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MARTES 18 DE AGOSTO DE 2026

Santo Domingo POLÍTICA

Luisa González incomoda al movimiento indígena

JUSTICIA

Imágenes que guardan la memoria de Santo Domingo

Instrucción de Progen a punto de cerrarse

JUSTICIA

Jueces anticorrupción enfrentan amenazas

GLOBAL

UE coordina ayuda para enviar a Colombia

La exposición Rastros y Rostros reúne 44 fotografías que documentan la transformación de Santo Domingo de los Tsáchilas y su gente. El fotoperiodista Fabricio Barros Bravo busca preservar, a través de sus imágenes, la memoria histórica y cultural de la provincia. La muestra estará abierta al público durante agosto en Bombolí Shopping. 03 ECONOMÍA

GLOBAL

Guterres llama a EE.UU. e Irán a retomar diálogos

REVISTA JUDICIAL

Solo 13% tienen seguros de vivienda 07

Mínima intervención penal en delitos menores

Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.

Mildred Molineros G. mmolinerosg@masmediacion.law

El conflicto no es el enemigo

urante años hemos asociado la palabra conflicto con un problema que debe evitarse. Cuando aparece en una familia, una escuela o una organización, solemos interpretarlo como una señal de que algo dejó de funcionar. Esa forma de entenderlo ha hecho que, con frecuencia, el objetivo sea eliminar el conflicto en lugar de comprenderlo. Tal vez el conflicto nunca fue el verdadero enemigo. El desafío es no contar con las herramientas para gestionarlo adecuadamente. Las diferencias son inevitables. Las personas tienen intereses, experiencias, necesidades y formas de pensar distintas. Pretender que esas diferencias desaparezcan no solo es poco realista; también empobrecería cualquier comunidad. Buena parte de las innovaciones, los cambios y las decisiones más valiosas nacen precisamente del contraste de ideas. Lo determinante no es que existan diferencias, sino la forma en que se gestionan. Un desacuerdo puede convertirse en una oportunidad para revisar una decisión, mejorar un proceso o comprender una perspectiva distinta. También puede deteriorar una relación cuando se enfrenta desde la descalificación, la imposición o la indiferencia. No todas las diferencias terminan en conflicto, y no todo conflicto produce un resultado negativo. Cambiar la forma de entender el conflicto implica dejar de medir el éxito por su ausencia y empezar a valorarlo por la capacidad de gestionarlo de manera respetuosa, responsable y oportuna. Ese cambio exige desarrollar habilidades, revisar prácticas y generar espacios donde las diferencias puedan abordarse antes de que escalen. Los conflictos seguirán existiendo porque forman parte de la convivencia. La diferencia estará en la capacidad que desarrollemos para gestionarlos. Las comunidades más sólidas no son aquellas donde nunca existen conflictos. Son aquellas que han aprendido a gestionarlos sin que destruyan la confianza ni la posibilidad de seguir construyendo juntos.

Rosa Intriago lizintriagocastro@hotmail.com

El miedo también contagia

a gripe parece poca cosa hasta que entra en un salón de clases. Empieza con un estudiante ausente, luego son tres, después cinco. Llegan la fiebre, la tos, los permisos laborales de los padres y los docentes que también terminamos enfermos.

Directora Nacional: Gabriela Vivanco Salvador Editor General: Jean Cano Editor Regional: Lorena Melo Mieles Redacción: santodomingo@lahora.com.ec Publicidad: mgranda@lahora.com.ec Año: XXVII No. 11.694

Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.

OPINIÓN 02

SANTO DOMINGO MARTES 18/AGOSTO/2026

editorial

Ángela María Cevallos Ortiz

Jueces anticorrupción V vulnerables

angelacevallos20@hotmail.com

Lo que nadie te va a decir, candidato

cuador invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para montar la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Los jueces anticorrupción fueron seleccionados mediante un riguroso proceso para enfrentar al crimen organizado. La unidad empezó a operar en diciembre de 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso y con el apoyo de la Embajada de EE.UU. Los nombramientos de estos 23 jueces debían dar a la Función Judicial un respiro, pues serían profesionales independientes frente al crimen y distintos intereses empresariales y políticos. Era previsible que su trabajo generara oposición. Sobre estos jueces recaen 44 tipos penales complejos, entre ellos peculado, lavado de activos, sicariato, terrorismo y tráfico de drogas y armas. Casi cuatro años después, la unidad enfrenta una doble crisis: algu-

Quienes trabajamos rodeados de niños y jóvenes sabemos lo rápido que una enfermedad puede recorrer un aula. Por eso me preocupa cuando una campaña de vacunación llega a una institución educativa y algunos padres niegan la autorización casi automáticamente. Preguntar qué vacuna se aplicará, conocer sus posibles efectos adversos o consultar si existe alguna contraindicación es responsabilidad. Otra cosa es decidir desde el miedo provoca-

nos jueces fueron destituidos por actuaciones que pusieron en duda su imparcialidad, mientras otros denuncian amenazas del crimen organizado, presiones de funcionarios públicos, sanciones administrativas y falta de protección tras adoptar decisiones contra actores poderosos. Cuando la corrupción, la intimidación o la presión política alcanzan a una unidad creada precisamente para resistirlas, se erosiona la credibilidad de toda la Función Judicial. Ecuador necesita rescatar la independencia judicial. Eso exige jueces capaces de resistir al crimen, al poder político y a cualquier interés particular –sin temer por su vida, por su familia o por su cargo–, pero también un sistema capaz de sancionar a quienes se corrompen. Sin independencia judicial, se debilitan los derechos, la seguridad jurídica y la confianza que Ecuador necesita para atraer inversión para crecer y prosperar.

do por un video, una cadena de WhatsApp o la experiencia que alguien contó en redes sociales. Tenemos derecho a cuestionar. El Estado también tiene la obligación de explicar claramente qué administra, por qué lo hace y cuáles son los riesgos y beneficios. La confianza no puede exigirse; tiene que construirse. Pero nosotros, como padres y ciudadanos, también debemos preguntarnos de dónde obtenemos la información con la que tomamos decisiones

sobre nuestros hijos. Hay algo todavía más incómodo. Un niño enfermo no permanece aislado de la sociedad. Comparte pupitre, transporte, recreo y espacios con compañeros. Regresa a una casa donde quizá viven abuelos, hermanos pequeños u otras personas vulnerables. Lo que comienza como una decisión individual puede terminar afectando a muchos. Las campañas escolares existen precisamente porque la

amos a vivir la campaña más corta de la historia reciente: 14 días. Y en lugar de aprovechar ese tiempo para decirle a la ciudadanía qué van a hacer, cómo lo van a hacer y con qué recursos, la mayoría de los equipos de campaña está gastando energía en producir contenido para redes que nadie recuerda al día siguiente. Porque al final del día no llega un video: llegan miles. Y esos miles terminan en scroll. Y el scroll no fideliza. No convence. No construye confianza. Giovanni Sartori lo advirtió hace décadas en Homo Videns: cuando la imagen reemplaza al concepto, la política se vacía de contenido y la democracia se debilita. Estamos exactamente ahí. El ciudadano merece saber qué va a pasar con el agua, con la seguridad, con las vías, con el desarrollo productivo de su territorio. No merece otro reel bonito con música de fondo. Estas no son elecciones menores. Son las más importantes del ciclo político ecuatoriano. Porque el territorio es gobierno. El alcalde recoge la basura, da agua potable, gestiona el mercado, ilumina la calle. El prefecto hace las vías, articula el desarrollo provincial, riego productivo, turismo, conecta lo rural con lo urbano. Por eso la pregunta que todo elector debería hacerle a su candidato no es de qué partido es. Es esta: muéstreme su plan de gobierno. Dígame tres cosas concretas que va a hacer en los primeros 100 días. Explíqueme con qué presupuesto y con qué equipo. El voto informado no empieza en la urna. Empieza con estas preguntas que pueden resultar incómodas. Ahí les va un ejemplo que trasciende. Nayib Bukele ganó la presidencia de El Salvador con un eje de campaña tan claro que hoy el mundo entero lo identifica con una sola palabra: seguridad. Nadie puede negar que su propuesta fue concreta, verificable y ejecutable. La ciudadanía supo exactamente qué estaba votando. Eso es comunicación política con propuesta. El resto son fuegos artificiales: una pólvora que dura segundos, ilumina y se apaga.

escuela reúne a una población que puede beneficiarse de acciones preventivas. Si tenemos dudas, preguntemos. Si existen condiciones particulares, consultemos. Pero no convirtamos la desinformación en una forma de protección. Hasta que entendamos que protegerlos no consiste únicamente en alejarlos de aquello que tememos, sino en informarnos responsablemente antes de decidir por ellos, que Dios nos ampare.

03 CIUDAD

SANTO DOMINGO MARTES 18/AGOSTO/2026

Rastros y Rostros preserva en fotografías la memoria de Santo Domingo La exposición reúne 44 imágenes de un archivo fotográfico de más de 300 registros captados desde 2001 por el fotoperiodista Fabricio Barros Bravo. Con el propósito de preservar la memoria visual de Santo Domingo de los Tsáchilas y reducir la brecha entre el acelerado avance tecnológico y la conservación de los archivos fotográficos históricos, nace la exposición fotográfica ‘Rastros y Rostros’, que permanecerá abierta al público durante agosto en las instalaciones de Bombolí Shopping, convirtiéndose en un espacio de encuentro con la historia y la identidad local. El proyecto cultural y documental es de autoría del fotoperiodista Fabricio Barros Bravo, quien busca preservar y difundir la memoria histórica de la provincia a través de imágenes que forman parte de su archivo fotográfico. Barros explicó que la muestra está conformada por 44 fotografías seleccionadas de un archivo de más de 300 imágenes digitales y analógicas, captadas desde 2001. Las fotografías retratan acontecimientos históricos, tradiciones, personajes

y escenas de la nacionalidad Tsáchila, así como la transformación urbana, social y cultural de Santo Domingo y de su gente, a lo largo de más de dos décadas de trabajo fotográfico. “La idea es compartir este patrimonio visual con estudiantes, familias y ciudadanía en general, fortaleciendo el sentido de pertenencia y promoviendo el conocimiento de la historia”, señaló. Además, manifestó que la iniciativa surgió ante la necesidad de crear un registro visual de las dos últimas décadas, debido a que no existe un archivo formal que reúna parte de la cultura y tradición de la nacionalidad Tsáchila, así como imágenes de lugares representativos de la ciudad, el cantón y la provincia.

Patrimonio

La muestra propone valorar la fotografía como un documento fundamental para la construcción de la identidad colectiva y la creación de un patrimonio visual e histó-

La obra busca contar historias a través de imágenes que transmitan emociones, rescaten recuerdos y contribuyan al fortalecimiento del patrimonio visual de las nuevas generaciones”. Fabricio Barros Bravo, Fotoperiodista.

OBRA. La muestra permanecerá abierta durante agosto en el corredor administrativo de Bombolí Shopping.

rico para Santo Domingo de los Tsáchilas. Como proyección futura, Barros informó que busca presentar un proyecto ante el Ministerio de Cultura y Patrimonio para impulsar el reconocimiento y la preservación de este archivo fotográfico como parte del patrimonio visual e histórico de la provincia, garantizando su conservación y acceso para las futuras generaciones.

Trayectoria

Fabricio Barros es fotógrafo y fotoperiodista quiteño, con más de 30 años de trayectoria dedicados a la

creación de imágenes que documentan la historia, la cultura y la vida cotidiana de la nacionalidad Tsáchila y de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Su formación profesional se inició en el Club Photo de la Alianza Francesa de Quito, donde cursó estudios de fotografía básica, laboratorio fotográfico en blanco y negro, laboratorio fotográfico en color y fotografía analógica. Posteriormente, fortaleció su preparación mediante diversos talleres especializados en fotoperiodismo y narrativa visual. Estos procesos de formación le permitieron perfec-

cionar su visión periodística y desarrollar un estilo propio basado en la captura de momentos auténticos, de gran valor humano y documental. A lo largo de su carrera ha colaborado con medios de comunicación nacionales y locales, instituciones públicas y proyectos independientes, consolidándose como uno de los referentes de la fotografía documental y social. Como fundador de Fabricio Barros Estudio Fotográfico, ofrece servicios de fotografía social, retratos, cobertura de eventos, fotografía publicitaria, editorial y restauración fotográfica, combinando experiencia técnica, sensibilidad artística y un compromiso con la identidad local. (LMM)

Nuevos aspirantes se forman como voluntarios de la Cruz Roja Cerca de 40 personas iniciaron su formación como aspirantes a voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Durante el primer día de clases, los aspirantes recibieron una introducción sobre la labor que realiza la Cruz Roja y conocieron parte de los principios que orientan el trabajo de quienes forman parte de la institución. El proceso busca que los participantes conozcan las distintas áreas en las que podrán colaborar una vez concluida su formación. Cristian Zambrano, presi-

dente de la Junta Provincial, invitó a los nuevos aspirantes a mantenerse vinculados al movimiento. Señaló que este proceso puede abrirles la posibilidad de participar en actividades fuera de la provincia e incluso representar a Santo Domingo en otras ciudades o países, como ya ha ocurrido con voluntarios de la junta provincial. La Escuela del Voluntariado tendrá una duración de tres meses, con jornadas de capacitación que se desarrollarán cada sábado.

Conocimientos

Por su parte, Fernando En-

EL DATO La nueva promoción se suma a los cerca de 150 voluntarios que participan en las actividades de la institución. ríquez, gerente provincial del Voluntariado, explicó que los aspirantes aprenderán temas relacionados con los cuatro programas operativos de la institución: principios y valores, juventud, salud comunitaria y gestión de riesgos.

APOYO. Los aspirantes iniciaron su proceso de formación como voluntarios.

Sostuvo que las jornadas de capacitación serán teóricas y prácticas, lo que permitirá a los participantes acercarse a las diferentes áreas de trabajo de la institución y conocer las responsabilidades que implica formar parte del voluntariado.

Enríquez también manifestó que la presencia de los voluntarios es fundamental para el trabajo del movimiento, ya que son quienes acompañan y apoyan muchas de las acciones que la institución desarrolla durante el año. (LMM)

POLÍTICA 04

I SANTO DOMINGO | MARTES 18/AGOSTO/2026

El correísmo vuelve a dividir a las bases de la Conaie La adhesión de la Revolución Ciudadana a Pachakutik con la inscripción de la candidatura de Luisa González vuelve a reflejar el malestar en las bases de la Conaie. Algunas figuras del movimiento indígena ven necesario que haya cambios en las dirigencias. La inscripción de Luisa González, miembro de la Revolución Ciudadana (RC), como candidata para la prefectura de Manabí con Pachakutik (PK), brazo político de la Conaie, genera rechazo dentro del movimiento indígena. Incluso la dirigencia nacional de la Conaie desconocía la unión con el correísmo. Algunas figuras del movimiento indígena sugieren cambios tanto en PK como en la Conaie. Se plantea la salida de Guillermo Churuchumbi de la coordinación nacional de PK. Decisiones de PK podrían evaluarse Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, indica a este Diario la situación: “En el último Consejo Político de PK fuimos partícipes y en ningún momento se habló de esta alianza con el movimiento RC, y realmente sí nos preocupa que se haya tomado esta decisión en una provincia con actores políticos que han destruido al movimiento indígena”. Recuerda que el movimiento político de Rafael Correa “destruyó instituciones indígenas, hubo persecución, han existido calificativos que han señalado que el movimiento indígena era de lo peor”. LA HORA buscó a Marlon Vargas, presidente de la Conaie, para consultar su postura sobre la unión entre

PK y la RC, pero no hubo respuesta. En un video de Ecu Album News dijo que “todo eso se analizará en una asamblea que convocarán las autoridades de PK”. Castañeda y Vargas se encuentran en la Amazonía cumpliendo agendas territoriales. Participan en el XII Foro Social Panamazónico (Fospa) 2026, que convoca a delegaciones de varios países y se desarrollará hasta el 20 de agosto de 2026. “Estamos escuchando a las comunidades sobre cómo han impactado las actividades mineras y petroleras para, a partir de los problemas, plantear las alternativas”, expone. “Por estas agendas ha sido complejo mantener una reunión. No obstante, quedará para realizar la evaluación respectiva en el momento oportuno. Pero sí nos preocupa, desde la coordinación nacional de PK se debió dar estas orientaciones. No conocemos a profundidad, pero en su debido momento se realizará el pronunciamiento respectivo”, anticipó Castañeda. La dirigente desconoce si Vargas se reunió con la ministra de Gobierno, Nataly Morillo. Para Castañeda, es fundamental que el accionar de PK y de la Conaie se encamine en sintonía con: · Los territorios de las tres regionales:Confeniae, Conaice, Ecuarunari (liderada por Leonidas Iza).

POSTULANTE. Luisa González, miembro de la Revolución Ciudadana, es la carta electoral para la prefectura de Manabí por Pachakutik. (Foto: API).

· Las diferentes dirigencias que componen la estructura de la Conaie. Cuestionamientos “¿Creen que esta persona (González), como candidata va a mantener los ideales de PK? Nos han dado duro, nos han criticado y hoy están acá, es ilógico y contradictorio, hoy están queriendo juntar el agua y el aceite”, cuestiona Piedad Wampash, de nacionalidad shuar. Wampash participó como precandidata para la prefectura de Morona Santiago en las elecciones internas de PK del 28 de junio de 2026. “He notado mucha irregularidad en este proceso”, menciona. También fue vicealcaldesa del cantón Gualaquiza por PK. Wampash lanza críticas a la coordinación nacional de PK: “Es más indignante para

(Dirigentes de PK) deben ser destituidos de manera inmediata y reestructurar porque la gente se acostumbra a estar solamente como dirigente” PIEDAD WAMPASH

EXPRECANDIDATA A LA PREFECTURA DE MORONA SANTIAGO POR PK.

nosotras, las mujeres que hemos estado en este proceso, cuando de la noche a la mañana, sale una precandidata que siempre ha estado en Alianza PAIS (RC) y se presenta por PK. ¿Para qué se hizo un proceso interno si van a llamar a alguien que pertenece a otro movimiento, bajo qué concepto? Aquí siempre hemos defendido los procesos orgánicos comunitarios, PK nació en el territorio”. Malestar en el movimiento indígena Jorge Herrera, expresidente de la Conaie y dirigente de una junta de agua de Cotopaxi, ratifica que no hubo socialización sobre González: “De ninguna manera hubo consenso, es incoherente la decisión de los dirigentes a nivel nacional porque en ningún momento estuvo previsto que Luisa González sea candidata de PK”. Recordó que ya hubo rechazo en 2025: “Cuando hicieron la firma del supuesto acuerdo en Tixán anticipé que esa decisión iba en perjuicio de todo el proceso de la lucha del movimiento indígena, en contra del proyecto político de la Conaie y que había la intención de fusionar a PK con los intereses políticos particulares de la RC”.

A Herrera no le sorprende la unión actual e insiste en que “esa concordancia no es de la Conaie ni de las bases de PK, es una decisión personalizada en traición a los principios del movimiento indígena”. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi y parte de PK, cuestionó en sus redes sociales que los movimientos políticos “vivos” se transforman en una herramienta útil en las elecciones. “Aún no me he ido a ningún lado, son ellos, los otros, los que vienen y ojalá no suceda lo que ya dije: dar pan a perro ajeno es perder el pan y perder al ashku (perro) y ojalá entiendan que el movimiento es un vehículo electoral que no se debe subir ni bajar en cualquier estación”, refirió. ¿Qué cambios hacen falta en PK y Conaie? Herrera plantea reorganizar el manejo de las organizaciones indígenas: “Es importante dar una nueva dirección a la vida de PK y de la Conaie. Vamos a convocar los expresidentes de la Conaie y de las regionales para hacer una evaluación de los últimos periodos para ver los alcances que ha logrado el movimiento indígena y definir cuál sería el nuevo rumbo de PK”. (KSQ)

05 JUSTICIA

SANTO DOMINGO | MARTES 18/AGOSTO/2026 I

CASO. Audiencia de apelación de la prisión preventiva en el caso Progen. (Foto: DLH)

Instrucción fiscal de caso Progen se cierra en dos días

Un total de 21 funcionarios fueron procesados por el presunto delito de peculado. El proceso entró en instrucción fiscal y aún se desconoce si más personas serán procesadas. A dos días de que cierre la instrucción fiscal en el caso Progen se desconoce si la Fiscalía vinculará a más personas para que el plazo se extienda por 30 días más. El fin de esa etapa vence este 20 de agosto de 2026. La audiencia de formulación de cargos concluyó el 22 de mayo en la Corte Nacional de Justicia. Son 21 procesados entre técnicos de carrera, exgerentes y hasta un exministro de Energía. 19 de los implicados recibieron la orden de prisión preventiva, pero 14 de ellos apelaron a la decisión judicial y aún no hay una resolución y dos tuvieron medidas alternativas. La Fiscalía denominó al caso como Apagón e investiga un presunto entramado de peculado en el que Estado entregó más de $104 millones en pagos a la empresa estadounidense Progen, como pago por dos contratos de emergencia para la generación eléctrica en las centrales térmicas de Quevedo y Salitral. Ecuador re-

cibió generadores eléctricos usados, obsoletos y repintados. ¿Qué ocurrió durante la instrucción fiscal? Desde que comenzó la instrucción fiscal se receptaron alrededor de 40 ampliaciones de versión y versiones nuevas dentro del caso. Estas revelaron detalles del proceso que se originó en 2024, cuando Ecuador atravesaba una de sus peores crisis energéticas y la emergencia fue declarada por el entonces ministro de Energía (e), Roberto Luque, quien es el actual ministro de Infraestructura y Transporte. El funcionario acudió a declarar en el caso Progen el 8 de julio de 2026 (fue el segundo llamado). De acuerdo con fuentes relacionadas con el caso, Luque declaró que no hay elementos que lo vinculen al caso y que no conoce a la persona que pidió la ampliación de su versión.

Otra de las versiones recibidas fue la de Celso Sánchez, uno de los técnicos de Celec. El 10 de junio de 2026 rindió su versión ampliada ante la Fiscalía General del Estado. El técnico viajó a Estados Unidos como parte del Comité Técnico de Emergencia para revisar los generadores de Progen. En su versión ampliada señaló que en ese momento encontró varias fallas y que habría realizado las advertencias verbales y con informes antes de que se realizaran los pagos, pero que recibió amenazas y que sus observaciones no se tomaron en cuenta. En su relato señaló a Byron Orozco, exgerente de Termopichincha. Además, destacó que su computador fue entregado a la Fiscalía. Sin embargo, de forma extraoficial, se conoció que el computador de Sánchez estaría dañado. Los cuatro técnicos de la Comisión de Estudio de Mercado ya rindieron su ampliación de versión y recordaron las “presiones” que

habría ejercido el exgerente de Termopichincha. El 29 de julio de 2026, Romel Llumiquinga rindió su versión ampliada. El 30 de julio se convocó a Marcos Poma, el 3 de agosto de 2026, amplió su versión Marco Chicaiza -aunque esta no terminó- y para el 12 de agosto rindió su versión Javier Lasluiza. Byron Orozco también presentó su ampliación de versión el 3 de junio de 2026, esta se extendió por más de ocho horas y en ella indicó que el inicio con Progen fue en la central Catamayo, en Loja. Agregó que hubo amenazas contra los distintos técnicos que eran parte del proceso para la contratación con la empresa estadounidense. El 13 de agosto continúo con su versión, pero tampoco concluyó por temas de salud y la Fiscalía debía fijar una nueva fecha para la diligencia. El exgerente de Celec, Fabián Calero, estuvo llamado a ampliar su versión, aunque no acudió. En un comunicado, aseguró que hay un documento de septiembre de 2025 que contiene la versión completa de los hechos, este contendría 22 páginas.

Diligencias en el cronograma El 11 de agosto de 2026, Juan Pablo Pozo, abogado de Fabián Calero, afirmó que le llamó la atención que a través de los impulsos fiscales se han colocado diligencias para septiembre, entendiendo que la instrucción fiscal está por concluir. “No hay ni un pedido formal, ni oficial de Fiscalía que diga si es que va a haber vinculación (a más personas), pero ya tenemos agenda para septiembre. Entonces, si no hay ese pedido oficial, cualquier diligencia posterior a la instrucción fiscal no tendría validez jurídica”, explicó el abogado de Calero. Así también, para el 27 de septiembre de 2026, se convocó a Marco Chicaiza para que continúe con la ampliación de su versión. Otras de las diligencias que se desarrollan en este periodo es que este 18 de agosto de 2026, Christian Dahik, quien fue el subgerente de Termopichincha rendirá su versión ante la Fiscalía, aunque él no está procesado en el caso. ¿Habrá más procesados? Fernando Castro, abogado de los cuatro técnicos de la Comisión de Estudio de Mercado, cree que se debería tomar en cuenta a los administradores de contrato y jurídicos que intervinieron directamente dentro del proceso y que no están vinculados. “A través de toda la instrucción fiscal que se ha venido llevando a cabo hay evidencia suficiente de que tuvieron una participación directa dentro de estos procesos de contratación”, detalló. Leonardo Stagg, defensa del exministro Antonio Goncalves, por su parte, dijo que le sorprende que no se haya vinculado a los representantes de Progen. “Eso es una atrocidad dentro de este proceso penal y un atentado al país que sufrió esta estafa durante los apagones, y que la Justicia no esté procesando a los representantes de Progen como el señor John Manning, el señor Andrew Scott Williamson y el señor Elio Costa”. (DLH)

JUSTICIA 06

I SANTO DOMINGO | MARTES 18/AGOSTO/2026

Vivir con resguardo: el peso de ser juez anticorrupción La suspensión de tres jueces y la renuncia de uno por amenazas muestran la radiografía de lo que puede pasar con quienes imparten justicia en casos de corrupción.

PROCESO. Designación de jueces anticorrupción, proceso que estuvo a cargo del Consejo de la Judicatura. (Foto: DLH)

Tres jueces Anticorrupción, quienes integraban la sala encargada de revisar apelaciones, están suspendidos desde el 27 de julio de 2026. En diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura (CJ) nombró a los primeros jueces especializados para el juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Nueve meses antes se aprobó el instructivo para el concurso público. Como complemento se asignaron $1,6 millones desde el Ministerio de Finanzas para la creación de la unidad, con equipamiento tecnológico financiado por el Gobierno de Estados Unidos. 40 servidores judiciales fueron destinados para que se tramiten las causas que lleguen a esas dependencias. Los 14 jueces iniciales fueron distribuidos en las dependencias judiciales que juzgan 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado, algunos de los cuales son peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas. Sin embargo, tres de ellos fueron suspendidos de forma provisional por la Judicatura actual.

Jueces suspendidos por la Judicatura Los jueces son Silvana Velasco, quien obtuvo el mejor puntaje dentro del concurso público con 91,88, Byron Uzcátegui que alcanzó 88,83 y Wiler Chóez, 85,25. Su inhabilitación está relacionada con el caso Goleada, en el que la Fiscalía investiga un presunto entramado empresarial y financiero que habría sido diseñado para realizar operaciones vinculadas con la comercialización de combustibles y, al mismo tiempo, evadir los controles y alertas del Sistema Financiero Nacional. Los jueces revocaron la orden de prisión preventiva de los hermanos Alvarez, quienes son procesados por esa causa y cuya figura más representativa es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. El día del pronunciamiento, el CJ indicó que las autoridades suspendieron, por un periodo máximo de tres meses y sin remuneración. Adujo que los juzgadores, presuntamente, se extralimitaron en sus funciones al analizar aspectos de fondo de una causa penal cuando

únicamente debían pronunciarse sobre los requisitos de la prisión preventiva, es decir, incurrieron en posible error inexcusable. La suspensión es preventiva, mientras se tramita el sumario administrativo correspondiente y no constituye una sanción definitiva ni determina responsabilidades. Cuestionamientos e impacto La decisión causó cuestionamientos y el Consejo de la Judicatura defendió su decisión. En un comunicado del 5 de agosto de 2026 sostuvo que la suspensión preventiva de tres jueces de la Sala Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado responde a la declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional, que el 12 de julio de 2026 determinó que los servidores incurrieron en error inexcusable, falta gravísima tipificada en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial. “Se descarta categóricamente que en este caso existan motivaciones ajenas a las

competencias y facultades normativas de esta institución. Los servidores judiciales involucrados en procesos disciplinarios cuentan con las garantías para ejercer su derecho a la defensa en el marco del debido proceso”, mencionó. Agregó que se ha implementado un plan de contingencia inmediato que asegura que todas las causas que se encontraban a cargo de los jueces suspendidos continúen con un despacho oportuno, evitando cualquier afectación al servicio de justicia y dando una respuesta efectiva a la ciudadanía. Para atender estos casos, que deben ser resueltos por un tribunal, se han sorteado a jueces de la sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La operatividad de la sala se habría reducido al 50% tomando en cuenta que había 6 jueces. Hasta julio, la sala tenía 143 causas pendientes, 35 de ellas a cargo de Velasco, 28 de Uzcátegui, 14 de Chóez, y las restantes de los otros 3 jueces de la sala: Esteban Coronel, 30 causas, Lauro Sánchez, 19 y Mabel Tapia, 17. (JGP)

Carrera judicial de más de 15 años Pablo Encalada, °abogado de Uzcátegui en una investigación que lleva Fiscalía por una denuncia de prevaricato en su contra, aspira que la situación no se complique. Para él, hay una afrenta a la independencia del Poder Judicial. Contó que el juez está afectado pues ha hecho una carrera intachable en la Función Judicial de más de 15 años e inició como amanuense en la Fiscalía y fue ascendiendo. A mediados de enero de 2024, se nombraron siete jueces permanentes con lo que pasaron a 23 los administradores de justicia especializados que conocen ese tipo de causas. A inicios del 2025, la Fiscalía ejecutó allanamientos en contra de dos jueces luego de determinar que existían indicios suficientes que sugerían un posible plan premeditado para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas vinculadas al grupo delincuencial Comandos de la Frontera. Con esos antecedentes fueron destituidos por infracción disciplinaria. Carlos Serrano, quien era juez del tribunal de garantías penales, renunció en un contexto de amenazas que habría recibido mientras ejercía sus funciones jurisdiccionales. Su dimisión fue aceptada en marzo pasado. La fundación Ciudadanía y Desarrollo, entidad que hizo un seguimiento al concurso de los jueces, a través de su director Mauricio Alarcón, mencionó que desde que se anunció la creación de esas judicaturas especiales, manifestaron que no se trataba únicamente de poner a jueces para una temática en específico, sino de crear las condiciones que permitan que estas personas hagan su trabajo.

07 ECONOMÍA SANTO DOMINGO | MARTES 18/AGOSTO/2026 I

Solo 13% de ecuatorianos tiene seguro para su vivienda Los terremotos de Venezuela y Colombia vuelven a poner el riesgo sísmico sobre la mesa. En Ecuador, 13% de los encuestados tiene seguro de hogar. Una casa suele ser la mayor inversión de una familia. Se compra con años de trabajo, crédito y ahorros Sin embargo, cuando se trata de protegerla frente a un terremoto, un incendio, un robo o una inundación, la realidad cambia: la mayoría de los ecuatorianos no tiene un seguro para su vivienda. El dato más reciente y especíﬁco disponible es revelador. Un estudio de Chubb, elaborado con una encuesta en nueve países de América latina, incluido Ecuador, encontró que solo 13% de los ecuatorianos consultados declaró tener contratado un seguro de hogar. Al mismo tiempo, 72% considera que contar con esta protección es clave frente a los riesgos que enfrenta una vivienda. La diferencia entre ambas cifras deja una pregunta incómoda: si los ecuatorianos saben que su casa está expuesta, ¿por qué tan pocos pagan para protegerla? La pregunta cobra mayor relevancia después de eventos como los terremotos registrados este año en la región. En Venezuela, los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron miles de afectados y miles de personas sin vivienda. En Colombia, otro terremoto volvió a poner sobre la mesa cuánto puede costar para una familia reconstruir su patrimonio tras un desastre. No signiﬁca que un seguro evite que una casa se dañe. Lo que hace es evitar que el propietario tenga que asumir solo el costo financiero del desastre.

Estructura, una prioridad

Cuando los ecuatorianos

piensan en proteger su hogar, lo primero que está en juego es la vivienda misma. El estudio de Chubb muestra que 56% de los encuestados identiﬁca la estructura y construcción de su casa como su principal preocupación. Después aparecen los electrodomésticos, con 46%; los equipos electrónicos, con 43%; y el dinero en efectivo, con 39%. La prioridad se vuelve todavía más clara cuando la pregunta cambia de la preocupación a la decisión de contratar un seguro: 75% señala que la cobertura de la estructura y construcción de la vivienda es lo primero que buscaría proteger. En otras palabras, para los ecuatorianos la casa no es solo el lugar donde viven, sino uno de los bienes que más les preocupa preservar frente a posibles daños. Esa preocupación cobra relevancia en un país expuesto a distintos riesgos. Sismos, sequías, incendios y cortes de electricidad forman parte del escenario que enfrentan los hogares, mientras que los daños a la estructura pueden convertirse en un golpe económico difícil de asumir para una familia. Edwin Astudillo, Country President de Chubb Ecuador, explica que esa percepción de riesgo también alcanza a los bienes que están dentro de la vivienda. “Ecuador es un país que enfrenta riesgos sísmicos, sequías, incendios y cortes de luz en los últimos tiempos”. Según Astudillo, la estructura de las viviendas concentra una preocupación alta, seguida por los electrodomésticos, que pueden verse

afectados por las interrupciones del servicio eléctrico. En ese contexto, sostiene que un seguro de hogar puede ayudar a proteger la estabilidad ﬁnanciera de las familias y su patrimonio. La preocupación, además, no desaparece cuando los propietarios salen de casa. Al contrario, dejar la vivienda sola también genera inquietud y pone sobre la mesa otra pregunta: ¿cómo protegen los ecuatorianos su hogar cuando no están allí?

¿Dejar la casa sola?

El 76% de los encuestados dijo estar muy o bastante preocupado cuando deja su vivienda sola por vacaciones o viajes de trabajo. Pero ¿qué hacen para protegerla? El 66% encarga su vivienda a terceras personas y 42% recurre a cámaras de seguridad. El seguro tiene una presencia mucho menor: en el caso especíﬁco de Ecuador, Chubb reporta que 9% opta por contratarlo para proteger su vivienda mientras está de viaje. El contraste es evidente: la mayoría toma alguna precaución, pero muy pocos transﬁeren el riesgo financiero a una aseguradora.

Dudas sobre el seguro

Los datos disponibles no permiten atribuir la baja penetración a una sola causa.

Pero sí dejan ver varias razones posibles. Una es la falta de una cultura de prevención. La propia industria reconoce que en Ecuador el aseguramiento del hogar sigue siendo bajo. También hay un problema de percepción: mientras el terremoto, el incendio o una inundación parecen lejanos, la prima mensual es un gasto inmediato. Ahí aparece un comportamiento bastante humano: pagar hoy por algo que quizá nunca se utilice puede resultar menos atractivo que pagar por algo que se disfruta inmediatamente. “El seguro funciona precisamente al revés. La lógica económica es transferir a una compañía aseguradora una parte de un riesgo que podría ser demasiado grande para el presupuesto familiar. Un seguro de hogar es una inversión en tranquilidad y bienestar para el presente y el futuro”, acotó Andrés Rodríguez Verdesoto, economista.

¿Cuánto cuesta ?

Aquí no existe una tarifa única. El precio depende, entre otros factores, del valor de la vivienda, ubicación, antigüedad, características constructivas, riesgos cubiertos, bienes asegurados y deducibles. Pero hay productos en el

mercado que permiten dimensionar el costo. En años recientes se han ofrecido seguros de hogar desde aproximadamente $10,61 mensuales para determinadas coberturas de contenido y desde $18,45 para planes que combinan estructura y contenido. También existen productos que calculan la prima en función del valor asegurado. Chubb señala que es posible proteger el patrimonio por menos de 1% del valor del inmueble, dependiendo del producto y sus condiciones. La comparación que debería hacerse, entonces, no es simplemente “¿cuánto cuesta el seguro?”, sino: Supongamos una vivienda que representa un patrimonio de $100.000. Para el propietario, perderla por completo signiﬁcaría encontrar una cantidad que probablemente no tiene disponible. Una póliza, en cambio, permite pagar una cantidad mucho menor para trasladar parte de ese riesgo a una aseguradora. Económicamente, el seguro no debe analizarse como una herramienta de protección patrimonial. Si nunca ocurre un siniestro, el propietario puede sentir que “perdió” el dinero de las primas. Pero si ocurre un evento severo, la relación cambia radicalmente. (JS)

QUITO

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RESOLUCIÓN Nro. SEPS-INSEPS-IGS-DNGRT-2026-0264 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA INTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA CONSIDERANDO: Que,

el artículo 309 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. (…)”;

Que,

el artículo 311 de la Carta Fundamental dispone: “El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.”;

Que,

el numeral 7 del artículo 62, en concordancia con el inciso final del artículo 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina como función de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: “Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su control y, en general, vigilar que cumplan las normas que rigen su funcionamiento, las actividades financieras que presten (…)”;

Que,

el numeral 4 del artículo 163 del Código Orgánico ut supra señala: “El sector financiero popular y solidario está compuesto por entidades: 4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia.”;

Que, los numerales 1 y 8 del artículo 433 del Código ibídem, determinan que son servicios auxiliares de las actividades financieras los de software bancario y de computación; Que,

el artículo 434 del mismo Código prescribe: “Naturaleza. - Los servicios auxiliares serán prestados por personas jurídicas no financieras constituidas como sociedades anónimas o compañías limitadas, cuya vida jurídica se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías. El objeto social de estas compañías será claramente determinado. (…)”;

Que, el artículo 436 del Código ya referido prescribe: “Las compañías, para prestar los servicios auxiliares a las entidades del sistema financiero nacional, deberán calificarse previamente ante el organismo de control correspondiente, la que como parte de la calificación podrá disponer la reforma del estatuto social y el incremento del capital, con el propósito de asegurar su solvencia (…)”; Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, en lo pertinente indica: “Las entidades reguladas por esta Ley presumirán que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud de trámites administrativos son verdaderas, bajo aviso a la o al administrado de que, en caso de verificarse lo contrario, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y archivados, o los documentos emitidos carecerán de validez alguna, sin perjuicio de las sanciones y otros efectos jurídicos establecidos en la ley (…)”; Que, el primer inciso del artículo 335 de la Subsección I: “De la Inversión de las Entidades Financieras Populares y Solidarias en el Capital de las Compañías de Servicios Auxiliares y de la Constitución de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria para la Prestación de Servicios Auxiliares”, Sección XIX “Norma general que regula la definición, calificación y acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades de servicios auxiliares del sector financiero popular y solidario”, Capítulo XXXVI “Sector Financiero Popular y Solidario”, Título II “Sistema Financiero Nacional”, Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, dispone: “Los servicios auxiliares serán prestados por personas jurídicas no financieras constituidas ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como sociedades anónimas o compañías limitadas, cuya vida jurídica se regirá por la Ley de Compañías. El objeto social estará claramente determinado”; Que, el artículo 337 de la Subsección II: “De la calificación y prohibiciones de inversión”, Sección XIX “Norma general que regula la definición, calificación y acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades de servicios auxiliares del sector financiero popular y solidario”, Capítulo XXXVI “Sector Financiero Popular y Solidario”, Título II “Sistema Financiero Nacional”, Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación ut supra determina: “La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de manera previa a la prestación de los servicios, calificará a las organizaciones de la economía popular y solidaria y a las compañías de servicios auxiliares que vayan a prestar sus servicios a las entidades financieras populares y solidarias, que cumplan con los requisitos que mediante norma de control establezca dicha Superintendencia, la que como parte de la calificación podrá disponer la reforma del estatuto social y el incremento del capital, con el objeto de asegurar su solvencia. El capital de las organizaciones y entidades de servicios auxiliares deberá guardar directa proporción con el volumen y monto de sus operaciones.”; Que, la Subsección III “De los servicios a cargo de las compañías y de las organizaciones de la economía popular y solidaria de servicios auxiliares”, Sección XIX “Norma general que regula la definición, calificación y acciones que comprenden las operaciones a cargo de las entidades de servicios auxiliares del sector financiero popular y solidario”, Capítulo XXXVI “Sector Financiero Popular y Solidario”, Título II “Sistema Financiero Nacional”, Libro I “Sistema Monetario y Financiero”, de la Codificación ibídem, señala: “Art. 340.- De software financiero y computación: Este servicio auxiliar corresponde a la administración de aplicaciones o plataformas tecnológicas que soportan las operaciones financieras determinadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y la normativa vigente.”. Que,

los artículos 3 y 4 de la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESF-INSEPS-INGINT-2025- 0227 de 08 de diciembre de 2025, que contiene la “Norma de control para la calificación y supervisión de las organizaciones y compañías de servicios auxiliares del sector financiero popular y solidario”, establecen los requisitos para obtener la calificación para prestar servicios auxiliares;

Que,

la Disposición General Undécima, del mismo cuerpo normativo, dispone: “Para el caso de las organizaciones o compañías que soliciten la recalificación y tengan contratos vigentes con entidades del sector financiero popular y solidario, y no alcancen los niveles mínimos requeridos en los indicadores financieros, podrán obtener su calificación con la condición de remitir al área de supervisión y control, información trimestral de los requisitos establecidos en los numerales 13, 16, 17 y 18; y, el estado de situación finaciera y estado de resultados trimestrales, que evidencien la mejora de sus indicadores financieros, para que en el plazo máximo de un (1) año se pueda realizar la evaluación para ratificar la calificación, lo cual será notificado mediante oficio; o, retirar la calificación conforme el artículo 18 de la presente norma.”;

Que, mediante Resolución Nro. SEPS-ISF-DNAISF-2018-0070 de 15 de mayo de 2018, esta Superintendencia resolvió calificar a la compañía DENARIUSERVIS S.A., como compañía de servicios auxiliares del sector financiero popular y solidario, para prestar el servicio auxiliar de software financiero y computacional; Que, con “FORMULARIO PARA LA CALIFICACIÓN DE COMPAÑÍAS DE SERVICIOS AUXILIARES” ingresado a este Organismo de Control con trámites Nos. SEPS-CZ8-2026-001-047237 de 28 de abril de 2026, el señor José Javier Chediak Martínez, Representante Legal de la Compañía DENARIUSERVIS S.A., con RUC 1792341981001, solicitó la calificación de su representada como compañía de servicios auxiliares de software financiero y computación; Que, con Oficios Nos. SEPS-SGD-INSEPS-DNGRT-2026-16919-OF de 18 de mayo de 2026, y SEPS-SGD-INSEPS-DNGRT-2026-22674-OF de 3 julio de Superintendencia realizó observaciones dentro del trámite de calificación a la compañía DENARIUSERVIS S.A., mencionado en el considerando anterior;

2026, esta

Que, mediante trámites Nro. SEPS-CZ7-2026-001-061035 de 01 de junio de 2026 y SEPS-CZ8-2026-001-076738 de 08 de julio de 2026, el señor José Javier Chediak Martínez, Representante Legal de la Compañía DENARIUSERVIS S.A., dio cumplimiento a las observaciones realizadas por este Organismo de Control; según los oficios mencionados en el considerando que antecede; Que, mediante memorando Nro. SEPS-SGD-INSEPS-DNGRT-2026-0717 de 22 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Gestión Resolutiva de Trámites remite a esta Intendencia Nacional, el Informe Técnico Legal con el cual concluye: “El análisis de cumplimiento de requisitos contenido en el numeral 3 del presente informe, se desarrolló con base en la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESF-INSEPS-INGINT-2025-0227 de 08 de diciembre de 2025; bajo esta premisa se emite el pronunciamiento favorable para la calificación de la compañía DENARIUSERVIS S.A., como entidad de servicios de software financiero y computación del sector financiero popular y solidario, una vez que se ha constatado el cumplimiento de todos los requisitos.”; Que, las letras g) y n) del numeral 1.2.2.1.1., del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, expedido con Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-IGD-IGJ-001 de 31 de enero de 2022, establecen como atribución y responsabilidad del Intendente Nacional de Servicios de la Economía Popular y Solidaria: “g) Calificar a las organizaciones de servicios auxiliares de las entidades del sector financiero de la Economía Popular y Solidaria;” “n) Suscribir las resoluciones relacionadas a los servicios institucionales prestados, dentro del ámbito de su competencia;”; Que, mediante Acción de Personal Nro. 969 de 04 de junio de 2025, que rige a partir del 05 de junio de 2025, se nombró a Patricia Yessenia Mariño Paredes, Intendente Nacional de Servicios de la Economía Popular y Solidaria; y, En ejercicio de sus atribuciones, RESUELVE: ARTÍCULO 1.- CALIFICAR, a la compañía DENARIUSERVIS S.A., con RUC Nro.1792341981001 como compañía de servicios auxiliares de software financiero y computación del sector financiero popular y solidario. Esta calificación tendrá vigencia de dos años, posterior a este tiempo la compañía deberá solicitar nuevamente la calificación, la cual será emitida mediante una nueva resolución de calificación. ARTÍCULO 2.- DISPONER, a la compañía DENARIUSERVIS S.A., remita al área de supervisión y control, la información trimestral de los requisitos establecidos en los numerales 13, 16, 17 y 18 del artículo 3 de la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INR-INSESFINSEPS-INGINT-2025-0227 de 08 de diciembre de 2025; y, el estado de situación financiera y estado de resultados trimestrales, que evidencien la mejora de sus indicadores financieros, para que en el plazo máximo de un (1) año se pueda realizar la evaluación para ratificar la calificación, lo cual será notificado mediante oficio; o, retirar la calificación conforme el artículo 18 de la referida norma. ARTÍCULO 3.- DISPONER, a la compañía DENARIUSERVIS S.A., que el servicio auxiliar sobre el cual fue calificada se enmarque en la administración de aplicaciones o plataformas tecnológicas que soportan las operaciones financieras determinadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y la normativa vigente. ARTÍCULO 4.- DISPONER, a la compañía DENARIUSERVIS S.A. el cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y de los del Órganos de Regulación y Control. ARTÍCULO 5.- DISPONER, a la compañía DENARIUSERVIS S.A., que incluya en el respectivo contrato a suscribir con la entidad contratante, la especificación concreta de los servicios técnicos y operativos que se obliga a proporcionar. ARTÍCULO 6.- DISPONER, a la compañía DENARIUSERVIS S.A., inscriba la presente resolución ante el Registrador Mercantil. ARTÍCULO 7.- DISPONER, a la compañía DENARIUSERVIS S.A. publique por una sola vez, en un periódico de circulación nacional el texto íntegro de la presente resolución. ARTÍCULO 8.- DISPONER, a la compañía DENARIUSERVIS S.A., exhiba en un lugar público y visible de la oficina matriz, la presente resolución de calificación conferida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ARTÍCULO 8.- DISPONER, a la Dirección Nacional de Gestión Resolutiva de Trámites, actualizar el listado de “COMPAÑÍAS Y ORGANIZACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO CALIFICADAS”, incluyendo a la compañía DENARIUSERVIS S.A., de conformidad a la presente resolución; así como, su publicación en la página web institucional. ARTÍCULO 9.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo a la compañía DENARIUSERVIS S.A., en la persona de su representante legal. DISPOSICIÓN DEROGATORIA. - Se deja sin efecto la Resolución Nro. SEPS-ISF-DNAISF-2018-0070 de 15 de mayo de 2018. DISPOSICIÓN GENERAL.- Disponer a la Secretaria General de esta Superintendencia, sentar la correspondiente razón de derogatoria al margen de la Resolución Nro. SEPS-ISF-DNAISF-2018-0070 de 15 de mayo de 2018. DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigor a partir de su expedición.

Patricia Yessenia Mariño Paredes INTENDENTE NACIONAL DE SERVICIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

001-005-0792

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de julio de 2026.

09 GLOBAL

SANTO DOMINGO | MARTES 18/AGOSTO/2026 I

TRAGEDIA. Colombia se recupera del terremoto de 7.4 grados registrado el 10 de agosto de 2026. Foto: Asociación de Ciudades Capitales de Colombia

Unión Europea coordina entrega de ayuda para Colombia

Bruselas coordina la entrega de ayuda humanitaria y material de emergencia de países de la UE a Colombia tras el terremoto. La Unión Europea está coordinando la ayuda humanitaria y material de emergencia que los Estados miembro están ofreciendo a Colombia para tratar de paliar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste del país el pasado lunes y que ha dejado al menos 290 muertos. A través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, varios países han canalizado materiales de primera necesidad, como Suecia, que ha enviado 150 tiendas de cam-

paña y 360 mantas; Alemania, que ha aportado 3.000 utensilios de cocina y 2.500 filtros de agua; o Luxemburgo, que ha ofrecido otras 79 tiendas de campaña. El Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia de la Comisión Europa está coordinando toda esa asistencia y su entrega a Colombia y, además, la Comisión ha desplegado en el país a un coordinador de Respuesta Rápida para apoyar la organización del Mecanismo de Protección Civil de

la UE y la asistencia humanitaria sobre el terreno. La asistencia en materia de protección civil complementa los 2,1 millones de euros en fondos humanitarios de emergencia anunciados por

la Comisión Europea el pasado 12 de agosto. Los socios humanitarios de la UE están proporcionando asistencia sanitaria, hídrica y de higiene, así como alojamiento, alimentos, protección y ayu-

da económica a las comunidades afectadas, según ha detallado el Ejecutivo comunitario. La ayuda de la UE se movilizó desde las primeras horas posteriores al terremoto. La Comisión también activó el servicio de cartografía satelital Copernicus para apoyar las operaciones de rescate y realizar evaluaciones iniciales de los daños. ‘La UE se solidariza con Colombia’ La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicado que “Europa se solidariza con el pueblo colombiano” tras el “devastador terremoto”, señalando que “en momentos de tragedia, la solidaridad se traduce en acción”. “Estamos enviando tiendas de campaña, filtros de agua, alimentos y otros suministros esenciales para apoyar a las comunidades necesitadas. Nos solidarizamos con el pueblo colombiano durante esta emergencia y en la recuperación que se avecina”, ha afirmado en declaraciones remitidas en un comunicado. Por su parte, la comisaria europea de Preparación y la Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha lamentado que “Colombia se enfrenta a pérdidas inmensas” y que por ende “Europa apoya firmemente a su pueblo”. “Desde el primer momento del terremoto hemos movilizado todos los recursos a nuestro alcance: financiación humanitaria, cartografía satelital, refugios de emergencia y asistencia técnica sobre el terreno. Esta es la solidaridad europea en acción”, ha destacado. EUROPA PRESS

SANTO DOMINGO

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres pide a Estados Unidos e Irán reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo “lo antes posible”. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado este 17 de agosto de 2026 a Estados Unidos e Irán reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo “lo antes posible” tras expirar el memorando de entendimiento de 60 días, que incluía una tregua, para el cese definitivo de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz. Guterres ha reiterado que “no existe una solución militar para este conflicto”, instando así a las partes a

AUTORIDAD. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. EP

ponerse de acuerdo para lograr un acuerdo “pacífico” y “duradero” que evite una eventual “acción militar” en la región, además de “rebajar el tono de la retórica” utilizada en los últimos días. Así lo ha informado su portavoz, Stéphane Dujarric, después de que haya expirado el memorando de entendimiento de 14 puntos, que contemplaba una tregua para negociar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, con vistas

a tratar la cuestión nuclear iraní, la reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción para Irán de 300.000 millones de dólares. El acuerdo, mediado por Pakistán, también incluía el fin de las sanciones estadounidenses, incluyendo aquellas en el seno de Naciones Unidas o del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y de todas las sanciones directas o secundarias de Washington.

Trump: Irán debe rendirse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, ha recalcado que Irán debe “izar la bandera blanca” y “rendirse” ante la situación que atraviesa por la guerra lanzada el pasado febrero, al tiempo que ha amenazado con bombardear Omán si se entromete en la gestión del estrecho de Ormuz, toda vez que Mascate negocia con Teherán el tránsito por el paso. Irán debe “izar la bandera blanca de la rendición”, ha indicado el dirigente norteamericano en una entrevista telefónica con la cadena Fox News, al tiempo que ha rechazado tener “prisa” o plantearse algún “plazo” para llegar a un acuerdo con la República Islámica, toda vez que las negociaciones se encuentran paradas y se vive un ‘impasse’ en la guerra en Irán. De esta forma, ha restado importancia a las elecciones de medio mandato, que se

celebrarán en noviembre, incidiendo en que “no tienen nada que ver” con el planteamiento de Estados Unidos en la guerra en Irán, después de señalar que los negociadores iraníes son “buenos jugadores de póker” pero “están muriendo”. Sobre el futuro del paso de Ormuz y el papel que pueden jugar países como Omán, que actualmente negocia con Irán el tránsito por el estrecho, Trump ha lanzado una amenaza militar directa al país, que hasta ahora ha ejercido como mediador, para que no se interponga en las intenciones estadounidenses. “Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo”, ha avisado el jefe de la Casa Blanca, incidiendo en que por el momento el Ejército estadounidense no se ha empleado a fondo en la región y solo ha usado una cantidad “insignificante” de armamento. EUROPA PRESS

001-006-0883

Guterres pide a EE.UU. e Irán reanudar negociaciones de paz

I SANTO DOMINGO | MARTES 18/AGOSTO/2026

NORTE

SANTO DOMINGO | MARTES 18/AGOSTO/2026 I

Padres comparan precios de uniformes y zapatos en Ibarra En Ibarra, un par de zapatos escolares puede costar entre $12 y $35, mientras que los uniformes completos llegan hasta los $130. Vendedores aseguran que las ventas todavía no han despuntado. En dos semanas comienza el nuevo año escolar en el régimen Sierra-Amazonía. En el caso de Ibarra, Imbabura, decenas de madres y padres de familia visitan locales comerciales y mercados para adquirir uniformes y zapatos para sus hijos. Los precios y la calidad varían de acuerdo con las tallas y los lugares de compra, por lo que muchos prefieren los mercados, donde se puede pedir rebajas o los vendedores ofrecen promociones. Este es un breve presupuesto de cuánto necesita un padre de familia para el nuevo ciclo escolar de los estudiantes.

Zapatos desde 12 dólares El 17 de agosto de 2026 por la mañana, Isaías Quezada averiguó los precios de zapatos blancos deportivos en el Centro Comercial La Bahía, en el hipercentro de Ibarra. Su hija, que comenzará el noveno año de educación general básica, se probó un par de zapatos de $35. Sin embargo, su papá tenía un presupuesto de hasta $20 para esa compra. Otro padre de familia estaba culminando su compra, también de un par de zapatos deportivos para su hijo que cursará el quinto año de educación general básica. Víctor Picuasi, propietario de uno

COORDINACIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE IMBABURA Velando por la transparencia como principio fundamental en contratación pública, hace extensiva la invitación a las personas naturales y jurídicas propietarias de bienes inmuebles en el Cantón Ibarra, provincia Imbabura, a presentar su proforma para: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BODEGA PARA EL ARCHIVO ACTIVO DE LA CPPSSI” Condiciones mínimas del inmueble: 1. Ubicación. - Casco urbano central, Ibarra-Imbabura. 2. Área. - 55 mts2 y una batería sanitaria. 3. Servicios básicos. - Luz eléctrica, agua potable y alcantarillado. 4. Acceso vehicular. - Vía de acceso en buen estado, que permita acceder fácilmente vehículos livianos y pesados. 5. Plazo de Ejecución. - De 2 años desde la firma del contrato. Las personas interesadas podrán remitir sus proformas a través del Portal de Compras Públicas SERCOP – Necesidad de Contratación, al link: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/ NCO/NCORegistroDetalle.cpe?&id=FKGxX2WSeedS6pMCSjKiesBx41dAYpoLMjwqVKNorg,&op=1

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PADRES de familia visitan centros comerciales para comprar uniformes y zapatos escolares. Fotografía de LA HORA.

de los locales de La Bahía, dijo que ese calzado cuesta $28, pero hizo un descuento para que el cliente los lleve en $25. Patricio Ayuquina, otro comerciante, diijo que las ventas están bajas. “Sí, se ha vendido un poco, pero no como se esperaba”. El vendedor comentó que, aunque algunos padres de familia recibieron el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de agosto, aún no se han decidido a comprar. Ayuquina espera que las ventas aumenten a finales de agosto, como en años anteriores. En lugares como La Bahía se pueden encontrar zapatos escolares desde la talla 23 hasta la 42. En cuanto a calidad, se vende calzado económico de origen nacional e importado. Las marcas como Venus y Bunky son las más solicitadas. Los precios varían entre los $12 y los $35. También hay promociones de 2x1, en las que los padres pagan $25, además de kits de regalo con lápices y borradores. Locales vs. redes sociales “Ahora la competencia está en las redes sociales”, dijo Elena Calderón, vendedora de uno de los locales de uniformes en el mercado Amazonas, también en el centro de Ibarra. Durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto no vendió mucho, puesto que las personas prefieren comprar a través de Facebook

o TikTok y ya no acuden directamente a buscar las prendas escolares. Elena Calderón distribuye uniformes para estudiantes de todas las edades de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre y de la U.E. Ibarra. Calderón explicó que un uniforme compuesto por falda, blusa y suéter puede costar $40, dependiendo de la talla y la calidad que los padres busquen. En el mercado Amazonas también ofrecen uniformes completos para estudiantes de los niveles iniciales. El pantalón de tela cuesta $10, la camiseta $8 y el suéter se vende por $10. Es decir, un padre de familia de un niño de entre 3 y 4 años debe tener un presupuesto de $28 para comprar el uniforme completo de uso diario. Los uniformes con mayor demanda Alrededor de las instituciones educativas también se venden uniformes. Uno de esos lugares es ‘Huellas’, propiedad de Otto Jarrín. El 17 de agosto, varias familias llegaron a cotizar, comprar o retirar los uniformes de la Unidad Educativa La Inmaculada Concepción y de la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes. Jarrín dijo que los precios de los uniformes se han mantenido en los últimos tres años. El vendedor explicó que para un estudiante

de 4 a 5 años, con talla 28, se debe tener un presupuesto de $130 para adquirir los tres uniformes completos de la U.E. Inmaculada Concepción: uniforme de diario, deportivo y de gala. En cambio, para la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes, el padre de familia necesita $80 para adquirir los dos uniformes. A los $130 se suman $5 por cada talla más grande. Por ejemplo, $135 para la talla 30 o $140 para la talla 32. Los uniformes que más se venden son los de los primeros años escolares, como inicial y octavo de educación general básica, pues los estudiantes necesitan prendas nuevas para comenzar esta etapa. Aunque también los padres compran por piezas, dependiendo de la necesidad del estudiante, si aumentó de tamaño o las prendas están desgastadas. Por ejemplo, llevan solo una chaqueta, pantalón o falda. Además, en este almacén, los padres pueden reservar el uniforme y pagarlo por cuotas. Así, a pocos días del inicio del nuevo año escolar, las familias de Ibarra ya empiezan a hacer cuentas para cubrir los gastos de sus hijos. El presupuesto dependerá de las necesidades de cada estudiante, pero entre zapatos, uniformes y prendas adicionales, el regreso a clases representa un gasto entre $100 a $160.

MARTES, 18 DE AGOSTO DE 2026 La Hora SANTO DOMINGO

ES UNA EDICIÓN DE DIARIO LA HORA

http//www.derechoecuador.com

MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL EN DELITOS MENORES EN LA WEB derechoecuador.com

Autor: Rómulo Montaño Rodríguez

El principio de mínima intervención penal es una idea central en el sistema de justicia penal que busca limitar la intervención del Estado en la libertad de los individuos. Se basa en la premisa de que solo deben castigarse aquellos delitos que causan un daño significativo a la sociedad y que resultan indispensables de reprimir para garantizar la convivencia pacífica. Este principio se fundamenta en el respeto a los derechos y libertades individuales, reconociendo que el castigo penal implica una restricción de la libertad y los derechos básicos de una persona. En consecuencia, solo se justifica el uso de la pena cuando es estrictamente necesario para proteger los derechos de otros individuos o salvaguardar el orden social. La aplicación del principio de mínima intervención penal implica que los sistemas judiciales deben priorizar alternativas al encarcelamiento, como medidas de carácter educativo, asistenciales o rehabilitadoras, especialmente para los delitos de menor gravedad. Además, implica la necesidad de establecer penas proporcionales al hecho cometido, evitando el uso de penas excesivamente severas o desproporcionadas. ¿Qué es lo que busca el principio de mínima intervención? En resumen, el principio de mínima intervención penal busca restringir la actuación punitiva del Estado a lo estrictamente necesario, protegiendo así los derechos y libertades individuales, y fomentando la aplicación de alternativas al encarcelamiento en aquellos casos en los que sea posible. El principio de mínima intervención penal fue establecido en el Ecuador con el objetivo de limitar la intervención del sistema penal en la vida de las personas, respetando al máximo sus derechos y garantías individuales. Este principio busca que el Estado no penalice conduc-

tas que no impliquen un verdadero peligro para la sociedad, evitando así el castigo innecesario y desproporcionado. La ﬁnalidad de este principio es lograr un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a los derechos de las personas. Esto implica que el sistema penal debe intervenir únicamente cuando sea estrictamente necesario, priorizando siempre medidas menos gravosas que la privación de libertad, como alternativas penales o medidas de rehabilitación. Además, el principio de mínima intervención penal se fundamenta en la idea de que el Estado no debe criminalizar conductas que sean producto de la desigualdad social, la exclusión o la falta de oportunidades, sino que debe abordar estos problemas desde otras políticas públicas. Como vemos, el principio de mínima intervención penal en el Ecuador busca limitar el poder punitivo del Estado, asegurando que se utilice únicamente en casos de verdadero peligro para la sociedad, y evitando así castigos desproporcionados o innecesarios. Esto se fundamenta en el respeto a los derechos y garantías individuales, así como en la búsqueda de alternativas penales y medidas de rehabilitación como formas más humanas y efectivas de abordar el delito. ¿En la práctica, es aplicado el principio de mínima intervención? En la práctica, la aplicación del principio de mínima intervención penal en el Ecuador varía. Por un lado, se han implementado reformas legales como la Ley Orgánica de Drogas, que busca despenalizar el consumo personal de ciertas sustancias y priorizar enfoques de salud pública en lugar de medidas punitivas. Sin embargo, también existen críticas sobre la aplicación efectiva de este principio. Algunos ﬁscales y jueces tienden a recurrir a la prisión preventiva como medida cautelar en gran cantidad de casos, lo cual puede ser considerado una violación al principio de mínima intervención. Además, hay casos en los que se ha denunciado la criminalización de la protesta social y la persecución selectiva de ciertos grupos o individuos, lo cual también podría ser contrario a este principio. Es así que el principio de mínima intervención penal está presente en la legislación y en la teoría jurídica en el Ecuador, su aplicación efectiva en la práctica puede ser

variable y sujeta a interpretaciones y decisiones de los fiscales y jueces en cada caso en particular. Pese a que este derecho se encuentra consagrado dentro de la mayor parte de Constituciones modernas de los países democráticos, así como también dentro del ordenamiento penal del Estado; y pese a ello, son pocas las estrategias que se implementan para dar cumplimiento efectivo de dicho principio, tanto en la política criminal como en la legislación penal del Estado, pues el principio de mínima intervención penal tiene diferentes manifestaciones. Sin embargo, en ocasiones, los actores del sistema de justicia penal en Ecuador no aplican este principio de manera adecuada. Una de las razones por las que esto ocurre es la falta de capacitación y conocimiento sobre el principio de mínima intervención penal. Es posible que algunos fiscales, jueces y abogados no estén al tanto de los estándares internacionales y nacionales que exigen la aplicación de este principio, lo cual puede llevar a la imposición de penas más severas o a la adopción de medidas cautelares más restrictivas de las necesarias. Además, también puede haber presiones sociales y políticas que influyan en la aplicación del principio de mínima intervención penal. En ocasiones, los actores del sistema de justicia penal pueden sentir la necesidad de responder de manera punitiva a la exigencia de la sociedad de una respuesta más severa frente a los delitos. Esto puede llevar a una mayor intervención penal que no se justifica desde una perspectiva legal y criminológica. Por último, es importante mencionar que la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo en el sistema de justicia penal pueden contribuir a la falta de aplicación del principio de mínima intervención. Si los fiscales, jueces y abogados tienen un alto volumen de casos y falta de tiempo para analizarlos de manera adecuada, es posible que opten por soluciones más rápidas y menos reflexivas, lo cual puede resultar en una mayor intervención penal. El principio de mínima intervención penal en delitos de menor gravedad En Ecuador, el principio de mínima intervención penal se aplica en general a todos los delitos, ya que busca limitar la intervención del Estado en la vida y libertad de las personas. Sin embargo, existen ciertos delitos en particular en

los que este principio se aplica de manera más evidente. A continuación, se explican algunos ejemplos: 1.Delitos de menor gravedad: El principio de mínima intervención penal se aplica especialmente en delitos de menor gravedad, como las faltas y contravenciones. Estos delitos suelen tener una repercusión menor en la sociedad y, por lo tanto, se busca imponer sanciones proporcionales y no excesivas. 2.Delitos sin violencia o lesiones graves: En casos donde no se haya producido violencia física o lesiones graves, se buscará aplicar el principio de mínima intervención penal. Por ejemplo, en delitos de hurto simple, daños materiales menores o estafas no cuantiosas, se pueden contemplar sanciones menos severas, como multas o trabajo comunitario. 3.Primera infracción delictiva: Si una persona comete un delito por primera vez, se aplicará el principio de mínima intervención penal. La ﬁnalidad es permitir la reinserción social y evitar la estigmatización de la persona como delincuente. En estos casos, se pueden imponer sanciones alternativas al encarcelamiento, como la libertad condicional o la suspensión condicional de la pena, siempre y cuando haya una alta probabilidad de que el infractor se rehabilite. 4.Delitos de menor gravedad cometidos por menores de edad: El principio de mínima intervención penal tiene una especial relevancia en relación con los menores de edad. Para ellos, se busca aplicar medidas socioeducativas en lugar de penas privativas de libertad, siempre y cuando el delito cometido sea de menor gravedad y no haya reincidencia. Es importante tener en cuenta que la aplicación del principio de

mínima intervención penal siempre dependerá de las circunstancias especíﬁcas de cada caso y de la valoración que realice el juez o autoridad competente. Además, este principio no implica impunidad, sino que busca encontrar un equilibrio entre la protección de la sociedad y la resocialización y rehabilitación del infractor. Conclusión La falta de aplicación del principio de mínima intervención penal en Ecuador por parte de ﬁscales, jueces y abogados de libre ejercicio puede deberse a la falta de capacitación, presiones sociales y políticas, así como a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo en el sistema de justicia penal. Esto puede resultar en la imposición de penas más severas o en medidas cautelares más restrictivas de las necesarias. Es recomendable seguir fortaleciendo e implementando el principio de mínima intervención penal en Ecuador, ya que se ha demostrado que las medidas alternativas a la prisión pueden ser más efectivas en la rehabilitación y prevención del delito. Esto implica promover programas y políticas encaminadas a la reinserción social de los infractores, así como la implementación de mecanismos que garanticen la protección adecuada de las víctimas. Además, es importante asegurar la correcta y equitativa aplicación de estas medidas, evitando cualquier tipo de discriminación o arbitrariedad. Bibliografía [1] Saby Dinorat Hinojosa Copete, revista conciencia digital Principio de Mínima Intervención Penal [2] Fernado Yavar Nunez, comentario [3] Artículo 3 del código Orgánico integral Penal

Dolo, negligencia Delito de enriquecimiento error privado yno justificado inexcusable

Análisis jurídico del delito de enriquecimiento privado no justificado, su relación con la presunción de inocencia y la carga de la prueba dentro del sistema penal ecuatoriano.

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