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PESOS

CONVICCIONES Gobernadores y embajadas

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

El presidente ha abierto una nueva etapa en la historia política de México y es el premiar con embajadas a los gobernadores de partidos distintos al suyo, particularmente del PRI, que colaboran decididamente para que gane el candidato de Morena en su estado.

Es el caso de Sinaloa, el gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, trabajó para que el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, ganara la gubernatura.

A Ordaz Coppel, por sus servicios, el presidente lo premió con la embajada de México en España. En marzo 2022, su partido lo expulsó de sus filas.

La gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, trabajó para que el candidato de Morena, Alfonso Durazo, ganara la gubernatura de ese estado. El presidente la recompensa nombrándola como cónsul de México en Barcelona. Ella se conformó con poco y aceptó lo que le dieron.

En Campeche, el gobernador sustituto Carlos Miguel Aysa González, del PRI, apoyó decididamente a la candidata de Morena, Layda Sansores, que ganó la gubernatura.

En premio a su trabajo, el presidente lo nombró embajador de México en la República Dominicana.

El próximo 5 de junio están en disputa seis gubernaturas. Es público y reconocido que el gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat Hinojosa, desde que López Obrador asumió la presidencia, se la entregó.

Es evidente y notorio su apoyo al candidato de Morena, Salomón Jara Cruz, quien militó en el PRD. No hay duda de que el ahora morenista será el próximo gobernador.

A Murat en premio a su notable trabajo ¿qué embajada le dará el presidente?

En Hidalgo, el gobernador priista Omar Fayad, ha apoyado, todo mundo lo sabe, al candidato de Morena Julio Menchaca. No está claro si su trabajo habrá de tener éxito.

La candidata de la alianza Sí Por México (PAN-PRIPRD), Carolina Viggiano Austria, puede alzarse con el triunfo y frustrar la embajada para Fayad.

En 2023 habrá elecciones a gobernador en Coahuila y el Estado de México. Se sabe que el gobernador priista mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, trabaja desde ya en apoyo a Morena. ¿Tendrá también una embajada?

La decisión de estos gobernadores priistas plantea peguntas: ¿Están convencidos del proyecto de Morena? ¿La FGP les tiene un expediente abierto? ¿Le tiene miedo a la manera de ser del presidente? ¿El precio por sus servicios es una embajada?

En la mira de la 4T, el control de la OPS: Larrondo/ Oscuros recovecos en las misiones de médicos cubanos

/ alejanDro Gutiérrez

En la contratación de médicos cubanos existe una trama perversa que relatorías de la ONU equiparan con la trata de personas, sostiene Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, quien subraya la existencia de un “conflicto de interés”: el gobierno de la 4T candidatea a Nadine Gasman, titular de Inmujeres, para dirigir la OPS al tiempo que su esposo, el doctor cubano Joaquín Felipe Molina Leza, funcionario del Insabi, es “investigado” en Estados Unidos por una “retención ilegal” de sueldos de galenos de la isla contratados en Brasil. Detrás de esa candidatura, afirma Larrondo, hay “un pacto” entre México y La Habana para controlar la OPS. En junio de 2020 el médico cubano Joaquín Felipe Molina Leza fue contratado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como coordinador para “elaborar políticas” en la Coordinación de Análisis Estratégico y Evaluación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, una en julio de ese año y otra en mayo de 2021, ambas consultadas por este semanario.

Eso sucedió en plena pandemia y coincide con el convenio firmado por México y el gobierno de Cuba para beneficiarse de los servicios de casi 600 profesionales de las brigadas de médicos cubanos, quienes son contratados a través de una empresa controlada por la isla.

En ese momento, Molina Leza –con una trayectoria de tres décadas en la Organización Panamericana de la Salud (OPS)– enfrentaba una denuncia en Estados Unidos, promovida por cuatro galenos cubanos, por su participación en presuntos delitos cometidos durante la implementación del programa del gobierno brasileño Mais Médicos, que involucra la contratación de las misiones de facultativos cubanos al extranjero y a la OPS, según informó Prisoners Defenders.

Esta organización, cuya matriz se ubica en Madrid, ha denunciado violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan en esas misiones enviadas por el gobierno de Cuba al extranjero. En un comunicado cuestionó al gobierno de México por proponer a Nadine Gasman –presidenta de Inmujeres y esposa de Molina Leza– para presidir la OPS, en connivencia con el régimen de Cuba.

En entrevista, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, habla de la gravedad que supone que la doctora Gasman sea propuesta para la OPS al mismo tiempo que su pareja tiene calidad de “investigado” (defendants es el término en inglés) en Estados Unidos por presuntamente permitir retenciones ilegales a los sueldos de los médicos cubanos en Brasil, fondos que fueron a dar a las arcas del gobierno de La Habana, sin pasar por la OPS, como debió haber sucedido.

“Habría un flagrante conflicto de intereses”, afirma el activista, quien critica los convenios del gobierno de López Obrador con Cuba para el envío de médicos a México, pues sufren el mismo tipo de violaciones que ha denunciado en otros países. Estas condiciones han sido denunciadas también por las relatorías de derechos humanos de la ONU, y son equiparadas a la trata de personas.

La organización que encabeza Larrondo presentó en la Corte Penal Internacional una acusación, que ha sido admitida a trámite. Contiene más de mil testimonios de médicos y otros profesionistas cubanos sometidos al mismo esquema en al menos 100 países.

Nadine Gasman

Prisoners Defenders asegura que la propuesta de impulsar la candidatura de Gasman es producto de un pacto entre el gobierno de Cuba, en particular con Raúl Castro, y López Obrador, para “controlar la OPS” y “obstruir la acción de la justicia” (estadunidense) en el caso de las misiones cubanas y la OPS, según su comunicado de abril pasado.

Al ser abordado sobre el particular, Larrondo asegura que tiene una “fuente interna que lo sabe de forma directa; me lo ha dicho a mí, pero no me da autorización a que yo exponga su nombre, porque si no estaría perseguido”, y afirma que ni siquiera puede revelar de qué país es la fuente.

La fuente le confirmó a Larrondo que el “pacto” entre Raúl Castro y López Obrador se cerró en el verano de 2021. “Básicamente Raúl Castro le transmitió al presidente mexicano la necesidad de que va a haber sustitución en la OPS y que debía impulsar a una persona afín para tener control de esa entidad y para obstaculizar la denuncia en los tribunales de Estados Unidos”, dice.

Afirma que desde el equipo de AMLO se ponen “manos a la obra” y piensan en Gasman, “que es la esposa de Joaquín Molina, la persona que está investigada en la denuncia en Estados Unidos. Ella puede tener un currículum que la respalde, el problema es que no puede dirigir una institución que está en un juicio donde está su marido; es un conflicto de intereses de primera magnitud”, asegura.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la doctora Gasman es la candidata oficial del gobierno de México para presidir la OPS. La nueva presidencia del organismo se conocerá en septiembre próximo.

Denuncia colectiva

En noviembre de 2018, los médicos cubanos Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Rodríguez y Russela Margarita Rivero Sarabia presentaron denuncia contra la OPS en la corte del distrito sur de Florida, en la que señalan que el organismo ha recaudado 75 millones de dólares desde 2013 con las misiones de médicos cubanos en Brasil.

“Los demandantes son médicos cubanos que fueron víctimas de la trata de personas por parte de la OPS y a quienes se les pagó sólo una fracción –10% o menos– de los honorarios que el gobierno brasileño pagó a la OPS por sus servicios, mientras que la OPS pagó al menos 85% al gobierno cubano, y retuvo una tarifa del 5% de corretaje para sí mismo”, abundan los denunciantes.

El comunicado arroja que mientras médicos de otras nacionalidades adscritos al mismo programa tenían ingresos de 4 mil 276 dólares al mes, los cubanos cobraban 9% de esta cifra; es decir, 400 dólares.

Prisoners Defenders señala en su comunicado que esas presuntas irregularidades estuvieron orquestadas por Molina Leza, Heidi V. Jiménez, consejera legal de la OPS, y la actual directora del organismo, Carissa Etienne.

Según este comunicado, los médicos denunciantes son apoyados por la Foundation for Human Rights in Cuba. En su sitio Cuba Money Project, el periodista Tracy Eaton ha documentado que esa es una de las fundaciones o entidades privadas –de corte ideológico contrario al régimen cubano– que reciben fondos de la Agencia Internacional de Desarrollo del Departamento de Estado.

Larrondo sostiene que la denuncia de los médicos cubanos se presentó en noviembre de 2018 en Estados Unidos porque es donde tiene su sede la OPS y donde tiene inmunidad. Añadió que la acusación es contra la misma organización panamericana e incluye a los directivos implicados, porque presuntamente se violaron protocolos de trata de personas y protocolos de manejo del dinero.

Las Rastreadoras de El Fuerte de Sinaloa

/ columba VeRtiz

José María Espinosa de los Monteros filmó el largometraje documental Te nombré en el silencio (México, 2021) sobre Las Rastreadoras de El Fuerte, un conjunto de cerca de 500 mujeres que buscan en Sinaloa, con palas y picos en las fosas a sus hijos o hijas desparecidas, arriesgando sus vidas.

La cinta (México, 2021) se encuentra en los cines del país desde el 12 de este mes, en el momento que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) da a conocer que México ya rebasó la cifra de cien mil desaparecidos. Espinosa de los Monteros (Culiacán, 1989) habla con Proceso por zoom de cómo surgió el impresionante trabajo de 84 minutos, protagonizado por Mirna Nereida Medina, fundadora de Las Rastreadoras:

“En el 2016, a mi hermano Juan Pablo, quien es activista y el productor de la película, lo contactó una ONG de Estados Unidos que busca los puntos rojos de violencia en México, para crear un corto. Nos dejaron el tema libre y nos dieron una cierta cantidad de dinero. Somos de Culiacán y nos preocupa la normalización de la violencia, y escogimos ese tópico. Ya habíamos leído sobre Las Rastreadoras de El Fuerte, y pensamos que el matiz de las madres buscadoras le vendría bien al corto. Me contacté con Mirna, quien me dijo que se encontraban en el norte de Sinaloa y al otro día llegarían a la Fiscalía de Culiacán, que iba con otras mujeres del grupo, y nos vimos”.

Además, son productoras del documental Elena Fortes y Daniela Alatorre, ya conocidas en este género fílmico.

Fundador de Cinema del Norte, una productora independiente, rememora que al escuchar sobre sus pérdidas y dolor, “porque leer eso en la prensa es diferente”, se dio cuenta de la urgencia para poner sobre la mesa la problemática de las madres buscadoras.

Entonces el cortometraje se transformó en largometraje, y a Medina le encantó la idea. En el documental se revela que el periodista Javier Valdez, asesinado en Culiacán en mayo del 2017, fue quien puso el nombre al grupo de mujeres. Espinosa de los Monteros señala:

“Desde el día uno hubo bastante confianza con Mirna. Me adentré a sus rutinas, platiqué con ella poco a poco para que me contara la historia de su hijo Roberto Corrales Medina, quien vendía discos compactos en Los Mochis, y una tarde de julio del 2014 ya no volvió a su casa”.

En 2017 Medina y el grupo de mujeres encontraron unas vértebras, un brazo, una parte de una rodilla, un diente y un dedo de Roberto Corrales.

El realizador cuenta que conforme efectuaban los rodajes, empezaron a integrarse a la dinámica de los rastreos.

-El documental muestra cómo ellas, sin apoyo de las autoridades, buscan a sus familiares. ¿Cómo fue grabar eso? -Fue muy fuerte. Las autoridades deberían de estar buscando. Fue un shock ir a rastrear con ellas, ver las condiciones en las que lo hacen. Están desamparadas desde lo económico, necesitan gasolina, agua, comida para las búsquedas. El sol es muy fuerte en Sinaloa, y se enfrentan a las víboras, las abejas, a todos los elementos naturales, además de la amenaza del narco. Aún así, poseen el ímpetu, la resiliencia y la voluntad de seguir saliendo dos veces a la semana, miércoles y domingo, para hallar a sus seres queridos.

En cuanto cruzan los arcos de bienvenidos a cualquier ranchería o pueblo, son detectadas por los grupos del crimen organizado:

“Ya saben a dónde van, y a veces no las acompañan las patrullas estatales. Al ir con ellas en la carretera ves cómo las siguen. Vimos un Tsuru y carros polarizados. Nos paramos en una casa de una de las rastreadoras a entrevistar y ahí estaba el Tsuru, y cuando te mueves va tras de ti”.

Espinosa de los Monteros debutó como guionista y director con el cortometraje Whippet, el cual participó en festivales como el Internacional de Guanajuato (GIFF), Miami Film Festival, Black Canvas FCC y el Festival del Puerto. José X, su segundo cortometraje, formó parte de Macabro y Mórbido Film Fest.

Confiesa que realizar Te nombré en el silencio fue una gran carga mental:

“Era mi responsabilidad todo el equipo de filmación. Yo los busqué, les expliqué la situación y que íbamos a filmar a un lugar complicado, a arriesgar el físico y que varias cosas podrían pasar. Todo el mundo estuvo de acuerdo, pero de alguna manera yo era responsable de esas vidas. Eso lo traes en la cabeza todo el tiempo, era una preocupación constante y te distrae. Es un documental independiente del gobierno, y fue complicado porque tuvimos que poner de nuestro dinero, pero no fue suficiente y nos apoyaron ONGs.

“La parte financiera afectó para terminar el documental. Hubo pausas y esto suena contraproducente para una producción, pero eso me dio respiros, ver el material y planear cuáles eran los siguientes pasos, para seguir y de alguna manera consumar la visión que tenía en la cabeza”.

Y así se despide:

“Ellas me enseñaron a ver siempre la luz en una situación tan terrible… que siempre hay esperanza. Me quedo con su valentía y resiliencia. Cuando Mirna vio la cinta, me dijo: ‘Éste es mi legado’. Fue un visionado muy emocional para ella, por obvias razones. Le resultó favorable confiar en mí”.

Desde la Permanente piden combatir inseguridad que afecta a transportistas de carga pesada

Senado de la República

En la Comisión Permanente, el senador Ricardo Velázquez Meza presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que, en coordinación con sus delegaciones en las 32 entidades federativas, fortalezcan los mecanismos para prevenir la inseguridad que afecta a transportistas de carga pesada en carreteras federales.

El legislador de Morena también pidió que el Servicio de Administración Tributaria analice la posibilidad de otorgar una prórroga para el complemento de Carta de Porte, con el objetivo de generar mejores condiciones de trabajo para los transportistas.

De acuerdo con el artículo 4º constitucional, recordó, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; no obstante, hay incertidumbre en la gran mayoría de la población trabajadora que realiza labores de transportación de carga pesada.

Las cuestiones de inseguridad, afirmó Velázquez Meza, provocan problemas económicos que a su vez influyen en una inestabilidad social, lo que afecta al gremio.

Explicó que, desde enero de este año, transportistas, cargueros y operadores logísticos están obligados a emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, ya sea de ingreso o traslado, con un complemento Carta Porte; sin embargo, pese a que el Sistema de Administración Tributaria estableció un periodo de gracia para las sanciones y multas por no completarlo hasta el 31 de marzo pasado, no ha sido suficiente.

El senador explicó que el complemento Carta de Porte integra toda la información relacionada a los bienes y mercancías, ubicadas de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan, ya sea por vía terrestre, aérea, marítima o fluvial.

Con este trámite, agregó Velázquez Meza, los transportistas tardan hasta cinco horas en realizar el complemento Carta Porte, el cual incluye información detallada sobre las mercancías que transportan, información de las empresas transportistas y expedidoras, de los equipos que trasladan y de los propios operadores de los camiones.

Ante tal situación, subrayó que los transportistas temen a este requisito, porque las autoridades de los tres órdenes de gobierno han abusado, gestionado la Carta Porte con errores para aplicar multas que oscilan entre los 17 mil y 34 mil pesos.

Por ello, consideró que esta problemática debe ser atendida, ya que dicho documento, en lugar de servir para reducir el índice de contrabando de las mercancías, propicia la corrupción, toda vez que al ser asaltados o perder el documento, la delincuencia hace mal uso de la información y de su contenido.

Afirmó que se deben fortalecer las estrategias en materia de seguridad vial, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno “edifiquen bases de datos tránsito”, ya que las autoridades realizan detenciones arbitrarias perjudicando a los conductores.

Inteligencia Artificial podría agilizar trabajo de ministerios públicos y jueces, señala estudio del IBD

Senado de la República

El uso de la tecnología y de la Inteligencia Artificial podría ayudar a los sistemas de justicia a atender la sobrecarga de trabajo en diversas áreas de procuración y administración de justicia de nuestro país, como ya sucede en varios países del mundo, de acuerdo con un estudio realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD.

La investigación titulada “Inteligencia Artificial y su aplicación en los sistemas de justicia en América Latina”, elaborado por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, sostiene que es necesario que desde el Congreso de la Unión se generen los incentivos necesarios para apoyar la justicia digital, por ejemplo, destinando más presupuesto y aprobando reformas legislativas en la materia.

Según el estudio del IBD, Argentina y Colombia se han destacado recientemente por implementar sistemas con Inteligencia Artificial que han permitido mayor eficiencia y que los fiscales pueden dedicar más tiempo a investigar y analizar con mayor profundidad casos más complejos, entre otras ventajas.

Agrega que en México existen bases de datos digitales con información jurídica relevante que potencialmente podrían simplificar la puesta en marcha de sistemas de Inteligencia Artificial en los sistemas de justicia, como el sistema de consulta en línea IUS del Semanario En Colombia y Argentina la Inteligencia Artificial ha permitido mayor eficiencia y que los fiscales pueden dedicar más tiempo a investigar y analizar con mayor profundidad casos más complejos

Judicial de la Federación y los repositorios en línea de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Gobernación.

En marzo de 2021, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que ordena la implementación del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el Poder Judicial, a fin de garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente.

El viernes pasado, se celebró en el Senado el primer Foro de Inteligencia Artificial aplicada a la impartición de justicia, organizado por el IBD y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde diversos especialistas coincidieron en aprovechar la tecnología para modernizar los sistemas de justicia.

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado. gob.mx/handle/123456789/5594