35 minute read
aPro/Juan omar fierro
Titular de Segob se reúne con senadores; fue un diálogo “muy abierto y constructivo”: Monreal Corte invalida la objeción de conciencia para personal médico en la Ley General de Salud
Foto @M_olgaSCordero A tres semanas de su nombramiento como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández se reunió en el Senado con los líderes de todos los grupos parlamentarios.
Advertisement
En conferencia de prensa, luego de un encuentro de hora y media con la Junta de Coordinación Política, el coordinador de Morena y presidente de esa instancia, Ricardo Monreal, sostuvo que se trató de una reunión “franca” y “un diálogo muy abierto, un diálogo constructivo”.
Aseguró que las coordinadoras y coordinadores de las diferentes bancadas tuvieron la oportunidad de expresarse, y López Hernández -dijo- se mostró “atento, receptivo y con apertura real”.
“Me pareció un buen inicio de este proceso nuevo de diálogo con el Ejecutivo, en donde abonará para el trabajo de ambos en la formulación y construcción normativa que el país necesita”.
Añadió: “Nosotros nos sentimos satisfechos con este encuentro porque no había ocurrido en los tres años”.
Sobre el hecho de que en esta nueva etapa el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo será a través del secretario de Gobernación, y no como antes, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador desayunaba con el senador Monreal, éste precisó que así lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y le parece correcto.
“Estamos satisfechos con que el presidente de la República haya designado como único interlocutor al secretario de Gobernación”.
De acuerdo con Monreal, el funcionario federal no habló de alguna agenda desde el poder Ejecutivo y fue un diálogo muy abierto con todas las fuerzas políticas.
“Seguramente el secretario de Gobernación, porque así lo dejó entrever, tenía indicaciones del presidente de la República para reunirse con los poderes, pero también con los grupos parlamentarios y con los partidos. Entonces, seguramente es una política de apertura general que el secretario de Gobernación está llevando a cabo, y la relación con los partidos políticos tendrá más o menos el mismo propósito y la misma intensidad que tiene con los Poderes de la Unión”.
Al encuentro -calificado como “histórico”, porque fue el titular de la Segob quien acudió a la Cámara Alta- acudió la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, además de los panistas Julen Rementeria del Puerto y Josefina Vázquez Mota, así como los priistas Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños.
También los coordinadores Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano (MC).
Igualmente acudieron Patricia Mercado Castro, también de MC; Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), y Sasil de León Villard, de Encuentro Social. Tras un arduo debate en el que hubo cambio de postura de algunos ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que reconocía la cláusula de objeción de conciencia, para que médicos y enfermeras pudieran negarse a participar o colaborar en procedimientos médicos que interrumpan el embarazo de una mujer o persona gestante.
Por mayoría de ocho votos contra tres, incluyendo la rectificación de último segundo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el Pleno de la Corte coincidió en que debe reconocerse el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, pero sin anular el derecho constitucional de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.
Al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la norma aprobada el 11 de mayo del 2018, los ministros de la Suprema Corte acordaron analizar los efectos de la resolución en otra sesión del Pleno de la Corte, derivado de que algunos ministros plantearon que tras declarar la inconstitucionalidad del artículo en el que se reconocía el derecho a la objeción de conciencia dentro de la Ley General de Salud, el Máximo Tribunal debería emitir algunos lineamientos para que el Congreso de la Unión legisle en la materia.
El debate provocó que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cambiara el sentido de su voto sobre el proyecto de resolución que elaboró el ministro Luis Mario Aguilar Morales en el que se reconocía la constitucionalidad del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud para que “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud”, pueda “ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios” como el aborto y la interrupción del embarazo.
Durante la sesión, el ministro Aguilar Morales presentó “una interpretación conforme y sistemática” para que la objeción de conciencia no se convierta en una herramienta de discriminación en contra de las mujeres que desean interrumpir su embarazo, destacando que una primera restricción al personal sanitario para que ejerza la objeción de conciencia, es que dicha excusa no ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica”, ya que en estos casos no se puede invocar la objeción de conciencia y, por el contrario, el personal sanitario puede incurrir en una responsabilidad profesional el negarse a atender a una persona cuya vida está en peligro.
El ministro Arturo Zaldívar advirtió que no expulsar de la Ley General de Salud el artículo en el que se reconocía la objeción de conciencia del personal sanitario, podría anular “con una mano, los derechos de las mujeres que se reconocieron con la otra mano” al declarar la inconstitucionalidad del delito de aborto”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que vislumbró hasta cuatro formas de resolver la acción de constitucionalidad sobre la objeción de conciencia, en un principio votó por el proyecto del ministro Aguilar Morales, pero al darse cuenta que no se iba a alcanzar la mayoría calificada de ocho votos para expulsar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, cambió su voto para decretar la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
/ Juan Omar FierrO
Arturo Zaldívar
bAjo prEsión Patria modesta
EdilbErto Aldán
Yo vengo de allá, de Salamanca, ahora son bombas, está empeorando. Me vine después de que me secuestraron, manejaba un camión y de la nada me agarraron, aunque no opuse resistencia, esa fue la peor madriza que me han puesto. Me retuvieron tres días, quién sabe para qué, después de que me soltaron decidí venirme para acá. No conozco a nadie y vivo solo, no me he podido traer a mis hijos y mi esposa, pero espero que pronto. El hombre dio una calada intensa a su cigarro, levantó el rostro y arrojó el humo hacia el cielo. Acá es otra cosa, allá hasta toque de queda hay.
Acabamos nuestros respectivos cigarros y volvimos a la tienda, después de su confesión, cambió la manera en que me atendía. Cuando me acerqué al mostrador para solicitar un servicio me trató de una manera seca y cortante, casi déspota; aproveché un momento de espera para fumar en la calle, él salió tras de mí y no le quedó más que ser amable para pedirme fuego. Usted no es de aquí, me aseguró para abrir la conversación, le contesté que no y revire señalando que él tampoco. Así fue como me empezó a contar que era de Salamanca y por qué había huido.
Dentro del local, mi hijo esperaba el fin del trámite, ajeno al mundo, embebido en su videojuego; a pesar de que salí del local, en ningún momento sentí la amenaza de la violencia acechando.
Hace unos días, miré sorprendido que mi hijo se puso de pie para cantar el Himno Nacional, sin que nadie se lo pidiera, apenado me levanté también para acompañarlo, una sensación extraña por seguir así la transmisión televisiva. Por la pandemia, el modelo híbrido en las escuelas no contempla la realización de ceremonias cívicas, desde hace más de un año, mi hijo no ha realizado honores a la bandera, por eso entendí que no recordara todas las estrofas, pero no le dije nada, hipnotizado por el fervor con que cantaba, de pie, erguido, solemne, también un poco apenado por la culpa, como adulto, que septiembre sea considerado el mes de la Patria sólo me sirve como pretexto para citar el poema Alta traición, de José Emilio Pacheco.
Como no he sido capaz de contagiar a mi hijo el amor a la Patria que sí le enseñan en la escuela, trato de inculcarle otro tipo de amor, uno que ya he mencionado, la de López Velarde: “una patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa”, por eso decido caminar de la mano con mi hijo por los jardines públicos de mi barrio, llevarlo al mercado a que salude a Doña Chuy de las verduras o que pregunte por la salud de Aurelio el de la carnicería, decirle que levante la mirada de su videojuego y mire los atardeceres más hermosos del mundo, los de su ciudad. Tú no eres de aquí, ¿verdad, papá?, me ha preguntado mi hijo, mi respuesta siempre es la misma: no, pero tú sí, y yo soy de donde tú seas, de la patria modesta y preciosa que genera el arraigo.
No, no soy de aquí, como el vendedor que salió huyendo de Salamanca, quien lo único que espera es la oportunidad de reunirse con su familia y no sufrir el miedo de salir a las calles, poder caminar con ellos más allá del toque de queda, sin temor a que una bomba estalle durante su paseo o un grupo de criminales decida cometer un asesinato y ellos se encuentren en el lugar y hora no adecuados, como si uno pudiera equivocarse al momento de decidir ejercer la pertenencia.
La letra del Himno Nacional, ese que nos identifica como mexicanos al responder a un llamado bélico, habla también de la defensa de la patria, esa idea que, hasta ahora, unos cuantos han levantado al grito de guerra y reducen las porciones del territorio donde se puede hacer patria al andar.
Coda. La cita de López Velarde sobre la patria es recurrente en mis textos, al igual que la idea de patria escrita por Guillermo Prieto: “La patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos, es nuestra asimilación con el aire y con los luceros, ya nuestros; es que la tierra nos duele como carne y que el sol nos alumbra como si trajera en sus rayos nuestros nombres y el de nuestros padres; decir patria es decir amor y sentir el beso de nuestros hijos...”. @aldan
México, tercer lugar mundial en asesinatos contra periodistas, sólo por debajo de Siria e Irak
/ GLoria Leticia Díaz
México ocupa el tercer lugar mundial de asesinatos contra periodistas y el primero en el continente americano en los últimos 21 años, alertó la organización Enkoll en su informe “Libertad de expresión en riesgo. Periodistas asesinados en México”.
El informe, que abarca el periodo de enero de 2000 a septiembre de 2021, revela que ocurrieron 142 crímenes de periodistas en México, 154 en Siria y 282 en Irak.
De acuerdo con el registro, México acumula el 8.5 por ciento mundial de los reportes de asesinatos durante los últimos 21 años, mientras que Irak acaparó 16.9 por ciento y Siria 9.2 por ciento, tomando en cuenta las cifras del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) al 19 de agosto pasado.
Sin embargo, a nivel regional, con el mismo número de periodistas victimados, México ocupa el primer lugar en el mismo periodo, acumulando 37.9 por ciento de los casos registrados por CPJ.
Según los reportes de periodistas asesinados “posiblemente debido con su labor” en el periodo de análisis, el año con mayor número de crímenes de comunicadores ocurrió en 2017, con 12 casos, uno más que un año anterior, cuando se contabilizaron 11 casos
En la actual administración, 2019 es el año con mayor número de crímenes de periodistas registrados, con 10 casos, tendencia que empezó a ir a la baja en 2020, cuando seis periodistas fueron ejecutados, mientras que en lo que va de 2021 se han contabilizado cinco casos.
El análisis estadístico destaca que la entidad más letal para el gremio periodístico es Veracruz, donde en los últimos 21 años han sido ejecutados 30 periodistas.
Le siguen Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, con 14 homicidios en cada entidad, seguidos de Chihuahua, con 13, y Sinaloa y Sonora, con ocho en cada estado.
Con base en informes de CPJ y de Artículo 19, los estados con menos registros de asesinatos de periodistas en los últimos 21 años son San Luis Potosí, Nayarit y Chiapas, con un caso en cada entidad, y Zacatecas, Puebla, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Baja California Sur y Baja California, con dos homicidios en cada una.
El estudio revela que, de los 142 asesinatos a periodistas, 58 por ciento trabajaba en medios impresos, 17.6 por ciento en páginas de internet, 17.6 por ciento en radio y 6.7 por ciento en televisión.
En cuanto a los temas que cubrían las víctimas, el informe revela que 37 por ciento estaba asignado a la cobertura de seguridad y narcotráfico, 32.8 por ciento a política, 22.7 por ciento cubría la sección de nota roja, y en porcentajes menores derechos humanos (3.4 por ciento), cultura (2.5 por ciento), deportes (0.8 por ciento) y sociales (0.8 por ciento).
El informe de Enkoll resalta que del total de periodistas víctimas de homicidio en los últimos 21 años, 131 (92.3 por ciento) eran hombres y 11 (7.7 por ciento) mujeres.
ONU-DH celebra resolución del INAI para que la Guardia Nacional informe sobre uso de la fuerza
/ Luciano campos
Ante la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordena a la Guardia Nacional elaborar y entregar una versión pública de los informes sobre el uso de la fuerza, Guillermo Fernández-Maldonado, responsable de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), celebró la determinación del órgano autónomo al que consideró “esencial” para el acceso a información “con una perspectiva de derechos humanos”.
Hace una semana, se dio a conocer la resolución del INAI a una impugnación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a la primera respuesta de la Guardia Nacional de reservarse “de manera general e íntegra” la información sobre el uso de la fuerza del cuerpo de seguridad, del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021.
A la organización civil, la Guardia Nacional alegó que se reservaba la información debido a que “su publicidad dañaría la seguridad pública y pondría en peligro a servidores públicos operativos y, adicionalmente, a juicio del sujeto obligado, afectaría las funciones en materia de prevención y persecución de los delitos”, según se lee en la resolución del INAI.
“La opacidad, las restricciones generalizadas en la reserva de información y la reticencia a la rendición de cuentas sobre su desempeño, son incompatibles con la Guardia Nacional y con cualquier otra institución que ejerza tareas de seguridad ciudadana en un Estado de Derecho”, consideró Fernández-Maldonado.
En un comunicado, la ONU-DH resaltó que ante la respuesta de la Guardia Nacional el INAI resolvió a favor de la organización solicitante de información, destacándose del documento la declaratoria de improcedencia de la “reserva general de información sobre uso de la fuerza”, al ser contraria a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, que la Guardia Nacional está obligada a dar a conocer “los hechos y circunstancias relacionadas con el uso de la fuerza”, lo que permite la rendición de cuentas de la actuación de los servidores públicos.
La ONU-DH apuntó que en su razonamiento, el INAI recordó que, en apego a los estándares internacionales, “los cuerpos del orden que ejerzan el uso de la fuerza, así como las instituciones del Estado, deben probar que sus acciones estuvieron justificadas, además de que el Estado tiene la obligación de establecer protocolos de uso de la fuerza, especialmente del uso de la fuerza letal”, así como que “la rendición de cuentas en casos de uso de la fuerza es una obligación de las instituciones de seguridad pública y sus integrantes”.
Tras la difusión del dictamen de la institución, la ONU-DH consideró positiva la “disposición de la Guardia Nacional para dar acceso al INAI a la información solicitada, base para evaluar la petición formulada por el Centro Prodh”, condición que “es fundamental para resolver de manera efectiva los casos de acceso a la información conforme a estándares internacionales de derechos humanos”.
La oficina de la ONU-DH reiteró su disposición para “brindar asistencia y cooperación técnica que precise el Estado mexicano para el fortalecimiento de sus capacidades en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de derechos humanos”.
Ordenan a la SSPC informar sobre medidas de seguridad y protección para periodistas
Por mandato del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) deberá buscar y dar a conocer cuántas medidas cautelares de seguridad y protección para periodistas ha aplicado entre el 1 de enero de 2017 y el 24 de junio de este año.
Dicha información, dijo, deberá precisar en cada caso la vigencia de la medida y el tipo de amenaza o agresión reportada.
Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, sostuvo que, si bien la existencia de un periodismo libre, objetivo e imparcial es una condición necesaria para la materialización de un Estado democrático y constitucional de Derecho, aún persisten desafíos para que el gremio periodístico realice su labor a plenitud.
“Tan sólo en el territorio nacional, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los últimos años los periodistas, en la lucha por encontrar la verdad, han tenido que sortear obstáculos como la censura, la estigmatización o el descrédito de su labor e incluso han visto comprometida su integridad física o psicológica al ser objeto constante de lesiones, amenazas, represión, hostigamientos y asesinatos”.
Ibarra Cadena agregó que datos del Informe Estadístico del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, entre 2017 y abril de 2021 se han registrado 366 solicitudes de incorporación por parte de periodistas; en tanto, la CNDH informó que entre 2017 y 2020 se efectuaron 291 solicitudes de medidas cautelares a favor del gremio.
“Garantizar el acceso a la información, en este caso, permitirá conocer la actividad que despliega el sujeto obligado en relación con el deber de prevenir o erradicar las agresiones en contra de periodistas, así como la idoneidad y pertinencia de las medidas de protección que se le otorga a este sector”.
Un particular solicitó conocer cuántas solicitudes recibió la SSPC de la CNDH sobre medidas cautelares para periodistas amenazados y agredidos por su labor; la cantidad de medidas cautelares de seguridad y protección aplicadas, y el número periodistas a quienes les aplicaron dichas medidas, precisando sus nombres, el tipo de medidas aplicadas, su vigencia y el tipo de amenaza o agresión reportada.
En respuesta, la dependencia declaró la inexistencia de la información, razón por la cual la persona solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la SSPC, por conducto de la Dirección General de lo Consultivo y Derechos Humanos, puntualizó que se localizaron tres solicitudes de la CNDH en el periodo referido; en ese sentido, indicó la fecha en que fueron solicitadas las medidas cautelares, el número de periodistas para quienes fueron requeridas y en qué consistía cada una.
Respecto de los nombres de periodistas a quienes se les ha concedido una medida cautelar, reservó la información por un periodo de cinco años.
Al analizar el caso, la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, determinó improcedente la reserva del nombre de las y los periodistas; sin embargo, tomando en cuenta el contexto de violencia que se vive en el país en contra del gremio, se advirtió la necesidad de resguardar el dato como confidencial.
Lo anterior, explicó, porque, al revelar los nombres de los periodistas a quienes se les ha concedido la aplicación de una medida cautelar implicaría vulnerar la vida, la integridad, libertad y seguridad de personas que enfrentan una situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Por otra parte, se constató que la dependencia omitió pronunciarse sobre la cantidad de medidas cautelares de seguridad y protección aplicadas a periodistas, su vigencia, así como el tipo de amenaza o agresión.
Ante ello, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que realice una nueva búsqueda de la información relacionada con la cantidad de medidas cautelares de seguridad y protección aplicadas a periodistas y clasifique como confidencial los nombres de periodistas a quienes se les ha concedido una medida cautelar.
En cuanto al resto de la información solicitada, el Pleno resolvió sobreseer el recurso de revisión.
AMLO se compromete a regularizar los Servicios de Salud de Oaxaca
Es difícil vivir en Palacio Nacional con tantos sucesos acaecidos en más de 700 años: Gutiérrez Müller
/ Pedro Matías
La crisis en los Servicios de Salud de Oaxaca por el despido de tres mil 700 trabajadores eventuales llegó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió que “poco a poco los vamos a ir regularizando, es decir que tengan sus bases, sus plazas”.
El presidente responsabilizó de esta situación a los anteriores gobiernos al argumentar que es “lamentable y vergonzosa la irresponsabilidad de los tecnócratas neoliberales porque en 36 años que impusieron el modelo neoliberal, que es un modelo, una política de pillaje, de robo, de privatizar bienes nacionales, pues en 36 años se dejó de invertir en educación y salud y se rechazó a jóvenes que querían estudiar medicina y otras carreras”.
Mientras, afuera de la zona militar donde se realizó ayer la mañanera, el personal de salud se concentró desde las 05:00 horas para sostener un diálogo con el presidente, otros realizaron bloqueos en cuatro puntos y el resto se manifestó con marchas en el interior del estado.
En respuesta, el presidente López Obrador adelantó que el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, van a estar en Oaxaca para que, junto con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, sostenga una reunión para revisar todo el conflicto de salud.
Aclaró que este asunto “es algo que heredamos no sólo Oaxaca sino a nivel nacional porque había más de 86 mil trabajadores de la salud trabajando de manera eventual, por contrato, en todo el | Foto Gobierno de México
país y he hecho el compromiso, y sí lo voy a cumplir de que poco a poco nos vamos a ir regularizando, es decir que tengan sus bases, sus plazas en eso estábamos cuando nos llega la pandemia”.
Con la pandemia se tuvo que “contratar a más trabajadores, creo que más 70 mil médicos enfermeras y trabajadores de la salud adicional porque el sector salud estaba abandonado y porque necesitamos darle atención médica y que nadie se quedara sin ser atendido, que tuviera una cama, terminamos hospitales que nos dejaron inconclusos en todo el país”.
Para ello, “nos ayudó mucho, tanto a la Secretaría de la Marina, como de la Defensa Nacional, para terminar rápido hospitales, capacitamos a médicos generales porque ese es otro problema que heredamos”.
Beatriz Gutiérrez Müller se robó la noche el pasado fin de semana, cuando en Palacio Nacional ofreció un discurso ante los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
De acuerdo con la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, su participación fue una propuesta de éste, que ella aceptó “con gusto”.
“El viernes 17 de septiembre, la Presidencia de la República ofreció una cena a los presidentes, primeros ministros y representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Con gusto acepté la propuesta del mandatario de México de ofrecer la bienvenida a nuestro país de dichas comitivas. Les conté una breve historia relacionada con el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo. Aquí la comparto. ¡Viva nuestra América!”, escribió en su cuenta de Facebook.
Gutiérrez Müller incluyó el video de su intervención, en el que brevemente relata la historia de Palacio Nacional, donde -apuntó- no es fácil vivir con tantos sucesos acaecidos a lo largo de más de 700 años.
La historiadora recordó que desde el 1 de diciembre de 2018 ese recinto recuperó su tradición de ser, en los hechos, la sede del Poder Ejecutivo, y donde ahora viven el presidente de México y su familia.
“Es difícil residir aquí con tantos sucesos acaecidos a lo largo de más de 700 años. Este sitio es el cruce de conquistas, rebeliones, invasiones, monarquías, imperios, regímenes autoritarios, dictaduras, y esperamos la nueva metáfora de la democracia plena, la consumación de una auténtica República federal soberana, diversa, libre y justa”.
Además, reiteró su compromiso de acompañar al presidente, en su titánica labor, desde Palacio Nacional.
“Por ello, todos los días como familia y con amor tratamos de purificar tantos siglos de densa historia. Ahuyentamos a los fantasmas que visten, deambulan aún desde la caída de Tenochtitlán, y procuramos no escuchar lo que algunos oyen zumbar, los llantos de La Llorona, mítico personaje colonial que tiene su propio son semejante a un vals. Por el contrario, asumimos que hemos venido aquí para acompañar al presidente en su titánica labor, lo queremos mucho y por ende a sus visitantes”.
Al dar la bienvenida a los participantes de la cumbre, Gutiérrez Müller soltó: “Bienvenidos sean al ombligo de la luna, a México, según la etimología náhuatl. Están en su casa. Casa que también es patrimonio de la humanidad. ¡Que viva nuestra América! ¡Que viva el Caribe!”.
AMLO lamenta muertes por ataque con explosivos en Guanajuato; los usan para “crear terror y miedo”
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de dos personas en un restaurante de Guanajuato tras un ataque explosivo; destacó que en ese estado se ha empezado a utilizar este tipo de ataques para “crear terror y miedo” y dijo que es probable que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
En conferencia de prensa realizada este lunes en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el mandatario refirió que las víctimas, dueño y gerente del restaurante, supuestamente recibieron “un regalo”, porque el duelo estaba celebrando su cumpleaños, pero resultó ser un explosivo.
“Lamento los hechos, la pérdida de dos vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. De acuerdo con la información que tenemos, fueron a entregar un supuesto regalo porque el dueño estaba celebrando su cumpleaños con los trabajadores. Les enviamos a sus familiares y amigos nuestras condolencias”.
Refirió que las víctimas eran “gentes de trabajo” y que pese a que el local tenía nombre de bar “era más un restaurante familiar, visitado por mucha gente, ubicado en una avenida principal”.
López Obrador afirmó también que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha identificado que, en Guanajuato, el crimen ha empezado a utilizar explosivos para tratar de “crear terror y miedo”. Y debido a que el ataque fue con explosivos, dijo que es probable que la FGR atraiga el caso.
“Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Sedena, que, en el estado de Guanajuato, de un tiempo a la fecha han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror y miedo (…) Se va colaborar con Fiscalía si así lo deciden. No quiero que se politice el asunto, es delicado, lo mejor es hacer investigación”.
El presidente aseveró que hasta el momento se desconocen las causas del ataque, si se relaciona con el cobro por derecho de piso solicitado por grupos criminales que operan en la zona. “No está clarificado, pero pronto se va a tener más información”.
En una carta, AMLO insiste a Biden que apoye programas de la 4T para frenar la migración
/ Pedro Matías
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que para contener el flujo migratorio centroamericano apoye programas como los de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con el que se atenderían 330 mil personas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
En un carta que le envió al presidente Biden y que dio a conocer aquí en la mañanera, resaltó que “en suma con estos dos programas estaríamos atendiendo en menos de seis meses a 330 mil personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala Honduras, El Salvador y Estados Unidos”.
“Si el gobierno de usted decidiera asumir esta decisión de manera ejecutiva nosotros estaríamos plenamente dispuestos a colaborar con asesoría, experiencia y trabajo”, puntualizó.
Pero además propuso “suscribir acuerdos con los inscritos en esos programas para ofrecerles en el mediano plazo de manera ordenada y de acuerdo a la demanda, visas temporales de trabajo para Estados Unidos, con ello no se perjudicaría a nadie pues es sabido que la gran nación que usted preside requiere de fuerza de trabajo adicional para impulsar su crecimiento económico, fortalecer su producción y reducir sus importaciones de Asia”.
“Sobre la carta que envié al presidente Biden, lo que hemos planteado pidiendo que se intervenga, se actúe con más urgencia y con prontitud para que se invierta en Centroamérica sobre todo que los programas que se están aplicando en el sureste de México se puedan aplicar de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador para crear expectativas y esperanzas de que la gente no se vea obligada a emigrar.
Consideró que “el fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo. Desde luego es necesario ordenar el flujo evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos”.
Sin embargo, dijo, “no debemos quedarnos sólo en la aplicación de medidas de contención y menos de carácter coercitivo, es por ello que le planteo de nuevo, en forma respetuosa, la necesidad de actuar de inmediato para aplicar en Guatemala Honduras y El Salvador dos programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas estado vecino de Centroamérica y cuya naturaleza y cultura son muy semejantes”.
Mencionó que “hoy estamos plantando en Chiapas 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables y ese programa da trabajo a 80 mil sembradores que reciben un salario para cultivar sus tierras y este mismo procedimiento se puede aplicar de inmediato en los tres países centroamericanos de mayor migración Guatemala Honduras y El Salvador, con lo cual se ampliaría la superficie de siembra en 600 mil hectáreas y se daría empleo a 240 mil campesinos”.
Otro de los programas relevantes que están siendo aplicados en Chiapas consiste en dar trabajo como aprendices a 30 mil jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales.
Entonces, “si esta acción se aplicará de inmediato en Guatemala Honduras y El Salvador, se podría mantener en sus países de origen a 90 mil personas de todas las que emigran por falta de trabajo”.
“En suma con estos dos programas estaríamos atendiendo en menos de seis meses a 330 mil personas que verían como una esperanza esta acción conjunta de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos”, remató.
Órgano Interno de Control del Inegi recibió Certificado ISO antisoborno
InegI
El organismo de certificación internacional SIS Certifications entregó ayer al Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Certificado ISO 37001:2016 “Sistemas de Gestión Antisoborno”.
Con la entrega de este certificado, el OIC del Inegi se convierte en el primer ente fiscalizador a nivel nacional en alcanzar la certificación con estándares internacionales en materia anticorrupción y marca un hecho sin precedentes en toda América Latina, ya que demostró contar con procedimientos conforme lo indica la Norma ISO 37001.
Durante el acto de entrega de la certificación, Manuel Rodríguez Murillo, titular del Órgano Interno de Control del Inegi, dijo que certificaciones como la que hoy recibieron, brindan certeza a los ciudadanos y buscan que la percepción de corrupción se desvanezca, además de que cuando exista un caso, se persiga hasta las últimas consecuencias para devolver la confianza en las instituciones.
Rodríguez Murillo agregó que la corrupción es un lastre, pero el OIC del Inegi se ha comprometido, dentro del ámbito de sus responsabilidades, a ser punta de lanza en esta materia, buscando que las tareas anticorrupción no se detengan.
Mónica Fiesco, representante en México de SIS Certifications, destacó que los buenos deseos no bastan para resolver problemas o para transformar a una institución, a un organismo o a un país. Se requiere de sistemas o conjuntos de prácticas interrelacionadas con políticas que permitan evaluar, corregir y verificar mejoras y avances.
“El OIC del Inegi cumple sistemas de gestión antisoborno con estándar internacional que le permiten ubicar puntos críticos de riesgo, establecer controles adecuados y estrictos, así como fomentar una cultura de integridad entre su personal”, destacó.
Para obtener la certificación, el OIC del Inegi ha mantenido una visión y misión de vanguardia reconocidas por sus buenas prácticas y la calidad de sus resultados.
También ha generado acciones preventivas contra la corrupción, como la capacitación de los servidores públicos del OIC del Instituto en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema de Gestión Antisoborno. Además, se sometió a una auditoría por parte de una casa auditora externa, con lo cual se fortalecen los sistemas y estrategias contra la corrupción.
La Norma ISO 37001, mejor conocida como Norma Antisoborno, incorpora medidas para prevenir, identificar y abordar actividades contra la corrupción, generando con ello una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento.
La CNDH pide no revivir la llamada “verdad histórica” de Ayotzinapa
/ gLorIa LetIcIa Díaz
En vísperas del séptimo aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja “bajo las líneas de investigación planteadas e impulsadas por las madres y los padres de los normalistas, que no fueron consideradas suficientemente”, en la recomendación 15VG/2018, emitida por el organismo durante la gestión anterior a la de Rosario Piedra Ibarra.
Tras señalar que con la nueva queja “reitera su compromiso con familiares y representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos”, en un comunicado, el organismo rechazó informaciones publicadas en medios de comunicación que retoman la investigación que dio lugar a la recomendación 15VG/2018, acordes con la “verdad histórica” sostenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que considera que los normalistas fueron asesinados, incinerados y sus cenizas esparcidas en el basurero del municipio de Cocula.
La CNDH condenó “la pretensión de revivir en medios de comunicación la denominada ‘verdad histórica’, a partir de algunos testimonios de personas que en su momento fueron privadas de libertad, pero que además ya fueron refutados científicamente, de manera contundente, a través de peritajes practicados por el Equipo Argentino de Antropología Forense”.
El organismo rechazó “el interés de encubrir ineficiencias y omisiones del pasado y querer cancelar de antemano nuevas investigaciones, reconstruyendo un escenario contrario a la verdad y la justicia que reclaman los familiares de los 43 normalistas y toda la sociedad”.
Sin mencionar nombres, cuestionó que medios de comunicación hayan manejado que “la entrevista de un supuesto testigo realizada por la CNDH estaba escondida, en la recomendación 15VG/2018, que se puede consultar íntegra en la página de esta Comisión Nacional desde su emisión hace tres años, se encuentra mencionada dicha persona 12 veces, y junto con él los presuntos responsables que en su momento fueron señalados”.
De acuerdo con el organismo, de la revisión de dicha recomendación, así como de su integración, “se han derivado denuncias por el tratamiento de las investigaciones y en su seguimiento, que se comprometen seriamente las conclusiones de la Oficina Especial del Caso Iguala y, por ende, la ‘verdad histórica’”.
La CNDH dijo que a petición de los familiares de las víctimas y de sus representantes, se mantienen en “comunicación permanente con la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa”.
A siete años de la desaparición de los estudiantes en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre, la CNDH manifestó su solidaridad con sus madres y padres, y aseguró que “los acompaña en su demanda de extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio”.
El organismo llamó a las autoridades encargadas de la indagatoria, a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), a “no bajar la guardia, avanzar a fondo en las nuevas investigaciones, y observar sus deberes constitucionales y los más altos estándares internacionales en la materia, con el propósito de arribar con prontitud a la verdad y a la justicia”.
Hackean la Plataforma Nacional de Transparencia
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) denunció que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que recientemente fue puesta en operación, fue hackeada.
A través de sus redes sociales, el organismo dijo que desde el mediodía la plataforma tuvo un comportamiento errático, hecho que atribuyó a un ataque cibernético.
“Les informamos que, a partir del mediodía de hoy, la Plataforma Nacional de Transparencia ha tenido un comportamiento intermitente, debido a un ataque o hackeo de tipo de explotación de criptomonedas, el cual el área de tecnologías del INAI está llevando a cabo acciones para detener el ataque y estabilizar la operación de la PNT”, escribió ayer en su cuenta de Twitter.
La Plataforma es el instrumento informático a través del cual se ejercen los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como su tutela, en medios electrónicos, de manera que garantice su uniformidad respecto de cualquier sujeto obligado.
Sí hay pruebas contra Cuauhtémoc Blanco: fiscal anticorrupción
/ JaIme LuIs BrIto
El fiscal anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, informó que sí existen elementos en la denuncia presentada contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y su círculo cercano, que podrían configurar al menos dos delitos que por su naturaleza ameritarían cárcel preventiva oficiosa, por lo que tendría que solicitarse un juicio de procedencia para desaforar al mandatario.
En entrevista en el marco de la instalación de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, a la que acudió como invitado, el fiscal dijo que la denuncia presentada por Enrique Paredes Sotelo, abogado morelense, el pasado 13 de septiembre, cuenta con números de cuenta bancaria, cantidades, ordenantes y beneficiarios de depósitos, fechas, sucursales bancarias, entre otros, algunos de los cuales ya fueron verificados en su existencia, lo que resultó positivo.
Dijo que se han hecho solicitudes formales de información a instancias federales, presumiblemente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a los gobiernos de otros estados del país, incluida la Ciudad de México, para que se pueda corroborar la veracidad de otros elementos de prueba.
Sin embargo, anteponiendo que se debe respetar el debido proceso, Salazar Núñez dijo que las pruebas verificadas hasta el momento comprueban “con toda claridad una serie de triangulaciones financieras para hacerse algunos movimientos de recursos muy fuertes”, y que, sin mencionarlo, en ellas se encuentra involucrado el gobernador Cuauhtémoc Blanco, al que alude como “titular del Poder Ejecutivo” de la entidad.
Negó que se trate de una venganza política. Dijo que no tiene que ver con el proceso de desafuero al que fue sometido el fiscal general Uriel Carmona Gándara o que tenga relación con una presión del exgobernador Graco Ramírez, como el propio exfutbolista expresó el pasado 16 de septiembre. También rechazó que sea “un refrito” como lo refirió el gobernador.
Dijo que la investigación está basada en los documentos presentados por Paredes Sotelo, de los cuáles señaló “ya se hizo una ampliación con nueva información y ya se están llevando a cabo una serie de acciones para tener resultados que pudieran concluir, desde luego, con una solicitud al Congreso del Estado, para iniciar un juicio de procedencia en contra de quien resulte responsable en esta denun| Foto @cuauhtemocb10
cia contra varios funcionarios, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos”.
Sin embargo, pidió no adelantar vísperas: “No es momento, no podemos adelantar, además de que son una infinidad de pruebas que ha presentado el denunciante, pero ya se están desplegando una serie de acciones para checar, confirmar que la información es verídica. Ese primer filtro quiero decirles que ha avanzado y a lo que llevamos ahorita sí se están confirmando que se realizaron transferencias, depósitos que podrían llevarnos adelante a solicitar el juicio de desafuero”.
Entonces, señaló que existen elementos que podrían hacer posible la configuración de al menos dos delitos que ameritarían cárcel preventiva oficiosa, es decir, que en caso de proceder contra Cuauhtémoc Blanco Bravo y que el juicio de procedencia lo permita, el gobernador de Morelos sería recluido en un penal local sin mediar solicitud al juez. Se resistió a revelar los delitos con el argumento de respetar el debido proceso.
Como se informó en su oportunidad, la semana pasada el abogado Enrique Paredes Sotelo presentó una denuncia de hechos en los que señala depósitos por más de 500 mil pesos en los que estarían involucrados, además del propio Blanco Bravo, su medio hermano Ulises Molina Bravo, su esposa Natalia Rezende Moreira, su primo y secretario particular Edgar Riou Pérez, así como su apoderado legal, Jaime Tamayo Godínez.
