Universidades crean programas de inclusión para jóvenes desplazados.
“Queremos transformar el dolor en oportunidades”, señala rectora de la Universidad del Valle.
Edición Especial – octubre 2025
Economía y tierras
Menos del 20% de las familias desplazadas ha recuperado sus tierras. Expertos hablan de una deuda histórica con el campo
Crisis humanitaria: Desplazamiento forzado sigue en aumento en Colombia
El desplazamiento forzado interno en Colombia es un fenómeno de larga data vinculado a la violencia política y económica. Desde mediados del siglo XX, millones de personas han sido expulsadas de sus territorios por los enfrentamientos entre guerrillas (FARC, ELN), grupos paramilitares y otros actores armados. El Informe “Una nación desplazada” (CNMH, 2015) calcula que para esa fecha más de seis millones de colombianos habían sido obligados a desplazarse.
“Salimos de noche, solo con lo que teníamos puesto”.
La voz de una mujer indígena que huyó de su comunidad en el Cauca
Testimonio humano 12
Secciones secundarias
Internacional ��
ONU alerta: Colombia sigue entre los tres países con mayor número de desplazados internos.
Opinión ��
Editorial: “Desplazamiento forzado, una herida abierta en la memoria del país”.
Columna: “Sin tierra, no hay paz”, por investigadora de derechos humanos.
Causas principales
Conflicto armado interno. La violencia entre guerrillas (FARC, ELN, entre otros) y fuerzas paramilitares generó desplazamientos masivos de civiles en todo el país. Este factor sigue siendo predominante en zonas rurales donde persisten grupos armados ilegales
Crimen organizado y narcotráfico La economía ilícita financia a los bandos armados; la disputa por rutas de cultivo de coca, transporte y narcovías provoca intimidaciones y masacres para controlar áreas geográficas
Proyectos de desarrollo Megaproyectos de minería e hidroeléctricas han desarraigado comunidades ONG y víctimas han denunciado que la implementación de estos proyectos causó desplazamientos forzados (por la declaratoria de utilidad pública, la expropiación “legal” de tierra o la contaminación), contabilizándose decenas de miles de desplazados por estas razones
Factores estructurales La profunda desigualdad en la tenencia de la tierra, la pobreza rural extrema y la exclusión socioeconómica son causas subyacentes que facilitan el desplazamiento, pues grupos armados se aprovechan de la debilidad estatal para imponer un modelo económico excluyente que expulsa a los habitantes tradicionales de sus territorios
Estadísticas actualizadas (desplazados internos y retornados) 124
Colombia registra una de las poblaciones desplazadas más grandes del mundo. Según el gobierno, 8.578.124 personas estaban inscritas en el RUV como víctimas de desplazamiento forzado hasta el 31 de diciembre de 2023.De estas, muchos han superado su situación de vulnerabilidad, pero una parte significativa permanece desplazada. El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) estima que al cierre de 2023 unas 5.077.150 personas seguían desplazadas internamente.Las agencias internacionales proporcionan cifras similares: ACNUR calcula que en 2025 hay cerca de 7 millones de desplazados internos en Colombia Por otro lado, retornos y repatriación también figuran en las estadísticas ACNUR informa que Colombia alberga cerca de 500 000 colombianos retornados del exterior (por ejemplo, ciudadanos repatriados de Venezuela) hasta 2025
Impacto social, económico, psicológico y territorial
El desplazamiento forzado tiene consecuencias profundas y multidimensionales Socialmente, “ha desgarrado pueblos y comunidades”, en palabras de la Comisión de la Verdad Las familias se fragmentan, se pierde el tejido comunitario rural y se debilitan las redes de apoyo tradicionales Muchas víctimas quedan en condición de pobreza extrema: pierden la tierra, el ganado y los medios de vida, viéndose forzadas a reinsertarse en la economía urbana de subsistencia. Se ha documentado que la mayoría de hogares desplazados ha visto caer drásticamente sus ingresos y se concentra en estratos socioeconómicos bajos. Por ejemplo, en la localidad de Soacha (Bogotá) los desplazados internos superan 56.000 personas (8,9% de la población local) y habitan asentamientos informales sin servicios públicos básicos.
Regiones más afectadas
Región Pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño)
Nariño (sur del país).
Cauca.
Antioquia
Otros departamentos afectados incluyen Bolívar, Norte de Santander y Arauca. Por ejemplo, Norte de Santander experimentó una crisis humanitaria en 2025: más de 63 000 personas huyeron de la región del Catatumbo por enfrentamientos recientes
Información y últimas noticias del sector cultural y social
En el ámbito internacional y no gubernamental, varias entidades apoyan la respuesta: ACNUR colabora con el gobierno y ONGs locales para proteger y asistir a los desplazados internos, refugiados y retornados Por ejemplo, ACNUR ha suministrado refugios de emergencia y promovido la atención humanitaria con enfoque de género La ONG CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) monitorea la situación y elaboró la Encuesta Nacional de Verificación (IV Encuesta 2023) en alianza con la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas y ACNUR Esta encuesta arroja información sobre las condiciones de vida de los desplazados y retroalimenta las políticas La Defensoría del Pueblo emite alertas y reportes semanales de emergencia humanitaria (con cifra de nuevos desplazados), mientras el CICR aboga por el respeto del DIH en zonas de conflicto Además, organizaciones indígenas y afrodescendientes (p ej ONIC, CRIC) han exigido atención diferencial y han denunciado casos de desplazamientos por minería y megaproyectos
Políticas públicas y programas de atención
Colombia ha desarrollado un marco normativo y una institucionalidad específica para atender el desplazamiento forzado Las leyes principales son la Ley 387 de 1997 (prevención y atención inicial) y la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) La Ley 1448 creó el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), estableció el Registro Único de Víctimas (RUV) y dispuso indemnizaciones y planes de retorno/reubicación El Artículo 13 de la Ley 1448 obliga al Estado a hacer seguimiento semestral de las tendencias del desplazamiento y evaluar las políticas aplicadas.
Asistencia humanitaria y psicosocial La Unidad para las Víctimas coordina la atención inmediata a víctimas desplazadas: entrega de ayudas en efectivo o en especie, alojamiento de emergencia y atención en salud Desde 2022 hasta 2024 se reportó asistencia humanitaria a más de 21 000 desplazados
Indemnizaciones y reparación Se otorgan indemnizaciones administrativas por un monto monetario fijo a familias reconocidas como víctimas Además, existen programas de vivienda de interés prioritario para reubicar a desplazados En Colombia opera un Fondo de Víctimas especial (articulado con el Sistema General de Regalías) para financiar indemnizaciones, proyectos productivos y educativos.
Reincorporación y tierras. La Ley 1448 establece la restitución de tierras para quienes acrediten propiedad. Se han implementado consultas especiales en territorios colectivos. Sin embargo, la restitución avanza lentamente. En paralelo, la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) intentan atacar las causas estructurales del conflicto en 16 subregiones priorizadas, vinculando inversión social con la protección de víctimas (por ejemplo, el 19% de los desplazados recientes proviene de municipios PDET, donde se concentra población étnica vulnerable)
El desplazamiento forzado en Colombia se ha traducido en historias de vida muy diversas Por ejemplo, la líder afro Cruz
María Murillo cuenta que en 1997 su comunidad del río Cacarica (Chocó) fue desalojada masivamente por una operación militar-paramilitar, obligando a 23 poblaciones rurales a huir por ríos selváticos hasta Urabá antioqueño
En su testimonio narra el dolor del desarraigo, la pérdida de la tierra ancestral y las dificultades para reconstruir la vida (“tenía todas estas experiencias guardadas y sentía que debía recogerlas para contárselas a los demás”
Otro caso paradigmático es el de Mampuján (Montes de María) donde, en marzo del 2000, paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María asesinaron a 11 habitantes y forzaron la salida de 300 familias del corregimiento. La impunidad de estos hechos motivó a las víctimas (como las Tejedoras de Mampuján) a crear museos de memoria para documentar la tragedia y exigir no repetición
Enfoque de derechos humanos
El desplazamiento forzado es un fenómeno regulado tanto por el derecho interno como por normas internacionales.
La Constitución Política y leyes nacionales (Ley 387 de 1997 y Ley 1448 de 2011) establecen obligaciones claras para el Estado En efecto, la Ley 387/97 dispone que “es responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y estabilización socioeconómica de los desplazados internos”
En el ámbito del derecho internacional, se aplica el Derecho Internacional
Humanitario (DIH) debido a los conflictos armados en Colombia. El DIH prohíbe expresamente los desplazamientos forzados de población civil, salvo que la seguridad de los propios civiles o razones militares imperiosas lo exijan
En línea con ello, los Principios Rectores de la ONU sobre desplazamiento interno –aunque no son tratados vinculantes– estipulan que las autoridades nacionales tienen la “obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos” en su territorio
De esta manera, el marco de derechos humanos enfatiza que el Estado debe prevenir el fenómeno (evitando factores de expulsión) y brindar asistencia adecuada (atención médica, vivienda, educación, etc.), en consonancia con instrumentos como la Convención de Ginebra IV y sus Protocolos (que protegen a civiles en conflictos internos) y estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre restitución de tierras y reparación integral
Impacto diferenciado en poblaciones vulnerables
Mujeres y niñas: Constituyen la mayoría de los desplazados: según ACNUR hasta 2009 eran cerca del 83% del total registrado (más de 3,2millones)
Niños y adolescentes: El desarraigo interrumpe la educación y genera trauma. El caso de Carlos Córdoba muestra que, al llegar como niño a la ciudad, su familia tardó dos años en matricular a los niños en la escuela por carecer de documentos legales Comunidades afrodescendientes: Las poblaciones negras y raizales son las más afectadas en números absolutos Según la Unidad para las Víctimas, al 2023 había 1 210 325 víctimas de desplazamiento identificadas entre indígenas, afro y raizales, cifra que concentra el 52,8% mujeres
Comparaciones internacionales
La magnitud del desplazamiento en Colombia es comparativamente de las más graves del mundo Hacia finales de 2023 la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimaba en 6,9 millones el número de desplazados internos colombianos con derecho a reparación(cifra que además excluye a quienes aún no están registrados). Esta cifra sólo es superada por los 7,2 millones reportados en Siria, y está por encima de los 6,3 millones de la República Democrática del Congo o los 4,5 millones de Yemen En términos globales, el informe “Tendencias Globales 2023 ” de ACNUR señala que al cierre del año había 63,3 millones de desplazados internos en el mundo, por lo que Colombia concentra más del 10% de todos los desplazados internos del planeta A diferencia de otras crisis, el desplazamiento colombiano es de larga duración (varios decenios), con idas y venidas de familias enteras; por ejemplo, algunas comunidades han vivido retornos temporales frustrados.
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES NACIONALES
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también brinda ayuda médica y de emergencia en zonas rurales afectadas Además, agencias como UNICEF o ACNUR han establecido programas conjuntos (por ejemplo, educación en emergencia para niños y niñas desplazados). A nivel de cooperación internacional, países donantes (EE UU , Unión Europea, Japón, etc ) financian proyectos de seguridad alimentaria, vivienda y fortalecimiento institucional No obstante, recortes recientes en la ayuda exterior han sido denunciados por organismos multilaterales como un grave riesgo, dejando a miles de desplazados en situación de vulnerabilidad creciente
Rol del Estado, ONGs y cooperación internacional
Las respuestas al desplazamiento involucran a múltiples actores A nivel estatal, Colombia ha desarrollado un marco institucional complejo: la Ley 1448/2011 y su reglamentación articulan la reparación integral (incluyendo restitución de tierras y medidas de satisfacción) para las víctimas del conflicto; la Unidad para las Víctimas coordina la atención psicosocial, educación, salud y subsidios sociales para desplazados La misma Ley 387 consagra que los desplazados “tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional”
Nuevas dimensiones y tendencias recientes
DESPLAZAMIENTO POR FACTORES AMBIENTALES
En la Sentencia T-123 de 2024, la Corte Constitucional reconoció que ya no sólo el conflicto armado desplaza personas, sino también los desastres naturales, cambio climático y degradación ambiental Por ejemplo, personas que debieron abandonar su hogar porque sus viviendas fueron destruidas o el riesgo era inminente, desplazándose de zonas rurales hacia zonas urbanas (municipios como Saravena)
Este reconocimiento abre la puerta para que la protección legal, la política pública y los mecanismos de reparación incluyan ese tipo de desplazamientos, no solo los originados por actores armados
Educación y procesos escolares interrumpidos
Estudio reciente en Istmina (Chocó) muestra cómo el desplazamiento forzado afecta directamente al rendimiento escolar, la adaptación a nuevos entornos, la interrupción de estudios y la exclusión por barreras administrativas y materiales
En muchas zonas afectadas, los niños desplazados enfrentan problemas para reiniciar sus estudios por falta de documentos, recursos, transporte, o porque las escuelas están cerradas o no operan adecuadamente debido a la inseguridad Esta desescolarización incrementa la vulnerabilidad
Entre enero y abril de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 66 141 personas desplazadas y 11 490 confinadas en Catatumbo Para esos mismos meses, Chocó, Antioquia y Putumayo fueron los departamentos con más eventos de desplazamiento y de confinamiento
En el Catatumbo, en los primeros dos meses de 2025, se registran cerca de 55 659 personas desplazadas y 8 596 personas confinadas, según datos de ONGs y la Defensoría En el primer semestre de 2025, más de 77 700 personas fueron desplazadas por violencia armada en Colombia, principalmente en regiones con ausencia institucional fuerte y presencia de grupos armados ilegales
Estado de cosa inconstitucional (ECI) y jurisprudencia relevante
La Sentencia T-025 de 2004 declaró el estado de cosa inconstitucional ante la vulneración masiva, múltiple y continua de los derechos fundamentales de la población desplazada, por omisiones del Estado en protección, prevención, reparación y prestación de los servicios básicos
Subregistro y demora en reconocimiento: Muchas víctimas no están inscritas en registros oficiales (RUV), lo que dificulta que accedan a reparación, ayudas humanitarias y programas estatales
Persistencia del desplazamiento y recurrentes retornos forzados: En algunas zonas, las personasretornanaterritoriosaúninseguros,lo queprovocadesplazamientosrepetidos
Desarticulación institucional territorial: En municipios o zonas rurales remotas, la presencia estatal (policía,salud,educación)esdébiloinexistente,loquedificultalaprevención,elaccesoaserviciosyla protección.
Amenaza creciente del crimen organizado: Las disidencias de las FARC, grupos emergentes, ELN y bandas criminales, disputan territorios estratégicos para economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal), lo que intensifica la violencia y provoca desplazamiento. Las zonas fronterizas, como el Catatumbo,soncríticas.
El marco jurídico colombiano con la Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de 2011 y múltiples sentencias de la Corte Constitucional reconoce la especial protección a esta población y la responsabilidad primaria del Estado en su atención y reparación Sin embargo, persisten vacíos estructurales que han llevado a la Corte a declarar un estado de cosas inconstitucional desde 2004, aún no superado.
Referencias
Referencias jurídicas y normativas Organismos internacionales
Congreso de la República de Colombia. (1997). Ley 387 de 1997: Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Corte Constitucional de Colombia. (2004). Sentencia T-025 de 2004.
Bogotá: Corte Constitucional.
Corte Constitucional de Colombia. (2023). Sentencia T-486 de 2023.
Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-123 de 2024 (desplazamiento forzado por factores ambientales).
Informes especializados y académicos
ACNUR – Agencia de la ONU para los Refugiados. (2023). Tendencias Globales 2023: Desplazamiento forzado en el mundo. ACNUR Colombia. (2022–2025). Informes y testimonios sobre desplazamiento interno en Colombia.
Naciones Unidas. (1998). Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2022–2024). Informes humanitarios anuales sobre Colombia.
Instituciones nacionales
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). (2023–2025). Registro Único de Víctimas (RUV) –Informes estadísticos. Defensoría del Pueblo de Colombia. (2025).
Movilidad humana forzada en Colombia (enero–abril 2025).
