Loja, lunes 27 Julio 2026

Ecuador necesita inversión y empleo para reducir la pobreza

Pese a la mejora en las cifras de la pobreza en Ecuador, cerca de 4 millones de ecuatorianos todavía pertenecen a ese grupo. Reducirla exige un esfuerzo fiscal equivalente al 4% del PIB. La clave no sería repartir más bonos, sino generar empleo e inversión. Conozca una posible ruta en cinco pasos. 8

CIUDAD

El Cisne recibe caravanas de fe de todo el país 3

CIUDAD

Loja se prepara para El Niño 4

POLÍTICA

¿La tercera vía inicia con Yaku Pérez? 6

SEGURIDAD

Gobierno registra reducción del 10% de muertes violentas 7

GLOBAL Keiko Fujimori asume un Perú contra las cuerdas 9

ALFREDO SUQUILANDA VALDIVIESO alfredosuquilanda@hotmail.com.

Un ejemplo a seguir para con seguridad y paz vivir

Con ocasión de la Sexagésima Feria de Integración Fronteriza que se realizará en la ciudad fronteriza de Macará, se llevará a efecto el Encuentro Protocolario de los Ejércitos de Ecuador y Perú. Este Encuentro, se viene celebrando desde el año 2019 y es un evento de singular importancia, ejemplo para la paz de América y del mundo. el saludo protocolario de los ejércitos de Ecuador y Perú, el que se conmemora el 28 de julio con ocasión de la Independencia del Perú y el 10 de agosto con motivo del Primer Grito de la Independencia en Quito, Luz de América y se lo ejecuta en el puente internacional, que une a las dos naciones.

Tuve el honor de presenciar este encuentro de 2019 a 2022, en mi calidad de Alcalde de Macará y de intervenir con mi saludo patriótico afectuoso y respetuoso; realmente ver el saludo altivo y soberano de los oficiales de los dos ejércitos, eriza la piel y trae un sentimiento de Patria, todas las autoridades de Macará y del Distrito del Suyo intervienen en este acto, el glorioso Batallón de Infantería Motorizado 21 Macara, representa a nuestro Ecuador y el Regimiento de Caballería No. 7 Gran Mariscal Necochea de Suyo, representa al Perú, los estudiantes de los colegios y escuelas se saludan, las bandas de música de los dos ejércitos solemnizan el evento, y los pueblos de la provincia de Loja y del Departamento de Piura se saludan con mucho respeto y afecto. Este acontecimiento es digno de imitar en el mundo entero y ratifica el espíritu de los pueblos de Ecuador y Perú, de seguir cultivando la paz y la integración de las fronteras, haciendo honor y respeto, al Acuerdo de Paz de Itamaraty, en Brasil suscrito por los presidentes de Ecuador Jamil Mahuad Witt y de Perú Alberto Fujimori, el 26 de octubre de 1998.

Estimo que sería un honor para Macará que, a este encuentro, asistan los más altos mandos de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, lo que daría mayor brillo y realce a este acontecimiento patriótico, símbolo de amistad y de integración entre nuestros pueblos hermanos de Perú y Ecuador. Igualmente será un honor que el señor presidente de los ecuatorianos Daniel Noboa Azin, asista a la Feria de Integración, junto con los ministros de su gabinete para que constaten la realidad de la frontera, después del cierre, y tomen medidas de compensación para un pueblo sacrificado y olvidado, bastión inexpugnable de la ecuatorianidad, como es Macará. Macará, espejo límpido del alma y evocación sublime de nuestra tierra; centinela incansable donde el sol abraza la historia y la calidez de tu gente florece como un eterno orgullo

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com

Falsos positivos

Se calificó así en Colombia a ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos a los que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se culpó del resultado a directivas del Ministerio de Defensa que exigían resultados operacionales a cambio de recompensas. El saldo: alrededor de 8 mil vícti -

EDITORIAL

El Niño y los estudiantes

Ecuador ha llegado al momento en que tiene que elaborar planes serios para enfrentar el fenómeno de El Niño. El Gobierno, debido a las alertas meteorológicas, decidió elevar la alerta a naranja, lo que significa que el evento es inminente y deben activarse los planes de prevención y de respuesta.

El Niño tiene como su mayor característica las lluvias constantes que provocan inundaciones, desplazamiento de familias, trabas para el comercio y decenas de miles de estudiantes afectados porque los establecimientos están inundados o las vías para llegar a las aulas están interrumpidas. La alerta es para 17 provincias.

El país suele preocuparse de las vías, la energía eléctrica, la productividad y las pérdidas millonarias. Pero históricamente ha dado ligera relevancia a los estudiantes.

En esta ocasión hay un cambio. El Gobierno ha realizado un

diagnóstico acerca de los establecimientos que pueden ser afectados con El Niño.

Son 3.873 instituciones fiscales ubicadas en zonas de riesgo, 1.100 tienen alto riesgo.

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha realizado intervenciones en 264 instituciones, incluso ha comprado 62 kits para mitigar inundaciones, que incluyen una motobomba, una hidrolavadora y un generador eléctrico.

Con esto se espera que los estudiantes regresen pronto. Pero los gobiernos locales deberán ocuparse del drenaje de calles y mantener habilitadas las vías de acceso.

El trabajo coordinado, dejando la polarización de redes sociales, debe ejecutarse. El país lo requiere.

mas documentadas y decenas de sentenciados.

Lo anterior, es un riesgo que no podía descartarse en el conflicto armado interno ecuatoriano. Felizmente, el Plan de Seguridad expedido por el presidente Daniel Noboa , dispone claramente en su ‘Concepto Político de la Seguridad’ que: “… será respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario , en estricto apego a la Constitució n de la República, la normativa legal vigente y los tratados internacionales, los cuales pro -

tegen y garantizan los derechos y libertades ciudadanas en términos de igualdad y no discriminación”.

La visión de la Seguridad como una p olítica multidimensional del Estado se observa en la siguiente disposición del Plan: “… proveer servicios esenciales, consolidando la cobertura y calidad de los sistemas de salud, educación, inclusión y otros de bienestar social especialmente en las comunidades rurales, amazónicas e indígenas…”. Asimismo, se ratifica el compromiso nacional de erra-

SANTIAGO LEÓN f-barri@uio.satnet.net

MÁS DE ESOS ACUERDOS

Aveces las buenas noticias nos sorprenden. No debería ser así, pero esa es la realidad en Ecuador. Hace pocas horas, mi Ecuador del alma suscribió un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá. Así es. Nuestros productos estarán en más perchas de los supermercados canadienses.

Es que cerca de 600 productos ecuatorianos ingresarán sin pagar un real más en Canadá. Esos acuerdos permiten que los productores locales tengan la posibilidad de ampliar sus mercados, lo que se traduce automáticamente en más plazas de empleo. Por ende, entra más billete a las familias.

Además, lo pepa de este tratado binacional es que protege la producción agrícola nacional. Es decir, productos como el arroz, maíz, leche, carne o azúcar ingresarán con un paguito adicional. En otras palabras, se cuida a nuestros productores porque la plena es que no podemos competir en igualdad de condiciones con industrias internacionales. Por eso: ¡apoye el talento nacional!

Para eso se elige a los políticos. No para que estén sentados en las oficinas, sino para que se encarguen de mejorar las condiciones económicas del país. Qué alegría da mirar que marcas ecuatorianas la “rompen” en el extranjero. Considero que tenemos una tierra con tanta diversidad y tantas ventajas que nuestros productos no le piden favor a nadie.

Por eso hay que poner los esfuerzos en el agro. En las tierras rurales, que son las que permiten que pongamos en la olla alimentos de alta calidad. Debemos sentirnos orgullosos de estos logros y seguir llegando a nuevos mercados para que conozcan que, a pesar de ser un país chiquito, somos grandes en resiliencia y competitividad.

dicar la corrupción (detonante de la inseguridad) para lo cual: “… se impulsará el completamiento del marco regulatorio y sancionatorio que fomente la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública en todos los niveles”.

Para que lo anterior no quede en meras declaraciones se requiere de observatorios que supervisen la eficacia de la aplicación de las normas establecidas en las operaciones militares y policiales, y de un debate profundo sobre materias como el Derecho Operacional,

las Reglas de Enfrentamiento y la Obediencia Debida. Afirmó Sir Hartley Shawcross, en Núremberg, 1945: “La lealtad política, la obediencia militar son cosas excelentes, pero no exigen ni justifican la perpetración de actos manifiestamente injustificables. Llega un momento en que el ser humano debe negarse a obedecer a su jefe, si también debe obedecer a su conciencia. Ni siquiera el soldado raso que hace parte de las filas del ejército de su país está obligado a obedecer órdenes ilegales.

CIUDAD 03

Romeriantes llegan de distintos puntos del país a El Cisne

La llegada de delegaciones y caravanas de motorizados incrementa el movimiento en la parroquia, donde se intensifican los controles de tránsito, seguridad y uso del espacio público.

La parroquia El Cisne experimenta un notable incremento en el flujo de feligreses y comerciantes procedentes de Azuay, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha y Loja, entre otras provincias. El arribo de la tradicional romería de motorizados marcó el inicio de la reactivación turística y religiosa en la zona. Ante la multitudinaria asistencia, el Municipio de Loja ejecuta un plan de contingencia junto con la Policía Nacional para regular el comercio informal y garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal.

Operativos de orden público y coordinación institucional

Agentes de control municipal y efectivos policiales custodian las principales intersecciones y accesos a la parroquia. La intervención busca evitar la ocupación desordenada del espacio público y prevenir posibles incidentes delictivos. Asimismo, las autoridades locales mantienen reuniones periódicas con los representantes del Santuario para optimizar la logística de las festividades.

Sandra Abad, jefa distrital de El Cisne, precisó a La Hora el alcance de los trabajos de supervisión: “Las festividades se intensificaron a partir de la romería de las motos. Como Municipio coordinamos acciones para controlar los espacios públicos y mantener la seguridad. Trabajamos en mesas técnicas conjuntas para resguardar la tranquilidad del peregrino, pues en estas fechas también acuden personas a generar desorden”.

Por su parte, la infraestructura hotelera y los establecimientos gastronómicos mantienen su operatividad bajo supervisión sanitaria y comercial. Hasta el momento, el abastecimiento de bienes y la prestación de servicios turísticos se desarrollan con normalidad.

Remodelación de la plaza central y acogida de romeriantes

Los trabajos de reestructuración en la plaza central reducen momentáneamente la capacidad de aforo en el centro parroquial. Sin embargo, los comerciantes locales respaldan la ejecución del proyecto edilicio por su impacto positivo en la infraestructura turística a largo plazo.

Integrantes de la asociación de comerciantes de artesanías religiosas en los exteriores del santuario resaltaron la importancia de las obras: «Como asociación necesitamos un espacio más presentable para brindar una mejor bienvenida a los visitantes. Nos sostenemos gracias a la fe en la Virgencita y trabajamos a diario

RELIGIÓN. Fieles católicos copan los espacios religiosos y turísticos de El Cisne.

Juicio No. 11313-2025-00130

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. Saraguro, martes 21 de julio del 2026, a las 11h41.

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA

EXTRACTO DE CITACIÓN JUDICIAL

Cito con el contenido de la demanda, auto de aceptación a trámite y más constancias procesales recaídas en el presente proceso CIVIL EJECUTIVO - COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN, al demandado LUIS GUILLERMO MUÑOZ SILVA, conforme lo dispuesto en el  Art. 56 del COGEP, cuyo extracto es el siguiente:

PROCESO NRO: 11313-2025-00130

MATERIA: Civil.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Ejecutivo.

OBJETO DE LA DEMANDA: Cobro de Pagaré a la Orden.

ACTOR: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”.

por el progreso de nuestras familias».

Frente a la alta demanda de hospedaje, numerosos peregrinos acampan en zonas autorizadas o se alojan en casas de posada. La devoción motiva el esfuerzo logístico de grupos organizados de distintas regiones del país.

Carlos Rodríguez, integrante de la caravana de motorizados, expresó el sentir de su agrupación: “Organizamos esta ruta de fe por la Churonita. Nos impresiona la cantidad de compañeros que hicieron el esfuerzo para estar presentes. La movilización masiva refleja el cariño y la devoción hacia la imagen”.

Programación de celebraciones litúrgicas El Santuario de El Cisne ofrece seis misas diarias para acoger a las delegaciones de romeriantes que arriban a la localidad. Los horarios habilitados abarcan diferentes jornadas para facilitar la asistencia de los creyentes: «Se están desarrollando a partir de las 06:00, 08:00, 11:00, 15:00, 17:00 y a las 19:00», afirmó Abad.

DEMANDA: Luis Guillermo Muñoz Silva.

JUEZ: Dr. Alex Damián Torres Robalino.

AUTO: UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. Saraguro, jueves 20 de marzo del 2025, a las 08h52. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez Multicompetente del cantón Saraguro en virtud del sorteo realizado y la competencia radicada en conformidad con la ley. En lo principal la demanda presentada, cumple los requisitos planteados en los artículos 142 y 143 del COGEP y se fundamenta en un pagaré a la orden documento que constituye título ejecutivo, por lo que se le admite a trámite en procedimiento EJECUTIVO. Cítese a MARIA DE LOS ANGELES UCHUARY JIMENEZ en calidad de deudor principal por intermedio de uno de los señores jueces de la Unidad Judicial Civil del cantón Cuenca Provincia del Azuay, a quien se le depreca la práctica de esta diligencia ofreciéndose reciprocidad en casos análogos y LUIS GUILLERMO MUÑOZ SILVA y WILSON RODOLFO ARMIJOS IDROVO en calidad de deudores solidarios o garantes por intermedio de la oficina de citaciones de esta Unidad Judicial, previniéndose que en caso de no encontrarse en sus domicilios la citación se realizará en días consecutivos. A los demandados se les otorga el término de 15 día para que conteste la demanda planteada en su contra bajo prevenciones de lo dispuesto en el artículo 342 del COGEP, previniendo que en caso de no contestar la demanda se dictará sentencia la misma que no será susceptible de recurso alguno. En cuenta los anuncios de prueba como la cuantía y los domicilios judiciales señalados para posteriores notificaciones. Cítese y notifíquese. OTRA PROVIDENCIA: UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. Saraguro, jueves 16 de julio del 2026, a las 11h13. VISTOS.-En lo principal, previa notificación de las partes litigantes se dispone la actuación de las siguientes diligencias: Una vez que se ha cumplido con el juramento de rigor de desconocimiento del domicilio del demandado: LUIS GUILLERMO MUÑOZ SILVA con fecha 14 de julio del 2026, realizado por parte de la Abg. Michelle Alexandra Vargas Ramón, quien es delegada de la Procuración Judicial otorgada por el Dr. Jorge Alberto Delgado Altamirano quien a su vez es Procurador Judicial del Eco. Juan Carlos Urgiles Martínez, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “JARDÍN AZUAYO”, así mismo se establece que se han realizado todas las diligencias correspondientes para tratar de localizar la dirección del mismo a través de la solicitud de información a las diferentes instituciones Gubernamentales en la cual en las respuestas no se especifica dirección exacta alguna, a fojas 106 del proceso se encuentra adjunto el certificado de Registro Consular en la cual se evidencia que no consta el registro consular en el exterior. Con los antecedentes expuestos, se establece que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la sentencia N°.279117-EP/23 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, y por lo tanto se ordena la citación por la prensa del demandado: LUIS GUILLERMO MUÑOZ SILVA con cédula de ciudadanía Nro. 1103940035, por uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Loja, conforme a lo dispuesto en el Art. 56 del COGEP en concordancia con la Resolución Nro. 07-2018 emitida por la Corte Nacional de Justicia, para lo cual confierase por intermedio de secretaria el extracto correspondiente.-Notifíquese y cúmplase.  Saraguro, 21 de julio del 2026.

Alerta naranja pone a Loja en prevención

Los 16 cantones de la provincia deberán reforzar el monitoreo y sus planes de contingencia ante el riesgo de lluvias, inundaciones y movimientos en masa.

El Gobierno Nacional declaró la alerta naranja para los 16 cantones de la provincia de Loja. La resolución responde al cambio de estado técnico de “El Niño en observación” a “El Niño activo”, tras el incremento de la temperatura oceánica en el Pacífico ecuatoriano.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la medida posee un carácter estrictamente preventivo, por lo que no constituye una declaratoria de emergencia ni confirma la presencia inmediata del fenómeno. Así, las autoridades orientan sus acciones hacia la preparación institucional en toda la provincia, con prioridad en las parroquias ubicadas por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Riesgos e infraestructura prioritaria

El incremento de las precipitaciones genera amenazas directas en la región, principalmente por inundaciones, desbordamientos de ríos y movimientos en masa. Estos eventos representan un riesgo directo para las poblaciones vulnerables, la conectividad vial, los servicios básicos, la infraestructura pública y la producción agrícola local.

Estado de la planificación cantonal

La gestión de respuesta registra avances en la provincia, actualmente la mayoría de los cantones cuentan

con sus planes de acción aprobados: Paltas, Espíndola, Puyango, Quilanga, Loja, Celica, Chaguarpamba, Macará, Saraguro, Pindal, Zapotillo, Calvas y Olmedo.

Por su parte, Gonzanamá y Sozoranga mantienen sus planes pendientes de subsanación, un trámite técnico en el que también se encuentra el plan de acción provincial.

Acciones institucionales y de contingencia

Las autoridades refuerzan la vigilancia de las condiciones hidrometeorológicas, mientras los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provincial y cantonales coordinan su activación según el nivel de amenaza.

Las instituciones disponen de maquinaria pesada y personal operativo en puntos viales estratégicos. Asimismo, la planificación contempla evacuaciones preventivas en sectores de alta vulnerabilidad si los informes técnicos así lo requieren.

Intervenciones de mitigación en Loja

En el cantón Loja se ejecutan obras físicas anticipadas. Los trabajos se concentran en sectores prioritarios, como el río Malacatos, a la altura del puente Argelia, en la vía Reinaldo Espinosa.

Técnicos locales construyen muros de escollera en los márgenes del cauce para proteger las pilas de los puentes, estabilizar los taludes y redu-

El cantón Loja ya

cir el impacto de sedimentos o aluviones.

«Ejecutamos una obra hidráulica con muros de escollera a los lados del cauce para proteger las pilas de los puentes contra la erosión. Esto permitirá estabilizar los taludes, controlar la velocidad del agua y mitigar riesgos ante las fuertes lluvias que se puedan producir en la hoya de Loja», explicó Yonel Ramírez, técnico de Obras Públicas del Municipio de Loja.

Las autoridades instan a la ciudadanía a mantener la calma y seguir la información por canales oficiales. La prevención oportuna busca reducir daños materiales y salvaguardar la vida de la población.

EMPRENDER. El acompañamiento profesional garantiza un procedimiento adecuado para el emprendedor.

Convocatoria nacional para emprendimientos en Prendho UTPL

La incubadora universitaria recibirá postulaciones hasta el 16 de agosto para proyectos de base científica y tecnológica en cuatro áreas estratégicas.

La incubadora y aceleradora Prendho, del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), abrió su segunda convocatoria nacional del año. El programa impulsa emprendimientos dinámicos basados en ciencia, tecnología e innovación. El proceso de incubación se extiende por ocho meses. Durante este período, los participantes reciben acompañamiento para estructurar legalmente su empresa y concretar sus primeras ventas. El programa cuenta con subsidio universitario y requiere una inversión simbólica de 35 dólares mensuales por emprendimiento.

Enfoque tecnológico y sectores prioritarios

La convocatoria recepta propuestas en cuatro áreas del conocimiento: tecnologías de

alimentos, tecnologías de la información y comunicación (TIC), bioemprendimientobiofarmacia y electrónica. «Nuestra métrica es apoyar y ayudar a los emprendedores a que formen empresa. Usted ingresa con una idea y al final sale con una empresa constituida formalmente y con primeras ventas», afirmó Marcos Vega Solano, director de Prendho UTPL.

El programa busca soluciones escalables que resuelvan problemas globales mediante la aplicación científica. Desde 2018, la incubadora ha impulsado la creación de 254 empresas que generan más de 1.500 empleos directos en el país.

Requisitos de postulación y enfoque de género

Los postulantes deben conformar equipos de trabajo con cofundadores definidos.

Juicio No. 11313-2025-00496

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. Saraguro, martes 21 de julio del 2026, a las 11h50. REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA EXTRACTO DE CITACIÓN JUDICIAL

Cito con el contenido de la demanda, auto de aceptación a trámite y más constancias procesales recaídas en el presente proceso CIVIL EJECUTIVO - COBRO DE PAGARÉ A LA ORDEN, a los demandados VICTOR ANGEL MEDINA MEDINA y CARMEN DELIA LOZANO MACAS, conforme lo dispuesto en el  Art. 56 del COGEP, cuyo extracto es el siguiente:

PROCESO NRO: 11313-2025-00496.

MATERIA: Civil.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Ejecutivo.

OBJETO DE LA DEMANDA: Cobro de Pagaré a la Orden.

ACTOR: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo”.

DEMANDADOS: Victor Angel Medina Medina y Carmen Delia Lozano Macas.

JUEZ: Dr. Alex Damián Torres Robalino.

La organización prioriza el desarrollo colaborativo sobre las candidaturas individuales para garantizar la viabilidad del proyecto.

Además, las propuestas deben alinearse a cuatro retos específicos: economía circular, bioeconomía, eficiencia en el uso de recursos naturales y no naturales dedicados a la producción y el bienestar inteligente. «Estamos haciendo énfasis sobre todo en el enfoque de género. Queremos impulsar más emprendimientos dinámicos que sean liderados o coliderados por mujeres, los cuales recibirán puntaje adicional en la evaluación», destacó Vega Solano.

Las inscripciones se reciben a través del sitio web oficial ( https://prendho.com/ incubiti/ ) hasta el próximo 16 de agosto.

AUTO: UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. Saraguro, jueves 25 de septiembre del 2025, a las 15h43. VISTOS: Avoco conocimiento de lo presente causa mi calidad de juez multicompetente del cantón Saraguro en virtud del sorteo realizado y la competencia radicada en conformidad con la ley. En lo principal, la demanda planteada por reunir los requisitos determinados en los artículos 142 y 143 del COGEP, y por fundamentarse en un pagaré a la orden, documento que constituye título ejecutivo, se lo califica como clara y completa por lo que se le admite a trámite en procedimiento EJECUTIVO. Cítese a los demandados VICTOR ANGEL MEDINA MEDINA y CARMEN DELIA LOZANO MACAS en calidad de deudores principales por intermedio del señor Teniente Político de la parroquia San Lucas a quien se le comisiona la práctica de esta diligencia. A los demandados se les otorga el término de 15 días para que contesten la demanda planteada en su contra, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 151 del COGEP, podrá presentar las excepciones previas de las que se crean asistidos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 del mismo cuerpo legal sin perjuicio de las excepciones específicas planteadas en el artículo 353 del mismo cuerpo legal. En cuenta los domicilios judiciales señalados para posteriores notificaciones así como los anuncios de prueba realizados. Cítese y notifíquese. OTRA PROVIDENCIA: UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA. Saraguro, jueves 16 de julio del 2026, a las 11h13. VISTOS.-En lo principal, previa notificación de las partes litigantes se dispone la actuación de las siguientes diligencias: Una vez que se ha cumplido con el juramento de rigor de desconocimiento del domicilio de los demandados: VICTOR ANGEL MEDINA MEDINA y CARMEN DELIA LOZANO MACAS con fecha 14 de julio del 2026, realizado por parte de la Abg. Michelle Alexandra Vargas Ramón, quien es delegada de la Procuración Judicial otorgada por el Dr. Jorge Alberto Delgado Altamirano quien a su vez es Procurador Judicial del Eco. Juan Carlos Urgiles Martínez, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “JARDÍN AZUAYO”, así mismo se establece que se han realizado todas las diligencias correspondientes para tratar de localizar la dirección del mismo a través de la solicitud de información a las diferentes instituciones Gubernamentales en la cual en las respuestas no se especifica dirección exacta alguna, a fojas 77 y vta., del proceso se encuentra adjunto el certificado de Registro Consular en la cual se evidencia que no consta el registro consular en el exterior. Con los antecedentes expuestos, se establece que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la sentencia N°.2791-17- EP/23 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, y por lo tanto se ordena la citación por la prensa de los demandados: VICTOR ANGEL MEDINA MEDINA con cédula de ciudadanía Nro. 1104624240 y CARMEN DELIA LOZANO MACAS con cédula de ciudadanía Nro. 1104606064, por uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad de Loja, conforme a lo dispuesto en el Art. 56 del COGEP en concordancia con la Resolución Nro. 07-2018 emitida por la Corte Nacional de Justicia, para lo cual confierase por intermedio de secretaria el extracto correspondiente.-Notifíquese y cúmplase.

YAKU PÉREZ: ¿DE LA ALCALDÍA DE CUENCA A LA PRESIDENCIA DE ECUADOR?

Yaku Pérez fue elegido por una alianza política para competir por la Alcaldía de Cuenca, el precandidato explica que hay motivos colectivos para participar, pero aún está pendiente que se concrete la inscripción en el CNE.

“La oposición es completamente válida, venga de donde venga, porque ayuda a mejorar”, dice Yaku Pérez Guartambel, el abogado de 57 años que buscará llegar a la Alcaldía de Cuenca con el respaldo de cuatro organizaciones políticas.

Pérez fue prefecto del Azuay y candidato presidencial en las elecciones de 2021 en las que se enfrentó a Guillermo Lasso , quien ganó la Presidencia. Actualmente, Pérez es coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA) del Azuay Somos Agua, Unidad Popular (UP), Futuro 20 e Izquierda Democrática (ID) lanzan la precandidatura de Pérez por la alianza Unidos por el Agua Esa decisión le tomó a Pérez algunas semanas de reflexión. En diálogo con LA HORA comenta las razones que pesaron en su decisión.

P. Usted representa a cua-

tro organizaciones políticas para la Alcaldía de Cuenca, ¿qué lo llevó a aceptar finalmente esta precandidatura?

Un tema gravitante es que Cuenca entra en una situación bastante compleja con una amenaza de extractivismo minero, si bien revocaron la licencia ambiental (del proyecto Loma Larga), la empresa minera Dundee Precious Metals no se ha ido de Cuenca. Estamos criminalizados seis dirigentes defensores del agua y Cuenca está amenazada por el extractivismo minero, tanto en Quimsacocha como en Río Blanco. Ahora hay otra concesión , estamos averiguando a qué empresa corresponde y está en Cuenca también. El otro tema gravitante es el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Cuenca era considerada como la isla de paz, hoy empieza a proliferar robos, asaltos, asesinatos, homicidios, extorsiones. Sumado a eso, Cuenca está completamente incomuni-

cada, con inseguridad vial. Todas estas realidades difíciles que tiene Cuenca nos llevan a la decisión colectiva de algunos sectores políticos y sociales que tuvieron la confianza en proponerme esta precandidatura. Fui el último en tomar la decisión.

P. ¿Optar por la Alcaldía de Cuenca significa dejar de lado una futura candidatura para la Presidencia de Ecuador?

Si voy a la Alcaldía tengo que cumplir el periodo y después analizaría alguna eventualidad. Por ahora, tengo que cumplir como candidato, si es que me permiten inscribirme porque puede ser que no me permitan. El Consejo Nacional Electoral (CNE) está muy acucioso y selectivo en bloquear candidaturas. Caso contrario, seguiremos desde donde hemos actuado, desde el activismo, la academia y la abogacía.

P. ¿Ganar la Alcaldía de Cuenca le daría ventaja

POLÍTICO.

Yaku Pérez (en el centro), precandidato a la Alcaldía de Cuenca, durante una rueda de prensa el 21 de julio de 2026. (Foto: API).

tercera vía que irrumpa frente al totalitarismo , a una justicia selectiva, a la persecución, al odio, a la desidia. Tiene que marcar una diferencia y eso se puede comenzar desde lo más pequeñito, desde una comunidad, una parroquia, un cantón, una provincia.

P. Usted es una figura que encarna la oposición al Gobierno por su postura antiextractivista, ¿podría ser difícil gestionar Cuenca si gana las elecciones?

para ir a la presidencial de 2029?

Sin duda. Desde el año 2021 y 2023 (fue candidato presidencial en las elecciones anticipadas por la alianza Claro que se puede y en 2025 fue candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Amigo) hasta le fecha he conseguido un poquito más de aprendizaje, de madurez, incluso en mis estudios. Hoy tengo seis posgrados y estoy cursando un doctorado, pero las caídas también ayudan para aprender y levantarse. La experiencia no es un accidente. Si se logra hacer una buena gestión (en la Alcaldía), eso potenciaría para equivocarse menos en la administración pública . Para ser un candidato potente y potable sí se debe tener una escuela y esto posiblemente sea una escuela. Pero uno no descarta y tampoco se obsesiona por ser candidato o presidente. Mucho va a depender de las circunstancias.

P. ¿Ser alcalde puede ser un factor de peso para ir consolidando esa tercera vía sin ADN y sin la Revolución Ciudadana?

Totalmente. La tercera vía no tiene que ser solo un discurso, tiene que ser una construcción colectiva donde la honestidad vuelva a ser la regla, no la excepción, en donde el cuidado de la naturaleza, del agua, de los ríos, de la vida sea una condición insoslayable. Es decir, una

Con cualquier gobierno hay que sentarse a dialogar , así no haya acuerdo, pero en muchos temas creo que habría acuerdos como en la inseguridad ciudadana, inseguridad vial. En la inseguridad ecológica tal vez tengamos discrepancias y no solamente con el actual Gobierno (de Daniel Noboa) , sino con muchos otros actores. Pero si hay un respeto a las posturas sin atacar a las personas, sino a los actos, creo que es factible. La oposición es completamente válida, venga de donde venga, porque ayuda a mejorar, a prevenir, a cuidar, pero cuando la oposición es sana y sin agresiones personales.

P. ¿Pero, qué tipo de relación podría establecer como alcalde con el Gobierno nacional?

Cualquier gobierno debe entender que no se pueden vulnerar los derechos que están en la Constitución . Y si no se respeta la Constitución, toca activar la movilización social . Hemos aprendido que la institucionalidad se respeta solo con movilización social. Los juicios en las Cortes, por mejor abogado que sea, no se ganan si no están acompañados de la movilización social. Pero esta movilización social debe ser pacífica , propositiva, muy proactiva para evitar un desprestigio, con las acciones caóticas, ilegales o violentas no se consigue legitimidad. El mejor espejo fue lo que pasó el 16 de septiembre de 2025 en Cuenca , donde 120.000 corazones salieron a decirle al Gobierno: queremos agua y no minería. (KSQ)

Ecuador baja los asesinatos, pero la violencia no cede

La violencia en el primer semestre de 2026 contabilizó 505 casos menos de asesinatos en comparación al mismo periodo de 2025. Sin embargo, la violencia se mantiene.

Los primeros seis meses de 2026, 4.154 familias quedaron atravesadas por la violencia criminal en Ecuador . Las estadísticas del Ministerio del Interior , entre enero y junio de este año hay un descenso de la violencia frente al récord de 2025; sin embargo, estas cifras muestran que, pese a la disminución de homicidios intencionales , la violencia continúa, ha mutado y se ha desplazado en el país.

El primer semestre de 2026 mostró que se registraron 505 casos menos respecto al mismo periodo de 2025, es decir el 10,8% menos en cuanto a asesinatos. Pese a estas cifras, la violencia se mantiene concentrada en la Costa siendo Guayas la provincia más afectada, seguida por Manabí y El Oro.

Con la tercera provincia se ha evidenciado una violencia que va en ascenso. Pues, El Oro pasó de 319 homicidios intencionales

entre enero y junio de 2025 a 521 muertes violentas en el primer semestre de 2026.

Segundo semestre más alto con cifras de violencia en Ecuador

Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) , detalló que hay que tener en cuenta que la cifra de este semestre 2026 corresponde a la segunda más alta desde que Ecuador tiene registros históricos.

“El 2025 fue el periodo total y también en ese primer semestre más alto de los registros históricos y este 2026, en este periodo, corresponde al segundo (semestre más elevado), incluso por encima del 2023, que en su momento fue el más alto”.

Por lo que Villagomez puntualizó que si bien ha habido una reducción de las cifras de violencia esas

estadísticas son altas, sobre todo, al compararlas con otros periodos. Por ejemplo, en el primer semestre de 2025 hubo 4.659 homicidios intencionales; mientras que en 2023 -que en su momento fue el año más violento- hubo 3.715, y el primer semestre de 2019 fue de 575.

El líder técnico del OECO puntualizó que los decretos ejecutivos como los estados de excepción han tenido un enfoque notable en Guayas en el cantón Durán; y en Quevedo , en Los Ríos con reducciones de la violencia. Sin embargo, en el caso de El Oro hay un crecimiento drástico de cerca del 63%, y esto se da porque el crimen organizado y las redes delincuenciales pueden trasladarse y puede un desplazamiento.

Villagomez puntualizó que hay patrones en los que se evidencia el comportamiento de la violencia. “Las masacres se trasladaron de

factor importante dentro de la violencia que vive Ecuador es la prevalencia del uso de armas de fuego para cometer los homicidios. “Es una cifra que no ha variado y que hay una lógica de control territorial y también sobre la facilidad que tienen los grupos para el acceso a armas de fuego y con eso va relacionado la baja resolución de casos que hay en los asesinatos”.

Rivera expuso que el 88% de armas de fuego usadas para los homicidios también se dio en 2025. Por lo que indicó que en 2021 ya se registró el 77% del uso de esas armas para cometer asesinatos, pero resaltó que en los últimos cuatro años ese porcentaje ha sido del 80%.

Según el investigador de crimen organizado, la forma en cómo entran las armas al país es a través de tres tipos de transporte que son vía aérea, a través de avionetas; la segunda forma es a través de partes y componentes como por courier y por medio de contenedores.

las cárceles a las calles, sobre todo lo que ocurrió en 2022 o 2023. Un dato interesante que hemos observado es el control de armas, y en estos primeros seis meses, se observa que alrededor del 88% de los homicidios han sido cometidos con armas de fuego, lo cual obviamente también es un riesgo para que dentro de un evento criminal pueda haber mayores víctimas”.

3.671 homicidios en Ecuador cometidos con arma de fuego en el semestre de 2026 Entre enero y junio de 2026, según las cifras del Ministerio del Interior, 3.671 muertes violentas se cometieron con arma de fuego. De estas, 1.605 se concentran en Guayas, luego está Manabí con 544, le sigue El Oro con 453 y Los Ríos con 452. Renato Rivera, investigador senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, expuso que un

Hay que replantear estrategias para combatir la violencia en Ecuador Cristian Ordoñez, especialista en temas de seguridad, dijo que la reducción del 10,8% de los homicidios no es una disminución tan significativa, pese a todos los esfuerzos que se realizan.

Por lo que señaló que, incluso, esa disminución puede estar sujeta a un recrudecimiento o un rebrote estadístico desde el segundo semestre de 2026.

“Es decir, un 10% no necesariamente marca una tendencia de disminución significativa. Al momento tenemos las previsiones de que 2026 va a ser el segundo año más violento. Entonces, estos elementos no deberían ser tomados como un triunfo, sino más bien como una circunstancia que hay que tomarla con suprema cautela y ciertamente replantear las estrategias”, aseguró. Ordoñez resaltó que no ha existido una disminución integral de la violencia en el país, por lo que el crimen organizado ha buscado un dinamismo territorial donde ejercer sus actividades delictivas (PSR)

Ecuador necesita invertir $4.400 millones contra la pobreza

Cerca de 4 millones de ecuatorianos siguen en pobreza monetaria. Reducirla exige un esfuerzo fiscal cercano al 4% del PIB. La clave sería generar empleo e inversión.

La pobreza en Ecuador tiene una paradoja: está bajando, pero el problema sigue siendo gigantesco.

En 2020, en plena pandemia , el 33% de la población cayó en pobreza monetaria Cinco años después, la tasa se redujo a 21,8%. La mejora es evidente. Sin embargo, detrás de ese porcentaje todavía hay cerca de 4 millones de ecuatorianos que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir su canasta básica de alimentos y servicios. La pregunta, entonces, cambia. Ya no es solamente cuántas personas salieron de la pobreza, sino qué se necesita para que millones más puedan hacerlo de manera sostenible.

Una respuesta planteada por Máximo Damián Baldera, gerente general de Estudios Econométricos en Perú, apunta a una cifra de gran tamaño: alrededor del 4% del PIB real de Ecuador. Ese sería, según su análisis, el esfuerzo fiscal, o la inversión, que el Estado debería canalizar para reducir de manera significativa la pobreza monetaria en Ecuador.

Pero el propio análisis plantea un dilema para las finanzas públicas : ¿Ecuador debe gastar más para combatir la pobreza o necesita crecer más para generar los ingresos que permitan reducirla?

La respuesta no está en escoger una sola de las dos opciones.

Economía debe crecer más de 5%

Una persona está en pobreza monetaria cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta de alimentos y la canasta de servicios. En esta última entran gastos como transporte, educación, internet y servicios básicos.

En 2018, la pobreza monetaria en Ecuador alcanzaba

La pobreza en Ecuador sigue afectando a una de cada cuatro personas

al 22,3% de la población. Con la llegada de la pandemia, la tasa saltó al 33% en 2020. En términos prácticos, cerca de 2 millones de personas adicionales pasaron a formar parte de la población pobre

Después comenzó la recuperación. La tasa bajó al 28,18% en 2021 y ahora está cerca del 22%. Sin embargo, el número de personas que todavía enfrentan pobreza monetaria sigue siendo cercano a 4 millones.

La reducción, por tanto, ha sido importante, pero lenta.

“Si el país no crece a tasas por encima de 5% como mínimo, va a ser bien complicado reducir la pobreza monetaria”, sostuvo Baldera.

Ahí aparece el primer gran problema: Ecuador necesita más recursos para atender la pobreza, pero su economía no crece con la velocidad necesaria para generar suficientes empleos e ingresos

Baldera proyecta que, sin cambios sustanciales, la economía ecuatoriana crecerá a

tasas inferiores al 2% en los próximos años. Si ese escenario se cumple, la economía tendría dificultades para absorber a más trabajadores, mejorar los ingresos de los hogares y reducir la pobreza a una velocidad significativa.

Recursos para reducir la pobreza

El 4% del PIB no es una nueva obligación para el Estado ni significa que el Gobierno deba transferir automáticamente ese monto a los hogares. Es una estimación teórica que busca mostrar cuánto esfuerzo de financiamiento se necesitaría para reducir la pobreza monetaria.

La cifra sirve para dimensionar el tamaño del reto. En 2018, ese esfuerzo equivalía al 3,6% del PIB. Durante la pandemia, en 2020, llegó al 6,1%. Para 2024, la estimación alcanzó el equivalente al 3,9% del PIB. Para este 2026, la referencia se ubica nuevamente en alrededor del 4%, lo que representa alrededor de $4.400 millones

La pregunta aparece de

inmediato: ¿de dónde saldrían esos recursos?

Ecuador no puede simplemente abrir la llave del gasto público. Tiene que lidiar con el déficit, la deuda, el pago de intereses y una recaudación que debe sostenerse en el tiempo.

Por eso, el debate no se resume en “más dinero para combatir la pobreza” . El desafío es más complejo: lograr que cada dólar público ayude a una familia hoy, pero también contribuya a que esa familia necesite menos ayuda mañana.

Ayuda contra la pobreza Un bono puede ayudar a una familia a comprar alimentos este mes. Pero no crea un empleo, una empresa o una fuente permanente de ingresos.

Por eso, la solución no es eliminar los programas sociales. Al contrario, son indispensables para proteger a los hogares más vulnerables. Pero Baldera sostiene que la política social no puede caminar separada de la política económica

La idea central es sencilla: “¿Qué se necesita? Generar empleo”, dijo Baldera. Y para eso, la inversión privada es clave.

La ruta propuesta combina cinco frentes:

1

Proteger a quienes no pueden esperar. Los hogares en pobreza extrema necesitan ayuda inmediata. Los bonos deben llegar a quienes realmente no pueden cubrir sus necesidades básicas , mientras se crean oportunidades para que generen ingresos propios.

2

Usar la inversión como una palanca. La inversión privada crea empresas y empleos. El Estado puede ayudar mejorando carreteras, infraestructura, permisos y condiciones para que las empresas lle -

guen a las zonas más pobres, en lugar de reemplazar permanentemente a la actividad privada.

3

Llevar más recursos donde la pobreza es más profunda. El promedio nacional puede esconder realidades muy distintas. Mientras la pobreza monetaria llega al cerca del 22% en todo el país, alcanza el 74,2% en Morona Santiago y el 58,6% en Napo. Provincias como Orellana, Sucumbíos y Pastaza también requieren políticas diferenciadas.

4

Convertir el turismo en una fuente de ingresos. Una visita puede mover transporte, hoteles, restaurantes, comercio, guías y producción local. El Estado debe crear las condiciones para que la inversión llegue y las comunidades participen en actividades con encadenamientos productivos como el turismo.

5

Medir la inversión por lo que transforma, no solo por lo que gasta. Tener presupuesto no basta. Si el dinero no se convierte en carreteras, agua potable, conectividad, escuelas, salud o proyectos productivos, la pobreza permanece. Se debe evaluar el retorno efectivo de cada dólar invertido, no solo el monto total. El reto, en suma, tiene dos caras: conseguir recursos y lograr que cada dólar se convierta en oportunidades reales de empleo e ingresos. “ Ecuador necesita dejar de mirar el gasto público únicamente desde la lógica de cuánto dinero se entrega. Hay que revisar con rigor dónde se está gastando y qué resultados produce cada dólar. Los bonos deben llegar a quienes realmente los necesitan, pero con una ruta que permita que, en el mediano plazo, esas familias puedan dejar de depender de ellos”, apuntó Andrés Rodírguez Verdesoto, economista

Al mismo tiempo, el Estado debe invertir con inteligencia en infraestructura y hacerlo de la mano del sector privado, para que esa inversión se traduzca en actividad económica, empleo y nuevas fuentes de ingresos. (JS)

Keiko Fujimori recibe un Perú al borde de tres crisis: crimen, El Niño y déficit

La presidenta electa asumirá el 28 de julio de 2026 con una ventaja que sus antecesores no tuvieron: suficiente respaldo parlamentario para gobernar, pero con el desafío de convertir esa estabilidad política en inversión, crecimiento y respuestas para una población golpeada por la inseguridad y la pobreza.

Keiko Fujimori llega a la Presidencia de Perú con una ventaja que sus antecesores no tuvieron: su permanencia en el cargo no parece estar en riesgo inmediato. La presidenta electa contará con una representación suficiente en el nuevo Parlamento para bloquear intentos de destitución, en un país que tuvo ocho mandatarios en la última década. Pero esa estabilidad política será puesta a prueba desde el primer día. Fujimori recibirá un país con una economía que todavía conserva fortalezas, pero que acumula desequilibrios fiscales, una creciente inseguridad y brechas de infraestructura que exigen inversión. Su desafío no será únicamente gobernar. Será demostrar que puede convertir la estabilidad política en crecimiento y respuestas concretas para una población que reclama seguridad, empleo y mejores servicios. La nueva mandataria asumirá el poder el 28 de julio de 2026, para el periodo 20262031, en una ceremonia a la que está previsto que asista

el presidente de Ecuador,

Daniel Noboa

La primera prueba de Fujimori será la llegada de El Niño a Perú

El reto más inmediato será la prevención del fenómeno de El Niño Costero. Los pronósticos oficiales advierten que el aumento inusual de la temperatura del mar podría provocar lluvias torrenciales e inundaciones en la costa, con una intensidad extraordinaria hacia fi-

nales de año.

Fujimori tendrá poco tiempo para ejecutar obras de prevención. Una emergencia de gran magnitud pondría a prueba no solo la capacidad operativa de su Gobierno, sino también sus cuentas públicas

El impacto económico puede ser considerable. La pesca y la agricultura, sectores especialmente vulnerables a los eventos climáticos, representan más del 5% del PIB peruano en exporta-

ciones. El turismo también puede resultar afectado.

Por eso, el manejo de la emergencia será una de las primeras pruebas de la promesa de Fujimori de reordenar el gasto fiscal y dirigir el crédito público hacia inversiones productivas.

La presidenta electa ha prometido duplicar hacia el final de su mandato el ritmo de crecimiento de la economía, cuyo PIB crecería 3,2% en 2026. También plantea mantener el déficit fiscal en 1% del PIB y elevar en un punto porcentual la deuda pública para financiar inversión productiva.

Perú: el banco central sirve como ancla de la economía

La transición tendrá un elemento de continuidad clave: Julio Velarde seguirá al frente del Banco Central de Reserva del Perú. El funcionario, que lleva dos décadas en el cargo y ha visto pasar a una decena de presidentes, aceptó continuar al frente de la institución.

Su permanencia representa una señal de estabilidad monetaria para los mercados y los inversionistas. Fujimori busca aprovechar esa confianza para atraer capital privado y cerrar las brechas de infraestructura.

El problema está en las finanzas públicas. Perú incumplió durante tres años consecutivos su límite de déficit y el Congreso aprobó en los últimos años leyes que incrementan el gasto público en unos $10.700 millones, equivalentes a cerca de tres puntos del PIB.

El Consejo Fiscal ha advertido que ese aumento re-

presenta un grave desorden y amenaza la sostenibilidad de las cuentas públicas. Fujimori deberá decidir si corrige el problema mediante una reducción del gasto, una reforma tributaria o una combinación de ambas. La tarea será especialmente compleja en un país con alta informalidad laboral, baja productividad y una pobreza monetaria del 25,7%, todavía superior a la registrada antes de la pandemia.

Inseguridad: Fujimori promete “ordenar” el país La seguridad será el otro gran frente. Las extorsiones contra ciudadanos, comercios y transporte público se han convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos.

Según datos de la Fiscalía, los ataques al transporte público vinculados con extorsiones dejaron 152 asesinatos en Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026.

Fujimori ha prometido “ordenar el Perú” y enfrentar a las organizaciones criminales con una estrategia de mayor presencia policial y militar en el transporte público . También plantea construir al menos cinco cárceles , incluida una de máxima seguridad.

Su discurso retoma la estrategia de mano dura aplicada durante el Gobierno de su padre, Alberto Fujimori, contra Sendero Luminoso y el MRTA. Sin embargo, ese legado también está marcado por la condena de 25 años de prisión que recibió el expresidente por delitos de lesa humanidad. (JS)

Juicio No. 15951-2026-00444

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, jueves 9 de julio del 2026, a las 14h28.

EXTRACTO

JUDICIAL

CITO: Con el contenido de la demanda, en cumplimiento de lo que estipula el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos.

JUICIO:  INVENTARIO DE BIENES SUCESORIOS

NUMERO:  15951-2026-00444

ACTOR:  DALGO DIAZ DORIS DEBORA

DEMANDADO:  DIAZ EBLI JENNI NATALIA.

TRAMITE:  VOLUNTARIO

CUANTIA:  INDETERMINADA

JUEZ:  DR. MARCOS GUERRERO FUENTES, JUEZ ENCARGADO

SECRETARIA:  ABG. MARIELA POVEDA SANTILLÁN

DEMANDA: El extracto de la referida demanda es como sigue: “…Agréguese al proceso el escrito presentado por la actora, proveyendo el mismo, por ser procedente lo solicitado y de conformidad con el Art. 130 numeral 8 del C.O.F.J, se aclara el auto de calificación de la demanda, que por un error se hizo constar:  “…HELEN GUILLERMINA DÍAS…”  CUANDO LO CORRECTO ES: HELEN GUILLERMITA DÍAZ, por lo tanto, se encuentra atendido su pedido, dejando los demás datos inalterables, en tal virtud se vuelve a oficiar como corresponda, conminándole a la peticionaria que deberá acercarse al complejo judicial de Tena, para brindar las facilidades del caso. 1.- Agréguese al expediente el escrito que antecede presentada por la parte actora, dando cumplimiento a lo dispuesto en providencia anterior, por lo que se califica la presente demanda de inventario presentada por DALGO DIAZ DORIS DEBORA  y DIAZ EBLI JENNI NATALIA, por sus propios derechos y en calidad de apoderados de la señora  HELEN GUILLERMITA DÍAZ; al reunir los requisitos de ley; por consiguiente se le admite a trámite mediante procedimiento VOLUNTARIO, conforme el Art. 334 numeral 4 y Art. 341 del COGEP.- 2) 2.1.- Cítese al señor JORGE WALDI ANIBAL DÍAZ, a la dirección señalada, mediante exhorto dirigido a la autoridad consular correspondiente en Alemania, elabórese el despacho suficiente por medio de secretaría, la parte actora dará las facilidades del caso.- 2.2.- Cítese a la señora LORENA LEONOR RUBIO DÍAZ, a la dirección señalada, mediante exhorto dirigido a la autoridad consular correspondiente en Italia, elabórese el despacho suficiente por medio de secretaría, la parte actora dará las facilidades del caso.-  2.3.- Cítese a los presuntos herederos y desconocidos, de quien en vida fue la señora MARÍA DIOCELINA DÍAZ GÁLVEZ, a través del diario de mayor circulación a nivel nacional, mediante tres publicaciones en tres días distintos, para lo cual se elaborará el correspondiente extracto de la demanda y el presente auto por medio de secretaría, la parte actora prestará las facilidades del caso…” F).- Dr. Marcos Guerrero Fuentes Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Napo..-CERTIFICO

Cuba vuelve a los bueyes: la crisis energética golpea al campo

El diésel caro, los apagones de hasta 70 horas y la falta de insumos obligan a agricultores cubanos a reducir sus cultivos y regresar a métodos del pasado.

En la finca La Bugambilia, en Artemisa, una provincia considerada el granero de La Habana, el tractor rojo permanece detenido bajo un cobertizo. Alexander Quesada, de 52 años, volvió a arar con bueyes el terreno que durante años trabajó con maquinaria y convirtió en una granja productiva.

El cambio resume el retroceso que vive parte del campo cubano. Quesada recibió el tractor como reconocimiento a su desempeño agrícola y llegó a producir rúcula, un cultivo de alto valor comercial que vendía a restaurantes de La Habana. Esos ingresos le permitieron sostener otros proyectos, como la producción de miel orgánica.

“Vendíamos un kilo de rúcula y con eso subsidiábamos 100 kilos tal vez de lechuga”, explica. Ese modelo dejó de funcionar.

El encarecimiento del diésel, la escasez de insumos y los cortes de electricidad han golpeado la producción. El combustible ronda los tres dólares por litro, un precio que vuelve inviable utilizar de manera continua el tractor. En algunas zonas, los apagones se prolongan hasta 70 horas y paralizan los sistemas de riego y el procesamiento de las

cosechas.

La situación se agravó después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera en enero un bloqueo petrolero a Cuba, una medida que profundizó la crisis energética y golpeó también al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la isla.

“Ya estamos detenidos y más bien en retroceso”, admite Quesada. En lugar de rúcula y otras hortalizas de mayor margen, ahora cultiva principalmente yuca y boniato, productos más baratos que los consumidores pueden comprar, pero que dejan menos ingresos al agricultor.

El deterioro del campo ocurre en un país que importa casi todos los alimentos que consume, incluidos productos básicos como los huevos. La falta de divisas limita la compra de fertilizantes y otros insumos, mientras los subsidios estatales pierden capacidad para sostener los precios.

El paisaje agrícola de Artemisa también arrastra una historia de crisis. La zona estuvo dominada durante décadas por la caña de azúcar, pero el colapso de la Unión Soviética en los años 90 provocó el derrumbe de ese mo-

delo. Después, el Gobierno comenzó a entregar tierras estatales en usufructo para estimular la producción.

Sin embargo, los agricultores siguen denunciando obstáculos burocráticos para acceder a nuevas tierras y desarrollar sus negocios.

“Está la traba del municipio, de la provincia, de la nación, y está la traba del Ministerio de Agricultura para darte un pedazo de tierra”, reclama José Joaquín Rodríguez, de 29 años, cuya familia lleva tres generaciones trabajando el campo.

Ahora, bajo presión de Washington y en medio de una crisis económica cada vez más profunda, el Gobierno cubano presentó en junio de 2026 un amplio programa de reformas. La propuesta contempla ampliar las áreas que pueden cultivar los agricultores, permitir la creación de empresas, autorizar a las cooperativas a importar y exportar directamente y eliminar controles de precios.

La tierra, sin embargo, seguirá siendo mayoritariamente estatal.

Las reformas generan expectativas, pero también preocupación entre los pequeños productores. El economista cubano Ricardo Torres, investigador de la Universidad Americana de Washington le dijo a AFP, que considera que el panorama es “incierto”: quienes tengan capital y capacidad de organización podrían beneficiarse, mientras que los agricultores con menos recursos enfrentarían una transición más difícil.

“Nosotros no tenemos el coeficiente económico para importar un contenedor de fertilizante”, dice Rodríguez. Su temor es que la apertura termine favoreciendo a los actores con mayor capital.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 8694

| Teléfonos: 2551-552/2555-431/2500-245/2552-135 | E-mail: judicial@derechoecuador.com

DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Las operadoras del transporte público, con la implementación de los llamados “torniquetes” para el control de acceso y cobro a los pasajeros, vulneran los derechos constitucionales ¿a la igualdad y no discriminación de personas en condición de discapacidad o movilidad reducida?

Para resolver el problema jurídico planteado, analizaremos los siguientes tópicos: i) Personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, ii) libertad de locomoción y accesibilidad física para personas en condición de discapacidad, iii) el papel del transporte público en el derecho a la libre locomoción.

Personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.

La “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, manda a los Estados parte eliminar cualquier forma de discriminación que se pre -

sente en contra de este grupo poblacional. Dicha Convención señala que: “a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por

un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación”

En igual sentido centró su objetivo en la elimi-

nación de las barreras que impiden a las personas en condición de discapacidad ejercer sus derechos y lograr adaptarse a la sociedad. Así las cosas, estableció en su artículo III los compromisos que deberían adoptar los Estados parte para lograr el cumplimiento de los objetivos definidos:

“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faci-

C ONSULTA L ABORAL

¿Debería hacerse constar en el Art.256 del COGEP, la posibilidad de apelar únicamente de las sentencias y los autos interlocutorios?

RESPUESTA

El COGEP, establece el recurso de apelación contra las sentencias y autos interlocutorios, estos últimos cuando resuelven sobre las excepciones previas o sobre la negativa a que se practique determinada prueba. La apelación sobre excepciones previas o negativa de pruebas es siempre con efecto diferido y el proceso se elevará al superior cuando se resuelva lo principal. De esta manera se evita la suspensión sucesiva de la causa, su retraso y la presentación de recursos que tienen a dilatar el proceso.

liten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. 2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad”. (lo subrayado y en negrita no consta en el texto original)

La “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, estableció en su artículo 1° el propósito de “(…) promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (…)”. En el mismo artículo dispuso que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

La Constitución de la Re-

pública del Ecuador su Art. 66 establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Mientras que el Art. 47 consagra: “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: (…)

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas.” Y el Art. 341 de la Constitución señala: “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. (…)”

Como vemos nuestra constitución consagra el principio de igualdad, prohibiendo cualquier forma de discriminación y señalando que el Estado garantizará a todos sus ciudadanos el goce real y efectivo de sus derechos, en especial el de los grupos poblacionales más vulnerables que históricamente han sido excluidos por su condición social, física o económica.

El Estado Ecuatoriano, encaminando sus esfuerzos para lograr el cumplimiento de los tratados internacionales aprobados y ratificados por él, expidió la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) por medio de la cual se reafirmó los derechos de las personas en condición de discapacidad, definiendo los conceptos necesarios para el entendimiento de sus mandatos y señalando los principios bajo los cuales se debe regir.

El Art. 60 de la LOD señala: “Accesibilidad en el transporte. - Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público. Los organismos competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en las diferentes circunscripciones territoriales, previo el otorgamiento de los respectivos permisos de operación y circulación, vigilarán, fiscalizarán y controlarán el cumplimiento obligatorio de las normas de transporte para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades de transporte y aseguren su integridad en la utilización de las mismas, sancionando su inobservancia. Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de todas las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean libres de barreras y obstáculos y medidas.” (lo subrayado y en negrita no consta en el texto original)

El Art. 61 de la LOD dice: “Unidades accesibles.- Los organismos competentes para conceder permisos de operación a organizaciones de taxis, exigirán que al menos un porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias para transportar a personas con discapacidad con movilidad reducida, en función de las necesidades de la respectiva circunscripción territorial, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Libertad de locomoción y accesibilidad física para personas en condición de discapacidad

El derecho a la libre locomoción o de tránsito sin restricciones, debe garantizarse a todos los ciudadanos sin importar las condiciones físicas que ostenten, por lo que el Estado deber tomar medidas tendientes a la eliminación de barreras que impidan el goce efectivo de este derecho

a las personas en condición de discapacidad y a la colectividad en general. “la libertad de locomoción puede verse afectada de manera directa, como cuando alguien impone alguna restricción de acceso a las vías o al espacio público, o de manera indirecta, en atención a las condiciones y a la actividad que realiza la persona”

En referencia a la garantía de accesibilidad física, se entiende que el Estado debe proferir planes de acción, medidas y políticas que permitan a las personas en condición de discapacidad física hacer uso de sus libertades y ejercer de manera efectiva su derecho a la locomoción, permitiendo que estos desarrollen su vida diaria en condiciones de normalidad, sin obstáculos que les impida gozar de los espacios públicos, ingresar a cualquier edificación que se encuentre destinada al uso público, desplazarse usando los medios de transporte provistos para toda la comunidad e incluso disfrutar de los sistemas de las tecnologías de la información.

Cuando hacemos referencia al acceso a edificios abiertos al público, al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas.

El concepto de accesibilidad para personas en condición de discapacidad física es: “la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en formas confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes”

Se trasgrede el derecho a la igualdad de oportunidades, generando una discriminación hacía las personas con discapacidad física o movilidad reducida al momento que se le somete a mayores esfuerzos y riesgos para acceder al goce de un derecho

de carácter fundamental, como es la movilidad o tránsito (locomoción).

Esta afirmación presupone una exigencia mayor del Estado y de la colectividad actual para que se materialicen las normas proferidas en favor de las personas en condición de discapacidad y para que se ejecuten de manera efectiva las políticas previstas para lograr la inclusión definitiva de este grupo minoritario en la vida social.

Haciendo referencia directa a las personas en condición de discapacidad física, la jurisprudencia extranjera ha precisado que: “Frente a las personas en situación de discapacidad, se han reconocido los importantes efectos que puede generar el ambiente físico en su inclusión o exclusión social, pues “a través de la posibilidad de acceder a diversos espacios físicos, el individuo puede autónomamente elegir y trazar su plan de vida y desarrollarse libremente como persona y ciudadano”.

Afirmación de la cual se concluye que la accesibilidad física es un presupuesto indispensable para el propósito de vida de cada ciudadano y es la garantía para la materialización del derecho a la libre locomoción.

La jurisprudencia extranjera ha mantenido su postura frente a la protección de las personas en condición de discapacidad, al derecho a la libre locomoción y accesibilidad física como presupuesto de este último. “las situaciones de discapacidad tienen origen en las condiciones sociales y del entorno, que finalmente excluyen y generan barreras a las personas por razón de sus diversidades funcionales, impidiéndoles gozar plenamente de sus derechos en condiciones de igualdad”, señalando que esa postura se corresponde con una “aproximación al modelo social de discapacidad”, base sobre la cual se ha concluido que “no son las personas en situación de discapacidad las que deben adaptarse al entorno físico que ha sido construido para las personas

que gozan de plenas capacidades funcionales, sino que es la sociedad la obligada a garantizar espacios respetuosos de la diversidad y de las distintas condiciones humanas”, determinando que en el caso concreto se debían tomar medidas para quitar las barreras que le impidan al usuario ejercer su derecho a la libre locomoción.

Así pues, teniendo en cuenta la temática desarrollada en líneas anteriores frente a la garantía de accesibilidad como presupuesto del derecho a la libre locomoción se concluye que la accesibilidad al trasporte público de las personas en condición de discapacidad o de movilidad reducida, es susceptible de protección constitucional en cuanto contiene un componente indispensable para el desenvolvimiento de la vida en sociedad de estos individuos, quienes debido a sus especiales condiciones requieren el reconocimiento de su diversidad.

El papel del transporte público en el derecho a la libertad de locomoción

El Art. 394 de la Constitución del Ecuador señala: “El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.”

El Art. 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece cuales son los principios Generales: “La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: 1) Principio de equidad. - El acceso a las infraestructuras y servicios del transporte a nivel nacional se lo hará con enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de atención prioritaria. 2) Principio de libre movilidad. - Toda persona

tiene derecho a transitar libremente, priorizando su integridad física, mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley. 3) Principio de desarrollo sostenible. - El desarrollo del transporte en el país procurará un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales.”

Mientras que Art. 46 de la ley de Tránsito establece: “El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial internacional.” (lo subrayado y en negritas no consta en el texto original)

El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios.

Los diseños para la construcción y operación de las unidades donde brindan el servicio público deben contemplar sistemas o mecanismos apropiados para el control y cobro a las personas con discapacidad física o movilidad reducida.

Bajo estos parámetros es importante resaltar que el carácter de servicio público que tiene el transporte hace que este deba tener una intervención y vigilancia constante del Estado, que debe procurar políticas que permitan que este servicio se desarrolle asegurando las mejores condiciones para sus usuarios, sin perder de vista que se erige también como

un presupuesto fundamental para el goce de garantías constitucionales como la libertad de locomoción entre otras de gran importancia como el derecho al trabajo y a la educación, por cuanto es por este medio que la mayoría de la colectividad supera las barreras de distancia que pueden existir hacia el lugar en donde se desenvuelve como ser humano.

La jurisprudencia extranjera ha consideró que “el ámbito de protección de la libertad de locomoción de una persona discapacitada contempla la posibilidad de acceder al sistema de transporte público básico de una ciudad en condiciones de igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas”,

Bajo este criterio se ha estimado que: “(i) la libertad de locomoción es una condición para el goce efectivo de otros derechos fundamentales; (ii) su afectación se puede derivar, tanto de acciones positivas, es decir, cuando directamente se obstruye la circulación de los ciudadanos, como cuando se genera ese efecto indirectamente o por omisión en la remoción de barreras o en la creación de una infraestructura adecuada para la circulación; (iii) el servicio de transporte público es necesario para el ejercicio de la libertad de locomoción, y de los demás derechos constitucionales que dependen de la posibilidad de movilizarse, en especial, para aquellos sectores marginados de la población urbana que no cuentan con otras alternativas de transporte; y (iv) el servicio básico de transporte debe ser accesible para todos los usuarios, incluidas las personas en situación de discapacidad”, concluyendo que la faceta prestacional de este derecho necesariamente impone cargas al Estado y a algunos particulares que deben ser ejecutadas en periodos racionales, sin que ello sea óbice para que se tomen medidas efectivas que garanticen el goce del derecho a la libre locomoción, ya que “gradual-

mente van incurriendo en un incumplimiento cuya gravedad aumenta con el paso del tiempo”.

Se reconoce la protección especial a que tienen derecho las personas en condición de discapacidad física o de movilidad reducida, igualmente el Estado y la sociedad en general son los llamados a que a través de acciones afirmativas propicien ambientes físicos que garanticen la accesibilidad de este grupo poblacional a todas las infraestructuras existentes en el territorio nacional —sin importar su destinación— para que así puedan gozar de manera efectiva de su derecho a la libertad de locomoción.

Implementación de “torniques”

La razón de instalar “torniquetes” en pleno siglo 21, en las unidades de transporte en Santo Domingo de los Tsáchilas, es con la finalidad de poder ejercer el control y el cobro respectivo a sus usuarios, lo cual puede constituir un mecanismo efectivo de control en la recaudación de pasajes para la mayoría de usuarios, pero para personas con alguna discapacidad o para personas con movilidad reducida, se les genera un esfuerzo físico excesivo, lo que evidentemente constituye una barrera para su movilidad y trato diferenciado que no les ubica en igualdad de condiciones en comparación al resto de usuarios del trasporte público, lo que conlleva a que la instalación de “torniquetes” constituya un acto discriminatorio hacia este grupo poblacional, y con más intensidad cuando en la actualidad la tecnología brinda sistemas alternativos y modernos para el control y cobro de los usuarios, como tarjetas inteligentes, sensores láser o infrarrojo que registra el cobro del pasaje a cada usuario. El derecho a la accesibilidad física de las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida, debe garantizarse de manera efectiva por parte del Estado y de particulares que brinden servicios públicos

como el transporte, generando políticas de inclusión que eviten la discriminación de este grupo poblacional que en razón de su diversidad, requiere un tratamiento diferencial que implica tomar acciones positivas para lograr el desarrollo de la vida en sociedad de estas personas de manera igual a los demás ciudadanos. Asimismo, el carácter prestacional del derecho a la libre locomoción de la población en condición de discapacidad o movilidad reducida exige que por parte del Estado y de particulares que prestan servicios públicos, lleven a cabo inversiones económicas que deben desarrollarse en un tiempo prudencial, evitando así que se vulneren los derechos de estas personas, como la inversión en tecnologías para el pago y validación en el transporte público para los desplazamientos diarios, además deben adquirir unidades acondicionadas (plataforma de ascenso y descenso) para este grupo minoritario que históricamente ha sido excluido de los servicios públicos y privados.

Frente al servicio público de transporte el Estado a través de la Empresa Pública Municipal, tiene el control y vigilancia de las entidades que lleven a cabo la ejecución y prestación de este servicio para que se desarrolle conforme a los principios de regularidad y continuidad, garantizando el acceso efectivo de toda la población a este servicio y en especial generando las herramientas necesarias para que las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida puedan tener un acceso efectivo a este servicio, garantizando de igual modo el derecho a la libre locomoción de la colectividad en general.

Por lo que la implementación de los llamados “torniquetes” vulnera el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación por su discapacidad física y movilidad reducida de los usuarios del transporte público, previsto en el Art. 11.2, en relación con Art. 35 y Art. 47 de CRE.

Matemáticas guardarían el secreto del amor duradero

Un creciente número de investigaciones que abarcan tres décadas sugiere que la trayectoria de las relaciones románticas sigue patrones predecibles y que las matemáticas pueden ayudar a las parejas a identificar señales de alerta, según datos de investigadores internacionales recopilados por el profesor Laurent Pujo-Menjouet, de la Universidad de Lyon (Francia) en su libro ‘¡Amor! ¡Valor! ¡Ecuaciones!’. EUROPA PRESS

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