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MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2026
Loja - Zamora
Ventas estables pese a masiva afluencia por romería Negocios del casco comercial mantienen sus horarios habituales y descartan, por ahora, un incremento extraordinario de clientes durante las festividades. Pero todavía hay expectativa de lo que suceda la primera semana de septiembre. 3
CIUDAD
Elecciones: conozca los candidatos oficiales en la provincia 4
POLÍTICA
Asamblea discute nuevas reglas para los inquilinos 6 GLOBAL
Trump dice que el paso del Ormuz está sin minas 9
SOCIEDAD
Alerta a viajeros de EE.UU. asfixia al turismo 8 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.
JOSELO ANDRADE
@JoseloAndrade
A los socialistas de todos los partidos
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riedrich A. Hayek en su libro ‘Camino de servidumbre’ sostuvo, en 1944, que la planificación central de la economía conducía no solo a la concentración del poder, sino también a la erosión de la democracia liberal, los derechos individuales y las libertades en general. Sin embargo, quiero hacer énfasis en la idea que da título a estas líneas: existen socialistas en todos los partidos; en los de izquierda, desde luego, pero también en los partidos de la denominada derecha. La razón es sencilla: nuestra derecha fue educada por la izquierda. De ahí que la mirada con la que se aborda y explica el mundo y sus problemas adolezca del mismo error fundamental que ha impedido a la izquierda explicar satisfactoriamente el mundo en el que vivimos y mucho menos solucionar sus problemas: partir de un mal diagnóstico. En ese sentido, el gran problema de nuestra derecha es que parte del mismo vicio interpretativo de la realidad: en ausencia de un redistribuidor justiciero, las sociedades no pueden llegar a mejorar sus propias circunstancias y reducir la pobreza. Ese supuesto se traduce en el uso de la coerción estatal para intentar corregir los distintos problemas que enfrentan nuestras sociedades. A los problemas que se intenta solucionar desde el poder, hay que enfrentar la tesis del premio nobel de economía James Buchanan, quien sostenía que antes siquiera de suponer que se podía sin más corregir lo que observamos “ahí afuera” con la intervención del Estado, debíamos tomar en consideración que la intervención estatal no es ni neutra, ni carente de fallos propios. Esto último ayuda a explicar la persistencia de fallos, despilfarros y corrupción, así como la incapacidad del Estado para resolver los problemas que afirma combatir. Hay problemas de fondo en nuestra comprensión de los fenómenos políticos y económicos, situación que nos mantiene dando vueltas sobre el mismo terreno, cuando no dando algún paso atrás. En ese sentido, bien valdría la pena empezar a leer a Friedrich A. Hayek o a James Buchanan. Seguimos conversando. JOSÉ ALVEAR
@JoseRAlvearC
¡Otra vez el Sercop! Otra vez el Sercop! Y esta vez no estamos hablando de una compra de computadoras, de muebles o de papelería. Estamos hablando de electricidad. De megavatios. De la posibilidad de que Ecuador tenga o no tenga energía cuando llegue el estiaje. El 24 de agosto, a pocos días de que comience la temporada seca, el Sercop suspendió el proceso
QUITO Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador Editor General: Jean Cano Editor Regional: Franklin Maldonado Publicidad: mcarrion@lahora.com.ec Año: XXVIII
Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.
OPINIÓN 02 O LOJA | MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2026
EDITORIAL
VANESSA DUQUE
vanessaduquer@gmail.com
Mejores reglas para obras
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ientras el Estado intenta controlar la inseguridad, con la aplicación de la fuerza militar y policial en estados de excepción permanentes, el país necesita avanzar para volverse más próspero. Esta aspiración se mantiene vigente entre millones de ecuatorianos. Por ello, aunque la inseguridad sigue ocupando el primer lugar de las preocupaciones nacionales, la economía y la falta de empleo le siguen en todas las mediciones. El país necesita de obras que signifiquen mejoras en la infraestructura y también en la creación de empleo. Hay proyectos que parecen todavía muy lejanos, como las hidroeléctricas Santiago y Cardenillo, que necesitan de unos $6.000 millones de dólares, de total seguridad jurídica y transparencia. Pero hay otras que son más pequeñas y que pue-
mediante el cual Elecaustro buscaba mantener durante seis meses la barcaza Erin Sultan, con una capacidad de entre 90 y 110 megavatios . Lo más preocupante: en el portal no aparece la razón de la suspensión ni una fecha para reanudar el proceso. ¿¡Pero qué estamos haciendo!? Ecuador sabe perfectamente que cuando llegan los meses secos disminuye la generación hidroeléctrica.Sabemosqueaproximadamente el 70% de nuestra demanda depende de las hidroeléctricas. Sabemos que necesitamos generación térmica de respaldo.
Cuando comunicar no comunica
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den ser beneficiosas para el país, que requieren de menos recursos y parecen viables. Pero el primer paso no está relacionado con una obra de ingeniería, movimientos de tierras o compras a gobiernos amigos. Esto tiene que ver con una transformación del sistema legal que está vinculado con la contratación y la ejecución de las obras. La tramitología es uno de los puntos más sensibles porque demora procesos, hay duplicidad de funciones, hay demasiados pasos y muchas manos que tocan un proyecto. Este tema ha sido debatido desde hace más de una década en gremios productivos con planes, alertas y llamados de atención a los últimos gobiernos. Es momento de que esas propuestas sean desempolvadas en las cámaras y vuelvan a ser discutidas.
Sabemos que ya perdimos los 100 megavatios de la Emre Bey. Y sabemos que cada megavatio cuenta. Entonces, ¿cómo puede ser que a las puertas del estiaje la burocracia vuelva a convertirse en el principal enemigo de la prevención? ¡Ya vivimos los apagones! ¡Ya sabemos cuánto cuesta quedarse sin electricidad! Y aquí aparece una pregunta que incomoda, pero que Ecuador tiene derecho a hacerse: ¿para qué necesitamos un organismo que controla los procesos antes de que ocurran, si también tenemos una Contraloría que puede auditar
y determinar responsabilidades después? No estoy diciendo que desaparezca el control. ¡Todo lo contrario! La contratación pública necesita transparencia, competencia y vigilancia. Pero una cosa es controlar y otra es paralizar. La propia estructura institucional establece que el Sercop controla la fase precontractual, mientras la Contraloría realiza el control posterior. (Compras Públicas Ecuador) Entonces habrá que preguntarnos seriamente si no hemos construido un sistema donde el Estado se controla tanto a sí mismo que ter-
ivimos en la época de mayor capacidad para comunicarnos y, paradójicamente, cada vez resulta más difícil hacerlo bien. Tenemos más canales, plataformas, información y una posibilidad casi inmediata de llegar a cualquier persona. Sin embargo, comunicar mucho no necesariamente significa comunicar mejor. En una sociedad hiperconectada e infoxicada, es común confundir presencia con comunicación. Generamos más contenidos y mensajes, pero pocas veces nos preguntamos si realmente estamos conectando con nuestro público. Comunicar exige sentido, propósito y, sobre todo, valor. No deberíamos comenzar preguntándonos qué queremos decir, sino qué necesita comprender quien está al otro lado. Stephen Covey lo resumió en una poderosa idea: “Busca primero comprender y luego ser comprendido”. Quizá allí radica una de las mayores debilidades de la comunicación actual: estamos demasiado preocupados por hablar y muy poco dispuestos a escuchar. Peter Drucker advertía que “lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice”. Y escuchar implica observar, interpretar silencios, entender contextos y reconocer que no siempre el momento en el que queremos comunicar es el momento en que el otro está dispuesto a recibir nuestro mensaje. Porque el cuándo y el cómo pueden ser tan importantes como el qué. Un buen mensaje en el momento equivocado puede perder su efectividad. Las organizaciones deberían comprender que comunicar no es llenar espacios ni competir por segundos de atención. Es construir relaciones sostenibles que generen valor para ambas partes. En tiempos donde todos tenemos algo que decir, quizá la verdadera diferencia no estará en quién comunica más, sino en quién logra comprender mejor para comunicar con sentido. Porque emitir mensajes es sencillo; lograr que estos conecten, generen confianza y construyan relaciones es otra historia.
mina siendo incapaz de reaccionar a tiempo. Porque si después de cada emergencia tenemos que esperar observaciones, suspensiones, revisiones y nuevos procesos, ¿quién responde cuando llega el déficit? Creo que llegó el momento de discutir sin miedo si el Sercop debe desaparecer, fusionarse o transformarse profundamente. No para eliminar los controles, sino para eliminar la duplicación, la burocracia y la capacidad de bloquear decisiones urgentes.
03 CIUDAD
LOJA | MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2026 I
COMERCIO. Los negocios del centro de Loja mantienen sus niveles de ventas habituales durante las festividades religiosas.
La llegada de la Virgen no cambia el ritmo del comercio lojano Negocios del casco comercial mantienen sus horarios habituales y descartan, por ahora, un incremento extraordinario de clientes durante las festividades. La llegada de la imagen de la Virgen de El Cisne a la ciudad de Loja movilizó a miles de devotos locales, nacionales y extranjeros. Aunque la jornada dinamizó la actividad religiosa, las ventas en el casco comercial se mantuvieron en sus niveles habituales. Pese a las expectativas de los comerciantes por superar la desaceleración económica tras el periodo vacacional escolar y universitario, los negocios del centro reportan
ingresos estables y sin repuntes significativos entre el 20 y el 25 de agosto.
Comportamiento de los sectores floral y artesanal
La demanda de flores y ramos elaborados experimentó un movimiento moderado durante las jornadas previas y posteriores al arribo de la imagen. La preferencia de los compradores se concentró en paquetes individuales requeridos para las ceremonias litúrgicas en la iglesia
central. «En cuanto a los ramos ya elaborados, la venta estuvo baja; no se estaba vendiendo mucho. Más bien se llevaban paquetes de flores porque se los pedían en la iglesia. La venta se ha mantenido en lo normal de siempre», señaló Luis Naranjo, comerciante del Parque de las Flores.
Sector gastronómico y hábitos del visitante
El sector de alimentos preparados tampoco registró el
incremento de ventas proyectado para la temporada festiva. Los propietarios de restaurantes atribuyen este comportamiento a la logística propia de los grupos de peregrinos que visitan la urbe. «Las ventas se mantienen normales. La gente que hace la fiesta de la Reina del Cisne, como la delegación del Azuay, trae su propia comida y planifica su estadía con alimentos preparados. En gastronomía no se ve un incremento», explicó Manuel Córdova, propietario de una céntrica picantería.
Venta de artículos religiosos y comercio informal
Los puestos dedicados a la venta de recuerdos, velas y accesorios de devoción registran un flujo continuo de compradores interesados en productos de bajo costo. Sin embargo, la presencia de comerciantes ambulantes temporales presiona los márgenes de ganancia del comercio formal. «Lo que más busca la gente son velas, medallas, ma-
nillas y rosarios a precios cómodos. Competimos con los vendedores ambulantes que llegan con la Virgen y nos ajustamos a sus precios para sostener el trabajo diario», afirmó María Cango, comerciante de artículos religiosos.
Evolución del consumo en el casco céntrico
El impacto económico de la romería muestra una transformación en comparación con décadas anteriores. Los establecimientos comerciales operan actualmente en sus horarios habituales sin necesidad de extender sus jornadas a la noche o madrugada. «Hace 15 años existía un alza considerable y trabajábamos hasta la madrugada. Hoy cerramos en horario normal porque las ventas son las mismas de un periodo regular. Anteriormente estas fechas servían para cubrir los huecos económicos de las vacaciones», concluyó Mario Campana, propietario de una cafetería del centro urbano.
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QUITO
CIUDAD 04
A I LOJA | MIÉRCOLES 26 /AGOSTO/2026
La carrera por la Prefectura y Alcaldía de Loja va tomando forma
Cuatro nombres disputan la Prefectura y ocho buscan la Alcaldía de Loja en el proceso electoral que avanza hacia la definición de candidaturas.
Para la Prefectura de Loja figuran cuatro postulantes: Oswaldo Román, Darío Loja, Kelvin Sigcho y Mario Mancino. Hasta el momento, las candidaturas de Darío Loja y Oswaldo Román avanzan en la fase final de notificación. Por su parte, el cantón Loja contabiliza ocho aspirantes a la Alcaldía: Jorge Reyes, Daniel Aguirre, Patricia Picoita, Jesús Cárdenas, Henry Carrión, Patricio Valdivieso, José Bolívar Castillo y Franco Quezada. De este grupo, las candidaturas de Quezada, Castillo y Cárdenas ya se encuentran oficialmente en firme. «Estamos trabajando 24/7 con todo el equipo técnico y
Subsanación de requisitos y trámites técnicos Las demoras en la notificación de ciertos candidatos responden a la alta carga registral acumulada en las mesas de ayuda de la delegación, en particular la del 17 de agosto (último día de inscripciones), fecha en la que cerca de 300 personas acudieron a inscribirse. Las organizaciones políticas disponen de un plazo reglamentario de dos días para corregir inconsistencias menores, tales como copias de cédula ilegibles o ajustes en los planes de trabajo. Una vez entregadas las correcciones, los expedientes pasan al área técnico-jurídica para la emisión del informe que permitirá la aprobación definitiva por parte del pleno de la Junta. «Es una espera normal; los partidos políticos deben tener paciencia y atenerse al plazo de dos días para subsanar observaciones de acuerdo con el Código de la Democracia», explicó Montesinos.
Balance provincial de dignidades y calendario electoral
El desglose general de precandidaturas en la provincia comprende 93 aspirantes a alcaldes, 264 a concejales rurales, 288 a concejales urbanos,
REVISIÓN. La Junta Provincial Electoral de Loja analiza la documentación de las 3.583 precandidaturas inscritas para los comicios seccionales.
124 a concejales urbanos por circunscripción, 4 a prefectos y viceprefectos, y 2.810 a vocales de juntas parroquiales; lo que suma un total de 3.583 precandidaturas. El organismo confirmó que las fechas de la contienda electoral no registran retrasos. Entre los hitos más próximos destaca la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto, programada para el 2 de sep-
tiembre de 2026. «Pedimos tranquilidad a la población; nosotros vamos a cumplir estrictamente con
el calendario electoral establecido», concluyó la presidenta de la Junta Provincial Electoral.
ANULACIÓN DE CHEQUE El BANCO DE MACHALA Sra. Mary Ruiz Calle, comunica al público en general la suspensión de pago, por pérdida, la anulación del cheque Nº 2389 de la cuenta corriente Nº 1250152465, dicho cheque será anulado en caso de no presentarse reclamo dentro de los 60 días, posteriores a esta Publicación.
ANULACIÓN DE CHEQUE El BANCO DE MACHALA Sra. Mary Ruiz Calle, comunica al público en general la suspensión de pago, por pérdida, la anulación del cheque Nº 2451 de la cuenta corriente Nº 1250152465, dicho cheque será anulado en caso de no presentarse reclamo dentro de los 60 días, posteriores a esta Publicación.
001-001-0190
Estado de las candidaturas a la Prefectura y Alcaldía
administrativo de la delegación para informar y comunicar cualquier situación a la ciudadanía», afirmó Montesinos.
001-001-0190
La Junta Provincial Electoral de Loja garantizó el cumplimiento estricto de los plazos electorales tras contabilizar un universo global de 3.583 precandidaturas inscritas para las distintas dignidades provinciales. Actualmente, el órgano electoral ejecuta la revisión técnico-jurídica de los expedientes para notificar las candidaturas definitivas y subsanar inconsistencias menores presentadas por las organizaciones políticas. Mary Isabel Montesinos, presidenta de la institución, hizo un llamado a la tranquilidad ciudadana en diálogo con este medio y confirmó la firmeza de las fechas establecidas en el calendario oficial.
05 POLÍTICA LOJA | MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2026 I
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• GRÁFICO: Julio Neira tiene bajo su supervisión tres espacios importantes del Ejecutivo. (Gráfico: La Hora).
Subsecretaría General de Gabinete: •
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Julio Neira, el secretario a cargo de 47 dependencias José Julio Neira es secretario general de la Administración Pública y cumple roles clave en el Ejecutivo. Es una figura muy cercana al presidente Daniel Noboa. La Presidencia de Ecuador es una institución conformada por cinco secretarías y una de ellas es liderada por José Julio Neira, funcionario del círculo cercano del presidente de la República, Daniel Noboa, quien le ha asignado varias funciones y delegaciones durante su Gobierno. La Secretaría de la Administración Pública tiene 47 oficinas que dependen de Neira. Neira es licenciado en Asuntos Internacionales de la Universidad Rollins de Estados Unidos y tiene experiencia en áreas relacionadas con crímenes financieros, control de calidad, riesgo y gestión de proyectos.
Distribución de funciones
La Presidencia de la República, representada por Noboa, como institución está a su vez dividida en cinco secretarías: • Secretaría General Jurídica, encabezada por Enrique Herrería. Tiene cinco dependencias. • Secretaría General de In-
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tegridad Pública, liderada por Doménica Bajaña. Tiene nueve dependencias. Secretaría General de Comunicación, encabezada por Irene Vélez. Tiene 19 dependencias. Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, liderada por Marissa Péndola. Tiene 38 dependencias. Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, encabezada por Neira. Tiene 47 dependencias.
La secretaría a cargo de Neira
En el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Presidencia consta el Acuerdo PR-SGA-2023-163 de octubre de 2023. En ese documento la estructura organizacional de la Secretaría contaba con 31 dependencias y en 2026 aumentó a 47. Neira está al frente de la Secretaría General de la Adminis-
tración Pública, Planificación y Gabinete desde el 5 de junio de 2026. Su nombramiento fue parte de la fusión de instituciones que dispuso Noboa. El Gobierno señaló entonces que, con la designación de Neira como nuevo titular de esa Secretaría, Noboa buscaba profundizar la ruta hacia la optimización de recursos, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el mejoramiento de servicios para todos los ecuatorianos. La Secretaría está compuesta por la Coordinación General de Despacho que se divide en: Dirección de Gestión de Gabinetes y Dirección de Vocería. La Secretaría también se ramifica en cinco subsecretarías.
Subsecretaría General de Despacho: •
Subsecretaría de Gestión de Agenda Presidencial: compuesta por la Dirección de Agenda Presidencial y la Dirección de Logística en Territorio.
Subsecretaría de Protocolo y Ceremonial, que incluye a la Dirección de Ceremonial. Subsecretaría de Discursos Presidenciales, que incluye a la Dirección de Discursos Presidenciales.
Subsecretaría de Articulación y Gestión Sectorial: compuesta por la Dirección de Articulación y Gestión del Sector Económico; Dirección de Articulación y Gestión del Sector Productivo; Dirección de Articulación y Gestión del Sector Social y Educación; Dirección de Articulación y Gestión del Sector Seguridad. Subsecretaría de Evaluación: compuesta por la Dirección de Evaluación a la Planificación y Política Pública; Dirección de Evaluación a la Planificación de la Inversión; y Dirección de Evaluación Territorial.
Subsecretaría General de Planificación: •
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Subsecretaría de Planificación: compuesta por la Dirección de Planificación y Política Pública; Dirección de Planificación de la Inversión; Dirección de Proyectos de Inversión; Dirección de Desconcentración; Dirección de Descentralización. Subsecretaría de Seguimiento: compuesta por Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública; Dirección de Seguimiento a la Inversión; Dirección de Seguimiento Territorial.
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Calidad de Servicios del Estado: compuesta por la Dirección de Transformación de Procesos de los Servicios del Estado; Dirección de Transformación de la Gestión y los Servicios del Estado; Dirección de Eficiencia de los Servicios del Estado; Dirección de Articulación de la Transformación para la Calidad de los Servicios del Estado. Dirección Zonal, dependencia del nivel desconcentrado.
Roles adicionales
Desde julio de 2026, Noboa dispuso mediante el decreto 449 que Neira presida los seis gabinetes interinstitucionales: • Social. • Seguridad. • Económico productivo. • Infraestructura y energía. • Banca pública. • Ingresos.
Subsecretaría de Acción y Gestión Estratégica: compuesta por la Dirección de Gestión Estratégica; Dirección de Información; Dirección de Compromisos Presidenciales y Seguimiento Gubernamental.
Subsecretaría de Gobierno Abierto: compuesta por la Dirección de Gobierno Abierto y la Dirección de Atención Ciudadana. Subsecretaría de Transformación, Eficiencia y
En una edición anterior, analistas como Luis Verdesoto y Juan Manuel Fuertes analizaron que detrás de la reestructuración del Ejecutivo hay dos elementos: la intención de concentrar poder y la confianza en Neira. (KSQ)
Subsecretaría General de Gestión Gubernamental: •
Julio Neira es el delegado de Noboa en el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Eso implica que, a nivel estructural, Neira está por encima de los ministros de cada área. En junio de 2026, Noboa oficializó la fusión de ministerios por absorción. Así surgieron tres denominados “superministerios”: • Ministerio de Infraestructura y Tecnología, liderado por Roberto Luque. • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, liderado por Cynthia Gellibert. • Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, liderado por Sariha Moya.
Subsecretaría General de Acción Estratégica: •
EL DATO
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QUITO
POLÍTICA 06 A I LOJA | MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2026
¿Qué cambios tendría la nueva Ley de Inquilinato? Apenas 36 de cada 100 hogares mantiene contratos de arrendamiento. La Comisión de Justicia de la Asamblea analiza reformas a la Ley de Inquilinato con aportes de gremios especializados para detener estafas y controlar la informalidad.
INMUEBLES. La Carolina, en el norte de Quito, es uno de los sectores con alto desarrollo inmobiliario. (Foto: DHL)
La informalidad, denuncias y estafas afectan al mercado inmobiliario por lo que en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional se analiza el proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato para fortalecer la seguridad jurídica y adecuar la normativa, previo a la elaboración del informe para segundo debate. Adrián Rodríguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, señaló que la normativa vigente data de 1965, con una última actualización hace 26 años. Mencionó que el gremio ha sugerido no solo como un requisito, sino como un mecanismo de política pública, promover la formalidad de los contratos e inscribirlos. Agregó que el Gobierno, a través de las notarías, podría conocer la informalidad que atraviesa el mercado de alquileres en el que estimó que apenas entre el 15% y el 17%
de los contratos de inquilinato están registrados. Eso, indicó, desencadena problemas de recuperación de inmuebles por parte de los propietarios, desincentiva el incremento o la oferta de bienes para alquiler a largo plazo. Alquileres temporales y garantías El alquiler temporal se vuelve más rentable y más seguro por las pólizas y garantías que ofrecen diferentes plataformas. Otro tema importante es la mediación y el arbitraje, antes de un proceso de litigio formal, que sería una primera opción en la que se establezca un plazo máximo que podría ser de 30 días para recurrir a este mecanismo. Respecto al canon de arriendo, indicó que es importante esa garantía porque le permitirá al propietario solventar los desperfectos o
valores adeudados por parte del arrendatario. Argumentó que hay incumplimientos contractuales. En promedio tardan entre siete y ocho meses para resolverse en la justicia ordinaria. El dirigente gremial indicó que las estafas del mercado inmobiliario se cometen a diario por el entorno digital. Indicó que hay personas que suben fotos de un inmueble, solicitan anticipos y depósitos con valores irreales. A modo de ejemplo contó un caso en el que un departamento en La Carolina, en el centro norte de Quito, cuesta $500, pero en esos anuncios el alquiler es de $250 y hay gente que deposita dinero. Denuncias de estafas y abuso Según la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, bajo el escudo de una red social, hay personas que se promocionan como agente inmobiliario lo que ha causado que
existan entre 3.000 y 4.000 denuncias de estafas, abuso de uso de confianza, entre otros factores, en el ámbito inmobiliario. Rodríguez mencionó que al ser un país dolarizado Ecuador es vulnerable al lavado de activos en el que, si bien hay seguimiento de entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a su criterio no se ha regulado de la forma adecuada. La normativa vigente establece que toda autorización para arrendar o vender un inmueble debe ser por escrito; no obstante, hay acuerdos verbales que se transforman en la semilla de la informalidad y no hay responsabilidad judicial. Las empresas legales tienen protocolos de prevención de lavado de activos y de reporte a la UAFE, algo que no ocurre en el sector informal, acotó Rodríguez. “Hay control para com-
prar un auto, y no hay control para comprar una propiedad”, expresó Juan Fernando Vinueza, miembro de una compañía inmobiliaria. Uno de los vacíos legales para él es la inexistencia de un registro único para empresas que intermedian en bienes raíces con lo que hay una desprotección ante actividades informales y con ello hay más exposición a estafas. Según el asambleísta Keevin Gallardo, en el último censo nacional de vivienda, 36 de cada 100 hogares en Ecuador mantienen contratos de arrendamiento. Planteó establecer mecanismos técnicos para la fijación de garantías de tal forma que el monto corresponda al costo de reparaciones que deban realizarse por el desgaste y uso del inmueble. Propuestas de cambios a otras normativas. Gallardo es partidario de que se establezca un procedimiento sumario, previsto en el Código Orgánico de Procesos (Cogep), para reclamar su devolución en caso de controversia. Para establecer el alquiler de un inmueble se toman en cuenta, entre otros factores, nivel de desarrollo, ofertas, costos de mantenimiento, metraje, estado de conservación, detalle del mobiliario. Rodríguez mencionó que impulsan reformas a la Ley de Corredores de Bienes Raíces y Empresas Inmobiliarias porque para ejercer esa profesión se debe exigir un título de tercer nivel porque se han creado carreras en ese sentido, crear un registro único inmobiliario nacional para que un cliente pueda cerciorarse de la identidad de quien oferta la actividad, y la regulación y sanciones a quienes no estén acreditados académica y formalmente. La cámara agrupa a 178 miembros que están divididos entre empresas, asociaciones provinciales y profesionales del sector en el que trabajan unas 3.800 personas. El sector inmobiliario generó entre $1.500 y $2.000 millones en 2025. (JGP)
07 ECONOMÍA LOJA | MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2026 I
En Quito, el alquiler se lleva más de la mitad del sueldo Un trabajador en Quito recibe un salario neto promedio de $603, pero el alquiler de un departamento de un dormitorio puede llevarse más de la mitad. ¿Cuánto queda para comida, transporte y otros gastos frente a otras ciudades de América Latina? Hay una forma sencilla de entender cuánto rinde un salario: hacer la cuenta que se repite todos los meses en millones de hogares. Primero llega el sueldo. Después se paga el alquiler. Recién entonces comienza la verdadera batalla por el dinero: comida, transporte, servicios, teléfono, ropa, salud, entretenimiento y, si queda algo, ahorro. Esa cuenta pone a Quito en una posición compleja frente a otras ciudades de América Latina. El informe Mapping the World’s Prices 2026, de Deutsche Bank, compara salarios, vivienda y costo de vida en 69 ciudades del mundo. Quito no está entre ellas. Sin embargo, utilizando datos de Numbeo, que es la misma base que Deutsche Bank utiliza para sus comparaciones, es posible construir una referencia para Quito. El resultado deja una pregunta mucho más cercana que un simple ranking de salarios: ¿Cuánto dinero le queda a un trabajador en Quito después de pagar dónde vive?
El salario promedio
Numbeo registra para Quito un salario neto mensual medio de $602,87, es decir, lo que quedaría después de impuestos según esa base de datos. La in-
formación corresponde a agosto de 2026 y se construye a partir de aportes de usuarios y otras fuentes de precios. Ese valor es importante para la comparación internacional, pero no debe confundirse con el ingreso promedio de todos los trabajadores ecuatorianos. El INEC reportó que en mayo de 2026 el ingreso laboral promedio nacional fue de $471, mientras que en el área urbana alcanzó $516. Además, el 52,8% de la población ocupada estaba en el sector informal. Así, el ingreso en Quito es mayor que el promedio nacional.
El costo del alquiler
Para una persona que vive sola en Quito, el salario neto promedio de $602,87 registrado por Numbeo puede parecer, a primera vista, un ingreso con cierto margen. Pero la cuenta cambia cuando llega uno de los gastos más pesados del mes: el alquiler. Si se opta por un departamento de un dormitorio fuera del centro, el alquiler promedio es de $313,44. Al restarlo del salario, quedan $289,43 para cubrir todo lo demás. En otras palabras, el alquiler se lleva alrededor del 52% del salario neto. Y eso ocurre antes
de pagar comida, transporte, electricidad, teléfono, internet o cualquier otro gasto cotidiano. Vivir en el centro hace que el presupuesto se apriete todavía más. El alquiler promedio de un departamento de un dormitorio llega a $474,50. Con un salario de $602,87, después de pagar la vivienda quedarían apenas $128,37 para el resto del mes. Eso significa que casi ocho de cada diez dólares del salario se irían solamente en el alquiler. La diferencia se entiende mejor al mirar el bolsillo. Un sueldo neto de $603 puede parecer suficiente en términos mensuales, pero una vez descontada la vivienda, el dinero disponible se reduce rápidamente. La pregunta, entonces, no es solo cuánto gana una persona en Quito, sino cuánto le queda después de pagar dónde vivir.
Después del alquiler, transporte y móvil, a un quiteño le quedan unos $222 para todo lo demás
Si una persona que vive sola parte del salario neto promedio de $602,87 y paga el alquiler de un departamento de un dormitorio fuera del centro, le quedan $289,43 para afrontar el resto del mes.
A partir de ahí, cada gasto va recortando ese margen. El transporte público tiene un costo promedio de $21 al mes y el servicio de internet de $28,45. Después de pagar ambos, quedarían alrededor de $239,98. Si además se suman $17,90 por un plan de telefonía móvil, el dinero disponible baja a $222,08. Ahí recién empieza la parte más difícil: todavía faltan comida, electricidad, agua, gas, ropa, salud, entretenimiento y cualquier gasto inesperado que pueda aparecer durante el mes. Incluso algo tan cotidiano como comer fuera muestra lo estrecho del presupuesto. Numbeo registra en Quito un precio promedio de $5 por una comida en un restaurante económico. Ese plato representa cerca del 1,7% de los $289,43 que quedaban después del alquiler, antes de considerar los demás gastos.
Alquiler y salario básico
El Salario Básico Unificado de Ecuador para 2026 es de $482 mensuales. Con un aporte personal al IESS de 9,45%, el ingreso después de ese descuento sería de alrededor de $436,45. Si esa persona paga los $313,44 del alquiler promedio de un dormitorio fuera del centro en Quito, le quedarían aproximadamente $123 al mes. Eso representa menos de $4,10 diarios para cubrir lo demás. Aquí aparece una de las diferencias más importantes entre un salario promedio y el salario básico. El alquiler puede consumir alrededor de 72% del ingreso neto de un trabajador que gana el SBU, antes de comida, transporte y servicios. No significa que todos los trabajadores que reciben el salario básico paguen ese alquiler ni que todos vivan solos. Es un ejercicio para mostrar la pre-
sión que ejerce la vivienda sobre un ingreso individual.
Comparativo regional
Ganar más no siempre significa vivir con mayor holgura; el verdadero margen económico de un trabajador no lo determina la cifra de su sueldo nominal, sino cuánto dinero le queda en el bolsillo después de pagar dónde vivir. El informe del Deutsche Bank ubica a Ciudad de México con el mayor salario neto promedio de la muestra latinoamericana ($1.059). Le siguen São Paulo ($853), Buenos Aires ($842), Santiago ($798), Bogotá ($718) y Río de Janeiro ($594). Aunque Quito no forma parte de este ranking internacional, al aplicar la misma metodología con datos urbanos comparables de Numbeo, la fotografía de la capacidad real de gasto cambia drásticamente cuando entra en juego el costo de la vivienda: • Bogotá (Colombia): La vivienda ejerce la mayor presión sobre el ingreso. Con un sueldo neto promedio de 2,47 millones de pesos colombianos y un alquiler fuera del centro de 1,56 millones, el arriendo absorbe aproximadamente el 63% del salario. • Buenos Aires (Argentina): Con un salario neto medio de $889,81 y un alquiler promedio de $521,64 fuera del centro, la vivienda consume cerca del 59% del sueldo. • Quito (Ecuador): Presenta una retención intermedia. Frente a un salario neto medio de $602,87 (referencia Numbeo) y un alquiler de $313,44 para un departamento de un dormitorio fuera del centro, la vivienda se lleva el 52% del ingreso, dejando un margen disponible de $289,43 para el resto del mes. • São Paulo (Brasil): Registra la menor presión sobre el bolsillo en este indicador. Con un ingreso neto promedio de 4.581,94 reales y un alquiler fuera del centro de 2.089,47 reales, la vivienda representa cerca del 46% del sueldo. (JS)
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SOCIEDAD 08 A I LOJA | MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2026
Alerta de EE.UU. golpea al turismo de Ecuador Gremios del sector turístico alertan que la advertencia puede reducir la llegada de turistas estadounidenses y afectar hoteles, restaurantes y comercio. La actualización de la alerta de viaje de Estados Unidos para Ecuador pone presión sobre uno de los sectores que buscan recuperarse: el turismo. El Departamento de Estado pide a sus ciudadanos tener mayor precaución al visitar el país y establece zonas donde recomienda no viajar y otras en las que aconseja reconsiderar el desplazamiento. La advertencia más severa se concentra en sectores de Guayaquil, Durán, Esmeraldas, El Oro y Los Ríos. En un segundo nivel aparecen Guayaquil, en el norte de la Avenida Portete de Tarqui, además de las provincias de El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Sucumbíos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Para Ecuador, el problema no está únicamente en los lugares incluidos en el listado. Los empresarios turísticos temen que un viajero que recibe una alerta sobre Ecuador decida cambiar de destino antes que revisar cuáles ciudades están consideradas de menor riesgo.
Provinciales de Turismo, explica que Estados Unidos representa uno de los mercados más importantes para Ecuador. Según sus estimaciones, entre 400.000 y 500.000 estadounidenses llegan al país cada año. “Esto no solamente afecta a las ciudades de la Costa”, señaló. Un turista que tenía previsto visitar Guayaquil, Manta o Santa Elena podría interpretar la advertencia como una señal para cancelar todo su viaje a Ecuador. El impacto dependerá, en buena medida, de la respuesta del Gobierno. Muñetón considera que Ecuador necesita una estrategia de comunicación internacional que explique la situación de seguridad del país con datos y diferenciando los territorios. El dirigente calcula que una reducción del 10% del mercado estadounidense en Manta y Santa Elena representaría unos 40.000 visitantes menos al año. Se trata de una proyección del sector y no de una estimación oficial.
Preocupación en el sector
El caso de Manabí
Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras
Manabí es uno de los casos que genera mayor preocupación
porque la provincia completa aparece en el nivel en el que Estados Unidos recomienda reconsiderar los viajes. Para Lucía Fernández, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Manta, una advertencia que abarque a toda la provincia puede terminar afectando a actividades que dependen directamente de la llegada de visitantes. “Cuando se recomienda reconsiderar viajes a Manabí, el impacto no es solo reputacional: golpea hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercio y empleo”, afirmó. Fernández sostiene que no todos los territorios de Manabí presentan las mismas condiciones y pide que las alertas se elaboren con información más específica. “Una provincia completa no debería ser tratada como si cada ciudad, playa o zona turística tuviera idéntico nivel de riesgo”, señaló. Para sustentar esa diferencia, menciona los eventos realizados recientemente en Manta, entre ellos: • IronMan 70.3 Ecuador. • Manta Marathon. • Giro de Rigo. • Equinoccial Tour.
AFECTACIÓN. Gremios turísticos temen que la alerta de viaje de Estados Unidos reduzca la llegada de visitantes y afecte a hoteles, restaurantes y comercios.
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Startup World Cup Ecuador.
El Giro de Rigo, por ejemplo, reunió alrededor de 3.000 ciclistas. Además, Manta recibió cerca de 400.000 visitantes durante los primeros 16 días de agosto. Ese movimiento representó más de $22 millones y llevó la ocupación hotelera hasta niveles de entre 90% y 100% durante los días de mayor demanda, según los datos citados por Fernández. La empresaria considera que información de este tipo debería llegar a las autoridades extranjeras que elaboran las recomendaciones de viaje. “No pedimos esconder la violencia. Pedimos precisión”, dijo.
Afectación a restaurantes y hoteles
Diego Vivero, presidente de la Confederación de Restaurantes de Ecuador, considera que el impacto puede extenderse a toda la cadena turística. Hoteles, restaurantes, operadores, transporte y comercios dependen del flujo de visitantes. Una reducción de turistas estadounidenses tendría efectos sobre el consumo y el empleo, especialmente en destinos de playa. Vivero destaca que la alerta estadounidense diferencia entre zonas. A su juicio, esto permite que Ecuador comunique cuáles destinos no están incluidos en las recomendaciones más severas. “Creo que justamente ahí están los temas que tenemos que discutir”, señaló. El representante de los restaurantes considera que Quito y otras ciudades pueden aprovechar esa diferenciación para fortalecer su promoción turística. También menciona a Cuenca como un
ejemplo de ciudad que ha tenido una imagen asociada a la seguridad. Pero advierte que esa percepción puede cambiar rápidamente cuando las noticias internacionales se concentran en hechos violentos, estados de excepción o restricciones de movilidad. Por eso plantea que Ecuador necesita trabajar en una estrategia de comunicación que no ignore la inseguridad, pero que tampoco presente al país como un territorio homogéneamente peligroso.
¿Qué puede hacer Ecuador?
Los tres representantes del sector consultados por este Diario coinciden en que la respuesta no pasa por negar los problemas de seguridad. Fernández plantea que Cancillería, el Ministerio de Turismo, autoridades locales y sector privado deberían presentar información técnica ante los gobiernos que elaboran las alertas. Muñetón propone contratar una empresa internacional especializada en comunicación para trabajar la imagen de Ecuador en el exterior. A su criterio, el país necesita explicar que la violencia está concentrada en determinados territorios y que existe una estrategia estatal para enfrentar a las organizaciones criminales. Vivero considera que también debe fortalecerse la promoción de los destinos que no aparecen entre las zonas de mayor riesgo. La HORA pidió información al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, quien tiene una dirección de Turismo. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (EC)
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EE.UU. afirma que Ormuz está libre de minas LOJA | MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2026 I
El presidente de Estados unidos, Donald Trump, afirma que el estrecho de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este 25 de agosto de 2026 que el estrecho de Ormuz está libre de minas, al tiempo que ha advertido a Teherán de que “destruirá” cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso. “Acabo de ser informado por
la Armada de Estados Unidos de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas de las aguas internacionales del estrecho de Ormuz”, ha afirmado el presidente norteamericano en un mensaje en redes sociales en el que ha aprovechado para lanzar una amenaza contra la República Islámica si vuelve a colocar este
tipo de armamento en dichas aguas. Así ha detallado que se ha informado a Irán de que “cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática”. Trump ha asegurado que Estados Unidos vigila a través de la Fuerza Espacial “cada
centímetro cuadrado del estrecho”. “Existe una política de tolerancia cero respecto a la colocación de minas, plenamente vigente y en vigor”, ha recalcado. Al tiempo, el jefe de la Casa Blanca ha vuelto a hacer mención al monte Kolang --también conocido como Pickaxe--, en el que según Washington aloja instalaciones nucleares de Irán, extremo que ha sido sistemáticamente negado por Teherán. Trump ha incidido en que la vigilancia estadounidense se extiende al monte Pickaxe y “otros tres emplazamientos nucleares que ya fueron destruidos”.
Plan para abrir Ormuz por fases
Las autoridades de Omán e Irán, por su parte, han coincidido en establecer un “plan por fases” para la gestión del tráfico en el estrecho de Ormuz, aunque siguen sin dar resultados las conversaciones para la reanudación del
tránsito marítimo por este paso clave para el comercio mundial. El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha abordado junto su homólogo iraní, Abbas Araqchi, “un plan por fases” para la reanudación “segura” de la navegación en Ormuz, durante una visita a Teherán, según han informado ambos países en un comunicado conjunto. Los representantes diplomáticos, que han calificado de “constructivas” sus conversaciones, han indicado que este marco busca “proporcionar una base práctica y viable para avanzar” en las negociaciones que, hasta el momento, no han dado fruto. “El marco propuesto incluye la creación de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto de desminado del estrecho”, han señalado. EUROPA PRESS
VIGILANCIA. Estados Unidos asegura que tiene vigilado cada centímetro del estrecho de Ormuz. EP
Daniel Hadad
EL HOMBRE QUE DESAFIÓ AL PODER Y CONSTRUYÓ INFOBAE CON
Gabriela Vivanco
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QUITO
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Colombia: excandidata de Pacto Histórico recibirá protección
A I LOJA | MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2026
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que se brindará protección a la excandidata de Pacto Histórico, Naylea Barros, quien fue víctima de un tiroteo.
Quito, 13 de agosto del 2026 EXTRACTO SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL QUE EN ESTA NOTARÍA SE HA ELEVADO A ESCRITURA PÚBLICA CON NÚMERO 20261701032P00923, OTORGADA ANTE MÍ DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2026. LA CUAL CONTIENE: ESCRITURA PÚBLICA DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL OTORGADA POR: MARICELA VICTORIA JIMENEZ VELASCO Y CARLOS HOMERO TONATO TONATO, comparece a través de su apoderado el señor FRANKLIN PATRICIO QUISPE TONATO, de acuerdo el poder que se agrega como habilitante. Los señores, MARICELA VICTORIA JIMENEZ VELASCO y CARLOS HOMERO TONATO TONATO, contrajeron matrimonio en San Miguel, provincia de Cotopaxi, el veinte y nueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro, inscrito en el Registro Civil en el tomo uno, página ciento cinco, acta ciento cinco, conforme la inscripción de matrimonio que se adjunta como documento habilitante. Mediante sentencia de la Unidad judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, de fecha seis de agosto del dos mil quince, fue declarada disuelta la sociedad conyugal entre MARICELA VICTORIA JIMENEZ VELASCO y CARLOS HOMERO TONATO TONATO, inscrita en el Registro Civil el catorce de septiembre del dos mil quince. Mediante acta levantada por el Notario Tercero del Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, de fecha cuatro de enero del dos mil veinte y cuatro, se declara disuelto el vínculo matrimonial entre MARICELA VICTORIA JIMENEZ VELASCO y CARLOS HOMERO TONATO TONATO, inscrita en el Registro Civil el veinte y nueve de enero del dos mil veinte y cuatro. Dentro de la sociedad conyugal que tuvieron formada la señora MARICELA VICTORIA JIMENEZ VELASCO y el señor CARLOS HOMERO TONATO TONATO, actualmente mantienen el siguiente bien inmueble: LOTE DE TERRENO SIGNADO CON EL NÚMERO TREINTA Y NUEVE de la Manzana diez, Barrio La Merced, de la Ciudadela Ibarra, Parroquia Chillogallo, actualmente parroquia La Ecuatoriana, Cantón Quito, Provincia de Pichincha La liquidación del patrimonio se encuentra detallado en el texto de la referida escritura pública de liquidación de la sociedad conyugal, por lo que en aplicación a los dispuesto en el Artículo 6 de la Ley Reformatoria a la Ley Notarial, publicada en el Registro Oficial Número 406 de 28 de Noviembre del 2006, que a su vez reforma el artículo 18 de la Ley Notarial agregando varios numerales, entre los cuales el numeral 23 faculta al Notario disponer la inscripción en los Registros de la Propiedad y Mercantiles, de la escritura de Liquidación de la Sociedad Conyugal, previo el trámite previsto en dicha norma legal, pongo en conocimiento del público, mediante una publicación, el extracto de la liquidación del patrimonio de la sociedad conyugal correspondiente a los ex cónyuges señores MARICELA VICTORIA JIMENEZ VELASCO; Y, CARLOS HOMERO TONATO TONATO, otorgada mediante escritura pública el trece de abril del año dos mil veinte y seis, ante el suscrito Doctora MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, por el término de veinte (20) días a contarse desde la fecha de la publicación de este extracto, a fin de que las personas que eventualmente tuvieren interés en esta liquidación puedan presentar su oposición fundamentada, dentro del referido término.-
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Particular que pongo en conocimiento para los fines legales correspondientes.
MADRID. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este 25 de agosto de 2026 que se ofrecerá la protección necesaria a la excandidata de Pacto Histórico, Naylea Barros, que fue víctima de un tiroteo este 24 de agosto en la ciudad de Santa Marta, en el norte del país. “Acabo de hablar con el comandante de la Policía de Santa Marta para pedirle una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido con Naylea Barros, excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico”, ha indicado el mandatario colombiano en un mensaje en redes sociales respecto al atentado sufrido por la política del partido del expresidente Gustavo Petro. En este sentido, ha avanzado que tomará “las medidas que correspondan” de acuerdo a los informes que reciba, pero como primera medida “se dispondrá la protección necesaria” a Barros “mientras se esclarecen las circunstancias del caso”. “El Gobierno actuará con responsabilidad, sin anticipar conclusiones, verificando los hechos y garantizando los derechos de todos, inclu-
yendo los de la oposición, que tendrá plenas garantías en la Era del Tigre”, ha afirmado De la Espriella, conocido con el sobrenombre de ‘el tigre’. Los detalles del tiroteo Según ha denunciado la periodista y excandidata en las elecciones, sufrió el tiroteo de su vehículo particular cuando circulaba por la ciudad de Santa Marta, episodio que se saldó sin daños físicos. En un comunicado, ha relatado que el vehículo fue atacado por desconocidos que “realizaron varias de-
tonaciones de arma de fuego contra el vehículo”. “Los disparos impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento donde yo había estado minutos antes, antes de dejar a mis padres y cambiar de posición dentro del vehículo”, ha añadido. Barros afirma que este hecho “se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mí”. Por ello, ha expresado su rechazo categórico a “cualquier forma de violencia” y ha demandado una investigación exhaustiva de este atentado. “Me rehúso a creer que este país, ha preferido el odio por encima de la vida. La violencia no puede ser utilizada para silenciar a quienes pensamos diferente. Seguiré ejerciendo mi labor periodística, política y social, porque defender la vida, la democracia y la dignidad, no puede ser motivo de persecución”, ha denunciado. EUROPA PRESS
POLÍTICA. La excandidata de Pacto Histórico, Naylea Barros, durante la campaña. Cuenta de X
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JUDICIAL QUITO
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VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 8694 MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2026 Editor Director FRANCISCO LÓPEZ MURILLO Hora LOJA, ECUADOR DR. FRANCISCO La VIVANCO RIOFRÍO
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Dirección: Arenas y 10 de Agosto, Edif. Vivanco, 5to. piso | Teléfonos: 2551-552/2555-431/2500-245/2552-135 | E-mail: judicial@derechoecuador.com
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO Autores:
CONSULTA LABORAL ¿Qué sucede cuando el abogado comparece sin su cliente en la audiencia en materia laboral?
Abg. Darwin Dennis Castillo Vásconez, Mgs. Abg. Víctor Hugo Pilco Naranjo Abg. Luis Damián Cuadrado Anangonó
Introducción: La participación política constituye un elemento esencial de todo sistema democrático, esto permite que la ciudadanía intervenga en la conformación del poder público y en la adopción de decisiones colectivas. Pero sin embargo este derecho no ha sido ejercido históricamente en condiciones de igualdad durante gran parte de la vida republicana del Ecuador las mujeres permanecieron apartadas de los espacios políticos, debido a las estructuras sociales que asociaban el ejercicio del poder con los hombres y relegaban a las mujeres al ámbito doméstico y no se las incluía al ámbito político. Las luchas impulsadas por mujeres y organizaciones sociales permitieron alcanzar importantes avances, entre ellos el reconocimiento del derecho al voto, la incorporación de cuotas electorales y la aplicación progresiva de los principios de paridad, alternabilidad y participación igualitaria. Estas conquistas incrementaron la presencia femenina en cargos de elección popular y en instituciones públicas. No obstante, el reconocimiento formal de sus derechos no eliminó los obstáculos que enfrentan al presentar una candidatura, participar en una organización política o ejercer una
RESPUESTA
EN LA WEB derechoecuador.com dignidad obtenida mediante elección popular. En este escenario surge la violencia política de género como una conducta dirigida a limitar, menoscabar o impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, esta violencia puede manifestarse mediante amenazas, hostigamiento, discriminación, difusión de expresiones ofensivas, ocultamiento de información, presión para presentar una renuncia o exclusión de los espacios de decisión. Además, puede producirse durante una campaña electoral, dentro de los partidos y movimientos políticos o durante el desempeño de un cargo
público, afectando no solo a la víctima, sino también a la calidad de la representación democrática. En consecuencia, el presente artículo tiene como objetivo analizar la violencia política de género en el Ecuador, considerando su evolución, sus principales manifestaciones, la protección prevista en el ordenamiento jurídico y los mecanismos establecidos para su prevención y sanción. Asimismo, se busca examinar las dificultades que impiden una respuesta efectiva y que pueden generar escenarios de impunidad, con la finalidad de establecer si la protección normativa exis-
tente garantiza realmente el ejercicio libre e igualitario de los derechos políticos de las mujeres. I.Contextualización de la violencia política de género La incorporación de las mujeres a la vida política constituye uno de los principales avances de la democracia ecuatoriana. Sin embargo, el reconocimiento del derecho a elegir, ser elegidas y ocupar cargos públicos no ha eliminado las barreras que dificultan su participación. La política fue considerada durante mucho tiempo como un espacio reservado para los hombres, mientras que las mujeres fueron vinculadas principalmente con las actividades domésticas y
No procede que solamente comparezca el abogado patrocinador de cualquiera de las partes, ya sea actor o demandado, ni aun ofreciendo poder o ratificación, ya que en el juicio laboral, una de las finalidades es la posibilidad de conciliar, lo que no podría ocurrir si no comparecen las partes personalmente o por medio de su representante con capacidad legal para transigir, es decir, para celebrar un acuerdo transaccional que ponga fin al conflicto. En el COGEP este asunto está absolutamente claro, pues los conflictos individuales de trabajo deben tramitarse en proceso sumario; por lo que, a la audiencia única han de concurrir las partes con su patrocinador o también el procurador con poder legal y suficiente, como expresamente lo establecen los Arts.36 y 86 de este Código. En el juicio laboral oral y en el actual juicio sumario para conflictos individuales de trabajo, deben comparecer las partes personalmente acompañados de su abogado defensor, o a través de procurador judicial con poder suficiente para transigir. No procede que comparezca solamente el abogado ofreciendo poder o ratificación; aun cuando esté autorizado mediante escrito. Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
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de cuidado. Esta concepción todavía se refleja en prácticas discriminatorias dentro de los procesos electorales, las organizaciones políticas y las instituciones públicas. Recordemos que, la permanencia de prácticas discriminatorias demuestra que el incremento de la representación femenina no siempre se traduce en condiciones reales de igualdad, pues frecuentemente genera reacciones de resistencia frente al avance de las mujeres en los espacios de decisión política. La Constitución de la República reconoce el derecho de las ecuatorianas y los ecuatorianos a elegir y ser elegidos, participar en asuntos de interés público y desempeñar empleos y funciones estatales con base en méritos y capacidades. Además, su artículo 65 establece que el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, así como en las instancias de dirección y decisión de los partidos y movimientos políticos. También exige que las candidaturas pluripersonales respeten la participación alternada y secuencial entre ambos géneros Pese a esta protección constitucional, las mujeres que intervienen en política continúan enfrentando descalificaciones, amenazas, hostigamiento, ocultamiento de información, exclusión de las decisiones partidarias y presiones para abandonar sus candidaturas o renunciar a sus cargos. Estas conductas pueden presentarse durante la selección interna de candidaturas, las campañas electorales o el ejercicio de una dignidad pública. En muchos casos son normalizadas como parte de la confrontación política, lo que dificulta reconocerlas como actos de violencia motivados por razones de género. Frente a esta realidad, el artículo 280 del Código de
la Democracia identifica la violencia política de género como aquellas agresiones cometidas directa o indirectamente contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejercen cargos públicos, cuyo propósito o resultado sea limitar, suspender, impedir o restringir su actuación o el ejercicio de las funciones propias de su cargo. A su vez, el artículo 279 la considera una infracción electoral muy grave, con lo cual estas conductas dejan de ser simples conflictos políticos y adquieren consecuencias jurídicas dentro de la justicia electoral. La reforma publicada en julio de 2025 mantuvo esta protección e introdujo ajustes al artículo 280 y al procedimiento aplicable. Por tanto, la violencia política de género debe comprenderse como un problema estructural que supera la afectación individual. Cuando una mujer es intimidada, silenciada o apartada de la toma de decisiones, también se perjudican la representación ciudadana, la pluralidad y la igualdad en la competencia electoral. Aunque Ecuador dispone de normas que reconocen y sancionan estas conductas, su persistencia demuestra que todavía existe una distancia entre la protección jurídica y el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres. II.Diferencias entre violencia política y violencia política de género La violencia política comprende las acciones destinadas a alterar, impedir o condicionar la participación de una persona dentro de la vida pública. Puede afectar a candidatos, autoridades, militantes, dirigentes o ciudadanos, sin que necesariamente exista una motivación relacionada con su género. Generalmente, estas conductas buscan obtener una ventaja electoral, debilitar a un
adversario, controlar una decisión pública o impedir que determinada persona ejerza sus derechos políticos. En cambio, la violencia política de género se produce cuando la agresión se dirige contra una mujer por su condición de mujer, se fundamenta en estereotipos de género o genera sobre ella un efecto diferenciado. Su finalidad o resultado consiste en limitar, suspender, impedir o restringir su participación y el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo. El elemento que distingue ambas formas de violencia no es únicamente el sexo de la víctima, sino la existencia de una relación entre la conducta, las desigualdades de género y la afectación de sus derechos políticos.
III.Manifestaciones de la violencia política de género La legislación ecuatoriana, específicamente a través del artículo 280 del Código de la Democracia, identifica trece modalidades taxativas que configuran esta infracción. Estas manifestaciones abarcan desde la coacción física y psicológica como amenazas para forzar renuncias hasta la violencia simbólica y verbal. Esta última resulta particularmente perniciosa, ya que utiliza expresiones denigratorias y estereotipos de género para cuestionar la capacidad racional de la mujer, actuando como un mecanismo de control social para desplazarla del espacio público. Asimismo, la nor-
mativa sanciona formas de obstrucción administrativa y funcional, tales como la restricción arbitraria del uso de la palabra, el retiro de personal de apoyo o la limitación del acceso a recursos inherentes al cargo. La evidencia comparada demuestra que las manifestaciones más frecuentes incluyen campañas de desprestigio, discursos misóginos, hostigamiento, intimidación y limitaciones al ejercicio de funciones públicas, todas ellas dirigidas a desalentar la participación política de las mujeres. IV.Consecuencias jurídicas y democráticas de la violencia política de género Desde el punto de vista juríd i -
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co, el cometimiento de estos actos acarrea sanciones severas impuestas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que incluyen multas de entre 21 y 70 salarios básicos unificados, la destitución del cargo y la suspensión de los derechos de participación por un periodo de dos a cuatro años. No obstante, sus efectos trascienden el ámbito sancionador, pues, la violencia política de género constituye una barrera estructural que erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas y desincentiva la participación de nuevas lideresas. Al perpetuar relaciones históricas de dominación y desigualdad, este fenómeno obstaculiza una representación política plena y paritaria, afectando la calidad de la deliberación pública, la justicia social y, en última instancia, el fortalecimiento del sistema democrático. V.Casos relevantes en el Ecuador En Ecuador, el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha permitido consolidar criterios orientados a identificar, sancionar y erradicar conductas que buscan menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por razones de género. Uno de los precedentes más relevantes en esta materia es la Sentencia No. 180-2022-TCE, en la que el Tribunal analizó actos dirigidos contra una autoridad de elección popular y estableció parámetros para determinar la existencia de violencia política de género. En esta decisión se destacó que la violencia política no se limita a agresiones físicas o amenazas directas, sino que también puede manifestarse mediante acciones u omisiones destinadas a restringir, obstaculizar o impedir el ejercicio efectivo de las funciones inherentes a un cargo público. Otro aspecto relevante de
la jurisprudencia ecuatoriana consiste en el reconocimiento de que la violencia política de género puede manifestarse a través de discursos discriminatorios, campañas de desprestigio, difusión de mensajes denigrantes, exclusión de espacios de toma de decisiones, limitación injustificada de recursos para el ejercicio del cargo o cualquier otra conducta que tenga por objeto desalentar, obstaculizar o impedir la participación política de las mujeres. Por otra parte, entre los casos emblemáticos destaca la Causa 219-2023-TCE, donde se sancionó al Prefecto de Chimborazo por discursos que reproducían un “tutelaje” masculino sobre las funciones de la Viceprefecta. Este cerco contra la impunidad se ratificó en julio de 2026, cuando el TCE dispuso la suspensión de los derechos políticos del referido funcionario por incumplir las medidas correctivas y sentencias previas, marcando un precedente decisivo sobre la supremacía de la norma electoral. VI.El trámite propiamente dicho para denunciar la violencia política de género Es importante distinguir que la violencia política de género en Ecuador se tramita como una infracción electoral muy grave ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y no como un proceso penal ordinario. El procedimiento se encuentra regulado principalmente en el Código de la Democracia y en el Reglamento de Trámites del TCE, es así que, el escrito de interposición obligatoriamente debe cumplir los requisitos previstos en el Art. 6 del Reglamento en mención, si el recurso o acción no cumple los requisitos previstos en el artículo señalado, a excepción de los numerales 1 y 6, fuere oscuro, ambiguo, impreciso o no pueda deducirse
la pretensión del recurrente, el juez sustanciador antes de admitir a trámite la causa mandará a aclarar o completar en dos días. Admitida la causa, se dispone la citación al denunciado, garantizando el ejercicio de su derecho a la defensa. Desde ese momento, el presunto infractor puede comparecer al proceso, presentar excepciones, contestar la denuncia y anunciar los medios probatorios que considere pertinentes para sustentar su posición jurídica. Este aspecto constituye una manifestación directa de los principios constitucionales de contradicción, igualdad procesal y debido proceso. Posteriormente se desarrolla la fase probatoria y de audiencia oral, considerada el núcleo del procedimiento. En esta etapa se practican las pruebas previamente anunciadas por las partes, se receptan testimonios, se incorporan documentos, informes técnicos o pericias y se permite la formulación de alegatos. El juzgador debe analizar no solo la existencia material de los hechos denunciados, sino también si estos tuvieron como finalidad o resultado restringir, obstaculizar, menoscabar o anular el ejercicio de los derechos políticos de una mujer por razones de género. Para ello, la jurisprudencia ha señalado la necesidad de aplicar una perspectiva de género y valorar el contexto en que ocurrieron los hechos. Concluida la audiencia, el juez electoral emite la sentencia correspondiente. Si determina la existencia de violencia política de género, puede imponer las sanciones previstas en el Código de la Democracia, entre las que se encuentran multas económicas, suspensión de derechos de participación, destitución del cargo público cuando corresponda, disculpas públicas, medidas de reparación integral y capacitaciones obligatorias en materia
de derechos de las mujeres y prevención de la violencia política. La sentencia dictada por el juez de primera instancia no agota necesariamente la controversia. El ordenamiento jurídico reconoce mecanismos de impugnación que permiten que la decisión sea revisada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, constituyéndose así una segunda instancia especializada. Esta revisión garantiza un control adicional de legalidad y constitucionalidad sobre las decisiones adoptadas por los jueces electorales. Conclusiones Persisten importantes desafíos relacionados con la prevención, denuncia y sanción efectiva de estas conductas. La normalización de ciertas prácticas discriminatorias, el temor a represalias, la insuficiente sensibilización institucional y las dificultades probatorias continúan generando espacios de impunidad que limitan la eficacia de la protección jurídica existente. Por ello, la lucha contra la violencia política de género no puede agotarse en la imposición de sanciones, sino que requiere políticas públicas integrales orientadas a transformar los patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad y a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la inclusión y la equidad. En definitiva, garantizar una participación política libre de violencia para las mujeres constituye una condición indispensable para la consolidación del Estado constitucional de derechos y justicia. Mientras existan barreras que pretendan silenciar, intimidar o restringir la intervención de las mujeres en los espacios de decisión, la democracia ecuatoriana continuará enfrentando una deuda pendiente con los principios de igualdad sustancial y representación efectiva. En consecuencia, el
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desafío actual no radica únicamente en contar con una adecuada protección normativa, sino en asegurar que dicha protección se traduzca en resultados concretos que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos políticos en un entorno libre de discriminación, violencia e impunidad. REFERENCIAS BLIBLIOGRÁFICAS: CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Arts. 270 y 280 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 61 y 65 JOHNSON-MYRES, Journal of the society for Latin American Studies, Vol. 42, 2021, pp. 115-130 MATFESS HILARY, Revista Feminista Internacional de Política, Vol. 24, 2023, pp. 506-528 REGLAMENTO DE TRÁMITES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, Art. 6 y 7 1 Abogado en libre ejercicio, Matricula Profesional 06-2017-81 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ex Secretario Financiero FEUE-R, Magister en Derecho con mención en Derecho Procesal Penal, Articulista, Escritor y Poeta, Ponente en Congresos y Diplomados a nivel nacional e internacional, socio fundador de la firma jurídica RIO Legacy, Casilla Postal: 060104., Riobamba, Ecuador. Correos Electrónicos: dc1thekings@gmail.com / riolegacy307abogados@gmail.com 2 Abogado litigante, Matricula Profesional 062022-283 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, socio de la firma jurídica RIO Legacy, Riobamba, Ecuador. Correo Electrónico: victorpilco95@gmail.com 3 Abogado en Litigante por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte damiancuadrado.17@gmail.com 4 MATFESS HILARY, Revista Feminista Internacional de Política, Vol. 24, 2023, pp. 506-528 5 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 61 y 65 6 CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Arts. 270 y 280 7 JOHNSON-MYRES, Journal of the society for Latin American Studies, Vol. 42, 2021, pp. 115-130 8 REGLAMENTO DE TRÁMITES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, Art. 6 y 7
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Loja - Zamora
Así se comportan los animales ante un eclipse Investigadores de las Universidades de Zaragoza y Salamanca monitorearon más de una treintena de animales durante el eclipse total del pasado 12 de agosto en España y los resultadores preliminares muestran respuestas distintas entre especies e individuos que cuestionan la idea de que los animales simplemente confunden el eclipse con la llegada de la noche. Así, mientras las ovejas redujeron su actividad, las gallinas se adaptaron a la luz y la reacción de los équidos fue diversa y “compleja”. EUROPA PRESS
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