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Asesinan al fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana, Baja California
Asesinan al fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana
/ Jesusa Cervantes
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El fotoperiodista Margarito Martnez fue ultimado ayer al mediodía de cuatro balazos cuando se encontraba afuera de su domicilio, en la colonia Sánchez Taboada de esta ciudad.
Conocido como Margarito "4x4" debido a que cubría la noticia policiaca y siempre estaba al pendiente de los hechos violentos en la colonia más violenta del país, la Sánchez Taboada, acostumbraba a compartir su trabajo periodístico con los medios que se lo solicitaran.
Aunque inició como independiente, el hecho de que haya sido de los pocos reporteros que cubren y hacen transmisiones en vivo desde esa colonia lo llevó a trabajar para el semanario Zeta, el portal Punto Norte o La Jornada de Baja California, todos con base en la ciudad de Tijuana.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre el caso; en medios locales, como el canal CNR, se dijo que recibió 4 disparos.
El 31 de julio de 2017, el conductor Luciano Rivera, hermano del concesionario de dicho canal, recibió un balazo en la cabeza cuando se encontraba en el interior de un bar en la ciudad de Playas de Rosarito.
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, planteó aprovechar el petróleo para transitar de las energías fósiles a las renovables, y con ello convertir Pemex en Solmex.
“Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex. Aprovechar hoy el petróleo y hacer una transición, un cambio inteligente, hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia las energías renovables, especialmente a la energía solar”, propuso el panista en su ya tradicional video que divulga los lunes en sus redes sociales.
En su nuevo video, explicó su propuesta y argumentó que Pemex gana 50 dólares por barril extrayendo y vendiendo petróleo, y refinándolo, en el mejor de los casos, gana tres dólares por barril. De ahí que calificó como “un pésimo negocio” lo que pretende hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Pero López Obrador no lo entiende. Le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una en Tabasco. Por cierto, se volvió a inundar y es un total desastre”, machacó Anaya. "De la evidencia se desprende que la política energética de López Obrador está totalmente desfasada de lo que sucede en el resto del mundo. Su declaración de no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas, con la idea de guardarlo para las nuevas generaciones, resulta un completo absurdo", insistió.
Ricardo Anaya aseguró que el petróleo "en el futuro no va a valer nada” y citó la decisión de las armadoras de autos más fuertes del mundo de cambiar en los próximos años la producción de autos que consumen gasolina.
“Lo que hay que hacer es sacarlo hoy. Y venderlo ahorita, que vale mucho dinero. Y con ese dinero hacer escuelas, hospitales, y usar ese dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias”, propuso.
Finalmente, sostuvo que México cuenta con un increíble potencial para la explotación de energías limpias, especialmente la solar, por lo que Pemex debería convertirse el Solmex.
“La radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo para generar electricidad. Por eso se estaban instalando tantos paneles antes de que López Obrador se los fregara. Debemos hacer una transición, un cambio inteligente hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia las energías renovables, especialmente la energía solar”, concluyó.
| Foto Margarito Martinez Esquivel 4-4
Anaya propone transitar de energías fósiles a renovables; “tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex”
CNDH pide reparar daño a torturados por militares en 2011 en Tijuana
/ Gloria letiCia Díaz
Con hechos ocurridos en Tijuana, Baja California, en el 2011, en los que se involucra a efectivos sel Ejército Mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la primera recomendación del 2022, en la que instruye al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a reparar de manera integral el daño causado a dos víctimas de tortura.
Los hechos descritos por la recomendación 1/2022 corresponden a abusos cometidos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” en que el Ejército mexicano estaba al frente de la estrategia en entidades con presencia del crimen organizado, como Baja California.
De acuerdo con el documento recomendatorio, en 2016 la CNDH recibió un requerimiento de un juzgado federal de Tamaulipas, en el que daban vista al organismo por hechos denunciados por dos víctimas de haber sido “objeto de actos de tortura por parte de elementos aprehensores”.
Tras la investigación, la CNDH confirmó que agentes de la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP) y militares incurrieron en detenciones arbitrarias, retención ilegal y en actos de tortura en agravio de dos personas de sexo masculino, quienes fueron detenidos el 19 de enero de 2011, al quedar atrapados en medio de una persecución policiaca y ser acusados de delincuencia organizada y homicidio.
Según los testimonios de las víctimas, al escuchar detonaciones, la primera de ellas se mantuvo refugiada en una tienda de conveniencia donde se encontraba comprando, y al salir se topó con “personas armadas y encapuchadas que lo acusaron de ser uno de los que había huido”, por lo que fue esposado y subido a un vehículo oficial “donde fue objeto de agresiones mientras lo interrogaban” sobre personas a las que no conocía.
De acuerdo a la víctima, fue trasladado a una base policial de la PEP-BC, donde fue sometido a actos de tortura, entre el intento de asfixia, para después se entregado a elementos del Ejército mexicano, a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, donde fue sometido a toques eléctricos, golpes en el cuerpo con un bate, y se “le introdujo un rifle en la boca, para después sacar el cañón del arma de un jalón tirándole un diente y otro más lo perdió días después”.
La segunda víctima narró que ese 19 de enero escuchó disparos cuando se encontraba en su domicilio, salió a verificar lo que estaba pasando, y advirtió que “elementos militares pasaban por el lugar casa por casa” y, al llegar a la suya, “los soldados lo tiraron al piso, lo golpearon y lo subieron a un vehículo”, preguntándole “si era él el que había corrido”, para después subirlo a una camioneta de la PEP-BC para ser trasladado a instalaciones de la corporación donde lo volvieron a golpear, le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, lo tiraron en una colchoneta, “le colocaron un trapo en la boca y le arrojaban agua”, todo ello mientras lo cuestionaban sobre “donde estaban las armas y las casas de seguridad”.
Al igual que la primera víctima, la segunda fue entregada a elementos militares para ser conducido al 28 Batallón de Infantería, donde continuaron golpeándolo, siendo pisado por dos elementos mientras le tiraban agua en el rostro que tenía cubierto con un trapo, le ponían cinta canela en el rostro y la arrancaban con fuerza, le pateaban los testículos, le dieron toques eléctricos en el cuello y lo golpeaban con lo que parecía un martillo de goma en la cabeza, “amenazándolo para que confesara delitos de robo, homicidio y secuestro”.
Ante esos hechos, la CNDH recomendó al secretario de la Defensa y a la gobernadora de la entidad, coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que “se brinde la reparación integral del daño a las personas agraviadas en términos de la Ley General de Víctimas, además de que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral correspondiente y se les otorgue atención médica y psicológica, a provisión de medicamentos y que incluya una compensación con base en las evidencias planteadas”.
Al funcionario y a la gobernadora, la CNDH les pidió su colaboración en la denuncia penal que presentará el organismo ante la Fiscalía General de la República (FGR), “a fin de que se investigue y determine conforme a derecho la responsabilidad de los policías de la entonces PEP-BC, así como personal de la Sedena, los médicos y demás elementos militares que participaron en los hechos”.
A fin de erradicar las detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y actos de tortura, la CNDH pidió al secretario diseñar e impartir “cursos de capacitación en el plazo de tres meses, a partir de la aceptación de la recomendación, en materia de respeto a los derechos humanos, a personas servidoras públicas del 28 Batallón de Infantería que participan en acciones gubernamentales de seguridad pública, incluido el personal de sanidad que apoye, que incluya a los elementos militares participando en los hechos”, cursos de capacitación que contemple la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
