Santo Domingo: 30 de Septiembre, 2026

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Santo Domingo

Santo Domingo se prende con el Triple Grill Fest

QUITO

Estudios determinan que metro irá a La Ofelia 04 POLÍTICA

¿Efectos por evitar la consulta del Cpccs? 05 PAÍS

2027 regresan los vuelos a Cotopaxi 06 ECONOMÍA

Consumo y minería: la ruta del crecimiento al 2030 07 SEGURIDAD

La coca sube de precio y se espera más violencia 08 GLOBAL

Parrilla, cerveza artesanal, música y emprendimientos se reunirán el 3 de octubre en la primera edición del festival. El evento contará con ocho parrilleros y 40 emprendimientos, además de un reto por la picada más grande del Ecuador. La jornada también tendrá artistas, un ritual Tsáchila y actividades para disfrutar en familia. 03 P-248105-MIG

EE.UU. limita visas a ciudadanos de Ecuador y otros tres países 09 REVISTA JUDICIAL

Glosas sinónimo de corrupción 12-13 P

Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.

Carlos Sánchez Berzaín Columinsta Invitado

EE.UU. ratifica en la ONU el fin de las dictaduras latinoamericanas

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l 81 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reflejado el cambio geopolítico mundial a partir de la política exterior de Estados Unidos fundada en su seguridad nacional. El presidente Trump expresó que no tiene “ningún interés en permitir que los peligros sigan creciendo”, ratificando con claridad el final de la dictadura de Cuba que determina el fin de sus satélites en Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Este siglo ha sido el de la expansión de la dictadura de Cuba que instaló su sistema en Venezuela, con Chávez y Maduro, en Bolivia con Morales y Arce, en Nicaragua con Ortega y Murillo, y en Ecuador con Correa. Solo la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero 2026 ha interrumpido este ciclo, porque es la primera derrota sufrida por la dictadura de Cuba que tuvo que retirar sus muertos, heridos y abandonar territorio venezolano. A los 8 días de la captura de Maduro, la dictadura recibió ultimátum mediante declaración de Trump 47 que dijo “el régimen enfrenta una decisión urgente: alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde”. Todo indica que el régimen castrista aplica su consabida estrategia de “ceder espacio para ganar tiempo”, con la que ha resistido, engañado y/o manipulado a 13 presidentes de Estados Unidos incluido Trump 45; pero los hechos geopolíticos hacen previsible el muy cercano final de la dictadura de Cuba, que traerá consigo el fin de la dictadura de Nicaragua y la aceleración del desmontaje de las dictaduras de Venezuela (en curso bajo tutela estadounidense y resistencia castrochavista) y de Bolivia (intacta como narcoestado plurinacional). © Interamericano para la Democracia Orlando Amores Terán logcaba33@gmail.com

¿Islam político?

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l islam es uno solo, es una ideología totalitaria disfrazada de religión que ordena a sus adeptos eliminar a los infieles (todos los que no son musulmanes) u obligarlos a vivir bajo la ley islámica,

Directora Nacional: Gabriela Vivanco Salvador Editor General: Jean Cano Editor Regional: Lorena Melo Mieles Redacción: santodomingo@lahora.com.ec Publicidad: mgranda@lahora.com.ec Año: XXVII No. 11.725

Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.

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OPINIÓN 02

SANTO DOMINGO MIÉRCOLES 30/SEPTIEMBRE/2026

editorial

Lorena Ballesteros

Unidad ante el metro

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n nuevo hito se está cumpliendo en la obra de movilidad más importante del país. Los estudios de diseño para la construcción del metro de Quito están por finalizar en su primera etapa y refuerzan el trazado desde la estación de El Labrador hasta La Ofelia. Esta nueva etapa conectará a 70 barrios del norte de la capital para beneficiar a medio millón de personas. Esa ruta estaba prevista desde los primeros estudios del metro tal como lo conocemos ahora. De hecho, la construcción debía ejecutarse hasta La Ofelia desde el inicio. Pero eso no sucedió. Esta etapa de estudios, financiada por el Municipio, será revisada incluso por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para dar total aval antes de iniciar el proceso de construcción. Es un gran paso en la historia de este medio de transporte que regis-

la ‘sharia’. Es una ideología de muerte y persecución a quienes no se convierten a su supuesta religión. Es estúpido hacer distinción entre islam político y no político, porque se quedarán los que se disfracen de islam no político. Todos los musulmanes deben ser expulsados a países musulmanes, porque es una ideología incompatible con nuestra cultura occidental grecorromana, judeocristiana, hispano goda. Son sedicionistas, a dónde van. Cualquier

tra 219.000 viajes diarios y que ha dado nueva vida a distintos sectores, en especial Iñaquito, el Centro Histórico y Quitumbe. Los primeros resultados indican que las nuevas cuatro estaciones y los nuevos pasajeros requerirán ocho trenes adicionales a los 18 que dan servicio. La obra es la continuidad de un proyecto del que ya no se discute su pertinencia. Es un sistema que requiere constantes ampliaciones, como pasa en cualquier ciudad del mundo. El estudio de la extensión desde La Ofelia hasta Calderón, parroquia priorizada en los anuncios del Gobierno, estará listo en diciembre. En ambas extensiones la capital necesita de unidad entre las autoridades locales y el gobierno central para concretar el aval soberano, y que la construcción avance pese a cualquier diferencia política o ideológica.

‘adaptación’ será fingida, puesto que por mandato del corán deben mentir cuando están en peligro, para preservar sus creencias. La ‘taqiyah’ es un principio teológico del islam que les permite a los musulmanes negar su fe de forma externa, para evitar persecución. No les podemos creer, siempre sucede, hay que revisar la historia, leer las suras: 16:106; 8:12. No hay islam político e islam apolítico. No es uno malo y otro

bueno. Todos los musulmanes deben volver a sus países de origen. Existen antecedentes históricos que nos obligan a expulsarlos. La pragmática real de 1502 obligó a todos los mudéjares de Granada a elegir entre el bautismo o el exilio, la mayoría se bautizó, con lo cual surgieron los ‘moriscos’, musulmanes convertidos, que nadie los consideraba genuinos puesto que los moriscos mantuvieron su fe y sus costumbres de forma clandestina, en un acto de resistencia cultural

@loballesteros

Volver al libro impreso

E

l día de mi cumpleaños, en 2019, mi esposo me regaló un Kindle. El obsequio me pareció desatinado, por decir lo menos. ¿Regalarle un dispositivo de lectura digital a una lectora empedernida, compradora y coleccionista de libros? ¡En qué estaba pensando! Pero, evidentemente, él pensaba en la posibilidad de que consiguiera leer más títulos en inglés, en que pudiera llevarme el Kindle en mi cartera y en que accediera a esos libros descontinuados o difíciles de conseguir en papel. Lo cierto es que, unos meses después, ya había integrado el famoso dispositivo a mi rutina lectora. Me resultó muy práctico para desvelarme leyendo o para utilizarlo temprano en la mañana, a esa hora en la que solo los gallos están despiertos y que suele ser mi mejor momento para leer. Mi esposo tuvo razón también en que leí más libros en inglés y en que pude llevar una biblioteca completa en mis vacaciones. Sin embargo, con el paso de los años y la profesionalización de mi actividad lectora, me he ido desconectando de la luz blanca del Kindle para reconectarme aún más con el olor de las páginas del libro impreso. Cuando leo en digital, mi cerebro no recuerda la portada del libro, todo lo contrario, al impreso, que hasta adorna mi mesa de noche y me invita a contemplarlo cada día. El libro impreso me permite anotar lo primero que se me ocurre en los márgenes, subrayar lo que me impacta y, a veces, hasta anotar la lista de pendientes que debo realizar al día siguiente. Sí, mis libros cumplen el rol de agenda personal. Por eso, en esta columna hago una invitación a regresar al libro objeto. Aunque el espacio en los libreros de casa es limitado, aunque el peso de cargarlos sea incómodo, aunque en ocasiones compre alguno que aburrió… no importa; luego se puede intercambiar, donar o vender como artículo de segunda mano.

silenciosa que desafió todos los esfuerzos de asimilación: rezaban en árabe a escondidas, mantenían sus rituales en secreto, transmitían su fe a sus hijos y nietos en susurros, hasta que la Corona española resolvió en 1609 que la asimilación era imposible y los expulsó definitivamente. Ése es el ejemplo que deben seguir todos los países, para evitar la invasión islámica sedicionista, totalitaria, fanática, cristianofóbica, proclive al terrorismo.

03 CIUDAD

SANTO DOMINGO MIÉRCOLES 30/SEPTIEMBRE/2026

I

Santo Domingo reunirá a empresarios en el Tsáchila Business Convention Santo Domingo de los Tsáchilas se prepara para recibir una nueva jornada empresarial con la quinta edición del Tsáchila Business Convention, que se desarrollará el 23 de octubre en el hotel Zaracay, de 09:00 a 20:00. El evento es organizado por la Cámara de Industrias y el Gobierno Provincial y busca generar espacios de en-

cuentro entre compradores, inversionistas, productores y empresarios. Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de una misión comercial del Reino Unido, integrada por cinco delegados con experiencia en diferentes mercados internacionales. (LMM)

E

l aroma de la parrilla, la cerveza artesanal, la música y los emprendimientos se mezclarán el sábado 3 de octubre en Santo Domingo. Ese día se desarrollará la primera edición del Triple Grill Fest, un festival gastronómico, cultural y de emprendimiento. La iniciativa nace de un grupo de parrilleros y de la cerveza artesanal La Triple, con el apoyo del Municipio de Santo Domingo, en busca de aportar a la reactivación económica de este sector, afectado en los últimos años por la inseguridad. Ronaldo Torres, parrillero y parte de la organización, explicó que la actividad se realizará de 10:00 a 23:00, en las instalaciones de la Asociación de Militares en Servicio Pasivo Veteranos de Guerra.

Una gran picada

Uno de los atractivos principales será el súper reto gastronómico de la picada más grande del Ecuador, iniciativa con la que sus organizadores aspiran a alcanzar un récord Guinness. La entrada tendrá un costo de 15 dólares e incluirá cerveza artesanal y parrilla. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer ocho stands de parrilleros, un espacio dedicado a la cerveza artesanal y alrededor de 40 emprendimientos.

EL DATO La entrada al Triple Grill Fest cuesta 15 dólares e incluye cerveza artesanal y parrilla.

PARRILLA. El Triple Grill Fest reunirá a parrilleros, emprendedores y artistas en una jornada gastronómica y cultural.

Santo Domingo se prepara para una fiesta de parrilla, música y emprendimientos El Triple Grill Fest reunirá a parrilleros, emprendedores y artistas. La jornada busca impulsar la actividad económica y ofrecer un espacio de encuentro para las familias.

Los emprendedores tendrán un papel importante dentro de esta primera edición, especialmente las mujeres, quienes contarán con espacios para exhibir y comercializar productos de la región

y de diferentes partes del país.

Música y cultura

La jornada también tendrá una amplia programación artística. Sobre el escenario se presentarán artistas

de Santo Domingo y Esmeraldas, entre ellos Oriol y La Trobada, Maykel, Generación Vallenata y DJ Franz. La propuesta busca que el festival sea un espacio para

Pronaca presenta su 19.ª Memoria de Sostenibilidad

PRESENTACIÓN. Pronaca dio a conocer su 19.ª Memoria de Sostenibilidad.

Pronaca presentó su 19.ª Memoria de Sostenibilidad, correspondiente a la gestión de 2025, un documento que recoge los principales resultados y avances de la empresa en materia ambiental, social y de gobernanza. La memoria permite conocer las acciones desarrolladas y los desafíos

identificados en torno a sus compromisos de sostenibilidad. También constituye un ejercicio de transparencia sobre la gestión de sus impactos y la forma en que estos aspectos se incorporan a sus operaciones. Durante la presentación se abordó además la relación entre sostenibilidad, financiamiento y gestión

de riesgos, un tema que cobra relevancia para el sector empresarial. Para analizar estos aspectos, se invitó a especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes participaron en un espacio de diálogo sobre los retos y oportunidades que representa la sostenibilidad para las em-

compartir entre amigos y familia, combinando gastronomía, música, cultura y emprendimiento. A esto se sumará la participación de una delegación de la nacionalidad Tsáchila, que presentará un ritual ancestral, como parte del componente cultural del evento.

Capital de la Carne

El Triple Grill Fest se desarrolla en una provincia que fue declarada por la Asamblea Nacional como Capital de la Carne del Ecuador, reconocimiento que sus organizadores buscan poner en valor a través de este tipo de iniciativas gastronómicas. Además de promocionar la parrilla y los productos locales, el festival pretende generar movimiento para los emprendedores y fortalecer la actividad comercial en la ciudad. Los organizadores señalaron que se contará con el apoyo del Bloque de Seguridad, con el objetivo de brindar condiciones adecuadas para que los asistentes puedan disfrutar de la programación con tranquilidad. (LMM)

EL DATO En Santo Domingo, representantes del sector empresarial asistieron al evento, que se desarrolló en Mezzanine Teatro. presas y su acceso a mecanismos de financiamiento. (LMM)

QUITO 04

i SANTO DOMINGO | miércoles 30/septiembre/2026

La Ofelia tendrá Metro: así avanza el diseño para llegar al norte de Quito La extensión conectará 70 barrios y podría reducir de 48 a 8 minutos el viaje entre Labrador y La Ofelia. Los estudios también plantean cambios en estaciones, túneles y nuevos trenes. La ampliación del Metro de Quito desde Labrador hasta La Ofelia busca conectar a 70 barrios del norte de la ciudad y beneficiar potencialmente a más de 500.000 personas. El proyecto también reduciría de manera importante los tiempos de viaje: el recorrido entre Labrador y La Ofelia, que actualmente puede tomar alrededor de 48 minutos, se reduciría a unos ocho minutos con el metro. La conexión también tendría un impacto en el resto de la línea. Desde La Ofelia hasta Quitumbe, el viaje podría realizarse en alrededor de 42 minutos. La obra todavía se encuentra en la etapa de estudios de ingeniería. Typsa, empresa encargada de desarrollar estos estudios, acaba de entregar la primera parte de la fase uno, que contiene buena parte de la documentación técnica para definir cómo se construirá la extensión. Tienen hasta octubre de 2026 para entregar la fase uno completa. La fase dos, correspondiente a los estudios de per-

filamiento hacia Calderón, se entregará en diciembre de 2026; en tanto, los análisis para el fortalecimiento de la Línea 1 se completarán en febrero de 2027. El trabajo no consiste únicamente en desarrollar el proyecto básico. Los técnicos revisaron nuevamente el trazado y encontraron puntos que podrían mejorarse para reducir riesgos durante la construcción y las afectaciones en superficie. El Metro de Quito será más profundo en Labrador y Bicentenario Uno de los principales cambios está en la profundidad del túnel. Typsa identificó sectores en los que el paso del metro quedaba demasiado cerca de edificaciones existentes. Por eso, planteó bajar el trazado aproximadamente cinco metros en sectores de Labrador y Bicentenario. Este cambio también modificó la profundidad prevista para la estación Bicentenario. Según Typsa, la revisión permitió aumentar la cobertura sobre el túnel y

reducir posibles afectaciones a las construcciones que están sobre la infraestructura. La estación mantendrá el modelo planteado en el proyecto básico, pero se reorganizaron espacios técnicos y se reforzaron aspectos relacionados con la accesibilidad. Las nuevas estaciones tendrán medios mecánicos para facilitar el acceso de los pasajeros. Estación Andalucía cambia de ubicación Otro ajuste se realizó en la estación Andalucía. Los estudios detectaron una proximidad excesiva entre la estación y determinadas edificaciones, por lo que se planteó desplazarla alrededor de 20 metros hacia el sur. También se modificó la ubicación de una rampa provisional que servirá para extraer las tierras durante la construcción. La intención es alejar esta estructura de una edificación identificada como de mayor altura en la zona. Para disminuir las molestias mientras se ejecutan

ya contemplan la posibilidad de que la línea continúe hacia el norte. Typsa modificó el diseño del fondo de saco de La Ofelia e incorporó clotoides, curvas de transición que permiten una circulación más adecuada de los trenes y facilitan una eventual continuidad del trazado hacia Calderón. Además, en este sector se prevé un pozo para la extracción de la tuneladora durante la construcción. La infraestructura permitirá que La Ofelia funcione como estación terminal, pero también sea compatible con una futura extensión. La ampliación del Metro de Quito hacia La Ofelia contempla cambios en el trazado y prepara la infraestructura para una posible extensión hacia el norte.

los trabajos, el proyecto contempla desvíos de tráfico y un plan de obra que actualmente está bajo revisión de Metro de Quito. Las nuevas estaciones tendrán más accesibilidad en el metro de Quito La accesibilidad es otro de los aspectos que se revisó durante los estudios. Las nuevas estaciones tendrán ascensores y otros medios mecánicos para facilitar el ingreso de los pasajeros. Typsa también trabaja con la Secretaría de Movilidad para incorporar espacios para bicicletas y analizar las condiciones para su ingreso al sistema. Los ascensores de las nuevas estaciones tendrán mayores dimensiones para considerar el transporte de bicicletas, aunque su uso dependerá de la normativa y del protocolo que establezca el operador. La ampliación también requerirá que el transporte público de superficie se conecte con las nuevas estaciones. La idea es generar corredores que lleguen de manera perpendicular al Metro para ampliar el área de influencia de esta infraestructura. La Ofelia queda preparada para una futura ampliación hacia Calderón Aunque el proyecto que actualmente se desarrolla llega hasta La Ofelia, los estudios

Calderón: la siguiente ampliación sería subterránea Los estudios para una futura extensión hacia Calderón todavía están en una etapa inicial. Typsa ya trabaja con información secundaria y realiza estudios geotécnicos para conocer las características del terreno. Por ahora, la propuesta que se analiza es que el tramo sea subterráneo. Uno de los principales condicionantes es la presencia de quebradas y la normativa ambiental que protege estos espacios. Aunque el Gobierno Nacional había hablado de la extensión hacia Calderón desde el Labrador, Typsa aseguró que en el Labrador se encuentra el acuífero de Quito, una fuente de agua que abastece a parte de la ciudad. Para evitar afecciones al acuífero de la ciudad, los técnicos determinaron que la opción más viable es ejecutar la ampliación desde La Ofelia y no desde El Labrador. Según Typsa, construir el tramo de manera subterránea permitiría alejarse de las quebradas y reducir las afectaciones ambientales y sociales que podría generar un viaducto en una zona urbana consolidada. La ampliación hasta Calderón todavía no tiene un diseño definitivo. Sin embargo, la infraestructura que se plantea para La Ofelia ya incorpora elementos que permitirían que, en el futuro, la línea pueda continuar hacia el norte. El único adelanto es que esta línea tendrá una estación en Carcelén y que podría llegar hasta Zabala. (EC)

05 POLÍTICA

SANTO DOMINGO | miércoles 30/septiembre/2026 I

¿Se elimina el Cpccs? Vence el plazo clave para la consulta de Daniel Noboa Hoy vence el plazo para que el Ejecutivo impulse retirar la función nominadora al CPCCS para las elecciones de 2026. Aunque la Corte Constitucional dio paso al trámite, el presidente Daniel Noboa decidió retroceder. Analistas debaten si el organismo debe reformarse o eliminarse.

El Consejo de Participación Ciudadana tiene sus oficinas en el norte de Quito. (Foto:cortesía)

Este miércoles vence el plazo para que el Gobierno impulse retirar la función nominadora al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esto depende de si la Presidencia de la República envía o no al Consejo Nacional Electoral (CNE) el decreto ejecutivo con la decisión del presidente Daniel Noboa. “El Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre para enviar al CNE su pedido para incluir la pregunta en las elecciones de noviembre (de 2026)”, respondió en julio pasado a LA HORA, el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería. Indicó que se mantenía el mismo contenido de la pregunta. El mandatario tiene esta facultad porque existe el dictamen 9-25-RC/26A emitido por la Corte Constitucional (CC) el 19 de marzo de 2026. Se trata del dictamen de control previo de constitucionalidad de los considerandos y la pregunta propuesta por Noboa para transferir la competencia de designación de autoridades del Cpccs a la

Asamblea Nacional e implementar nuevos mecanismos de designación. El jefe de Estado, sin embargo, retrocedió en su intención de consultar al país si quiere que esa atribución se traslade o no del Cpccs a la Legislatura. “No, en estas elecciones no”, respondió el presidente el 31 de julio de 2026 durante una entrevista radial sobre sí incluirá la pregunta de consulta popular para las elecciones del 29 de noviembre de 2026 en donde se elegirán autoridades seccionales e integrantes del Consejo de Participación. Origen y trayectoria del Consejo de Participación La Constitución de Montecristi, aprobada en referendo en septiembre de 2008, dio paso al Consejo de Participación En la Carta Magna incorporó a esa institución con el argumento de que sería la entidad mediante la cual la ciudadanía tendría amplia participación social, pero su labor ha estado marcada por sucesivos escándalos políticos, destitución de presidentes y remoción de sus vocales en la

Asamblea Nacional. De hecho, actualmente en la Legislatura se sustancia un juicio político al consejero David Rosero por presunto incumplimiento de funciones. Su misión principal es la de promover la participación ciudadana, la transparencia y los mecanismos de control social. Durante sus años de existencia se ha enfocado en la designación de autoridades de control, entre ellas, Contralor, Defensor del Pueblo, Fiscal, Procurador, Superintendentes, vocales del CNE, TCE, pero muchos de esos procesos se han registrado demoras. Hasta febrero de 2018, sus integrantes fueron seleccionados entre representantes de organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, mediante concurso público, pero a partir de la aprobación del referendo del 4 de febrero de ese año, pasaron a ser electos en votación popular. Hubo además un Consejo de Transición, entre 2018 y 2019. En la práctica esta no es la primera vez que se abre el debate para analizar transferir sus atribuciones al Legislativo

o que se plantee eliminar esa institución. En dos ocasiones estuvo cerca de perder su competencia. En marzo de 2021, el Comité por la Institucionalización Democrática logró que el tema se debata en la Asamblea, pero no hubo los votos necesarios para aprobar la reforma parcial a la Constitución. En 2023, el expresidente Guillermo Lasso llevó el tema a una consulta popular y planteó la eliminación de sus facultades para designar a las autoridades de control, pero triunfó el No. Debate: ¿Reforma, limitación o eliminación total? La Corporación Participación Ciudadana (PC) es partidaria de la eliminación así como expertos en ciencias políticas y académicos, aunque hay quienes plantean una limitación de funciones. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de PC, señaló que desde su inicio advirtieron lo peligroso que era tener un organismo “hiperpoderoso” porque iba a cooptar políticamente la designación de los organismos de control con la posibilidad de un peligro para la democracia por la falta de independencia. Con esa alerta asistieron a la elaboración de la Constitución en Montecristi en la que se debatía la creación de esa entidad. Si es suprimido, para Participación Ciudadana, la elección de los órganos de control pasaría a la Asamblea, aunque su directora, señaló también que habría preocupación, pero tomando precauciones se lograría que quienes lleguen a las instituciones no estén afectados por intereses políticos. En la Legislatura habría concursos con impugnación ciudadana. Se crearían comisiones temporales que llevarían los procesos con representación de todas las bancadas políticas, miembros de la academia, sociedad civil y veedurías. Fernando León, abogado y máster en Ciencias Políticas, mencionó que el espíritu del Cpccs era que no hubiera injerencia política, pero ya con el Consejo Transitorio empezaron los inconvenientes. Acotó que es una de las en-

tidades más inestables porque hay continuos cambios con la consecuente pérdida de legitimidad, y se mantiene con procesos de selección en medio de cuestionamientos. León lo resume en una frase: “Creo que la cura fue peor que la enfermedad”. Por ello, a su parecer, es momento de eliminarla. Sostuvo que con esos hechos se llegó a la conclusión de que no cumplió con las expectativas ciudadanas. A criterio de Efrén Guerrero, coordinador de la carrera de Derecho y Sociedad de la Universidad Católica, se debería trasladar la competencia de nombrar autoridades, pero mantener la de promover la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. “La eliminación completa altera la estructura de la Función de Transparencia y Control Social y eso tenía que hacerse mediante reforma parcial”, explicó. José Fuentes, doctor en estudios políticos, indicó que con la creación de ese organismo se buscaba formalizar la capacidad de la sociedad civil para hacer un contrapeso al poder del Estado, pero en la práctica no lo ha hecho. Uno de los escándalos que recordó fue el del encarcelamiento de José Túarez, quien fue presidente de ese organismo, relacionado con hechos de corrupción. Dadas esas dificultades, es partidario de que sea suprimido y pasar sus funciones a la Asamblea, institución que debería efectuar concursos públicos, transparentes, con candidatos técnicos y que se produzca una designación. “Incluso la elección directa de la Asamblea en cuanto a estabilidad, institucionalidad, ha resultado ser más eficiente que el otro modelo”, opinó en referencia a los tropiezos del Cpccs. Acerca de competencias como participación ciudadana o el combate a la corrupción para Fuentes no las ha desempeñado y mediante reformas podrían pasar a la Contraloría. León acotó que habría que evaluar qué atribuciones podrían ser transferidas a la Asamblea. Hidalgo sostuvo que la eliminación se puede hacer a través de democracia directa, por iniciativa presidencial o legislativa. (JGP)

país 06

i SANTO DOMINGO | miércoles 30/septiembre/2026

Hay negociaciones para nuevas rutas aéreas en Cotopaxi La Dirección General de Aviación Civil avanza con el proceso de reactivación del aeropuerto de Cotopaxi, proceso que finalizará en 2027. Aunque este aeropuerto tiene denominación internacional, no es comparable con el de Quito, según la institución de Aviación Civil. Hay negociaciones para implementar rutas aéreas en el Aeropuerto Internacional de Cotopaxi como parte del proceso de reactivación, así lo indica Juan Pablo Franco, titular de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Además, la institución iniciará un proceso de compra de equipos para mejorar el funcionamiento de la red aeroportuaria del país. La DGAC se encarga de regular, controlar y administrar la actividad aeronáutica civil en el territorio ecuatoriano. En Ecuador hay 20 aeropuertos y la DGAC tiene competencia técnica sobre todos ellos. Estos se dividen en: · 4 aeropuertos internacionales: Quito, Guayaquil, Cotopaxi, Manta. · 4 aeropuertos concesionados/delegados: Quito, Guayaquil, Baltra, Cuenca. · 16 aeropuertos administrados por la DGAC: Isabela, San Cristóbal, Esmeraldas, Tulcán, Lago Agrio, Coca, Jumandy, Latacunga, Los Perales, Shell, Macas, Riobamba, Manta, Santa Rosa, Salinas, Catamayo. · Primer aeropuerto ecológico del mundo: Seymur, en la isla Baltra. ¿Cuándo terminará el proceso de reactivación del Aeropuerto Internacional de Cotopaxi? El 15 de septiembre de 2026 hubo posiciones divididas en relación a la operación de rutas internacionales en el Aeropuerto Internacional de Cotopaxi, ubicado en Latacunga. La prefecta Lourdes Tibán anunció que los vuelos iniciarían en octubre. Sin embargo, la DGAC señaló en un comunicado que no hay autorización para esa fecha. Franco explica a LA HORA que hubo malas in-

terpretaciones. “La DGAC y el Ministerio de Infraestructura son los únicos que pueden dar, movilizar o modificar rutas, frecuencias a las aerolíneas”, señala. “Es verdad, la DGAC por orden del presidente Daniel Noboa y en articulación con el ministro Roberto Luque nos encontramos en la ardua tarea de buscar la reactivación del Aeropuerto de Latacunga, sea a través de carga o de pasajeros”, comenta. El proceso de reactivación inició seis meses atrás. “Incluso hemos tenido ciertas solicitudes de algunas aerolíneas que están interesadas en entrar a Latacunga”, menciona. Parte de los trabajos en el aeropuerto corresponde a: · Bacheo de pistas. · Levantamiento del cerco perimetral. Aún no hay una fecha definida para finalizar el proceso de reactivación o fecha para los primeros vuelos, pero Franco proyecta que ocurrirá en 2027. “Quizás en noviembre podríamos dar nuevas noticias, pero las expectativas son arrancar el próximo año con nuevas rutas en el Aeropuerto de Cotopaxi y de otros aeropuertos que se conectarán”. La DGAC se encuentra en etapa de negociación con dos aerolíneas interesadas en operar desde los aeropuertos que dirige la entidad, como el de Cotopaxi. Franco evitó revelar los nombres de las aerolíneas. “El Aeropuerto de Cotopaxi está en condiciones, pero se está trabajando porque existen ciertas exigencias para el bacheo, para el mantenimiento de las bandas, equipos de rayos X y sistemas de seguridad que, por el tiempo, están un poco descontinua-

nemos muchos aeropuertos en la actualidad, casi uno por provincia que, en su momento en lugar de obedecer a la demanda, obedecieron a intereses particulares. Como ya están construidos, estamos en la obligación de reactivarlos, de buscar que los pasajeros que se encuentran cerca a estos aeropuertos tengan conexión”, indica Franco. Del total de aeropuertos existentes, “la gran mayoría” están en proceso de reactivación, agrega. · El 24 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, pero está pendiente que el presidente Noboa emita su sanción u objeción antes de entrar en vigencia.

La Dirección General de Aviación Civil prevé anunciar la fecha de reactivación de vuelos en el Aeropuerto de Cotopaxi en noviembre de 2026. (Foto: DGAC).

dos, pero no dañados. Necesitan un poco de cariño para que estén al día cuando reactivemos el aeropuerto”, responde Franco. · El presupuesto de inversión para las mejoras en el aeropuerto es de aproximadamente $500.000. ¿Puede el Aeropuerto de Cotopaxi competir con el Mariscal Sucre de Quito? El director de la DGAC señala que no se puede comparar el Aeropuerto Internacional de Cotopaxi con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito, por ciertos aspectos: · El Aeropuerto de Quito es un aeropuerto concesionado a la Corporación Quiport (empresa privada) y el de Cotopaxi es administrado por la DGAC. · El músculo financiero que maneja el Aeropuerto de Quito no es comparable con el músculo financiero que se maneja para el de Cotopaxi.

“El Aeropuerto de Cotopaxi, en sus tiempos de oro, fue utilizado para carga debido a que las plantaciones de rosas se encuentran más cercanas a este aeropuerto que al de Quito; sin embargo, no se pueden comparar. El Aeropuerto de Cotopaxi está enfocado a ser un aeropuerto más de carga y de tráfico regional que internacional”, expresa Franco. Sin embargo, no descarta que ese uso cambie según las necesidades de la ciudadanía de la Sierra Centro. “Nosotros, como Gobierno central, no podemos obligar a nadie a volar donde no le sea rentable o donde no ven que sea posible un modelo de negocio. Si me pregunta si va a ser una competencia para Quiport en un mediano plazo, no lo veo de esa manera. Pero vamos a mejorar la vida de otro tipo de usuarios que no son los de Quiport”, apunta el director de la DGAC. No hay planes para construir nuevos aeropuertos en Ecuador “Para nada. Eso sí que no. Te-

Franco destaca que la nueva ley permitirá modernizar la funcionalidad de los aeropuertos y que, a través de los nuevos modelos de gestión, los operadores nacionales o internacionales se interesen en manejar estos aeropuertos. “No solamente manejamos el tema de infraestructura aeroportuaria como tal, también manejamos la infraestructura aeronáutica, que es la que da la seguridad en vuelo. En eso también estamos trabajando. Tenemos alrededor de $14 millones en la Organización de Aviación Civil Internacional para realizar compras de equipos nuevos”, subrayó Franco. La DGAC se prepara para avanzar a la ejecución de la compra porque hay una expectativa: “A principio del próximo año, contar con tecnología nueva, adicionalmente hemos trabajado con la Secretaría de Riesgos para también adquirir nuevos equipos”. Franco aclara que la DGAC se encarga de regular y controlar a quien quiere ser regulado y controlado. Por ejemplo, si un ciudadano está interesado en comprarse una aeronave o construir una pista en su camaronera o en su finca, su obligación es acudir a la DGAC y tramitar las autorizaciones. Pero actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico no son competencia de la DGAC, aunque sus inspectores pueden reportar los casos a los ministerios de Defensa y del Interior. (KSQ)

07 ECONOMía

SANTO DOMINGO | miércoles 30/septiembre/2026 I

Consumo y minería marcarán el crecimiento de Ecuador hasta 2030 4

El Gobierno proyecta que el PIB ecuatoriano llegará a $157.812 millones en 2030, sostenido por el consumo de los hogares, remesas récord y un pico histórico de inversión minera. Para entender el futuro del bolsillo de los ecuatorianos y de las arcas estatales en los próximos cuatro años, el Viceministerio de Economía del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (MDEP) trazó una ruta clara. La economía ecuatoriana, que cerraría 2026 con un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $136.017 millones y un crecimiento del 2,7%, tiene proyectado expandirse a $157.812 millones para el año 2030. Es decir, $21.795 millones más de producción en los próximos 4 años. Esta hoja de ruta anticipa una trayectoria de crecimiento que será del 2,5% en 2027, registrará un repunte hasta el 2,8% en 2028, y finalmente se moderará a un 2,2% en 2030. Para Francisco Javier López Luzuriaga, subsecretario de gestión macroeconómica, esas proyecciones son el resultado del “esfuerzo técnico liderado por la Subsecretaría de Gestión Macroeconómica, desarrollado en estrecha coordinación con el Banco Central del Ecuador (BCE). Su principal objetivo es establecer las bases para las previsiones de crecimiento de la economía ecuatoriana en el corto y mediano plazo”. El funcionario detalla que esta programación es fundamental porque brinda “certidumbre y confianza” para los actores económicos e inversionistas, permite diseñar políticas de “sostenibilidad fiscal” y funciona como una hoja de ruta para la “toma de decisiones estratégicas frente a riesgos locales y globales”, concluye. Pero para que estas cifras pasen del papel a la realidad, las proyecciones técnicas detallan que la economía debe cumplir con condiciones muy específicas en los próximos años:

El consumo de los hogares será uno de los pilares del crecimiento económico en los próximos 4 años

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El gasto de las familias como motor constante. El gran salvavidas de la economía será el consumo de los hogares. En 2026, este rubro acelerará su expansión al 3,3%, convirtiéndose en el principal sostén del crecimiento. Para llegar a las metas de 2030, el gasto de las familias aportará más de cuatro quintas partes del crecimiento total. Este consumo estará directamente financiado por el esfuerzo de los migrantes: se proyecta que las remesas alcancen los $8.020 millones en 2026 y sigan creciendo a un ritmo promedio del 1,6% anual hasta sumar $8.534 millones al cierre de la década. A esto se suma la expansión del crédito de consumo en el sistema financiero y una mayor importación de bienes (como vehículos y tecnología), lo que permitirá que el gasto de los hogares crezca a un promedio del 2,8% anual en el mediano plazo, un ritmo incluso superior al de la propia economía general. Con esto, las proyecciones marcan una rotación clave. Ecuador dejará de ser un país cuyo crecimiento dependa casi exclusivamente del volumen de lo que exporta, para anclarse estructuralmente en

la demanda interna y la capacidad de compra de sus ciudadanos. El salto minero de 2028 y la ola de importaciones. El repunte económico proyectado del 2,8% para el año 2028 tiene nombre y apellido: inversión minera. Para lograr ese pico de crecimiento, el país necesita que la inversión privada en la construcción de proyectos mineros (CAPEX) se duplique, pasando de $730 millones en 2027 a $1.790 millones en 2028, y alcanzando $2.133 millones en 2029. Esta inyección de capital demandará una fuerte importación de bienes de capital y maquinaria, que crecerá a un promedio del 5,6% anual hasta 2030. Sin embargo, la moderación del crecimiento al 2,2% en 2030 se explica porqué proyectos gigantes como Warintza retrasarán su fase de intervención hasta 2031, frenando el impulso inicial de la construcción. Las cifras revelan un detalle crucial. Aunque las exportaciones mineras darán un gran salto inicial en 2026 alcanzando los $5.192 millones (un alza del 24,7%) gracias a los precios internacionales del oro y la producción al tope de minas como Mirador y Fruta del Norte, en los años siguientes

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el crecimiento de los envíos al exterior será de apenas un 0,6% anual promedio. ¿La razón? Los miles de millones que entrarán al país se destinarán a construir la infraestructura de futuros megaproyectos como Cascabel y Cangrejos, lo que disparará la importación de maquinaria pesada, reactivos químicos (cianuro, xantato) y bolas de acero para molienda. El único alivio productivo a corto plazo vendrá del proyecto Curipamba en Bolívar, que empezará a sumar a las exportaciones desde 2027. Inversión, construcción y el rol del Estado. Para que el PIB alcance la meta en 2030, no basta con el consumo y las minas. La Formación Bruta de Capital Fijo (inversión pública y privada) debe consolidarse, proyectando una expansión del 5,8% solo en 2026. Aquí, el sector de la construcción será vital, apalancado por el crédito del sistema financiero con un alza esperada del 4,8%. Además, se requerirá que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y el Gobierno Central ejecuten eficazmente sus presupuestos de inversión en infraestructura, salud y educación, manteniendo un crecimiento ordenado

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del consumo estatal en torno al 1,6% anual promedio en el mediano plazo. Disciplina fiscal y refinación de petróleo. Todo este escenario reposa sobre una condición innegociable: mantener la trayectoria de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Para asegurar el flujo de dólares, la cuenta financiera detalla que el país dependerá de la emisión de bonos soberanos ($5.000 millones en 2026, abarcando el 52% del financiamiento), y en promedio de $2.000 millones en el resto de los años hasta 2023. El respaldo de organismos multilaterales es crucial para esto. Finalmente, en el ámbito petrolero, la estrategia para no perder liquidez consistirá en aumentar la carga de crudo en las refinerías nacionales (hasta 47 millones de barriles en 2026, un 15,8% más), reduciendo así la costosa importación de combustibles y lubricantes para el mercado interno. Relevo en las exportaciones. La dependencia del petróleo cederá terreno. Las exportaciones de crudo se estabilizarán en torno a los 113 millones de barriles anuales. La posta del crecimiento la tomarán las exportaciones no tradicionales y el camarón. Este último, consolidado como el principal producto tradicional del país, sostendrá una expansión promedio del 2,9% anual para alcanzar por sí solo los $10.523 millones en 2030. Paralelamente, la canasta de productos no tradicionales aportará otros $13.892 millones al cierre de la década. El banano crecerá a un ritmo estable hasta rozar los $5.000 millones, mientras que el sector cacaotero, tras una drástica caída del 45,8% en sus ventas en 2026 por la normalización de precios internacionales, deberá recuperar progresivamente su volumen de cosecha (pasando de 481 mil a 635 mil toneladas hacia 2030) para sostenerse. Otro sector clave que dinamizará los envíos será el de las flores, proyectando el crecimiento a mediano plazo más alto de la canasta no tradicional con un 5,2% anual. (JS)

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La coca cuesta el doble y hay consecuencias

Qué tan peligrosos son los datos del ministro de Interior, Jhon Reimberg, quien asegura que el kilo de cocaína en Ecuador ahora cuesta el doble. Analistas respondan. “Hoy el kilo de cocaína que pasaba a Ecuador ha subido al doble de su precio (…) Sucede por los controles, porque las rutas se les hacen más caras”, fueron las declaraciones de Jhon Reimberg, ministro de Interior. Eligió dos medios colombianos para dar sus primeras declaraciones tras la captura de Mariela Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija de Adolfo Macías, alias Fito. Aunque las declaraciones sobre el aumento del costo de la cocaína fueron hechas con entusiasmo, analistas de seguridad ven este dato como un proceso que puede derivar en un aumento de violencia criminal que además, siempre es mayor cuando hay un año electoral. Daniel Vargas, analista de riesgos y seguridad ciudadana, y Juan Pablo Orozco, licenciado en humanidades y ciencias sociales, coinciden en que, aunque esta dinámica refleja una mayor presión de las fuerzas del orden sobre las rutas del narcotráfico, advierten que este fenómeno económico no se traducirá en una baja de la criminalidad, sino en un repunte de las disputas violentas entre bandas locales.

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finanzas de las estructuras criminales, el costo ciudadano es alto ya que esto aumenta la violencia, por lo que las autoridades deben adelantarse a estos hechos: Ajustes de cuentas más severos: La pérdida o confiscación de un cargamento con un valor duplicado eleva las deudas internas entre los grupos locales y los carteles abastecedores, provocando purgas e incrementando los homicidios intencionados. Guerra por los nodos de exportación: Dado que parte del pago a las bandas locales se realiza mediante droga (“pago en especie”), un kilo más costoso vuelve más valioso el control de los puertos, bodegas y rutas de microtráfico, intensificando los enfrentamientos armados por el dominio territorial. Presión sobre las instituciones: El incremento de los márgenes de ganancia incentiva a las organizaciones transnacionales a destinar mayores recursos a la cooptación y corrupción de funcionarios operativamente estratégicos. Las autoridades mantienen los operativos intensivos en las zonas fronterizas y portuarias, mientras los analistas coinciden en que el éxito de la estrategia dependerá de acompañar el bloqueo físico con el desmantelamiento de las redes financieras del crimen organizado.

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El precio de la cocaína varía según su ruta.

La escalada del valor por frontera El mercado de las sustancias sujetas a fiscalización opera bajo una estructura de costos en la que el riesgo logístico determina el valor final del producto. En las zonas de producción de Colombia y Perú, un kilo de cocaína tiene un costo base de entre $1,500 y $1,800. Sin embargo, la intensificación de los patrullajes y los bloqueos en los pasos fronterizos ecuatorianos ha elevado su precio de entrada a la franja de los $5,000 a $8,000 por kilo. La información fue confirmada por fuentes policiales. LA HORA solicitó información al Ministerio de Interior, sin obtener respuesta.

Una vez dentro de territorio ecuatoriano, el valor de la droga se multiplica exponencialmente según el destino final del envío marítimo o aéreo: · Estados Unidos: Entre $28,000 y $35,000 por kilo. · Europa (vía puertos como Guayaquil o Posorja): Entre $35,000 y $50,000 por kilo. · Asia y Oceanía: Entre $80,000 y $150,000 por kilo. El dilema de la seguridad: golpe financiero vs. mayor violencia Aunque las incautaciones representan un golpe a las

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Acciones y medidas que deberían adoptar las autoridades Ante un escenario donde el

encarecimiento de la droga incrementa la disputa violenta por el control de las rutas y la liquidez de las bandas, el Estado debe reaccionar de forma integral con las siguientes medidas estratégicas: · Refuerzo preventivo en inteligencia comunitaria y territorial: Anticipar las vendettas violentas entre bandas locales mediante operaciones tácticas de inteligencia focalizadas en los barrios golpeados por el microtráfico y la extorsión. · Blindaje y trazabilidad portuaria: Implementar controles tecnológicos estrictos (escáneres de alta resolución, auditorías continuas y vigilancia con drones) en los puertos estratégicos (Guayaquil, Posorja, Manta) para desarticular las plataformas de exportación hacia Europa y Norteamérica. ·Afectación a la estructura financiera criminal: Intensificar la persecución del lavado de activos y el rastreo de flujos de dinero en sectores de alta liquidez informal, ahogando económicamente a los grupos delictivos para limitar su capacidad de armamento y logística. · Cooperación trinacional reforzada: Consolidar una mesa de trabajo e intercambio de inteligencia militar y policial en tiempo real con Colombia y Perú para sofocar el tráfico desde los puntos de producción en frontera. (DLH)

Delano Massey

CUANDO INFORMAR YA NO ES SUFICIENTE CON

Gabriela Vivanco

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SANTO DOMINGO | miércoles 30/septiembre/2026 I

EE.UU. restringe visas por corrupción y narcotráfico en cuatro países andinos Estados Unidos impuso restricciones de visado a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de socavar el Estado de derecho mediante corrupción o narcotráfico. La medida incluye a dos ecuatorianos y sus familiares y forma parte de la iniciativa Escudo de las Américas. MADRID. El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visado contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de haber contribuido, mediante prácticas de corrupción o narcotráfico, a socavar gobiernos elegidos democráticamente

y el Estado de derecho en el hemisferio occidental. La medida se enmarca en la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, una alianza regional de países conservadores cuyo objetivo principal es combatir a las organizaciones criminales y a quienes las respaldan desde dentro de las instituciones.

Juicio No. 20332-2025-00370 UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SANTA CRUZ. Santa Cruz, jueves 24 de septiembre del 2026, a las 17h57 EXTRACTO DE CITACIÓN POR PRENSA A: ANALUISA OYASA HENRY WELINGTON JUICIO NO.: 20332-2025-00370 MATERIA: FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA TIPO DE PROCEDIMIENTO: VOLUNTARIO ACCIÓN/ASUNTO: TERMINACIÓN DE UNIÓN DE HECHO ACTORA: SANTILLÁN ESTRADA NATALY ENITH DEMANDADO: ANALUISA OYASA HENRY WELINGTON JUEZA PONENTE: DRA. NURY ANNABEL MENÉNDEZ GARCÍA OBJETO DE LA DEMANDA La actora, NATALY ENITH SANTILLÁN ESTRADA, solicita que en sentencia judicial se declare la TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO que la mantiene unida al ciudadano HENRY WELINGTON ANALUISA OYASA, disponiéndose la respectiva marginación en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del cantón Santa Cruz. AUTO DE CALIFICACIÓN UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SANTA CRUZ. Santa Cruz, miércoles 23 de septiembre del 2026, a las 16h26. SEGUNDO: CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA/PETICIÓN. En vista de la razón actuarial, del escrito que antecede y examinada que ha sido la demanda de “TERMINACIÓN DE UNIÓN DE HECHO” propuesta por SANTILLÁN ESTRADA NATALY ENITH, en contra de HENRY WELINGTON ANALUISA OYASA, cumple con los requisitos legales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), por lo que se la acepta a trámite en Procedimiento Voluntario. TERCERO: DE LA CITACIÓN A LA PARTE DEMANDADA. Habiéndose rendido el respectivo juramento por parte de la señora SANTILLÁN ESTRADA NATALY ENITH, respecto de la imposibilidad de determinar la individualidad, domicilio y residencia del demandado HENRY WELINGTON ANALUISA OYASA, se dispone: En aplicación de los artículos 53 y 56 del Código Orgánico General de Procesos; [...] cítese con la copia de la demanda y las providencias recaídas sobre ella, así: [...] (b) Mediante PUBLICACIONES que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación a nivel nacional, las publicaciones íntegras se agregarán al proceso.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha defendido que el proyecto pretende pasar de los compromisos políticos a actuaciones concretas. “El Escudo no es solo palabras; es acción y resultados”, ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales, antes de advertir de que habrá nuevas medidas. Landau explicó que el Departamento de Estado impuso restricciones migratorias a nacionales de los cuatro países que, según Washington, “han socavado el Estado de derecho en nuestro hemisferio”, y ha asegurado que el Gobierno estadounidense permanece junto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para “defender los gobiernos elegidos democráticamente contra la corrupción y las redes narcoterroristas que pretenden socavarlos”. La nueva política se aplica al amparo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense (INA, por sus siglas en inglés), que permite limitar la entrada al país cuando la presencia o las actividades previstas de una persona puedan generar consecuencias potencialmente graves para la política

exterior de Estados Unidos. Medidas contra ciudadanos de cuatro naciones El Departamento de Estado ha aclarado que el mecanismo permitirá actuar de forma permanente y con rapidez conforme se obtengan nuevas pruebas, al tiempo que contempla restricciones tanto para los ciudadanos señalados como, en determinados casos, para sus familiares directos. En Bolivia, Washington ha revocado los visados existentes de 12 personas y sus familiares. Entre los afectados figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza investigadora anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres de Santa Cruz Albania Chane Caballero; el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne, o el expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional Alberto Samuel Soto de la Via. A esta relación se suman otros nueve ciudadanos bolivianos que no disponían actualmente de visado estadounidense y que, junto con sus familiares, han quedado declarados no elegibles para obtenerlo. En Colombia, la Administración Trump ha adoptado medidas contra dos ciudadanos y sus familias, con la revocación de sus visados: el empresario Euclides Antonio Torres, propietario de un conglomerado con actividad principalmente en el sectores energético, y de la senadora Martha Isabel Peralta, vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). En Ecuador, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a otros dos ciudadanos y ha cancelado los visados de las personas afecta-

JOEL GUILLERMO BALLADARES ALCIVAR SECRETARIO

001-005-0887

CUARTO: DE LA OPOSICIÓN A LA SOLICITUD. 4.1.- De conformidad con lo que dispone el artículo 336 del COGEP, las personas citadas o cualquier otra que acredite interés jurídico en el asunto, podrán oponerse a la petición de terminación de unión de hecho, por escrito hasta antes de que se convoque a la audiencia. Se convocará a audiencia en un término no menor a diez días ni mayor a veinte días siguientes a la citación. La oposición deberá cumplir los mismos requisitos de la contestación a la demanda. Se inadmitirá la oposición cuando sea propuesta sin fundamento o con el propósito de retardar el procedimiento. 4.2.- Se les previene, además, de la obligación que tienen de señalar casilla judicial y correo electrónico para efecto de notificaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del COGEP. [...] f) DRA. NURY ANNABEL MENÉNDEZ GARCÍA, JUEZA PONENTE.

ALIANZA. Segunda reunión del “Escudo de las Américas”, iniciativa de seguridad hemisférica impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump

das, extendiendo las medidas a sus familiares conforme a la política anunciada; mientras que en Perú, la medida ha afectado a un ciudadano -el juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima Juan Carlos Núñez Matos- y a su familia. Señalado el Fiscal General boliviano por corrupción Además de las restricciones anunciadas, el Departamento de Estado ha incluido públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, entre los funcionarios señalados por corrupción. La designación de Mariaca implica que tanto el fiscal como sus familiares directos quedan impedidos de entrar a Estados Unidos. Washington ha justificado su decisión asegurando que dispone de información sobre una supuesta participación del fiscal general en “actos de corrupción significativos”. Según la versión difundida por el Departamento de Estado, Mariaca, elegido en 2024 para un periodo de seis años durante la Presidencia del entonces mandatario Luis Arce, habría utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos destinados a “facilitar el narcotráfico” y “ayudar a delincuentes violentos eludieran la acción de la Justicia”. Estados Unidos ha subrayado que esas acciones perjudican sus esfuerzos contra el narcoterrorismo y debilitan las instituciones democráticas que los países integrantes del ‘Escudo de las Américas’ se han comprometido a reforzar. “Los funcionarios corruptos -y los criminales a quienes protegen- no son bienvenidos en Estados Unidos”, insistió Washington al presentar las medidas. El señalamiento de Mariaca se ha realizado al amparo de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026, que permite al secretario de Estado designar pública o privadamente a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando exista información considerada fidedigna sobre su implicación en corrupción significativa o graves vulneraciones de los Derechos Humanos. (EUROPA PRESS.)

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i SANTO DOMINGO | miércoles 30/septiembre/2026

Delcy Rodríguez pide reformar la Ley contra el Odio

PERSONAJE. Delcy Rodríguez asumió la presidencia, de forma interina, tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de 2026.

Delcy Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional despenalizar las conductas contempladas en la Ley contra el Odio, con el objetivo declarado de favorecer la convivencia democrática. La norma, vigente desde 2017, ha sido denunciada por la oposición y organizaciones de derechos humanos como un instrumento de persecución política.

Juicio No. 17317-2013-1303 UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA. Rumiñahui, miércoles 16 de septiembre del 2026, a las 10h06. REPUBLICA DEL ECUADOR UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA RUMIÑAHUI

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ESTUDIO JURÍDICO VIVANCO & VIVANCO CÍA. LTDA.”

EXTRACTO DE CITACIÓN Juicio:1731720131303-FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIAESPECIALDIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO Actor: RAMIREZ MARTINEZ ANA MARCELA Demandado: PEREZ QUIMBIULCO LUIS ANIBAL NOTIFICACION.- PEREZ QUIMBIULCO LUIS ANIBAL DEFENSOR: DR. GERARDO VALLEJO CHOEZ Juez (E): DR. DIEGO GOMEZ Secretario: DR. CARLOS LOVATO AUTOS UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA. Rumiñahui, viernes 24 de julio del 2026, a las 11h50. En Quito, el día de hoy viernes veinticuatro de julio del dos mil veintiséis, a las once horas con treinta minutos, ante la AB. PUEDMAG VILLOTA NELLY ROCÍO, Jueza de la UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA, y DR. CARLOS LOVATO secretario que certifica, comparece la parte actora; RAMIREZ MARTINEZ ANA MARCELA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1726558883, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha jueves 9 julio del 2026, a las 16h20. Al efecto juramentada que ha sido en legal y debida forma, previniéndole de las penas del perjurio y de la gravedad del juramento, dice: “Señora Jueza, declaro bajo juramento el desconocimiento de domicilio del señor PEREZ QUIMBIULCO LUIS ANIBAL y, que he efectuado todas las diligencias necesarias para tratar de ubicarle, pese a las múltiples averiguaciones que he realizado, me ha sido imposible determinar el mismo”. Leída que le fue a la presente acta, la compareciente se afirma y ratifica y para constancia firman con la señora Jueza y Secretario que certifica. AB. PUEDMAG VILLOTA NELLY ROCÍO JUEZA RAMIREZ MARTINEZ ANA MARCELA COMPARECIENTE DR. CARLOS LOVATO SECRETARIO AUTOS UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA. Rumiñahui, martes 1 de septiembre del 2026, a las 11h24. VISTOS: Avoco conocimiento en mi calidad de juez encargado del despacho de la doctora Nelly Puedmag mediante acción de personal Nro. No. 06844-DP17-2026-VS: Incorpórese al proceso el escrito presentado por la parte actora en atención al mismo se dispone: En mérito de que se ha dado cumplimiento a la diligencia ordenada en auto de fecha 09 de julio del 2026 y vista el acta de desconocimiento de domicilio de fecha 24 de julio del 2026 de las 11h30. Notifíquese de INMEDIATO al demandado señor LUIS ANIBAL PEREZ QUIMBIULCO , mediante tres publicaciones por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional; para el efecto por secretaria confiérase el correspondiente extracto esto a fin de precautelar el principio constitucional del Interés Superior del Niño, contemplado en el Art. 44 de la Constitución y 11 del Código de la Niñez y Adolescencia. 2.- Una vez notificado el alimentante se le concede el TÉRMINO DE 5 DÍAS, cancele la suma de USD $ 6.305.72, por concepto de pensiones alimenticias, mediante depósito en la cuenta SUPA No. 1701-100247 bajo prevenciones de proceder conforme lo dispuesto en el Art. 66 numeral 29 literal c) de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos, así como la notificación al Consejo de la Judicatura para que ingrese en el Registro de deudores de pensiones alimenticias según el inciso segundo del Art. Innumerado 20 de la Ley Reformatoria al Título V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia.-3) En caso de que el deudor presente oposición al mandamiento de ejecución, deberán estar atentas a lo dispuesto en el art 373 del Código Orgánico General de Procesos. 4) En cumplimiento al art 372 ibídem, notifíquese con el presente auto para conocimiento de las partes procesales, al efecto el actuario de esta Unidad Judicial, proceda a dejar constancia de autos. NOTIFÍQUESE y CUMPLASE GOMEZ GUAYASAMIN DIEGO JUEZA(PONENTE) DR. CARLOS LOVATO SECRETARIO LOVATO . CARLOS SECRETARIO (A)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y Estatuto Social de la Compañía, se convoca a todos los señores Socios de la compañía “ESTUDIO JURÍDICO VIVANCO & VIVANCO CÍA. LTDA.”, a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se realizará el día jueves, 8 de octubre de 2026, a las 09h00. De acuerdo con el Artículo 119 de la Ley de Compañías, y al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones, de Economía Mixta y Sociedades por Acciones Simplificadas, la Junta se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, e igualmente podrá realizarse de manera telemática, en el link que será enviado a los socios vía correo electrónico, con el objeto de tratar sobre el siguiente punto como orden del día: 1. Conocimiento y resolución sobre la actualización del Manual de Prevención de

Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos (Manual PLAFT) de la Compañía, conforme a la Ley, su Reglamento y las Normas del Sector Societario, incorporando la metodología y los elementos de la matriz de riesgos establecidos en los artículos 4 y 5 de la normativa aplicable.

Los votos respecto al punto del orden del día, luego de realizada la junta, deben consignarse al siguiente correo electrónico: gcamacho@vivancoyvivanco.com

001-006-0999

Igualmente, los instrumentos de representación, para participar de la Junta General Extraordinaria de Socios, deben remitirse, hasta un día antes de la celebración de la Junta, al correo electrónico antes indicado, esto es gcamacho@vivancoyvivanco.com

ANULACION

En cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales o Asamblea General de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones, de Economía Mixta y Sociedades por Acciones Simplificadas, se informa a los socios que podrán asistir a la reunión, a su elección, de manera presencial o virtual. Quito, 30 de septiembre de 2026

POR HABERSE EXTRAVIADO, QUEDA(N) ANULADO(S) EL(LOS) TITULO(S) DE ACCIONES Nos. 458 DEL CONJUNTO CLÍNICO NACIONAL – CONCLINA C.A., DE PROPIEDAD DE ALFRED SPECK ANDRADE

ABG. GUILLERMO ADRIÁN CAMACHO INTRIAGO GERENTE GENERAL

001-006-1006

Atentamente,

001-006-1008

ALFRED SPECK ANDRADE C.I. 1703456218

“como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el recuentro y la convivencia democrática”.

El proyecto de Manual PLAFT actualizado, su matriz de riesgos y demás documentos relacionados con el punto del orden del día serán remitidos mediante correo electrónico a los socios, y se enviará un link de acceso a los mismos.

ANULACION POR HABERSE EXTRAVIADO, QUEDAN ANULADOS LOS TITULOS DE ACCIONES Nos. 3427, 4744, 6113, 9670, 11180, 12725, 2129, 1214 y 14324 DEL CONJUNTO CLÍNICO NACIONAL - CONCLINA C.A., DE PROPIEDAD DE JULIA REBECA PAREDES VILLACIS

reforma tiene como objetivo despenalizar las conductas que contempla esta Ley Constitución contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia,

el Odio nació con el objetivo de perseguir y acabar con cualquier manifestación discriminatoria por motivos raciales, de género, religiosos y políticos, con penas de entre 10 y 20 años de cárcel para los infractores. (EUROPA PRESS)

LOVATO . CARLOS SECRETARIO (A)

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MADRID. La líder del chavismo, Delcy Rodríguez, anunció que solicitó al presidente de Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de la llamada Ley contra el Odio, una controvertida norma vigente desde 2017 y que la oposición denunció como una forma de legitimar la persecución. Rodríguez señaló que se trata de una forma de seguir avanzando “hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela”, en medio de otra serie de gestos hacia la oposición tras la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero de este año en un operativo de las fuerzas militares de Estados Unidos. La solicitud enviada al presidente de la Asamblea Nacional explica que la

Delcy Rodríguez considera que dicha reforma tendrá un “impacto positivo” sobre la “reconstrucción de la confianza en las instituciones”, así como en la “dinamización de la vida democrática de la nación”. La conocida Ley contra

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SANTO DOMINGO | miércoles 30/septiembre/2026 I

ELECCIONES. Todos los candidatos a la Alcaldía de Ibarra poseen títulos de tercer y cuarto nivel, varios han ocupado cargos públicos y de elección popular.

Imbabura tiene 262 candidaturas en firme

Para las elecciones seccionales 2026, en Imbabura hay 262 candidaturas en firme ante el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos disputan las alcaldías, concejalías urbanas y rurales de los seis cantones y la prefectura. En esta entrega conozca quiénes quieren ser alcalde de Ibarra y prefecto de Imbabura. Imbabura es una de las provincias que tiene el 100% de sus candidaturas calificadas en firme. Son 262 candidatos que disputan las seis alcaldías, las concejalías urbanas y rurales y la Prefectura. Según el calendario electoral, entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026 se desarrollará la campaña electoral oficial. Luego vendrá el silencio electoral. LA HORA presenta las candidaturas en firme de Ibarra y de Imbabura, para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera informada. Los candidatos que obtengan el respaldo ciudadano gobernarán durante el periodo 2027-2031. Cinco candidatos buscan la Alcaldía de Ibarra A dos meses de las elecciones ya se conocen algunos

datos sobre la intención de voto en Ibarra. Santiago Ron Villacrés, analista político, presentó una encuesta realizada a 1.200 ibarreños, que representa el 1% de los votantes. Según Ron, el 32% de los consultados no sabe por quién votará. La encuesta señala que Juan Arias alcanza el 30% de intención de voto, mientras que Lucía Posso y Álvaro Castillo Monge alcanzan el 16% cada uno. Israel Cabezas registra el 3% y José Moncayo, menos del 3%. En estas elecciones, Ibarra tiene cinco candidaturas calificadas en firme, frente a las 10 que hubo en las elecciones de 2023. La abogada Lucía Posso Naranjo es candidata por la alianza Somos Libres. Posso fue electa concejal de Ibarra para el periodo 2019-2023

y dejó el cargo en septiembre de 2022 para postularse como asambleísta por la provincia de Imbabura. Ocupó esa curul hasta 2025. Álvaro Castillo Monge, ingeniero civil, es candidato por el partido Avanza. Castillo no ha sido funcionario público y se ha desempeñado como fiscalizador de obras, contratista, residente de obra y constructor. También es hijo de Álvaro Castillo Aguirre, actual alcalde de Ibarra. Juan Arias, ingeniero comercial, es candidato por Juntos por la Transformación. Esta es la segunda vez que busca la Alcaldía de Ibarra. En 2023 llegó al segundo lugar de votación. Actualmente dirige la Fundación Transformar, creada en octubre de 2023, que se dedica a la gestión de la innovación y planificación de proyectos.

El abogado Israel Cabezas es candidato por Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7. Cabezas fue jefe político de Ibarra y gobernador de Imbabura. También ha ocupado otros cargos en la función pública. José Moncayo es candidato por la alianza Renovación Democrática, que reúne a las listas 1-12-20 y 18. El abogado Moncayo fue concejal de Ibarra entre 2009 y 2014. También se desempeñó como gerente general de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (Emapa-I), durante las administraciones de Andrea Scacco y Álvaro Castillo Aguirre. Cuatro candidatos disputan la Prefectura de Imbabura En las elecciones de 2026, cuatro candidatos disputan la Prefectura de Imbabura. Paolina Vercoutère, mujer kichwa otavaleña e ingeniera en Desarrollo Social y Cultural por la Universidad de Otavalo, fue electa viceprefecta en las elecciones de 2023 junto al actual prefecto Richard Calderón, por el movimiento político Revolución Ciudadana. En 2026, Vercoutère aspira a la Prefectura por la alianza 70-17 Juntos por la Transformación. Jomar Cevallos renunció a la Alcaldía de Cotacachi

para presentar su candidatura a la Prefectura. En estas elecciones participa por la alianza Somos Libres, conformada por las listas 2-3-621-62. Cevallos es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador y máster en Desarrollo Humano por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mauricio Larrea, ingeniero civil, fue alcalde de Ibarra por dos periodos entre 1996 y 2005. En las actuales elecciones es candidato a la Prefectura por el partido político Avanza. Larrea tiene trayectoria en la política: fue diputado y ha ocupado cargos en la función pública. Consuelo Unda es candidata por el movimiento oficialista ADN, lista 7. Antes de presentar su candidatura, fue directora distrital de Educación Ibarra-Pimampiro-San Miguel de Urcuquí. Unda es profesora de educación primaria y cuenta con más de 18 años de trayectoria en el sistema educativo del país, según consta en su hoja de vida. Tras conocer los perfiles de los candidatos municipales y provinciales, los 400.395 ciudadanos habilitados para votar en Imbabura deberán acudir a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre de 2026.

MIÉRCOLES, 30 de SEPTIEMBRE de 2026 La Hora Santo Domingo

Alejandra Patricia Vivanco Carrión

INTRODUCCIÓN En la conversación pública ecuatoriana, la palabra glosa suele utilizarse como una condena anticipada. La sola noticia de que una persona ha sido glosada puede instalar la idea de que existió corrupción, apropiación de recursos o un delito probado. Esa equivalencia es jurídicamente incorrecta y produce consecuencias graves: confunde instituciones distintas, debilita el derecho a la defensa y traslada al debate público una conclusión que el procedimiento de control todavía no ha establecido. Una glosa merece atención y debe ser explicada con transparencia. Puede revelar una actuación negligente y un perjuicio económico que corresponda reparar. Sin embargo, su emisión no convierte automáticamente a la persona observada en autora de un delito. La lucha contra la corrupción exige controles rigurosos, pero también conceptos precisos, prueba suficiente y decisiones motivadas. Proteger los recursos públicos y respetar el debido proceso son obligaciones compatibles. QUÉ ES UNA GLOSA La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado regula la glosa dentro de la responsabilidad civil culposa. El artículo 52 señala que esta responsabilidad puede nacer de una acción u omisión culposa, aunque no intencional, que ocasione un perjuicio económico a los bienes o recursos públicos. La norma añade que quien afirma la culpa debe probar que la actuación revela impericia, imprudencia, imprevisión, improvisación, impreparación o negligencia (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002, art. 52). El artículo 53 denomina a la glosa predeterminación de responsabilidad civil culposa. La palabra predeterminación es decisiva: identifica una imputación inicial, sometida a contradicción y prueba, no una declaración definitiva e inmutable. Una vez notificada, la persona dispone del plazo legal para contestarla y presentar sus descargos. Después, la Contraloría debe dictar una resolución que puede confirmar o desvanecer la predeterminación, total o parcialmente, conforme al artículo 56 de la misma ley. La glosa tampoco debe confundirse con la orden de reintegro. Aunque ambas figuras buscan proteger recursos públicos, la ley les asigna supuestos y procedimientos diferentes. La precisión importa porque la autoridad debe identificar la vía jurídica aplicable, los hechos que la sustentan y las garantías que corresponden en cada caso. RESPONSABILIDADES QUE NO DEBEN CONFUNDIRSE El sistema ecuatoriano distingue la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil culposa y la responsabilidad penal. La primera examina el incumplimiento de deberes y puede producir sanciones administrativas. La segunda tiene una

es una edición de diario la hora

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GLOSAS SINÓNIMO DE CORRUPCIÓN

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CONSULTA LABORAL ¿Cuándo el juez de trabajo puede dejar sin efecto la resolución de visto bueno?

RESPUESTA

Si la relación laboral termina por visto bueno concedido por el inspector del trabajo a favor del empleador; la trabajadora o trabajador afectado puede concurrir con su demanda ante el juez de trabajo, en la que obligatoriamente deberá impugnar la resolución de visto bueno. Aportando pruebas que lo desvirtúen. Si la sentencia del juez del trabajo es favorable, dejará sin efecto la resolución de visto bueno, y ordenará el pago de las indemnizaciones por despido intempestivo. Por lo tanto, para que el juez de trabajo pueda dejar sin efecto la resolución de visto bueno, el accionante, sea empleador o trabajador, debe necesariamente impugnar el visto bueno en la demanda.

en la web derechoecuador.com finalidad indemnizatoria: procura reparar un perjuicio económico causado al Estado. La tercera se refiere a una conducta tipificada como delito y solo puede declararse mediante el proceso penal correspondiente. La Constitución atribuye a la Contraloría la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas, así como de indicios de responsabilidad penal, sin perjuicio de las competencias propias de la Fiscalía General del Estado (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 212). Esta separación impide tratar una glosa como sentencia penal. Los mismos hechos pueden originar análisis en más de un ámbito, pero cada responsabilidad conserva sus elementos, su autoridad competente, su procedimiento y su estándar de prueba. Una irregularidad documental tampoco equivale, por sí sola, a corrupción. Un expediente incompleto, un retraso o una deficiencia de control pueden generar observaciones y medidas correctivas. Para que exista responsabilidad civil culposa debe demostrarse, además, que una conducta atribuible a una persona

produjo un perjuicio económico concreto. LA RESPONSABILIDAD EXIGE INDIVIDUALIZACIÓN Una glosa jurídicamente sólida debe responder preguntas básicas. ¿Qué acción u omisión se atribuye? ¿Qué obligación funcional concreta debía cumplir la persona? ¿Durante qué periodo ejerció el cargo? ¿Qué evidencia demuestra la culpa? ¿Cuál es el perjuicio económico y cómo se calculó? ¿De qué manera esa conducta produjo el resultado? Si alguna de estas respuestas falta, la imputación corre el riesgo de apoyarse en el cargo, la jerarquía o la cercanía con el trámite, en lugar de hacerlo en la conducta efectivamente probada. El nexo causal ocupa un lugar central. No basta identificar una norma incumplida y un resultado económico desfavorable; es necesario explicar cómo la acción u omisión examinada produjo ese resultado. La responsabilidad no puede construirse mediante una secuencia genérica en la que todas las personas que intervinieron aparecen como causantes del mismo daño. Inclu-

so cuando se plantea solidaridad, deben individualizarse el deber, la conducta y la contribución causal de cada involucrado. La atribución también debe respetar las competencias reales. Una persona no responde por decisiones que legalmente correspondían a otro órgano, por actuaciones anteriores a su gestión o por obligaciones que no integraban sus funciones. El control debe reconstruir la cadena de decisión: quién definió la necesidad, quién autorizó, quién evaluó, quién administró, quién supervisó, quién recibió y quién pagó. Esa reconstrucción evita responsabilidades automáticas y permite ubicar el verdadero origen del eventual perjuicio. FIRMAR NO ES CAUSAR En la gestión pública, un mismo expediente puede contener numerosas firmas. Cada una acredita una intervención, pero no todas tienen el mismo significado jurídico. La firma de quien certifica disponibilidad presupuestaria no cumple la misma función que la de quien evalúa una oferta, administra un contrato, verifica un entregable o autoriza un pago. Por ello, la presencia de una firma puede ser un punto de partida para el examen, pero no prueba por sí sola que su autor causó el perjuicio.

Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia

Pensemos en un caso hipotético. Una unidad requirente define una necesidad; una comisión revisa las ofertas; la máxima autoridad adjudica; un administrador controla la ejecución; un técnico informa sobre el cumplimiento; y el área financiera procesa el pago. Si después aparece una diferencia económica, la auditoría debe examinar las atribuciones y actuaciones de cada participante. Agruparlos únicamente porque sus firmas constan en el expediente sustituiría el análisis causal por una presunción basada en el trámite. Firmar no es causar. La frase no exonera a quien incumplió sus deberes ni reduce el valor probatorio de un documento. Exige algo más elemental: que la responsabilidad corresponda al contenido de la actuación, al deber legal de la persona y al efecto que produjo. La función del control no consiste en contar firmas, sino en explicar responsabilidades. EL PERJUICIO ECONÓMICO DEBE DEMOSTRARSE El monto de un contrato o de un pago no representa automáticamente el valor del perjuicio. La auditoría

MIÉRCOLES 30 de SEPTIEMBRE de 2026 I La Hora, SANTO DOMINGO

DEBIDO PROCESO EN EL CONTROL GUBERNAMENTAL El artículo 76 de la Constitución garantiza el debido proceso en toda actuación en la que se determinen derechos y obligaciones. En el control gubernamental, esto supone conocer oportunamente los hechos atribuidos, acceder a la información relevante, contar con tiempo y medios para la defensa, presentar prueba, contradecir la evidencia y recibir una decisión motivada (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 76). La motivación exige una fundamentación normativa y fáctica suficiente. No se satisface con transcribir disposiciones, resumir el hallazgo y repetir una conclusión. La autoridad debe explicar por qué la norma invocada regulaba la conducta concreta, qué hechos considera probados, cómo valoró los descargos y por qué existe una relación causal con el perjuicio. La Corte Constitucional ha señalado que una argumentación jurídica debe contener una estructura mínimamente completa y una fundamentación suficiente en Derecho y en hechos (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 1158-17-EP/21). Las comunicaciones de resultados provisionales, la lectura del borrador y la contestación a la glosa no son simples formalidades. Son oportunidades para corregir errores, completar información y contrastar la hipótesis de auditoría. Cuando una prueba de descargo es pertinente y puede cambiar la conclusión, la decisión debe analizarla expresamente. Guardar silencio frente a ella o descartarla con una fórmula general debilita la motivación y la legitimidad del resultado. MITOS QUE CONVIENE DESMONTAR Buena parte del debate sobre el

control gubernamental se reduce a repetir que la ley dice una cosa u otra. La norma es el punto de partida, pero la discusión jurídica también exige identificar la naturaleza de cada actuación, la etapa del procedimiento, sus efectos y la prueba disponible. Desde esa perspectiva, conviene examinar varios mitos que suelen pasar inadvertidos. El primer mito sostiene que el informe de auditoría no puede ser impugnado ni por la vía ordinaria ni por la constitucional. La precisión es necesaria. Como acto de simple administración, el informe no suele ser objeto de una impugnación autónoma; sin embargo, no queda fuera del control de legalidad cuando sirve de antecedente al acto administrativo que produce efectos. En el juicio No. 17811-2019-01109, de 8 de mayo de 2025, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de casación contra el auto que había acogido la excepción de indebida acumulación de pretensiones, planteada porque la demanda cuestionaba tanto el informe de auditoría gubernamental como la resolución de responsabilidad administrativa culposa. La Sala razonó que el informe puede ser examinado por el tribunal porque integra el expediente que condujo al acto principal y que el administrado puede contradecir ese antecedente siempre que impugne también el acto administrativo que exterioriza la voluntad pública (Corte Nacional de Justicia, 2025a). En esas condiciones, solicitar la nulidad del antecedente junto con la del acto principal no configura, por esa sola razón, una indebida acumulación de pretensiones. Los precedentes obligatorios contenidos en las Resoluciones Nos. 09-2025 y 11-2025 refuerzan ese criterio: los tribunales contencioso administrativos pueden revisar los documentos del expediente y controlar los antecedentes o fundamentos directamente relacionados con la controversia (Corte Nacional de Justicia, 2025b, 2025c). En materia constitucional, la procedencia de una garantía tampoco puede afirmarse o negarse en abstracto; depende de que exista una alegación de vulneración de derechos y de que se cumplan los presupuestos propios de la acción. El informe, por tanto, no es un émulo de las tablas que Moisés bajó del Sinaí. Es una actuación técnica sometida al ordenamiento jurídico y, en las condiciones señaladas, al control jurisdiccional. El segundo mito afirma que lo expuesto por el administrado o sujeto de control nunca desvirtúa lo establecido por el equipo auditor. El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone que las opiniones divergentes se resolverán, en lo posible, durante

el examen y que, si subsisten, constarán en el informe. Esa fórmula reconoce la existencia de discrepancias; no convierte la conclusión del auditor en una verdad inmune a la contradicción. Además, el informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, mientras la determinación de responsabilidades corresponde a las dependencias competentes de la Contraloría, con la debida motivación y sobre evidencia suficiente, competente y pertinente (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002, arts. 19, 39 y 91). En materia de responsabilidad civil, el informe es un antecedente técnico y un insumo. No sustituye la predeterminación, la defensa ni la resolución que confirma o desvanece la glosa. Si el descargo es relevante, la autoridad debe valorarlo y explicar por qué modifica o no la conclusión. El tercer mito presenta la determinación administrativa como una verdad inmutable. La propia Ley Orgánica de la Contraloría califica la obligación indemnizatoria como proveniente de un cuasidelito y dispone que la culpa debe ser probada por quien la afirma (art. 52). El Código Civil, a su vez, reconoce a los delitos y cuasidelitos como fuentes de obligaciones (art. 1453). El principio de comunidad de la prueba no elimina esa carga ni la invierte. Significa que, una vez incorporada válidamente, la prueba pertenece al proceso y debe valorarse en conjunto, con independencia de quién la aportó. Por ello, un documento del expediente puede respaldar la tesis de la Contraloría o favorecer al sujeto de control; no tiene dueño procesal. También debe distinguirse entre causar estado, adquirir firmeza y producir cosa juzgada. Una resolución de la Contraloría puede causar estado en la vía administrativa y ser ejecutable; si no se ejercen oportunamente las vías de impugnación, puede adquirir firmeza. Eso no significa que la predeterminación ni el informe tengan desde su emisión la autoridad de una sentencia. Cuando el acto es demandado dentro del término y por la vía correspondiente, el órgano judicial controla su legalidad y la sentencia resuelve la controversia. Opinión no es resolución en firme, y ejecutoriedad administrativa no es sinónimo de cosa juzgada jurisdiccional (Código Orgánico Administrativo, 2017, arts. 217 y 218). El cuarto mito equipara toda publicidad con transparencia. La publicidad de las actuaciones estatales y la rendición de cuentas protegen intereses públicos relevantes. Sin embargo, divulgar nombres, valores y atribuciones de responsabilidad también implica tratar datos personales y puede producir un daño reputacional, sobre todo cuando una predeterminación se presenta como

responsabilidad confirmada o como delito. La Constitución reconoce el honor y el buen nombre, así como la protección de datos personales; la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales exige juridicidad, finalidad, pertinencia, minimización, proporcionalidad y exactitud en el tratamiento (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 66, nums. 18 y 19; Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, 2021, art. 10). La solución no es el secreto generalizado. Es publicar con base jurídica, distinguir la etapa procesal, limitar los datos a lo necesario y actualizar la información cuando una glosa se desvanece o una resolución cambia. La publicidad es transparencia cuando informa sin sacrificar derechos fundamentales. El quinto mito es el que da título a este artículo: recibir una glosa u orden de reintegro equivale a corrupción. Sostenerlo sería como demandar a una persona por incumplimiento contractual y, solo por la presentación de la demanda, llamarla estafadora. La notificación comunica una actuación de control y abre las posibilidades de defensa que correspondan; no es una sentencia penal. Una auditoría puede identificar hechos que justifiquen indicios de responsabilidad penal, y una misma conducta puede ser examinada en las vías civil, administrativa y penal. Aun así, cada responsabilidad conserva sus elementos, autoridad competente y estándar de prueba. El lenguaje público debe describir la etapa real: observación, informe aprobado, predeterminación, resolución o indicios remitidos a la Fiscalía. Anticipar la palabra corrupción altera el significado del acto y condena antes de que el procedimiento termine. CONTROL RIGUROSO Y GARANTÍAS Diferenciar glosa y corrupción no significa restar importancia al control. Una glosa sustentada permite recuperar recursos y exigir que quienes administran bienes públicos respondan por actuaciones culposas que causaron daño. Precisamente por sus efectos patrimoniales y personales, debe construirse con evidencia confiable, individualización y motivación suficiente. Las imputaciones débiles también perjudican al Estado. Consumen recursos administrativos, prolongan litigios, pueden ser anuladas y desvían la atención de las conductas verdaderamente responsables. Un control preciso concentra su fuerza en hechos comprobables y produce decisiones capaces de sostenerse durante la impugnación administrativa y judicial. CONCLUSIÓN Las glosas no son sinónimo de

corrupción. Son predeterminaciones de responsabilidad civil culposa sujetas a defensa, prueba, resolución e impugnación. Algunas serán confirmadas; otras se desvanecerán total o parcialmente. En determinados casos, los hechos también podrán originar indicios penales, pero esa posibilidad no autoriza a confundir etapas ni responsabilidades. La respuesta institucional adecuada no consiste en minimizar las observaciones ni en convertirlas en condenas públicas. Consiste en identificar la conducta, precisar el deber incumplido, demostrar la culpa, cuantificar el perjuicio y explicar el nexo causal. Firmar no es causar, y observar no es condenar. El control más firme es el que protege los recursos públicos sin abandonar las garantías que legitiman toda decisión del Estado. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal. Suplemento del Registro Oficial No. 180, 10 de febrero de 2014; última reforma: Edición Constitucional del Registro Oficial No. 300, 2 de septiembre de 2026. Asamblea Nacional del Ecuador. (2017). Código Orgánico Administrativo. Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31, 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 459, 26 de mayo de 2021. Comisión de Legislación y Codificación. (2005). Codificación del Código Civil. Suplemento del Registro Oficial No. 46, 24 de junio de 2005. Congreso Nacional del Ecuador. (2002). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Suplemento del Registro Oficial No. 595, 12 de junio de 2002. Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 1158-17-EP/21, Caso Garantía de la motivación, 20 de octubre de 2021. Corte Nacional de Justicia. (2025a). Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, sentencia de casación del juicio No. 17811-2019-01109, 8 de mayo de 2025. Corte Nacional de Justicia. (2025b). Resolución No. 09-2025, precedente jurisprudencial obligatorio sobre control de legalidad del expediente administrativo, 21 de mayo de 2025. Corte Nacional de Justicia. (2025c). Resolución No. 11-2025, precedente jurisprudencial obligatorio sobre control de legalidad de las actuaciones administrativas, 21 de mayo de 2025.

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debe establecer qué recibió la entidad, qué parte de la obligación fue cumplida, si existen bienes, obras o servicios útiles, si se ejecutaron garantías, si hubo devoluciones y cuál es la diferencia económica efectivamente soportada por el Estado. Cuando no se entregó nada y el pago careció de sustento, el daño puede coincidir con el desembolso. Cuando existió cumplimiento parcial o una prestación aprovechable, la cuantificación exige un análisis distinto. La glosa no puede descansar en una cifra aislada. Debe explicar el método de cálculo y su relación con la conducta imputada. De lo contrario, el valor observado puede adquirir impacto público sin representar con exactitud el daño real. La protección de los recursos estatales requiere cuantificaciones verificables, no aproximaciones que omitan lo recibido o dupliquen conceptos.

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Santo Domingo

Tripulación de Artemis II recibirá medalla Hawking Los cuatro astronautas de Artemis II recibirán la Medalla Stephen Hawking por acercar la exploración espacial al público y compartir la experiencia humana de su misión. El reconocimiento se entregará el 17 de octubre en Santa Cruz de Tenerife, durante la inauguración del festival Starmus. EUROPA PRESS

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