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LA JORNADA Martes 7 de marzo de 2023
LA DEFENSA DE LOS BOSQUES
LA JORNADA Martes 7 de marzo de 2023
LA DEFENSA DE LOS BOSQUES
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Balanza forestal, con déficit de 6 mil mdd
BAJÓ LA DEFORESTACIÓN EN ESTE SEXENIO: MENESES
San Juan Nuevo, ejemplo de éxito y sustentabilidad
México perdió en 20 años vegetación equivalente a la superficie de Yucatán E
ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA CORRESPONSAL MORELIA, MICH.
ANGÉLICA ENCISO L.
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ÉXICO CUENTA CON 138.7 millones de hectáreas forestales, pero cada año se pierden en promedio alrededor de 208 mil hectáreas según datos oficiales. Tan sólo de los bosques de pino y encino, que ocuparon 43.96 millones de hectáreas, hoy se encuentran en 32 millones y ocupan 16.4 por ciento del territorio nacional, indica David Bray en el libro Las empresas forestales comunitarias de México. Los bosques tropicales de montaña originalmente abarcaron 3 millones de hectáreas, pero su cobertura se redujo a 1.8 millones, entre vegetación primaria y secundaria, y aún albergan 9 por ciento de la riqueza florística del país, señala. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reporta que entre 2001 y 2021 el país tuvo una pérdida de vegetación de 4 millones 385 mil 850 hectáreas, casi el equivalente a la superficie del estado de Yucatán; la deforestación promedio anual fue de 208 mil 850 hectáreas. Luis Meneses, director de la Conafor, sostiene que durante la actual administración la deforestación va a la baja, ya que en el sexenio pasado el promedio fue de 250 mil hectáreas al año y en el actual es de 189 mil 528. Para este 2023, la Conafor prevé una restauración de 55 mil hectáreas, lo cual no alcanza a ser ni la tercera parte de lo que en promedio se pierde al año. En entrevista, Meneses explica que “la mayor parte de la deforestación se convierte en praderas, se tala para el ganado, más de 75 por ciento se debe a ello, hay 20 por ciento que se convierten en tierras
de cultivo. En esa ruta va la mayor parte de la deforestación. De 2019 a 2022 el gobierno restauró 141 mil hectáreas, por incendios no toda la superficie se tiene que restaurar, hay zonas en las que se da de forma natural”. Meneses afirma que la política forestal “es una sola y tiene dos instrumentos. Uno es Sembrando Vida y otro es Conafor, se tienen que ver en su conjunto”. Asegura que con ellos se busca fortalecer la economía social de los ejidos y comunidades. Menciona que con Sembrando Vida, operado por la Secretaría del Bienestar, “se han reforestado 500 mil hectáreas de 1.1 millones de hectáreas del programa, el árbol más grande tiene cinco años. En 2030 se verá una masa forestal, lo que ya se reforestó ya está creciendo, hay que cuidar de plagas e incendios”. Por su parte, la Conafor trabaja con el programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, con acciones como servicios ambientales, manejo del fuego y medidas sanitarias, plantaciones forestales comerciales y manejo forestal comunitario, indica. En relación con la presencia de la delincuencia organizada en zonas forestales, Meneses apunta que se tiene que atacar de manera interinstitucional, “puede ser que opere para encubrir actividades en los bosques, puede actuar talando en alguna zona para obtener recursos. En la parte forestal no opera cobrando cuotas; en la industria forestal sí, pero sobre todo opera en la parte agrícola, fundamentalmente en productores de ventas mayores o ligados al mercado internacional”. La Conafor dispone de un presupuesto para este año de 2 mil 533 millones de pesos. Se trata de recur-
▲ Durante la pandemia, la tala clandestina aumentó en zonas protegidas de la alcaldía de Tlalpan. Foto Víctor Camacho
sos limitados en función de todas las tareas y objetivos que debe atender, que van desde financiar acciones para apoyar a ejidos y comunidades forestales hasta atacar problemas como plagas e incendios, y representa 70 por ciento del presupuesto que tuvo en 2016, expresa por su parte Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. “Sigue habiendo pérdida de cobertura, pero también sucede que hay más superficie degradada. Los apoyos y subsidios a ejidos y comunidades forestales han bajado, se canalizan a unos cuantos, y por lo tanto hay menos capacidad de atenderlos en rubros como producción forestal, pago por servicios ambientales, sanidad forestal o prevención de incendios”, puntualiza Anta. Agrega que hay zonas de riesgo por diferentes factores. La deforestación se observa principalmente en la península de Yucatán, Campeche es el estado que más superficie ha perdido por el incremento de cultivos como la soya transgénica y por el crecimiento de la palma africana; el aumento de las huertas de aguacate en Michoacán y Jalisco, así como por los desarrollos turísticos en la Riviera Maya. También en las costas de Oaxaca y Guerrero siguen creciendo los proyectos turísticos, igual que en Jalisco y Sinaloa, y hay estudios que han identificado un grave problema con la venta de terrenos ejidales en las penínsulas de Baja California y Yucatán.
L PUEBLO PURÉPECHA de San Juan tiene dos historias, una de tragedia y otra de éxito empresarial. Como San Juan Nuevo Parangaricutiro es reconocido mundialmente por el manejo sustentable de sus recursos forestales y por haber construido una empresa exportadora de productos maderables, y la otra, el viejo San Juan, cuando tuvieron que abandonar sus hogares al hacer erupción el volcán Paricutín hace 80 años. En 1944, un año después del nacimiento del volcán, las autoridades municipales y la misma población decidieron abandonar el pueblo: la lava se había extendido hasta cerca del panteón de la comunidad. La gente colocó terraplenes, pero de nada sirvió, fueron rebasados por la lava, comentó a La Jornada Juan Aguilar. “El 10 de mayo de ese 1944, los habitantes de San Juan abandonaron el pueblo. Pero no todos salieron del viejo San Juan, gente que vivía en las rancherías y lugares cercanos aguantaron otros meses, sobre todo los que tenían ganado, no había adónde ir. Afortunadamente, dentro de la desgracia, el nacimiento del volcán trajo cientos de turistas que de alguna manera dio para que pudiera salir adelante la gente del viejo San Juan y del pueblo vecino de Angahuan, que al menos no tuvo daños en sus viviendas”, dijo. Entre octubre y noviembre de 1943, ante la solicitud de habitantes del viejo San Juan, el entonces gobernador de Michoacán, Félix Ireta, y el secretario de la Defensa Nacional, Lázaro Cárdenas del Río, encabezaron la donación de las tierras en donde quedó asentado San Juan Nuevo Parangaricutiro. A partir de ese momento comenzó a llegar gente del viejo San Juan que se reunió nuevamente en lo que es ahora San Juan Nuevo. El cura del viejo San Juan, Alberto Mora, se encargó de reunir fondos para financiar la construcción de la
iglesia del Señor de los Milagros en el nuevo pueblo, que terminó de edificarse en 1962. “El pueblo sobrevivió durante años con los ingresos de los visitantes”, subrayó Aguilar. A la par se inició el proyecto de explotación de los bosques, a partir de su cuidado y protección que los llevó a crear una empresa sustentable, añadió. La entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) autorizó la limpia de madera seca. El proyecto de aprovechamiento forestal sustentable comenzó en 1983, con elaboración de productos maderables, cultivo del bosque y turismo ambiental. “No fue sencillo, porque no es fácil organizar y poner de acuerdo a mil 254 comuneros, todos ellos con derechos y obligaciones”. Ahora la situación ha cambiado, pero sobre todo la lucha por “sobrevivir fuera del lugar en que nacimos hizo que toda la comunidad piense distinto, actualmente sembramos cada año 5 mil hectáreas de arbolado, incluyendo una parte que se conserva del viejo San Juan, donde hay todavía toneladas de arena que dejó la lava y que se vende como material para construcción. “De poco más de 2 mil habitantes que había en el viejo San Juan, ahora en el nuevo San Juan hay más de 19 mil, muchos de otras regiones purépechas que se han quedado aquí porque hay trabajo, tanto en la empresa como en el comercio, y finalmente de todo el mal que parecía el Paricutín resultó algo bueno para nuestro pueblo”, concluyó Tata Juan. De las más de cien comunidades de las cuatro regiones purépechas, sólo San Juan Nuevo Parangaricutiro ha logrado organizarse, no únicamente en el combate a incendios forestales sino, desde hace cuatro décadas, en instalar varias empresas, como el aserradero, la embotelladora de agua, una fábrica de muebles de madera, una zona ecoturística, además de haber conseguido cultivar el bosque; esto quiere decir que año con año siembran más de 5 mil hectáreas de oyamel y pino, y cosechan al menos la mitad, lo que significa que han alcanzado la sustentabilidad.
PREVÉN CAÍDA EN PRODUCCIÓN MADERERA
Amenaza el crimen a las empresas comunitarias A partir de 2010 el problema se acentuó, sobre todo en estados del norte, donde algunas han dejado de operar ANGÉLICA ENCISO L.
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L MANEJO FORESTAL comunitario en México, que consiste en que los ejidos y comunidades establecen un plan de manejo avalado por las autoridades para conservar, aprovechar y obtener beneficios de los bosques y selvas, ha sido por varias décadas un modelo único de éxito en el mundo. Ahora está amenazado por el crimen organizado que se ha infiltrado en comunidades y algunas hasta han dejado de operar, con lo cual se prevé para los próximos años una caída en la producción maderera del país, advierten expertos. La historia de estas comunidades viene desde que durante el gobierno de Luis Echeverría emergieron grandes iniciativas para promover el manejo comunitario, pero fue a partir de reformas legales de 1986 cuando se reconoció que los únicos que podrían aprovechar sus recursos forestales eran los ejidos y comunidades, propietarios de los terrenos, señala David Bray, estudioso de estas comunidades de la Universidad Internacional de Florida. De 16 mil 944 ejidos y comuni-
dades que hay en zonas forestales –donde habitan 12 millones de personas–, son 2 mil 361 los que hacen aprovechamiento forestal y poseen 4.1 millones de hectáreas, 16 por ciento de los bosques y selvas del país y aportan 70 por ciento de la producción forestal nacional, indican datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). De esas comunidades, cerca de mil tienen empresas forestales comunitarias (EFC) para realizar desde el corte de los árboles hasta el procesamiento de la madera con aserraderos y fábricas de muebles. En las comunidades no toda la superficie forestal se aprovecha, ya que los programas de manejo avalados por la Conafor definen las condiciones y son autorizados por una década; cada año los comuneros aprovechan un área y a ella vuelven después de 10 años. Hay EFC exitosas y muchas llevan décadas de trabajo. “Conservan sus bosques, los aprovechan de manera sostenible y entregan cierto nivel de beneficios a sus comunidades”, algunos de ellos inusuales en el campo, como las pensiones, subraya David Bray. En entrevista, añade que en las zonas forestales generalmente
▲ Comuneros de Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta, recorren y vigilan los parajes de Tepetlehualo y Cuactzontla con el fin de preservar sus bosques y evitar las actividades clandestinas. Foto Luis Castillo
hay poco empleo, pero cuando se aprovecha un bosque de miles de hectáreas los comuneros obtienen pagos razonables e inversiones en la comunidad, como servicios de salud, computadoras para las escuelas o sistemas de agua potable.
Por décadas, el manejo por parte de pueblos y ejidos ha sido un modelo único en el mundo
274 millones de dólares, refiere el reporte “Estado que guarda el sector forestal en México 2021”, de la Conafor. El número de empleos que genera el sector es de alrededor de 0.4 por ciento del total de la economía mexicana. En 2021 fueron 201 mil 261 empleos los que se generaron, señala el documento. Añade que el valor relativo de la contribución de la industria de la madera al PIB forestal mostró una tendencia decreciente al pasar de 62.1 por ciento del valor total en 2012 a 59.5 por ciento en 2021. El cambio en la estructura del PIB forestal refleja una caída en el valor de la producción en la industria de la madera, “por lo cual en el gobierno de México se trabaja para impulsar el desarrollo de redes de valor y de economías locales y regionales, así como fortalecer la gestión social empresarial en las unidades económicas forestales y la vinculación de los productores forestales con el mercado y la industria”.
México tiene tal escala de superficie aprovechada bajo este esquema que lo hace un caso único; “han sido importantes las reformas desde el gobierno federal en diferentes momentos, incluyendo intervenciones presidenciales, y sobre todo la energía, el vigor y la importancia al impulso de las comunidades. El gobierno en muchos casos abrió espacios desde arriba, y las comunidades supieron tomarlos, ocuparlos y exigirle más”, agrega Bray. La mayoría de las EFC están en los bosques de pino y encino, los estados más importantes son Chihuahua, Durango, Guerrero, estado de México, Michoacán, Puebla y Oaxaca, mientras en el manejo comunitario de selvas tropicales prevalecen Quintana Roo y Campeche.
en estados forestales del norte; esto sería a partir de 2005, pero el problema empieza a ser más serio a partir de 2010, explica. Muchas de las comunidades y ejidos que tienen manejo forestal autorizado están en zonas donde hay presencia de crimen organizado, “tienen intervenciones en sus actividades, hay cobros de derecho de piso y hay regiones donde el crimen se ha apropiado del proceso productivo, prácticamente lo controla”, alerta en entrevista Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). “Donde tienen que coexistir con el crimen organizado, ejidos y comunidades tienen que organizarse para realizar de manera adecuada sus actividades productivas”, manifiesta. Hubo casos ejemplares que incluso tuvieron la certificación internacional FSC por su buen manejo del bosque, como el caso Barranca del Calabozo, en Jalisco, pero lo perdieron y el crimen organizado ahora controla la actividad productiva. Ya no llegan los beneficios completos a las comunidades, puntualiza. “El crimen se ha apoderado de las regiones forestales. En Guerrero pasó algo similar, hay ejidos, como el Cordón Grande, que siguen haciendo las cosas, en un escenario de violencia, conflictos y grupos armados de la delincuencia”, dice. Incluso esto llevaría en los próximos años a una disminución en los volúmenes de producción nacional. “Tenemos la capacidad de producir más, pero sólo se genera 30 por ciento del consumo nacional, del manejo comunitario es alrededor de 80 por ciento, el resto sería de pequeños propietarios que hay en Chihuahua, Durango y Oaxaca, que tienen de ocho a 50 hectáreas en las que aprovechan las zonas forestales”, aclara.
Infiltración de la delincuencia Pero no todo es utópico, precisa Bray. “Hay muchos problemas. Con comunidades tratando de operar empresas orientadas al mercado puede haber problemas internos. Algunos han dicho que el exceso de regulación del gobierno es algo que impide el desarrollo del sector, pero diría que el factor más importante que incide es el crimen organizado”, afirma el también autor del libro Las empresas forestales comunitarias de México: éxito en los comunes y las semillas de un buen Antropoceno. Destaca que la situación varía según el estado, no es en todo el país, “se reporta que la delincuencia, con aliados en la comunidades, se apodera de las empresas. Hay otros casos donde las empresas tienen que pagar su cuota de protección en regiones que son dominadas por el crimen”. En EFC de Oaxaca o Quintana Roo no hay mucha presencia del crimen organizado, es más fuerte
Angélica Enciso
La Jornada-Diario(JOR) 1/20/2021 0-1Front/ Black
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L CONSUMO APARENTE de productos forestales en el país es de 24 millones de metros cúbicos y se producen alrededor de 9 millones, por lo que “cubrir la demanda puede provenir de importaciones y de tala ilegal”, expresa Luis Meneses, director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Indica que con la producción del manejo forestal comunitario se busca alcanzar a cubrir esa demanda. Actualmente, la producción forestal es en 70 por ciento de escuadrías, 13 por ciento de carbón, 10 por ciento de productos de celulosa, 5 por ciento de chapa y triplay, y 2 por ciento de postes y pilotes. La balanza comercial de productos forestales en el periodo 2014-2021 indica un déficit de más de 6 mil millones de dólares; el máximo se reportó en 2018, cuando fue de 6 mil 691 millones, y el más bajo en 2020, con 5 mil 33 millones, atribuido a la pandemia. En 2021 llegó a 6 mil