ANUARIO 2025 YEARBOOK 2025
Desde 2013 - Since 2013


ÍNDICE
CORPORATIVO
DIRECTORIO
EDITORIAL
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Desde 2013 - Since 2013


EDITORIAL
Por Nicolás Fernández, Presidente de ANIR
En los últimos años, el reciclaje en Chile ha dejado de ser un tema periférico convirtiéndose en parte del debate público, de la agenda regulatoria y de las conversaciones cotidianas de empresas, municipios y por supuesto de la ciudadanía. Sin embargo, alcanzar esa madurez no ha sido un camino fácil. Detrás de cada avance en la Ley REP, de cada estándar ambiental o de cada punto limpio operativo, existe el esfuerzo sostenido de una industria que ha crecido, se ha formalizado y ha aprendido a colaborar para construir soluciones.
Desde ANIR, hemos sido testigos, protagonistas y partícipes de esa transformación. Nuestra misión gremial siempre ha sido representar con responsabilidad a quienes día a día transforman residuos en recursos. Lo hacemos con la convicción de que el reciclaje no es solo una tarea ambiental, sino también un motor económico y social que incuba innovación, genera empleos e impulsa el desarrollo local en todas las regiones del país.
El Anuario ANIR 2025 llega en un momento crucial. Nos encontramos en la antesala de nuevos desafíos para la Ley REP, con la incorporación de productos prioritarios como los textiles y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Estos avances normativos abren una nueva etapa, ciertamente más compleja, pero a su vez más prometedora. Como asociación gremial, creemos que el éxito de esta implementación dependerá de una regulación que habilite, sume y acepte, más que restrinja; que escuche a la industria y reconozca la experiencia acumulada de quienes llevan más de 50 años trabajando por una gestión responsable de todo tipo de materiales.
Durante este último periodo y en línea con nuestra segunda planificación estratégica, que refleja el espíritu colaborativo y visionario de nuestros socios, ANIR ha fortalecido su presencia institucional y su capacidad de incidencia. Hemos participado activamente en las Mesas Ejecutivas para la Productividad de CORFO (MEP), el Consejo Consultivo de la SEREMI de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, la Mesa Público-Privada de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, la Mesa Regional de Economía Circular y Simbiosis Industrial de La Araucanía, y recientemente, formando parte integral del Consejo Directivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC).
Asimismo, en el plano internacional, seguimos participando activamente del Bureau of International Recycling (BIR), Recycled Materials Association (REMA) y en las Ruedas de Negocios de ProChile en Europa, fortaleciendo el posicionamiento de la industria del reciclaje chilena en el contexto global. Sumando a que somos fuente activa de información para el desarrollo de reportajes a nivel internacional.
Asimismo Iniciativas como el Séptimo Recurso también han permitido acercar el valor del reciclaje a la ciudadanía, mostrando el lado más humano y transformador de nuestra labor.
Pero no podemos dejar de reconocer que todavía enfrentamos barreras estructurales. La burocracia y la permisología siguen siendo cuellos de botella que dificultan el crecimiento de las plantas, retrasan inversiones y, en muchos casos, desincentivan la formalidad. En ese contexto, nuestro llamado es claro: necesitamos una institucionalidad que acompañe al sector, que simplifique procesos y que entienda que cada día de demora es un día perdido para el crecimiento de nuestro ecosistema.
Este Anuario reúne la voz de nuestros socios, de autoridades, especialistas y aliados que comparten una misma convicción: que el reciclaje no es solo una actividad industrial, sino una herramienta de cambio para el país. Aquí encontrarán reflexiones sobre el rol económico del sector, la digitalización de la información, la trazabilidad, la cooperación internacional y los impactos concretos del reciclaje en regiones.
Como gremio, seguiremos trabajando para que cada política pública, cada reglamento y cada inversión reconozcan el impacto positivo que distingue a nuestra industria. Porque detrás de cada tonelada recuperada hay personas, familias, comunidades y sueños que se construyen sobre la base de un mismo principio: que los residuos pueden y deben ser parte de la solución.
Tenemos todo para convertir a nuestro país en un referente regional con respecto al tratamiento de materiales descartados porque sabemos que somos la industria que descontamina Chile. Desde ANIR, reafirmamos nuestro compromiso con ese propósito y con todos quienes lo hacen posible.
By Nicolás Fernández, President of ANIR
In recent years, recycling in Chile has ceased to be a peripheral issue, becoming part of the public debate, the regulatory agenda, and the daily conversations of companies, municipalities, and, of course, the public. However, reaching that maturity has not been an easy road. Behind every advance in the EPR Law, every environmental standard, or every operational clean point, lies the sustained effort of an industry that has grown, formalized, and learned to collaborate to build solutions.
From ANIR, we have been witnesses, protagonists, and participants in this transformation. Our trade association mission has always been to responsibly represent those who transform waste into resources every day. We do so with the conviction that recycling is not only an environmental task but also an economic and social engine that incubates innovation, generates jobs, and boosts local development across all regions of the country.
The ANIR 2025 Yearbook arrives at a crucial moment. We are on the eve of new challenges for the EPR Law, with the incorporation of priority products such as textiles and electrical and electronic equipment waste (WEEE). These regulatory advancements open a new stage—certainly more complex, yet more promising. As a trade association, we believe that the success of this implementation will depend on a regulation that enables, adds, and accepts, rather than restricts; one that listens to the industry and recognizes the accumulated experience of those who have been working for over 50 years toward the responsible management of all types of materials.
During this last period, and in line with our second strategic planning—which reflects the collaborative and visionary spirit of our members—ANIR has strengthened its institutional presence and capacity for influence. We have actively participated in the CORFO Executive Tables for Productivity (MEP), the Advisory Council of the Metropolitan Region’s SEREMI of the Environment, the Public-Private Circular Economy Table of the Ministry of the Environment, the Regional Table for Circular Economy and Industrial Symbiosis in La Araucanía, and recently, becoming an integral part of the Governing

Council of the Agency for Sustainability and Climate Change (ASCC).
Furthermore, on the international front, we continue to actively participate in the Bureau of International Recycling (BIR), the Recycled Materials Association (REMA), and ProChile Business Roundtables in Europe, strengthening the positioning of the Chilean recycling industry in the global context. In addition, we are an active source of information for the development of international reports.
Initiatives like Séptimo Recurso have also helped bring the value of recycling closer to the public, showcasing the most human and transformative side of our work.
However, we must recognize that we still face structural barriers. Bureaucracy and the permitting process continue to be bottlenecks that hinder the growth of plants, delay investments, and, in many cases, disincentivize formality. In this context, our call is clear: we need an institutional framework that supports the sector, simplifies processes, and understands that every day of delay is a day lost for the growth of our ecosystem.
This Yearbook gathers the voices of our members, authorities, specialists, and allies who share the same conviction: that recycling is not just an industrial activity, but a tool for change for the country. Here you will find reflections on the sector’s economic role, the digitalization of information, traceability, international cooperation, and the concrete impacts of recycling in the regions.
As a trade association, we will continue to work so that every public policy, every regulation, and every investment recognizes the positive impact that distinguishes our industry. Because behind every recovered ton, there are people, families, communities, and dreams being built on the basis of a single principle: that waste can and must be part of the solution.
We have everything necessary to turn our country into a regional benchmark for the treatment of discarded materials because we know that we are the industry that decontaminates Chile. From ANIR, we reaffirm our commitment to that purpose and to all those who make it possible.
Por Antonia Biggs, Gerenta General de ANIR

En los últimos años, la palabra sostenibilidad se ha instalado con fuerza en el lenguaje empresarial. Sin embargo, más allá de la comunicación o los compromisos públicos, el verdadero cambio ocurre cuando la sostenibilidad deja de ser una tendencia “viral” y pasa a formar parte de la estrategia central de las compañías.
En ANIR, lo vemos todos los días a través de nuestros socios. Empresas que no solo gestionan materiales, sino que innovan, invierten y crean empleo en todo el país. Desde plantas de reciclaje que se expanden en regiones hasta emprendimientos que transforman materiales en nuevos productos, la industria del reciclaje se ha consolidado como un pilar esencial para una economía más limpia, eficiente y justa.
Pero este avance no es casual. Es fruto de un esfuerzo colectivo por demostrar que el reciclaje no es un costo, sino una oportunidad. Cada tonelada que se recupera y revaloriza representa un paso hacia una economía que cuida sus recursos, genera valor local y reduce su huella ambiental. Y, sobre todo, muestra que la sostenibilidad puede y debe convivir con la competitividad.
Chile se encuentra en un punto de inflexión. Con la implementación progresiva de la Ley REP y la incorporación de nuevos productos prioritarios, tenemos
la oportunidad de fortalecer una industria que no solo responde a obligaciones normativas, sino que también lidera y propone soluciones. La REP no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir cadenas de valor más circulares, colaborativas y transparentes.
El desafío ahora está en mirar más allá de las metas de recolección y reciclaje. Necesitamos avanzar hacia la trazabilidad, la innovación y la creación de valor compartido entre el sector público, privado y la sociedad civil –que es clave-. El trabajo articulado entre productores, recicladores, gestores y autoridades es la base de un sistema que funcione, se sostenga y crezca en el tiempo.
Nuestros socios lo están haciendo posible. Desde ANIR, seguiremos acompañando y visibilizando su aporte: las inversiones que generan empleo verde, los proyectos que promueven desarrollo territorial y las iniciativas que nos acercan a un país cada vez más comprometido con el reciclaje.
Porque la sostenibilidad no es una meta individual, sino un propósito compartido. Y en ese propósito, la industria tiene un rol que cumplir y una historia que seguir escribiendo.
By Antonia Biggs, General Manager of ANIR
In recent years, the word sustainability has gained strong traction in the business world. Yet beyond communications or public commitments, true transformation happens when sustainability stops being a passing trend and becomes a core part of a company’s strategy.
At ANIR, we see this every day through the work of our members — companies that not only manage materials, but also innovate, invest, and create jobs across the country. From recycling plants expanding in regional territories to entrepreneurs turning discarded materials into new products, the recycling industry has become an essential pillar of a cleaner, more efficient, and fairer economy.
This progress is no coincidence. It is the result of a collective effort to show that recycling is not a cost, but an opportunity. Every ton recovered and revalued represents a step toward an economy that preserves its resources, generates local value, and reduces its environmental footprint. Above all, it proves that sustainability can — and must — coexist with competitiveness.
Chile now stands at a turning point. With the progressive implementation of the Extended Producer Responsibility Law (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, REP) and the inclusion of new priority products, we have the opportunity to strengthen an industry that not only complies with regulations but also leads and proposes innovative solutions. The REP framework should not be seen as an end in itself, but as a means to build value chains that are more circular, collaborative, and transparent.
The challenge ahead lies in looking beyond collection and recycling targets. We must move toward traceability, innovation, and the creation of shared value among the public sector, private companies, and civil society — which plays a key role. The coordinated work between producers, recyclers, waste managers, and authorities is the foundation of a system that functions, endures, and evolves over time.
Our members are already making this possible. From ANIR, we will continue to support and highlight their contributions — the investments that generate green jobs, the projects that drive regional development, and the initiatives that bring us closer to a country truly committed to recycling.
Because sustainability is not an individual goal, but a shared purpose. And within that purpose, our industry has an essential role to play and a story still being written.
El desafío ahora está en mirar más allá de las metas de recolección y reciclaje. Necesitamos avanzar hacia la trazabilidad, la innovación y la creación de valor compartido entre el sector público, privado y la sociedad civil –que es clave–.
The challenge ahead lies in looking beyond collection and recycling targets. We must move toward traceability, innovation, and the creation of shared value among the public sector, private companies, and civil society — which plays a key role.
La influencia de un gremio pionero en el desarrollo del ecosistema REP.
Cuando la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR) se fundó en 2013, el sector del reciclaje en Chile estaba lejos de ser reconocido como una industria estratégica. La economía circular era una noción emergente, y la idea de que los residuos pudieran transformarse en recursos productivos apenas comenzaba a permear en la agenda pública.
En ese contexto, ANIR nació como una visión colectiva. Su propósito fue agrupar a las empresas que comprendían que la gestión de residuos no era solo un desafío ambiental, sino una oportunidad económica y social y que debía compartir con el sector público la realidad del rubro (cifras, operativa, entre otros). Desde entonces, el gremio ha jugado un rol clave en articular, representar y profesionalizar a una industria que hoy se reconoce como motor del desarrollo sostenible del país.
De la articulación gremial al impacto en la política pública.

A lo largo de más de una década, ANIR ha evolucionado desde un grupo de empresas comprometidas con la valorización de residuos, hasta convertirse en un actor central del ecosistema REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor). Su aporte no se limita a la representación empresarial: ha sido un espacio de coordinación técnica, política y estratégica entre el sector público y el privado.
Desde 2016, cuando se promulgó la Ley REP, ANIR impulsó un trabajo sostenido para acompañar su implementación. A través de participación en los Comités Operativos Ampliados, mesas de diálogo, estudios comparativos y acciones de incidencia, la asociación logró posicionarse como referente técnico y articulador de soluciones.
Uno de los hitos más relevantes fue su participación en las Mesas Ejecutivas para la Productividad (MEP), donde ANIR representó a la industria del reciclaje en la búsqueda de soluciones para reducir trabas normativas, agilizar permisos y fortalecer la competitividad del sector. Esta instancia ha permitido traducir desafíos de la industria en propuestas concretas para los ministerios sectoriales, reafirmando el valor del trabajo públicoprivado.
“Las MEP marcaron un antes y un después para nuestra industria. Por primera vez, el reciclaje se reconoció como parte de la productividad nacional y no solo como una tarea ambiental”, destaca la directiva de ANIR.

Otro hito clave en la historia de ANIR ha sido su apuesta por la educación y la comunicación para el cambio cultural. Con el lanzamiento del programa audiovisual “Séptimo Recurso”, la asociación dio un paso decisivo para visibilizar el trabajo de sus empresas socias y mostrar al reciclaje como una industria moderna, innovadora y socialmente relevante
El programa, producido junto a distintos actores del ecosistema, ha recorrido plantas, centros de valorización y proyectos regionales que muestran el aporte del reciclaje al desarrollo territorial, la innovación y la empleabilidad.
“Séptimo Recurso ha permitido llevar la voz de nuestros socios a todo Chile. Queremos que la ciudadanía vea lo que hay detrás de cada proceso de reciclaje: inversión, tecnología, trabajo y compromiso. Más aún queremos derribar el mito que “el reciclaje en Chile no existe” ya que existe y hace muchos años.”, explica Antonia Biggs, gerenta general de ANIR.
Colaboración internacional: presencia en BIR y ProChile.
En 2025, ANIR consolidó su presencia internacional a través de dos hitos: su participación en el Bureau of International Recycling (BIR) y en la Rueda de Negocios Europa – ProChile en Países Bajos. Ambos espacios reafirmaron el liderazgo del gremio y su visión estratégica para proyectar la industria chilena del reciclaje hacia nuevos mercados.

Durante el encuentro del BIR 2025, Antonia Biggs y el vicepresidente Guillermo Venegas representaron a Chile en las mesas de trabajo dedicadas a economía circular y estándares globales de reciclaje, marcando un precedente para el país y la región. Su participación permitió estrechar vínculos con actores europeos y latinoamericanos.
En paralelo, la Rueda de Negocios Europa – ProChile en Países Bajos permitió abrir canales de cooperación con empresas exportadoras e inversionistas interesados en el potencial de la industria chilena de valorización. .
“Chile tiene una industria del reciclaje sólida y formal, que reúne las condiciones para convertirnos en un país exportador de soluciones circulares”, señaló Biggs durante el encuentro.

Con más de una década de trayectoria, ANIR inicia un nuevo ciclo marcado por la implementación completa de la Ley REP, la digitalización de la cadena de valorización y la consolidación de su red de socios a lo largo del país, potenciando las fortalezas existentes en regiones como La Araucanía, donde ANIR continúa ampliando su presencia y articulación territorial.
El 23 de octubre de 2025, ANIR participó en el lanzamiento de la Mesa Regional de Economía Circular y Simbiosis Industrial de La Araucanía, impulsada por la Seremi de Economía y Corfo en el Parque Industrial Lautaro. En representación del gremio asistió y participará permanentemente su Vicepresidente, Guillermo Venegas, quien destacó la relevancia de esta instancia para fortalecer las tasas de reciclaje regional y avanzar hacia una gestión más sostenible de los materiales.
“La constitución de esta mesa va en la dirección correcta para aumentar las tasas de reciclaje que la región necesita con urgencia”, señaló Venegas, subrayando la importancia de la colaboración público-privada para enfrentar los desafíos locales.
Desde ANIR valoramos y acompañamos este tipo de iniciativas que fortalecen el trabajo conjunto entre los distintos actores del ecosistema de reciclaje y valorización en el país. Los desafíos siguen siendo grandes: acelerar la inversión, reducir la burocracia en permisos, promover un mejor trazabilidad de los materiales, ajustar los incentivos para potenciar la participación en el marco de la Ley REP, aumentar la fiscalización, transparentar los procesos licitatorios de los sistemas de gestión y fortalecer la educación ambiental. Pero también las oportunidades son únicas: la demanda global por materiales reciclados y la transición hacia economías bajas en carbono abren un escenario de crecimiento sostenible para Chile.
En ese camino, ANIR reafirma su compromiso con la colaboración público-privada, la innovación tecnológica y la generación de empleo verde. Su labor como articulador gremial se proyecta no solo como una voz técnica, sino como una fuerza transformadora en el desarrollo del país.
“El reciclaje no solo limpia, sino que también crea valor, empleo y oportunidades. Somos una industria que produce desarrollo”, enfatiza el gremio.

Esta frase resume la esencia de ANIR y el espíritu que ha guiado su trabajo desde su creación. Una industria diversa, innovadora y comprometida, que convierte los residuos en recursos, las brechas en oportunidades y la colaboración en un camino hacia el futuro.
A través de su historia, ANIR ha demostrado que la sostenibilidad no se decreta: se construye con esfuerzo, tecnología y visión compartida. Por eso, hoy más que nunca, somos la industria que descontamina Chile.
When the National Association of the Recycling Industry (ANIR) was founded in 2013 , the recycling sector in Chile was far from being recognized as a strategic industry. The circular economy was an emerging notion, and the idea that waste could be transformed into productive resources was just beginning to permeate the public agenda.
In that context, ANIR was born from a collective vision. Its purpose was to group companies that understood that waste management was not only an environmental challenge but an economic and social opportunity , and that the industry’s reality (figures, operations, among others) should be shared with the public sector. Since then, the association has played a key role in articulating, representing, and professionalizing an industry that is now recognized as a driver of the country’s sustainable development.

Throughout more than a decade, ANIR has evolved from a group of companies committed to waste valorization, to becoming a central player in the EPR ecosystem (Extended Producer Responsibility Law). Its contribution is not limited to business representation: it has been a space for technical, political, and strategic coordination between the public and private sectors.
Since 2016, when the EPR Law was enacted , ANIR promoted sustained work to accompany its implementation. Through participation in the Expanded Operating Committees, dialogue tables, comparative studies, and advocacy actions, the association managed
to position itself as a technical benchmark and articulator of solutions.
One of the most relevant milestones was its participation in the Executive Tables for Productivity (MEP) , where ANIR represented the recycling industry in the search for solutions to reduce normative hurdles, streamline permits, and strengthen the competitiveness of the sector. This instance has allowed translating industry challenges into concrete proposals for sectoral ministries, reaffirming the value of public-private work.
“The MEP marked a before and after for our industry. For the first time, recycling was recognized as part of national productivity and not just as an environmental task,” highlights the ANIR executive.

Another key milestone in ANIR’s history has been its commitment to education and communication for cultural change. With the launch of the audiovisual program “Séptimo Recurso” (Seventh Resource) , the association took a decisive step to make the work of its member companies visible and show recycling as a modern, innovative, and socially relevant industry
The program, produced together with different actors in the ecosystem, has covered plants, valorization centers, and regional projects that show recycling’s contribution to territorial development, innovation, and employability.
“Séptimo Recurso has allowed the voice of our members to reach all of Chile. We want the citizenry to see what is behind every recycling process: investment, technology, work, and commitment. Moreover, we want to debunk the myth that ‘recycling does not exist in Chile,’ because it does, and has for many years,” explains Antonia Biggs, General Manager of ANIR.
In 2025, ANIR consolidated its international presence through two milestones: its participation in the Bureau of International Recycling (BIR) and in the Europe – ProChile Business Roundtable in the Netherlands. Both spaces reaffirmed the association’s leadership and its strategic vision to project the Chilean recycling industry toward new markets.

During the BIR 2025 meeting , Antonia Biggs and Vice President Guillermo Venegas represented Chile in the working tables dedicated to the circular economy and global recycling standards , marking a precedent for the country and the region. Their participation allowed strengthening ties with European and Latin American actors.
In parallel, the Europe – ProChile Business Roundtable in the Netherlands allowed opening channels of cooperation with exporting companies and investors interested in the potential of the Chilean valorization industry. “Chile has a solid and formal recycling industry, which meets the conditions to become an exporting country of circular solutions,” Biggs said during the meeting.

With more than a decade of experience, ANIR begins a new cycle marked by the complete implementation of the EPR Law , the digitalization of the valorization chain, and the consolidation of its network of partners throughout the country , strengthening existing strengths in regions like La Araucanía, where ANIR continues to expand its presence and territorial articulation.
On October 23, 2025, ANIR participated in the launch of the La Araucanía Regional Circular Economy and Industrial Symbiosis Table , promoted by the Seremi of Economy and Corfo at the Lautaro Industrial Park. The association was represented and will actively be by its Vice President, Guillermo Venegas , who highlighted the relevance of this instance to strengthen regional recycling rates and advance toward more sustainable material management.
“The constitution of this table is moving in the right direction to increase the recycling rates that the
region urgently needs,” Venegas noted , underlining the importance of public-private collaboration to address local challenges.
From ANIR, we value and accompany this type of initiative that strengthens the joint work between the different actors in the recycling and valorization ecosystem in the country.
The challenges remain significant: accelerating investment, reducing bureaucracy in permits, promoting better material traceability, adjusting incentives to boost participation within the framework of the EPR Law , increasing oversight, increasing transparency in management system bidding processes, and strengthening environmental education. But the opportunities are also unique: global demand for recycled materials and the transition toward low-carbon economies open a scenario of sustainable growth for Chile.
On this path, ANIR reaffirms its commitment to publicprivate collaboration, technological innovation, and the generation of green employment. Its work as a trade articulator is projected not only as a technical voice but as a transformative force in the development of the country.
“Recycling does not only clean; it also creates value, employment, and opportunities. We are an industry that produces development,” emphasizes the association.
We are the industry that decontaminates Chile.

This phrase summarizes ANIR’s essence and the spirit that has guided its work since its creation. A diverse, innovative, and committed industry, which converts waste into resources, gaps into opportunities, and collaboration into a path toward the future. Throughout its history, ANIR has demonstrated that sustainability is not decreed: it is built with effort, technology, and a shared vision. Therefore, today more than ever, we are the industry that decontaminates Chile.
El país suma un nuevo producto prioritario a su marco REP, abriendo el camino hacia una gestión sostenible del vestuario y la moda.
El 4 de julio de 2025 marcó un punto de inflexión para la gestión de residuos en Chile: los textiles se convirtieron oficialmente en un producto prioritario bajo la Ley REP, abriendo una nueva etapa para la industria del vestuario y el consumo responsable. Fueron declarados producto prioritario bajo la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), mediante la Resolución Exenta N°3914/2025 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Esto significa que productores e importadores de vestuario, calzado, ropa de hogar y otros productos textiles deberán hacerse responsables de la gestión de los residuos generados a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos.
Este avance llega en un contexto crítico: cada año, Chile genera más de 570 mil toneladas de residuos textiles, y buena parte termina en vertederos informales o en el desierto de Atacama, símbolo global del impacto del fast fashion.
Desde la perspectiva internacional, la Bureau of International Recycling (BIR) destaca que el reciclaje textil enfrenta hoy tensiones globales entre protección ambiental y comercio justo.
En conversación exclusiva para este reportaje, Bianca Mannini, Trade & Environment Policy Officer de la Bureau of International Recycling (BIR), comparte su visión al respecto:
“El reciclaje textil mundial se encuentra en un momento crítico, en el que los marcos políticos deben equilibrar la protección ambiental con las realidades socioeconómicas de las economías de reutilización existentes. El camino a seguir requiere definiciones y códigos comerciales internacionales armonizados, inversión en infraestructura y marcos que apoyen el comercio circular legítimo, distinguiéndolo de las prácticas ilegales”.
Su reflexión resuena en Chile, donde la regulación del
comercio de ropa usada y la importación vía zonas francas siguen siendo temas pendientes.
Chile es uno de los países que más ropa consume por persona y se estima que en los últimos años la compra de vestuario ha aumentado, pasando de 13 prendas en promedio en 2015, a 50 en el 2020 (ICEX, 2021). De los 436,1 kg de residuos sólidos municipales producidos por cada habitante durante 2018 (MMA, 2020), alrededor del 7% correspondería a textiles, alcanzando 572.118,9 toneladas anuales de residuos textiles.
La nueva regulación abre una oportunidad para articular al sector textil con la industria del reciclaje, creando nuevas cadenas de valor y empleo circular.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, la Oficina de Economía Circular lidera la hoja de ruta para el sector, con una estrategia que busca sentar las bases de la regulación.
Bárbara Peñafiel, coordinadora de implementación de políticas públicas de la Oficina de Economía Circular del MMA, explica que el país está en plena fase de desarrollo normativo: “Estamos trabajando en una estrategia de economía circular para el sector textil, publicada recientemente en octubre. Una de las acciones más relevantes será iniciar el proceso regulatorio para definir metas de recolección y valorización, y los tipos de valorización permitidos. Esperamos comenzar ese proceso a fin de año”.
El desafío ahora será traducir esa estrategia en metas medibles y en una infraestructura capaz de absorber los

flujos crecientes de residuos textiles. Según datos de Naciones Unidas, en 2021 Chile fue el cuarto importador mundial de ropa usada y saldos de ropa sin vender, y el primero en América Latina. Alrededor del 40% de esta ropa ingresó al país a través de la zona franca de Iquique y parte importante de esta carece de valor en el mercado de ropa de segunda mano, por lo que se vierte en el Desierto de Atacama.
Al respecto, Bárbara Peñafiel explica que “uno de los principales desafíos es la falta de estándares globales que permitan diferenciar entre ropa de segunda mano y residuo textil. La ONU está trabajando en generar un estándar internacional y aquí en Chile también queremos avanzar en clasificaciones claras que determinen qué productos efectivamente pueden ser reutilizados y cuáles deben gestionarse como residuos”.
El ingreso masivo de ropa usada sigue siendo uno de los vacíos más complejos del sistema. Por lo mismo se trabaja para regular la importación de esta que es una práctica común en Chile, pero restringida en la mayoría de los países latinoamericanos.

La inclusión de los textiles como producto prioritario no surgió de manera aislada. Se enmarca en una estrategia país que incluye la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040, dirigida por el MMA, y el Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Economía Circular en prendas de vestir de primera mano”, liderado por la Cámara Diseña Sustentable con el patrocinio del MMA.
Estas acciones buscan hacer frente a los desafíos explicados anteriormente, además de otras metas, las que incluyen aumentar la valorización (hoy menor al 1%), formalizar empleos circulares y erradicar los vertederos ilegales.
“Queremos prolongar la vida útil de las prendas y fomentar empleos, tanto en la reparación como en reciclaje. Pero también necesitamos infraestructura y tecnología para hacer viable la trazabilidad y valorización local”, explica la coordinadora de implementación de políticas públicas de la Oficina de Economía Circular MMA.
La incorporación de los textiles como producto prioritario en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor es un paso histórico. Pero el desafío recién comienza: Chile deberá consolidar una infraestructura nacional para la recolección, trazabilidad y valorización, donde la articulación público–privada será clave.
Este nuevo capítulo demuestra que la circularidad textil no solo es una meta ambiental, sino una oportunidad de desarrollo productivo, innovación y empleo para el país.
The country adds a new priority product to its EPR framework, paving the way for sustainable management of apparel and fashion.
July 4, 2025, marked a turning point for waste management in Chile: textiles officially became a priority product under the EPR Law, opening a new stage for the apparel industry and responsible consumption. They were declared a priority product under the Extended Producer Responsibility Law (EPR Law), through Exempt Resolution N°3914/2025 of the Ministry of the Environment (MMA).
This means that producers and importers of apparel, footwear, home textiles, and other textile products must take responsibility for managing the waste generated throughout the entire life cycle of their products.
This advance comes in a critical context: each year, Chile generates over 570 thousand tons of textile waste, and much of it ends up in informal landfills or the Atacama Desert, a global symbol of the impact of fast fashion.
From the international perspective, the Bureau of International Recycling (BIR) highlights that textile recycling today faces global tensions between environmental protection and fair trade.
In an exclusive conversation for this report, Bianca Mannini, Trade & Environment Policy Officer at the Bureau of International Recycling (BIR), shares her view on the matter:
“Global textile recycling is at a critical juncture, where political frameworks must balance environmental protection with the socio-economic realities of existing reuse economies. The way forward requires harmonized international trade definitions and codes, investment in infrastructure, and frameworks that support legitimate circular trade, distinguishing it from illegal practices.”
Her reflection resonates in Chile, where the regulation of the used clothing trade and imports via free trade zones remain pending issues.
Chile is one of the countries with the highest clothing consumption per person, and it is estimated that the purchase of apparel has increased in recent years, rising from an average of 13 garments in 2015 to 50 in 2020 (ICEX, 2021). Of the 436.1 kg of municipal solid waste produced per inhabitant during 2018 (MMA, 2020), approximately 7% corresponds to textiles, reaching 572,118.9 annual tons of textile waste
The new regulation opens an opportunity to articulate the textile sector with the recycling industry, creating new value chains and circular employment.
From the Ministry of the Environment, the Circular Economy Office leads the roadmap for the sector, with a strategy that seeks to lay the foundation for regulation. Bárbara Peñafiel, coordinator of public policy implementation at the MMA’s Circular Economy Office, explains that the country is fully engaged in the normative development phase:
“We are working on a circular economy strategy for the textile sector, recently published in October. One of the most relevant actions will be to initiate the regulatory process to define collection and valorization targets, and the types of valorization permitted. We expect to begin that process by the end of the year.”
The challenge now will be to translate this strategy into measurable goals and into infrastructure capable of absorbing the growing flows of textile waste. According to United Nations data, in 2021 Chile was the fourth largest global importer of used clothing and unsold clothing stock, and the first in Latin America. Approximately 40% of this clothing entered the country through the Iquique free trade zone, and a significant

portion of it lacks value in the second-hand clothing market, leading it to be dumped in the Atacama Desert.
In this regard, Bárbara Peñafiel explains that:
“One of the main challenges is the lack of global standards that allow us to differentiate between secondhand clothing and textile waste. The UN is working on generating an international standard, and here in Chile we also want to advance clear classifications that determine which products can effectively be reused and which must be managed as waste.”
The massive entry of used clothing remains one of the most complex gaps in the system. For this reason, work is underway to regulate its importation, a common practice in Chile but restricted in most Latin American countries.
The inclusion of textiles as a priority product did not arise in isolation. It is part of a national strategy that includes the Circular Economy Strategy for Textiles by 2040, directed by the MMA, and the Clean Production Agreement (APL) “Circular Economy in First-Hand Apparel,” led by the Cámara Diseña Sustentable with the sponsorship of the MMA.
These actions aim to address the challenges explained above, in addition to other goals, which include increasing valorization (currently less than 1%), formalizing circular jobs, and eradicating illegal landfills.

“Estamos trabajando en una estrategia de economía circular para el sector textil, publicada recientemente en octubre. Una de las acciones más relevantes será iniciar el proceso regulatorio para definir metas de recolección y valorización, y los tipos de valorización permitidos. Esperamos comenzar ese proceso a fin de año”.
“We are working on a circular economy strategy for the textile sector, recently published in October. One of the most relevant actions will be to initiate the regulatory process to define collection and valorization targets, and the types of valorization permitted. We expect to begin that process by the end of the year.”
Una mirada a la aplicación del régimen de Responsabilidad Extendida del Productor:
Ad portas de la publicación del Decreto RAEE (2025), este artículo resume los principales retos para su implementación efectiva
Desde el Ministerio del Medio Ambiente anunciaron que el decreto para RAEE está más cerca de ser una realidad: “Ya recibimos observaciones de la SEGPRES y las devolvimos subsanadas. Solo resta la toma de razón de Contraloría. Si todo sale bien, podríamos tener un decreto publicado el próximo año”, explica Paz Maluenda, coordinadora de Estrategia de Economía Circular de la Oficina de Economía Circular.

El proceso de elaboración del decreto, que ha tomado cerca de cuatro años, refleja la complejidad de regular un universo tan diverso como los aparatos eléctricos y electrónicos, que abarca desde pequeños dispositivos desechables hasta equipos industriales de larga vida útil.
Durante la consulta pública y revisión técnica, la estructura inicial del decreto fue ajustada. La división de los RAEE quedó finalmente en tres categorías: los paneles fotovoltaicos, los aparatos de intercambio de temperatura y otros aparatos.
La puesta en marcha del decreto RAEE exigirá más que una buena norma: requerirá coordinación, capacidad técnica y compromiso entre todos los actores del sistema. A continuación, se abordan los principales desafíos — técnicos, regulatorios y sociales— que determinarán el éxito o las dificultades de su implementación en Chile.
El mayor reto desde el inicio en la elaboración del decreto ha sido cómo regular productos tan disímiles bajo una misma figura legal: algunos son peligrosos, otros no; unos duran 30 años, otros son casi desechables. La variedad de aparatos fue un desafío constante.
Otro gran desafío estará en su implementación, respecto a cómo evitar los “free riders” y asegurar que todos los productores cumplan lo definido en el decreto: “Aún hay empresas que desconocen la regulación, incluso en rubros donde llevamos años difundiendo la Ley REP. Es fundamental sensibilizar a los productores y evitar que algunos queden fuera del sistema”, señala Paz Maluenda.

Otro aspecto desafiante, dentro de la mejora continua de la ley, será incorporar la reutilización y reparación dentro del sistema REP. Hoy, la normativa solo contabiliza dentro de las metas de valorización aquellas acciones que se realizan una vez que el producto ya es residuo. Sin embargo, muchas personas optan por reparar o extender la vida útil de sus equipos, una práctica valiosa, pero que actualmente no está considerada en la ley.
A estos desafíos técnicos se suma un componente político. La experta internacional Johanna Rosales, embajadora de SERI Latam, organización sin fines
de lucro que defiende e impulsa el uso sostenible, la reutilización y el reciclaje de productos electrónicos a nivel mundial, advierte:
“En todos los países, especialmente en Colombia y Perú, estados con mayor experiencia en implementación de Ley REP, el avance de este tipo de normativas ha dependido de la decisión política. Regular los residuos siempre implica equilibrar dos fuerzas: los productores e importadores, que suelen resistir por los costos asociados y la necesidad de dar solución a estos residuos”.
SERI es una organización internacional que promueve y crea sentido sobre la electrónica sostenible sin fines de lucro, que desarrolla y es propietaria del estándar de certificación R2.
La embajadora de SERI Latam enfatiza que la obligatoriedad para todos los actores —productores, importadores y gestores— es determinante para el éxito del sistema: “Si alguno de los dos lados incumple o actúa fuera de norma, el sistema pierde fuerza. Los que cumplen dejan de sentirse valorados y se instala la sensación de inequidad. Por eso, el control, la fiscalización y el seguimiento son esenciales”.
Finalmente, un factor crítico es el nivel de conciencia del consumidor: “Por más sistemas o campañas que existan, el funcionamiento real depende también de la disposición ciudadana para separar, entregar y valorar los residuos electrónicos”, agrega Rosales.
Las experiencias internacionales muestran que la implementación efectiva de la Ley REP e incluso el desarrollo de una industria formal es posible. Brasil, Perú y Colombia han avanzado en la regulación REP de los residuos electrónicos, ofreciendo valiosas lecciones. En estos casos, el éxito ha estado ligado a la decisión política, la obligatoriedad para todos los actores y la existencia de sistemas electrónicos de trazabilidad que permiten cruzar información entre productores y gestores.
En Brasil, por ejemplo, la trazabilidad está vinculada a las notas fiscales y los registros tributarios, lo que fortalece el control del flujo de residuos y evita la informalidad. En Perú, la fiscalización es especialmente rigurosa, con inspecciones presenciales a las plantas y un sistema de seguimiento que verifica los volúmenes declarados por los gestores.
El reciclaje de RAEE permite recuperar metales, plásticos y componentes electrónicos con valor para el mercado. Brasil, por ejemplo, creó el concepto de “manufactura reversa”, que define los procesos de desensamble y destrucción controlada como una etapa previa al reciclaje. Esto ha ayudado a formalizar el mercado y a diferenciar claramente las actividades legítimas de las prácticas informales.
Otro aspecto clave es la existencia de estándares técnicos y certificaciones: “Colombia desarrolló una certificación para plantas recicladoras, mientras que Perú incorporó pautas del estándar internacional “R2”. Además, estos países han prohibido prácticas inadecuadas como el envío de RAEE a rellenos sanitarios o chatarrerías. También destacan mecanismos de control vinculados al cumplimiento comercial: en Perú, los productores que no cumplen con la normativa enfrentan restricciones de comercialización”, detalla Johanna Rosales.
La implementación del decreto RAEE marcará un nuevo paso en la consolidación de la Ley REP en Chile. Su éxito dependerá de una coordinación efectiva entre autoridades, productores y gestores, y del fortalecimiento de capacidades que garanticen trazabilidad, cumplimiento y mejora continua.

With the publication of the E-Waste Decree (2025) approaching, this article outlines the main challenges for its effective implementation in Chile.
Officials from the Ministry of the Environment have announced that the E-Waste Decree is nearing completion:
“We have already received observations from the General Ministry Secretariat of the Presidency and submitted the revised version. All that remains is approval from the Office of the Comptroller General. If all goes well, the decree could be published next year,” explains Paz Maluenda, Circular Economy Strategy Coordinator at the Ministry’s Circular Economy Office.

The drafting process, which has taken nearly four years, reflects the complexity of regulating such a diverse universe of electrical and electronic equipment—ranging from small disposable devices to large, long-life industrial machinery.
During the public consultation and technical review stages, the decree’s initial structure was adjusted. The classification of e-waste was finally divided into three categories: photovoltaic panels, temperature exchange equipment, and other electrical and electronic devices.
The implementation of the E-Waste Decree will require more than a sound regulation: it will demand coordination, technical capacity, and commitment among all stakeholders. Below are the key technical, regulatory, and social challenges that will determine the success—or difficulty—of its roll-out in Chile.
From the outset, one of the greatest challenges in developing the decree was how to regulate products that differ so drastically under a single legal framework. Some are hazardous, others are not; some have a 30-year lifespan, while others are nearly disposable. The sheer diversity of equipment has been a constant challenge.
Another significant issue will be ensuring compliance and preventing “free riders”—producers who avoid their legal obligations.
“There are still companies unaware of the regulation, even in sectors where we have been promoting the REP Law for years. It is essential to raise awareness among producers and ensure that no one remains outside the system,” says Paz Maluenda

A further challenge, as part of the law’s continuous improvement, will be to incorporate reuse and repair into the REP framework. Currently, only recovery actions that take place once a product has become waste are counted toward the official recycling targets. However, many people choose to repair or extend the life of their devices—a valuable practice that is not yet recognized under the law.
Beyond the technical aspects lies a political dimension. Johanna Rosales, Ambassador of SERI Latam, a nonprofit organization that promotes the sustainable use, reuse, and recycling of electronics worldwide, warns:
“In all countries—especially Colombia and Peru, which have greater experience implementing Extended Producer Responsibility laws—progress has depended largely on political will. Regulating waste always involves balancing two forces: producers and importers, who often resist because of associated costs, and the need to ensure proper end-of-life management.”
SERI (Sustainable Electronics Recycling International) is the global nonprofit organization that develops and manages the R2 certification standard for responsible electronics reuse and recycling.
Rosales emphasizes that mandatory participation for all actors—producers, importers, and recyclers—is critical to the system’s success:
“If any one of these parties fails to comply, the system loses strength. Those who do comply begin to feel undervalued, and a sense of unfairness emerges. This is why control, monitoring, and enforcement are essential.”
Finally, she highlights a key social component: consumer awareness.
“No matter how many systems or campaigns exist, the real functioning of the system also depends on citizens’ willingness to separate, deliver, and value their electronic waste,” Rosales adds.
International experience demonstrates that the effective implementation of Extended Producer Responsibility (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, REP)—and even the development of a formal recycling industry—is possible. Countries such as Brazil, Peru, and Colombia have made significant progress in e-waste regulation, offering valuable lessons for Chile. In each case, success has been linked to political commitment, mandatory participation, and the presence of digital traceability systems that cross-reference data between producers and waste managers.
In Brazil, traceability is linked to tax invoices and fiscal records, strengthening control over waste flows and reducing informality. Peru enforces strict oversight, with on-site inspections of recycling plants and monitoring systems that verify the volumes reported by waste managers.
E-waste recycling enables the recovery of metals, plastics, and electronic components with considerable market value. Brazil, for example, introduced the concept of “reverse manufacturing”, which defines controlled disassembly and destruction as a formal stage preceding recycling. This has helped to professionalize the sector and distinguish legitimate operations from informal practices.
Another key factor is the existence of technical standards
“Colombia developed its own certification system for recycling plants, while Peru adopted guidelines from the international R2 standard. Both countries have also banned inappropriate practices such as sending e-waste to landfills or scrapyards. Additionally, compliance is tied to commercial operations: in Peru, producers that fail to comply with regulations face restrictions on marketing their products,” explains Johanna Rosales.
The implementation of Chile’s E-Waste Decree will mark another milestone in consolidating the Extended Producer Responsibility Law (Ley REP). Its success will depend on effective coordination among authorities, producers, and waste managers, and on building the institutional and technical capacity needed to ensure traceability, compliance, and continuous improvement across the system.


públicos mediante una ventanilla única digital. Esta reforma apunta a reducir la burocracia y coordinar los tiempos de respuesta entre las instituciones del Estado, en materia de tramitación de permisos.
La obtención de permisos se ha transformado en uno de los principales escollos para el reciclaje en Chile. Aunque el país avanza a través de leyes y metas ambiciosas — como la Ley REP y la Hoja de Ruta de Economía Circular al 2040—, la tramitación de permisos ambientales, sanitarios y sectoriales continúa siendo un proceso lento y complejo.
Las trabas en la obtención de permisos han frenado la expansión de plantas, centros de acopio y nuevas tecnologías en el país. A pesar de los avances normativos, la industria del reciclaje sigue enfrentando una maraña regulatoria que ralentiza inversiones clave.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), promulgada en septiembre de 2025, busca simplificar más de 380 permisos administrados por 37 servicios

“Hoy los tiempos de tramitación son largos y con alta dispersión entre servicios, lo que retrasa inversiones que son claves para aumentar la capacidad de gestión sustentable de residuos y fortalecer la economía circular en el país. Con la implementación efectiva de esta ley, esperamos un escenario más ágil, transparente y favorable para el desarrollo de infraestructura ambiental moderna”, comenta Vanja Isamat, gerente de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) de Ecológica, empresa dedicada a la gestión integral de residuos industriales.
La falta de distinción entre industrias contaminantes y recicladoras es otro punto crítico que la normativa aún no resuelve.
Para Jorge Rivera Besa, director en Armony Sustentableempresa dedicada al reciclaje y transformación de
residuos orgánicos- y ex director de ANIR, la permisología actual trata al reciclaje bajo la misma lógica que a las industrias que generan impactos ambientales, cuando en realidad su propósito es mitigarlos o eliminarlos.
En su visión, el sistema normativo aún está atrapado en el concepto de “residuo” como problema:

“En la industria, el concepto de residuo ha pasado de ser un problema de disposición o eliminación a convertirse, bajo el enfoque de economía circular, en parte de un ciclo productivo continuo. Por eso, la permisología aplicada a las industrias del reciclaje requiere un tratamiento diferente, ya que el residuo —tal como está definido en la ley— deja de existir”.
“Es necesario ajustar la regulación para que tanto las autoridades como las empresas puedan cumplir el objetivo de avanzar hacia una economía circular eficiente Las industrias del reciclaje son empresas de “impacto positivo” que, por ejemplo, al buscar invertir en la implementación de nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia del proceso, la legislación actual les exige nuevos permisos. Esas son trabas que no nos permiten avanzar”, explica Jorge Rivera.
Por su parte, José Manuel Cordero, gerente comercial de CORASA, organización dedicada a la gestión, transporte y disposición final de residuos no peligrosos, el panorama actual de la permisología combina avances normativos con una excesiva carga burocrática:
“Tenemos una Ley REP ambiciosa, pero la coordinación entre organismos públicos es débil, y los plazos de tramitación

son desproporcionados. Los proyectos deben tramitar simultáneamente permisos ambientales, sanitarios, municipales y sectoriales, con procedimientos secuenciales y observaciones repetidas. Esto retrasa inversiones en infraestructura crítica, como plantas de reciclaje, centros de acopio o puntos limpios, donde tan sólo obtener una resolución sanitaria para transporte de un producto puede llevar meses; entonces, pensar en obtener un permiso como una Declaración de Impacto Ambiental puede implicar más de un año, ralentizando todo el desarrollo del proyecto”, concluye José Manuel Cordero.
Lentitud y duplicidad: las barreras invisibles del sistema
Los procesos extensos, la duplicidad de requerimientos y la falta de coordinación entre normativas y organismos públicos conforman un escenario que ralentiza inversiones, frena la expansión de proyectos y dificulta el desarrollo de la industria del reciclaje.
Bernardo Bravo, gerente general de Eco-Valor- empresa dedicada a la gestión de retiro, transporte y disposición final de residuos automotrices, entre ellos, los aceites lubricantes y las bateríascoincide con lo expuesto por el gerente comercial de CORASA. Advierte que uno de los principales cuellos de botella a la hora de tramitar un permiso para la industria del reciclaje es la demora en el proceso, la que se debe, en parte, a dobles exigencias normativas.

“Los residuos peligrosos, por ejemplo, deben cumplir simultáneamente con el DS-148 del MINSAL y con los decretos de metas de la Ley REP, generando duplicidad de procesos. Esta complejidad se traduce en una escasez de plantas de tratamiento autorizadas para residuos peligrosos, como las baterías de ácido plomo, lo que limita la capacidad nacional de valorización y, en algunos casos, incentiva prácticas informales o exportaciones ilegales de residuos”, explica Bernardo Bravo.
Para Vanja Isamat, la principal traba sigue siendo la falta de coordinación efectiva entre organismos públicos.
“Cada permiso tiene su razón técnica, pero los procesos son secuenciales y con observaciones repetidas, lo que retrasa la puesta en marcha de proyectos. Desde nuestra experiencia, la burocracia local en comunas con menor capacidad técnica prolonga la apertura de nuevas instalaciones, incluso cuando se trata de proyectos con alto impacto social y ambiental positivo. Estos retrasos no solo postergan la entrada en operación de nuevas plantas, sino que además limitan la capacidad del país para aumentar las tasas de reciclaje”, comenta Vanja Isamat.
Por su parte, Jorge Rivera enfatiza en que “los tiempos regulatorios no corresponden a la naturaleza urgente del reciclaje. Esta industria no responde a un modelo de rentabilidad tradicional, sino a un problema ambiental inmediato. Por esto, la permisología debería tener una premura y una facilitación regulatoria acorde con esa urgencia”.
Desde ANIR, esta realidad refuerza la necesidad de un sistema de permisos acorde con la urgencia ambiental y económica del país.
Finalmente, José Manuel Cordero advierte que “el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aunque necesario, se ha vuelto excesivamente largo y complejo, acumulando observaciones que pueden postergar o hacer inviable la inversión. El SEIA, en su forma actual, retrasa la implementación de proyectos. Se necesita un sistema más ágil y adaptado al reciclaje”.
Frente a este escenario, el desafío es encontrar el equilibrio entre agilidad, control y eficiencia. Cada uno de los entrevistados entrega su visión y soluciones para hacer frente a estos cuellos de botella.
Cómo destrabar el sistema: propuestas desde la industria
La recientemente promulgada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) incorpora herramientas valiosas para agilizar la tramitación de permisos, como la ventanilla única digital (SUPER), que permitirá gestionar en línea gran parte de los permisos sectoriales.
Digitalización y ventanilla única:
En este contexto, Vanja Isamat asegura que “el paso siguiente es asegurar que esta plataforma se implemente de manera efectiva y que todos los organismos involucrados trabajen con criterios técnicos alineados y plazos claros. La prioridad es operativizar la coordinación institucional y fortalecer las capacidades locales para que los trámites sean más ágiles y predecibles. En paralelo, se necesitan guías técnicas específicas para el rubro del reciclaje y la valorización de residuos, que unifiquen los criterios de evaluación y permitan a los proyectos llegar mejor preparados”.
Modernización y diferenciación de riesgos:
En línea con lo anterior, José Manuel Cordero recalca como primer paso “potenciar el desarrollo de la ventanilla única digital mediante la plataforma SUPER, así como también modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y crear un catálogo más claro de los proyectos de reciclaje, diferenciando los de bajo riesgo (reciclaje domiciliario, puntos limpios) de los de alto riesgo (plantas de valorización con emisiones). Por último, estandarizar los requisitos entre municipios y autoridades sanitarias, que a menudo exigen distintos permisos generando retrasos”.
Simplificación y unificación normativa:
Por su parte, Bernardo Bravo enfatiza en la necesidad de darle simplicidad al sistema: “Por un lado está la Ley REP y sus decretos de metas, por otro, los reglamentos del Ministerio de Salud, y por último, las exigencias propias de cada municipio. Son marcos distintos que debieran unificarse bajo un solo mandato: la Ley REP como norma principal. Además de homologar criterios, es fundamental capacitar a las autoridades que otorgan los permisos, de modo que exista una comprensión común de que esta ley debe prevalecer sobre el resto de los decretos”.
Educación y cultura ambiental:
Una mirada profunda entrega Jorge Rivera. A su juicio, la mejora sustancial de la permisología en la industria del reciclaje radica en la educación y sensibilización de la ciudadanía.
“Cuando las metas se reducen solo a cifras o toneladas, se pierde el propósito y se rompe el círculo virtuoso de la economía circular. En este sentido, la educación y la conciencia ciudadana son cruciales. Desde la enseñanza escolar hasta la universitaria, debemos incorporar la convivencia social y el respeto por el medio ambiente como ejes formativos. El objetivo debe ser que el ciudadano entienda que es un actor clave en el cuidado del medio ambiente, que es vital para su propio bienestar y el de su descendencia”.
La modernización del sistema de permisos es clave para que la industria del reciclaje avance al ritmo que el país exige. Más que nuevas leyes, Chile necesita coordinación, agilidad y una visión compartida que transforme la permisología en una herramienta de desarrollo. En ANIR creemos que avanzar hacia un marco regulatorio moderno y funcional es esencial para consolidar una industria que descontamina y dinamiza la economía del país.

Obtaining permits has become one of the main barriers to the growth of recycling in Chile. Although the country has advanced through ambitious regulations—such as the EPR Law and the Circular Economy Roadmap 2040—the approval of environmental, sanitary, and sectoral permits remains slow and overly complex.
Bureaucratic bottlenecks have delayed the expansion of new plants, storage centers, and innovative technologies. Despite regulatory progress, the recycling industry continues to face a dense and fragmented permitting system that slows down critical investments.
The Sectoral Authorizations Framework Law (LMAS), enacted in September 2025, seeks to simplify more than 380 permits issued by 37 public agencies through a unified digital one-stop platform. This reform aims to reduce bureaucracy and align response times across government institutions.
“Today, processing times are long and vary significantly between agencies, delaying investments that are essential to increase the country’s sustainable waste management capacity and strengthen the circular economy. With the effective implementation of this law, we expect a more agile, transparent, and favorable environment for the development of modern environmental infrastructure,” says Vanja Isamat, Health, Safety, Environment and Quality (SSOMAC) Manager at Ecológica, a company dedicated to industrial waste management.
Another critical issue is the lack of differentiation between polluting industries and recycling companies—a distinction still absent in current regulations.
For Jorge Rivera Besa, Director at Armony Sustentable, which recycles and transforms organic waste, and former ANIR director, the permitting system treats recycling companies under the same logic as industries that generate environmental impacts, even though their purpose is precisely to mitigate or eliminate them.
In his view, the regulatory system remains trapped in a traditional understanding of “waste” as a problem:
“In our industry, waste has shifted from being a disposal or elimination issue to becoming part of a continuous productive cycle under the circular economy model. For that reason, the permitting process for recycling industries requires a different approach, because waste—as defined by law—ceases to exist.”
“It is essential to adjust the regulatory framework so both authorities and companies can truly advance toward an efficient circular economy. Recycling companies create positive impact, yet when they seek to invest in new technologies to improve efficiency, existing legislation often requires entirely new permits. These barriers prevent progress,” adds Rivera.
For José Manuel Cordero, Commercial Manager at CORASA, a company dedicated to the management, transportation, and final disposal of non-hazardous waste, the current permitting landscape combines regulatory progress with an excessive bureaucratic burden:
“We have an ambitious EPR Law, but coordination across public agencies is weak, and permit timelines are disproportionate. Projects must simultaneously process environmental, sanitary, municipal, and sectoral permits—often sequentially—with repetitive observations. This delays investments in critical infrastructure such as recycling plants, storage centers, or clean points. Obtaining a simple sanitary resolution for transporting a product can take months; securing a permit like an Environmental Impact Declaration can take over a year, slowing down the entire project,” explains Cordero.
Lengthy procedures, duplicated requirements, and the lack of coordination among regulations and public institutions create an environment that delays investments, restricts the expansion of projects, and hinders the development of the recycling industry.
Bernardo Bravo, General Manager of Eco-Valor, a company specializing in the management, transportation, and final disposal of automotive waste such as lubricating oils and lead-acid batteries, agrees with CORASA’s assessment. He points out that one of the main bottlenecks is the delay caused by overlapping norms:
“Hazardous waste, for example, must comply simultaneously with the DS-148 regulation from the Ministry of Health and the target decrees of the EPR Law, creating duplicate processes. This complexity results in a shortage of authorized treatment plants for hazardous waste—such as lead-acid batteries—limiting national
recycling capacity and, in some cases, incentivizing informal practices or illegal exports.”
For Vanja Isamat, the main obstacle continues to be the lack of effective coordination among public agencies:
“Each permit has a technical justification, but processes are sequential and include repetitive observations, which postpone the start-up of new facilities. In our experience, local bureaucracy in municipalities with limited technical capacity further delays new developments, even when they have positive social and environmental impact. These delays not only push back the beginning of operations but also limit the country’s ability to increase recycling rates.”
Jorge Rivera adds that “regulatory timelines are incompatible with the urgent nature of recycling. This industry does not follow a traditional profitability model; it responds to an immediate environmental problem. Permits should therefore have priority and regulatory facilitation aligned with that urgency.”
For ANIR, this reality reinforces the need for a permitting framework that matches the country’s environmental and economic urgency.
Finally, José Manuel Cordero warns that “the Environmental Impact Assessment System (SEIA), while necessary, has become excessively long and complex, accumulating observations that can postpone or even halt investments. In its current form, the SEIA delays the implementation of projects. A more agile and recyclingadapted system is urgently needed.”
The challenge is to strike the right balance between agility, control, and efficiency
The newly enacted Sectoral Authorizations Framework Law (LMAS) introduces key tools to streamline permitting, such as the SUPER digital one-stop platform, which will centralize and manage most sectoral permits online.
1. Digitalization and One-Stop Processing
According to Vanja Isamat, “the next step is ensuring effective implementation of this platform, with aligned technical criteria and clear timelines across all agencies. Strengthening institutional coordination and local technical capacity is essential to make permitting more predictable and efficient. In parallel, the industry needs technical guidelines specifically designed for recycling and waste valorization projects to harmonize evaluation criteria.”
2. Modernization and Risk Differentiation
José Manuel Cordero highlights that the first priority is “enhancing the SUPER platform, modernizing the Environmental Impact Assessment System, and creating a clearer classification for recycling projects—
distinguishing low-risk initiatives (household recycling, clean points) from high-risk ones (valorization plants with emissions). Additionally, standardizing requirements across municipalities and sanitary authorities is essential to prevent inconsistent demands and delays.”
3. Simplification and Regulatory Alignment
For Bernardo Bravo, the key is simplicity: “On one side, we have the EPR Law and its target decrees; on another, Ministry of Health regulations; and finally, municipal requirements. These frameworks should be unified under a single mandate: the EPR Law as the main regulation. Beyond standardizing criteria, it is crucial to train authorities who issue permits so they understand that this law must prevail.”
4. Education and Environmental Culture
Jorge Rivera offers a deeper perspective. For him, improving the permitting system requires informed citizens:
“When goals focus solely on tonnage, the true purpose is lost. Education—from schools to universities— must include environmental responsibility and social awareness. Citizens need to understand that they are active participants in environmental protection, essential for their own well-being and that of future generations.”
Modernizing Chile’s permitting system is essential for the recycling industry to operate at the pace the country needs. More than new laws, Chile requires coordination, efficiency, and a shared vision that transforms permitting into a tool for development rather than a barrier.
At ANIR, we believe that advancing toward a modern and functional regulatory framework is key to strengthening an industry that “cleans and reactivates Chile’s economy.”

El reciclaje se ha consolidado como una industria clave para el desarrollo económico nacional al fomentar la creación de empleos, reducir costos de producción y promover la economía circular. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es clave para seguir formalizando e impulsando el sector.
Las tasas de reciclaje aún son bajas en Chile si las comparamos con países líderes en esta materia. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en el país se generan anualmente 19,6 millones de toneladas de residuos, de los cuales solo un 21% se recicla. El desafío es avanzar hacia un modelo en que los residuos sean vistos como recursos productivos y no como desechos. En esa línea, la Hoja de Ruta de Economía Circular 2040 plantea una meta ambiciosa: valorizar el 75% de los residuos generados en Chile. La Ley REP —que establece la responsabilidad del productor por todo el ciclo de vida de sus productos— es una herramienta clave para avanzar hacia el modelo de economía circular definido en la Hoja de Ruta 2040.

El desarrollo de la industria del reciclaje en Chile presenta realidades muy diversas, tanto por materialidad como por territorio y desde la experiencia de las
empresas asociadas a ANIR, las brechas territoriales y tecnológicas son uno de los principales desafíos para consolidar la industria.
Tomás Viveros, gerente de Inteligencia Circular de Ambipar, proveedora de servicios ambientales, destaca que “la industria del reciclaje en Chile se encuentra en distintas etapas, dependiendo de las materialidades y las localizaciones geográficas. En ciertos tipos de plástico existe una madurez relevante en la Región Metropolitana, que aporta significativamente en términos de empleos locales y sostenibles, aunque enfrenta el desafío de desarrollar tecnología para procesar nuevos tipos de plásticos. En regiones, en cambio, el reto está en crear capacidades y tecnología, donde la madurez aún es incipiente. Panorama similar se ve en los metales”.
De acuerdo con el estudio “Estadísticas del Reciclaje 2024 – Envases y Embalajes”, impulsado por ANIR y ReSimple, y elaborado por Kyklos, se registraron 1,96 millones de toneladas de envases y embalajes ingresadas al mercado, de las cuales 33% fueron efectivamente recicladas. El papel y cartón lideran la valorización con 48,9%, seguidos por latas de aluminio (35%), vidrio (22%) y plásticos (20%).
Antes de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), el reciclaje en Chile se sostenía gracias a la iniciativa privada y al compromiso de empresas que decidieron anticiparse a los cambios regulatorios. Muchas de ellas fueron pioneras en crear conciencia, generar infraestructura y demostrar que la valorización de materiales podía ser también una oportunidad de negocio.
Con la implementación de la Ley REP, el sector entra en una nueva etapa que combina exigencias normativas con la necesidad de escalar sus operaciones. En esa transición, Natalia Urrutia, directora comercial de Creatividad Positiva, destaca el valor de las empresas que lideraron este proceso:
“Antes de la Ley REP, muchas empresas privadas ya trabajaban en el reciclaje, impulsadas por la convicción de generar cambios reales. Fueron pioneras en construir el cambio cultural necesario, detectando vacíos y proyectando el beneficio social del reciclaje. Con la Ley REP en marcha, la industria atraviesa una etapa inicial con deficiencias que deben abordarse con urgencia. Si no se corrigen a tiempo, corremos el riesgo de retroceder en estadísticas, en confianza ciudadana y aumentar los residuos en vertederos”.
El estudio citado anteriormente identifica una brecha crítica entre los residuos domiciliarios y no domiciliarios. Mientras los segundos muestran una integración más
efectiva a los sistemas de gestión- con un 59,3% de material valorizado- los residuos domiciliarios apenas alcanzan un 16,6%.
En este contexto, Tomás Viveros destaca que “el principal desafío está en desarrollar procesos que permitan obtener materias primas a partir del reciclaje domiciliario, alcanzando los mismos estándares de calidad que hoy se logran con los residuos industriales. Esto requiere un enfoque territorial y nuevas etapas intermedias que habiliten la valorización efectiva, especialmente en regiones alejadas de la Región Metropolitana”.

Por su parte, Natalia Urrutia advierte que, si bien el marco regulatorio existe, “aún resulta insuficiente: es abierto, permisivo y poco claro. Debe volverse más proactivo, agilizando permisos que incentiven el desarrollo del sector. Una mayor agilidad implica más empresas, más empleo formal, mejor salud pública y protección de ecosistemas vinculados al turismo y la agricultura”.
Agrega además que “persisten regulaciones que excluyen a mano de obra técnica con experiencia: empresas con más de 25 años en el rubro hoy no pueden participar en licitaciones. También existe una brecha de financiamiento donde una pyme enfrenta más obstáculos para financiar un galpón que una gran empresa para adquirir maquinaria, aunque ambas busquen el mismo propósito”.
Superadas las brechas estructurales, el desafío siguiente es proyectar el crecimiento económico de la industria y su contribución tangible al PIB.
Para el gerente de Inteligencia Circular de Ambipar, la clave está en impulsar una aceleración en la madurez del despliegue y de la implementación de la Ley REP, dado que será fuente de nuevas materias primas para la industria del reciclaje: “Es esencial generar instrumentos que impulsen la demanda de esas materias primas, por ejemplo, promoviendo que sectores estratégicos, como la minería, incluyan porcentajes mínimos de resinas recicladas en sus insumos”.
Por su parte, la directora comercial de Creatividad Positiva, sostiene que el Estado debería fortalecer la transparencia y eficiencia del sistema: “Se necesita transparencia en las licitaciones, manteniendo en Mercado Público la gestión de los servicios de reciclaje municipales, garantizando trazabilidad y libre competencia. También se requiere apoyo económico para nuestro sector mediante CORFO, agilización de permisos de parte del área de salud y afines, sanciones efectivas y una fiscalización más robusta a nivel municipal”.
Además, destaca que avanzar hacia una industria del reciclaje sólida exige que las empresas cumplan los estándares de la Ley REP, midan su huella ambiental, eduquen a sus equipos y fortalezcan la colaboración público-privada.
Finalmente, tanto Tomás Viveros como Natalia Urrutia coinciden en que la educación y la participación ciudadana son claves: “Además de educación, la ciudadanía necesita incentivos y un mensaje claro: que sus residuos efectivamente llegan a plantas de clasificación y se transforman en materia prima para nuevas industrias”, afirma Viveros, mientras que Urrutia complementa: “Es esencial reforzar la educación sobre qué y cómo reciclar, usar correctamente los colores y contenedores diferenciados, y promover prácticas seguras de recolección”.
La industria del reciclaje es hoy un pilar estratégico del desarrollo económico nacional: genera empleo, impulsa innovación y fortalece la competitividad de Chile hacia una economía más sostenible.

Recycling has consolidated its position as a key industry for national economic development by fostering job creation, reducing production costs, and promoting the circular economy. The Extended Producer Responsibility (REP) Law is crucial for further formalizing and boosting the sector.
Recycling rates in Chile are still low when compared to leading countries in this area. According to the Ministry of the Environment, 19.6 million tons of waste are generated annually in the country, of which only 21% is recycled. The challenge is to advance towards a model where waste is seen as a productive resource rather than a discard. Along these lines, the Circular Economy Roadmap 2040 sets an ambitious goal: to recover 75% of the waste generated in Chile. The EPR Law—which establishes the producer’s responsibility throughout the entire life cycle of their products—is a fundamental tool for advancing toward the circular economy model defined in the 2040 Roadmap.

The development of the recycling industry in Chile presents very diverse realities, both by material type
and by territory. Based on the experience of companies associated with ANIR, territorial and technological gaps are among the main challenges to consolidating the industry. Tomás Viveros, Circular Intelligence Manager at Ambipar, an environmental services provider, highlights that: “The recycling industry in Chile is in different stages, depending on the material types and geographic locations. In certain types of plastic, there is relevant maturity in the Metropolitan Region, which contributes significantly in terms of local and sustainable jobs, although it faces the challenge of developing technology to process new types of plastics. In the regions, however, the challenge lies in creating capacity and technology, where maturity is still incipient. A similar panorama is seen in metals”.
According to the study, “Estadísticas del Reciclaje 2024 – Envases y Embalajes” (Recycling Statistics 2024 –Packaging), promoted by ANIR and ReSimple, and prepared by Kyklos, 1.96 million tons of packaging and packaging were introduced into the market, of which 33% were effectively recycled. Paper and cardboard lead the valorization with 48.9%, followed by aluminum cans (35%), glass (22%), and plastics (20%).
Before the EPR Law came into force, recycling in Chile was sustained thanks to private initiative and the commitment of companies that decided to anticipate regulatory changes. Many of these companies were pioneers in raising awareness, generating infrastructure, and demonstrating that material valorization could also be a business opportunity. With the implementation of the EPR Law, the sector enters a new stage that combines normative requirements with the need to scale operations. In this transition, Natalia Urrutia, Commercial Director of Creatividad Positiva, highlights the value of the companies that led this process:
“Before the EPR Law, many private companies were already working in recycling, driven by the conviction of generating real change. They were pioneers in building the necessary cultural shift, detecting gaps, and projecting the social benefit of recycling. With the EPR Law underway, the industry is going through an initial stage with deficiencies that must be addressed urgently. If they are not corrected in time, we run the risk of regressing in statistics, in citizen trust, and increasing waste in landfills”.
The aforementioned study identifies a critical gap between residential (household) and non-residential waste. While non-residential waste shows a more effective integration into management systems—with 59.3% of the material recovered—residential waste barely reaches 16.6%
In this context, Tomás Viveros points out that: “The main challenge is to develop processes that allow raw
materials to be obtained from residential recycling, achieving the same quality standards that are currently achieved with industrial waste. This requires a territorial focus and new intermediate stages that enable effective valorization, especially in regions far from the Metropolitan Region”.

For her part, Natalia Urrutia warns that, although the regulatory framework exists, “it is still insufficient: it is open, permissive, and unclear. It must become more proactive, streamlining permits that incentivize the development of the sector. Greater agility means more companies, more formal employment, better public health, and protection of ecosystems linked to tourism and agriculture”. She further adds that “regulations persist that exclude experienced technical labor: companies with more than 25 years in the field today cannot participate in tenders. There is also a funding gap where an SME faces more obstacles to finance a warehouse than a large company to acquire machinery, even though both pursue the same purpose”.
Once the structural gaps are overcome, the next challenge is to project the economic growth of the industry and its tangible contribution to the GDP.
For Ambipar’s Circular Intelligence Manager, the key lies in driving an acceleration in the maturity of the EPR Law deployment and implementation, given that it will be a source of new raw materials for the recycling industry. “It is essential to generate instruments that boost the demand for those raw materials, for example, by promoting that strategic sectors, such as mining, include minimum percentages of recycled resins in their inputs”.
Meanwhile, the Commercial Director of Creatividad Positiva maintains that the State should strengthen the transparency and efficiency of the system : “Transparency is needed in the tenders, maintaining the management of municipal recycling services under Mercado Público (Public Market), guaranteeing traceability and free competition. Economic support for our sector is also
required through CORFO, streamlining permits from the health area and related fields, effective sanctions, and more robust municipal oversight”.
She also emphasizes that advancing toward a solid recycling industry demands that companies comply with EPR Law standards, measure their environmental footprint, educate their teams, and strengthen publicprivate collaboration.
Finally, both Tomás Viveros and Natalia Urrutia agree that education and citizen participation are key : “In addition to education, citizens need incentives and a clear message: that their waste effectively reaches sorting plants and is transformed into raw material for new industries,“affirms Viveros , while Urrutia complements: “It is essential to reinforce education on what and how to recycle, correctly use differentiated colors and packaging, and promote safe collection practices”.
The recycling industry is today a strategic pillar of national economic development: it generates employment, drives innovation, and strengthens Chile’s competitiveness toward a more sustainable economy.

Futuro polo

Regulación, innovación y cooperación público-privada, las claves para que Chile asuma un rol estratégico en la economía circular internacional.
Las nuevas regulaciones ambientales y la expansión de la economía circular están transformando el mapa global del reciclaje. En este contexto, Chile enfrenta una oportunidad única: posicionarse como un destino confiable para el procesamiento de materiales.
El sector mundial del reciclaje se ha convertido en un motor clave para el desarrollo sostenible del futuro y para una sociedad global convencida de que el futuro reside en un modelo económico circular. En este contexto, la industria del reciclaje gestiona más de 600 millones de toneladas de materiales reciclables cada año, según datos entregados por Bureau of International Recycling (BIR).
El reciclaje ya no es solo una práctica ambiental: es un eje de competitividad económica global.
Se ha afirmado que 1,6 millones de personas en todo el mundo trabajan en la industria del reciclaje; tan solo en Estados Unidos, se calcula que esta industria genera más de 500.000 empleos directos y aporta 117.000 millones de dólares anuales a la economía.
Desde el Bureau of International Recycling (BIR), Alev Somer, con testimonio exclusivo para ANIR, advierte

que el proteccionismo y las barreras comerciales podrían frenar la descarbonización global.
“En un mundo de creciente proteccionismo y dinámicas comerciales cambiantes, garantizar la libre circulación de materias primas secundarias es vital para equilibrar los mercados, sostener el reciclaje e impulsar la descarbonización global. Las barreras comerciales podrían generar escasez en ciertas zonas geográficas y excedentes en otras, menores tasas de reciclaje y una caída de la inversión que perjudicaría no solo los intereses de la industria del reciclaje, sino también el medio ambiente. BIR promueve continuamente el comercio libre y justo como base para una economía circular y un futuro estable y sostenible para la industria del reciclaje”.
Chile, como miembro de la OCDE y con marcos regulatorios avanzados, se perfila como un actor relevante en este debate.
A nivel regional, cada latinoamericano genera un kilo de basura al día y la región en su conjunto, unas 541.000 toneladas, lo que representa alrededor de un 10% de la basura mundial. Sin embargo, las tasas de reciclaje son muy bajas, donde un 90% de los residuos que se generan en la región acaban desaprovechándose y terminan en los vertederos. Estos datos, entregados por el informe de Naciones Unidas “Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe” (2018), reflejan que como región falta mucho por avanzar.
En el caso particular de Chile, el estudio del Banco Mundial “Los desechos 2.0: Un panorama mundial de la gestión de desechos sólidos hasta 2050” (2018), ubica al país como el segundo generador de basura de la región, con 1,15 kilos por persona al día, solo superado por México (1,16 kg/día) y seguido de cerca por Argentina (1,14 kg/día).
La región ha avanzado en la adopción de marcos regulatorios que promueven el manejo de residuos y la economía circular. En Chile, destacan la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) y la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, instrumentos que han impulsado estándares ambientales más exigentes y procesos de transición hacia modelos productivos sostenibles.
En este panorama desigual, Chile se destaca por contar con una hoja de ruta clara y un marco normativo en ejecución.
Desde la experiencia de los gestores del sector, los desafíos trascienden la normativa: se trata de construir un sistema coordinado y competitivo. Daniel Rojas, gerente general de la Asociación de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos de Chile (ARNEC), organización que mantiene una activa participación en instancias gremiales latinoamericanas, advierte:
“En este momento, Chile y Latinoamérica atraviesan una transición compleja y heterogénea en materia de reciclaje, influenciada por dinámicas geopolíticas y por realidades productivas de cada país. A nivel general, persisten asimetrías regulatorias, brechas en trazabilidad y una burocracia excesiva en permisos que actúa como cuello de botella. Además, la coordinación regional sigue siendo limitada, lo que dificulta consolidar estándares comunes y cadenas de valor sostenibles”.

Su análisis pone en perspectiva la importancia de contar con una regulación adaptativa, capaz de equilibrar competitividad y sostenibilidad.
“El diálogo con otros actores de la región y del mundo nos ofrece herramientas para actualizar y perfeccionar nuestra regulación de acuerdo con la realidad territorial del país. En el caso de la Ley REP aplicada a neumáticos, hemos trabajado desde su origen en el Comité Operativo Ampliado, observando modelos en Europa, Estados Unidos y América Latina. En el Atlántico, por ejemplo, algunos países cuentan con instrumentos antidumping frente a neumáticos asiáticos de baja calidad, mientras que en el Pacífico esa opción no existe, pues operamos en mercados más pequeños y abiertos. En este contexto, la Ley REP ha contribuido a ordenar y transparentar la regulación a nivel nacional y regional”.

Desde el sector de los plásticos, Cristóbal Villar, gerente de TYPACK Chile–RECIPET, advierte que la brecha entre lo valorizado y lo efectivamente gestionado bajo la Ley REP revela un problema estructural.
“Según el estudio publicado por ASIPLA (“Informe Estadístico Anual de la Industria del Plástico”, 2024, entre el año 2022 y el 2024 se valorizó un 20% más de plástico, llegando a 127. 000 toneladas. Eso es una excelente noticia. Sin embargo, en ese mismo periodo la recuperación domiciliaria cayó cerca de un 20%, lo cual va directamente relacionado a la Ley REP y al poco cumplimiento de las metas definidas. Si a eso le agregas que solamente el 20% del plástico reciclado pasó por la esta normativa, tenemos un problema, porque mucho de lo que se recicla hoy, no está en el sistema de gestión ni cumple la ley, que es el ancla del cumplimiento de las metas”.
La situación refleja la urgencia de fortalecer la trazabilidad y la transparencia en los procesos llevados a cabo por los sistemas de gestión.
Chile como centro regional del reciclaje: entre la oportunidad y el desafío
El país ha logrado construir una reputación de estabilidad institucional, marcos regulatorios sólidos y una cultura técnica que lo diferencian dentro de América Latina. Su pertenencia a la OCDE, junto con la implementación de la Ley REP y la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, le han permitido avanzar hacia estándares ambientales comparables con los de países desarrollados.
Los entrevistados coinciden en que el país cuenta con ventajas comparativas únicas, pero también con tareas pendientes para escalar a nivel global.
Para Daniel Rojas, a pesar de que el país necesita avanzar junto con Latinoamérica en materia de reciclaje, los elementos mencionados anteriormente entregan una base sólida para proyectarlo como un referente regional: “Chile tiene una confianza institucional, una cultura técnica y la posibilidad de diálogo directo entre los gremios y las autoridades, lo que sin duda es un plus en comparación con otros países de la región”.
Sin embargo, el gerente general de ARNEC advierte que aún hay desafíos que deben resolverse para consolidar esa posición, especialmente en torno al destino de los subproductos generados por los procesos de valorización y pirólisis:
“Si aspiramos a que Chile se consolide como una potencia real del reciclaje debemos garantizar que los subproductos generados en los procesos de valorización tengan destino, demanda y uso industrial. No se trata solo de reciclar para cumplir una meta, sino de generar valor económico y continuidad productiva. En ese sentido, fijarse solo en las cifras puede ser engañoso si no existen salidas para los materiales recuperados. El verdadero desafío está en asegurar trazabilidad y medir impacto, haciendo seguimiento hasta el destino final, incluso cuando existe exportación.”
Mientras Rojas enfatiza la necesidad de garantizar destino a los subproductos, Villar subraya la importancia de ampliar la recolección y coordinación entre actores.
“Chile tiene buenas leyes, profesionales calificados e infraestructura de alto nivel. El gran desafío está en coordinar los esfuerzos públicos y privados para avanzar en una misma dirección. Uno de los puntos críticos es la cobertura de recolección domiciliaria, que aún presenta brechas relevantes. Si logramos aumentar al menos en un 50% la cobertura de recolección en cada comuna, estaremos mucho más cerca de materializar el potencial que tiene Chile en esta materia”, indicó el gerente de TYPACK Chile–RECIPET.

En base a la visión de los entrevistados, cabe preguntarse cómo puede el país avanzar para hacer realidad la meta de convertirse en un centro de procesamiento internacional.
Convertir a Chile en un polo internacional del reciclaje requiere tres factores decisivos: simplificación normativa, aprovechamiento territorial y una cultura circular basada en innovación y cooperación.
Cuatro factores clave para avanzar:
1. Daniel Rojas plantea que el primer paso es revisar la estructura regulatoria y facilitar los procesos: “Las normativas deben simplificarse y actualizarse. Existen figuras como la del consumidor industrial que no resultan adecuadas para todas las realidades productivas. Asimismo, es clave considerar la diversidad territorial: la minería en el norte y el sector forestal en el sur son polos naturales para desarrollar nuevas capacidades de reciclaje y valorización. Chile tiene condiciones únicas para transformar estos territorios en centros de innovación circular. Además, es fundamental mejorar la coordinación interministerial para avanzar con eficiencia”.
2. Por su parte, Cristóbal Villar coincide en que el aprendizaje internacional es una fuente clave: “Siempre es bueno mirar hacia afuera. En Europa, el reciclaje de PET supera el 85%. Lo lograron con coordinación público-privada, buena comunicación y educación ambiental sostenida en el tiempo. Los países que hoy son referentes demoraron décadas en alcanzar sus niveles actuales: España tardó 50 o 60 años en reciclar el 50% de sus residuos. Chile recién llega al 5%. Tenemos que ser persistentes, invertir y no decaer”.
3. En lo relacionado a buenas prácticas a incorporar en Chile, el gerente general de ARNEC destaca que “en Europa, el derecho a reparar y la priorización de la reutilización han fortalecido redes de talleres, plantas pequeñas y ecosistemas de innovación que dinamizan la economía local. No se trata solo de reciclar, sino de reacondicionar, remanufacturar y reparar. Chile puede dar un salto cualitativo incorporando y adaptando estos principios a su propia realidad”.
4. En esa misma línea, el gerente de TYPACK Chile –RECIPET destaca la importancia de la educación ambiental: “Si hay algo que nunca falla para aumentar las tasas de reciclaje es un buen despliegue
comunicacional y una educación ambiental que llegue realmente a la comunidad. En RECIPET, por ejemplo, desarrollamos varias iniciativas de reciclaje en colegios.”
Finalmente, Daniel Rojas enfatiza en la relevancia de incorporar criterios diferenciados en las licencias ambientales según desempeño o riesgo, fomentar las compras públicas sustentables y fortalecer el vínculo entre universidades, empresas y gremios:
“En España, los sistemas de gestión colectivos trabajan directamente con universidades, algunas de las cuales cuentan con plantas de recauchaje operativas, como ocurre en la Comunidad Valenciana. Ese vínculo entre academia, industria y gremios es esencial para innovar, formar capital humano especializado y desarrollar soluciones sostenibles que puedan escalar en el tiempo”.
Chile tiene las capacidades técnicas y el marco regulatorio para convertirse en un referente regional. El desafío está en articular esos recursos bajo una visión común, que combine regulación inteligente, cooperación gremial e incentivos sostenibles. Desde ANIR, reafirmamos que la economía circular no solo es una meta ambiental: es una oportunidad estratégica para el desarrollo del país.

International Hub

Regulation, innovation, and public-private cooperation are the keys for Chile to take on a strategic role in the international circular economy.
The new environmental regulations and the expansion of the circular economy are transforming the global recycling map. In this context, Chile faces a unique opportunity: to position itself as a reliable destination for material processing.
The global recycling sector has become a key engine for future sustainable development and for a global society convinced that the future lies in a circular economic model. In this context, the recycling industry manages over 600 million tons of recyclable materials every year, according to data provided by the Bureau of International Recycling (BIR).
Recycling is no longer just an environmental practice: it is an axis of global economic competitiveness.
It has been stated that 1.6 million people worldwide work in the recycling industry; in the United States alone, this industry is estimated to generate more than 500,000 direct jobs and contribute $117 billion annually to the economy.
From the Bureau of International Recycling (BIR), Alev Somer, in an exclusive testimony for ANIR, warns that protectionism and trade barriers could slow down global decarbonization.
“In a world of increasing protectionism and shifting commercial dynamics, guaranteeing the free circulation of secondary raw materials is vital to balancing markets, sustaining recycling, and driving global decarbonization. Trade barriers could create scarcity in certain geographical areas and surpluses in others, lower recycling rates, and a drop in investment that would harm not only the interests of the recycling industry but also the environment. BIR continually promotes free and fair trade as the basis for a circular economy and a stable, sustainable future for the recycling industry.”
Chile, as a member of the OECD and with advanced regulatory frameworks, is positioned as a relevant player in this debate.

At the regional level, each Latin American generates one kilo of waste per day, and the region as a whole generates approximately 541,000 tons, representing about 10% of global waste. However, recycling rates are very low, with 90% of the waste generated in the region ending up wasted and deposited in landfills. This data, provided by the United Nations report “Waste Management Outlook for Latin America and the Caribbean” (2018), reflects that much progress is still needed in the region.
In Chile’s particular case, the World Bank study “What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050” (2018) places the country as the second largest waste generator in the region, with 1.15 kilos per person per day, only surpassed by Mexico (1.16 kg/day) and closely followed by Argentina (1.14 kg/day).
The region has advanced in adopting regulatory frameworks that promote waste management and the circular economy. In Chile, the Extended Producer Responsibility Law (EPR Law) and the Circular Economy Roadmap for Chile by 2040 stand out as instruments that have driven more demanding environmental standards and transition processes toward sustainable production models.
In this uneven panorama, Chile stands out for having a clear roadmap and a regulatory framework currently being implemented.
From the perspective of sector managers, the challenges transcend regulations: it is about building a coordinated and competitive system. Daniel Rojas, General Manager of the Chilean Association of Tire Retreaders and Renewers (ARNEC), an organization that actively participates in Latin American trade association bodies, warns:

“At this moment, Chile and Latin America are going through a complex and heterogeneous transition in terms of recycling, influenced by geopolitical dynamics and the productive realities of each country. Generally, regulatory
asymmetries persist, along with traceability gaps and excessive bureaucracy in permits that act as bottlenecks. Furthermore, regional coordination remains limited, which hinders the consolidation of common standards and sustainable value chains.
”
His analysis puts into perspective the importance of having adaptive regulation capable of balancing competitiveness and sustainability.
“Dialogue with other stakeholders in the region and around the world offers us tools to update and improve our regulation according to the country’s territorial reality. In the case of the EPR Law applied to tires, we have worked since its inception in the Expanded Operating Committee, observing models in Europe, the United States, and Latin America. In the Atlantic, for example, some countries have anti-dumping instruments against low-quality Asian tires, while in the Pacific, that option does not exist, as we operate in smaller and more open markets. In this context, the EPR Law has helped to organize and bring transparency to regulation at the national and regional levels.”
From the plastics sector, Cristóbal Villar, Manager of TYPACK Chile – RECIPET, warns that the gap between what is recovered (valorized) and what is effectively managed under the EPR Law reveals a structural problem.

“According to the study published by ASIPLA (“Annual Statistical Report of the Plastics Industry”, 2024), between 2022 and 2024, plastic valorization increased by 20%, reaching 127,000 tons. That is excellent news. However, in that same period, household collection fell by about 20%, which is directly related to the EPR Law and the low compliance with the defined targets. If you add to that the fact that only 20% of the recycled plastic went through this regulation, we have a problem, because much of what is recycled today is not in the management system and does not comply with the law, which is the anchor for meeting the targets.”
The situation reflects the urgency of strengthening traceability and transparency in the processes carried out by management systems.
The country has managed to build a reputation for institutional stability, solid regulatory frameworks, and a technical culture that differentiates it within Latin America. Its membership in the OECD, along with the implementation of the EPR Law and the Circular Economy Roadmap for Chile by 2040, has allowed it to advance
toward environmental standards comparable to those of developed countries.
The interviewees agree that the country has unique comparative advantages, but also pending tasks to scale globally.
For Daniel Rojas, despite the fact that the country needs to progress alongside Latin America in terms of recycling, the elements mentioned above provide a solid foundation for projecting it as a regional benchmark:
“Chile has institutional trust, a technical culture, and the possibility of direct dialogue between trade associations and authorities, which is undoubtedly a plus compared to other countries in the region.”
However, the General Manager of ARNEC warns that there are still challenges that must be resolved to consolidate this position, especially regarding the destination of byproducts generated by valorization and pyrolysis processes:
“If we aspire for Chile to consolidate itself as a real recycling power, we must guarantee that the by-products generated in valorization processes have a destination, demand, and industrial use. It is not just about recycling to meet a target, but about generating economic value and productive continuity. In that sense, focusing only on figures can be misleading if there are no outlets for the recovered materials. The true challenge is to ensure traceability and measure impact, tracking them until their final destination, even when there is export.”
While Rojas emphasizes the need to guarantee a destination for by-products, Villar underscores the importance of expanding collection and coordination among stakeholders.
“Chile has good laws, qualified professionals, and high-level infrastructure. The great challenge is coordinating public and private efforts to move in the same direction. One of the critical points is household collection coverage, which still presents significant gaps. If we manage to increase collection coverage by at least 50% in each commune, we will be much closer to materializing Chile’s potential in this area,” indicated the Manager of TYPACK Chile – RECIPET.
Based on the interviewees’ vision, the question arises of how the country can advance to make the goal of becoming an international processing hub a reality.
Transforming Chile into an international recycling hub requires three decisive factors: regulatory simplification, territorial leveraging, and a circular culture based on innovation and cooperation

1. Daniel Rojas suggests that the first step is to review the regulatory structure and facilitate processes: “Regulations must be simplified and updated. Figures such as the industrial consumer are not suitable for all productive realities. Likewise, it is key to consider territorial diversity: mining in the north and the forestry sector in the south are natural hubs for developing new recycling and valorization capacities. Chile has unique conditions to transform these territories into centers of circular innovation. Furthermore, improving inter-ministerial coordination is essential to advance efficiently.”
2. For his part, Cristóbal Villar agrees that international learning is a key source: “It is always good to look outward. In Europe, PET recycling exceeds 85%. They achieved this with public-private coordination, good communication, and sustained environmental education over time. The countries that are benchmarks today took decades to reach their current levels: Spain took 50 or 60 years to recycle 50% of its waste. Chile has only reached 5%. We must be persistent, invest, and not give up.”
4. Regarding best practices to incorporate in Chile, the General Manager of ARNEC highlights that: “In Europe, the right to repair and the prioritization of reuse have strengthened networks of workshops, small plants, and innovation ecosystems that revitalize the local economy. It is not just about recycling, but about reconditioning, remanufacturing, and repairing. Chile can take a qualitative leap by incorporating and adapting these principles to its own reality.”
5. In the same vein, the Manager of TYPACK Chile – RECIPET emphasizes the importance of environmental education: “If there is one thing that never fails to increase recycling rates, it is a good communication deployment and environmental education that truly reaches the community. At RECIPET, for example, we develop several recycling initiatives in schools.”
Finally, Daniel Rojas emphasizes the relevance of incorporating differentiated criteria in environmental licenses based on performance or risk, promoting sustainable public procurement, and strengthening the link between universities, companies, and trade associations:
“In Spain, collective management systems work directly with universities, some of which have operational retreading plants, as occurs in the Valencian Community. This link between academia, industry, and trade associations is essential for innovating, training specialized human capital, and developing sustainable solutions that can scale over time.”
Chile has the technical capabilities and the regulatory framework to become a regional benchmark. The challenge lies in articulating these resources under a common vision that combines smart regulation, trade cooperation, and sustainable incentives. From ANIR, we confirm that circular economy is not only an environmental goal: it is a strategic opportunity for the country’s development.

Acuerdo de Producción Limpia (APL) - Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático - ANIR:
El Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Industria de Manejo y Valorización de Residuos de Envases No Domiciliarios en Chile” impulsado por la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR) marca un hito en la modernización de la gestión de residuos industriales en Chile.
La trazabilidad de los residuos es uno de los desafíos estructurales de la Ley REP. Conscientes de ello, la ANIR dio un paso decisivo al firmar en julio de 2024 un Acuerdo de Producción Limpia (APL), instrumento de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), titulado: “Industria de Manejo y Valorización de Residuos de Envases No Domiciliarios en Chile”, iniciativa que busca implementar metodologías, procedimientos y tecnologías que fortalezcan la trazabilidad del flujo de residuos desde su origen hasta su valorización.
Actualmente, 17 empresas gestoras y 29 instalaciones participan activamente del acuerdo, con el apoyo y patrocinio del sistema de gestión de envases no domiciliarios de ProREP, y del Ministerio del Medioo Ambiente, en un trabajo que se extenderá entre el 2025 y 2026.
Durante su primer año de ejecución, el APL se ha centrado en levantar información crítica sobre las operaciones de las empresas participantes, sus sistemas de registro, brechas y desafíos. Con base en estos antecedentes, se dio inicio al Plan Piloto de Trazabilidad, que busca identificar las limitaciones reales en terreno y proponer soluciones escalables.
“Durante 2026 se avanzará y completará este plan piloto de trazabilidad en todas las empresas adscritas, esperando generar directrices que puedan aplicarse a todo el sector. Además, cada empresa en forma individual deberá identificar e implementar elementos susceptibles de mejora en sus procesos, con el fin de optimizar aspectos de eficiencia relacionados con la identificación de origen, segregación, reducción de pérdidas, mejoras de logística y uso eficiente de energía, por mencionar algunos, los que también involucran a los distintos actores de su cadena de valor”, detalla Sara Contreras.
Desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la coordinadora de este APL, Valeska Torres, destaca que este acuerdo representa un instrumento catalizador de transformación para la industria, al abordar tres dimensiones clave: una técnica, una colaborativa y una de reconocimiento.

La consultora especialista en medioambiente, gestión de residuos y Ley REP, Sara Contreras, quien junto a Ingrid Amashta lidera el proceso de implementación del APL, explica que “el acuerdo tiene como propósito mejorar la cuantificación de los flujos de residuos y la eficiencia de los procesos de gestión, contribuyendo además a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Así también permitirá sentar las bases para una trazabilidad común, basada en información verificable y procedimientos estandarizados, aplicables incluso más allá de los residuos REP”. Con este acuerdo, ANIR consolida su rol como articulador entre la industria y el Estado, contribuyendo a un lenguaje común en la gestión de residuos.
“En lo técnico, el APL busca resolver un problema estructural: la falta de trazabilidad efectiva entre residuos pre y post consumo, que dificulta la reportabilidad y la confiabilidad de los datos. En lo colaborativo, el acuerdo ha fortalecido los lazos entre el sector público y privado, promoviendo capacitaciones conjuntas y diálogo directo con los ministerios. Y en el reconocimiento, la implementación del Sello APL permitirá reconocer formalmente a las empresas que logren cumplir el 100% de las metas y acciones comprometidas”.
En materia de compromisos de sostenibilidad y acción climática, el APL se encuentra en línea con las metas de reducción de emisiones del país, dado que “no solo pone el foco en qué se recicla, sino también en cómo se hace. Al incorporar la medición de consumos energéticos e hídricos en las plantas y promover planes de eficiencia, el APL impulsa una industria del reciclaje más sostenible y con menor huella de carbono”, agrega Valeska Torres.
Por su parte, Sara Contreras destaca el aporte del APL a la Ley REP en el desarrollo de estándares de trazabilidad comunes, aplicables tanto a residuos REP como no REP: “Estos estándares no sólo esperan definir los requerimientos mínimos de información, sino también los
mecanismos para su traspaso entre actores de la cadena, fomentando la transparencia y la comunicación efectiva entre generadores y gestores. Así mismo, el APL contribuye directamente a las metas de la Hoja de Ruta de Economía Circular 2040, al articular a los actores de toda la cadena bajo un lenguaje técnico compartido y métricas verificables, que permitan escalar la circularidad”.

A más de un año de su firma, el balance del APL es positivo.
Según Valeska Torres, los logros se centran en tres frentes: establecimiento de fundamentos y métricas; eficiencia energética y sostenibilidad; y trazabilidad.
“Logramos establecer un lenguaje técnico común para todos los actores de la cadena de valor del reciclaje involucrados en el acuerdo. Asimismo, se desarrollaron indicadores clave para la gestión, valorización y eficiencia productiva. En cuanto a eficiencia y sostenibilidad, levantamos una línea base detallada de 30 instalaciones, en la que se analizaron sus consumos energéticos e hídricos. A partir de esta información, el gremio ha facilitado guías de apoyo y, en colaboración con los ministerios de Energía y Medio Ambiente, ha realizado capacitaciones para impulsar la eficiencia productiva y promover la futura reducción de emisiones”, comenta la coordinadora de este APL desde la ASCC.
Respecto a trazabilidad, a mediados del 2025, se dio inicio a un importante hito en el APL, el desarrollo del piloto de trazabilidad: “Este hito se logró gracias a la generación de un documento para este plan, elaborado en coordinación con distintos actores de la cadena —ANIR, gestores y valorizadores y ProREP- y con la validación del Comité Coordinador del APL, en donde se espera dar seguimiento a los flujos de información en cuanto a la trayectoria de los residuos y determinar el nivel de confiabilidad de la información obtenida en el piloto”, agrega.
Para ANIR, estos avances demuestran que la trazabilidad puede transformarse en una herramienta de competitividad y transparencia para todo el sector.
Para empresas como Texinco, con más de 30 años en la valorización de residuos, el APL ha sido una oportunidad para repensar y fortalecer los procesos de seguimiento y control. Su directora comercial, Francisca Pérez, destaca que han participado desde las primeras etapas del APL, aportando para definir los estándares, flujos e
indicadores que permitirán contar con un sistema de registro de datos.

“Para contribuir con el piloto nos dedicamos a validar estos procedimientos al llevarlos a la práctica con nuestros propios clientes. De hecho, hemos adaptado nuestros procesos, respaldándolos con documentos tributarios, para identificar incluso el material contaminado. Por otra parte, con posterioridad a la comprensión del cliente respecto de los residuos que maneja y cómo segregarlos, se debe llevar un control riguroso del peso en cada etapa del proceso. Debemos entender que la trazabilidad no es sólo seguir un residuo, sino garantizar su valorización. Y con esto alinearnos con el propósito de la Ley REP que es prevenir la disposición final de residuos en rellenos sanitarios”, explica Francisca Pérez.
Respectos a los desafíos detectados, la directora comercial de Texinco, destaca la inadecuada clasificación y separación de los residuos en origen por parte de las empresas generadoras: “Este es el principal cuello de botella para lograr un reciclaje efectivo y una valorización óptima de residuos. Por otra parte, en las etapas intermedias, donde se amerita mayor rigurosidad y precisión, se estilan estimaciones que desvirtúan el proceso, generando diferenciales importantes, sin justificaciones validas, entre lo que salió del generador y lo que finalmente llegó al destinatario”.
La brecha tecnológica también es un reto. Francisca Pérez explica: “Si bien Texinco ya tiene su propio sistema, la brecha es lograr la estandarización e integración digital de todas las plataformas de la industria para que el registro y control se simplifique, evitando la duplicación de registros y esfuerzos, logrando un mayor entendimiento por parte de todos quienes participan en el proceso”.
Respecto a cómo abordar estos desafíos, la directora de Texinco explica que “la oportunidad de mejora está en la capacitación continua a las empresas generadoras para lograr una separación correcta en origen. En el caso de las diferencias en la información, el seguimiento del residuo debe ser de manera ordenada, con exactitud y la respectiva formalidad que se requiere”.
El caso de Texinco demuestra que la trazabilidad no solo requiere tecnología, sino también cultura operativa, capacitación y disciplina en cada eslabón de la cadena.
El APL impulsado por ANIR representa un paso decisivo hacia una industria moderna, transparente y coordinada. Una base técnica y colaborativa que fortalece el cumplimiento de la Ley REP y posiciona a Chile como referente regional en trazabilidad de materiales.
Clean Production Agreement (APL) - Sustainability and Climate Change Agency - ANIR:
The Clean Production Agreement (APL in Spanish) “Industry for the Management and Valorization of NonResidential Packaging Waste in Chile” promoted by the National Association of the Recycling Industry of Chile (ANIR in Spanish) marks a milestone in the modernization of industrial waste management in Chile.
Waste traceability is one of the structural challenges of the EPR Law. Aware of this, ANIR took a decisive step by signing a Clean Production Agreement (APL) in July 2024. This instrument of the Sustainability and Climate Change Agency (ASCC in Spanish), titled: “Industry for the Management and Valorization of NonResidential Packaging Waste in Chile,” seeks to implement methodologies, procedures, and technologies that strengthen the traceability of waste flow from its origin to its valorization.
to a common language in waste management. Currently, 17 managing companies and 29 facilities are actively participating in the agreement, with the support and sponsorship of the non-residential packaging management system of ProREP, and the Ministry of the Environment, in a work that will extend between 2025 and 2026
During its first year of execution, the APL has focused on gathering critical information about the operations of the participating companies, their registration systems, gaps, and challenges. Based on this background, the Traceability Pilot Plan was launched, which seeks to identify real limitations on the ground and propose scalable solutions.
“During 2026, this traceability pilot plan will advance and be completed in all subscribed companies, expecting to generate guidelines that can be applied to the entire sector. Additionally, each company individually must identify and implement elements susceptible to improvement in its processes, in order to optimize efficiency aspects related to the identification of origin, segregation, loss reduction, logistics improvements, and efficient energy use, to name a few, which also involve the different actors in its value chain”, details Sara Contreras
The coordinator of this APL from the Sustainability and Climate Change Agency , Valeska Torres, highlights that this agreement represents a catalyst instrument for transformation for the industry, by addressing three key dimensions: a technical one, a collaborative one, and a recognition one.

The consultant specializing in environmental, waste management, and the EPR Law, Sara Contreras, who leads the APL implementation process alongside Ingrid Amashta, explains that “the purpose of the agreement is to improve the quantification of waste flows and the efficiency of management processes, also contributing to the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions. It will also lay the foundations for common traceability, based on verifiable information and standardized procedures, applicable even beyond EPR waste”.
With this agreement, ANIR consolidates its role as an articulator between industry and the State, contributing
• Technically, the APL seeks to solve a structural problem: the lack of effective traceability between pre- and post-consumer waste, which hinders reportability and data reliability.
• Collaboratively, the agreement has strengthened ties between the public and private sectors, promoting joint training and direct dialogue with ministries.
• And in terms of recognition, the implementation of the APL Seal will formally recognize companies that achieve 100% of the committed goals and actions.
In terms of sustainability commitments and climate action, the APL is in line with the country’s emission reduction goals, given that “it not only focuses on what is recycled, but also on how it is done. By incorporating the measurement of energy and water consumption in plants and promoting efficiency plans, the APL drives a more sustainable recycling industry with a lower carbon footprint,” adds Valeska Torres
For her part, Sara Contreras emphasizes the contribution of the APL to the EPR Law in the development of common traceability standards, applicable to both EPR and non-EPR waste. “These standards are expected not only to define the minimum information requirements but also the mechanisms for their transfer between actors in the chain, fostering transparency and effective communication between generators and managers. Likewise, the APL contributes directly to the goals of the Circular Economy Roadmap 2040, by articulating the actors of the entire chain under a shared technical language and verifiable metrics, which allow circularity to scale”.

More than a year after its signing, the APL balance is positive. According to Valeska Torres, the achievements focus on three fronts: establishment of fundamentals and metrics; energy efficiency and sustainability; and traceability. “We managed to establish a common technical language for all actors in the recycling value chain involved in the agreement. Key indicators for management, valorization, and productive efficiency were also developed. Regarding efficiency and sustainability, we raised a detailed baseline of 30 facilities, in which their energy and water consumption were analyzed. Based on this information, the association has facilitated support guides and, in collaboration with the Ministries of Energy and the Environment, has conducted training to boost productive efficiency and promote the future reduction of emissions,” comments the coordinator of this APL from the ASCC
Regarding traceability, in mid-2025, an important milestone in the APL was initiated: the development of the traceability pilot. “This milestone was achieved thanks to the generation of a document for this plan, prepared in coordination with different actors in the chain—ANIR, managers and valorizers, and ProREP—and with the validation of the APL Coordinating Committee, where it is expected to monitor information flows regarding the waste trajectory and determine the level of reliability of the information obtained in the pilot,” she adds. For ANIR, these advances demonstrate that traceability can be transformed into a tool for competitiveness and transparency for the entire sector.
For companies like Texinco, with over 30 years in waste valorization, the APL has been an opportunity to rethink and strengthen monitoring and control processes. Its Commercial Director, Francisca Pérez, highlights that they have participated since the first stages of the
APL, contributing to defining the standards, flows, and indicators that will allow for a data registration system.

“To contribute to the pilot, we dedicated ourselves to validating these procedures by putting them into practice with our own clients. In fact, we have adapted our processes, backing them with tax documents, to identify even contaminated material. Furthermore, subsequent to the client’s understanding of the waste they manage and how to segregate it, rigorous control of the weight at each stage of the process must be maintained. We must understand that traceability is not only about tracking a waste, but about guaranteeing its valorization. And with this, align ourselves with the purpose of the EPR Law, which is to prevent the final disposal of waste in sanitary landfills,” explains Francisca Pérez
Regarding the challenges detected, the Commercial Director of Texinco emphasizes the inadequate classification and separation of waste at the source by generating companies: “This is the main bottleneck for achieving effective recycling and optimal valorization of waste. Furthermore, in the intermediate stages, where greater rigor and precision are warranted, estimations are customary that distort the process, generating significant differentials, without valid justifications, between what left the generator and what finally reached the recipient”.
The technological gap is also a challenge. Francisca Pérez explains: “Although Texinco already has its own system, the gap is to achieve the standardization and digital integration of all industry platforms so that registration and control are simplified, avoiding the duplication of records and efforts, achieving greater understanding by all those who participate in the process”. Regarding how to address these challenges, the Director of Texinco explains that “the opportunity for improvement lies in continuous training for generating companies to achieve correct separation at the source. In the case of information differences, the waste tracking must be done in an orderly manner, with accuracy and the respective formality that is required”.
The Texinco case demonstrates that traceability not only requires technology but also operational culture, training, and discipline in every link of the chain.
The APL promoted by ANIR represents a decisive step toward a modern, transparent, and coordinated industry. A technical and collaborative base that strengthens compliance with the EPR Law and positions Chile as a regional benchmark in material traceability.
El concepto de territorio circular es clave en la estrategia país para avanzar hacia una economía sostenible. Empresas y organizaciones de la industria del reciclaje demuestran que este enfoque genera resultados concretos en empleo, formación de capital humano e infraestructura local.
El “Programa Territorio Circular”, impulsado por CORFO y el Ministerio del Medio Ambiente, e implementado por SOFOFA Hub, es una iniciativa que nace con el objetivo de articular esfuerzos públicos y privados para que la “Hoja de Ruta de Economía Circular 2040”- publicada en 2021- se materialice en acciones concretas, con un enfoque descentralizado y territorial.
Las empresas socias de ANIR han sido protagonistas en la implementación de estos modelos, demostrando que la circularidad territorial no solo reduce impactos ambientales, sino que impulsa desarrollo local sostenible.
especializada en aluminio y acero inoxidable, destaca la importancia de la Ley REP en una evolución favorable de los territorios circulares y su aporte al desarrollo regional:
“Antes de que el Estado se enfocara en economía circular, los recicladores ya operaban, especialmente en la recuperación de cartón, vidrio y papel. En los últimos tres años, especialmente por la entrada en vigencia de la Ley REP, el reciclaje industrial ha creciendo en volumen y ha perfeccionado la infraestructura construida. En el reciclaje domiciliario, que estaba poco atendido, existe más intención de avanzar, mediante mayor articulación de las regiones”.
Chile ha comenzado rutas hacia la circularidad con realidades diferentes. En el norte del país, especialmente las conocidas como “zonas mineras”, han tenido una evolución mayor.
Desde Antofagasta, Rodrigo Reyes, gerente general de Kal Tire Recycling, empresa dedicada a la administración y valorización de neumáticos para la minería y para el suministro independiente, observa una evolución concreta:

“La economía circular dejó de ser un concepto abstracto para transformarse en algo que se vive en los territorios. Implementar trazabilidad y certificar procesos no ha sido fácil, pero ha demostrado que la circularidad se construye desde el territorio. El proceso ha sido gradual, con desafíos normativos y técnicos, pero también con un aprendizaje colectivo que fortalece el ecosistema local. En una región donde la minería domina, la economía circular comienza a integrarse como una práctica habitual más que una aspiración”.

Andrea Cifuentes, gerenta de Economía Circular de Kyklos, empresa B dedicada a impulsar el desempeño ambiental, social y económico de las organizaciones para crear valor sostenible, comenta que “Chile ha ido adoptando una visión territorial para desarrollar la economía circular, en particular en el reciclaje. Pasamos desde políticas globales y posturas filosófica a una visión concreta aplicada a nivel territorial. Además, ya no es sólo asunto del Ministerio del Medio Ambiente o del municipio, sino que necesita de la articulación de distintos actores en un territorio definido”.
Por su parte, Katheryn Alemán, encargada de compras de Metalum, empresa recicladora de metales no ferrosos,
En esta misma línea, Kamal Abi Farag, director general de MSMR (Michelin Specialty Materials Recovery), planta de reciclaje de neumáticos en Chile, destaca el rol catalizador de la minería:

“El sector minero ha sido clave en acelerar la transición hacia la circularidad, tanto por volumen de residuos como por capacidad de inversión. Ayudó a dar el puntapié inicial para que los territorios evolucionaran, amparados bajo los lineamientos de la Ley REP. Hoy vemos nuevas plantas, aumento de capacidades y un crecimiento de exportaciones asociadas a productos reciclados.”
Una visión distinta entrega desde el sur de Chile. Mayling Yuen, directora ejecutiva de La Ciudad Posible, institución que tiene como propósito construir una visión compartida que haga viables acciones concretas para abordar necesidades territoriales, con foco en economía circular, regeneración y resiliencia, sostiene que la transición hacia la circularidad parte por reconocer las brechas existentes:

“Ha costado salir del concepto de reciclaje para hablar de circularidad. No lo veo como algo negativo, sino como una necesidad: el reciclaje es lo mínimo, pero en muchos territorios aún ni siquiera está bien resuelta la gestión de residuos. En lugares apartados como Chiloé, los residuos deben transportarse hasta Los Ángeles para su disposición final, lo que revela las limitaciones logísticas que aún tiene el país. La circularidad no puede avanzar si no se consolida primero una base sólida de gestión y valorización a nivel territorial con visión nacional”.
Por su parte, Francisca Díaz, directora de POCK, empresa de la Araucanía dedicada a la valorización de residuos, sostiene que “se ha avanzado en circularidad, pero falta mucho camino en el desarrollo de iniciativas regionales. La mayoría de los valorizadores se concentran en Santiago, aquí en regiones hay muchos menos. Los emprendimientos a nivel regional somos un tremendo aporte por la solución que damos a los residuos, pero tenemos el desafío de generar el producto y venderlo. Debería haber más apoyo en la tracción de demanda, así como también en descomplejizar el transporte del material, cumplir con volúmenes que te permitan ser rentable y la venta misma de los productos”.
Las visiones son diferentes respecto a la evolución del reciclaje con enfoque en territorios circulares y su aporte al desarrollo regional. Pese a ello, existen casos en donde esta forma de organizarse ha generado resultados positivos.
Economías locales se fortalecen desde la colaboración y articulación
Uno de los grandes desafíos del reciclaje en Chile es su geografía: las largas distancias encarecen la logística y dificultan un reciclaje eficiente.
Tomás Viveros, gerente de Inteligencia Circular de Ambipar, explica que contar con una red logística robusta es clave para viabilizar el proceso. En este caso, el reciclaje con enfoque territorial no es una alternativa, es una necesidad.

“En Ambipar contamos con un despliegue logístico- de Arica a Chiloé- de bases dedicadas exclusivamente a servicios logísticos, dado que las distancias que existen en el país y la concentración de valorización de residuos en la Región Metropolitana hacen que simplemente los costos logísticos invaliden cualquier cadena de valor en torno al reciclaje. Contamos con una logística atomizada dentro de cada región para consolidar carga y hacer más eficientes los tramos largos. Esto permite que el costo logístico no invalide los esfuerzos por el reciclaje, o al menos que los costos del proceso previo para llegar hasta la planta de reciclaje, sean mucho más eficientes”.
Esta mirada territorial, con enfoque en la colaboración y articulación para hacer reciclaje, también es compartida por distintos proyectos impulsados en el norte y sur del país.
En el norte, la minería ha sido clave en mejoras de empleo y capacidades para el reciclaje.
Kamal Abi Farag destaca que “la minería impulsó la economía, la creación de plantas valorizadoras y activó la cadena de valor del reciclaje, promovida por la Ley REP, que ha movilizado inversiones y permitido aumentar la capacidad instalada de valorización. En MSMR, por ejemplo, trabajamos en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para aumentar la capacidad de procesar 2.200 a 7.500 Neumáticos Fuera de Uso (NFU) al año. Esto significará aumentar un 75% la capacidad de la planta. Además, observamos nuevos actores y crecimiento en las exportaciones de reciclaje de neumáticos”.
El impacto del reciclaje en el desarrollo regional en el norte también se expresa en la creación de empleos especializados y en la instalación de infraestructura industrial fuera de Santiago. Rodrigo Reyes, lo explica a través del caso de Kal Tire:
“La instalación de nuestra planta en La Negra no solo generó empleo, sino que abrió un espacio para formar talento local. Muchos de nuestros técnicos y supervisores se capacitaron directamente en procesos que antes no existían en Chile. La operación de Kal Tire no solo introdujo nuevas tecnologías, como la pirolisis controlada o la gestión ambiental bajo estándares internacionales, sino que también cambió la percepción social del reciclaje: ya no se ve como una actividad complementaria, sino como una industria con futuro”.

El norte del país, sin duda, se ha visto favorecido por el impulso de la minería, pero ese mismo sector también enfrenta desafíos, como por ejemplo, en equidad de género y empleabilidad.
El informe “Estudios de diagnóstico y potencial que identifiquen las oportunidades específicas que la transición a la economía circular presenta para distintas regiones del país” (2023), elaborado por la consultora Deuman para el Ministerio del Medio Ambiente, identifica a las regiones mineras de Tarapacá y Antofagasta como las que presentan la segunda mayor brecha de género en empleo. Frente a ese escenario, el reciclaje con enfoque territorial ha sido una herramienta para generar desarrollo inclusivo y sostenible en los territorios.
Hace seis años, en Kyklos comenzaron a trabajar con Minera Collahuasi, dentro de su línea de vinculación con comunidades. La minera había instalado el año 2012 un punto limpio en la Zona Franca de Iquique, el cual era administrado por Denisse Morán, presidenta de la Asociación de Recicladores de Tarapacá Ella, y un equipo de mujeres, atendían de lunes a viernes, pero su ingreso dependía sólo de la venta del material recolectado, lo que generaba alta rotación e inestabilidad.
“Decidimos junto a Collahuasi cambiar ese modelo. Acordamos pagar un monto fijo por la atención al público, y la segregación del material recibido, independiente del volumen. Además, establecimos un tarifario para los materiales y formalizamos la cadena de traslado. El siguiente paso fue avanzar hacia la emisión de facturas, en base a los nuevos requerimientos de la Ley REP”, relata Andrea Cifuentes.
“Un año después, los resultados fueron evidentes: el equipo se formalizó, se capacitó y comenzó a recibir un sueldo base más un incentivo variable. Hoy, Denisse y su equipo forman la Cooperativa Servirec, prestan servicios de retiro, recepción y segregación de material, y se consolidaron gracias a la firma de un convenio con un sistema de gestión y con ello, han triplicado sus ingresos en los últimos tres años”, concluye.
En la zona sur, el reciclaje ha tomado identidad propia. Regiones como La Araucanía y Los Lagos destacan por su industria manufacturera, que según el informe Deuman (2023) se posiciona como el segundo y primer sector prioritario regional, respectivamente.
En la Región de la Araucanía, la empresa POCK, liderada por Francisca Díaz, ha demostrado que el reciclaje puede ser motor de empleo y desarrollo industrial.
“Somos una empresa que recibe material de la región y zonas aledañas. Contamos con trabajadores formales y capacidad de valorizar residuos complejos que antes se iban a rellenos sanitarios. Somos un referente local de cómo valorizar y cómo hacer economía circular logrando un producto 100% de plástico reciclado capaz de reemplazar a la madera, con cualidades ideales para climas complejos”.
En el extremo sur, la circularidad se traduce en creatividad y emprendimiento. Mayling Yuen destaca iniciativas que conectan problemas locales con oportunidades productivas:
“En Chiloé, Rafael Maripán, parte del territorio de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), desarrolló a partir de algas y lana de oveja un pellet, dando solución a un problema del territorio: la dificultad para dar salida comercial a la lana. En el sur, su procesamiento es costoso y muchas veces el precio pagado no compensa, por lo que gran parte termina abandonada en los campos. Este emprendimiento es un ejemplo de cómo desde la innovación y conocimiento del territorio, se pueden transformar residuos locales en productos comercializables”.
A lo largo del país el reciclaje avanza adaptándose a las condiciones y necesidades de cada territorio, en donde los diferentes actores que componen la cadena del reciclaje tienen un rol clave. En esta línea, Katheryn Alemán destaca el impacto del trabajo de Metalum con cooperativas de recicladores de base a través de

programas como “La Ruta del Retiro”, cuyo objetivo es formalizar y facilitar su trabajo, recogiendo latas en sus domicilios para que las pesen y paguen sin intermediarios, o “Mi Lata Vale”, novedoso programa que ha logrado llegar con beneficios tangibles tanto a consumidores como almacenes de barrio.
“Hemos acompañado a recicladores a lo largo de Chile. Un ejemplo son las cooperativas de Hualpén, Tierra bella en Chiguayante, Recicladores de Biobío en Concepción, Asociación de recicladores de base esfuerzos del mar en la caleta Lenga, , integradas principalmente por mujeres de la tercera edad y madres solteras. Queremos que entiendan el valor del material que recolectan y puedan vender directamente, sin depender de intermediarios, mejorando así sus ingresos al recibir un precio más alto por material vendido. Para eso, los hemos asesorado en su proceso de capacitación y formalización”.
Para Máx Vergara, gerente de Desarrollo de Negocios de Metalum, este modelo colaborativo demuestra que el reciclaje regional solo puede consolidarse mediante alianzas sólidas entre empresas, recicladores y gobiernos locales.

“Desde nuestros inicios comprendimos que aumentar las tasas de reciclaje en Chile requería colaboración estratégica. Las alianzas que hemos construido permiten formalizar actores, mejorar la trazabilidad y convertir desafíos logísticos en oportunidades de valor compartido.”
Este modelo de colaboración se refleja en distintas iniciativas que conectan al sector empresarial con comunidades y actores locales.
“Un ejemplo de ello es el Banco Social de Latas, una iniciativa de triple impacto que hemos impulsado en conjunto entre Kyklos y Metalum y que une a comunidades educativas, recicladores y empresas productoras. Hoy participan más de 870 establecimientos, involucrando a casi 330 mil estudiantes en acciones ambientales”.
La experiencia de las empresas socias de ANIR demuestra que los territorios circulares no son solo un ideal, sino una estrategia concreta para descentralizar la economía del reciclaje, fortalecer comunidades y acelerar la transición hacia un desarrollo sostenible para todo Chile

Concept of a circular territory is key to the country’s strategy for advancing toward a sustainable economy. Companies and organizations in the recycling industry demonstrate that this approach generates concrete results in employment, human capital formation, and local infrastructure. The “Programa Territorio Circular” (Circular Territory Program), promoted by CORFO and the Ministry of the Environment and implemented by SOFOFA Hub, is an initiative created with the objective of articulating public and private efforts so that the Circular Economy Roadmap 2040—published in 2021— is materialized in concrete actions, with a decentralized and territorial focus.
ANIR’s partner companies have been protagonists in the implementation of these models, demonstrating that territorial circularity not only reduces environmental impacts but also promotes sustainable local development. Andrea Cifuentes, Circular Economy Manager at Kyklos, a B Corp dedicated to boosting the environmental, social, and economic performance of organizations to create sustainable value, comments that: “Chile has been adopting a territorial vision to develop the circular economy, particularly in recycling. We moved from global policies and philosophical stances to a concrete vision applied at a territorial level. Furthermore, it is no longer just a matter for the Ministry of the Environment or the municipality, but requires the articulation of different actors in a defined territory.”

For her part, Katheryn Alemán, Purchasing Manager at Metalum, a non-ferrous metals recycling company specializing in aluminum and stainless steel, highlights the importance of the EPR Law in the favorable evolution of circular territories and their contribution to regional development: “Before the State focused on the circular
economy, recyclers were already operating, especially in the recovery of cardboard, glass, and paper. In the last three years, especially due to the entry into force of the EPR Law, industrial recycling has grown in volume and has perfected the built infrastructure. In residential recycling, which was poorly served, there is greater intention to advance through greater articulation in the regions.”
Chile has begun routes toward circularity with diverse realities. In the north of the country, especially the areas known as “mining zones,” there has been greater evolution. From Antofagasta, Rodrigo Reyes, General Manager of Kal Tire Recycling, a company dedicated to the administration and recovery of tires for mining and independent supply, observes a concrete evolution: “The circular economy ceased to be an abstract concept to become something that is lived in the territories. Implementing traceability and certifying processes has not been easy, but it has shown that circularity is built from the territory. The process has been gradual, with normative and technical challenges, but also with a collective learning that strengthens the local ecosystem. In a region where mining dominates, circular economy begins to integrate as a common practice rather than an aspiration.”

In the same vein, Kamal Abi Farag, General Director of MSMR (Michelin Specialty Materials Recovery), a tire recycling plant in Chile, highlights the catalytic role of mining: “The mining sector has been key in accelerating the transition toward circularity, both due to the volume of waste and investment capacity. It helped to kick-start the evolution of territories, protected under the guidelines of the EPR Law. Today we see new plants, increased capacity, and growth in exports associated with recycled products.”
A different view is provided from the south of Chile.

Mayling Yuen, Executive Director of La Ciudad Posible, an institution whose purpose is to build a shared vision that makes concrete actions viable to address territorial needs, with a focus on circular economy, regeneration, and resilience, maintains that the transition toward circularity begins by recognizing existing gaps: “It has been difficult to move beyond the concept of recycling to talk about circularity. I don’t see it as something negative, but as a necessity: recycling is the minimum, but in
many territories, waste management isn’t even properly resolved yet. In remote places like Chiloé, waste must be transported to Los Ángeles for final disposal, which reveals the logistical limitations the country still has. Circularity cannot advance if a solid base of territorial management and recovery with a national vision is not first consolidated.”

For her part, Francisca Díaz, Director of POCK, a company in La Araucanía dedicated to waste valorization, argues that: “progress has been made in circularity, but there is still a long way to go in developing regional initiatives. Most valorization companies are concentrated in Santiago; there are far fewer here in the regions. Regional enterprises are a tremendous contribution because of the solution we provide for waste, but we have the challenge of generating the product and selling it. There should be more support in demand traction, as well as in decomplexifying material transport, meeting volumes that allow you to be profitable, and the sale of the products themselves.”
The views differ regarding the evolution of recycling with a focus on circular territories and its contribution to regional development. Despite this, there are cases where this way of organizing has generated positive results.
One of the major challenges of recycling in Chile is its geography: long distances increase logistics costs and hinder efficient recycling. Tomás Viveros, Circular Intelligence Manager at Ambipar, explains that having a robust logistics network is key to making the process viable. In this case, recycling with a territorial focus is not an alternative, it is a necessity. “At Ambipar, we have a logistics deployment—from Arica to Chiloé—of bases dedicated exclusively to logistics services, given that the distances in the country and the concentration of waste recovery in the Metropolitan Region simply invalidate any value chain around recycling. We have atomized logistics within each region to consolidate cargo and make long-distance sections more efficient. This ensures that the logistics cost does not invalidate recycling efforts, or at least that the costs of the prior process to reach the recycling plant are much more efficient.”
This territorial perspective, with a focus on collaboration and articulation for recycling, is also shared by different
projects promoted in the north and south of the country.

In the north, mining has been key in improving employment and recycling capabilities. Kamal Abi Farag highlights that: “Mining boosted the economy, the creation of valorization plants, and activated the recycling value chain, promoted by the EPR Law, which has mobilized investments and allowed installed recovery capacity to increase. At MSMR, for example, we are working on an Environmental Impact Statement (DIA) to increase the capacity to process from 2,200 to 7,500 End-of-Life Tires (NFU) per year. This will mean a 75% increase in plant capacity. Furthermore, we observe new actors and growth in tire recycling exports.”
The impact of recycling on regional development in the north is also expressed in the creation of specialized jobs and the installation of industrial infrastructure outside Santiago. Rodrigo Reyes explains this through the case of Kal Tire: “The installation of our plant in La Negra not only generated employment but also opened a space to train local talent. Many of our technicians and supervisors were trained directly in processes that previously did not exist in Chile. Kal Tire’s operation not only introduced new technologies, such as controlled pyrolysis or environmental management under international standards, but also changed the social perception of recycling: it is no longer seen as a complementary activity, but as an industry with a future.”
The north of the country has undoubtedly benefited from the impulse of mining, but this sector also faces challenges, such as in gender equity and employability. The report “Estudios de diagnóstico y potencial que identifiquen las oportunidades específicas que la transición a la economía circular presenta para distintas regiones del país” (2023) (Diagnostic and potential studies that identify the specific opportunities that the transition to the circular economy presents for different regions of the country), prepared by the Deuman consultancy for the Ministry of the Environment, identifies the mining regions of Tarapacá and Antofagasta as those with the second-highest gender gap in employment.
Faced with this scenario, recycling with a territorial approach has been a tool for generating inclusive and sustainable development in the territories. Six years ago, Kyklos began working with Minera Collahuasi, within its line of community engagement. In 2012, the mining company had installed a recycling point in the
Iquique Free Zone, which was administered by Denisse Morán, president of the Tarapacá Recyclers Association. She, and a team of women, attended from Monday to Friday, but their income depended only on the sale of the collected material, which generated high turnover and instability.
“We decided with Collahuasi to change that model. We agreed to pay a fixed amount for customer service and the segregation of received material, regardless of the volume. Furthermore, we established a price list for the materials and formalized the transfer chain. The next step was to move toward issuing invoices, based on the new requirements of the EPR Law,” relates Andrea Cifuentes. “A year later, the results were evident: the team was formalized, trained, and began receiving a base salary plus a variable incentive. Today, Denisse and her team form the Servirec Cooperative, provide collection, reception, and segregation services, and consolidated themselves thanks to signing an agreement with a management system, and with this, they have tripled their income in the last three years,” she concludes.
In the southern zone, recycling has taken on its own identity. Regions like La Araucanía and Los Lagos stand out for their manufacturing industry, which according to the Deuman report (2023) is positioned as the second and first priority regional sector, respectively.
In the La Araucanía Region, the company POCK, led by Francisca Díaz, has shown that recycling can be a driver of employment and industrial development. “We are a company that receives material from the region and surrounding areas. We have formal workers and the capacity to recover complex waste that previously went to landfills. We are a local benchmark for how to valorize and how to do a circular economy, achieving a product made 100% from recycled plastic capable of replacing wood, with ideal qualities for complex climates.”
innovation and knowledge of the territory, local waste can be transformed into marketable products.”
Throughout the country, recycling advances, adapting to the conditions and needs of each territory, where the different actors that make up the recycling chain play a key role. Along this line, Katheryn Alemán highlights the impact of Metalum’s work with informal recycler cooperatives through programs like “La Ruta del Retiro” (The Collection Route), whose objective is to formalize and facilitate their work by collecting cans at their homes so they can weigh and pay without intermediaries, or “Mi Lata Vale” (My Can is Worth), a novel program that has managed to bring tangible benefits to both consumers and neighborhood stores.
“We have supported recyclers throughout Chile. An example is the cooperatives of Hualpén, Tierra Bella in Chiguayante, Recicladores de Biobío in Concepción, and the Asociación de recicladores de base esfuerzos del mar (Association of informal recyclers, efforts of the sea) in the Lenga cove, integrated mainly by elderly women and single mothers. We want them to understand the value of the material they collect and be able to sell directly, without depending on intermediaries, thus improving their income by receiving a higher price per sold material. For this, we have advised them on their training and formalization process.”


In the far south, circularity translates into creativity and entrepreneurship. Mayling Yuen highlights initiatives that connect local problems with productive opportunities: “In Chiloé, Rafael Maripán, part of the Globally Important Agricultural Heritage Systems (SIPAM) territory, developed a pellet from algae and sheep’s wool, providing a solution to a territorial problem: the difficulty in giving wool a commercial outlet. In the south, its processing is costly and often the price paid does not compensate, so much of it ends up abandoned in the fields. This venture is an example of how, through
For Máx Vergara, Business Development Manager at Metalum, this collaborative model demonstrates that regional recycling can only be consolidated through strong alliances between companies, recyclers, and local governments. “From our beginnings, we understood that increasing recycling rates in Chile required strategic collaboration. The alliances we have built allow us to formalize actors, improve traceability, and convert logistical challenges into opportunities for shared value.”
This collaboration model is reflected in various initiatives that connect the business sector with communities and local actors. “An example of this is the Banco Social de Latas (Social Can Bank), a triple-impact initiative that we have jointly promoted between Kyklos and Metalum and which unites educational communities, recyclers, and producer companies. Today, more than 870 establishments participate, involving nearly 330 thousand students in environmental actions.”
The experience of ANIR’s partner companies demonstrates that circular territories are not just an ideal, but a concrete strategy to decentralize the recycling economy, strengthen communities, and accelerate the transition toward sustainable development for all of Chile.
En un país donde el reciclaje aún enfrenta importantes barreras culturales, logísticas y regulatorias, Flux irrumpe como un emprendimiento que combina estética, circularidad e innovación tecnológica para transformar materiales plásticos en materi de alto valor. Fundada por tres hermanos —dos diseñadoras y un sociólogo— la empresa nace desde una motivación familiar: dejar atrás los servicios intangibles y trabajar con la materia, cuestionando desde su raíz la cultura de lo desechable.
Flux es el nuevo socio de ANIR y un actor emergente que demuestra que la economía circular puede —y debe— ser también sinónimo de diseño, trazabilidad e impacto real.
La delegación pudo conocer en terreno desarrollos tecnológicos aplicados a la separación y valorización de escombros, así como la operación de plantas procesadoras en Londres y centros de ingeniería en Irlanda del Norte.
De los juguetes
“Todo partió con la idea de hacer juguetes hechos de juguetes”, recuerda Consuelo Yávar. La sobreabundancia de productos plásticos desechables para niños durante la pandemia fue el punto de partida de una investigación familiar que evolucionó hacia la creación de un material propio, compuesto 100% por plásticos reciclados y, a su vez, 100% reciclables. Así nació el panel flux, un producto monomaterial que puede volver al ciclo sin perder sus propiedades.
“Nos dimos cuenta de que el mundo del reciclaje está lleno de mezclas imposibles de recuperar. Nuestro foco fue desarrollar un material estéticamente atractivo, duradero y verdaderamente circular. Ese equilibrio ha sido el corazón de nuestro desarrollo”, afirma.
La historia detrás de cada diseño
Para Flux, el relato importa tanto como el diseño. Cada panel o mueble cuenta con una historia trazable sobre su origen. “Una cubierta de mesa puede estar hecha con 2.500 envases de yogur. Eso permite a las personas entender el impacto de lo que consumen y visualizar el ciclo completo del residuo”, explica Yávar.


Este enfoque comunicacional no solo da valor al producto, sino que busca generar conciencia ciudadana sobre los materiales plásticos descartados y su potencial de transformación.
La operación de Flux se desarrolla desde la Región Metropolitana, con un modelo de abastecimiento variado que incluye compras a gestores de materiales, donaciones de empresas y trabajo conjunto con recicladores de base. Aunque procesan distintos tipos de plásticos como HDPE, LDPE y PP, hoy el 95% de su producción se basa en poliestireno (PS), uno de los menos valorizados en Chile.
“Escogimos el PS porque es un material con muy baja tasa de reciclaje. Vimos ahí una oportunidad de impacto real, aunque también grandes desafíos técnicos por la falta de infraestructura intermedia”, agrega.
En este camino, Flux ha tenido que desarrollar su propia tecnología para poder escalar. “No hay máquinas de catálogo para lo que hacemos. Todo ha sido con ensayo y error, en colaboración entre ingenieros y diseñadores. Nuestra planta es resultado de cuatro años de aprendizaje, equivocaciones y mejora continua”, destaca Yávar.
Desde esta experiencia, también surge una visión crítica: “La Ley REP está diseñada solo para los grandes actores. Quienes realmente estamos innovando desde abajo no tenemos espacio para participar, ni incentivo ni apoyo. Eso
limita la diversidad de soluciones y frena el desarrollo de propuestas más conectadas con lo cultural y lo educativo”.
Hoy, Flux trabaja en dos líneas de negocio: materiales sustentables (paneles) y mobiliario terminado. Sus productos están presentes en espacios como restaurantes, colegios y hogares. Además, su modelo busca normalizar el valor de los materiales reciclados desde la infancia, convirtiéndolos en parte del entorno cotidiano de las nuevas generaciones.
“Nuestro sueño es llevar la basura a los museos. Que un residuo transformado en diseño pueda exhibirse como arte o diseño de autor. Porque cuando le das valor a un residuo, lo elevas, le cambias su destino”, concluye Yávar.

In a country where recycling still faces significant cultural, logistical, and regulatory barriers, Flux emerges as a venture that combines aesthetics, circularity, and technological innovation to transform plastic materials into high-value matter.
Founded by three siblings—two designers and a sociologist—the company was born from a family motivation: to move away from intangible services and work with matter, questioning the culture of disposability at its root.
Flux is ANIR’s newest partner and an emerging player that demonstrates that the circular economy can—and should—also be synonymous with design, traceability, and real impact.
“It all started with the idea of making toys made out of toys,” recalls Consuelo Yávar. The overabundance of disposable plastic products for children during the pandemic was the starting point for a family investigation that evolved into the creation of their own material, composed of 100% recycled plastics and, in turn, 100% recyclable.
This is how the Flux panel was born: a monomaterial product that can return to the cycle without losing its properties. “We realized that the world of recycling is full of blends that are impossible to recover. Our focus was on developing a material that is aesthetically attractive, durable, and truly circular. That balance has been the heart of our development,” she states.
For Flux, the narrative is just as important as the design. Every panel or piece of furniture includes a traceable history of its origin. “A tabletop can be made from 2,500 yogurt containers. This allows people to understand the impact of what they consume and visualize the waste’s


complete cycle,” explains Yávar. This communication approach not only adds value to the product but also seeks to generate public awareness about discarded plastic materials and their potential for transformation.
Flux’s operations are based in the Metropolitan Region, utilizing a varied supply model that includes purchases from material managers, company donations, and collaborative work with informal recyclers (recicladores de base). Although they process different types of plastics such as HDPE, LDPE, and PP, today 95% of their production is based on polystyrene (PS), one of the least recovered materials in Chile. “We chose PS because it’s a material with a very low recycling rate. We saw a real opportunity for impact there, but also major technical challenges due to the lack of intermediate infrastructure,” she adds.
On this path, Flux has had to develop its own technology in order to scale. “There are no off-the-shelf machines for what we do. Everything has been trial and error, a collaboration between engineers and designers. Our plant is the result of four years of learning, mistakes, and continuous improvement,” emphasizes Yávar.
This experience also brings forth a critical view: “The REP Law is designed only for large players. Those of us who are truly innovating from the ground up have no space to participate, no incentive, and no support. This limits the diversity of solutions and slows down the
development of proposals that are more connected to culture and education.”
Today, Flux works on two business lines: sustainable materials (panels) and finished furniture. Their products are present in spaces such as restaurants, schools, and homes. Furthermore, their model seeks to normalize the value of recycled materials starting in childhood, making them part of the daily environment for new generations.
“Our dream is to take trash to museums. That a material transformed into design can be exhibited as art or designer furniture. Because when you give value to waste, you elevate it—you change its destiny,” concludes Yávar.

En un contexto donde la economía circular exige compromiso, trazabilidad y educación ambiental, HOPE se suma como nuevo socio de ANIR, consolidando su rol como actor clave en la valorización de materiales domiciliarios y no domiciliarios, y la generación de soluciones integrales para pequeños y medianos generadores.
Fundada hace más de 12 años, HOPE —cuyo nombre significa “esperanza” en inglés— nació con un propósito claro: acercar el reciclaje a quienes no tenían acceso a una gestión responsable y trazable de sus materiales. “Nuestra idea original fue atender a particulares, colegios, oficinas o pequeñas industrias que querían reciclar, pero no tenían un punto limpio cerca o garantías de que su esfuerzo terminara en una planta de valorización para su aprovechamiento.”, explica Hernán Inssen, Gerente General de la compañía.
Actualmente, HOPE ofrece un servicio completo de diseño e implementación de planes de manejo de materiales reciclables, con retiro programado, clasificación en planta propia, trazabilidad certificada y entrega directa a empresas valorizadoras. Atienden casas, condominios, establecimientos educacionales, oficinas, locales comerciales, centros de salud e industrias (operación patio trasero), incluso eventos masivos; y se diferencian por acercar es “segundo eslabón” de la cadena del reciclaje a sus clientes.
“Queremos mostrar que el reciclaje no es solo dejar la botellita en un contenedor, luego hay un proceso de clasificación por materialidad y un trabajo riguroso para transformar esos recursos en materia prima para nuevos productos”, afirma Hernán.
Con una planta autorizada y camiones con resolución sanitaria, HOPE ha creado un sistema de acompañamiento
parcial o total, centralizando el modelo de jerarquía en el manejo de residuos.
“Acompañamos a los clientes en todo el proceso, desde el diseño de la zona de acopio, suministro de contenedores y señaléticas, capacitaciones y talleres, ajuste de procedimientos operacionales, indicadores de gestión, operadores y equipos en terreno, recogida diferenciada de material (reciclables, RESPEL, escombros, orgánicos, RAEE, basura general) en camiones autorizados, reportabilidad, eco equivalencia y trazabilidad para declaraciones en ventanilla única y monitoring en ley REP”
En términos de sostenibilidad, HOPE impulsa el upcycling, facilitando material clasificado a proyectos como Desafío Ambiente y Flux (socios de ANIR), que fabrican productos de alto valor a partir de materiales. “Estamos convencidos de que el reciclaje también puede ser una herramienta para que otros actores crezcan, colaborando en cadenas virtuosas”, destaca Inssen.
La Ley REP ha sido, según Hernán, un punto de inflexión. “Nos ha permitido crecer y profesionalizar el rubro. Hoy las empresas están obligadas a gestionar sus materiales, y eso visibiliza la necesidad de servicios confiables, con trazabilidad y reportabilidad. También ha fortalecido la educación ambiental y cambiado la forma en que entendemos los residuos como un recurso”, indica.
Sobre su ingreso a ANIR, el gerente de HOPE lo califica como un paso natural en el camino hacia la excelencia:
“Hace tiempo queríamos ser parte. Cumplir con los requisitos sanitarios y técnicos fue un desafío, pero es parte de profesionalizar la industria. Estar en ANIR nos permite compartir con actores que elevan el estándar y nos empujan a mejorar constantemente”.
El equipo de ANIR visitó las instalaciones de HOPE
Desde ANIR, celebramos la incorporación de HOPE y valoramos su compromiso con un reciclaje riguroso, socialmente consciente y orientado a resultados reales. Bienvenidos a este espacio de colaboración, donde la sostenibilidad se construye en red y con visión de largo plazo.

In a context where the circular economy demands commitment, traceability, and environmental education , HOPE is joining ANIR as a new partner , consolidating its role as a key player in the recovery of residential and non-residential materials , and in generating comprehensive solutions for small and medium-sized waste generators.
Founded over 12 years ago, HOPE—whose name means “esperanza” in Spanish —was born with a clear purpose: to bring recycling closer to those who lacked access to a responsible and traceable management of their materials. “Our original idea was to serve individuals, schools, offices, or small industries that wanted to recycle but did not have a nearby drop-off point or assurance that their effort would end up in a valorization plant for processing,” explains Hernán Inssen, the company’s General Manager.
Currently, HOPE offers a complete service for the design and implementation of recyclable material management plans. This includes scheduled collection, sorting at their own facility, certified traceability, and direct delivery to valorization companies. They serve homes, condominiums, educational institutions, offices, commercial premises, health centers, and industries (back-of-house operations), including mass events. They differentiate themselves by bringing the “second link” of the recycling chain closer to their clients.
“We want to show that recycling is not just leaving a bottle in a container; there is a process of classification by material type and rigorous work to transform those resources into raw material for new products,” affirms Hernán. With an authorized plant and trucks holding sanitary permits,
HOPE has created a system for partial or total support, centralizing the waste management hierarchy model.
“We accompany clients throughout the entire process : from designing the storage area, supplying containers and signage, to providing training and workshops, adjusting operational procedures, and defining management indicators. This also includes on-site operators and teams, differentiated material collection (recyclables, hazardous waste (RESPEL), debris, organics, WEEE, general waste) in authorized trucks, reportability, eco-equivalence, and traceability for declarations in the single submission system and EPR Law monitoring”.
In terms of sustainability, HOPE promotes upcycling by providing classified material to projects like Desafío Ambiente and Flux (fellow ANIR partners), which manufacture high-value products from materials. “We are convinced that recycling can also be a tool for other actors to grow, collaborating in virtuous chains,” highlights Inssen.
According to Hernán, the EPR Law has been a turning point. “It has allowed us to grow and professionalize the sector. Today, companies are obliged to manage their materials, and that highlights the need for reliable services with traceability and reportability. It has also strengthened environmental education and changed the way we understand waste—as a resource,” he indicates.
Regarding its entry into ANIR, HOPE’s General Manager describes it as a natural step on the path toward excellence : “We wanted to be part of ANIR for some time. Meeting the sanitary and technical requirements was a challenge, but it’s part of professionalizing the industry. Being in ANIR allows us to share with actors who elevate the standard and constantly push us to improve”.
From ANIR, we celebrate the incorporation of HOPE and value their commitment to rigorous, socially conscious recycling oriented toward real results. Welcome to this space for collaboration, where sustainability is built through networking and a long-term vision.


Ciudad Posible
La Ciudad Posible es uno de los nuevos socios de ANIR, y se integra al gremio como un actor clave en la articulación de soluciones socioambientales con enfoque territorial. Con presencia activa en Chile, Argentina y Uruguay, esta organización impulsa proyectos orientados a fortalecer la transición hacia una economía circular y regenerativa, desde un enfoque colaborativo, con fuerte énfasis en comunidades y gobernanza local
“Acompañamos a gobiernos, empresas y comunidades en la construcción de soluciones que aceleren la transición hacia una economía circular, regenerativa y baja en carbono”, señala Mayling Yuen, directora ejecutiva de La Ciudad Posible. Su trabajo se estructura en tres ejes: desarrollo ecosistémico, circularidad de materiales y ciudades resilientes, siempre con un enfoque práctico y adaptado a cada contexto.
Economía circular con mirada territorial
En La Ciudad Posible, la economía circular no se limita a la gestión de materiales. Es una herramienta para rediseñar las relaciones entre personas, territorios y ecosistemas. “La entendemos como una oportunidad
para fortalecer comunidades, regenerar ecosistemas y redibujar las bases de una nueva economía con sentido”, afirma Yuen.
Su enfoque colaborativo ha permitido desarrollar proyectos como Recupera & Transforma, una iniciativa junto a SC Johnson que articuló a los diez municipios de la provincia de Chiloé. La meta: fortalecer la conciencia ecosistémica, reducir el descarte y fomentar economías circulares locales.
Para La Ciudad Posible, la ciudad no solo es un espacio físico, sino un lugar vivo que debe ser cuidado y regenerado. “Un territorio regenerativo es aquel donde el ser humano genera un impacto positivo con sus acciones. Es fundamental promover un ‘habitar consciente’, asumir el impacto de nuestras decisiones cotidianas y fomentar una convivencia respetuosa con el entorno”, destaca su directora ejecutiva.
Desde esa perspectiva, impulsan iniciativas que no solo recuperan materiales, sino que también restauran la
vida comunitaria, la biodiversidad y el vínculo de las personas con su entorno.

El trabajo con empresas es un eje importante en su estrategia de escalamiento. Ejemplo de ello es Conecta, Recicla y Colabora, un programa colaborativo impulsado junto a Coca-Cola Chile y otros actores, enfocado en profesionalizar a recicladores de base, aumentar los volúmenes de recuperación de materiales y articular la cadena de valorización en distintas regiones del país.
“Buscamos reducir la brecha del reciclaje y mejorar la eficiencia de los actores involucrados, articulando soluciones reales en terreno”, explica Yuen. El programa ha operado desde Arica a Puerto Montt, incluyendo la Isla Grande de Chiloé, con más de 40 aliados territoriales.
Respecto a la implementación de la Ley REP, en La Ciudad Posible valoran su existencia, pero advierten sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo más inclusivo. “Debe incorporar la realidad de los sistemas existentes, aprovechar la capacidad instalada y valorar el trabajo de recicladores y gestores locales”, subraya.
Para ellos, la transición hacia una economía circular efectiva exige políticas públicas que reconozcan la diversidad de soluciones existentes y apoyen con decisión a quienes están innovando desde los territorios.
La incorporación de La Ciudad Posible a ANIR responde a una voluntad activa de colaboración. “Queremos aportar desde nuestra experiencia territorial, en temas como comunidades, cadenas de valor y generación de información crítica para la toma de decisiones”, concluye Yuen. Desde ANIR, celebramos esta nueva alianza, convencidos de que sumar actores diversos fortalece el ecosistema y multiplica el impacto de nuestras acciones conjuntas.


La Ciudad Posible is one of ANIR’s newest partners, integrating into the association as a key player in articulating socio-environmental solutions with a territorial focus.
With an active presence in Chile, Argentina, and Uruguay , this organization promotes projects aimed at strengthening the transition toward a circular and regenerative economy , using a collaborative approach with a strong emphasis on communities and local governance.
“We support governments, companies, and communities in building solutions that accelerate the transition toward a circular, regenerative, and low-carbon economy,” states Mayling Yuen, Executive Director of La Ciudad Posible. Their work is structured around three core axes: ecosystem development, material circularity, and resilient cities , always with a practical approach adapted to each context.
At La Ciudad Posible, the circular economy is not limited to material management. It is understood as a tool to redesign the relationships between people, territories, and ecosystems. “We understand it as an opportunity to strengthen communities, regenerate ecosystems, and redraw the foundations of a new economy with purpose,” affirms Yuen. Their collaborative focus has facilitated projects such as Recupera & Transforma (Recover & Transform), an initiative alongside SC Johnson that articulated ten municipalities in the province of Chiloé. The goal is to strengthen ecosystem awareness, reduce waste, and foster local circular economies.
For La Ciudad Posible, the city is not just a physical space, but a living place that must be cared for and regenerated. “A regenerative territory is one where human beings
generate a positive impact with their actions. It is essential to promote a ‘conscious way of living,’ acknowledging the impact of our daily decisions and fostering respectful coexistence with the environment,” highlights their Executive Director. From this perspective, they drive initiatives that not only recover materials but also restore community life, biodiversity, and the people’s connection with their surroundings.

Working with companies is an important pillar in their scaling strategy. An example is Conecta, Recicla y Colabora (Connect, Recycle, and Collaborate), a collaborative program driven with Coca-Cola Chile and other stakeholders. This program is focused on professionalizing informal recyclers (recicladores de base), increasing the volume of materials recovered, and articulating the valorization chain in different regions of the country. “We seek to reduce the recycling gap and improve the efficiency of the actors involved, articulating real solutions on the ground,” explains Yuen. The program has operated from Arica to Puerto Montt, including the Isla Grande de Chiloé, with more than 40 territorial partners.
Regarding the implementation of the Extended Producer Responsibility (REP) Law, in La Ciudad Posible they value its existence, but warn about the necessity of advancing
toward a more inclusive model. “It must incorporate the reality of existing systems, leverage installed capacity, and value the work of recyclers and local managers,” she emphasizes. For them, the transition toward an effective circular economy demands public policies that recognize the diversity of existing solutions and decisively support those who are innovating within the territories.
The incorporation of La Ciudad Posible into ANIR responds to an active willingness to collaborate. “We want to contribute from our territorial experience, in areas such as communities, value chains, and the generation of critical information for decision-making,” concludes Yuen. From ANIR, we celebrate this new alliance, convinced that adding diverse actors strengthens the ecosystem and multiplies the impact of our joint actions


“Queremos ser un aporte a la industria del reciclaje para hacer esta labor más fácil dentro de la economía circular”.
Conversamos con Miguel Ángel González – Gerente de Minería, Proyectos y SKC Circular, y Osvaldo Pardo – Ingeniero de Desarrollo de la Línea de Reciclaje SKC Circular, para conocer a fondo esta nueva línea de negocios que se integra a ANIR con el objetivo de facilitar la implementación de la economía circular en sectores productivos clave del país. Con una oferta tecnológica integral, despliegue nacional y una mirada estratégica sobre los desafíos del reciclaje, SKC Circular se posiciona como un actor clave en la profesionalización del rubro.
Con esta frase, Miguel Ángel González, gerente de minería y proyectos de SKC Circular, sintetiza el espíritu de esta nueva línea de negocios de SK Maquinarias, que llega a ANIR con una propuesta robusta, integradora y profundamente alineada con los desafíos ambientales y productivos del país.
SKC Circular no es una empresa independiente, sino una plataforma estratégica dentro del ecosistema de SKC, creada tras años de observación e investigación internacional.
“Este tema venía al interior de SKC hace tiempo. Vimos cómo en Europa, hace más de 25 años, se comenzó a abordar la economía circular desde el reciclaje, y decidimos tomar esa experiencia y convertirla en una oferta concreta para Chile”, explica González. Así, diseñaron una línea completa de soluciones en reciclaje, con portafolios adaptados a los distintos sectores productivos del país.
Tecnología aplicada a los materiales más complejos
SKC Circular ofrece maquinaria de clase mundial para la manipulación, clasificación, trituración y compactación de materiales en sectores estratégicos como minería, construcción, forestal e industria en general.
“Nos enfocamos en los materiales más problemáticos a nivel país: Residuos de Construcción y Demolición, HDPE, madera residual, chatarra, biomasa, envases y embalajes, RSM. Para cada uno de ellos tenemos soluciones específicas que permiten reincorporarlos a la cadena productiva”, señalan.
Más allá de la venta de equipos, el valor agregado está en la ingeniería de proyectos sin costo: “Nos dicen ‘tengo esta montaña de materiales descartados’, y nosotros hacemos todo el diseño. Levantamos layout, modelamos en 3D, calculamos el CAPEX y el OPEX. Por lo que el cliente recibe una solución concreta y una base de desarrollo para su proyecto”.
A ello se suma su capacidad nacional de operación. Con 11 oficinas desde Iquique a Puerto Montt y más de mil colaboradores, SKC garantiza soporte técnico, repuestos y servicio postventa en todo Chile, abordando uno de los puntos críticos del reciclaje industrial: la continuidad operativa.
Sobre la Ley REP, son claros: “Es un maravilloso punto de partida. Nos obliga, pero también nos ordena. Y como empresa, queremos acompañar su implementación con soluciones reales”. Desde esta perspectiva, ya están explorando tecnologías para nuevos productos
prioritarios, como los materiales textiles, y afianzando alianzas financieras para facilitar la inversión en maquinaria verde.
En cuanto a innovación, su mayor diferencial es la oferta integral de toda la cadena de reciclaje en una sola empresa, algo inédito en el mercado chileno. “Desde la manipulación hasta la compactación. No hay nadie más en el país que cubra todo ese proceso con respaldo técnico real”.
Además, destacan que este compromiso de sostenibilidad es transversal e integral a las empresas del grupo Sigdo Koppers. La sostenibilidad, en SKC, no es discurso: es cultura organizacional.
Su ingreso a ANIR obedece a una búsqueda genuina de colaboración. “Nos inspira la retroalimentación. Creemos que este espacio nos permite aprender, compartir y avanzar. Todos estamos en la misma sintonía: hacer de Chile un país más sustentable”, afirman.
SKC Circular llega a ANIR con visión, tecnología, despliegue nacional y una clara vocación de servicio. Un nuevo socio que no solo ofrece soluciones, sino que también acompaña, facilita y transforma.


SKC Circular
We spoke with Miguel Ángel González, Manager of Mining, Projects and SKC Circular, and Osvaldo Pardo, Development Engineer of the SKC Circular Recycling Line, to learn more about this new business division that joins ANIR with the objective of facilitating the implementation of the circular economy in key productive sectors of the country. With a comprehensive technological offering, nationwide operations, and a strategic vision of the challenges of recycling, SKC Circular positions itself as a key player in the professionalization of the industry.
“We want to contribute to the recycling industry by making this work easier within the circular economy.”
With this statement, Miguel Ángel González, SKC Circular’s Mining and Projects Manager, summarizes the spirit of this new business line from SK Maquinarias, which joins ANIR with a robust, integrated proposal deeply aligned with Chile’s environmental and productive challenges.
SKC Circular is not an independent company but a strategic platform within SKC’s ecosystem, created after years of observation and international research.
“This topic has been present within SKC for quite some time. We observed how, more than 25 years ago, Europe began to address the circular economy through recycling, and we decided to take that experience and turn it into a concrete offer for Chile,” explains González. Thus, they designed a complete line of recycling solutions, with portfolios adapted to the different productive sectors of the country.
SKC Circular offers world-class machinery for the handling, sorting, shredding, and compaction of materials in strategic sectors such as mining, construction, forestry, and industry in general.
“We focus on the most problematic materials in the country: construction and demolition waste, HDPE, wood residues, scrap metal, biomass, packaging, and Municipal Solid Waste. For each of these, we have specific solutions
that allow them to be reincorporated into the production chain,” they note.
Beyond the sale of equipment, the added value lies in project engineering at no cost:
“Clients tell us, ‘I have this mountain of discarded materials,’ and we handle the entire design. We prepare the layout, model in 3D, calculate CAPEX and OPEX, so the client receives a concrete solution and a development base for their project.”
This is complemented by their nationwide operational capacity. With 11 offices from Iquique to Puerto Montt and more than a thousand employees, SKC guarantees technical support, spare parts, and after-sales service throughout Chile—addressing one of the most critical points in industrial recycling: operational continuity.
On the Extended Producer Responsibility (REP) Law, they are clear:
“It’s a wonderful starting point. It obliges us, but it also gives us structure. And as a company, we want to accompany its implementation with real solutions.”
From this perspective, they are already exploring technologies for new priority products, such as textile
materials, and strengthening financial partnerships to facilitate investment in green machinery.
When it comes to innovation, their greatest differentiator is the comprehensive offer covering the entire recycling chain within a single company—something unprecedented in the Chilean market.
“From material handling to compaction, there’s no other company in the country that covers the entire process with real technical support.”
They also emphasize that this sustainability commitment is transversal and integral to all companies within the Sigdo Koppers Group. At SKC, sustainability is not a slogan —it is part of the company’s culture.
Their entry into ANIR stems from a genuine desire for collaboration.
“We’re driven by feedback. We believe this space allows us to learn, share, and move forward. We’re all aligned in the same direction: making Chile a more sustainable country,” they affirm.
SKC Circular joins ANIR with vision, technology, nationwide presence, and a clear service-oriented vocation. A new member that not only offers solutions but also supports, facilitates, and transforms.
