Santo Domingo
La construcción del nuevo hospital de Solca en Santo Domingo se encuentra en su fase final y su apertura está prevista para mediados de septiembre. La obra permitirá que alrededor de 1.500 pacientes al año ya no tengan que trasladarse a Quito o Portoviejo para recibir atención especializada, beneficiando además a habitantes de provincias vecinas. 03
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Planean ajustes para nuevas Juntas de Agua
Proyecto: 26 años de cárcel por reclutar a menores
Guías penitenciarios en alerta por su seguridad
Cadena perpetua para el Mayo Zambada
Procedimiento Coactivo
¿Y Ecuador?
Elespacio dejó de ser una promesa. Y Ecuador no está al margen de esa conversación.
Durante décadas, fue territorio exclusivo de las grandes potencias. Hoy se expande como una industria con efectos directos en la economía, la tecnología y la formación de talento. Expertos estiman que podría alcanzar los 1,8 trillones de dólares de inversión hasta 2035, y que ese crecimiento ya no se concentrará únicamente en Estados Unidos.
Más que una industria emergente, el espacio empieza a incidir en capas profundas de la economía: producción, información y toma de decisiones.
Esa conversación también empieza a tomar forma en Ecuador. La articulación de la Ecuador Space Society, la incorporación del país a los Acuerdos Artemis y el interés de capitales ecuatorianos en este tipo de proyectos no son hechos aislados.
¿Qué implica eso para el país?
El espacio ya atraviesa lo cotidiano: está presente en el GPS del celular, en la predicción del clima, en la producción agrícola o en el monitoreo de desastres naturales
La industria espacial no se reduce a cohetes o misiones. Exige ingenieros, científicos y técnicos capaces de integrarse en cadenas globales de conocimiento. Países que no lideran la carrera espacial también tienen un lugar: no en los lanzamientos, sino en los espacios donde hoy se genera valor. El valor de las iniciativas locales no está solo en sus proyectos, sino en lo que activan: vocaciones, redes, capacidades y, cada vez más, inversión. La economía del futuro no será únicamente extractiva, sino intensiva en conocimiento. En ese proceso, se abren oportunidades en formación técnica, emprendimientos vinculados a datos y nuevas formas de innovación.
Nada de esto ocurre de manera espontánea. La inserción en esta industria exige políticas públicas claras: marcos regulatorios y de innovación, y una articulación efectiva entre universidad, empresa y Estado.
Pensar el espacio desde Ecuador puede parecer aspiracional. En realidad, remite a una pregunta sobre el presente: cómo formamos talento, cómo fortalecemos nuestra competitividad y cómo anticipamos transformaciones globales.
La cuestión no es si podemos llegar al espacio. Es si estamos dispuestos a construir las condiciones para no quedarnos fuera de él.
Ojalá esta conversación deje de parecer sofisticada y empiece a instalarse como lo que ya es: una dimensión real del presente que merece ser entendida.
Dictadura sapa
En Ecuador se pretende reducir e incluso eliminar todo espacio democrático que permitaoposición, alternancia en elpoder y queademás le permita, al actual Gobierno imponerse por medio de las presiones. Las señales ya existían desde
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Redacción:
Elfantasma de los apagones no se aleja de Ecuador luego de que la ciudadanía sufriera cortes de hasta 14 horas en 2024. Las pérdidas económicas y de productividad dejaron una lección a todo el país. Ahora, el Gobierno se prepara para la época de estiaje, que se prevé llegará en septiembre.
Una de las medidas más urgentes es retomar la relación con el gobierno de Colombia, luego del triunfo de Abelardo de la Espriella con quien el presidente Daniel Noboa tiene relaciones cordiales. Esto servirá para que el país vecino facilite la compraventa de energía eléctrica, al contrario de lo que sucedió con Gustavo Petro. El Gobierno también toma medidas para proteger el agua de los embalses para llegar a septiembre con reservas,
monitorea permanentemente el clima y mantiene operativa la central Coca Codo Sinclair, que es imprescindible para mantener conectado al país. Desde hace algunos años, el sector privado también ha invertido en generación. La capacidad privada de generación se habría incrementado de unos 200 MW a cerca de 300 MW y existen proyectos que, una vez terminados, aportarán otros 400 MW hacia 2027.
No obstante, el Gobierno requiere iniciar una campaña de ahorro energético en el país. Esta es también una tarea de la ciudadanía, que consume mucho más que en 2025 y la capacidad de algunas industrias para trabajar durante la noche, aunque algunos acuerdos laborales ayudarían para que la carga no sea inmanejable para las empresas.
hace tiempo con un CNE que, a juicio de muchos, ha favorecido al actual Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos meses se ha consolidado un patrón: eliminar de la papeleta electoral a las mayores fuerzas políticas del país.
Si estas acciones responden a una estrategia deliberada para limitar la competencia democrática, estaríamos frente a una grave deriva autoritaria. La suspensión de la principal fuerza opositora, RC, y su
imposibilidad de participar en las próximas elecciones seccionales constituye una de las evidencias más preocupantes. A ello se suma ahora la suspensión de otra organización política donde, presuntamente, se inscribirán los candidatos de la RC. Para quienes analizan la política, estos hechos resultan alarmantes y restan legitimidad al proceso electoral que se acerca. Claro está que hay gente que aplaude las sapadas pero también debe haber y de hecho hay
La mayoría de los electores dice que no votaría por un candidato corrupto, pero dice al mismo tiempo que todos los políticos lo son. Se impone un discurso moralista que no aplica en sus negocios ni en la vida privada. Las costumbres se han flexibilizado y la ética ya no es rígida. En toda la región, un alto porcentaje de la población vive vinculada a diversas actividades delictivas. Paradójicamente, la mayoría de los líderes de ultraderecha que defienden una moral tridentina, exhiben vidas privadas alejadas de la monogamia y la familia con muchos hijos.
En la mayoría de los casos, la popularidad de los gobiernos se desploma como un castillo de naipes, también cuando los presidentes creen haber ganado por sus propuestas e intentan cumplirlas. En Chile ocurrió con Gabriel Boric, quien prometió sepultar la constitución de Pinochet e impulsó una alternativa “progresista” que la ciudadanía rechazó. En las últimas elecciones José Antonio Kast ganó la presidencia con el 58% de los votos con un programa de derecha. Sin embargo, tras seis meses de hacerlo, su popularidad se ha derrumbado a niveles inferiores a los de Javier Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador. La falta de respeto a la institucionalidad es un fenómeno generalizado. En Bolivia, Evo Morales exigió la renuncia de Rodrigo Paz a solo tres meses de haber asumido el cargo, porque tomó medidas inevitables. En Ecuador, los sectores que sufrieron una contundente derrota hace un año ya promueven la revocatoria del mandato presidencial argumentando que el gobernante todavía no cumple sus promesas electorales.
Colombia atraviesa un escenario caótico. El presidente Gustavo Petro primero intentó desconocer el triunfo opositor mediante artilugios legales. Ahora pretende promulgar leyes que dejen fijas sus ideas. Paralelamente, Iván Cepeda, tras ser derrotado, puso como condición para reconocer los resultados de las urnas que Abelardo de la Espriella prometa gobernar con su programa y no con el que ganó la elección.
©Perfil.com
gente que condena una actitud que si sigue eliminando los espacios democráticos disponibles para la oposición y, sobre todo, la libre expresión popular con su derecho al voto. Cuidado no se entienda que a falta de terreno democrático para el debate podría abrirse el camino a las arenas del caos. No comprender o inclusive solapar la gravedad de este proceso nos convierte en cómplices del momento histórico que vive el país. La disputa política debe
desarrollarse respetando las reglas democráticas y garantizando igualdad de condiciones para todos los actores. Si las instituciones dejan de cumplir ese papel, la confianza ciudadana termina deteriorándose. En ese contexto, quedan dos mecanismos para la democracia: la revocatoria del mandato para la cual no se quiere entregar los formularios y la muerte cruzada desde una de las instituciones más cuestionadas del país: la Asamblea Nacional.
La obra, que registra un avance cercano al 100%, beneficiará a habitantes de Santo Domingo de los tsáchilas y provincias vecinas, reduciendo los traslados de pacientes a Quito y Portoviejo para recibir atención de alta complejidad.
La necesidad de contar con un hospital de especialidades en Santo Domingo de los Tsáchilas está cerca de convertirse en realidad. La construcción del nuevo hospital de Solca avanza hacia su etapa final y su apertura está prevista para mediados de septiembre, con el objetivo de fortalecer la atención médica especializada y disminuir la dependencia de otras ciudades para tratamientos complejos.
Actualmente, alrededor de 1.500 pacientes de la provincia deben viajar cada año a Solca Quito y Portoviejo para recibir atención, especialmente en oncología. Esta situación implica largos desplazamientos, mayores gastos y tiempos de espera, lo que afecta tanto a quienes requieren tratamiento como
a sus familias.
Patricio Reyes, coordinador médico del proyecto, informó que la infraestructura está prácticamente concluida y que en estos momentos se ejecutan los trabajos de acabados y la preparación para la instalación de los equipos médicos. El hospital se construye en un terreno de dos hectáreas, con aproximadamente 5.000 metros cuadrados de infraestructura, en el sector del puente sobre el río Toachi. La obra representa una inversión de 12 millones de dólares.
Atención especializada
Aunque el centro médico tendrá un importante componente oncológico, no estará destinado exclusivamente al tratamiento del cáncer Reyes explicó que funciona-
° Los usuarios podrán acceder a los servicios mediante un sistema de call center o de forma presencial. Además, el actual centro ambulatorio de Solca continuará funcionando como punto de apoyo para la toma de muestras, el agendamiento de citas y otros servicios complementarios.
Cierran puente por temor a daños ° El cierre con montículos de tierra del puente de la cooperativa Carlos Ruiz Burneo genera inconvenientes para los conductores. Ayer, lunes 20 de julio, varios vehículos quedaron varados al no poder cruzar. Los moradores explicaron que bloquearon el paso debido al incremento de tránsito desde el cierre de la avenida Los Colonos. Aseguran que la estructura soporta una carga superior a su capacidad. (LMM)
rá como un hospital de tercer nivel de especialidades.
“Se incorporarán áreas como medicina interna, cirugía, pediatría, cardiología, neurología, traumatología y gastroenterología, ampliando significativamente la cobertura médica en la provincia”, señaló.
La infraestructura dispondrá de 25 camas de hospitalización, siete boxes de emergencia, cuatro unidades de cuidados intensivos (UCI) y 12 espacios para quimioterapia ambulatoria.
Además, contará con servicios de diagnóstico de alta tecnología, entre ellos tomografía, resonancia magnética y un laboratorio especializado, lo que permitirá atender una mayor cantidad de casos sin necesidad de derivar pacientes a otras ciudades.
Próxima apertura
Según el cronograma establecido, durante agosto se realizará la instalación de los equipos médicos y la capacitación del personal que ya ha sido contratado.
Reyes indicó que, si el proceso se desarrolla según lo previsto, abrirá sus puertas a mediados de septiembre, marcando un antes y un después en la atención de salud para Santo Domingo de los Tsáchilas y provincias cercanas como Los Ríos, Esmeraldas, Pichincha y Cotopaxi.
Expectativa ciudadana
La futura apertura del hospital ha generado expectativas entre los usuarios que durante años han enfrentado demoras y traslados para acceder a servicios especializados.
Lucía Campos espera que el nuevo centro médico agilice la entrega de resultados de exámenes. “Los exámenes son enviados a Quito,
Refuerzan patrullaje con motocicletas
° La Policía Nacional incorporó ocho motocicletas para fortalecer el patrullaje preventivo y operativo en Santo Domingo de los Tsáchilas. Las unidades cubrirán los principales ejes viales de la provincia con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y reforzar los controles. Cada motocicleta será operada por dos servidores policiales capacitados para atender emergencias y realizar procedimientos de seguridad. (LMM)
Se estima que la nueva casa de salud beneficiará a una población aproximada de 1,5 millones de habitantes. EL DATO
lo que genera demoras de hasta ocho días”, manifestó. Por su parte, Maribel Hurtado considera que la obra mejorará significativamente el acceso a la atención médica. “Muchas veces nos toca viajar a Quito para recibir tratamientos más complicados. Con este hospital ya sería diferente, más rápido y más cerca para todos”, comentó. (DLH)
Entregan alcantarilla ° El Gobierno Provincial entregó una alcantarilla en el recinto San Juan, de la parroquia Puerto Limón, mediante un convenio de cogestión con la comunidad. La obra forma parte del Presupuesto Participativo y mejora la conectividad con recintos vecinos. La estructura cuenta con muros de hormigón armado de tres metros de altura y un ancho total de 8,6 metros. Los habitantes destacan que beneficiará la movilidad. (LMM)
La tarifa eléctrica no cubre el costo real de producir y entregar la energía. La brecha representa $598 millones al año que debe asumir el Estado. Este es el problema estructural que frena la inversión.
Durante décadas, Ecuador ha pagado menos por la electricidad de lo que cuesta producirla. El problema no es nuevo, pero sí tiene una consecuencia cada vez más visible: mientras las familias y empresas reciben una tarifa relativamente estable, el Estado acumula una factura que debe cubrir con recursos públicos.
En 2026, la tarifa promedio facturada es de 10,61 centavos de dólar por kilovatio hora (kWh) , frente a un costo regulatorio de 12,83 centavos
La diferencia equivale a un déficit estimado de $598,3 millones al año. En otras palabras, por cada dólar que cuesta producir y entregar la electricidad, el sistema recupera alrededor de 83 centavos mediante la tarifa. El resto debe ser cubierto por el Estado.
Ese esquema es el resultado de más de 60 años de decisiones tarifarias que, según el análisis de Paulo Peña, consultor en eficiencia energética y fundador de Advice Energy, pueden dividirse en tres grandes etapas. Cada una dejó una lección distinta sobre cómo Ecuador financia su electricidad y sobre los riesgos que enfrenta quien quiera invertir en el sector.
Tarifas por debajo del costo real La primera etapa fue la del modelo estatal del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel), entre 1961 y 1999. En ese período, la tarifa eléctrica era principalmente una decisión política. En 1992, por ejemplo, el usuario pagaba en promedio 2,80 centavos por kWh, mientras producir esa electricidad costaba más de 7,50 centavos. La brecha superaba el 60%.
El Estado cubría la diferencia con ingresos pe -
ENERGÍA. El sistema tarifario del sector eléctrico genera déficit en las cuentas públicas del Ecuador.
troleros y deuda externa . Ese modelo permitió construir grandes centrales hidroeléctricas y ampliar la cobertura eléctrica , pero también acumuló desequilibrios financieros. Los racionamientos de 1992 y 1993 mostraron los límites de un sistema en el que el precio no reflejaba el costo real.
La segunda etapa llegó con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) y la creación de un mercado mayorista regulado por la Corporación Nacional de Electricidad (Conelec). La idea era que los precios se acercaran a los costos de generación y que existiera una mayor participación privada.
El objetivo tarifario era de 8,50 centavos por kWh, pero nunca se alcanzó de manera sostenida. Con la dolarización, la tarifa llegó a caer hasta 3,62 centavos en el año 2000. Luego subió a 8,82 centavos en 2005 y 8,30 centavos en 2008.
El problema, según Peña, fue que Ecuador tuvo una arquitectura de mercado, pero no logró blindarla de las decisiones políticas. La diferencia entre lo que costaba producir y lo que se cobraba terminó acumulando
una deuda entre empresas del sector que superaba los $2.000 millones en 2008.
Subsidio se volvió parte del sistema La tercera etapa comenzó en 2008 con el Mandato Constituyente No. 15. La norma estableció una tarifa única nacional y dispuso que el Ministerio de Economía cubriera la diferencia entre el costo real del servicio y lo que se cobraba a los usuarios.
La medida buscaba evitar que las tarifas se convirtieran en una fuente de shocks para los hogares y las empresas. Pero, con el paso del tiempo, la diferencia entre tarifa y costo dejó de ser una excepción y se convirtió en un déficit estructural.
El problema es que el mecanismo depende de que el Estado pague oportunamente. De acuerdo con Peña, al cierre de 2023 la deuda acumulada del Estado con las distribuidoras llegaba a $698,65 millones.
Así, la tarifa que el consumidor ve en su planilla no cuenta toda la historia. El precio puede mantenerse estable, pero la diferencia se transforma en una obligación para el Estado y, cuando
para hacer todos los mantenimientos y las inversiones que se necesitan para evitar apagones”, acotó Pedro López, ingeniero eléctrico
Brecha ahuyenta la inversión Para un inversionista privado, la diferencia entre costo y tarifa es mucho más que una cifra contable. Si una distribuidora recibe menos dinero del que necesita para cubrir sus costos, su capacidad de pagar a los generadores también depende de que el Estado transfiera los recursos pendientes. Por eso, los $598 millones anuales de brecha implícita pueden convertirse en un riesgo de contraparte.
los pagos se retrasan, es un problema de liquidez para toda la cadena eléctrica.
Lecciones de la crisis de 2024
Los apagones de 2024 volvieron visibles para millones de ecuatorianos un problema que durante años permaneció principalmente en los balances del sector eléctrico.
En el momento más crítico, los cortes llegaron a durar hasta 14 horas al día. El Banco Central documentó que la crisis afectó tanto a hogares como a empresas y que la recuperación del suministro requirió, entre otras medidas, recuperar capacidad instalada.
Sin embargo, la crisis no derivó en una reforma tarifaria de fondo. Para Peña, esa decisión dejó una señal clara: el modelo de tarifa subsidiada sigue siendo políticamente difícil de modificar en el corto plazo
“El riesgo, no es solamente que falte energía o que una central tenga problemas técnicos. También existe un riesgo político y fiscal: que el precio que se cobra no alcance para pagar el costo de producir electricidad y que no existan los recursos
La garantía estatal incorporada en la legislación más reciente puede ofrecer respaldo jurídico, pero no necesariamente resuelve el problema de liquidez. Una garantía puede asegurar que existe una obligación; no significa que el dinero esté disponible de inmediato. Esta es una de las principales señales que, según Peña, debe interpretar el capital privado que evalúa ingresar al sector eléctrico ecuatoriano
Autoabastecimiento industrial
En este escenario, Peña considera que el segmento más atractivo no necesariamente es la generación que depende de vender electricidad a una distribuidora estatal mediante contratos de largo plazo. La alternativa con mayor previsibilidad puede estar en el autoabastecimiento industrial
Una empresa que instala generación para cubrir su propio consumo no depende del pago mensual del Ministerio de Economía a una distribuidora ni necesita que toda su rentabilidad dependa de un contrato de compra de energía con el Estado. Para una industria, generar parte de su propia electricidad puede significar reducir la exposición a cortes, al costo de la energía y a la incertidumbre del sistema. La rentabilidad depende más directamente del ahorro obtenido frente al costo de comprar electricidad. (JS)
La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su Reglamento fueron declarados como inconstitucionales por su forma en 2022 y hasta 2026 no han sido reemplazados. Instituciones gubernamentales trabajan en un borrador.
La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (Lorhuaa) , también denominada Ley de Aguas, y su Reglamento fueron declarados inconstitucionales el 12 de enero de 2022. La Corte Constitucional (CC) determinó que ambas son contrarias al numeral 17 del artículo 57 de la Constitución.
El numeral 17 garantiza a las comunas, pueblos y nacionalidades ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
La CC dispuso que en el plazo de 12 meses contados desde la publicación de esta sentencia en el Registro Oficial (se publicó en mayo de 2022) el Presidente de la República presente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para su trámite.
Hasta el 20 de julio de 2026 la Asamblea no ha tramitado ningún nuevo proyecto. Mientras tanto, la Ley y el Reglamento inconstitucionales siguen vigentes.
¿Qué son las juntas de agua?
Oswaldo Paz y Miño , director de Fomento de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje del Ministerio de Ambiente y Energía , explica que la dirección se encarga de establecer los lineamientos sobre las necesidades de las otras subsecretarías del Ministerio en cuanto a las áreas competentes (agua potable, saneamiento, riego y drenaje) para generar políticas y fortalecer la gestión de las juntas de agua y de riego. Esto lo hace en coordinación con las direcciones zonales.
Una junta de agua potable o junta de riego y drenaje
(agua cruda, no potabilizada) es aquella que está inscrita en el registro público del agua . Se trata de una junta administradora de agua que puede constituirse en la localidad rural en donde el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal no preste el servicio de agua que por ley le corresponde.
Para conformar una junta se requiere presentar la solicitud a la autoridad única del agua (actualmente el Ministerio de Ambiente), suscrita por al menos el 60% de las jefas o jefes de familia de la localidad que hará uso del servicio comunitario de agua potable.
Una de las competencias de la junta es establecer, recaudar y administrar las tarifas por la prestación de los servicios (agua potable, riego o ambas). Las direcciones
zonales son las encargadas de entregar las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua.
Reformas están en construcción
“Como ministerio estamos trabajando en presentar una propuesta de ley de recursos hídricos, una forma de que los procedimientos para obtener las autorizaciones sean más cortos y eficientes”, expresa Paz y Miño. Dice que en la práctica obtener una autorización de uso y aprovechamiento del agua tarda entre cuatro y cinco meses, pero aún no hay una propuesta para el nuevo plazo, porque el proyecto de ley constituye un proceso complejo.
“Como Viceministerio de Agua estamos trabajando en un boceto de la ley con los otros viceministerios que componen el Ministerio de
que se lo pueda tramitar y sea una ley de recursos hídricos que no adolezca de estos temas (…), la consulta prelegislativa se tiene que hacer”. El director insiste en que aún se trabaja en un “borrador” por lo que evita referir otras reformas puntuales hasta que exista una posición institucional que abarque a todos los viceministerios.
Proyecto de Pachakutik, en espera
Mariana Yumbay , asambleísta por Pachakutik (PK), es una de las legisladoras que firmó la presentación de un proyecto de ley el 29 de mayo de 2024 en la Asamblea Nacional.
“No es solo una reforma, lo nuestro es una propuesta íntegra de ley nueva, teniendo en cuenta que la última fue declarada inconstitucional”, expresa Yumbay.
El Proyecto de Ley Orgánica Plurinacional para la Gestión Integral Intercultural del Agua, sus Usos y Aprovechamiento consta en la agenda legislativa para el periodo 2025-2027, para ser tramitado en la Comisión de Biodiversidad. Yumbay indica que hasta el 20 de julio de 2026 el proyecto no se ha tratado en ninguna mesa legislativa. Biodiversidad confirmó que no ha llegado ningún proyecto relacionado.
Ambiente y Energía. Posteriormente, vamos a trabajar las instituciones adscritas al Ministerio. Después tenemos que hacer los procesos con las organizaciones sociales o con las entidades interesadas, con los GAD que tienen que intervenir. Es un tema bastante grande”, resume el director.
El Ministerio de Ambiente y Energía tiene cinco viceministerios: Hidrocarburos
· Electricidad y Energía Renovable
· Minas
· Ambiente y Marino Costero Agua
Paz y Miño recalca la necesidad de las reformas frente a la sentencia de la CC: “La idea es que se presente un proyecto que maneje el mayor consenso posible para
¿Qué propone Pachakutik? En el artículo 75 se plantea que el Plan Hídrico Nacional deberá reunir algunas características, entre ellas la plurinacionalidad para integrar experiencias, planes, programas o proyectos formulados por las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. “Una vez que se ha desarrollado la consulta (…), el Estado queda obligado a no tomar medidas ni acciones contrarias a los resultados del ejercicio del derecho a la consulta por los sujetos de derechos colectivos que han participado en la misma”, consta en el artículo 108.
Paz y Miño ejerce su cargo desde febrero de 2026 y señala que no se han registrado problemas de impedimentos de acceso al agua en las juntas, pero advierte que privar del servicio constituye un delito. (KSQ)
dor, una tablet y los padres no saben qué están viendo o con quién chatean”, precisó. Tras señalar que este tema viene de al menos 20 años atrás, informó que el 4,1% de los adolescentes de la Costa ecuatoriana admitió pertenecer a una banda delictiva, realidad que es muy preocupante, más aún cuando hay un crecimiento de más del 597% de homicidios en menores de edad
bloquear las IP donde se observe algún tipo de contenido que llame a los chicos a que sean parte de estructuras criminales, pornografía infantil. La intención es tener todos los mecanismos necesarios para poder blindar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, precisó.
Además, se plantea establecer un proceso de capacitación a los maestros para darles las herramientas necesarias para que puedan identificar y notificar al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando vean cambios de comportamiento de los menores de edad.
En el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) se incluirá una reforma en donde se establecen responsabilidades para los municipios
para que los reclutadores entiendan que con nuestros niños no se pueden meter”, aseveró.
vulnerable.
Problemas comunes en la región
La propuesta será parte del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. Organismo internacional advierte sobre el reclutamiento digital. Con miras a elaborar el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, de iniciativa de la Vicepresidencia de la República , la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional propondrá el incremento de las penas para las personas que recluten a menores de edad
Diana Jácome, presidenta de la Comisión, indicó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) actual establece una pena privativa de 22 años de cárcel; sin embargo, los comisionados consideran que esta pena debería incrementarse hasta 26 años. “El incremento de la pena es
La propuesta coincide con la visión de la organización Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina , cuyo director, Alejandro Campos, fue recibido en la Comisión de Transparencia . Allí afirmó que el aumento de la condena ha ayudado a eliminar el reclutamiento de menores en otros países, como en El Salvador Aclaró que también se debe promover un trabajo articulado entre las entidades del Estado para establecer mejores condiciones de vida para los menores en salud, educación, recreación y en otros temas para evitar que niños, niñas y adolescentes se vean en una situación muy
Campos dijo que la realidad de Ecuador no está tan alejada de lo que se ha visto en varios países de Sudamérica. Uno de los mayores problemas que existe en todo el mundo, según dijo, es el “reclutamiento digital”, aspecto que se vuelve muy controversial por las dificultades que existen para frenar el manejo de las tecnologías en comunicación.
Afirmó que, la mayoría de veces, este delito se da desde los centros de rehabilitación social.
“Al niño ahora no se le deja salir a la calle por los peligros que existen. Sin embargo, un mayor peligro está dentro de casa, porque todo menor tiene un teléfono, un computa-
“Estos hechos nos deben llevar a una reflexión por parte de la sociedad en su conjunto, autoridades, padres de familia e instituciones, para frenar a la delincuencia que busca dañar a los jóvenes.
Las reformas que se impulsan La asambleísta Diana Jácome señaló que el proyecto de ley, que está contenido en 37 artículos, desarrolla reformas a diferentes cuerpos legales que buscan prevenir y erradicar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Se trabaja, por ejemplo, en una reforma a la Ley de Telecomunicaciones , referente al espacio digital, para evitar que los menores sean captados a través de las redes sociales. También se propone crear una Unidad de Monitoreo y Seguimiento para el control de este tipo de contenido.
“Esta unidad trabajará de forma articulada con el ámbito judicial que nos permita
“Qué mejor que los alcaldes, quienes están en territorio, dentro de las mesas de seguridad, también se incluya el tema de reclutamiento, es decir, que si conocen que en un barrio, en una localidad hay presencia de bandas que están reclutando inmediatamente se notifique y se actúe en conjunto Gobierno nacional y gobiernos seccionales, para, en un trabajo coordinado de todas las instituciones, prevenir este tipo de acciones de las bandas delictivas”, sentenció Jácome.
Los aportes al proyecto En la Comisión de Transparencia se han recibido propuestas de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio del Interior, de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en el Ecuador y de la asambleísta de ADN, Annabella Azín. Dichos proyectos han sido unificados para su tratamiento. La iniciativa busca establecer una respuesta integral frente al reclutamiento de menores por estructuras criminales. Para ello, no se limita al ámbito penal, sino que incorpora medidas de prevención , protección, atención y reintegración mediante reformas a varias normas del ordenamiento jurídico . (RRG)
La Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios señalan que desde 2023 han asesinado a 60 agentes penitenciarios y piden salarios dignos, equipamiento y garantías de seguridad.
Masacres , violencia entre organizaciones criminales, fugas, control de pabellones, motines y secuestros de agentes penitenciarios han sido los escenarios de la crisis carcelaria en Ecuador, desde 2021. A partir de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa colocó a los militares en el control penitenciario. La violencia disminuyó, pero en 2025 se registraron hechos violentos como los ocurridos en las cárceles de Esmeraldas y Machala. En medio de este escenario, el 14 de julio de 2026, el Gobierno expuso el Plan Nacional de Seguridad 20252029. Noboa expidió el De-
creto Ejecutivo 448 con el que declaró al plan de seguridad como política pública de aplicación en el país. En el documento se menciona que los militares estarán con el control carcelario solo hasta 2027. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos de Ecuador se emitió una alerta y se pidieron garantías para su labor.
Temen por su seguridad Wilman Alarcón, presidente de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos de Ecuador (Asoserpen) , informó que
NOTARIA OCTAVA DEL CANTÓN AMBATO
EXTRACТО NOTARIA OCTAVA DEL CANTON AMBATO: Cumpleme poner en conocimiento del público que mediante escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal efectuada el día lunes veinte de julio del año dos mil veintiséis, otorgada ante el Doctor Ángel Augusto Palacios Cabrera, Notario Octavo de este cantón Ambato, los señores cónyuges FAUSTO RENE LOPEZ COBO, por sus propios derechos, portador de la cédula de ciudadania número 1800194027 y ROSA MARGARITA ORTIZ SANTANA, por sus propios derechos, portadora de la cédula de ciudadania número 1800978718, quienes se encuentran casados entre sí, por matrimonio celebrado en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, el once de junio de año mil novecientos setenta y seis, el mismo que se halla inscrito en la Dirección General del Registro Civil y Cedulación, inscripción de matrimonio en el tomo PRIMERO, página DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, acta DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE, La sociedad conyugal se conformó según lo dispuesto en el Artículo 139 del Código Civil, dicho matrimonio se encuentra disuelta la SOCIEDAD CONYUGAL que existió entre los cónyuges FAUSTO RENE LOPEZ COBO y ROSA MARGARITA ORTIZ SANTANA, mediante escritara pública celebrada ante la Abogada Estefania Lorena Mena Moreno, Notario Suplente, notaria octava del cantón Ambato, con fecha 04 de diciembre del año 2025, cuya copia se archiva con fecha 09 de diciembre del año 2025, en el Registro Civil correspondiente.- Las adjudicaciones del patrimonio se encuentran detalladas en el texto de la referida escritura pública de liquidación de sociedad conyugal, por lo que en aplicación a lo dispuesto en el Artículo dieciocho numeral veinte y tres, en donde facultan al Notario disponer la inscripción en los Registros de la Propiedad y Mercantiles, la escritura de liquidación de sociedad conyugal, previo el trámite previsto en dicha norma legal, pongo en conocimiento del público, mediante una publicación, el extracto de la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente a los señores cónyuges FAUSTO RENE LOPEZ COBO y ROSA MARGARITA ORTIZ SANTANA.Para que en el término de veinte (20) días a contarse desde la publicación de este extracto, las personas que eventualmente tuvieren interés en esta liquidación puedan presentar su oposición fundamentada, dentro del referido término Particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes. Ambato, 20 de junio del año 2026.-
en el país hay 2.500 agentes de seguridad penitenciaria para 40.000 personas privadas de libertad. Para su trabajo, los agentes se dividen en tres grupos, es decir, alrededor de 800 por grupo para controlar a los detenidos en las cárceles.
“(Esta situación) no se acerca en nada a las recomendaciones que da la misma ONU y los expertos de seguridad penitenciaria , que dicen que por lo menos debería ser un custodio para cada 10 privados de libertad en mínima seguridad”, puntualizó.
Alarcón expuso que consideran que por lo menos deberían ser de 12.000 a 15.000 agentes para garantizar la seguridad penitenciaria.
Hablan de falta de garantías
Alarcón señaló que no cuentan con armamento para cumplir su trabajo, que sus salarios son bajos y que son la institución que menos ingresos percibe, pese a que su trabajo es de alto riesgo.
Además, recordó que las mafias han focalizado la violencia sobre el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria.
gidas por la asociación, en 2023 asesinaron a 14 agentes penitenciarios, en 2024 a 20, en 2025 a 19 casos y en lo que va de 2026 a 7 . El presidente de la Asoserpen recalcó que sus compañeros han fallecido a causa de homicidios intencionales (estilo sicariato) y no por accidentes o muertes naturales. Agregó que la mayoría de los homicidios ocurrieron en provincias de la Costa , y que el más reciente a una de sus compañeras fue en Chimborazo
“Usted puede ver la violencia en el universo de los 1.500 compañeros que tenemos, 60 compañeros han sido asesinados en estos tres últimos años y el cuarto año que está en proceso, son bastantes. Ni siquiera la Policía tiene tantos compañeros asesinados”, enfatizó.
Para Alarcón, el hecho de que se realicen tantos hechos violentos contra su sistema evidencia que “no hay garantías” para su trabajo.
En una rueda de prensa, Alicia Borja, parte de la directiva de la Asoserpen, indicó que los agentes penitenciarios son amenazados y también son víctimas de represalias.
“Muchas veces no se sale ni siquiera a desayunar ni a almorzar por la falta de personal, porque se tiene que sacar a los privados de libertad a diligencias, a audiencias o citas médicas con las que se debe cumplir”, indicó.
Por esta situación hay una acción de protección contra el Estado para que su trabajo “sea valorado y dignificado, porque muchas veces han sido criminalizados”.
“Nuestros compañeros, por negarse a las mafias, están siendo asesinados”, denunció Borja.
El 5 de julio de 2026, el SNAI convocó a policías y militares en servicio pasivo a participar en el proceso excepcional de selección para incorporarse temporalmente al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
60 agentes han sido asesinados De acuerdo con cifras reco -
Secuestro de agentes
El presidente de la Asoserpen recordó lo ocurrido en enero de 2025, cuando 162 agentes penitenciarios fueron obligados a permanecer dentro de los centros penitenciarios , y algunos estuvieron en condiciones precarias.
“Luego de eso se instó a un habeas corpus, una garantía constitucional, con la cual la jueza dispuso al SNAI a que nos brinde algunas garantías necesarias entre esos tratamientos psicológicos, el pase de los compañeros que estuvieron en esos centros carcelarios a otros, aunque no se cumplió, a lo mucho en un 40%. En este hábeas corpus, también una de las resoluciones fue equipar de manera íntegra al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria , lo cual tampoco se hizo”, dijo. Alarcón mencionó que han interpuesto procesos judiciales a su patrono “para que cumpla con algunas disposiciones que ya están dadas”. Por ejemplo, por la deuda que mantienen con ellos sobre las bandas salariales. (PSR)
El Gobierno de Estados Unidos denuncia siete décadas de espionaje cubano con el reclutamiento en universidades como principal prioridad.
INFORME. La infiltración cubana es expuesta como una de las más duraderas y perjudiciales de la historia de Estados Unidos.
MADRID. La A dministración Trump ha publicado este 20 de julio de 2026 un extenso informe en el que denuncia una campaña de espionaje perpetrada por Cuba en suelo estadounidense durante casi “siete décadas” , que ha utilizado sus misiones diplomáticas como bases operativas y reclutado a jóvenes de ideología afín en universidades estadounidenses que, con el tiempo, han logrado a las más altas esferas del Gobierno, causando un daño “incalculable” a la seguridad nacional estadounidense. El informe publicado por el Departamento de Estado , llamado ‘ Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI’, apunta a que las universidades son los “principales objetivos de las actividades subversivas de Cuba, ya que constituyen un terreno fértil para reclutar a jóvenes con afinidad ideológica que, con el tiempo, ascenderán a puestos de influencia, poder y acceso privilegiado”.
“Tanto los análisis de In-
ca”, indica.
Una vez que los candidatos atraviesan “un proceso de desarrollo que puede prolongarse durante años” --buena parte de ellos procedentes de estos entornos universitarios-- empiezan a acceder a puestos de responsabilidad y a tener acceso a “información sensible” del Gobierno estadounidense.
“La información que transmitieron (estas personas) a los cubanos, que posteriormente se compartía de forma habitual con aliados y colaboradores de Cuba en todo el mundo, causó un daño incalculable a los intereses de Estados Unidos. Asimismo, es probable que dicha información fuera la causa directa de la muerte de varios soldados, agentes y ciudadanos estadounidenses”, añade el informe.
Juicio No. 15951-2025-00381
UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, martes 5 de mayo del 2026, a las 11h17.
EXTRACTO JUDICIAL
15951-2025-00381
CITACION PERIODICO
ACTORA: OROZCO SILVA JAIRO ANTONIO
DEMANDADO: MÓNICA VALERIA RÍOS CONFORME
JUEZ: DR. AURELIO BENJAMIN SOTOMAYOR
SECRETARIA: ABG. HUAIRA PAREDES ZAMBRANO
JUICIO: 15951-2025-00381
CAUSA: TENENCIA
TRAMITE: SUMARIO
CUANTIA: INDETERMINADA
SE HACE SABER. - Que en la UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON TENA-PROVINCIA DE NAPO, el señor OROZCO SILVA JAIRO ANTONIO, ha presentado una demanda de TENENCIA, en lo principal es como sigue:
teligencia de EE.UU. como los testimonios de desertores de la Dirección de Inteligencia han confirmado que la Inteligencia cubana considera la infiltración en las universidades estadounidenses una prioridad absoluta”, apunta, agregando que el objetivo son “ estudiantes de izquierda políticamente comprometidos que estudian en las universidades de élite estadounidenses.
Lealtad ideológica
El documento subraya así que las operaciones de Inteligencia presentan varias características, entre ellas reclutar a “ideólogos convencidos ”. “La mayoría nunca recibe sumas de dinero significativas, más allá de reembolsos ocasionales por gastos operativos. Dadas las constantes limitaciones de recursos de una economía pequeña y sometida a un embargo, la Inteligencia cubana ha aprovechado un modelo de reclutamiento alternativo basado en aprovechar la lealtad ideológi-
Agentes encubiertos Entre los ejemplos que pone el informe se encuentran la espía puertorriqueña de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, Ana Belén Montes, condenada por espionaje al revelar a la Cuba de Fidel Castro planes militares secretos de Estados Unidos. El filtrado de la conocida como la ‘ Reina de Cuba ’ llegó a provocar la muerte de un oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses en El Salvador.
Asimismo, menciona al exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha --condenado por espionaje por ser un agente encubierto de La Habana-- o los casos de Walter Myers y su esposa Gwendolyn Myers , sentenciados de igual forma por las mismas razones. El informe también alude a la llamada Red Avispa, una red de espionaje cubana operada por agentes encubiertos en el sur de Florida cuyo objetivo era “recopilar información de Inteligencia de instalaciones militares e insertarse en las redes de la diáspora cubana, donde los agentes tenían la tarea de infiltrarse, vigilar y desestabilizar a organizaciones del exilio cubano que La Habana consideraba los enemigos más peligrosos del régimen de Castro”. (EUROPA PRESS)
VISTOS: Incorpórese al expediente el escrito presentado por la parte actora. En atención al mismo, se provee lo siguiente: a) Por cuanto la demanda de tenencia propuesta por JAIRO ANTONIO OROZCO SILVA en contra de MÓNICA VALERIA RÍOS CONFORME, cumple los requisitos legales generales y especiales determinados en el Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos, se la califica de clara, completa y se la acepta al trámite previsto para el procedimiento sumario reglado en el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). b) Previo a la a citación a la demandada, oficiese conforme solicita la parte actora. c) A la demandada se le previene la obligación de señalar inmediatamente casilla judicial y/o dirección electrónica para posteriores notificaciones, contestar la demanda dentro del término de Ley (10 DÍAS), deducir excepciones y anunciar prueba y en caso de no comparecer a juicio se procederá en su ausencia perdiendo la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos, conforme así lo ha ordenado el Art. 87, numeral 2 del COGEP. d) Agréguese al proceso y con notificación contraria téngase presente el anuncio de prueba realizado. En el mismo orden i) Se ordena que la oficina técnica por medio de la Psic. Maryrly Martínez realice el informe psicológico que se ha solicitado; ii) Se ordena que la oficina técnica por medio de la Lic. Sandra Largo realice el informe social solicitado a la niña AMY SHARLEEN OROZCO RÍOS. iii) Se ordena que la oficina técnica por medio de la Médico realice el informe solicitado, para lo cual se les notificará en sus direcciones electrónicas. Para el efecto se conducirá inmediatamente a la niña para su valoración e) Los profesionales que realicen los informes solicitados comparecerán y serán notificados a sus correos institucionales para rendir testimonio en la audiencia única que se convoque. f) Ofíciese al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA Dirección de Migración para que remita el reporte migratorio de la demandada MÓNICA VALERIA RÍOS CONFORME, portadora de la cédula de ciudadanía 1718734989; g) Ofíciese a CNT; ANT; REGISTRO CIVIL; CONECEL; MOVISTAR; IESS; ANT; SRI; ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO; EMPRESA ELECTRICA QUITO; EMPRESA ELECTRICA AMBATO; y MUNICIPIO DE TENA a fin de que consignen la información relacionada al domicilio que tengan registrado en sus bases de datos de MÓNICA VALERIA RÍOS CONFORME, portadora de la cédula de ciudadanía 1718734989, y la remitan a esta judicatura en el término de cinco días. g) Téngase en cuenta la cuantía, el casillero judicial; la dirección electrónica consignada para notificaciones y la autorización que confiere a su defensora.- NOTIFÍQUESE. AUTO: martes 10 de febrero del 2026, a las 10h56.- VISTOS: Agréguese al proceso el escrito electrónico presentado por OROZCO SILVA JAIRO ANTONIO de fecha 8 de enero de 2026. En su atención y dado el estado de la causa, dispongo: 1.- Por cuanto la parte actora ha justificado en debida forma con lo que señala el Código Orgánico General de Procesos en su numeral 1 del Art. 56, que señala: Citación a través de uno de los medios de comunicación. “A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se la citará mediante: 1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las publicaciones íntegras se agregarán al proceso.” 2.- Dado cumplimiento a los requisitos señalados en el Art. 56 ibídem, en vista del juramento que hace la parte actora, constante a fs. 166 de la imposibilidad de dar con el domicilio o residencia de la demandada señora RÍOS CONFORME MONICA VALERIA con CC. 1718734989 y del Certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana constante a fs. 162, del que se desprende que no mantiene registro consultar en el exterior, se dispone la citación de conformidad con lo que dispone el Art. 56.1 del COGEP. 3.- EXTRACTO.- CÍTESE a la señora RÍOS CONFORME MONICA VALERIA con CC. 1718734989, por medio de tres publicaciones en tres fechas distintas en un periódico de amplia circulación de la localidad; para el efecto, la actuaria de este despacho procederá a entregar el extracto respectivo una vez ejecutoriada esta providencia; y el peticionario retire dicho extracto a fin que realice la respectiva tramitación.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- SOTOMAYOR CASTILLO AURELIO BENJAMIN JUEZ
Abg. Huaira Paredes Zambrano
SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL
DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CON SEDE EN EL CANTON TENA
PAREDES ZAMBRANO HUAIRA YAJANUA
SECRETARIA
Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, es condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. “La violencia debe acabar en México... Nadie ganará esta guerra”, ha declarado en la vista.
MADRID. Un tribunal federal de Estados Unidos ha condenado este 20 de julio de 2026 al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, a cadena perpetua tras declararse culpable el año pasado por cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte.
“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra de forma definitiva”, ha declarado el fiscal para el distrito este de Nueva York, Joseph Nocella.
Esta sentencia, ha asegurado, ha sido posible “gracias a la incansable cooperación bilateral entre las fuerzas del
orden de Estados Unidos y México”. “Esperamos que la sentencia de hoy aporte algo de justicia a las innumerables víctimas del narcotráfico y la violencia del Cártel de Sinaloa”, ha dicho, según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia estadounidense.
El juez federal Brian Cogan ha leído la sentencia en una audiencia celebrada ante el tribunal federal de Brooklyn, la misma corte en la que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán --su predecesor al frente del Cártel de Sinaloa-- fue condenado a cadena perpetua por cargos de narcotráfico.
“La violencia debe acabar en México... Nadie ganará esta guerra”, ha afirmado Zambada en una declaración que leyó en español poco antes de recibir la condena.
“Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir per-
dón”, ha añadido.
Por el momento se desconoce en qué prisión cumplirá condena Zambada, de 76 años de edad, aunque el juez Cogan recomendará que se tengan en cuenta la condición médica del reo y el hecho de que le ahorró el coste y trabajo que hubiera implicado un juicio.
Aceptó los cargos Zambada aceptó cargos por liderar una empresa criminal por actividades entre enero de 1989 y enero de 2024, así como por participar en conspiraciones para el lavado de dinero, el asesinato y el narcotráfico, y por violaciones a las leyes estatales relativas a homicidio y secuestro, por hechos ocurridos entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.
El exlíder del Cártel de Sinaloa se enfrentaba a acusaciones formales en seis jurisdicciones federales
distintas en Estados Unidos, si bien en virtud del acuerdo de culpabilidad consintió el traslado del caso a la corte del distrito este de Nueva York. Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, tras llegar en un avión privado con Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien tenía un trato con las autoridades de Estados Unidos y fue quien le entregó. El narcotraficante afirmó en una carta en agosto de 2025 que fue “secuestrado” por Guzmán, que le entregó contra su propia voluntad a Estados Unidos. El presunto secuestro habría empezado cuando acudió bajo engaño a un encuentro en un rancho a las afueras de la ciudad de Culiacán en el que presuntamente iba a arreglar diferencias entre políticos locales.
Tras ser recibido en persona por el hijo de ‘El Chapo’, explicó que le hicieron entrar en una “habitación oscura” donde fue inmediatamente “emboscado” por un grupo de hombres que le pusieron una capucha en la cabeza tras darle una paliza y le metieron esposado en el avión donde, acompañado de Joaquín Guzmán, acabó siendo entregado a las autoridades estadounidenses en El Paso (Texas).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró recientemente que la “presunta participación” de Washington en la detención de ‘El Mayo Zambada’ generó conflictos dentro del Cártel de Sinaloa, con traiciones y divisiones internas, que generaron oleadas de violencia en el país latinoamericano. La Fiscalía mexicana investiga cómo se fraguó esa traición. (EUROPA PRESS)
Aunque Ecuador y Colombia eliminaron la Tasa de Servicio Aduanero hace dos meses, la actividad comercial en la frontera norte aún no se recupera de la crisis registrada entre febrero y mayo de 2026.
Hace casi dos meses, Ecuador eliminó la Tasa de Servicio Aduanero (TSA) aplicada a las importaciones de productos provenientes de Colombia. Pocos días después, el vecino del norte también retiró los aranceles impuestos a productos ecuatorianos.
El conflicto comercial entre ambos países llegó a su fin. Sin embargo, las actividades comerciales aún no se han normalizado por completo, según representantes de los gremios de transportistas y comerciantes de Carchi.
Los sectores productivos permanecen expectantes ante la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Esperan que los mandatarios de ambos países fortalezcan el diálogo y la seguridad jurídica en la frontera para evitar una nueva crisis comercial como la que se extendió durante cuatro meses, entre febrero y mayo de 2026.
Recuperación del comercio Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, señala que el tránsito de mercancías colombianas hacia Ecuador todavía no se ha normalizado. Explica que, en un escenario habitual, deberían cruzar al menos 100 vehículos de carga de exportación cada día. Actualmente circulan entre 20 y 30 camiones diarios
“Hasta el momento estamos en una recuperación del 70%”, menciona el economista Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán. El dirigente explica que el flujo de mercancías ha mejorado. Sin embargo, señala que muchos comerciantes se abastecieron de productos cuando aún estaba vigente la tasa de seguridad, por lo que durante estos meses han comercializado
ese inventario.
Cano agrega que las empresas que despidieron trabajadores debido a la paralización de la actividad aduanera y logística han comenzado nuevamente a contratar personal.
Bastidas, por su parte, considera que aún existe desconfianza entre los inversionistas para volver a importar mercancías. “Las inversiones en exportaciones e importaciones son valores muy elevados”, afirma al señalar que muchos comerciantes prefieren no asumir ese riesgo.
Cano estima que entre octubre y noviembre de 2026 la actividad comercial podría recuperar la estabilidad que mantenía antes del conflicto.
Seguridad jurídica y cooperación
Carlos Bastidas relata que el 13 de julio de 2026 participó en una reunión en la Asamblea Nacional, en Quito, junto con autoridades como Cristhian Mora, viceministro de Gobierno, y Lucía Pozo, asambleísta por Carchi. En ese encuentro se planteó la necesidad de establecer mecanismos que eviten una nueva crisis comercial entre Ecuador y Colombia.
Los asambleístas Lucía Pozo y Cristian Benavides impulsan el proyecto Polo de Desarrollo de Tulcán, con el objetivo de que sea declarado de interés nacional. La iniciativa busca atraer inversión, generar empleo, elevar la competitividad y dinamizar la economía de la frontera. El proyecto también beneficiaría a Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas.
“Se necesita seguridad jurídica porque puede haber un polo de desarrollo, pero si no hay quien invierta, no hay confianza para mover mercadería”, sostie -
ne Bastidas. El dirigente afirma que el sector transportista mantiene el optimismo por la posesión de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, debido a que el mandatario electo ha expresado públicamente coincidencias con el presidente de Ecua-
Santuario de Las Lajas, en Ipiales, para abordar temas de seguridad, comercio y relaciones fronterizas.
Entre las propuestas que plantearán los transportistas de carga pesada está el fortalecimiento del control sobre la circulación de vehículos por pasos fronterizos no autorizados.
Cuatro meses de tensión comercial El 1 de febrero de 2026, Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando una supuesta falta de cooperación del país vecino para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad fronteriza.
La medida se incrementó progresivamente. En marzo de 2026 subió al 50% y, en mayo, alcanzó el 100%. Según el Ministerio de Producción, la decisión se sustentó en criterios de seguridad nacional.
En respuesta, Colombia también aplicó aranceles a productos ecuatorianos, que igualmente llegaron al 100%.
La tensión comercial terminó el 1 de junio de 2026, cuando Daniel Noboa anunció la eliminación de la Tasa de Servicio Aduanero (TSA) aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, tras una reunión con Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial colombiano.
Noboa afirmó que De la Espriella se comprometió a “impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo” en caso de ganar las elecciones.
Posteriormente, el 9 de junio, la Cancillería de Colombia señaló que la eliminación de la tasa respondía al cumplimiento de las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que ordenó dejar sin efecto esas medidas.
dor, Daniel Noboa. “Ojalá sea una fortaleza para nosotros”, manifiesta. Mientras tanto, Nelson Cano explica que los gremios solicitaron a los gobiernos de Ecuador y Colombia que, a finales de septiembre de 2026 , se realice un encuentro binacional en el
Mientras el sector privado reportó pérdidas económicas por la reducción del comercio fronterizo, la TSA generó ingresos para el Estado ecuatoriano. Entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2026, período en que estuvo vigente, se recaudaron aproximadamente 201,5 millones de dólares. (MC)
Autor: Ab. Luis Pallares Alzamora
El procedimiento coactivo es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la Administración Pública. Esta prerrogativa les permite a las entidades estatales tomar decisiones, emitir normas, crear títulos de crédito y hacerlos efectivos de manera directa, sin la necesidad de acudir a la función judicial. Sin embargo, en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, esta potestad no es absoluta ni constituye un privilegio exento de control. El ejercicio de la coactiva se encuentra condicionado por principios encaminados a proteger la dignidad, la libertad y la seguridad jurídica del administrado.
Sobre el tema, Aurelio García Gallegos, postulaba que, si bien el Estado posee la facultad exclusiva de crear el Derecho, se encuentra recíprocamente sometido a él, siendo esta subordinación la única garantía real para la convivencia pacífica, la justicia, la seguridad jurídica y el desarrollo de sus ciudadanos.
Para Julio César Trujillo, el Estado no es un fin en sí mismo, sino una herramienta diseñada para alcanzar el bien común, la justicia, la paz social y proteger la dignidad humana; por ende, sus potestades para centralizar los recursos públicos y disciplinar la recaudación
De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela San Carlos Calle H S/N y Av. De los Colonos, el viernes 31 de julio del 2026 a las 10H00, am para tratar el siguiente orden del día.
1.- Constatación del Quórum.
2.- Informe del señor presidente.
3.- Elección de Gerente General de la Compañía
4.- Elección de presidente de la Compañía.
5.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta
Nota: Se convoca de manera especial al señor Walter Richard Reyes, comisario principal de la compañía.
Atentamente;
Sr. Carlos Acosta Sra. Sonia Barreno PRESIDENTE
GERENTE GENERAL
deben subordinarse a dichos fines sustantivos.
Enrique Ayala, advierte que la legitimidad del Estado radica en su capacidad para someterse a la regla de derecho que él mismo genera, centralizando los recursos públicos y disciplinando la recaudación en una sociedad democrática.
Marco Morales Tobar, sostuvo que las potestades del Estado, tales como la coactiva, bajo ningún concepto pueden ser interpretadas como privilegios, sino como herramientas sometidas al principio de juridicidad.
Límites a la Coactiva
Frente al poder de la ejecución estatal, existen formas de contención para evitar la arbitrariedad:
1.La Frontera de la Personalidad Jurídica: Como bien determinó Santiago Andrade Ubidia, frente a la potestad de ejecución del Estado, la personalidad jurídica de las compañías constituye un límite de ese poder. La Corte Constitucional, en su Sentencia No. 3321-21-EP/25, ratificó esta línea al declarar que es inconstitucional el cobro coactivo a socios o administradores sin una orden previa de levantamiento del velo societario por abuso de la personalidad jurídica, conforme al artículo 17 de la Ley de Compañías.
2.Proscripción de Medidas Inconstitucionales de Arraigo: El debido proceso en la coactiva proscribe radicalmente las medidas de arraigo o prohibición de salida del país dictadas por órganos de coactiva de naturaleza administrativa o no judiciales. A través de las Sentencias No. 459-19-EP/24 y No. 3364-21-EP/25, la Corte Constitucional dispuso expresamente que los jueces y funcionarios de coactiva no tienen facultades ni competencias legales para prohibir la salida del país de los deudores.
La coactiva, concebida como una prerrogativa estatal, deviene en un procedimiento reglado donde el control de legalidad y el
garantismo constitucional operan como barreras de contención indispensables. Las potestades públicas solo se justifican en tanto en cuanto respeten los valores fundamentales, las reglas constitucionales y la protección del ciudadano.
Régimen temporal de la obligación coactiva
El tiempo ejerce un efecto pacificador y de certeza sobre las relaciones jurídicas entre el Estado y los administrados. El ordenamiento jurídico prohíbe la vigencia indefinida de los procesos coactivos ante la inacción de las instituciones públicas, fundamentándose en los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Este texto examina de forma sistémica las instituciones de la caducidad y la prescripción, así como el rol medular de la notificación como un mecanismo idóneo para garantizar el derecho a la defensa e interrumpir el decurso del tiempo.
Distinción sustancial: Caducidad vs. Prescripción José Vicente Troya precisó los linderos teóricos de estas dos instituciones limitativas del poder estatal:
- La Caducidad: Se configura cuando el Estado pierde el derecho a determinar o auditar la deuda por dejar pasar los años establecidos en la ley.
- La Prescripción: Acontece cuando el Estado pierde el derecho a cobrar en juicio coactivo por inactividad, operando como un límite al ejercicio extemporáneo de las potestades de cobro de la Administración.
La Corte Constitucional, en su Sentencia No. 1407-16-EP/21, ha determinado de forma vinculante que no se pueden mantener procedimientos de cobro coactivo indefinidamente si las propias unidades de coactiva paralizan sus actuaciones. Evitando así la perpetuidad de las obligaciones de los ciudadanos.
Notificación del auto de pago De acuerdo con el Código Orgánico Administrativo (COA), Código Civil, Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la dinámica de la prescripción coactiva se rige bajo las siguientes reglas:
1.Inicio del cómputo, conforme al artículo 247 del COA, el plazo de prescripción comienza a contabilizarse de forma automática desde el día siguiente a aquel en el cual el acto administrativo ha causado estado en la vía administrativa.
2.La ineficacia de la mera emisión, los artículos 161 del COA, 2418 del Código Civil y 64.3 del COGEP (aplicando la Resolución 13-2019 de la Corte Nacional de Justicia) fijan el estándar de que el auto de pago es un acto administrativo que solo surte efectos externos fren-
te al administrado mientras no se perfeccione su citación legal. Las sentencias de la Corte Nacional de Justicia Nos. 09501-2021-00327 y 17230-2019-02515 ratifican que la sola emisión del título de crédito o del auto de pago no interrumpe la prescripción de la acción de cobro. Para que se suspenda la prescripción de la coactiva, no basta con la emisión del auto de pago por parte del juez de coactiva.
3.Secuencia, la prescripción únicamente se interrumpe a través del conocimiento material del administrado. Para Nicolás Granja, el acto administrativo requiere notificación para surtir efectos legales. Esta diligencia debe cumplir estrictamente con las reglas del artículo 164 del COA, lo cual implica —conforme a la Sentencia No. 214-17-SEP-CC— que debe realizarse en persona, por boletas o por un medio de comunicación. La transgresión a esta secuencia acarrea la ineficacia de la notificación y no interrumpe el plazo de prescripción. La Sentencia No. 459-19-EP/24 recalca que la notificación del auto de pago es el pilar del derecho a la defensa, y su ausencia causa la nulidad absoluta.
Reanudación del plazo por inacción estatal
El artículo 247 del COA determina que, si las actuaciones de la coactiva se paralizan por más de un mes por una causa que no sea imputable al infractor o coactivado, el cómputo del plazo de prescripción se reanudará por el tiempo restante. Esta paralización habilita formalmente la oportunidad de interponer la acción de prescripción, la cual puede hacerse valer por dos vías procesales diferenciadas: como una excepción dentro del propio procedimiento coactivo, o como una acción independiente ante la justicia administrativa. Una vez declarada la prescripción, la Sentencia No. 180-22-EP/24 de la Corte Constitucional ordena que el ejercicio de la potestad coactiva acarreará la baja definitiva del título de crédito.
El régimen temporal de la coactiva penaliza la desidia del Estado y salvaguarda la estabilidad jurídica del ciudadano. Sin una notificación que cumpla estrictamente con las formalidades y secuencias de la ley, el poder ejecutor se diluye ante el transcurso inexorable del tiempo.
Control jurisdiccional de la coactiva: la demanda de excepciones, vías procesales y litigación en puro derecho
Cuando la Administración Pública ejerce su potestad coactiva quebrantando el ordenamiento jurídico, el administrado dispone de mecanismos de control jurisdiccional para el restablecimiento
de sus derechos. Este texto detalla el diseño procesal para impugnar la coactiva a través de la acción de excepciones, las reglas específicas aplicables a multas contractuales en contratación pública, y la sustanciación de la controversia mediante las audiencias del procedimiento ordinario y el trámite especializado de puro derecho.
Dinámica del control jurisdiccional y requisitos de la demanda
De acuerdo con el artículo 217.10 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), corresponde a la justicia administrativa conocer los juicios de excepciones a la coactiva en materia no tributaria, impugnaciones al auto de calificación de posturas, remates y tercerías, lo que se extiende a los autos de adjudicación.
La formulación de la demanda debe observar con rigurosidad técnica las siguientes directrices y requisitos formales:
La demanda cumplirá los requisitos de los artículos 142 y 308 del COGEP. Debe presentarse, de acuerdo a los artículos 158 y 329 del COA, en el término de 20 días a partir del día hábil siguiente a la notificación del auto de pago. Si se tratare de la impugnación subjetiva a actos coactivos previos donde la entidad aún no emite auto de pago (como la nulidad de Título de Crédito, avalúo, remate o adjudicación), se tendrá 90 días término, según el artículo 326.1 del COGEP.
El expediente como carga estatal, conforme a la Resolución 09-2025 de la Corte Nacional de Justicia (ponencia del Dr. Secaira Durango), el expediente administrativo constituye la prueba preconstituida del proceso. Por tanto, adjuntar todo el expediente de coactiva no es un requisito para el actor; basta el acto impugnado y su razón de notificación o, si no fue notificado, explicar la forma en que conoció del acto. Es obligación de la entidad estatal remitirlo íntegramente para verificar la legalidad y la motivación del acto impugnado.
Incompatibilidad de excepciones, es incompatible oponer de forma simultánea la inexistencia de la obligación junto con la extinción de la obligación por solución o pago, dado que no se puede extinguir mediante pago un crédito que se aduce jamás existió. La pretensión debe redactarse con claridad, solicitando expresamente: a) la aceptación de la excepción; b) la declaración de extinción de la obligación pecuniaria; c) la declaratoria de nulidad del auto de pago y del procedimiento coactivo; y d) el levantamiento inmediato de las medidas cautelares. Suspensión del acto coactivo, según el artículo 321 del COGEP, para suspender la ejecución y el embargo durante el juicio, la demanda debe incorporar el comprobante de consignación del diez por ciento (10%) de la acreencia, intereses y costas. De acuerdo al Art. 281 del COA y la Sentencia 40-21-IN/25, se puede solicitar también el levantamiento de las medidas cautelares presentando una garantía que cubra el 100% de la acreencia. Si el ciudadano no impulsa el proceso durante el plazo de seis meses, se podría declarar el abandono (Art. 245 del COGEP).
El procedimiento coactivo por multas contractuales
Cuando la unidad coactiva busca cobrar multas contractuales, la ley le impone límites para asegurar la seguridad jurídica, obligando a una Prelación Obligatoria:
1.Compensación Directa: Descontar la multa directamente de las planillas de avance de obra o servicios pendientes, o en la liquidación del contrato.
2.Ejecución de Garantías Contractuales: Si la compensación resultare insuficiente, la Administración podría ejecutar las garantías contractuales.
3.Emisión del Título de Crédito: Si persiste la acreencia tras aplicar los pasos previos, la Administración podría emitir el título de crédito para iniciar la coactiva.
Asimismo, la Resolución 082024 (CNJ) señala que la Adminis-
tración no podría imponer multas al momento de liquidar el contrato, tampoco con posterioridad a la declaratoria de terminación unilateral; estas solo pueden imponerse durante la ejecución contractual por su naturaleza correctiva.
Trámite procesal: Procedimiento ordinario frente al procedimiento de puro derecho
El COGEP adoptó el término acciones para lo que antes se conocía como recursos, como lo mencionaba Marco Morales Tobar, haciendo referencia al “iter” del acto administrativo. Las acciones contencioso-administrativas se rigen, en general, por el procedimiento ordinario, el cual se sustancia a través de dos audiencias consecutivas y preclusivas:
La Audiencia Preliminar: Comprende las fases de (1) Instalación y Legitimación; (2) Saneamiento (resolución de excepciones previas y validez procesal); (3) Fundamentación de demanda y contestación (teoría del caso); (4) Fijación del objeto de la controversia; (5) Mediación o Conciliación; (6) Anuncio y Admisión de pruebas; y (7) Convocatoria a audiencia de juicio.
La Audiencia de Juicio: Comprende (1) Instalación y lectura del acta preliminar; (2) Alegatos iniciales (como una “oferta probatoria” de hechos a demostrar); (3) Práctica de pruebas (evacuación documental, pericial y contrainterrogatorio bajo contradicción); (4) Alegatos finales (entendido como una “rendición de cuentas” de lo probado, conforme sostiene Alfredo Cuadros); y (5) Sentencia (decisión oral e informe escrito en 10 días).
No obstante, las Resoluciones Nos. 12-2017, 16-2024 y la sentencia No. 17811-2017-00490 de la CNJ señalan que cuando la controversia versa sobre la aplicación o interpretación de una norma jurídica o la existencia de una posible caducidad que obra del expediente administrativo, se privilegia la celeridad, economía procesal y tutela judicial, tramitando el caso como
de Puro Derecho. En este procedimiento abreviado se prescinde de la fase probatoria y la audiencia se concentra de forma simplificada en dos etapas: alegatos finales y sentencia. De acuerdo a la Sentencia No. 17811-2013-0648 (ponencia del Dr. Milton Velásquez Díaz), lo que vincula al órgano jurisdiccional son las pretensiones, no las alegaciones o los motivos. Esto obliga a que la demanda sea formulada con pericia por el abogado, sin esperar de forma pasiva que la justicia administrativa aplique de oficio el principio iura novit curia. El control jurisdiccional de legalidad abarca los antecedentes de la controversia y faculta plenamente al Tribunal a declarar la nulidad de las actuaciones impugnadas si se justifican afectaciones a la juridicidad.
Bibliografía:
Andrade Ubidia, S. (2002). El levantamiento del velo en la doctrina y la jurisprudencia ecuatoriana. Universidad Andina Simón Bolívar / CEN. Ayala Mora, E. (2013). Ecuador, Patria de todos: identidad nacional, interculturalidad e integración (4.ª ed.). Universidad Andina Simón Bolívar / CEN.
Cuadros Añazco, A. (2022). Reflexiones prácticas sobre litigación oral y escrita. Corporación de Estudios y Publicaciones.
Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. Resolución No. 13-2019.
Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. Resolución No. 16-2024.
Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. Resolución No. 09-2025 (Ponencia: Dr. Secaira Durango).
Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. Resolución No. 11-2025 (Ponencia: Dr. Milton Velásquez Díaz).
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 459-19-EP/24.
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 3321-21-EP/25.
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 3364-21-EP/25.
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 214-17-SEP-CC. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1407-16-EP/21. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 180-22-EP/24. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 459-19-EP/24. Granja Galindo, Nicolás (1992). Fundamentos de derecho administrativo. Universidad Central del Ecuador.
Secaira Durango, P. (2012). Curso Breve de derecho administrativo (4.ª ed.). Corporación de Estudios y Publicaciones.
Troya Jaramillo, J. V., & Simone Lasso, C. A. (2014). Manual de derecho tributario (4.ª ed.). Corporación de Estudios y Publicaciones. Trujillo, Julio César (2006). Teoría del Estado. Corporación Editora Nacional.
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Velásquez Díaz, Milton (Juez Ponente). Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia No. 17811-2013-0648.
De conformidad con las normas de la LEY DE COMPAÑIAS Y DEL ESTATUTO SOCIAL, se convoca a los señores accionistas de la compañía de transporte pesado “TRANS AMARENTYEXPRESS S.A” a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, la misma que tendrá lugar en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela San Carlos, calle H y Av. De los Colonos, el viernes 31 de julio del 2026 a las 15H00, pm para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constatación del Quórum.
2.- Informe de la señorita Presidente.
3.- Elección de Gerente General de la Compañía
4.- Elección de Presidente de la Compañía.
5.- Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta.
NOTA: Se convoca de manera especial al señor Walter Richard Reyes Comisario Principal de la compañía.
Atentamente;
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DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL
Santo Domingo, 20 de julio del 2026
De acuerdo con la ley y Estatuto Social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A., a realizarse el día domingo 26 de julio del 2026 a las 09:h30 am, en la sede de la compañía, ubicada en la vía Quevedo km 5 1/2, frente a Mavesa para tratar el siguiente orden del Día:
1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la junta.
3. Himno Nacional
4. Reforma Integral De Estatutos, Ampliación Del Objeto Social y Reestructuración Del Régimen Administrativo
5. Clausura.
Se convoca de manera especial a la Ing. Cecilia Cuenca Comisaria de la Compañía, y al Sr. Cedeño Hitler Comisario Suplente de la Compañía
Nota: Se ruega a los Accionistas seriedad y puntualidad en esta Junta General.
Atentamente, Sr. Luis Ruiz PRESIDENTE
Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado cómo unos pequeños helechos de Oceanía llegaron a acumular hasta cincuenta veces más ADN que los seres humanos. EUROPA PRESS
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