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aPRO/JOSé MaRtínez M
Telmex: En manos de la 4T, el destino de una concesión multimillonaria
/ José martínez m.
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Georgina Navarro Nava lleva dos años intentando abrir un pequeño negocio de materias primas, con un capital de 50 mil pesos, pero se ha enfrentado a un alud de trámites burocráticos que le han impedido echarlo a andar.
Como ella, miles de pequeños inversionistas forman parte de las estadísticas del informe Doing Business, del Banco Mundial, en el que se advierte que México es uno de los países más difíciles para emprender un negocio, pues se requiere realizar al menos 35 trámites que a una persona le pueden tomar hasta 500 días, además de que tiene que pagar las “mordidas” que los empleados públicos exigen para realizar el papeleo.
Sin embargo ese no fue el caso del empresario Carlos Slim Helú –uno de los hombres más ricos del mundo–, quien en 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, realizó un trámite que le implicó menos de una semana para recibir la autorización de la renovación del Título de Concesión de Teléfonos de México, a cambio de un pago simbólico de 5 mil 482 pesos para explotar 30 años más los servicios telefónicos de Telmex, empresa con más de 21 millones de suscriptores con servicios de telefonía e internet.
Pero la entrega de la concesión no está concretada completamente; el empresario tiene hasta el 11 de marzo de 2023 para cumplir con todas las condiciones impuestas. Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría en sus manos la decisión de renovar o dar por concluida la concesión telefónica, si la compañía de Slim deja de seguir cumpliendo su papel preponderante.
En ese contexto, la renovación del Título de Concesión de Telmex le salió en un pago “simbólico”.
En medio de los escándalos de corrupción por el Caso Odebrecht y la Casa Blanca, que involucraron al gobierno de Peña Nieto, el empresario de las telecomunicaciones –que opera servicios telefónicos en 30 países– recibió la autorización de renovación de Telmex hasta el año 2056. En total, Slim tendría bajo su dominio la explotación comercial de Telmex durante 66 años.
Sólo en el primer año de la privatización de Telmex sus utilidades fueron cercanas a 8 billones de pesos. Con ese recurso, Slim pudo comprar los cinco principales bancos que operaban en México, pero él y sus socios decidieron capitalizar la compañía y a partir de ahí sentar las bases de lo que en menos de un decenio se convertiría en un imperio telefónico que, vía América Móvil, se desplegaría como portaaviones por América Latina, Europa y parte de Estados Unidos.
Las compañías telefónicas de Slim figuran entre las empresas que más ganancias generan en la economía mexicana.
La renovación de la concesión, otorgada en el gobierno de Peña Nieto, se hizo en los mismos términos en los cuales fue autorizada por el gobierno de Salinas de Gortari en 1990, cuando el neoliberalismo brillaba en todo su esplendor.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue el órgano que se encargó de realizar la transacción y condicionó la entrega del Título de Concesión al empresario Carlos Slim a cumplir, antes del Carlos Slim Helú y Andrés Manuel López Obrador | Foto Gobierno de México
11 de marzo de 2023, con la disposición de que Telmex deje de operar como una entidad preponderante, algo que resulta complicado.
Desde 2014 Telmex emprendió una estrategia para compartir los servicios de banda ancha y telefonía fija, con el propósito de cumplir con la llamada “regulación asimétrica” y con ello obtener la renovación de la concesión.
Otra de las decisiones para no incurrir en la preponderancia fue dividir a Telmex, separarla de sus otras compañías (Telcel y América Móvil) en tanto se promovía que las empresas minoristas compartieran parte del pastel que Telmex había convertido en un monopolio.
De esa manera, en 2020, de los 20.4 millones de accesos a internet fijo, 48% correspondieron a Telmex; 25% a Grupo Televisa; 16% a Megacable; 10% a TotalPlay, y el resto, 10%, se encuentra repartido entre 15 operadores minoritarios.
Lucha de poderes
La relación entre el empresario Carlos Slim y el presidente López Obrador es un péndulo que va de los encuentros a los desencuentros.
Las primeras diferencias entre ambos ocurrieron cuando el tabasqueño despachaba como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, con el rescate del Centro Histórico. En esos años, el gobierno del presidente Vicente Fox y el empresario fueron los principales aportantes para el rescate. La relación entre el ahora mandatario y el dueño de Telmex se tensó cuando el político tabasqueño realizó el megaplantón sobre Paseo de la Reforma, en protesta contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2006. En ese entonces, Slim dijo que era “kafkiano” que el entonces candidato del PRD tomara como rehén la ciudad que él había gobernado.
Años después, con el inicio del presente sexenio, vino el episodio de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
En el contexto del plan aeroportuario, Slim fue el mayor perdedor por la cancelación de la obra, cuyo proyecto costaría 13 mil millones de dólares. Entre las inversiones en esa construcción, Slim poseía mil 600 millones de dólares en Fibra E, una sociedad limitada y un fideicomiso de inversión en infraestructura.
En febrero de 2020, cuando López Obrador convocó a los cien empresarios más importantes de México a la cena de tamales y atole en Palacio Nacional, Slim fue uno de los que menos aportaron, algo que incomodó al tabasqueño.
Semanas después de la famosa cena del “pase de charola” para la rifa del avión presidencial –herencia del gobierno de Peña Nieto–, López Obrador solicitó a las autoridades del Sistema de Administración Tributaria la lista de los empresarios que mantenían adeudos con el fisco, y uno de ellos fue Slim, quien de inmediato cubrió sus pendientes y adelantó un pago como “muestra de solidaridad” ante las condiciones que enfrentaba el país por la pandemia por covid-19.
Sin embargo, antes del inicio del gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación, la administración de Peña Nieto le condonó a las empresas de Slim millones de pesos en impuestos.
En 2016, Banco Inbursa fue condonado por 14 millones 794 mil pesos; a América Móvil, el titán de las comunicaciones del imperio Slim, se le condonaron 57 millones en 2017; a Seguros Inbursa, 7 millones, e Inversora Carso obtuvo en 2018 una condonación de impuestos por 126 millones de pesos.
Para limar asperezas, Slim fue invitado a participar en las obras del Tren Maya, pero cuando las cosas marchaban para mejorar las relaciones con el gobierno, ocurrió la tragedia de la Línea 12 del Metro, cuyo peritaje responsabilizó a la constructora del empresario por la pésima calidad de los materiales del tramo siniestrado, y Slim se comprometió a reparar. Hasta el momento no ha habido sanciones para los responsables de la tragedia.
concesión envenenada
En 1990 Carlos Salinas de Gortari le otorgó al empresario Carlos Slim y a sus socios la concesión de Teléfonos de México, que incluía toda la infraestructura de la compañía que usufructúa bienes del dominio de la nación.
Slim aún no cumplía 50 años cuando recibió la concesión. El nuevo dueño de Telmex era conocido en los círculos empresariales, pero desconocido para el resto de los mexicanos. A partir de que le fue asignado el control de la telefónica comenzó la leyenda que lo convirtió en uno de los personajes más populares y mediáticos de México y en uno de los hombres más ricos del mundo.
Cuando Slim resultó beneficiado con la política de privatizaciones de Salinas, Cuauhtémoc Cárdenas, líder de la izquierda mexicana, presentó ante la Cámara de Diputados una demanda de “juicio político” contra el entonces presidente Salinas y miembros de su gabinete por haberse “confabulado” en la venta de la empresa más importante del Estado; la demanda también exigía castigos penales contra los funcionarios que intervinieron en la privatización y aquellos que participaron en la negociación, como fue el caso del ingeniero Slim.
La denuncia fue presentada ante las más altas instancias del gobierno, a quienes se demandó la “declaración de nulidad absoluta” de la privatización.
La demanda presentada por el entonces líder del PRD –quien dos años antes contendió junto con Salinas por la Presidencia de la República– tuvo el respaldo de los legisladores de su partido, lo mismo de la nomenclatura del PRD, incluido el ahora presidente López Obrador.
Y ahora mismo Slim está en el centro del debate porque se acerca la fecha de la renovación de la concesión de Telmex, que va a coincidir con el último tramo del gobierno del presidente López Obrador, en el que habrán de tomarse decisiones de carácter histórico.
cambios a La Ley
Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones actúa con una política de transparencia para la consulta de información, en el gobierno del presidente Peña Nieto se cambiaron las reglas al modificar las leyes que regulan las acciones y alcances de ese instituto.
La presión de los poderosos dueños de las concesiones de telecomunicaciones llevó a cambiar las reglas del juego y a apartar al Ejecutivo de la autorización de las concesiones respectivas y, en este caso, la responsabilidad recayó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La renovación de las concesiones de Telmex y de las televisoras (Televisa y TV Azteca) en 2016 se dio en el contexto de los escándalos de la Casa Blanca y Odebrecht, que llevaron al presidente Peña Nieto al nivel más bajo de aprobación popular, como no ocurrió con otros mandatarios en las últimas décadas.
La corrupción en el sexenio de Peña Nieto llevó al PRI a su derrota más aplastante, al punto de dejarlo en la inanición política. Esos escándalos beneficiaron las pretensiones de López Obrador, que asumió la bandera de la lucha anticorrupción como su principal estandarte de campaña.
Desde las elecciones intermedias de 2016 el PRI perdió la mayoría de las gubernaturas en disputa (siete de 12), en tanto las encuestas demoscópicas advertían el crecimiento de la popularidad de López Obrador, como augurio de lo que ocurriría dos años después.
Para anticiparse a los resultados de 2018, los empresarios de las telecomunicaciones se adelantaron a renovar sus concesiones en previsión de cualquier contingencia.
Y Slim pagó por Telmex 5 mil 742 pesos por renovar 30 años más su concesión, la cual entraría en vigor a partir de 2026 y hasta 2056. Pero en una cláusula se subraya que el título de concesión se otorgará definitivamente el 11 de marzo de 2023, siempre y cuando se demuestre que Telmex no es preponderante.
Aunque se haya otorgado la concesión sacando al presidente de la República de la jugada de la toma de decisiones, López Obrador puede invocar el veto presidencial para decidir el destino de la telefónica, una empresa que surgió como privada en el gobierno de Salinas de Gortari.
San Luis Potosí: Gabinete a tono con el gobernador
/ VeróniCa espinosa | ViCtoriano martínez
Ricardo Gallardo Cardona colocó en los altos cargos del gobierno estatal a personajes que lo acompañan desde el inicio de su trayectoria política y aparecen involucrados en denuncias por desvío de recursos, lo mismo que a funcionarios federales que apuntalaron su campaña para gobernador (con “línea” desde la Presidencia, como lo admitieron una vez que triunfó el hoy mandatario, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, PVEM).
Entre los primeros figuran personas con expedientes ministeriales por diversas denuncias y escándalos públicos, como Jesús Emmanuel Ramos Hernández, quien fue tesorero municipal de Gallardo Cardona cuando éste fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, y ocupó el mismo cargo con el papá del actual gobernador, Ricardo Gallardo Juárez, en el gobierno de la capital del estado.
Ramos Hernández fue nombrado titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), pese a que su único antecedente en la materia es que fue impuesto como presidente del PVEM en 2019.
Contra él existen varias denuncias por manejo irregular de los recursos del ayuntamiento de la capital, entre ellas una conocida como la “nómina maestra”: el desvío de poco más de 62 millones de pesos desde la primera quincena de 2015 hasta junio de 2018, cuando se generaron pagos de nómina a un trabajador que no los cobró y, aunque se hacían las devoluciones al área de tesorería, el dinero no reingresó a las arcas municipales.
Se esperaba que uno de los cargos estratégicos del gabinete fuera ocupado por Héctor Serrano Cortés, excompañero de bancada y aliado de Gallardo Cardona. El exdiputado federal se sumó a la campaña del hoy gobernador, quien a su vez apoyó su postulación a diputado local, pero esa candidatura fue anulada en tribunales porque Serrano no cumplió el requisito de residencia.
Secretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, Serrano no ha aparecido públicamente con Gallardo desde el mitin de la victoria, en el que lanzó amenazas contra el entonces gobernador saliente Juan Manuel Carreras y el consejo electoral, pero sigue formando parte del círculo más cercano del nuevo mandatario.
Asimismo, Gallardo Cardona atrajo a políticos que en los últimos años se incorporaron al morenismo y luego a la administración pública federal, como el notario Leonel Serrato Sánchez, nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes.
En los círculos navistas se recuerda al muy joven Serrato Sánchez como un elocuente orador que presentaba al doctor Salvador Nava Martínez en actos públicos.
En 2018 Serrato fue candidato de Morena a presidente municipal de San Luis Potosí. Al registrar su candidatura pronunció un discurso en el que calificó a la familia Gallardo como “delincuentes que matan, extorsionan, levantan, atosigan y cercan las libertades”, y se comprometió a luchar contra ellos.
“Los Gallardo ya se van”, dijo entonces. Tres años después, y luego de no lograr la candidatura a gobernador por Morena, Serrato Sánchez acabó por unirse a Gallardo Cardona, quien lo hizo candidato a presidente municipal por el PVEM para las elecciones de este año, que tampoco ganó.
Ricardo Gallardo Cardona | Foto @RGC_Mx
CompliCidades
Al integrar su gabinete el gobernador potosino ya incumplió promesas: no integró un gabinete paritario, colocó a sus amigos y, salvo en los Servicios de Salud, no designó a especialistas en la materia de cada puesto.
Una de las funcionarias de primer nivel, Lilia Malvido Flores, llega a dirigir el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo, con el inquietante antecedente de haber sido colaboradora de Virgilio Andrade como directora general adjunta de administración en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
Malvido apareció en una investigación por un fraude de 69 millones de pesos en tarjetas entregadas por el banco a damnificados por los sismos de 2017 y, según publicó El Universal, se le inició una investigación por entregar boletos de avión y viáticos “por montos estratosféricos”.
Una de las designaciones clave es la del secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien a finales de la década pasada ayudó a la familia Gallardo a resolver un conflicto por la falta de acreditación de la propiedad de unos tráileres en la frontera con Estados Unidos.
Desde entonces Torres se convirtió en colaborador de Gallardo Cardona como secretario en el ayuntamiento soledense y después lo convirtieron en diputado local.
Los otros dos diputados involucrados fueron Manuel Barrera Guillén, del PVEM, y Óscar Bautista Villegas, del PRI. Los tres se vieron obligados a solicitar licencia temporal al cargo y se reintegraron a la LXI Legislatura una vez que consiguieron que la Fiscalía General del Estado los exonerara.
Por ese caso, 17 funcionarios de la Auditoría Superior del Estado fueron cesados, aunque ninguno fue sancionado. Sólo Flores Flores fue condenado por el delito de cohecho a una pena mínima de prisión, pero siguió todo el proceso en libertad.
Aunque no forma parte del gabinete de Gallardo Cardona, destaca el hecho de que Silvia Torres Sánchez, hermana del nuevo secretario de Gobierno y abogada defensora de la familia Gallardo ante varias denuncias penales, fue nombrada en agosto magistrada del Supremo Tribunal de Justicia y se le considera como su posible presidenta a partir del próximo año.
Noé Lara Enríquez, a quien nombró oficial mayor, ocupó el mismo cargo en los ayuntamientos de Soledad de Graciano Sánchez con el propio Gallardo Cardona, y de San Luis Potosí con el padre, Gallardo Juárez. En ambos casos operó el encubrimiento de desvíos de recursos.
Otro colaborador del actual gobernador es Juan Ignacio Segura Morquecho, nuevo secretario de Desarrollo Social y Regional, quien enfrenta denuncias penales por presunto desvío de más de 15 millones de pesos para apoyar campañas personalizadas de Gallardo Cardona cuando fue dirigente estatal del PRD.
Una dirigencia colegiada de ese partido expulsó a Segura Morquecho en junio de 2018 y lo denunció por el desvío de recursos. Antes de recibir la notificación formal, el exdirigente perredista se presentó en rueda de prensa para anunciar que se incorporaba al PVEM, leal al proyecto de Gallardo Cardona.
Figura también en el gabinete Sergio Desfassiux Cabello, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo, quien fue parte de la legislatura de la “ecuación corrupta” y protagonizó escándalos públicos.
“Yo soy la autoridad”, le reclamó una vez a policías que lo detuvieron por conducir ebrio. Como candidato del PRD a diputado prometió a colonias de las partes bajas de la ciudad que se reencauzarían las aguas negras para devolverlas a las zonas residenciales, a fin de que la gente rica padeciera los problemas de insalubridad.
Néstor Eduardo Garza Álvarez, ahora secretario del Trabajo y Previsión Social, aspiró a dirigir la Auditoría Superior del Estado en 2014. Al no resultar electo por el Congreso del estado inició un juicio de amparo. El columnista del periódico Pulso Juan José Rodríguez publicó que Garza canceló el pleito a cambio de 1 millón 100 mil pesos y una licencia para la venta de alcohol.
Como secretario de Desarrollo Económico, Gallardo nombró a Arturo Segoviano García, su contrincante en la elección como candidato independiente. Aunque Segoviano obtuvo 44 mil 777 firmas de apoyo para registrar su candidatura, en la elección sólo consiguió 4 mil 279 votos.
Días después de la presentación del gabinete se conocieron otros nombramientos, como el de Jorge Vega Arroyo (expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas) como subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobierno, a pesar de que su labor en las comisiones fue ampliamente cuestionada por quejosos y víctimas de delitos.
Desgobierno
FERNANDO HERRERA
El sexenio del presidente López Obrador se encamina a ser el más violento de las últimas décadas. En 34 meses de gobierno se han acumulado casi 100 mil homicidios dolosos y aún estamos a 3 años de que concluya su mandato. Y mientras el titular del Poder Ejecutivo se empeña en el tema de la conquista y los españoles, 88 mexicanos son ejecutados cada día y la delincuencia organizada sigue ganando terreno.
La incapacidad y el desinterés frente al tema es evidente. Estamos viviendo un desgobierno en todos los sentidos y a pesar de los incrementos al presupuesto de la Guardia Nacional para este 2021, por ejemplo, la presencia de este frankenstein militar-policiaco ha servido prácticamente de nada en las operaciones de seguridad pública.
Tampoco hay una estrategia de prevención y contención. La población está abandonada a su suerte. Escenas como el ataque a la discoteca Baby’O en Acapulco y al restaurante Barra 1604 en Salamanca, o el descubrimiento del campo de exterminio de “Los Zetas” en Tamaulipas; lo confirman. Con el gobierno obradorista, el Estado Mexicano ha dejado de cumplir con su responsabilidad de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos.
Hoy por hoy la pacificación del país ha sido un absoluto fracaso. La procuración de justicia es presa del poder político. Ahí está como ejemplo el caso Ayotzinapa, que a pesar de las promesas de campaña, no ha encontrado justicia. La verdad histórica de Murillo Karam se ha convertido en la verdad de Alejandro Encinas. Nada ha cambiado en esa burocracia gubernamental, incapaz de revelar lo que pasó hace 7 años en Iguala.
De acuerdo con el informe 2021 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, México es el cuarto país con mayor actividad de grupos criminales, de una lista de ciento noventa y tres naciones. El tráfico de armas, drogas y personas, en la ruta CentroaméricaEstados Unidos, ha colocado a nuestro país como un bastión clave para este tipo de organizaciones.
Pero el gobierno mexicano ha volteado la cara hacia otro lado. Prefiere no actuar contra los cárteles de la droga, a pesar de que los índices de violencia continúan a la alza. En Estados Unidos, se dice, hay preocupación por lo que ocurre en nuestro territorio. Las críticas del Ex Embajador Christopher Landau hacia la pasividad del gobierno de López Obrador con los criminales, forman parte de esa narrativa que se ha robustecido en aquel lado de la frontera.
El desgobierno de la 4T es una realidad y la violencia el pan de cada día. Sin una estrategia clara y peor aún, con la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales, como se documentó en Michoacán y en otras entidades del país, nos encaminamos a una nueva etapa de degradación de la vida pública del país.
Yaquis cuestionan la disculpa de López Obrador
/ diana avila
El pasado 28 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Vícam, Sonora, la primera cabecera de los ocho pueblos yaquis, donde pidió perdón a la tribu por “los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el Porfiriato”.
En el acto protocolario donde esbozó el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, López Obrador afirmó que se restituirán hasta 20 mil hectáreas; se implementará un plan hidráulico en el que se invertirán 6 millones de pesos, se darán mil 500 créditos para vivienda y se impulsarán la educación y los servicios de salud.
Su gobierno, dijo, intenta “reparar, en la medida de lo posible, el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis”. Y firmó el decreto presidencial mediante el cual se creará el Distrito de Riego 018 y se transferirá su administración a las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis.
Sin embargo, el Distrito de Riego 018-Colonias Yaquis existe desde hace más de 60 años. Fue construido en la primera mitad de la década de 1950 como apéndice del Distrito de Riego 041-Río Yaqui, el cual está compuesto por las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic.
Al menos desde 1979 la tribu yaqui demandó la administración y la operación del DR 018. Eso provocó un conflicto con el Instituto Nacional Indigenista, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el Banco Rural durante la administración de José López Portillo.
El investigador Gustavo Luna Escalante, en su estudio ‘Derechos, usos y gestión del agua en el territorio yaqui’, escribió que esa petición “implicaba tener el manejo y control, por parte de la tribu yaqui, de uno de los insumos más importantes que era el agua para riego, y al encontrar la oposición de la institución, se exigió su expulsión del territorio”.
Esa solicitud fue recurrente en las administraciones posteriores, lo que modificó de manera drástica el panorama hídrico en las últimas ocho décadas, tanto por las condiciones climáticas como por la construcción del sistema de presas que se alimentan del río Yaqui. Lo anterior provocó un alto estrés hídrico en las subcuencas, lo que ha colocado a la tribu yaqui en una condición de injusticia hídrica persistente, según el peritaje antropológico elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 2014.
Para los yaquis que se oponen al despojo del agua en sus territorios, la verdadera justicia avanzará con la cancelación del Acueducto Independencia, el cual opera desde hace ocho años trasvasando agua de la cuenca del río Yaqui al de Sonora para proveer agua a la ciudad de Hermosillo sin una resolución de impacto ambiental adecuada.
lOs desacatOs
En entrevista para Proceso, los yaquis Fernando Jiménez Gutiérrez y César Cota Tórtola, defensores del territorio y opositores al Acueducto Independencia, insisten en que esa obra, surgida durante la gestión de panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015) debe desaparecer. López Obrador afirmó que se implementará un plan hidráulico en el que se invertirán 6 millones de pesos, se darán mil 500 créditos para vivienda y se impulsarán la educación y los servicios de salud
López Obrador en su visita a Vícam, Sonora, 28 de septiembre 2021 | Fotos Gobierno de México
“Creemos que no le llega el verdadero informe; es lo que pensamos, porque él sí quiere ayudarnos, es lo que ha dicho. Pero si no lleva algo en la mano, ¿cómo lo vamos a perdonar? Yo no lo perdonaría, porque todavía se están trasvasando aguas de la tribu yaqui”, César Cota Tórtola
A partir de entonces los yaquis comenzaron sus movilizaciones populares, relata el topógrafo Jiménez Gutiérrez: “En 2010 llegamos a bloquear la carretera (México-Nogales); en 2011 fuimos reprimidos por primera vez por la fuerza pública del estado: fuimos amenazados y algunos compañeros fueron presos. Desde allí empezamos a reorganizar la lucha”, que incluso llevaron al terreno legal.
En agosto de 2010, mediante un amparo, el Juzgado Octavo de Distrito en Ciudad Obregón, Sonora, otorgó la suspensión provisional del uso del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, para evitar la adjudicación del contrato de licitación pública del Acueducto Independencia. No obstante, la obra fue aprobada y se inició la construcción, relata Jiménez.
En abril de 2011 la comunidad yaqui interpuso una nueva solicitud de amparo contra la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por resolver en materia de Impacto Ambiental y ordenar la construcción del acueducto sin consultar a los pueblos yaquis, acorde con el artículo 26 de la Constitución Política y el derecho internacional.
Asimismo, responsabilizó al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de Sonora por “ejecución, construcción y operación de las obras”, por lo que el juez décimo de Distrito en Sonora decretó la suspensión total, según el expediente 461/20.
No obstante, tanto la Semarnat como las constructoras continuaron. La obra se erigió en abierto desacato a la determinación judicial, estableció la Recomendación 37/2012 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 9 de agosto de 2012, dirigida al entonces gobernador Padrés Elías y al titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada.
En 2013 la Semarnat impugnó la sentencia y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el recurso de revisión; resolvió invalidar la resolución de Impacto Ambiental emitida por la secretaría que autorizó la construcción del Acueducto Independencia. Asimismo ordenó organizar “una consulta pública, culturalmente adecuada, a través de sus representantes tradicionales”, para determinar las posibles afectaciones sociales y ambientales para la tribu yaqui.
Jiménez, quien estuvo en aquella audiencia, no entiende por qué no se han ejecutado las sentencias. “Estamos enfrentando la parsimonia, el tortuguismo de las autoridades”, dice; la consulta “está frenada por cuestiones políticas y económicas”.
Meses después de esa audiencia, en septiembre de 2014, Jiménez fue recluido en el Cereso 1 de Hermosillo, acusado de secuestro y robo de vehículo. Esos cargos, dice, le fueron fabricados en represalia por su participación en las movilizaciones yaquis. Salió libre en agosto de 2015. Presentó el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui
Una nUeva etapa de lUcha
Ante los recientes asesinatos de los defensores yaquis Luis Urbano y Tomás Rojo, quienes participaron de manera notable en los bloqueos de la autopista internacional desde 2010, Jiménez decidió reanudar su lucha.
“Le prometí a mis compañeros que iba a levantar esa bandera que él (Tomás Rojo) agitaba. Yo la levanto, la agito ahora; de una u otra forma necesitamos darle vida a esa voz que ya no existe. Tenemos que reivindicar la lucha que Tomás encabezó junto a nosotros.
“Podemos deducir que detrás de todo esto está esa represión, que ya subió de tono… porque ya están utilizando al crimen organizado. Inclusive en nuestros pueblos, los sicarios se pasean como ‘Juan por su casa’, sin que nadie les diga nada”, sostiene.
Según él, el ingreso de grupos del crimen organizado a los territorios yaquis ocurrió a la par que se desarrollaba la minería, en los inicios de la administración de Padrés Elías: “Tenía mucho contacto con Coahuila, porque se habla mucho de la narcominería en el norte de Sonora… Lentamente vino permeando y bajando… hasta el sur. Se activó mucho la actividad minera y el despojo de la tierra”.
Además de los asesinatos de Rojo y Urbano, en julio pasado desaparecieron 10 pobladores de Loma de Bácum –la mayoría integrantes de la tribu. Los restos de ellos fueron identificados por la Fiscalía estatal la semana pasada, después de la entrevista con Jiménez–, lo cual provocó un temor generalizado.
“A veces pienso que una de las tácticas que utilizan los del poder fáctico es infundir terror a la tribu para que no nos organicemos y evitar que sigamos en la lucha por nuestro territorio y nuestras aguas”, dice el entrevistado.
QUe aMlO averigüe bien
El también defensor César Cota Tórtola comenta a la reportera que el gobierno, en todos sus niveles, “siempre ha estado en contra de la tribu yaqui queriéndola despojar de todo”, pese a que ahora existen evidencias de las afectaciones socioculturales que provoca el Acueducto Independencia, como concluyó el peritaje del INAH de 2014.
Según Cota, López Obrador recibe información errónea sobre la realidad de la tribu yaqui: “Creemos que no le llega el verdadero informe; es lo que pensamos, porque él sí quiere ayudarnos, es lo que ha dicho. Pero si no lleva algo en la mano, ¿cómo lo vamos a perdonar? Yo no lo perdonaría, porque todavía se están trasvasando aguas de la tribu yaqui”, dice.
Tras enumerar los despojos que ha sufrido la nación yaqui, Cota pide a López Obrador que investigue bien a los colaboradores que han mandado a la región, para que vea si las cosas son como ellos le dicen.
“Nosotros –asegura– no vemos el verdadero Plan de Justicia. Y si no han hecho nada, ¿cómo va a pedir perdón a la nación yaqui? Lo que podemos decir nosotros es que nuestro presidente de la República se ponga a averiguar bien.”
Intelectuales, pero idiotas
/ RicaRdo Raphael
Con el paso del tiempo la acusación por crimen organizado contra 31 exfuncionarios y científicos ligados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debería ser una anécdota más, mezquina y autoritaria, que no llegó a mayores.
Es insostenible el argumento jurídico presentado por el fiscal Alejandro Gertz Manero ante el juez responsable de desahogar la denuncia.
Sin embargo, lo que no se borrará tan rápido es el ánimo de revancha que le otorgó contexto y motivos a esta desmesurada embestida.
Aparece como desproporcionada la intención de ubicar en el mismo sitio a un narcotraficante asesino y a la física laureada Julia Tagüeña Parga.
Sin embargo, ésta parece haber sido justo la pretensión de la fiscalía: que en el imaginario colectivo se igualasen, aunque sea por un breve momento, científicos privilegiados con ladrones populares.
No hay broma en el intento sino un propósito deliberado para despojar a las y los intelectuales de la reputación que los ubica en un lugar aparte.
El contexto en el que ocurre este embate para desprestigiar personas que se asumían a sí mismas como gente decente, es el de un feroz antiintelectualismo que no sólo muerde fuerte en México, sino en muchos otros países.
En 2016 el filósofo Nassim Nicholas Taleb publicó un texto que en pocos párrafos logró capturar las claves de dicho ánimo revanchista. Lo tituló Intelectuales, pero idiotas, un término que luego sería utilizado por los promotores de la campaña de Donald Trump, como el líder republicano Newt Gingrich.
Afirma Taleb que este ardimiento resentido proviene del cansancio acumulado por años respecto de la deshonestidad intelectual, la arrogancia y la presunción de “la clase intelectual” que ha dominado a la academia, los medios de comunicación, la función pública y las organizaciones de la sociedad.
“Lo hemos visto en todo el mundo, desde la India hasta Gran Bretaña y Estados Unidos, se trata de una rebelión contra el círculo íntimo de quienes toman las decisiones más importantes –expertos, intelectuales y periodistas formados en las grandes universidades (Yale, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge) y otras instituciones similares– que nos dicen a todos qué hacer, cómo hablar, qué pensar y por quién votar.”
Se trata, añade Taleb, de sujetos que nunca han dejado la piel a nivel de la cancha, pero que suelen darse el lujo de despreciar cualquier forma de conocimiento plebeyo.
Esta rebelión contra la autodesignada “inteligencia” estaría detrás, por ejemplo, del recorte que Jair Bolsonaro impuso contra las principales universidades públicas brasileñas. El jueves 30 de abril de 2020, sin aviso ni razonamiento previos, el gobierno de Brasil redujo 30% los recursos asignados anualmente para la Universidad de Brasilia, la Universidad Federal Fluminense y la Universidad Federal de Bahía.
Con posterioridad se dijo que era necesario hacer rendir mejor el dinero de las personas contribuyentes y que, por tanto, debían restarse fondos asignados a carreras como la sociología o la filosofía, cuyo aporte sería poco, para redirigirlos a la formación de médicos, ingenieros y veterinarios.
Para alimentar con combustible el antiintelectualismo de los seguidores de Bolsonaro fueron también publicadas en los medios de comunicación facturas, presuntamente de gastos superfluos, en los que habría incurrido el personal perteneciente a esos centros académicos.
Ese mismo año Emmanuel Macron, presidente de Francia, decidió desaparecer la Escuela Nacional de Administración –institución donde él mismo se formó– porque según la percepción popular se encontraba a la cabeza de una serie de instituciones educativas dedicadas a perpetuar el privilegio de una élite burocrática desconectada de las preocupaciones de la gente.
Es difícil no incurrir en comparaciones a la hora de valorar el embate que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –a través de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buyllá Roces– ha desplegado en contra de “los científicos”.
Los ataques contra la supuesta clase “intelectual, pero idiota”, referida por Taleb, el desprecio por la ciencia que no beneficia directamente a la gente, la revancha presuntamente plebeya contra los privilegios de la academia y la investigación y, desde luego, la acusación por malversaciones atribuibles a personas exfuncionarias y científicas, son todas líneas argumentales que ya se habían escuchado con sonoridad fuera de México.
La novedad de su domesticación en tierra nacional es, sin embargo, la exageración de perseguir criminalmente al objeto de la revancha. Aunque muy lamentable, una cosa es reducir el presupuesto universitario o generalizar señalando a toda persona que se dedique a actividades intelectuales de ser deshonesta (o idiota camuflado) y otra muy distinta es querer ver a todos estos individuos retratados en la celda ocupada previamente por el peor de los criminales.
Como bien refirió en su día el filósofo inglés Isaiah Berlin, el antiintelectualismo –y su más próximo pariente: los movimientos antiilustrados– son expresiones sociales que, de tiempo en tiempo, ponen a girar las cosas, algunas veces para bien de la diversidad de los saberes y sobre todo de las voces que aportan conocimiento a la sociedad.
Recuerdan que nadie tiene el monopolio de la verdad ni de los métodos para aproximarse a ella; o, en términos de Taleb, aportan humildad ahí donde la arrogancia y la deshonestidad intelectual ganan sobre la ética científica.
Es rematadamente chocante y arbitraria la superioridad del elitismo intelectual y su respectiva condescendencia paternalista contra los saberes “plebeyos”. De ahí que la crítica tenga justificación, siempre y cuando no ocurra a partir de ella la misma generalización tan propia de ese elitismo.
Ahora que pasar de ahí a la persecución criminal con pretensiones de depuración, eso es otra cosa. Eso es, en términos de Elías Canetti, arrojar la antorcha a la pradera del odio con el único propósito de incinerar a una élite intelectual idiota por otra élite intelectual todavía más idiota.
arCana ImPerII Habemus Comisionad@s del CPC Nacional
Salvador vázquez
El control y la transparencia permiten la vigilancia y el monitoreo permanente de la actividad pública, no obstante eso, los funcionarios a quienes se les ha delegado tal responsabilidad deben informar periódicamente sobre su actividad. Edmundo González Llaca
Estimados Amigos Invisibles, en la última semana de septiembre la Comisión de Selección -CS- del Sistema Nacional Anticorrupción llevó a cabo el ejercicio de designación de cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana -CPC- del Sistema Anticorrupción nacional.
El principal objetivo de la CS es designar durante los próximos tres años a las y los ciudadanos que integrarán el CPC en el ámbito nacional, ya que como recordará, solo había un integrante que duró cerca de 1 año, luchando contra el mundo en el tema del control efectivo de la corrupción a nivel nacional.
Como le he mencionado hasta el cansancio -para que no se le olvide, no crea que es por otra cosa- la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción es clara e innovadora, su lógica es y debería ser la de salvaguardar el componente de participación ciudadana que le otorga equilibrio y horizontalidad a las medidas, mecanismos y acciones que dan vida a este sistema. Para ello, exige abrir convocatorias para integrar la Comisión de Selección (CS), cuyos actos de autoridad es designar a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Esta CS realizó su primer ejercicio en el que designó 4 integrantes del CPC que estarán en su encargo por 4, 1.4, 3.4 y 4.4 años con meses, es decir, de forma escalonada para que el procedimiento de designar un Comisionado o Comisionada se realice año con año.
En muchas columnas he escrito, criticado, señalado y observado cuando las cosas -desde mi particular y humilde punto de vista- no se realizan con transparencia y rendición de cuentas.
Quiero resaltar, que esta CS dejó de lado el principio de transparencia y máxima publicidad en sus sesiones ordinarias y extraordinarias dentro de este proceso. A diferencia como lo ha cuidado y llevado la Segunda Comisión de Selección en Aguascalientes, en donde todas las sesiones y todas las votaciones tanto de procedimientos como de documentos a utilizar en el proceso son de carácter público.
Pues bien, celebro, aplaudo y elogio la seriedad, con honestidad, el alto compromiso y responsabilidad ciudadana de esta CS a nivel nacional, que de pasó he de decir, que solo fueron 8 los integrantes que designaron a los integrantes del CPC, ya que, una de sus integrantes tuvo que presentar su renuncia por las presiones que tuvo en su lugar de trabajo.
Esta CS integrada por ciudadanas y ciudadanos honoríficos, dedicaron tiempo y esfuerzo para analizar perfiles y sobre todo aplicar las entrevistas todo de manera virtual, por motivos de la pandemia y cuyo objetivo fue la designación de cuatro integrantes del CPC.
Hay que señalar, que hubo un primer intento de sesión para llevar a cabo este ejercicio, el cual fue suspendido por el retiro de varios de sus comisionad@s, el motivo fue que uno de los comisionados quiso aprobar un documento de último momento que tendría implicaciones en el procedimiento de designación, a esto, se le sumó una supuesta agresión a las comisionadas y secretaria técnica de la CS que la quisieron relacionar con violencia política en razón de género.
Una vez que se pusieron “casi” de acuerdo, citaron a una segunda sesión para llevar a cabo -ahora si- la designación de los 4 integrantes del CPC. Actuaron, trabajaron y ejercieron sus atribuciones las y los Comisionados integrantes de la CS, con un alto compromiso, honorabilidad, independencia, responsabilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas en su primer ejercicio para la designación de estos 4 integrantes. Sé que todo primer ejercicio conlleva posibles errores, que cuidarán en sus subsecuentes ejercicios.
Al final, cuidaron y tomaron todas las medidas necesarias legales para legitimar y llevar a cabo etapa por etapa en este primer ejercicio, lo que pone de manifiesto que cuando se hacen bien las cosas aparece de pronto la meritocracia.
Extiendo una grata felicitación a las y los Comisionados de esta CS por su alto nivel de desempeño, sobre todo, el compromiso y el tiempo que dedicaron en las actividades de este ejercicio. Sé que como ellas y ellos existen muchos ciudadanos con las mismas características. Tengo fe de que poco a poco la participación ciudadana en estos ejercicios se irá elevando con el objetivo de incluir en estos órganos a los mejores perfiles, que estén convencidos primero de dejar su granito de arena en el tema del combate a la corrupción y segundo que sepan a donde llegarán y que atribuciones ejercerán.
Este ejercicio quedará además, como antecedente para tomar las buenas prácticas y comenzar a diseñar una Política Nacional de Designaciones.
Desde mi punto de vista, se deberá avanzar, pulir y mirar hacia adelante tomando las buenas prácticas de la metodología que aplicaron para la designación de las y los comisionados que integrarán el CPC, cuyo objetivo es nombrar a las y los mejores perfiles, es decir, ciudadanas y ciudadanos comprometidos en el control efectivo de la corrupción.
Enhorabuena y una enorme felicitación a las y los nuevos integrantes que acompañarán a Jorge Alatorre en los trabajos del CPC Nacional:
Nombre
Francisco Ciscomani Freaner
Francisco Raúl Álvarez Córdoba
Temporalidad en el cargo
Presidente, 4 meses.
Comisionado 1 año, 4 meses
Magdalena Verónica Rodríguez Castillo Comisionada 3 años, 4 meses
Vania Pérez Morales Comisionada 4 años, 4 meses
Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos
