Historia de la educación en las cárceles de Argentina Si bien la educación para jóvenes y adultos en situación de privación de libertad estaba prevista en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley N.º 24.660/1996), obligando al Estado a brindar educación en las instituciones penitenciarias argentinas, la oferta educativa era casi exclusivamente de nivel primario, con muy poca cobertura y, en el caso de las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal, las clases eran dictadas por los agentes penitenciarios. En el período de 2000 a 2003, la educación en las cárceles forma parte de la línea de trabajo del área de educación de jóvenes y adultos del Ministerio de Educación de la Nación. De 2003 a 2006, a través del Programa Educación en Contexto de Encierro, se invirtió en la discusión para integrar el tema en las agendas políticas y, en 2007, se creó la Coordinación de la Modalidad Educativa en Contextos de Privación de Libertad con el objetivo de implementar lo previsto en la Ley Nacional de Educación, principalmente en la constitución de la identidad de la modalidad a nivel federal y la producción de reglamentos. Con la sanción de la Ley de Educación Nacional (Ley N.º 26.206/2006), la Educación en Contextos de Privación de Libertad es reconocida como una de las modalidades del Sistema Educativo Nacional y el Ministerio de Educación de la Nación ha creado un programa nacional específico para atender la educación de las personas privadas de libertad, a través de un trabajo conjunto entre los gobiernos de educación y justicia. La sanción de la Ley Nacional permitió la aprobación de otras leyes, así como de Resoluciones del Consejo Federal de Educación, que consolidaron la identidad de la modalidad y otorgaron elementos para su reorganización. Así, se estableció que la educación es un derecho inalienable de toda persona privada de libertad, que no puede ser violado sin razón, que alcanza a todos los niveles y modalidades educativas y que debe ser impartida por directivos y docentes de los sistemas educativos jurisdiccionales. Hacen hincapié en la plena inclusión educativa y afirman que la educación en estos espacios no es un beneficio o un tratamiento, sino un derecho.
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