Activan plan de seguridad por el feriado de Carnaval
La Policía, Fuerzas Armadas y otras entidades ejecutarán un plan de seguridad durante el feriado de Carnaval en Santo Domingo de los Tsáchilas. Los controles se concentrarán en balnearios, ejes viales, terminales terrestres y eventos públicos.
Fuerzas Armadas evitan robo de 10.000 galones de diésel
Correísmo se fortalece con tropiezos de ADN
Alcaldes y prefectos en rebeldía ante ley 70/30
El oro ilegal sigue los mismos caminos de la cocaína Judicatura nombra presidente
Directora
Editor General: Jean Cano
Editor Regional: Lorena Melo Mieles
Redacción: santodomingo@lahora.com.ec
Publicidad: mgranda@lahora.com.ec
Año: XXVII No. 11.567
Os ELO
J
A NDRADE @JoseloAndrade
¿Por qué no hay inversión extranjera en el Ecuador?
Escomún en los medios de comunicación ecuatorianos señalar que a Ecuador no llega inversión extranjera directa en montos relativamente significativos. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país?
Empecemos por sostener que somos víctimas de nuestras ideas, taras e incluso ideologías: lugar del que deriva la idea de que el Estado tiene que hacer de todo. Pero, ¿de qué manera esto se relaciona con el título de este artículo?
Describamos el escenario: al suponer que el Estado debe resolver todos los problemas humanos, recordemos que en tiempos de Lenín Moreno existía una secretaría llamada ‘Plan Toda una Vida’. Es decir, te atenderemos de la cuna a la tumba. La consecuencia natural de este tipo de conductas son déficits crónicos e insostenibles, que luego deben financiarse con más y mayores impuestos o mediante más endeudamiento en los mercados nacional y extranjero.
Este tipo de comportamientos (estatales), terminan derivando en la imposición de uno de los impuestos que más castigan a la inversión, no solo aquí sino en cualquier lugar de la tierra: el impuesto de salida de divisas.
Este impuesto en particular es el que más castiga al comercio (y con ello a la fuente de la prosperidad) y a las inversiones (es decir, al ahorro, la otra raíz del crecimiento), pues penaliza directamente la inversión en territorio ecuatoriano. En pocas palabras: somos de los pocos países en el mundo que anuncian a los potenciales inversores que serán castigados con un impuesto adicional del 5% al momento de repatriar sus recursos. Y digo adicional porque, de por sí, ya deben pagar impuestos por operar en Ecuador
Un tema no menor: todos los economistas —al menos los que entienden de economía— coinciden con lo que acabo de sostener. Sin embargo, pese a todas las razones expuestas, el impuesto no se elimina. Se puede resumir así: sabemos que es malo, no dejaremos de hacerlo, pues “necesitamos esos recursos”, para mantener la obesidad del Estado a la que estamos acostumbrados.
Mencionado esto, seguimos conversando.
logcaba33@gmail.com
Si la familia es la unidad básica de la sociedad, la Nación está por encima de la comunidad, de los pueblos y de las etnias. Como lo están también, el respeto
EDiTORiAL
Transparencia en caso ’Goleada’
Lacaptura del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, es una preocupación nacional. No solo porque la autoridad de la ciudad más grande del país es investigada por lavado de activos y defraudación tributaria, sino porque la Justicia está en entredicho. El partido político del Alcalde, Reto, ha pedido su liberación inmediata. Lo hizo mediante un comunicado en el que se da por sentado que hay una persecución política. El correísmo alega “secuestro”.
La Función Judicial cuidó durante varios años la integridad de los procesos penales en contra de altas autoridades, como en el caso del expresidente Rafael Correa. Y esto ha hecho que sus sentencias y órdenes de captura se hayan mantenido en el tiempo. Cuando el poder político irrumpe en el Poder Judicial ocurren hechos que debilitan todo el sis-
tema. Ya pasó en Ecuador, con disposiciones directas a jueces para emitir sentencias a la carta, y en otros países de la región, como Venezuela o Nicaragua, los políticos disponen de la libertad de cualquier persona.
La súbita movida que dejó de lado a la suplente del presidente de la Judicatura, en preparación de su posible destitución vía juicio político, siembra dudas sobre la independencia de las decisiones trascendentales y le resta legitimidad a la Justicia. La ‘coincidencia’ con los allanamientos que llevaron a la detención del alcalde Alvarez y 10 personas más es, al menos, inoportuna y sospechosa.
La Justicia debe ofrecer más transparencia, especialmente en casos de alta carga política. Las cifras de aprobación de la Justicia no son alentadoras (80% de rechazo a la Judicatura, según Click), pero aún podrían ser peores.
por la persona humana, la p rotección de la propiedad privada , la ausencia de impuestos sobre las ganancias de capital. Del mismo modo como la Nación no se vota, porque lo que se vota es el tipo de régimen; la Nación es una institución histórica, lingüística, cultural, territorial que no se puede votar. Al igual que otras instituciones que están por sobre el voto, sobre las elecciones, como son: la libertad, la familia, la propiedad.
Por tal razón, una cosa es luchar contra el enemigo, otra diferente es hacerlo contra tu propio pueblo. Por tanto, lo primero, es considerar apátridas: enemigos de la Nación a todo el siniestrismo, a todo el “progresismo”, independientemente de su orígen, aún cuando hayan nacido en el mismo país, porque no los une el sentido de patria, ni la comunidad de intereses de la Nación, porque son oikofóbicos, demuestran empatía por lo contrapuesto
El Llanero Solitario
El Llanero Solitario cabalga solo. Avanza cuando otros dudan, resiste cuando el entorno es hostil y se mantiene firme aún sin aplausos. Esa figura encarna el valor del esfuerzo individual, ese que forja carácter, disciplina y convicción. La ciencia lo reconoce: el trabajo autónomo fortalece la responsabilidad y la iniciativa. Pero la historia enseña algo más profundo: ningún héroe transforma el mundo en soledad.
Los grandes cambios no nacen del aislamiento, sino de la unión de talentos diversos con un propósito común. Estudios en educación y psicología social lo confirman: el trabajo en equipo potencia el liderazgo, eleva el rendimiento y multiplica el impacto. En un colectivo auténtico no hay piezas menores; cada rol es decisivo.
Esta verdad se hizo tangible en la exposición de proyectos de fin de curso de la Unidad Educativa Gonzalo Pizarro. Cada paralelo presentó trabajos dignos de admiración, producto de la organización, la corresponsabilidad y el compromiso compartido. Allí vi niños con las suelas de los zapatos despegadas; una institución golpeada por la escasa inversión pública. Y, sin embargo, vi grandeza.
Vi docentes que no se rinden, que hacen mucho más que enseñar contenidos: sostienen sueños. Y vi un liderazgo firme y silencioso encarnado en la Mgs. Ana López, rectora de la institución. Una mujer que, como auténtica líder, no busca protagonismo, sino resultados. Bajo su conducción, florece el liderazgo de niñas, niños y adolescentes que aprenden a trabajar juntos aun en la adversidad.
Genuinamente sentí orgullo. Porque en este lugar, donde a veces parece reinar el olvido, está creciendo un fruto poderoso. Ninguna sociedad se transforma desde la soledad. La tarea de nuestro tiempo es reconocer el valor de cada persona desde las aulas, fortalecer sus virtudes y hacerles sentir que importan. Allí está la clave. No hay responsabilidad más alta que formar a quienes sostendrán el futuro.
a su orígen, admiran culturas extrañas, desprecian su propia cultura. De ahí que tampoco haya musulmanes buenos y musulmanes malos. Todo musulmán practica el islam, que dispone cumplir las disposiciones del Corán que a su vez contiene el mandato de eliminar, torturar a los infieles (suras 9:29; 47:4).
Los infieles somos todos los no musulmanes.
Donde el islam adquiere poder, impone su ley. En cumplimiento de la ley del islam han
muerto actualmente miles de cristianos en Asia y África. En consecuencia, los musulmanes tienen una cultura incompatible con nuestra cultura occidental, grecorromana, judeocristiana. Como cristiano, como occidental, rechazar el islam, no es “islamofobia”, porque no nos genera repugnante temor, simplemente hacemos valer nuestras creencias, cultura y tradiciones, porque nos respetamos y valoramos lo que somos. No somos progresistas oikofóbicos.
Plan de seguridad se activa por el feriado de Carnaval
Autoridades de control y seguridad aplicarán un plan de contingencia para resguardar a turistas y habitantes durante el feriado nacional de cuatro días.
A partir del fin de semana rige el feriado nacional por el Carnaval y en Santo Domingo de los Tsáchilas se aplicará un plan de contingencia para garantizar la seguridad de los turistas.
Hólger Toro, intendente de Policía, explicó que se han extendido autorizaciones para espectáculos públicos en varios establecimientos que se ubican en la zona urbana y rural.
El funcionario aseguró que la planificación fue so-
cializada con la Mesa y Bloque de Seguridad para que existan los respectivos controles. Además, fue enfático al señalar que solo funcionarán aquellos establecimientos que cuenten con los permisos actualizados.
Resguardo policial Alrededor de 1.500 uniformados de la Policía Nacional se encuentran concentrados y equipados para patrullar durante las 24 horas en la provincia.
Eduardo Ricaurte , comandante subrogante, explicó que se pondrá énfasis en los balnearios para mantener el orden y pidió la colaboración ciudadana para que no se abuse del consumo del alcohol, porque en muchas ocasiones esto genera riñas
También se ejecutarán operaciones especiales en los ejes viales, con el objetivo de mantener una circulación fluida y evitar asaltados a los transportistas.
Otros apoyos
Geovanni Vergara, jefe de las Fuerzas Armadas en la localidad, informó que el personal colaborará con la seguridad y tendrán presencia en puntos de mayor concurrencia.
La Comisión de Tránsito del Ecuador se encargará de controles viales en la jurisdicción de La Concordia. Fernando Vidal indicó que se desarrollarán operativos para detectar a conductores en estado
Para la elección de la Reina de Carnaval Intercultural 2026 y el pregón carnavalero, eventos previstos para el 13 de febrero, también se aplicará un estricto plan de seguridad.
etílico, debido a que esta conducta puede ocasionar accidentes.
El uniformado recordó que la unidad de rescate estará activa para atender emergencias que puedan presentarse, incluso en sectores donde ya no tengan competencia directa.
Movilidad de viajeros
Se prevé un incremento de usuarios en las terminales terrestres de Santo Domingo y La Concordia. Por este motivo, personal de la Agencia Nacional de Tránsito estará en zonas de salidas para verificar el correcto estado de los transportes interprovinciales.
El ECU – 911 cuenta con más de 200 cámaras habilitadas para colaborar con las emergencias, mientras que el Cuerpo de Bomberos dispondrá de personal cerca a los balnearios, especialmente en ríos, para reaccionar ante cualquier novedad con los bañistas. (JD)
Infraestructura de la Unidad Judicial, a punto del colapso
La infraestructura de la Unidad Judicial en Santo Domingo atraviesa una situación precaria y ayer, martes 10 de febrero, puso en peligro a varias personas que se encontraban en la zona asignada para los cubículos de atención al público.
De manera repentina, se desprendió parte del tumbado. El estruendo alarmó a los funcionarios públicos, abogados en libre ejercicio y ciudadanos que en ese momento realizaban diferentes trámites.
La mayoría logró ponerse a buen recaudo. Una persona que presta sus servicios en la institución judicial
fue golpeada por los materiales desprendidos, pero recibió asistencia inmediata y se confirmó que el caso no pasó a mayores.Minutos después se iniciaron las tareas de limpieza.
Desde el Consejo de la Judicatura se indicó que la situación fue controlada. Tras la evaluación técnica del área afectada, se determinó que no existen riesgos para los funcionarios judiciales ni para los usuarios del servicio de justicia; por ello, se reanudó con normalidad la atención al público.
Problema sin solución
El deterioro de la infraes-
El servidor judicial afectado fue trasladado a una casa de salud. Su condición es estable. EL DATO
la
al público. tructura no es un problema nuevo en el sistema judicial de Santo Domingo. A esto se suma la falta de jueces, lo que dificulta el despacho de las causas.
A mediados de julio de 2025, autoridades hicieron un recorrido por el edificio para constatar los daños en la estructura; sin embargo,
hasta la fecha el problema no ha sido remediado. En esa inspección se detectaron varias irregularidades, entre ellas filtraciones, humedad en las paredes, cielo raso dañado y no funcionaba el sistema de aire acondicionado en las salas de audiencia.
Varios funcionarios indicaron que la situación no ha mejorado en nada. En la inspección de 2025 se informó que el presupuesto anual para esta institución bordea los 8 millones de dólares, aunque la mayor parte se destina al pago de salarios del personal. (JD)
COLAPSO. Parte del tumbado de
Unidad Judicial cayó en la zona de los cubículos de atención
LABOR. Uniformados de diferentes instituciones brindarán seguridad durante el feriado de Carnaval.
Operativo militar frena extracción ilegal de diésel en la vía a Quinindé
Personal de las Fuerzas Armadas detectó un pinchazo en el oleoducto, a la altura del kilómetro 11, y evitó el robo de diésel. Los implicados huyeron.
Un operativo desarrollado por el personal de las Fuerzas Armadas evitó que grupos delictivos concreten el robo de 10.000 galones de diésel en Santo Domingo.
Trabajos de inteligencia militar permitieron identificar que sujetos no identificados operaban desde un predio baldío, ubicado a la altura del kilómetro 11 de la vía a Quinindé, desde donde se apoderaban del combustible.
La intervención de los uniformados se dio cuando ya existía el pinchazo en el oleoducto; sin embargo, los antisociales no lograron usufructuar este material, ya que fueron descubiertos a tiempo.
Huyeron
Durante el operativo no hubo personas aprehendidas, porque los individuos huyeron entre la maleza al notar el arribo de los militares y, pese a la búsqueda, no pudieron ser atrapados. En el sitio se encontró el transporte pesado, tipo tanquero, que ya había sido abastecido con 10.000 galones de diésel, extraídos de manera clandestina para ser comercializados como contrabando.
Durante la inspección también se encontraron otras evidencias: una válvula de dos pulgadas, 35 metros de manguera de alta presión y cuatro acoples. Además, verificaron el punto exacto
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS EXEQUIALES PARQUES RECORDATORIOS ECUADOR SERPREQ S.A.
Se convoca a los señores accionistas y al señor comisario EDWIN ORLEY ZAMBRANO BALCAZAR, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SERPREQ S.A., la misma que se desarrollará el 20 de febrero del 2026, a las 10h00, mediante la plataforma zoom, para el efecto se confiere el siguiente link de acceso con sus respectivas credenciales: https://us06web.zoom.us/j/81634878083?pwd=ywmloAOPYgHa1nUdm P78ip99KHWa5k.1 , ID de reunión 816 3487 8083 y código de acceso 551415, en la cual se tratará el siguiente orden del día:
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoria Externa.
3. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros y Balances de la compañía.
4. Conocimiento, análisis y aprobación del reparto de utilidades correspondientes al periodo fiscal 2025.
5. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General saliente.
6. Conocimiento, análisis y resolución sobre la Reforma del Estatuto Social.
7. Elección del Presidente de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, se pone en conocimiento y a disposición de los señores accionistas los estados financieros, balances, el informe del Comisario, el informe de auditoría externa y el informe del Gerente General saliente, documentación que se encontrará disponible para su revisión en las oficinas de la compañía SERPREQ S.A., ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y 13ava, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. En razón de que la presente Junta se llevará a cabo por medios telemáticos, conforme a lo señalado en esta convocatoria, los accionistas deberán confirmar su asistencia y remitirán su voto respecto de cada una de las mociones planteadas al correo electrónico gerencia@serpreq.com.ec . De igual manera, en caso de comparecer mediante representante, deberán enviar al mismo correo electrónico el correspondiente instrumento de representación debidamente suscrito.
donde se hizo la perforación de la tubería matriz que acoge este combustible.
Casos reiterativos
Frecuentemente, las fuerzas del orden se encuentran con estas novedades durante sus patrullajes, siendo las vías a Quinindé y Quito las más
Hombre atrapado
con un carro robado en la Cristo Vive
Un hombre fue aprehendido durante un operativo policial desarrollado en la avenida principal de la cooperativa de vivienda Cristo Vive, en Santo Domingo
Esta persona se movilizaba en un vehículo con reporte de robo. Los uniformados pararon la marcha al observar que en la parte frontal no tenía la placa de identificación; tras la inspección, se percataron que en la parte posterior sí tenía un identificativo, pero el sistema reflejó que correspondía a otro medio de transporte.
Rápidamente se analizaron las series del motor y se
recurrentes para el accionar de los delincuentes que se dedican a estas actividades ilícitas.
La semana anterior se detectó un predio por la urbanización Sueño de Bolívar, donde existía un túnel que conectaba al oleoducto para robar gasolina. (JD)
Las autoridades indican que mantienen operativos y patrullajes permanentes para evitar este delito.
TRABAJO. La recuperación del vehículo se dio durante un operativo policial.
verificó que el carro había sido sustraído durante los primeros días de enero de 2023 en Guayaquil
Procedimiento
El conductor no pudo justificar la procedencia del automotor y los gendarmes notificaron al fiscal de turno, quien dispuso que sea puesto a órdenes de las autoridades judiciales.
Posteriormente, el medio de transporte fue trasladado al canchón de la Policía Judicial, donde quedó retenido hasta que la propietaria legalice su devolución. Mientras tanto, el detenido quedó en el área de aseguramiento temporal de la Unidad Judicial; hasta el cierre de esta edición se desconocía el resultado de la audiencia. (JD)
RESULTADOS. Militares asignados a estos operativos han detectado varios puntos de extracción ilícita de combustible.
¿Cómo se beneficia la Revolución Ciudadana de la actuación de ADN?
La Revolución Ciudadana intenta sacar provecho de los errores del partido de Gobierno, observan analistas que han revisado los hechos ocurridos en las últimas semanas.
¿Quién gana y quién pierde con las coyunturas políticas? Depende de los factores y los objetivos, señalan expertos consultados. Pero dos son los oponentes: la Revolución Ciudadana (RC) y el Gobierno de Daniel Noboa, cuya organización política es Acción Democrática Nacional (ADN).
El juicio político a Mario Godoy , presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), es la coyuntura de mayor peso que puede generar ciertos efectos, según sea el resultado de ese proceso en la Asamblea Nacional.
¿Qué
¿RC con nuevos liderazgos?
Para Jorge Peñafiel, constitucionalista y exasambleísta, la RC está viviendo una fase diferente porque hay un cambio.
“Ahora la RC ya no es solo Rafael Correa y su círculo cercano, sino otros actores dentro del escenario. Uno fundamental, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Viviana Veloz como cabeza de la oposición en el Legislativo (una de las proponentes del juicio a Godoy). También tiene presencia territorial Paola Pabón (prefecta de Pichincha)”,
busca la Revolución Ciudadana?
° Juan Manuel Fuertes, exsubsecretario de Gobernabilidad y analista político, observa que “todo aquello que implique algún problema, ataque, retaliación en contra de la RC, tiende a fortalecerla internamente”.
Recuerda que el objetivo inicial del correísmo “era la permanencia en el poder durante generaciones, por eso dijeron que la Constitución del 2008 iba a durar años”. Pero no contaban con algunos hechos. “No estaba previsto en su plan el descabezamiento, a través de sentencias judiciales, de su principal líder (Correa) y de varios de sus protagonistas esenciales. Eso les obligó a cambiar de objetivo. Ahora están permanentemente tras la búsqueda de una revisión de los casos judiciales”, subraya.
responde Peñafiel.
“Son liderazgos individuales, correístas con luz propia que empiezan a tener una imagen e importancia mayor en el escenario”, señala.
Y ante esa debilidad de la figura de Correa, “el Gobierno nacional empieza a atacar a sus alfiles, incluido Pabel Muñoz (alcalde de Quito)”.
Eso da cabida al argumento de la “persecución”. Ejemplifica el caso de Alvarez: “Él es un actor político importante, tiene una buena aceptación en Guayaquil. El Gobierno de Noboa comete errores políticos al atacar directamente a sus propios contrincantes electorales”.
Pérdida de respaldo: “El Gobierno ha perdido adeptos en los últimos meses, después de la consulta popular, por lo que posiblemente no consiga ganar las alcaldías ni en las ciudades más importantes”.
La Comisión de Fiscalización tiene hasta el 15 de febrero de 2026 para presentar el informe final sobre el juicio contra Godoy.
Una organización política sin estructura territorial: “ADN no existe como partido, lo que hay es un membrete con personas vinculadas al círculo cercano e íntimo de Daniel Noboa. Y lo que es peor, no tienen lógicas políticas para llegar con su mensaje y lograr crecimiento estructural”.
El alcalde de Guayaquil fue detenido la madrugada del 10 de febrero por una investigación del caso Goleada.
bierno y la oposición se necesitan y por eso se alimentan mutuamente.
En medio de las coyunturas, la RC se está beneficiando, apunta. “Cuando es atacada por el Gobierno se fortalece y la posiciona como oposición. La polariza ción es necesaria para el Gobierno para designar al enemigo. Y de parte de la oposición, para posicionarse como el contradictor del Gobierno, para beneficiarse de los errores del Gobierno”. Pero precisa que ese rol de las dos partes es permanente, no solo durante las coyunturas electorales, que también influyen. El analista apunta más factores que fortalecen a la RC:
Lucha preelectoral: “Se acercan las elecciones seccionales, empiezan a aparecer candidatos. Algunas de las acciones son para eliminar o desacreditar posibles candidatos”.
Lucha personal entre liderazgos: “Los líderes (de ADN y RC) quieren ser dominantes, uno ataca al otro y viceversa”.
Errores de los que RC saca ventaja
Otros errores que comete el Gobierno, según Peñafiel, son: Abandonar el espacio de la ciudadanía activa, democrática: “Ha profundizado en una agenda autoritaria, buscando polarizar o ultrapolarizar el escenario, aun cuando este ya estaba agotado”.
Peñafiel sospecha que si Noboa no construye una fuerza política verdadera en el poder quedará “extremadamente debilitado a finales de su mandato y simplemente saldrá por la puerta chica”.
Ataque político que fortalece Lolo Echeverría , analista político, evalúa que el Go -
Lucha por controlar el poder: “Por un lado, el Gobierno tiene las instituciones de control en sus manos. Por otro lado, la oposición trata de cambiar la composición de estos órganos de control cuando son colectivos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o el CJ. Hay una lucha por controlar los organismos de control”. Por eso el analista considera que el juicio a Godoy es un asunto clave que ya fortalece a la RC, pues el solo proceso incomoda al Gobierno. El informe de Fiscalización puede recomendar la censura y destitución de Godoy o el archivo del juicio político. “Cualquiera de las opciones tiene un alto precio para el Gobierno y por eso dilatan buscando algún mecanismo para reducir los costos. Eso es lo que está manejando la RC”, sospecha el analista (KSQ)
ViViana Veloz y otros asambleístas de la Revolución Ciudadana, durante la actuación de pruebas en el juicio político a Mario Godoy. (Foto: API).
TOME NOTA
Decisiones de la Judicatura y del Cpccs generan sospechas
Abogados dicen que el Cpccs debió esperar a activar el mecanismo de designación del vocal suplente de Alexandra Villacís.
El cambio temporal en la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) y la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que el 10 de febrero de 2026 activó el mecanismo para designar al reemplazo de Alexandra Villacís, que se desempeñó como vocal suplente de Mario Godoy, pre-
sidente del CJ, generan dudas y sospechas en la comunidad jurídica.
Damián Larco, quien formó parte de una terna del Ejecutivo, reemplaza desde el 10 de febrero a Mario Godoy mientras este hace uso de licencia y vacaciones hasta el 15 de febrero. Alexandra Villacís debía asumir la presidencia del CJ de manera temporal, pero fue impedida de ejercer cargos en el sector público por una deuda que, según el Ministerio de Trabajo, mantiene con el
Servicio de Rentas Internas (SRI).
“La actuación de la Judicatura se presta para una serie de dudas”, afirma Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, quien subraya que los tiempos han coincidido de manera “muy sospechosa”.
Cree que Godoy pidió licencia y vacaciones a sabiendas que Villacís no lo podía reemplazar (por impedimento del Ministerio de Trabajo), y el Pleno del CJ nombra un alterno y luego, “rápidamente”, envía el oficio al Cpccs para que se designe al reemplazo de Villacís, descalificándola de noche a la mañana.
“Todo lo que está ocurriendo es solo el complemento y una campaña que iniciaron en contra de Villacís tan pronto como Godoy se encontraba en problemas (a raíz de la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano), Villacís les resultó incómoda”, dice Guzmán.
¿Conspiración en contra de Villacís?
Las intenciones son claras, añadió Guzmán. Sostiene que hay conspiración en contra de Villacís para que no pueda posesionarse y ejercer la presidencia del CJ.
Guzmán y el constitucionalista Hermes Sarango opinaron que el Cpccs debió esperar a activar el me-
canismo de selección del vocal suplente hasta que se dilucide el problema y se abra una investigación para conocer si en realidad Villacís tiene o no una prohibición de ejercer cargo público.
“Si no es así, se trataría de una cuestión política”, también sugiere Hermes Sarango, pero Ciro Guzmán fue más allá y dijo: “se nota la desesperación de la Judicatura para quitar del medio a Alexandra Villacís”.
Actualizar información tarda hasta 48 horas
El abogado Paúl Córdova subraya que no se conocen las verdaderas intenciones de este tipo de cambios. Sin embargo, dijo que es de conocimiento público que cuando aparece algún tipo de impedimento en el SRI o en el IESS, la actualización de la información en el Ministerio de Trabajo demora entre 24 y 48 horas.
Se declaró sorprendido de que Villacís cumplió con el proceso para sustentar su postulación como vocal del CJ y no registró ningún tipo de impedimento.
“Pero, justo cuando la Comisión de Fiscalización está por tomar una decisión en torno al juicio del presidente de la Judicatura y este, a su vez, toma vacaciones, a última hora aparece el supuesto problema de Villacís, y el Cpccs rápidamente se activa para designar al suplente de Godoy”, cuestiona Córdova.
También critica la falta de agilidad del Cpccs para avanzar en el proceso de designación de autoridades. “Para eso sí es muy lento, muy contradictorio, muy sinuoso, pero cuando se trata de hacer las tareas de los conectores de Carondelet, allí sí es muy diligente y muy breve”. Insistió en que las direcciones de talento humano de las instituciones públicas siempre dan 48 horas para aclarar cualquier tipo de impedimento. “Ese tipo de manejos muy sospechosos son los que siguen incrementando la desconfianza ciudadana en las instituciones”, sostiene Córdova. (SC)
PAÍS Comando Conjunto dispuso procedimiento para seleccionar medios que no afecten a su imagen
GOBIERNO Vicepresidenta dispuso desvinculación del director de instalación de salud al que acudía Santiago Díaz
JUSTICIA
Fiscalía vinculó a alias Pipo, Lobo menor y gordo Luis en el Magnicidio FV
COMERCIO Hoy exportamos más camarón que petróleo
VOCAL. Alexandra Villacís, suplente de Mario Godoy. (Foto: archivo)
ESMERALDAS Cantón Esmeraldas presenta agenda para el Feriado de Carnaval
GAD alertan impacto económico y social por proyecto de ley 70/30
Autoridades municipales, provinciales y parroquiales cuestionan la reforma planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para los GAD.
Alcaldes, prefectos y representantes de gobiernos parroquiales levantaron una alerta pública frente a la propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, y actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, que busca modificar la clasificación del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El eje central del proyecto es redefinir qué se considera “gasto de inversión” y qué se clasifica como “gasto corriente”, esta-
bleciendo reglas más estrictas para que al menos el 70% de los recursos se destinen a obras.
Sin embargo, la propuesta excluye de la categoría de inversión rubros como programas sociales, culturales, educativos, deportivos, estudios técnicos y contratación de personal especializado para la ejecución de proyectos, que hoy son contabilizados como gasto de inversión por los GAD. Las autoridades aseguran que, de aprobarse como está planteada, la norma no solo afectaría a programas antes mencionados, sino que redu-
tar obras, como los proyectos arquitectónicos, geológicos o eléctricos.
Deuda del Gobierno
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, alertó que la reforma también tendría un impacto financiero sobre los gobiernos subnacionales.
“Hoy la deuda (del Gobierno con los GAD) bordea los $1.000 millones. Si la reforma pasa, van a licuar esos 1.000 millones”, afirmó.
ciría de manera estructural los recursos que reciben los GAD.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, recordó que en Cuenca se ha disminuido el gasto corriente en los últimos años y, al mismo tiempo, se ha incrementado la obra pública. Sin embargo, advirtió que la reforma obligaría a clasificar como gasto corriente programas que hoy son considerados inversión, lo que impediría cumplir con la regla fiscal del 70% destinado a obra pública. Como consecuencia, podrían disminuir las transferencias del Gobierno central.
Lo social en riesgo
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL CONVOCATORIA AL CONGRESO DE ELECCIÓN 2026
El Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en sesión celebrada el día martes 10 de febrero del 2026, al amparo de lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de la FEF, y conforme las disposiciones estatutarias, legales y reglamentarias correspondientes, RESOLVIÓ convocar, como en efecto se convoca, a los Miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al CONGRESO DE ELECCIÓN DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL, a realizarse el día martes 17 de marzo del 2026, a las 11h00, en la sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ubicada en la Av. Las Aguas y Calle Alianza, en la ciudad de Guayaquil, en el que se tratará el siguiente orden del día:
PUNTO ÚNICO:
- Elección de los Integrantes del Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el periodo de gestión 2027-2031.
De conformidad con las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes, la Comisión Electoral de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en funciones, estará a cargo de la organización y supervisión del proceso electoral
Se informa que el Periodo Electoral comienza el 10 de febrero de 2026 (con la presente convocatoria) y finalizará el 17 de marzo de 2026, con la Elección de los Integrantes del Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el periodo de gestión 2027-2031. Adicionalmente, se comunica que se encuentran publicados en la página web oficial de la FEF (https://www.fef.ec), el Código Electoral de la FEF, el calendario electoral, y demás documentos relacionados con el presente proceso de elección, el cual se regirá por la normativa vigente a la fecha de la resolución del inicio del periodo electoral (10 de febrero de 2026).
Conforme lo determinado en el párrafo 1 del artículo 28 del Estatuto de la FEF, el número de delegados que podrán participar en el Congreso de Elección, en representación de cada uno de los miembros, es de dos (2); debiendo acreditar la participación de cada uno de los delegados de los miembros de la FEF hasta el día lunes 9 de marzo de 2026, mediante el respectivo formulario de acreditación. Se debe considerar que quien podrá ejercer el derecho a voto es el representante legal debidamente registrado de cada uno de los miembros, o quien estatutariamente lo suceda, para lo cual deberá presentar los documentos que avalen su representación legal, conforme a la normativa vigente.
Particular que se comunica para los fines pertinentes. Atentamente, DEPORTE Y DISCIPLINA
Econ. Francisco Egas Larreategui Abg. Nicolás Solines Moreno Presidente Secretario General Federación Ecuatoriana de Fútbol Federación Ecuatoriana de Fútbol
Las autoridades coincidieron en que el mayor impacto recaería en los sectores vulnerables. Comedores municipales, centros infantiles para hijos de madres trabajadoras, atención psicológica y jurídica para mujeres víctimas de violencia, escuelas deportivas y centros culturales dejarían de ser considerados inversión.
Zamora explicó que los sueldos de abogados, psicólogos, docentes y promotores sociales pasarían a contabilizarse como gasto corriente. Lo mismo ocurriría con los estudios técnicos necesarios para ejecu-
Explicó que,tras el pago reciente del modelo de equidad territorial correspondiente a noviembre, la deuda disminuyó de $1.500 millones a $1.000 millones. Sin embargo, sostuvo que con la reforma esa deuda desaparecería contablemente.
“Lo más grave es que esta disminución de $1.000 millones se haría de forma anual. Es decir, cada año recibiríamos $1.000 millones menos. Eso significa menos obra y menos presencia en territorio”, señaló.
Pabón advirtió que, en un contexto donde el sistema de salud y la infraestructura educativa del Gobierno central presentan graves falencias, son los gobiernos locales los que sostienen la atención .
En el caso de Pichincha, el sistema de salud provincial realizó 300.000 atenciones en 2025. También alertó que 174 maestros de escuelas deportivas podrían quedar sin empleo y que 11.000 niños perderían espacios de formación.
Posible paralización de obras
Otro de los puntos expuestos fue la falta de flexibilidad financiera que generaría la reforma. Según Zamora, si las transferencias destinadas por parte del Gobierno exclusivamente a obra pública se retrasan, como ha ocurrido en meses anterio-
res, los municipios no podrían utilizar recursos propios para cubrir esos pagos. Esto provocaría la paralización de proyectos en ejecución en todo el país. Pabón recordó que en 2024, por cada dólar invertido por el Gobierno central, los GAD invirtieron $3 en obra pública, convirtiéndose en un motor de dinamización económica.
Cuestionamientos
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, planteó el archivo del proyecto de ley, señalando posibles vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.
Según el Alcalde, en el Cootad ya existe una regla fiscal del 70/30, que es destinada al valor que reciben por parte del Gobierno y que el problema no es la disciplina fiscal, sino la redefinición del concepto de inversión. También cuestionó que se establezcan criterios distintos para el Gobierno Central y para los GAD.
Las autoridades aclararon que no se oponen a mejorar la eficiencia ni a limitar excesos en ciertos rubros, como eventos festivos, pero insistieron en que la reforma debe discutirse con los gobiernos locales.
“Esta ley no va en contra de las autoridades, va en contra de la gente más humilde”, afirmó Pabón, quien advirtió que la medida significaría un retroceso hacia un modelo de centralismo que el país ya superó con el proceso de descentralización. Finalmente, alcaldes, prefectos y representantes parroquiales solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, abrir un espacio de diálogo técnico para revisar la propuesta.
“Queremos más eficiencia y más obra pública, pero no a costa del corazón social del país”, concluyeron. (EC)
Autoridades locales aseguran que la reforma sobre el gasto en los GAD
Minería ilegal, una economía
muy atractiva para los criminales
La minería ilegal opera como una economía global altamente rentable, conectada al crimen organizado, la política y la exclusión social. Entender cómo funciona su negocio es clave para enfrentarla en Ecuador.
La minería ilegal suele presentarse como un problema ambiental o de orden público. Sin embargo, detrás de las retroexcavadoras, los campamentos improvisados y los ríos contaminados , opera una economía criminal compleja, con reglas de mercado, cadenas de valor, mano de obra, logística y flujos financieros transnacionales
Nicolás Zeballos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia del Perú, lo plantea con claridad: en América Latina, el crimen organizado encuentra su mayor rentabilidad en las economías ilegales, y la minería ilegal se ha convertido en una de las más atractivas.
Solo en Perú, la venta de oro mueve alrededor de $4.500 millones al año, y más de la mitad de ese volumen no tiene origen formal verificable. La evidencia indica que proviene, al menos, de circuitos irregulares e ilegales.
Ecuador no es ajeno a esta lógica. Aunque su escala es menor, comparte las mismas rutas, los mismos actores y las mismas debilidades estructurales. Más de $1.000 millones mueve la minería ilegal en Ecuador, sobre todo impulsado por un precio del oro cada vez más alto.
El oro y la coca comparten rutas Uno de los puntos centrales del conversatorio ‘Minería Ilegal y crimen organizado: transnacional en la región Andino-Amazónica’ es que la minería ilegal no crea nuevas rutas: aprovecha las que ya existen. Por donde circula la cocaína, también se mueve el oro, la madera, el contrabando y el dinero ilegal. Los corredores logísticos son prácticamente los
mismos y los operadores, muchas veces, también. Esto explica por qué la minería ilegal crece con rapidez en territorios donde el narcotráfico ya había consolidado infraestructura, protección armada y redes de corrupción. El oro tiene, además, una ventaja estratégica: es fácil de ocultar, fácil de transportar y, una vez fundido, prácticamente imposible de rastrear Una barra de oro ilegal puede convertirse en un activo “legal” en cuestión de horas. Uno de los errores más comunes es reducir el fenómeno a los grupos delictivos visibles. Las bandas armadas pueden cobrar extorsiones o controlar territorios específicos, pero no son quienes dirigen el negocio
La minería ilegal funciona a través de sistemas criminales segmentados , con actores formales e informales, legales e ilegales, que cumplen roles distintos: financistas, operadores logísticos, titulares de concesiones, intermediarios
comerciales, funcionarios corruptos y redes políticas locales.
Esta estructura la hace más adaptable, más evasiva y, paradójicamente, más violenta.
“Quien llega primero se lleva el oro”, resume Zeballos. A diferencia de la coca, el recurso se agota rápidamente. Eso genera competencia feroz, disputas armadas y control violento del territorio.
Empleo, ingresos y silencio La minería ilegal no se sostiene solo con armas, sino con mano de obra. En Perú, se estima que 1,4 millones de personas dependen directa o indirectamente de esta actividad, lo que representa casi el 10% de la Población Económicamente Activa (PEA)
En Ecuador, aunque no existen cifras consolidadas, la proporción en zonas mineras y fronterizas es significativa. Si solo el 1% del PEA estuviera vinculado, directa o indirectamente a
sanitaria, las organizaciones criminales entendieron que era el momento ideal para expandirse.
En Ecuador, ese período coincidió con crisis políticas, debilitamiento institucional y el desmantelamiento de capacidades de control, incluida la regulación minera . Al mismo tiempo, el narcotráfico reconfiguró sus rutas hacia Europa y diversificó su portafolio. El oro se volvió el nuevo activo estratégico. Torres es enfático: los grupos delictivos organizados son solo una pieza del engranaje. La coartada de responsabilizarlos exclusivamente ha servido para desviar la atención de las estructuras invisibles, muchas de ellas dentro del propio Estado, donde se toman las decisiones clave y se facilita el negocio.
¿Cómo enfrentar la minería ilegal? No hay soluciones simples ni exclusivamente represivas. Perseguir retroexcavadoras o militarizar territorios puede ser necesario, pero es insuficiente si no se ataca la economía que sostiene el negocio.
la minería ilegal, se podría hablar de más de 80.000 personas en todo Ecuador, desde Napo hasta Loja. En territorios donde el Estado no garantiza empleo, servicios ni seguridad, la minería ilegal ofrece ingresos inmediatos, por precarios que sean. Así se construye una base social que no solo trabaja para el sistema, sino que lo defiende, lo legitima y, en algunos casos, lo representa políticamente. Zeballos introduce aquí una idea clave: más que “captura del Estado”, lo que ocurre es una participación política desde abajo , donde estas economías ilegales construyen legitimidad local y presionan por desregulación y tolerancia institucional.
Pandemia, una oportunidad criminal Arturo Torres, periodista e investigador ecuatoriano, sitúa un punto de quiebre claro: la pandemia . Mientras los Estados estaban concentrados en la emergencia
Entre las claves para enfrentar la minería ilegal están: Entender la minería ilegal como un mercado, no solo como un delito.
Atacar los flujos financieros y comerciales, especialmente la comercialización del oro. La suspensión de actividades de plantas de beneficio en Napo y Loja van en esa línea.
Reconstruir la presencia del Estado en territorios abandonados, con servicios, empleo y alternativas productivas.
Transparentar las estructuras invisibles , mediante investigación académica y periodismo de profundidad. Asumir la corresponsabilidad internacional, ya que la demanda de oro proviene principalmente de mercados externos. Se necesita la cooperación de varios países Mientras la minería ilegal siga siendo más rentable que la legal, más rápida que la formalización y más presente que el Estado, seguirá expandiéndose. (JS)
OPERATIVOS. Los controles militares contra la minería ilegal se multiplican, pero son insuficientes.
Alcalde de Guayaquil fue detenido por caso de lavado de activos
El Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y otras 10 personas fueron aprehendidas, incluidos sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez.La Fiscalía lidera la investigación por los presuntos delitos.
La madrugada de este 10 de febrero de 2026, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez , fue detenido en el marco del caso Goleada Otras 10 personas más están retenidas, entre ellas sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez
De acuerdo con el parte policial al que accedió LA
HORA , alrededor de las 04:30 del 10 de febrero en Samborondón , en la isla
Mocolí, se dio cumplimiento a la orden de detención dentro de una investigación previa, por lo que se detuvo a Aquiles Alvarez.En el documento se indica que hasta ese momento Alvarez no portaba el grillete electró -
Las penas por los delitos que investiga la Fiscalía
° La Fiscalía informó que las personas que fueron detenidas son investigadas por lavado de activos y defraudación tributaria.De acuerdo con el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre el lavado de activos se sanciona con las siguientes penas:
Con pena privativa de libertad de uno a tres años: cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.
Con pena privativa de libertad de cinco a siete años: cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de siete a diez años: cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general; si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir.
Con pena privativa de libertad de diez a trece años: cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general; cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. Según el artículo 298 del COIP, hay una pena privativa entre uno a siete años por el delito de defraudación tributaria.
nico. Los detenidos fueron trasladados a Quito.El bus con los detenidos del caso Goleada llegó a las 10:00 hasta el Complejo Judicial, en el norte de la capital.De acuerdo con la Fiscalía, el caso Goleada investiga presuntos delitos por lavado de activos y defraudación tributaria Entre los indicios que se levantaron en los allanamientos están celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentos que tendrían relación con la investigación.
El abogado del Alcalde de Guayaquil, Ramiro García , indicó que este nuevo
proceso se refiere exactamente a los mismos hechos del caso Triple A, es decir a la comercialización de combustibles desde hace más de cinco años.Sobre el uso del grillete electrónico, argumentó que el dispositivo se carga por las noches.
Sin embargo, el SNAI aclaró que los dispositivos de vigilancia electrónica , una vez que son instalados por la autoridad competente no pueden ser manipulados, retirados ni desinstalados por el usuario.
García destacó que Alvarez se mantiene con el porte de su grillete electrónico y, sobre el dinero en efectivo
Reemplazo en la Alcaldía
°Tras la detención de Aquiles Alvarez, la vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, dijo que Alvarez es una de las voces más fuertes de la oposición y que se ha atrevido a defender su ciudad. También se refirió a lo ocurrido como persecución política y señaló que desde el Concejo Municipal no se lo acepta.
La abogada Jéssica Jaramillo indicó que el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) dice que el vicealcalde o la vicealcaldesa subrogarán al Alcalde o actuarán en ausencia del Alcalde.Destacó que el artículo 62 de la normativa establece que puede ser en ausencia temporal o en vacaciones, por un tiempo máximo de 90 días.
El exalcalde de Quito, Roque Sevilla, indicó que, en el caso de una ausencia temporal de un alcalde, quien lo reemplaza es la vicealcaldesa y se da de forma inmediata.(PSR)
encontrado en los allanamientos, dijo que en la casa del Alcalde de Guayaquil no se ha encontrado ni un solo dólar.
El jurista aseguró que leyó una parte del informe del caso Goleada y aseguró que este se refiere exactamente a la comercialización de combustibles y que no tiene nada que ver “ni con fútbol ni con equipos”, por el nombre que puso la Fiscalía al caso.
Correísmo denuncia persecución García también indicó que lo ocurrido les parece un “claro gesto de persecución y un abuso de la Justicia penal, como mecanismo de persecución al rival político”.
La Revolución Ciudadana también se pronunció tras la detención de su coideario, Aquiles Alvarez y lo calificó como un abuso.Con lo que aseguraron que lo ocurrido “confirma la persecución y los excesos que hoy vive el país”.
La asambleísta correísta, Mónica Palacios, publicó en su cuenta de X que el operativo realizado en contra de Alvarez no corresponde a justicia, sino a una persecución política.
Caso
Triple A
El 30 de noviembre de 2024, la Fiscalía realizó siete allanamientos en Guayaquil y Milagro , en las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.Tras estos hechos, la Fiscalía informó que se dio una investigación por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. El caso inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), con la que se alertó sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado. En enero, la audiencia de formulación de cargos, nuevamente, fue suspendida Esa estaba prevista para el 31 de enero y 1 de febrero, se suspendió por el Tribunal de Garantías Penales.
REGISTRO. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue detenido por el caso Goleada.(Foto: Fiscalía)
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO CONVOCATORIA PÚBLICA PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO RETIRADOS
La Asociación de Trabajadores de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el Directorio en sesión ordinaria del 3 de diciembre del 2025; y, resolución Nº ASE2-018-2025 adoptada en sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación de Trabajadores de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato del 6 de diciembre del 2025, informa a sus miembros y exmiembros lo siguiente:
Se ha establecido el Protocolo Oficial para la Devolución de Recursos Económicos No Retirados, correspondiente a aportes que se encuentran bajo custodia de la Asociación y cuyo derecho ha sido reconocido formalmente.
PLAZO PARA INICIAR EL TRÁMITE
A partir de la presente publicación, se abre un plazo improrrogable de QUINCE (15) DÍAS para que los beneficiarios presenten su solicitud de devolución. Transcurrido dicho plazo, caducará el derecho de reclamo sobre los valores no retirados, y la Asociación podrá disponer de dichos recursos conforme a la normativa interna y resolución asamblearia.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN
Los interesados deberán presentar:
1. Certificación de ser miembro o exmiembro con derecho reconocido, emitida por Secretaría.
2. Oficio de solicitud de devolución, adjuntando: o Copia a color de cédula de ciudadanía o Certificado de votación vigente
3. Certificado de cuenta bancaria a nombre del beneficiario titular.
En caso de trámite mediante apoderado:
4. Copia certificada del poder notarial con facultades expresas para recibir pagos.
5. Copia de cédula y certificado de votación del apoderado.
DEDUCCIÓN ADMINISTRATIVA
De conformidad con lo resuelto por la Asamblea General, se aplicará una deducción uniforme del 10% por gastos administrativos sobre el monto total a devolver.
FORMA DE PAGO
La devolución se realizará únicamente mediante transferencia bancaria a una cuenta registrada a nombre del beneficiario.
CONFIDENCIALIDAD
La Asociación garantiza el tratamiento adecuado de los datos personales conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, utilizando la información exclusivamente para este trámite.
Dado y publicado para fines legales y estatutarios.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
La solicitud de entrega y todos los documentos habilitantes serán recibidos en físico, por el Síndico de la Asociación Ab. Kléver Peñaherrera Pérez, desde 09:00 hasta las 16:30 en su oficina que se encuentra ubicada en la Av. Cevallos y Castillo, 3 piso, Consultorio Jurídico Paredes & Asociados (altos de Tropiburguer).
LISTA DE LOS BENEFICIADOS
NOMINA DE BENEFICIARIOS
ABRIL ORTIZ LILIANA GISSELA
ACOSTA ROMERO NATALY KARLA
ALDAS JARRIN JUAN CARLOS
ALTAMIRANO GUACHAMIN CRISTIAN PAUL AMAN MORALES SILVIA ELIZABETH ANDINO PACHECO ANDREA NATHALYE
BAUTISTA CHANGO FRANCISCO ALEJANDRO BELTRÁN ORTIZ DARÍO ALEXANDER BUENAÑO MUÑOZ ANGELY EMILY
CALUCHO ARMAS TATIANA ELIZABETH CALVACHE PERALTA PAULINA ELIZABETH
CASTRO CASTRO MACARENA DE LAS MERCEDES CISNEROS JARAMILLO KARINA PAOLA ESCOBAR LÓPEZ MARÍA CRISTINA
GALARZA CALLE MARÍA ELIZABETH
GUERRERO NÚÑEZ NELLY ALEJANDRA GUEVARA DUEÑAS WILSON HERNÁN
IMBACUAN MOREJÓN KARENN NATALY JURADO ORTUÑO MARÍA LUISA
MASAQUIZA SÁNCHEZ BYRON MARCELO MIRANDA PROAÑO MERCEDES ESTEFANÍA
NÚÑEZ NÚÑEZ MAURO EDWIN
PROAÑO CISNEROS JESSICA ESTHELLA
QUIROZ RUIZ MARÍA JESÚS
RUIZ LINDAO DIANA JENNIFER VARELA HIDALGO MARÍA EMILIA
VEGA MOYA DALILA MARISELA
VILLAFUERTE ANDALUZ VERÓNICA EUGENIA
VILLEGAS BELTRÁN ÁNGEL MEDARDO
ZURITA RUANO MARÍA AUGUSTA
LÓPEZ VILLACRÉS VANESSA VICTORIA
ENRÍQUEZ MURCIA ELIZABETH VANESSA
MANTILLA RODRÍGUEZ GRACE MARUSKA
PORTERO SEGOVIA LORENA ANABEL
SÁNCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO
Psc. Cl. Susana Farfán Ing. Silvana Salinas Presidenta Secretaria
Niveles de corrupción en las democracias empeoraron en 2025
Transparencia Internacional alerta de un “preocupante empeoramiento” de los niveles de corrupción en las democracias.
La organización Transparencia Internacional ha publicado este 10 de febrero de 2026 su último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe donde advierte de un “preocupante empeoramiento” de los niveles de corrupción --con datos de 2025-- en las democracias, en un mundo marcado por el “peligroso desprecio” al Derecho Internacional.
En el informe se califica a todos los países con notas desde el 0 al 100, y la media de todos los países del mundo se ubica en 42 puntos , uno menos que la del pasado año, evidenciando así la necesidad de adoptar medidas para “ proteger el interés público” y mejorar la gobernanza y el liderazgo “responsable”.
Más del 67% de todos los países del mundo evaluados
en el informe (182) “no están logrando controlar la corrupción” y cuentan con una nota inferior a 50 puntos, mientras que el número de países con una puntuación superior a 80 se ha reducido de 12 hace una década a solo cinco este año.
Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) repiten en lo más alto de la tabla, mientras que Venezuela (10), Somalia (9) y
Sudán del Sur (9) lo hacen pero a la cola. En estos últimos casos y en la mayoría de las autocracias del mundo, como Azerbaiyán (30), la corrupción es “sistemática y se manifiesta en todos los niveles”, recoge el informe. La investigación también observa una creciente “interferencia politizada” en la actividad de las oenegés en países como Georgia (50), Indonesia (34), Perú (30) o Túnez (39), donde los gobiernos han adoptado medidas para “limitar” el acceso a financiación y incluso para “desmantelar” aquellas que hacen labor de vigilancia de los poderes públicos.
“Estas leyes suelen ir acompañadas de campañas de desprestigio e intimidación. En estos contextos, es más difícil para los periodistas independientes , las organizaciones de la sociedad civil y los denunciantes denunciar la corrupción con libertad. También es más probable que los funcionarios corruptos continúen abusando de su poder”, agrega la oenegé. Así, un centenar de países han mantenido su posición en el ránking, mientras que 50 cayeron puestos y 31 experimentaron mejoras respecto a los índices del año anterior, esto es, con datos de 2024.
Tendencia preocupante
Transparencia Internacional ha incidido en una tendencia “preocupante de empeoramiento” de los niveles de corrupción en países con sistemas democráticos, citando a Estados Unidos (64), Canadá (75), Nueva
Zelanda (81), Reino Unido (70), Francia (66) o Suecia (80). España, por su parte, se sitúa a mitad de tabla con 55 puntos, pierde uno de los 56 obtenidos en el anterior informe, y queda así por detrás de Granada, Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana o Israel.
Transparencia Internacional ha lamentado que “con demasiada frecuencia asistimos al fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable” pese a que lo que necesita el mundo son dirigentes “con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público”.
Pese a ello, ha asegurado que “la corrupción no es inevitable” y en este sentido ha apuntado a aquellos países cuyos “líderes políticos y reguladores han realizado un esfuerzo continuado por implementar amplias reformas legales e institucionales.
“En un mundo interconectado, necesitamos tanto la acción nacional como la cooperación multilateral para proteger el interés público y abordar desafíos compartidos como la corrupción. En un momento en el que presenciamos un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, necesitamos proteger un orden global basado en normas, cimentado en la transparencia, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el respeto por los Derechos Humanos ”, ha declarado su presidente, François Valérian. (EUROPA PRESS)
HARTAzgO Protesta contra actos de corrupción en España. EP/Archivo
SANTO DOMINGO
Venezuela todavía deberá esperar salida a la democracia
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la encargada del poder en ese país, aseguró que “no habrá elecciones” en el país a corto plazo.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha descartado la celebración de elecciones a corto plazo, alegando que primero “se debe lograr la estabilización” del país latinoamericano, que vive un nuevo período político tras la captura, el pasado 3 de enero, del dictador, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre
Caracas e inmediaciones.
“Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato en el que se debe lograr la estabilización”, ha asegurado durante una entrevista concedida a la cadena Newsmax el pasado sábado y difundida el 9 de febrero de 2026 por la noche, en la que ha defendido que “trabajaremos según un cronograma que convenga a to-
dos y que garantice, no solo a los ganadores, sino también a los perdedores, que todas las garantías estarán a salvo, y serán brindadas por” ambas partes.
El hermano de la encargada del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez, ha justificado la falta de un fecha prevista para convocar comicios indicando que “lo que hemos acordado y en lo que
ciones --celebradas en julio de 2024 y en las que Maduro fue proclamado ganador pese a las denuncias de fraude de la oposición y gran parte de la comunidad internacional-- Rodríguez ha respondido con un rotundo “no” y ha reiterado que “en Venezuela tenemos un itinerario muy claro, un cronograma muy claro para las elecciones, y esto está claramente establecido en la Constitución venezolana”.
“Y este Gobierno interino hará todo siguiendo exactamente lo establecido en la Constitución”, ha agregado, tras lamentar que “hay una realidad que demuestra que hemos estado divididos durante mucho tiempo”.
Rodríguez, que ha subrayado que “el país ha sido increíblemente maduro” ante el “evento altamente traumático” de la operación militar estadounidense, ha defendido que la dirigente venezolana “busca (...) estabilizar completamente el país, reconciliar a todos, a toda la población de Venezuela”.
estamos trabajando actualmente es lo que llamamos la reinstitucionalización del país, para que todas las instituciones del país recuperen su pleno funcionamiento y el reconocimiento de todos”.
Régimen interino para largo
Preguntado por la ilegitimidad de las últimas elec-
Estas declaraciones llegan días después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado haya asegurado que cree que podría haber elecciones “transparentes” en el país latinoamericano en nueve o diez meses, si bien ha afirmado que no ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un cronograma concreto para unos comicios tras la detención de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. (EUROPA PRESS)
ChAviSmO De izquierda a derecha: el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez; y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
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ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Introducción Dentro del marco jurídico de América latina existen diversas acciones que pretenden precautelar los Derechos de las personas cuando estos por una u otra razón han sido vulnerados, y siendo estos mecanismos los más eficientes y eficaces a la hora de hacer prevalecer dichos derechos, en muchas ocasiones evitando incluso el agotamiento de las etapas de vía administrativa, tal como lo determina la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2019 de la Corte Constitucional del Ecuador, donde se determina dentro de su contexto resolutivo y reflexivo que “La acción de protección es una acción directa e independiente, bajo ningún concepto puede ser residual y exigir el agotamiento de otras vías o recursos para poder ser ejercida” este significativo “análisis” se da en virtud de que todos aquellos derechos que se encuentren plenamente establecidos en la Constitución, se convierten en la puerta abierta hacia un Estado Constitucional, puerta que se encuentra aperturada a los ciudadanos, a la naturaleza y a la comunidad internacional que se encuentre dentro del territorio, o que dentro del territorio pretenda hacer valer esos derechos constitucionales, de ahí que su ejercicio debe estar plenamente garantizado, rebasando así las disposiciones legales contenidas en el texto y convirtiéndose las mismas en el mecanismo de avance significativo y evolutivo constante.
En este estudio, como tal nos centraremos en uno de los mecanismos adoptados por las Constituciones actuales como es la llamada en algunos países como Acción de Amparo, y en nuestro país denominada Acción de Protección, la cual su origen se remonta a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, inscrita el 22 de noviembre de 1969 que menciona en su artículo 25 inciso primero que: ¨Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. En su inciso segundo indica que: Los Estados Parte se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso¨. Los Estados modernos enfocados a proteger a la ciudadanía de quienes mal intencionadamente controlan el sistema común de justicia o de privados que atenten a los derechos fundamentales ven la acción de protección una vía efectiva de
reclamo para quienes fueron vulnerados en sus derechos. Es así que Latinoamérica a tomado la posta y en diversos países como por ejemplo Chile, Colombia, México entre otros, poseen en sus constituciones la acción de protección, aplicándola de forma concreta en los fallos de Corte Constitucional, que tienden la mayoría a ser favorables a la persona que sufrió abusos o negligencias en sus derechos, así como del reconocimiento de estos que mediante algún acto administrativo y sin la observancia adecuada al proceso de protección de estos derechos se dejó en indefensión o sin alguna garantía que proteja estos derechos.
Acción de protección en la Constitución
La Constitución ecuatoriana de 2008, siguiendo los pasos de sus países vecinos, reconoce en su articulado a la Acción de Protección particularmente en su Art. 88, que tiene como objeto subsanar integralmente la violación de derechos que vengan de una autoridad privada o pública, lo que significa que la Constitución del Ecuador es garantista de derechos. El tratadista Ferrajoli encasilla a la Acción de Protección como garantía primaria que son útiles para garantizar el correcto funcionamiento del “Estado, como Estado de derechos, el reconocimiento del principio de legalidad, la normativización del principio de supremacía de la Constitución y la definición de los fines últimos del Estado”. Es así, que dentro de todo
contexto jurídico y legal, la Acción de Protección se convierte en la garantía jurisdiccional más importante en función de su ámbito de protección, teniendo en cuenta que la misma no solo tutela los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, incluso protege los derechos que no estén amparados por una vía procesal específica por lo cual es una herramienta elemental para el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y por otro lado, teniendo en consideración que las medidas de reparación integral ordenadas y derivadas de la acción de protección, pueden significar nuevos avances en el ordenamiento jurídico, toda vez que de acuerdo al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, nos establece la libertad que los jueces a la hora de estar con la investidura Constitucional, podrán determinar cualquiera de estas con el fin de que ello genere un aspecto significativo de promoción y protección de Derechos tal como lo analizaremos más adelante. Pero, de donde nace esta denominada acción de protección, pues bien, la misma nace a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada desde 10 de diciembre de 1948 en la cual se estableció en su contenido que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra acto que violen sus derechos reconocidos por la
CONSULTA PeNAL
¿Cuándo no aplica la pena no privativa de libertad en las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar?
RESPUESTA el señor Juez consultante propone que, para el caso de la contravención de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, se aplique el trabajo comunitario en lugar de la pena privativa de libertad. corte nacional de Justicia ha reafirmado que la pena no privativa de libertad no puede aplicarse indiscriminadamente en lugar de la pena privativa de libertad determinada en el tipo penal, la cual por imperativo legal debe ser aplicada de forma estricta conforme al tenor literal de la norma (modificación pertinente conforme al sistema de atenuantes y agravantes y el grado de participación). debemos tener en cuenta además que, en caso de violencia contra la mujer, la aplicación de la pena debe ser entendida en un marco de protección integral a la mujer, prevención, no reincidencia, no impunidad.
Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
Constitución o por la ley”. Dado el principio de protección a los derechos de las personas promulgados por esta institución, el Pacto de San José influyeron de forma positiva en América Latina, una de las primeras constituciones en adoptar el mecanismo de acción de protección fue en el siglo XIX la mexicana,
La Hora Santo Domingo
Autores: Yandry M. Loor Loor & Noriel Benítez
con su Carta Federal de 1957 que recogía el espíritu británico de protección a la integridad de las personas y la libertad, la acción era el amparo que se lo utilizaba como al recurso de casación ecuatoriano.
Historia de la Acción de Protección
Ya entrando al plano de la historia de la Acción de protección en el Ecuador esta tiene sus primeros pasos de inicio bajo el nombre de Amparo Constitucional desde 1967 pero en esa época no se promulgaron leyes y reglamentos para su aplicación, todo esto pese a los esfuerzos por considerarlo, quedó solo en el papel. Al pasar los años se intentó aplicar el Amparo Constitucional pero no fue hasta el año 1997 que La Ley de Control Constitucional y el Reglamento Orgánico del Tribunal Constitucional, reformado en 1998, que confirió al “Tribunal Constitucional la capacidad de conocer el recurso de amparo, en la etapa de apelación cuando se le hubiera concedido o se hubiere negado en segunda instancia”. El recurso de Amparo también tenía carácter cautelar y reparatorio al mismo tiempo, sin embargo, se convirtió en una medida preventiva o provisional que tampoco cumplió con el principio de celeridad ya que los jueces no actuaban de inmediato para evitar o mitigar un daño y se transformó en un proceso contencioso.
En el año 2008 con la expedición de la nueva Constitución de la República del Ecuador, los constituyentes encargados de darle vida priorizaron como ejes principales los derechos humanos, en ese contexto como dice Juan Montaña “se estableció normativamente que las garantías son de dos tipos preventivas y reparatorias y dividiendo el amparo constitucional en dos acciones independientes: las medidas cautelares cuando se trate de evitar la vulneración de un derecho constitucional, y la acción de protección para reparar integralmente el daño a un derecho cuando este se causa efectivamente”
Objeto de la acción de protección
El tratadista Ferrajoli nos ofrece una perspectiva amplia “considera que son derechos fundamentales todos aquellos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar, cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica”.
La Constitución de la República del Ecuador publicada el 20 de octubre de 2008, siguiendo los pasos de sus países vecinos, define en su articulado a la Acción de Protección par-
ticularmente en su Art. 88 que indica que:
“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”.
La Acción de Protección por consiguiente fue regulada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ley que se encuentra en vigencia desde el 2009, y que recoge lo esencial de todas las garantías jurisdiccionales, en la misma encontramos que marca los principios fundamentales de la acción tales como determinar los casos de improcedencia, dividiendo y expandiendo los requisitos de admisibilidad de la demanda, como los requisitos que debe contener la sentencia. Se centra básicamente en la ejecución de reglas procesales comprendidas en el art.43. Por lo cual analizaremos el contenido de la acción diferentes aspectos.
Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Capítulo III, en su artículo 39 establece: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena”.
Características de la Acción de Protección Es menester indicar que la naturaleza de la Acción de Protección es de carácter preventivo lo cual no necesita que haya existido un perjuicio de derechos consagrados en la Constitución es suficiente que exista la amenaza o riesgo que produzca una vulneración, sin embargo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ecuatoriana considera los siguientes elementos a la hora de hablar sobre la acción de protección propiamente dicha, y que la misma debe de considerar la existencia de:
1. Violación de un derecho constitucional;
2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular
de conformidad con el artículo siguiente;
3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.
Otros elementos intrínsecos de la Acción de Protección son:
El proceso deberá ser fácil, ágil y eficiente debe carecer de formulismos que posee los pasos de acceso a la justicia comunes que algunas veces pueden ser retrasados por métodos burocráticos, ésta característica también incluye que para presentar la acción lo puede hacer cualquier persona que vea afectados sus derechos, además incluye “la facultad de notificar a los legitimados activos o pasivos por cualquier medio que considere el juzgador”.
El procedimiento a trámite debe desarrollarse de manera expedita es decir con la mayor prontitud, separando la complejidad que tiene por ejemplo un juicio ordinario referente al cumplimento de formalidades innecesarias, ya dentro del proceso la receptación y práctica de la prueba deben pretender el principio de celeridad procesal, en plazos mínimos para alcanzar una resolución pronta.
La informalidad es una característica básica que distingue a esta acción de otras, ya que puede ser propuesta de forma oral o mediante escrito, sin necesidad de citar y motivar normas jurídicas, solo se necesita detallar la acción u omisión que afecta al derecho tutelado, por lo cual consta con “una estructura procesal simple que se caracteriza por la inmediación de las relaciones entre el juzgador y la partes, con un proceso sumario presidido por la oralidad”, por lo cual en el procedimiento constitucional se realiza una audiencia única que no impugna ninguna resolución judicial sino que da a conocer al juzgador un acto u omisión que afecte un derecho garantizado en la Constitución.
Legitimidad Activa
La legitimidad activa se traduce como la capacidad para actuar en un proceso, la da la característica de ser popular, es decir que la puede proponer la persona afectada con la vulneración de un derecho o un tercero que no haya intervenido en el acto como tal. La Constitución de la República del Ecuador abre la posibilidad de que no solo los representantes de un colectivo o el Defensor del Pueblo intervengan puedan intervenir en el trámite, lo que no sucedía con la Constitución anterior.
El Sistema Interamericano influyo de manera positiva a que se pueda realizar el cambio en la nueva Constitución ecuatoriana de 2008, ya que desde la experiencia a promulgado un sistema abierto de acción popular basándose en los principios de los derechos humanos, que deben ser de interés colectivo
y por lo tanto la vulneración de derechos no solo recae en el afectado sino que converge a toda la sociedad.
Legitimación Pasiva
La Legitimación Pasiva procede como lo estable Art. 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional contra:
1.- Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.
Teniendo en cuenta que los organismos públicos pueden en el marco de sus funciones atentar o vulnerar derechos de las personas garantizados en la Constitución, es por eso que los poderes del Estado no se excluyen de ser demandados en el caso que hayan cometido o atentando a los derechos de las personas de los cuales emitieron una resolución.
2.- Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías.
Como menciona Cornejo “… Las políticas públicas, destacan que en ciertas ocasiones estas están direccionadas a controlar y sancionar, como deber general del Estado, mismo que busca desarrollar un plan que asegure el cumplimiento de las obligaciones y derechos, con políticas claramente formuladas y adaptadas, aplicando los principios de inclusión, participación, rendición de cuentas, responsabilidad, e igualdad y no discriminación”.
3.-Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías.
Se resume que quien presta un servicio público que en el ejercicio de sus funciones genere un acto u omisión que se contrapone con los derechos garantizados en la Constitución, las normas constitucionales buscaran subsanar los efectos, o la violación de los derechos que se deriven de esa aplicación.
4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:
a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;
b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;
c) Provoque daño grave;
d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.
5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.”
Es decir, cualquier persona puede acceder a la Acción de Protección no importa su género, condición, etnia, religión, cultura, la Constitución ampara el libre acceso siempre y cuan-
do se un derecho reconocido en la carta suprema.
Contactos: yandrylooryl_97@hotmail.com y norielbenitez89@gmail.com
3 Alcides J. López-Zambrano, Vol. 4, núm. 1, enero, 2018, pp. 155-177
4 SILVA PORTERO, CAROLINA. “Las garantías de los derechos ¿invención o reconstrucción?”, en ÁVILA SANTAMARÍA, RAMIRO (ed.). Neoconstitucionalismo y sociedad, V & M Gráficas, Quito, 2009, Serie Justicia y Derechos Humanos, t. 1
5 Ferrajolli, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid, Editorial Trotta, 2001, p. 43
6 Ávila Santamaría, Ramiro. (2011). Del amparo a la acción de protección jurisdiccional. Revista IUS, 5(27), 95-125. Recuperado en 16 de julio de 2020, de http:// www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1870-21472011000100006&ln g=es&tlng=pt.
7 Pazmiño Freire. P. (2008). Desafíos Constitucionales, La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional del Ecuador, p.11.
8 Bravo Izquierdo, C. (2011). Tratado de Derecho Constitucional. Cuenca-Ecuador. Ediciones Carpol,p.54
9 Ávila Santamaría, Ramiro. “Las garantías: herramientas imprescindibles del cumplimiento de los derechos”. Desafíos constitucionales: la Constitución Ecuatoriana de 2008 en perspectiva. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, p. 96.
10 Montaña Pinto Juan, Porras Angélica, Apuntes de Derecho Procesal constitucional, Tomo 2, Corte Constituional del Ecuador, pags.106-107.
11 Moreno Cruz, Rodolfo. (2007). El modelo garantista de Luigi Ferrajoli: Lineamientos generales. Boletín mexicano de derecho comparado, 40(120), 825-852. Recuperado en 17 de julio de 2020, de http://www.scielo.org. mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004186332007000300006&lng=es&tlng=es.
12 Constitución del Ecuador, R.O. 449 del 20 de octubre del 2008, Art. 88, Título 2.
13 Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009
14 Ibidem.
15Alcides J. López-Zambrano, Vol. 4, núm. 1, enero, 2018, pp. 155-177
16 Alcides J. López-Zambrano, Vol. 4, núm. 1, enero, 2018, pp. 155-177
17 Ele jalde Astudillo, M. (2006). “Principios Básicos de Interpretación Constitucional”, en, Temas
Constitucionales, Revista del Tribunal Constitucional del Ecuador, No. 8. Pag.19
18 Cuadernos de procedimiento 120-121
9 Cornejo Aguiar, Análisis de la Acción de Protección, 2016, Derecho Ecuador.
20 Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009; Cornejo Aguiar, Análisis de la Acción de Protección, 2016, Derecho Ecuador.
Cuenca preparará el mote de pata más grande del mundo
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