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aPRO / PedRO MatíaS
El abogado Javier Coello Trejo demandará a Gertz Manero por caso Lozoya
/ diana Lastiri
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El abogado Javier Coello Trejo anunció que procederá legalmente contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por las denostaciones que realizó en una conversación que sostuvo con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin a quien también demandará porque le debe 25 millones de pesos por concepto de honorarios.
En la conversación filtrada, el fiscal le reclamó al padre de Emilio Lozoya la tramitación de un amparo y le exigió que ya no permitiera que su abogado, de quien no dijo nombre pero que en la época era Coello Trejo, continuara llevando el asunto.
“Se expresa con palabras altisonantes contra mi persona, pidiendo expresamente que me releven de la defensa. Cabe mencionar que si bien, no menciona mi nombre, en ese momento yo era el abogado defensor.
“Quedo en absoluta libertad de analizar lo que jurídicamente puede proceder en contra de las expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas con la que me trata en esa grabación el Fiscal General de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes”, reveló el abogado a través de un comunicado.
Consideró preocupante la divulgación de las conversaciones privadas entre el titular de la FGR y otras personas pues afirmó que esto evidencia el uso faccioso que Gertz Manero hace de la institución y la vulnerabilidad de la misma.
“Esto deja evidencia de la vulnerabilidad que existe en la Fiscalía General de la República. Si conversaciones que deberían permanecer en un ámbito privado y confidencial son publicitadas, podría estar sucediendo lo mismo con la estrategia y acciones contra la delincuencia, lo cual explicaría la situación en inseguridad que vive el país.
“El uso faccioso del Fiscal de la institución y de la justicia”, apuntó.
En el escrito, Coello Trejo describió que desde 2017 asumió la representación legal de Lozoya Austin, contra quien ya pesaban acusaciones por la compraventa irregular de Agronitrogenados, cuando él dirigía Pemex, y por supuestamente recibir sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Recordó que para cuando las autoridades detuvieron en Alemania a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, Emilio Lozoya Thalmann solicitó una reunión con el fiscal Alejandro Gertz Manero.
“Fui informado por el propio Sr. Lozoya Thalmann, quien incluso, ante la persecución de toda su familia y la falta de confianza en el Fiscal, me solicitó que obtuviera una suspensión de amparo, tanto para él como para su hijo Juan Jesús Lozoya Austin y así ir protegidos a la reunión”, relató.
Explicó que los amparos 873/2019 y 928/2019 tramitados ante el juez Sexto de Distrito en la materia en la Ciudad de México, fueron formados tanto por Lozoya Thalmann como por su hijo Juan Jesús.
“La relación del despacho con el señor licenciado Emilio Lozoya Thalmann se fue desgastando y deteriorando semana a semana, toda vez que tanto el papá como el hermano del licenciado Emilio Ricardo Lozoya Austin, acudían a reuniones con el Fiscal General y el Subprocurador, Juan Ramos, sin darnos aviso o detalles de las mismas”, afirmó.
Incluso señaló que para febrero de 2020, cuando Emilio Lozoya fue detenido en España, el exdirector de Pemex no estaba de acuerdo con la estrategia de su papá quien ya estaba negociando el criterio de oportunidad solicitado por Lozoya luego de su extradición ocurrida meses después y mediante el cual se le pedía acusar a otras personas de la administración de Enrique Peña Nieto.
“Pretendían que mi cliente formulara imputaciones de las que no tenía ni tiene pruebas, hecho clarísimo que le di a conocer días después de ser detenido, cuando lo visité en el penal de Málaga, España”, relató.
Para el 5 de junio de 2020, Emilio Lozoya decidió dar por terminada la relación laboral con el abogado Coello Trejo quien solicitó que le liquidara los honorarios pactados, por 55 millones de pesos, y gastos de representación erogados hasta ese momento.
“Firmamos un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago, mismo que él suscribió en España.
“En este convenio me instruyó para que en su nombre y representación con los poderes que me otorgó desde el 2017, iniciara yo todos los actos tanto judiciales como extrajudiciales para obtener el pago de los 31 millones de pesos y demás accesorios que le debía el señor Carlos Autrey Diaz Aldrete. Se añadió además que si para el 4 de abril del 2021, no se me hubiera hecho el pago de mis honorarios me cedía como contraprestación los derechos del contrato de mutuo que había suscrito con Autrey Díaz Aldrete”, describió.
Sin embargo, el abogado afirmó que el pasado 24 de mayo, Emilio Lozoya revocó estos últimos poderes que tenía para obtener el pago de sus honorarios, de los cuales el exdirector de Pemex todavía le debe 25 millones de pesos.
Por lo que anunció que demandará a Lozoya el pago de los honorarios y buscará también llevar el asunto al ámbito penal.
/ Pedro Matías
En México han sido asesinados 255 periodistas en los últimos 15 años, cuyas agresiones provienen principalmente por el crimen organizado, y la colusión entre autoridades y grupos delictivos, el incumplimiento de obligaciones que tienen municipios y estados, así como la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor periodística.
Así lo reconoció el director general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Erick Martín Javier Salas, quien agregó que aunado a ello tienen identificadas “algunas zonas de silencio o silenciadas” por el crimen organizado ante la ausencia del Estado.
Mencionó que desgraciadamente hay zonas silenciadas en “Tamaulipas, algunas zonas de Veracruz, otras de Oaxaca y de Guerrero, zonas donde impera el silencio o donde la prensa además publica lo que se le ordena que es prácticamente lo mismo, no por el chayote, sino se le ordena que puede decir o que no y eso está considerado como silenciar las zonas”.
“Estas zonas tienen que ver con una condición sistémica y reiterada de violencia, así como de regiones en donde existe una supresión de los derechos humanos toda vez que no hay presencia del Estado en esas zonas”.
Por ello, a través de las instancias de seguridad pública, se buscan estrategias que tengan una incidencia directa en la presencia del Estado en estas regiones porque es un tema de defensa del ejercicio de la libertad de expresión.
Durante el taller sobre el funcionamiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se realizó en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se resaltó que de los 255 asesinatos de periodistas, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto es donde hay más crímenes.
Detalló que de diciembre de 2006 a junio de 2022 se han registrado 255 asesinatos a periodistas en México, de los cuales 101 se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón, 96 en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador se han documentado 58.
Hizo hincapié que el año 2012 ha sido el más letal para el gremio periodístico al registrarse 22 asesinatos y le siguen el 2010, 2018 y 2020 con 20 crímenes en cada año.
Mencionó que en el período de Calderón los estados con la mayor tasa de homicidios contra periodistas se cometieron en Chihuahua con 14; Veracruz con 14; Michoacán con 10; Tamaulipas con 10 y Guerrero con 9.
Mientras que con Peña Nieto, la tasa de homicidios por entidad la encabezó Oaxaca con 15 casos; Veracruz con 14; Guerrero con 8; Tamaulipas con 7 y Sinaloa con seis.
Ya en el gobierno de López Obrador, de los 58 asesinatos de periodistas, la lista la encabeza Veracruz con 9 homicidios; le siguen Sonora con 8; Guerrero con 5; Michoacán con 5; Oaxaca con 4 y el estado de México con 3.
El violento escenario que los integrantes de los medios de comunicación viven es una “situación emergente y urgente por atender”, manifestó el servidor público federal.
Finalmente, destacó que “cuando tocan a un periodista se toca al estado democrático, al Estado de derecho, a la justicia, la información y quien pierde es la sociedad”.
Desde la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el año 2012, a la fecha, este mecanismo actualmente, protege a 496 periodistas, de las cuales 137 son mujeres y 359 son hombres.
El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que en un periodo de cinco años, este órgano ha abierto 300 expedientes por algún tipo de agresión a periodistas en la entidad.
Una vez más el senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, rechazó sumarse a la alianza Va por México para las elecciones presidenciales de 2024. Pidió que ya no lo inviten a subirse al Titanic.
“Lo tenemos que decir con todas sus palabras, frente a quienes imploran que Movimiento Ciudadano se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a
“No inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic”, dice Dante Delgado sobre elección de 2024
Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, dijo.
Según el exgobernador de Veracruz, la alianza del PRI, PAN y de PRD es una “verdadera tragedia electoral”.
Dijo que a diferencia de los “partidos autoproclamados de oposición”, Movimiento Ciudadano “es y será con las y los ciudadanos de todos los sectores y de todas las regiones de México en la construcción de un proyecto socialdemócrata que dé solución a los graves problemas de seguridad, economía y salud que enfrenta el país”.
Esta es la segunda vez consecutiva que rechaza la propuesta de sumarse a la alianza Va por México. El 12 de junio, informó que su partido competirá solo en 2024, puesto que aceptar la coalición con Va por México sería “ir al precipicio”. Entonces sostuvo que la alianza opositora no es congruente con ella misma, luego de haber competido por separado en las recientes elecciones de Quintana Roo, lo que dijo, significa que ni ellos mismos están convencidos de ir juntos.
Marko Cortés consigue respaldo del PAN a “moratoria constitucional” en gobierno de López Obrador
/ Arturo rodríguez
La Comisión Permanente Nacional, órgano interno del PAN, respaldó ayer la posición de su dirigente, Marko Cortés Mendoza, de ejecutar una “moratoria constitucional”, es decir, no aprobar reformas a la Constitución en lo que resta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El pronunciamiento de moratoria fue realizado por Marko Cortés como parte de la coalición Va por México, que integra junto al PRI y el PRD, con la idea de que sus legisladores no aprueben la iniciativa de Reforma Electoral y el regreso de agentes de la Guardia Nacional a los cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, la decisión no fue consensuada hasta hoy al interior del partido.
En la sede nacional panista, el colegiado panista aprobó de manera unánime la posición asumida por Cortés Mendoza con el propósito, comunicado así por la dirigencia del partido, de evitar “la desaparición del INE y la creciente militarización del país, entre otras reformas destructivas”.
La posibilidad de impedir reformas constitucionales surgió desde que hace un año, la mencionada coalición obtuvo un mayor número de curules, evitando así la Marko Cortés
mayoría requerida de dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
“La protección de las libertades, es un comrpomiso permanente de Acción Nacional. Por ello se requiere de certidumbre, de que no serán afectadas (las libertades) por el actual gobierno federal”, expusieron en el pronunciamiento.
En el Congreso de NL avanzan las reformas para aplicar la revocación de mandato a Samuel García
/ LuciAno cAmpos
El Congreso del Estado aprobó en comisiones reformas a la Ley de Participación Ciudadana para que la figura jurídica de revocación de mandato pueda utilizarse para el actual gobernador Samuel García Sepúlveda.
La Comisión de Legislación avaló por mayoría la propuesta de Acción Nacional para la modificación de la Constitución local, contenida en el Decreto 84, efectuada el pasado 17 de diciembre, para que la disposición sea efectiva a partir del 5 de octubre de 2025 y sea aplicable al gobernador en funciones.
Dieron su anuencia los legisladores de la bancada de PAN, PRI y la independiente 4T, mientras MC, partido del gobernador, se abstuvo.
La propuesta prevé, además de las enmiendas constitucionales, otras a la Ley de Participación Ciudadana en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, para que entren en vigor en 2025.
Los panistas consideran necesario ajustar la Ley de Participación Ciudadana del Estado, pues ya están en desuso conceptos como plebiscito y referéndum, y requiere la incorporación de reglas específicas para la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo local.
La fracción de Acción Nacional promueve la figura de revocación de mandato en medio de una disputa política que sostiene con el gobernador emecista, que ha atacado a sus legisladores locales y federales, así como líderes albiazules, a los que acusa de enriquecimiento inexplicable.
En estos señalamientos que ha exhibido en medios, como investigaciones de los órganos oficiales del estado, señala acumulación de propiedades de los diputados locales Carlos de la Fuente y Jesús Gómez, así como del federal Pedro Salgado, y del hermano de éste, el exalcalde de San Nicolás Zeferino Salgado.
“Los abrazos ya no cubren los balazos”: Creel pide a AMLO cambiar estrategia de seguridad
/ meLissA AmezcuA
En un video publicado en su cuenta de Twitter, el diputado panista Santiago Creel se lanzó a criticar la estrategia de seguridad del Ejecutivo, al calificarla de un fracaso.
El también integrante de la mesa directiva de la actual legislatura sostuvo que de no modificar el plan para combatir el crimen más vidas se perderán.
Le hemos pedido que cambie su estrategia, que dé un golpe de timón, es obvio que ha fracasado totalmente”, dijo.
Creel sostuvo que no se trata de una opinión, sino de una realidad que viven los mexicanos “auténticamente” y que el extremo de ello fue el reciente asesinato de los sacerdotes en un templo en la Sierra Tarahumara. Por ello, citó la frase dicha por el jesuita Javier Ávila “los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos" y añadió: "Ya basta, deje de cubrir a los criminales con el manto de la impunidad”.
Invitó a López Obrador a crear una instancia civil especializada que se aboque a combatir exclusivamente el crimen organizado y llamó a que se use el espacio en la Asamblea General de Santiago Creel
la ONU, en septiembre próximo, para convocar a una conferencia continental que aborde nuevas alternativas que puedan enfrentar la violencia por el crimen organizado trasnacional.
Tribunal de Coahuila invalidó la ley de paridad de género
Congreso de Coahuila
El Tribunal Constitucional de Coahuila invalidó la reforma aprobada en diciembre pasado por el Congreso local en materia de paridad de género.
La resolución es producto de la demanda de inconstitucionalidad que presentaron diputados locales de Morena con el argumento de que se violaron “en forma grave y sustancial” los requisitos esenciales de deliberación mínima en el sentir de los ayuntamientos.
La reforma aprobada el pasado 17 de diciembre establece la alternancia de género para la gubernatura, cargos públicos y aquellos que no se renueven mediante el voto popular. Considera que, si en 2023 se elegía a un hombre como gobernador, en 2029 todos los partidos deberían postular mujeres.
Asimismo, indica que la violencia política en razón de género, puede traer como consecuencia la nulidad de una elección local.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional local refirió que, conforme a la Constitución Local y la Ley de Justicia Constitucional local, para que las reformas constitucionales locales sean válidas “se debe garantizar la deliberación mínima del sentir de los ayuntamientos”.
Como órganos deliberantes municipales, abundó, los ayuntamientos deben expresar y motivar sus razones para aprobar en forma válida una reforma constitucional como parte del Constituyente Reformador.
Debido a que esa condición no se cumplió, el Tribunal decidió dejar sin efecto el decreto de reforma y ordenó al Congreso del estado reponer el procedimiento para que los ayuntamientos se expresen.
El fallo indica que el Congreso coahuilense deberá sesionar dentro de las 24 horas que se notifique la sentencia.
Hasta que no se cumpla con dicho proceso, la reforma de paridad para el siguiente proceso electoral 2023 en donde se renovará la gubernatura y el Congreso, quedó invalidada y sin efectos.
De la enmienda dependerá que los ayuntamientos aprueben o no la reforma para que el Congreso local ratifique su decreto, lo desapruebe o presente una nueva iniciativa en la materia.
