a Ofelia Pérez, originaria de Chenalhó y hablante de tsotsil; a María de la Luz, también indígena de la Ranchería San Rafael, ubicada en Comitán, y a Olga Barrera, de San Miguel de Allende, Guanajuato. Ellas tienen en común el haber

encontrado su don -como le llaman a su vocación, habilidades y conocimiento- siendo adolescentes. Un don que se les manifestó en sueños, en los que se veían a sí mismas pariendo o ayudando a parir a otras mujeres; sueños donde aprendían a sentir a los bebés aún no nacidos y a acomodarlos para el momento del alumbramiento. “Antes de que me capacitaran, yo ya era partera”, cuenta María de la Luz. La vida las hizo conocerse y coincidir. Ellas conciben a la partería como parte del reconocimiento integral hacia el cuerpo de la mujer y su autonomía sobre él, en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en la reivindicación del conocimiento de la medicina tradicional y los saberes

Para bajar la incidencia de muertes maternas, en Chiapas, las políticas de Salud pública ordenaron que todos los partos se consideren de alto riesgo y sean atendidos en hospitales y clínicas de segundo nivel; negando la posibilidad de atención en Centros de Salud y clínicas rurales. Esa medida no terminó con las muertes maternas, porque, de acuerdo con lo que han documentado las parteras, la mayoría de las muertes maternas se da como consecuencia de rupturas uterinas que se atribuyen al uso de oxitócicos sintéticos, a hemorragias por el uso excesivo de medicamentos y a infecciones nosocomiales. Es decir, son derivadas de la atención y los mecanismos de atención en hospitales, públicos y privados, donde se promueve ya el “parto sin dolor”, explica Lucía. Lo que sí pasó, comenta Ofelia, es que los hospitales se saturaron. En jornadas de 8 horas, los médicos atienden hasta a 30 mujeres embarazadas, por lo que rebasados en su capacidad, se volvió común negar la atención y mandar a las mujeres a otros hospitales cada vez más lejanos de sus comunidades. Con la pandemia, la falta de atención se agudizó. Muchos Centros de Salud cerraron, no hubo control prenatal, no llegaron las caravanas de salud a las comunidades, los hospitales no funcionaron de manera normal porque se dedicaron a atender pacientes con Covid, un número importante del personal médico dejó de trabajar, por ser personas con problemas de salud. El resultado fue que hasta la se-

mana 42 de este año, 73 mujeres murieron de muerte materna, colocándose Chiapas en segundo lugar de casos, según los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Contrario a estas cifras, “a las parteras no se nos ha muerto ninguna mujer que atendimos”, aun cuando la pandemia les puso un reto, explica Ofelia. La pandemia trajo consigo el temor en un número importante de mujeres embarazadas para acudir al hospital, lugares que consideran focos de contagio de Covid-19. Fue entonces cuando un número cada vez mayor de mujeres de las comunidades y de las ciudades acudieron a ellas. Los ejemplos no faltan, en Tenejapa -municipio colindante con la ciudad de San Cristóbal de Las Casas-, una sola partera, en los primeros seis meses de la pandemia, atendió más de 200 partos, cuando la media es de 6 a 10 al mes. En San Andrés Larrainzar, 64 parteras atendieron a 2 mil 868 partos. En Sitalá mil 600, en San Juan Chamula 380. “El número ha ido en aumento, en la región Frailesca, ubicada en la zona centro de Chiapas, donde la población es mestiza, de tener 5 o 6 partos al mes, cada una atendió 10 o 15 mujeres. También acudió a nosotras mujeres de Tuxtla Gutiérrez (la capital de Chiapas)”, explican con detalle. La atención se dio, aun cuando el precio de los insumos se incrementó. “Si en marzo -días antes que se detectara el primer caso de contagio de Covid-19 en Chiapas-, un litro de alcohol costaba 20 pesos, ahora sale en 200 pesos; alcohol, gasas, guantes, cubrebocas, todo se elevó de una manera insostenible. Y la situación económica de las familias se devaluó, por lo que muchas no tuvieron más que recursos para pagos simbólicos”. “Entre varias organizaciones -explicó Lucíia- recolectamos insumos y los mandamos a las parteras de las comunidades. Nos pusimos a hacer cubrebocas. Las instituciones de salud en ningún momento apoyaron a las parteras, tuvimos que atender con nuestros propios medios. Las parteras ancianas dejaron de atender por el riesgo al contagio del coronavirus, las más jóvenes suplimos su trabajo”.

‘Tenemos argumentos fuertes’ La pandemia les puso un reto y lo superaron. Las mujeres parteras esperan ahora el reconocimiento de la importancia de su labor, no por un afán de vanidad, sino para tener mejores condiciones de trabajo y terminar con la discriminación. “Tenemos argumentos fuertes, sostenibles del trabajo que hicimos en la pandemia. Es momento de hacer un reconocimiento claro, el trabajo es de admirarse y reconocerse; porque nadie como ellas, como nosotras, hicimos el trabajo que se necesitaba”. Muchas personas que antes no hubieran recurrido a las parteras

-explican- ahora lo están haciendo. Están reconociendo la importancia de la medicina tradicional, de la partería y de sus pueblos originarios; de los usos y costumbres que otras veces han sido desdibujados. ¿Cómo relacionarse con el Sector de Salud público?

“Nosotras somos el primer contacto con las mujeres embarazadas, así que buscamos una mejor relación entre pares, entre médico y partera. El trabajo del médico es muy importante, así como el de la partera. Aquí lo que debiera fomentarse es el trabajo conjunto porque ambas partes buscamos el bien común. Si trabajamos así, el médico no se satura; si hay partos sin complicaciones, la partera los puede atender”. “Podemos decir: aquí está el trabajo de la partera y es momento de que salga a la luz todo el trabajo que hemos hecho durante la pandemia. Seguimos buscando el reconocimiento y respeto, la dignificación de nuestro trabajo”. Este trabajo fue realizado con el apoyo de Fondos Semilla.

Somos un proyecto de periodismo documental y de investigación cuyo epicentro se encuentra en Guadalajara, Jalisco.

Desaprecidos: Memoria y verdad Mujeres forenses: regresar el nombre a miles de desaparecidos Un año antes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa nació el Equipo Mexicano de Antropología Forense, hoy conformado por cuatro mujeres que buscan ayudar a identificar a las personas en un territorio de 4 mil 92 fosas clandestinas y 177 mil 877 desapariciones V A N I A

P I G E O N U T T

FOTOS: CORTESÍA EMAF

l Equipo Mexicano de Antropología Forense se conformó en 2013, un año antes de la tragedia más reciente: Ayotzinapa. Las lecciones de este caso son ilustrativas para el grupo de antropólogas y arqueólogas que busca en la tierra las huellas del pasado y el presente mexicano: un país de desaparecidos y fosas clandestinas, con una grave crisis de cuerpos acumulados sin identificar. Dos de las fundadoras, Roxana Enríquez Farías y Diana Bustos Ríos, egresadas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hablan de la actual crisis forense que admiten las autoridades. En septiembre, el Gobierno mexicano informó que se han identificado 4 mil 92 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 6 mil 900 cuerpos y un “número significativo de restos humanos que no están totalmente integrados”. En 10 municipios se concentra 41.7

por ciento de las fosas clandestinas y 31.4 por ciento de los cuerpos exhumados en los dos años de la actual administración: Tecomán y Manzanillo, en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente, en Veracruz; Ahome y Mazatlán, en Sinaloa; Acapulco, Guerrero; Puerto Peñasco y Cajeme, en Sonora, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Diana Bustos, actualmente doctoranda en Antropología, cuyo tema de investigación justamente se centra

16 en la crisis de identificación de cuerpos, dimensiona la tragedia con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas y Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, presentado el 13 de julio. “De marzo de 1964 al día presente, hay 177 mil 877 personas con reporte de desaparición o no localización, de las cuales 73 mil 231 personas (41.17 por ciento del total) siguen sin localizarse. Han sido localizadas sin vida 6 mil 401 (3.6 por ciento del total)”, detalla en su investigación. “Podemos ver que el 58.83 por ciento del total de personas con un reporte de ‘no localización’ o ‘desaparición’ son localizadas. A su vez, de este porcentaje, el 93.88 por ciento son encontrados con vida. Sin embargo, dentro de los que aún no son localizados, un porcentaje puede corresponder a Personas Fallecidas no Identificadas. Esta cifra aún no está claramente definida”, enfatiza. La antropóloga explica el cambio en los patrones para ejercer la desaparición de personas en el territorio mexicano, y las diferencias entre el periodo conocido como la Guerra Sucia en los 70 y la actualidad. “Es evidente en ese momento (años 60/70) que hay una permisibilidad del Estado, incluso un entrenamiento por parte de algunos elementos, de grupos del crimen organizado. Entonces la desaparición tiene otro matiz: ya no es una forma de aleccionamiento del Estado, sino una forma del ejercicio de la violencia entre grupos, pero también entre cuerpos armados regulares y los cuerpos armados irregulares sobre de la población en general. Las personas desaparecidas no tenían vinculaciones con actividades delincuenciales”, puntualiza. A la especialista le parece inverosímil que siga habiendo entre 30 y 36 mil cuerpos no identificados si las posibilidades de encontrarlos están dentro de esos 177 mil cuerpos. Son 177 mil familias buscando a alguien. “El problema sería al revés: montón de no identificados y nadie los reclama. Si además, según sus números 58.3 por ciento aparecen con vida, el margen para contrastar con el número de ‘fallecidos no identificados’ son como 90 mil personas que no se saben su paradero, sigue siendo un tercio”, denuncia. Por su parte, Roxana Enríquez, directora del EMAF, comparte poniendo ejemplo de cada caso, las atrocidades que han tenido que rastrear para darle sentido al horror. Para encontrar por qué las formas de matar o por qué desaparecer perso-

nas se volvió una estrategia. “La violencia es estructural, es violencia sistémica, en medio de una efervescencia de fenómenos que van atacando a distintos grupos. Nos hace vulnerables estar en medio de esta guerra contra el narcotráfico, que hay una sociedad desarticulada”, señala. Ambas abandonaron su trabajo como arqueólogas en Guanajuato y

Michoacán para contener esta situación presente. Roxana había trabajado, incluso, en la Procuraduría de Ciudad Juárez, Chihuahua. “No se hablaba de muchos restos recuperados que no se identificaban. Sí se sabía que había un porcentaje de restos en cada institución, pero no era alarmante hasta ese momento. Era como una especie de tasa normal: muchos se percibían como los

no reclamados, si hay características, se puede hacer un perfil genético, pero no hay nadie que esté reclamando los restos”, explica la antropóloga Roxana Enriquez sobre el momento de su conformación. Todavía no había esa vinculación entre las personas desaparecidas y los restos no identificados. “Suena raro, pero no se notaba un foco de alerta. Así fue como iniciamos”. Diana recuerda que comenzaron por determinar las violencias y a hablar de desaparición forzada. “Durante nuestros siete años de trabajo, nuestro principal cometido ha sido empezar a hacer una distinción de categorías, contribuir para que la sociedad tenga más claros los objetivos de demanda a la autoridad. En primera instancia distinguir el delito de desaparición forzada cometida por particulares con la identificación de restos”, dice. La desaparición forzada siempre privilegia la presunción con vida. Una de las banderas de los movimientos políticos las décadas de los 70 y 80 cuando el clima del país era antidemocrático era “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Lo que estamos viendo, narra, es la exacerbación de la violencia en México, la permanencia de estas estructuras de represión que algunas veces se convierten en los habilitadores, entrenadores, de grupos de crimen organizado, teniendo como corte el caso Ayotzinapa.

17 “Vimos que mientras esto no ocupara el centro de la discusión pública, entonces se iba a seguir facilitando a una opacidad en la obligación del Estado de proveer justicia. El discurso empezó a virar hacia: encontramos cuerpos, se identifican y se entregan”, explica. Cuando las personas fallecidas requieren la restitución de su tejido social, de su identidad y el Estado ha errado su estrategia en dirigir todo a la identificación como si fuera un asunto que solo se trata de analizar cuerpos y regresarles el nombre. Dice claro: no es así. “No se puede obviar la investigación para dar con los perpetradores, que muchas veces en la identificación de este delito es cuando se puede dar datos sobre la identidad de quienes están inhumados allí. En la actualidad tenemos una serie de fosas que algunas se exhuman, aquellos cuerpos van a Servicios Médicos Forenses, se hace la materia de la identificación, pero esta información biométrica se queda simplemente almacenada en espera que coincida”, detalla.

Casos del EMAF El primer caso en el que se acreditaron las antropólogas fue en el de Rosendo Radilla, desaparecido en la “Guerra Sucia”. Acudieron acompañando al Equipo Peruano de Antropología Forense y vieron la falta de metodología, investigación y protocolización que hay en México en materia forense. No se puede seguir huellas si no hay una investigación minuciosa. México, advierten, es de lo que más adolece. Participaron también en la identificación de los restos de Mariana Yáñez, una estudiante del Politécnico Nacional de 18 años, desaparecida en el Estado de México en 2014 y sus restos encontrados en el Río de los Remedios un año después. También con el Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio. En la exhumación e identificación de los restos de Brenda Damaris, con Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, en el 2014. “En el caso de Aracely (González) que es la mamá, su hija fue víctima que es el que aprehendieron el año pasado que es el monstruo de Ecatepec, para corroborar lo que ya les había dicho la Fiscalía de manera positiva. Ahí nos acreditamos como peritos, hicimos revisión del expediente. Creíamos que los análisis de genética tenían correspondencia, el problema era el procedimiento, no era claro

cómo habían recuperado los restos, porque los habían inhumado”. Luz del Carmen Miranda desapareció el 12 de abril de 2012 a los 13 años. Y ella dice, se considera portadora de malas noticias. Por una parte da tranquilidad darle la certeza a un familiar de una persona que no está ni viva ni muerta, sino desaparecida. Pero por otra, es una ambivalencia el confirmar el crimen y el contexto en el que ocurrió. Ecatepec es uno de los municipios con más feminicidios en el Estado de México. También participaron como peritos externos en el caso de Gemma Mávil , quien desapareció el 3 de mayo del 2011 en Veracruz. Corroboraron a su papá, Pedro Mávil, la identificación de su hija. Gemma fue desaparecida dos veces, la segunda por el mal manejo de cuerpos en fosas que hizo una montaña burocrática el poder identificarla. Así, el EMAF ha documentado feminicidios, desapariciones forzadas, homicidios. La desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa cayó como losa de cemento a cientos de familiares de desaparecidos en Guerrero. Se movilizaron y surgió el primer grupo Los Otros Desaparecidos, días después del 26 de septiembre de 2014. Ellos siguen buscando en fosas en Iguala, Huitzuco y municipios aledaños de la zona norte de Guerrero y el País. Allí, el EMAF conoció a Mario Vergara, quien busca a su hermano, Tomás Vergara, desaparecido desde 2012.

El EMAF, ante un Estado indolente con estos colectivos, luego conocerán y capacitarán al Colectivo Solecito de Veracruz, quienes hallaron fosas clandestinas en Colinas de Santa Fe: “quisimos explicarles que no era así de simple, tenía que haber una investigación ministerial para que se hicieran las investigaciones como correspondía, que no era sólo exhumar y hacer las entregas. Estaba siendo muy complicado. Nos dieron la oportunidad de hacerles la explicación y poderles explicar ante la asamblea, para que el resto de los familiares conocieran la información”. Las otras dos antropólogas son Beatriz González y Marte Tunheim. Anteriormente perteneció al EMAF Omar Pérez, quien acaba de fallecer, explica Roxana. Ahora el equipo se conforma de especialistas mujeres. Las antropólogas ven lecciones en este contexto. Diana, por ejemplo dice que: “la lección más grande del caso Ayotzinapa sigue siendo desperdiciada por parte de todos los que estamos involucrados en él, que es la obligación del Estado de investigar y esclarecer los móviles que llevan a ciertos actores a cometer la desaparición de alguien y detrás de esa desaparición el asesinato, además en anónimo de que no se encuentran esas personas y en ese sentido sigue a quedar a deber el Estado. No está ubicando a perpetradores y por tanto no hay identificación de personas”. “El tema de la investigación. Estamos haciendo mucho foco en la ciencia forense, pero la investigación

ministerial tampoco se fortalece esa parte de investigación. Les corresponde a las fiscalías fortalecer la investigación”, considera Roxana. La violencia estructural atraviesa todas las clases y vulnera a los más marginados, dice Roxana. En medio de esta efervescencia de fenómenos, insiste, corresponde al Estado ir atacando el problema, al que han tenido que entrarle organizaciones de la sociedad civil y víctimas. “Nos hace vulnerables estar en medio de esta guerra contra el narcotráfico. Hay una sociedad desarticulada, de carencias económicas, muchísimos grupos vulnerables: jóvenes, niños, mujeres. Es una bola de nieve que no se puede parar: homicidios, feminicidios, además de desapariciones”. El EMAF actualmente mapea las fosas clandestinas en Veracruz, uno de los estados con mayor número de cementerios clandestinos hallados en los últimos seis años. La intención es que haya un buen manejo de cuerpos y que el Estado deje de decir que son cuerpos no reclamados, porque seguro alguien los está buscando.

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Serie: Crisis forestal

Radiografía del manejo forestal comunitario en México: un modelo bajo presión En el País, alrededor de 2 mil 900 ejidos y comunidades realizan algún tipo de aprovechamiento de sus recursos forestales; sin embargo, poco menos del 50 por ciento de ellas ha logrado escalar y crear empresas forestales comunitarias M A R C O

A .

H E R N Á N D E Z

T .

C U A R T A D E U N A S E R I E

sus 71 años, don Andrés Carrera confiesa: “ya me emocioné; hay mucho que platicar”. Su historia es la del hijo de un campesino y minero que terminó dirigiendo una de las empresas forestales comunitarias más importantes del estado de Durango, al norte de México: Grupo Sezaric. Don Andrés conserva todavía una foto de la Escuela Rural Federal José María Morelos y Pavón, en el Ejido Salto de Camellones, donde cursó sus primeros tres años de educación primaria, los únicos que

se impartían ahí: es una sola habitación techada con tabletas de pino hechas a mano, a punta de hacha y serrucho. También conserva una foto de su maestro Amador Lara Gándara, a quien le debe haber terminado su educación básica en otra escuela, a la que llegaba todos los días después de una caminata de dos horas. Con esas herramientas básicas y una mezcla de iniciativa y azar, Andrés Carrera asumió, en los años 70, la tarea de controlar la producción del pequeño aserradero que, pese a todos los obstáculos, había logrado instalar su comunidad.

Desde ahí desarrolló los conocimientos técnicos y emprendió el activismo social como ejidatario que lo convertirían en protagonista central de la historia de la Unión de Ejidos y Comunidades Forestales Emiliano Zapata, un movimiento social que en tres décadas ha consolidado un proyecto de manejo forestal sustentable de los bosques del noroeste de Durango que incluye la creación de varias empresas y proyectos comunitarios.

Escuela de don Andrés Carrera La historia de don Andrés sintetiza, en buena medida, la de miles

de ejidatarios y comuneros que son pioneros de un modelo que hoy se conoce como manejo forestal comunitario y que lograron consolidar empresas forestales que, como afirma el investigador David Barton Bray, en apenas dos generaciones transformaron cientos de localidades rurales de México, que practicaban la agricultura de subsistencia y que tenían bosques degradados por las prácticas industriales de empresas privadas o paraestatales, en comunidades que, no sin obstáculos, consolidaron proyectos productivos que benefician a sus habitantes y preservan sus bosques.

19 Don Andrés Carrera lo sintetiza así: “nos enseñamos a trabajar, aprendimos cómo producir para ganar más, para salir de la pobreza; con esa ilusión aprendimos a organizarnos para mantener un negocio que no era de uno, que era de un grupo; formamos una industria que genera empleo”. Para entender cómo esa experiencia se replicó en distintas partes del País y los retos que enfrenta hoy, Mongabay Latam conversó con ejidatarios y comuneros, con académicos y activistas, con protagonistas de las primeras iniciativas y con nuevos líderes.

Hace cerca de 40 años, en México comenzó la construcción del manejo forestal comunitario, un modelo que se ha convertido en referencia mundial cuando se habla de conservar los bosques y generar beneficios para sus habitantes

La punta del iceberg Con 60 por ciento de los bosques del país en propiedad colectiva de ejidos y comunidades y más de tres décadas de experiencia en la operación de empresas forestales comunitarias, México es pionero y referencia en una ruta que ahora se recorre cada vez más en el resto del mundo: la silvicultura comunitaria como una vía que permite revertir los procesos de deforestación, preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático, pero también obtener beneficios económicos y mejorar los niveles de vida de las comunidades forestales. Este modelo logró desarrollarse gracias a varios factores: movimientos sociales impulsados por las comunidades, reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra, reformas legales, programas gubernamentales, de organizaciones civiles y de instituciones internacionales. La comunidad académica y forestal internacional no escatima entusiasmo cuando habla de la silvicultura comunitaria: el modelo que permite a las propias comunidades aprovechar, en forma sustentable, los recursos de los bosques que se encuentran en su territorio. David Barton Bray, investigador que trabajó con comunidades forestales mexicanas entre 1989 y 1997, es contundente: “las empresas forestales comunitarias mexicanas son la mejor evidencia de que existe a nivel global de que el control local de los bosques puede generar una serie de consecuencias positivas”, afirma en su libro Mexico’s Community Forest Enterprises. Success on the Commons and the Seeds of a Good Anthropocene, que entrará en circulación el próximo noviembre, editado por The University of Arizona Press. Bray lo afirma después de ha-

Esta fue la escuela en donde don Andrés Carrera estudió sus primeros tres años de educación básica. Foto: Cortesía Andrés Carrera

Las comunidades cuentan con Planes de Manejo Forestal para determinar cuántos árboles se pueden cortar sin afectar al bosque. Foto: Cortesía Conafor

ber recorrido el país una vez más en 2019, para recabar información para su libro, reencontrarse con algunos ejidatarios y comuneros que

conoce desde hace tres décadas y entrevistar a los dirigentes actuales de varias organizaciones y empresas sociales.

Ese entusiasmo internacional podría parecer inexplicable cuando se contrasta con las cifras de las empresas forestales comunitarias que han logrado consolidarse en México. En un país en donde 15 mil 538 ejidos y comunidades pueden considerarse forestales -por tener por lo menos 200 hectáreas con bosques, selvas o matorrales-, solo 2943 de ellas operan algún tipo de aprovechamiento comercial de sus recursos, de acuerdo con los datos del informe Estado que guarda el sector forestal en México, 2019, publicado por la Comisión Nacional Forestal en febrero de 2020. El panorama parece todavía menos alentador cuando el análisis baja de escala y se observa que el 56 por ciento de esas comunidades se limitan a vender su madera en pie; es decir, a recibir los ingresos que genera su autorización para que una empresa externa tale y extraiga los árboles de sus bosques. Además, poco menos de mil 300 comunidades han logrado crear empresas forestales comunitarias y, de ellas, solo unas 50 realizan procesos de transformación de segundo nivel, para producir desde triplay y tarimas hasta muebles, pi-

Desde la década de los 80, en el Ejido Noh Bec, en Quintana Roo, se realiza manejo forestal comunitario. Foto: Cortesía Graciela Zavala/Rainforest Alliance México

ciación civil Resiliencia y Desarrollo Comunitario. Sergio Madrid Zubirán, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible advierte sin embargo que el hecho de que una comunidad no emprenda proyectos industriales para la transformación de la madera no implica que no reciba beneficios de sus bosques, que no los cuide o que pierda el control sobre ellos: “a veces las comunidades hacen las cuentas y resulta que por su tamaño, por su ubicación, por el tipo de bosque o incluso por la falta de gente para trabajarlo es más redituable vender la madera en pie que procesarla; hay comunidades que han instalado una pequeña industria y después han decidido cerrarla”. Para las comunidades que realizan manejo forestal, los beneficios no son solo económicos. Hay varios ejemplos -sobre todo en estados como Oaxaca, Durango, Chihuahua y Michoacán-, en donde este modelo ha permitido generar empleos, contener la migración, así como contribuir al desarrollo social, al construir caminos, centros de salud y escuelas.

Presiones por todos los frentes sos o molduras.

Potencia forestal que se ignora Estos ejidos y comunidades tienen un papel vital en el sector forestal en México: de los casi 9 millones de metros cúbicos de madera que se producen en forma legal al año, poco más del 70 por ciento provienen de bosques de propiedad colectiva, señalan datos de la

Conafor. La derrama económica que deja la producción de madera a los ejidos y comunidades es cercana a los 10 mil millones de pesos (alrededor de 473 millones de dólares), de acuerdo con cálculos realizados por Juan Manuel Barrera, especialista en el sector forestal mexicano, exfuncionario público y hoy fundador y director ejecutivo de la aso-

Pese a las virtudes del modelo, no solo para el desarrollo rural y la conservación de los bosques, las condiciones para desarrollarlo no son las más favorables. Eso ha llevado a que varios ejidos y comunidades que decidieron apostar por el manejo forestal y fundar empresas forestales, se hayan quedado en el camino. Una carga fiscal excesiva que no reconoce las aportaciones de

las empresas a sus localidades; la descapitalización producida por la disminución drástica de los subsidios estatales; los conflictos al interior de las propias comunidades originados, en algunos casos, por corrupción; los cambios en las autoridades comunitarias; la falta de reinversión en equipo y la ausencia del Estado en el acompañamiento en ciertos procesos son solo algunos factores que contribuyen a que exitosas empresas forestales comunitarias ahora sean solo historia. Uno de esos casos es el del ejido Barranca del Calabozo, en el sur de Jalisco. La comunidad logró tener una certificación internacional y el premio al Mérito Forestal en 2012. Incluso, recibía a representantes de ejidos y comunidades para enseñarles cómo había conseguido ser un ejemplo en el manejo forestal. Sin embargo, desde 2018 su aserradero está cerrado. Especialistas en el sector forestal, como Salvador Anta -miembro del CCMSS y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.)- señalan que en los estados de Jalisco y Guerrero es donde más se ha dado el colapso de empresas forestales comunitarias. En esos dos estados, el crimen organizado controla varias regiones del territorio. Los ejidos y comunidades que mantienen con vida a sus empresas forestales comunitarias coinciden en que deben enfrentar la “tramitología” (por lo menos 10 trámites, cuya aprobación puede tardar hasta más de un año), para lograr que se aprueben sus Planes de Manejo Forestal y les entreguen los documentos para transportar la madera. Y, sobre todo, enfrentan cada

21 Pagos por Servicios Ambientales y con superficies bajo programas de aprovechamiento forestal.

Un nuevo ingrediente: Covid-19

En Durango, las comunidades crearon Grupo Sezaric, empresa forestal que tiene capacidad para procesar 85 mil metros cúbicos de madera en rollo y de hacerlo con el mínimo impacto ambiental, gracias a una inversión constante en tecnología. Foto: Cortesía Grupo Sezaric

En los últimos años, la presión para las comunidades que apuestan al manejo forestal comunitario se ha incrementado. A la lista de retos que ya enfrentaban se suma la crisis provocada por el Covid-19 y, sobre todo, la presencia cada vez más evidente del crimen organizado vez más problemas para colocar, a precios justos, sus productos en un mercado que, en los últimos años, está inundado con madera ilegal y de importación. En el artículo de próxima publicación “Manejo forestal comunitario en México. 40 años caminando”, Sergio Madrid y Sara Cuervo, resaltan que a mediados de la década de los noventa, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, comenzó la entrada de madera de importación con precios bajos. El Estado mexicano, señalan Madrid y Cuervo, “apostó por el desarrollo de diversos sectores de la economía nacional como el turismo y el energético, y descuidó y desvalorizó el sector forestal… Se desaprovechó la posibilidad de convertir a la actividad forestal en un sector económico importante”. A ese escenario se suman otras amenazas, como la presión creciente de las industrias agrícola y turística, que buscan terrenos para expandirse; así como las concesiones mineras que afectan, al menos, a 42 por ciento de los núcleos agra-

Mina Pinos Altos, en el Municipio de Ocampo, en Chihuahua, en donde se extrae oro. El proyecto se encuentra relativamente cerca del Área Natural Protegida Cascada de Basaseachi. Foto: Autor anónimo/Cortesía proyecto Así se mira la minería en México-CCMSS

rios forestales del país, de acuerdo con un el CCMSS; en un informe, la organización advierte, además, que

esas concesiones se empalman con Áreas Naturales Protegidas, con zonas inscritas en el programa de

Desde Michoacán, donde trabaja con empresas forestales comunitarias dedicadas a la producción de resina, Juan Manuel Barrera hace un diagnóstico poco optimista: el sector forestal está colapsado a consecuencia de la pandemia del Covid-19 y los primeros indicadores de recuperación serán evidentes hasta mediados de 2021, cuando empiece a tomar aire el pequeño segmento (10 por ciento) de las empresas madereras que fabrican tarimas de carga para las cerveceras y armadoras automotrices. El panorama es menos alentador para el 80 por ciento de las empresas madereras que tienen como mercado principal la industria de la construcción y para el 10 por ciento que representan los fabricantes de muebles, pisos y molduras. La perspectiva no es mejor para las empresas forestales comunitarias que han optado por diversificarse y desarrollar modelos de negocio centrados en productos no maderables, como las comunidades de resineros con las que Barrera trabaja. Ahí también está colapsada la cadena de valor; sus principales compradores, las fábricas de pintura, suspendieron por completo sus pedidos a partir de abril. También en abril, las comunidades forestales que cuentan con centros ecoturísticos tuvieron que cerrar estos espacios. Mientras que en otras regiones del país, como el sureste, las empresas comunitarias dedicadas a los productos no maderables, como miel o carbón vegetal, detuvieron sus actividades, ya que sus principales clientes son los hoteles y restaurantes de la Riviera Maya, que apenas comenzó a recibir turistas a mediados de junio, en flujos que están lejos de alcanzar los niveles de ocupación tradicionales. Alina Santiago Jiménez, de la comunidad de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, señala dos consecuencias de corto y mediano plazo para las empresas forestales comunitarias del país: “Una de las características fundamentales de nuestras empresas forestales comunitarias es la creación de fuentes de empleo, es una de las cosas más importantes que hacemos; al venirse esta pandemia se pone en riesgo la capacidad para mantener esa actividad

Aserradero abandonado en el Ejido El Balcón, Guerrero. Foto: Cortesía

social. Por otra parte, con la reducción de ventas, de ingresos, el año que viene vamos a tener menos recursos para la inversión que hacemos en el bosque, para mantener bosques sanos, la biodiversidad, el agua; la base de todo el desarrollo sustentable”. Esta situación ha descapitalizado a las empresas forestales comunitarias, en su mayoría pequeñas y medianas, y amenaza con dejar a miles de trabajadores sin los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Para Barrera, esto plantea nuevos retos para el manejo forestal comunitario. Uno de ellos es que las empresas forestales comunitarias pequeñas y medianas, acostumbradas a depender solo de los subsidios, deben desarrollar una nueva cultura financiera. Sergio Madrid añade otra dimen-

sión a esa problemática, desde su perspectiva: el sexenio pasado, la Conafor se limitó a ser una ventanilla de asignación de subsidios, con lo que se generó una enfermedad que él califica como bajalanismo; es decir, obtener “lana” (dinero) de programas públicos. Esto se impulsó, en buena medida, por influencia de algunos prestadores privados de servicios técnicos (ingenieros forestales) que buscaban su propio beneficio económico y que llevaron a las comunidades a concentrarse en solicitar apoyos en los rubros con más dotación de recursos, sin importar si eran relevantes para sus empresas. Para Madrid, es urgente que la Conafor rompa esa inercia y vuelva a generar diagnósticos sólidos por región que permitan atender necesidades específicas de cada zona, recuperando así el espíritu

que animó a las dos generaciones de Proyectos de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales, el componente central de las políticas públicas de promoción al manejo forestal comunitario entre 1995 y 2008.

Fortalecer las capacidades técnicas comunitarias Los servicios técnicos forestales son un factor central para garantizar que ejidos y comunidades tengan en verdad en sus manos el control de sus bosques. Producto de décadas de desconfianza en las capacidades de los habitantes para hacer un manejo sostenible de su capital natural, la legislación mexicana y los trámites que derivan de ella supeditan el otorgamiento de permisos de aprovechamiento a la presentación de planes de manejo forestal elaborados por prestado-

res de servicios forestales certificados que acrediten tanto formación académica como experiencia. Ese requisito ha servido para dejar el control del bosque en manos de técnicos ajenos a la comunidad, que no pocas veces promueven iniciativas orientadas a su beneficio, y no necesariamente al de la comunidad. Para regresar a las comunidades el control cedido a los poco menos de 2000 prestadores de servicios técnicos forestales registrados ante la Semarnat, Madrid considera indispensable desarrollar las capacidades técnicas de las propias comunidades, tal como lo ha hecho la comunidad de Ixtlán de Juárez, en Oaxaca, donde Elías Santiago García encabeza al equipo de 22 integrantes de la Dirección Técnica Forestal. Originario de Ixtlán, nombrado

La comunidad de San Juan Evangelista Analco tiene mil 630 hectáreas de bosques templados y de niebla. Foto: Carmen Pacheco

director técnico forestal en 2015, justo el año en que había que registrar el nuevo Plan de Manejo Forestal para las 19 310 hectáreas que cubre la comunidad, Elías detalla con precisión todas las acciones de aprovechamiento, conservación, restauración y protección del bosque que les permitieron renovar el plan y obtener, en 2017, la certificación internacional de la FSC al manejo forestal y la cadena de custodia de sus bosques. A sus 33 años de edad, Elías representa a una segunda generación de ejidatarios y comuneros que está llegando a la dirección de las empresas forestales comunitarias en México. Si don Andrés Carrera, de Durango, estudió hasta sexto año de primaria y se capacitó en la práctica, Elías se formó como ingeniero forestal en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca; él es capaz lo mismo de generar bases de datos sobre sus bosques, que de programar y mapear actividades de regeneración, diseñar planes de aprovechamiento con una perspectiva de largo plazo o monitorear especies en riesgo, para garantizar la conservación de la biodiversidad, no solo la salud de los árboles. Lograr que cada comunidad desarrolle sus propios servicios técnicos, sola o en asociación con otras comunidades, es una de las metas que se ha planteado León Jorge Castaños, desde su llegada a la dirección general de la Conafor. La agenda de Castaños incluye,

además, simplificar la normatividad y reducir los tiempos de trámites, desarrollar un modelo de gestión territorial integral y cercano a la gente, impulsar iniciativas para evitar los cambios de uso de suelo y promover una agricultura que sea certificada como libre de deforestación. “Se vale soñar”, advirtió Castaño el 16 de julio en el foro “Bosques del futuro. Una ventana al sector forestal”, donde hizo ese listado que incluye también la promoción de empresas forestales competitivas, que desarrollen una economía circular que haga un trabajo integral para producir bienes, alimentos, servicios ambientales y empleos. De alguna manera, es la agenda que Castaños ha impulsado a lo largo de las más de cuatro décadas que lleva trabajando en el sector forestal, desde que ingresó a la pionera Dirección General para el Desarrollo Forestal en los años 70. El gran obstáculo que tiene ante sí el director de Conafor para conseguir sus objetivos es el magro presupuesto que tiene la dependencia para manejo forestal comunitario: alrededor de 1031 millones de pesos (poco más de 48 millones de dólares); una cantidad menor a los 2000 millones de pesos (94 millones de dólares) que se invirtieron en 2019.

¿Una nueva etapa para el manejo forestal? Paradójicamente, a medida que ha ido creciendo la visibilidad glo-

bal de las empresas forestales comunitarias mexicanas exitosas, en la segunda década del Siglo 21 se fueron multiplicando también los análisis que llamaban la atención sobre las dificultades que enfrentaban de manera creciente las organizaciones forestales comunitarias en el país. Como lo consigna David Bray en su libro (sin compartir el diagnóstico), para 2018 esos señalamientos eran ya tan frecuentes que se volvió común hablar de que el sector enfrentaba una crisis, que la pandemia del Covid 19 solo profundizó. Para David Bray, sin embargo, todos estos obstáculos tienen un peso relativo: “Mi libro no alcanza a registrar los efectos del Covid; sin embargo tengo evidencia suficiente para afirmar que si bien el colapso de los mercados puede afectar a las empresas forestales comunitarias en el corto plazo, la capacidad de resiliencia que han desarrollado como comunidades (no juzgadas solo a partir de los criterios empresariales tradicionales) les permitirá sortear la coyuntura”. Desde su perspectiva, el gran reto que enfrentan las empresas forestales comunitarias hoy, pero también los cerca de 11 millones de personas que habitan esas zonas forestales, no proviene ni del mercado, ni de la gobernanza, ni de la reducción del presupuesto destinado a apoyarlas, ni del cambio climático; proviene del crimen organizado. Esa fue la sensación que le dejó a Bray el viaje que realizó al

País en 2019. Bray no es el único que llama la atención sobre ese riesgo. También lo hace Juan Manuel Barrera, que vive y trabaja en Michoacán. En su edición de julio de 2020, Noticias del Sector Forestal -publicación de Conafor- reporta que tan solo en los predios de los Municipios de Coalcomán y Aguililla, en el estado de Michoacán, la presencia de grupos armados ha generado una baja de un 30 por ciento en la superficie aprovechable. José Juan Martínez, coordinador técnico de la Unión Nacional de Organizaciones de Forestaría Comunal A.C., que agrupa a más de 60 organizaciones a nivel nacional, llama la atención sobre un reto más estructural, relacionado con el diseño de políticas públicas: “Necesitamos fortalecer las empresas forestales comunitarias desde la coordinación con el gobierno. El reto es mayor; más allá de la pandemia, es importante que se generen estrategias para el fortalecimiento del sector forestal.” Sergio Madrid no minimiza todas las amenazas que enfrentan hoy las empresas forestales comunitarias, pero también tiene una certeza radical: “Si queremos conservar la riqueza forestal que tiene México, su enorme biodiversidad, el instrumento más idóneo con que contamos es el manejo forestal comunitario. En la medida en que se fortalezca, que haya más comunidades que manejen su bosque, se podrán enfrentar las amenazas”. * Diseño y programación de visualizaciones: Rocío Arias Puga y Daniel Gómez Hernández para Mongabay Latam. Fotografías: Carmen Pacheco; Secretaría de Cultura de México; Rhett A. Butler; A. Belrán; Ignacio Gutiérrez Ruvalcaba; Noé González-Gallegos; Natura; Elías Santiago; Ixtlán de Juárez; Conafor; CCMSS/Enrique Abe; FAO; UCDFI Topia; Comunidad Nuevo San Juan Parangaricutiro; FSC México; Iván Leyva, Red MOCAF; Arturo García; Graciela Zavala/Rainforest Alliance México; Sembrando Vida; María Eugenia Olvera/Polea A.C.

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