Loja: 30 de enero, 2026

Derrame de combustible en poliducto vía San Mateo

Nuevo incidente de contaminación sufre la población esmeraldeña. La acción por parte de las autoridades esta vez fue rápida y oportuna. El servicio de agua potable fue restablecido.

Plantón exige celeridad en la reconstrucción de viviendas post-sismo

Familias afectadas por sismos en Esmeraldas realizaron un plantón exigiendo viviendas y recursos.

El Comité de Reconstrucción anunció marchas ante la falta de respuesta estatal.

La tarde del miércoles 28 de enero, las intersecciones de las calles Olmedo y Salinas, en el centro de la ciudad de Esmeraldas, fueron el escenario de una manifestación protagonizada por ciudadanos afectados por los movimientos telúricos registrados en la última década. Agrupados bajo el Comité de Reconstrucción, decenas de familias realizaron un plantón para visibilizar la situación habitacional que enfrentan y exigir al Gobierno Nacional una atención inmediata a sus requerimientos pendientes.

La movilización surge ante la persistencia de condiciones precarias para un segmento de la población que, según los dirigentes barriales, todavía reside en carpas y refugios temporales. Los manifestantes argumentan que, a pesar del tiempo transcurrido desde los eventos sísmicos que impactaron la infraestructura provincial, los planes de reubicación y edificación de soluciones habitacionales definitivas no se han concretado con la agilidad esperada.

Reclamos sobre inversión pública Enrique Valdés, presidente del Comité de Reconstrucción, señaló que la falta de inyección de recursos estatales ha impedido que las familias abandonen los asentamientos provisionales. Desde la perspectiva de la organización, la inversión en vivienda no solo resolvería una crisis humanitaria, sino que funcionaría como un motor para la reactivación económica local, generando plazas de empleo y oportunidades de capacitación para la mano de obra esmeraldeña.

Durante la jornada, se cuestionó el estado de la infraestructura vial y la gestión de fondos públicos des-

tinados a la provincia. Los asistentes expresaron su inconformidad con las cifras manejadas por las carteras de Estado, asegurando que las estadísticas oficiales sobre el déficit de vivienda son conocidas por las instituciones gubernamentales, pero no se reflejan en acciones concretas en el territorio.

Existe una percepción generalizada entre los afectados de que los procesos administrativos se han dilatado injustificadamente.

Estancamiento

Ciudadanos expusieron las dificultades de vivir en incertidumbre durante años, indicando que han agotado las instancias de diálogo mediante la presentación de múltiples petitorios. Los afectados enfatizaron la necesidad de vivir con dignidad y rechazaron lo que consideran un trato desigual hacia la provincia de Esmeraldas en comparación con otras regiones del país. Según sus relatos, la realidad en los asentamientos difiere de las proyecciones gubernamentales, manteniéndose una brecha significativa entre las ofertas de campaña y la ejecución de obras.

Ante la ausencia de respuestas que consideren satisfactorias, el Comité de Reconstrucción y las familias damnificadas acordaron una hoja de ruta para los próximos días. La asamblea resolvió intensificar las jornadas de protesta, incluyendo la organización de marchas hacia la Gobernación de la provincia y la convocatoria a un plantón de carácter nacional. Estas medidas buscan presionar a las autoridades centrales para que se asignen los recursos necesarios y se priorice la entrega de viviendas dignas a quienes perdieron su patrimonio por causas naturales.(DLH)

Condiciones de insalubridad en unidades de transporte interprovincial

Usuarios de Trans Esmeraldas denuncian plagas de chinches y falta de higiene en buses, reportando casos de dermatitis y afectaciones a personas vulnerables en varias rutas.

Una serie de quejas ciudadanas ha puesto en el centro del debate las condiciones higiénicas de la cooperativa de transporte Trans Esmeraldas. Varios usuarios han reportado públicamente haber sufrido afectaciones cutáneas, presuntamente causadas por la presencia de vectores como chinches y pulgas al interior de las

unidades. Las alertas se han multiplicado en plataformas digitales, donde los pasajeros detallan incidentes ocurridos en diversas rutas que conectan a la provincia verde con otros puntos del país, señalando una falta de mantenimiento sanitario en los autobuses.

Uno de los casos más detallados se registró durante un viaje en la ruta Esmeraldas – Carcelén, realizado la madrugada del viernes 23 de enero. Según el reporte del usuario afectado, quien adquirió su boleto vía electrónica, las molestias físicas comenzaron durante el trayecto y se agravaron horas después del desembarque. La persistencia de una picazón intensa motivó una visita médica, donde el diagnóstico clínico determinó una dermatitis por contacto,

con lesiones compatibles con picaduras de insectos rastreros. El personal de salud que atendió el caso señaló que este tipo de cuadros clínicos ha sido recurrente en pacientes que utilizan este servicio de transporte.

Grupos vulnerables

La problemática ha escalado con testimonios que involucran a personas de grupos de atención prioritaria. Lucety Coronel, madre de una menor con discapacidad intelectual, expuso una situación similar tras utilizar las unidades de dos pisos en las rutas hacia Portoviejo y Guayaquil. En su relato, indicó que su hija presentó erupciones severas en la piel posteriores a los viajes, lo que requirió intervención dermatológica especializada.

Inicialmente, el cuadro

fue confundido con una reacción alérgica alimentaria, pero las evaluaciones posteriores apuntaron a picaduras de chinches. La denunciante atribuye estos problemas al desaseo evidente en los asientos y cabinas de los automotores. Este caso ha generado preocupación adicional debido a la vulnerabilidad de los usuarios con discapacidad, quienes requieren entornos seguros y salubres para su movilización, derecho que, según los afectados, se estaría vulnerando al no garantizar la limpieza de los vehículos.

Quejas masivas

Además de las picaduras, los usuarios han señalado otras prácticas que contribuirían a la insalubridad. Existen reportes sobre el presunto traslado de productos perecederos, como mariscos y pescado, en las mismas uni-

dades destinadas al transporte de pasajeros. Según los denunciantes, esta práctica, sumada a una limpieza deficiente, crea el ambiente propicio para la proliferación de plagas y malos olores. Ante este escenario, los ciudadanos han exigido a los directivos de la cooperativa la implementación inmediata de protocolos de desinfección profunda y fumigación periódica. Asimismo, se ha hecho un llamado a las autoridades de tránsito y salud para que intensifiquen los controles sanitarios en las terminales terrestres. Los afectados, que han debido costear gastos médicos derivados de estas situaciones, analizan la posibilidad de formalizar sus quejas ante los organismos competentes para asegurar que se respeten los estándares de calidad en el servicio público.(DLH)

Hombre de 102 años renueva su cédula en domicilio gracias a brigada móvil

La mañana de este jueves 29 de enero de 2026, una unidad móvil del Registro Civil del Ecuador se trasladó hasta un domicilio ubicado en el casco central del cantón Esmeraldas con una misión específica: documentar a un ciudadano que ha superado el siglo de vida. Ernesto Marín, de 102 años, se convirtió en el beneficiario más reciente de las brigadas solidarias, logrando renovar su cédula de identidad sin la necesidad de abandonar la seguridad de su hogar. El procedimiento técnico se realizó mediante equipos portátiles de capta-

ción biométrica, garantizando que el usuario mantenga su estatus legal vigente pese a las dificultades de movilidad propias de su avanzada edad. Este caso particular pone de relieve la operatividad de los servicios estatales en territorio. Los funcionarios desplegados realizaron la validación de datos, la toma de fotografía y el registro de huellas dactilares en la misma residencia del señor Marín. La intervención responde al mandato constitucional de priorizar la atención a grupos vulnerables, asegurando que el derecho a la identidad no se vea coarta-

do por barreras físicas o logísticas. Este tipo de despliegue elimina los riesgos asociados al traslado de adultos mayores a agencias concurridas, ofreciendo un entorno seguro y controlado para el trámite.

Intensificación de servicios

El caso de Ernesto Marín no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia institucional reforzada para el presente año fiscal. María Fernanda Guerrero, coordinadora Zonal 1 de Registro Civil, Identificación y Cedulación, confirmó que durante el 2026 se intensificará la ejecución de estas brigadas en todos los cantones de la provincia de Esmeraldas. La funcionaria recalcó un aspecto fundamental para la economía de las familias usuarias: el servicio de traslado de los funcionarios y el equipo tecnológico a los domicilios no genera ningún costo adicional sobre la tarifa oficial del documento.

La política pública busca cerrar la brecha de indocumentación en sectores sensibles. Al acercar la ventanilla de servicios a la sala de las casas, el Estado garantiza que personas con discapacidad severa, enfermedades catastróficas o longevidad extrema puedan acceder a beneficios sociales, atención médica y trámites legales que requieren, indispensablemente, la presentación de la cédula de ciudadanía actualizada. La efectividad de este modelo de atención se sustenta en las cifras del periodo anterior. Durante el año 2025, la provincia de Esmeraldas registró la ejecución de 103 brigadas, tanto organizacionales como solidarias, alcanzando a un total de 5.193 beneficiarios. Estas estadísticas reflejan una cobertura amplia que va más allá de los centros urbanos. Testimonios como el de Rita Procel, hija de Reinaldo Procel, otro beneficiario que padece una enfermedad catastrófica, validan la pertinencia del servicio. Según los familiares, la atención domi-

ciliaria representa un ahorro significativo de recursos y evita el desgaste físico de los pacientes. La logística inversa, donde la institución va al ciudadano, se ha convertido en una herramienta esencial para la protección social en la provincia. Para acceder a este tipo de atención personalizada, el Registro Civil mantiene abiertos canales formales de solicitud. Los ciudadanos que tengan familiares en condiciones similares a las de Ernesto Marín pueden requerir la visita de una brigada solidaria a través de la plataforma web gubernamental oficial o acudiendo presencialmente a cualquiera de las agencias a escala nacional para agendar el servicio. La institución reitera que el objetivo es eliminar las barreras de acceso y garantizar la identidad plena de todos los ecuatorianos, independientemente de su condición física o ubicación geográfica.(JNG)

Rehabilitación del Centro de Atención Ciudadana en el Puerto Pesquero

El Gobierno Nacional ejecuta la rehabilitación del Centro de Atención Ciudadana en el Puerto Pesquero de Esmeraldas para restablecer servicios públicos y garantizar seguridad técnica.

El Gobierno Nacional ha iniciado los trabajos de recuperación estructural en el Centro de Atención Ciudadana (CAC), situado en el sector estratégico del Puerto Pesquero en Esmeraldas. Esta intervención técnica surge como una respuesta a los daños sufridos por la edificación tras los eventos sísmicos que han afectado a la provincia en años recientes. La coordinación de la obra se encuentra bajo la supervisión de la Gobernación de Esmeraldas y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público,

entidades encargadas de fiscalizar que la rehabilitación cumpla con las normas de seguridad vigentes.

La importancia de este edificio radica en su capacidad para centralizar diversas dependencias del Ejecutivo, optimizando los tiempos de respuesta para los usuarios de la zona norte del país. Tras el deterioro de su planta física, muchos servicios debieron ser reubicados o suspendidos temporalmente, lo que generó la necesidad de una hoja de ruta clara para su restauración total. El

proyecto actual contempla el reforzamiento de áreas críticas y el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Operatividad estatal

El objetivo principal de esta obra es garantizar el retorno de las instituciones públicas a una sede propia y segura. Al rehabilitar el CAC, se busca facilitar el acceso a trámites administrativos, legales y de asistencia social en un solo punto geográfico. Esta medida no solo beneficia a los habitantes de los sectores aledaños al Puerto Pesquero, sino que también pretende mejorar las condiciones laborales de los funcionarios públicos que operaban en espacios provisionales. La recuperación de este espacio físico se alinea con las políticas de fortalecimiento institucio-

nal en el territorio. Según la planificación técnica, la reapertura del centro permitirá una atención más eficiente y cercana a la comunidad esmeraldeña, reduciendo la brecha de acceso a los servicios estatales. La articulación entre las diferentes carteras de Estado asegura que la infraestructura no solo sea rehabilitada estéticamente, sino que responda a un modelo de gestión funcional y moderno. Los trabajos avanzan conforme a los plazos

establecidos por Inmobiliar, priorizando la seguridad estructural antes de proceder con los acabados finales. Una vez finalizada la intervención, se espera que el Centro de Atención Ciudadana se convierta nuevamente en el eje administrativo del sector pesquero, promoviendo la reactivación de las zonas circundantes y consolidando la presencia de las entidades gubernamentales en la provincia.(DLH)

Restablecimiento del servicio de agua en Esmeraldas tras alerta de hidrocarburos

La mañana de este jueves 29 de enero de 2026, la Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable y Saneamiento de Esmeraldas (Emapse) procedió a la suspensión temporal de los sistemas de captación y bombeo para los cantones Esmeraldas, Rioverde y Atacames. La medida respondió a una alerta de derrame de

hidrocarburos detectada en el sector Dile, ubicado en el kilómetro 12 de la parroquia rural San Mateo. Esta acción técnica, ejecutada alrededor de las 08:57, tuvo carácter preventivo con el fin de evitar el ingreso de posibles trazas de crudo a la planta de tratamiento y salvaguardar la integridad de la red de distribución. La interrupción afectó de forma inmediata el suministro en las tres jurisdicciones, activando protocolos de emergencia que incluyeron la evaluación por parte del Municipio de Esmeraldas para una posible convocatoria al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. No obstante, tras una inspección técnica y el reporte oficial de

Petroecuador emitido minutos después de las 09:00, se confirmó que el incidente en el sector Dile no comprometió el cauce del río Esmeraldas ni las fuentes de captación directa.

Protocolos de seguridad

La decisión inicial de Emapse se fundamentó en la proximidad del evento con la planta de tratamiento San Mateo. Al tratarse de una zona sensible por la presencia de infraestructura petrolera, los procedimientos estándar de la empresa pública dictan el cierre inmediato de válvulas ante cualquier sospecha de filtración de sustancias químicas. Durante el breve periodo de paralización, técnicos de la mancomunidad y de la estatal petrolera realizaron monitoreos en los márgenes del afluente para descartar la presencia de películas de aceite o cambios en la com-

posición del agua cruda. Una vez que Petroecuador certificó la ausencia de contaminación hídrica, la planta de tratamiento retomó sus operaciones normales de captación y procesamiento. El restablecimiento del bombeo hacia los tanques de reserva y la red domiciliaria se realizó de forma progresiva, buscando normalizar las presiones en los sectores periféricos y centros urbanos de los cantones involucrados.

La vulnerabilidad del sistema de agua potable en esta provincia ha sido un punto recurrente de atención técnica. Durante el año 2025, la infraestructura enfrentó desafíos significativos, como la rotura de un tramo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en marzo, que impactó la calidad del agua y diversas actividades productivas a lo largo de 86 kilómetros. Asimismo, incidentes electromecánicos, como el daño de un transformador de alta potencia en septiembre pasado, obligaron a la gestión de repuestos

desde Guayaquil para evitar desabastecimientos prolongados.

Monitoreo permanente

Al cierre de esta edición, las autoridades informaron que la producción de agua potable se desarrolla bajo parámetros normales. Sin embargo, se mantiene una vigilancia especial en la zona de San Mateo debido a la recurrencia de alertas en el sector. Las instituciones encargadas del orden y la infraestructura instan a la comunidad a verificar la información a través de los canales oficiales de la empresa mancomunada, evitando la propagación de datos no contrastados que puedan generar desinformación sobre la calidad del líquido vital. La operatividad del sistema se reporta al 100% de su capacidad instalada tras la superación de la contingencia. (DLH)

Fiscalía procesa a cinco internas por presunto asesinato de compañera de celda

Procesan a cinco internas de la cárcel de Esmeraldas por el presunto asesinato de una compañera. La autopsia confirmó estrangulamiento pese a cortes visibles.

Las autoridades judiciales de la provincia de Esmeraldas han iniciado un nuevo proceso penal al interior del sistema penitenciario local. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco personas privadas de la libertad (PPL), quienes son investigadas por su presunta participación en la muerte violenta de una compañera

de celda. El hecho tuvo lugar en el Centro de Reclusión Social Femenino de Esmeraldas, generando la activación inmediata de los protocolos de investigación de muertes violentas y custodia de la escena del crimen. El caso se remonta al pasado 26 de enero de 2026, cuando las alertas de seguridad del centro penitenciario notificaron el ha-

llazgo de un cuerpo sin vida en el área de los baños. A partir de ese momento, se desplegó un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar responsabilidades penales sobre este suceso ocurrido bajo la custodia del Estado.

Pericias forenses

En las primeras diligencias realizadas durante la madrugada del hallazgo, el personal de Criminalística observó que el cuerpo de la víctima presentaba laceraciones visibles, presuntamente producidas por un objeto cortante, localizadas específicamente en el brazo derecho. Estos indicios iniciales requerían una verificación científica para establecer si dichas heridas fueron la causa determinante del fallecimiento. No obstante, el curso de la investigación dio un giro tras la realización de la autopsia médico-legal. Los informes forenses concluyeron que la causa real del deceso no fueron las heridas cortantes, sino una asfixia mecánica por estrangulamiento. Este dictamen pericial descartó otras hipótesis y

confirmó que se trataba de una muerte violenta provocada por terceros, lo que llevó a las autoridades a centrar sus sospechas en el entorno inmediato de la víctima dentro del pabellón.

Formulación de cargos

Con base en el informe de autopsia y las evidencias recabadas en el lugar de los hechos, la Fiscalía dispuso la retención inmediata de cinco mujeres que compartían la celda con la fallecida, además de una sexta reclusa que fue mencionada durante las primeras indagaciones. Tras la toma de versiones y la recopilación de datos, se instaló la audiencia de formulación de cargos ante un Juez de Garantías Penales. Durante la diligencia judicial, el fiscal del caso presentó diversos elementos de convicción. Entre ellos destacaron el acta de levantamiento del cadáver, el informe de inspección ocular técnica de la escena y el protocolo de autopsia que certificaba el estrangulamiento.

Perfil de las procesadas

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades competentes, las cinco sospechosas ya se encontraban cumpliendo medidas de privación de libertad por otras causas penales antes de este suceso. Los registros indican que las implicadas enfrentaban procesos por delitos graves, incluyendo extorsión y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Las investigaciones preliminares apuntan a que las ahora procesadas por asesinato se identifican como presuntas integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) conocido como “Los Tiguerones”. Este vínculo con estructuras delictivas organizadas es un factor que las autoridades consideran relevante para entender las dinámicas de poder y violencia dentro del centro de rehabilitación. El proceso judicial continuará su curso para determinar el grado de participación de cada una de las implicadas en la muerte de la interna.(DLH)

El magistrado, tras valorar los elementos expuestos, acogió el pedido de Fiscalía y dictó la vinculación de las sospechosas a un nuevo proceso penal por el delito de asesinato, ordenando que continúen privadas de su libertad mientras se desarrolla la instrucción fiscal.

Sepelio del exalcalde de Atacames Byron Aparicio Chiriboga

La tarde de este miércoles, se llevaron a cabo las honras fúnebres y el posterior sepelio de Byron Aparicio Chiriboga, quien ejerció como alcalde del cantón Atacames. El traslado del féretro y la ceremonia final tuvieron lugar en el camposanto “Jardines

de la Paz”, situado en el sector sur de la ciudad de Esmeraldas, donde se congregaron familiares, simpatizantes y ciudadanos para dar el último adiós al exfuncionario. La jornada estuvo marcada por la presencia de diversos sectores de la sociedad civil,

quienes se movilizaron para acompañar a la familia doliente. Durante el recorrido y la ceremonia de inhumación, se evidenció la asistencia de una significativa cantidad de personas provenientes del cantón Atacames, reflejando el impacto que la figura política de Aparicio tuvo en la localidad durante sus años de gestión administrativa.

Homenaje institucional Uno de los momentos más solemnes del cortejo fúnebre fue protagonizado por el Cuerpo de Bomberos de Atacames. En un acto protocolar reservado para figuras destacadas de la comunidad,

los miembros de la casaca roja realizaron el tradicional “arco de agua” al paso de la carroza fúnebre. Este gesto simbólico representa el respeto institucional y el reconocimiento de los organismos de socorro hacia quien fuera la máxima autoridad municipal, marcando la despedida oficial del cantón hacia su exalcalde. Ya en las instalaciones del camposanto, el ambiente se tornó reflexivo. Varios asistentes tomaron la palabra para expresar sus condolencias y compartir testimonios sobre la trayectoria de Aparicio. Las intervenciones se centraron en destacar las acciones realizadas durante su administración municipal, así como el apoyo gestionado para diversos sectores

de la población atacameña.

El evento cerró un capítulo en la historia política reciente de Atacames. Los discursos pronunciados al pie de la tumba resaltaron la vocación de servicio público y los proyectos de desarrollo impulsados bajo su liderazgo.

Para la comunidad presente, la despedida no solo significó el luto por la pérdida humana, sino también un momento para rememorar las cualidades personales y el trabajo colectivo que caracterizaron su paso por la alcaldía, consolidando su imagen en la memoria histórica del cantón.(JNG)

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Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador

Editor General: Jean Cano

Editor Regional: Josué Navarrete

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Año: XXXIV No. 10.142

Caso Caja Chica: el reto judicial

Líderes del correísmo, nuevamente, están bajo el escrutinio de la Fiscalía General del Estado.

En esta ocasión, son investigados por un delito de lavado de activos con fondos que habrían llegado de Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. La denuncia reservada fue recibida el 12 de enero y 16 días después –en tiempo récord–, se produjeron los allanamientos.

La vivienda de Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, fue allanada por agentes fiscales y policías. Ella respondió con dureza a esta operación y la calificó de persecución política.

El inicio del caso Caja Chica, como lo llama la Fiscalía, se convierte en otra de las piezas de la virulenta pugna política y judicial que atraviesa el país. Una que, sin duda, mantendrá la atención de los ecuatoria-

Los escritos de los colaboradores solo comprometen a sus autores y no reflejan el pensamiento del medio, que se expresa en su Editorial.

nos en los próximos meses.

ESMERALDAS VIERNES 30/ENERO/2026

YHay diferencias con casos anteriores que involucraron a la cúpula de la Revolución Ciudadana. En la era del caso Sobornos o del secuestro a Fernando Balda, las autoridades judiciales gozaban de credibilidad, y existe la confianza de que las investigaciones se llevaron con cuidado. Tiempos idos.

Actualmente, la Justicia atraviesa una crisis inédita. Todo el sistema, del que hace parte la Fiscalía, tiene una desaprobación del 72% y la Judicatura del 79%, según la encuestadora Click.

El reto de la Justicia en este nuevo caso es que el correísmo no pueda alegar lawfare, ni dentro ni fuera de las fronteras, y que la ruta del dinero sucio de la dictadura sea real. Que no haya persecución política, sino Justicia.

SHAKESPEARE

ABARCA C.

Las redes en los últimos días se han utilizado para propugnar un desesperado recurso del correísmo, ante la más obscura noche que se les avecina, cuando avancen las investigaciones en curso y vayan soltando la lengua quienes están detenidos especialmente en Campaña de revocatoria y lluvia de huevos

USA, esas tétricas horas las ve avanzar inexorablemente el capo mayor, el prófugo que sigue con su cuento y su maquillaje de perseguido político, que a nadie convence y ha visto desvanecerse más de un intento desestabilizador que le garantice impunidad, echando mano de los más ruines artificios. El desesperado recurso al que nos referimos es el pedido de revocatoria, al mandato del presidente Noboa. A cuya difusión se ha ocupado a fondo, el excandidato robolucionario, aquel que iba

a extraer oro de los celulares, un fanático que odia el dólar, en bolsillos ajenos claro está, nos referimos a Andrés A. más conocido como “Lelo Arauz”. Quien tal vez pensaba iniciar su recorrido desde el sur, por la provincia de Loja, buscando respaldo para su trasnochada idea. Se llevó la más ingrata sorpresa, pues él y su propuesta de revocatoria fueron recibidos a huevazo limpio. Se olvidó Lelo Arauz que Loja es una de las ciudades con mayor índice de lectura en el país, donde ganó el SÍ en las cuatro

a no está Nicolás Maduro en el poder, encarcelado y sin poder realizar sus caricaturescos bailes o sus ridículas chambonadas y meteduras de patas: como que existen 5 puntos cardinales, y hay una mitad mayoritaria y una mitad minoritaria. Y ni qué decir de sus locuaces intervenciones para tratar de emitir palabras en inglés. Siempre me pregunté por qué permaneció tanto tiempo en el poder. Pues la respuesta es simple. No era tan tonto como parece y por ende todos, sus adversarios y las entidades extranjeras de control lo subestimaron, así de sencillo. El periodista Jorge Ramos dijo alguna vez lo mismo, es decir corroboró que se lo desestimó, se lo infravaloró. A parte de esto, Maduro, logró permanecer tanto tiempo en el poder gracias a la compra de conciencia de miembros del alto mando militar y policial. Corrompió a líderes opositores. Armó todo un entablado para callar a toda voz disímil a través de una justicia tomada por él con la finalidad de encarcelar a toda persona opuesta a sus ideas y su autoritarismo. Engendró esa execrable caterva de ciudadanos civiles armados denominados protectores de la revolución, justificándose que “nadie tiene por qué preocuparse por eso”. “Tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de la nación”. Esa gente armada patrulla sectores de Caracas y otras ciudades y si alguien osa protestar en contra del régimen madurista es inmediatamente sometida. Se habla de un ingente número de desaparecidos y de muchas muertes no justificables por el Gobierno venezolano. Pero aún sin la presencia de Maduro, los máximos responsables siguen enquistados en el poder. Que ellos renuncien es una quimera, se juegan demasiado; dinero de la corrupción, juicios que podrían culminar en sentencias condenatorias por los atropellos durante tanto tiempo y ya no continuar con el control de las mieles del poder total. Un llamado a elecciones bajo la tutela de los mismos actores que siguen el guión madurista sería inaceptable y una tomadura de pelo. Venezuela necesita libertad, necesita democracia la cual ha sido usurpada por más de dos décadas. Los organismos internacionales deben vigilar y garantizar una salida democrática pronta, pero soy sincero esto tomará tiempo. Las raíces del cáncer del falso idilio revolucionario no se cortan a la primera. ¿Qué será para aquellos acólitos que defienden tanto la dictadura? El youtuber argentino Michelo, Fernando Carrillo. Está bien defender ideologías, pero si están alejadas a la libertad y democracia, no sirven.

preguntas de la última consulta popular, demostrando que jamás cayeron en las perversas manipulaciones antipatria. En el impulso de esta revocatoria quieren aprovechar el difícil momento del gobierno enfrentando a la criminalidad, el inicio del conflicto arancelario con Colombia, exigiendo mayor presencia y control antidrogas en su frontera. No era para menos la obvia reacción del gobierno de Petro, que sigue con su ridícula exigencia a USA, de que Maduro sea juzgado en Venezuela, lo que

evidencia la clase de individuo con quien tratamos. La desesperación correista aumenta ante el avance de la investigación con el allanamiento a la casa de su ex candidata, por el presunto financiamiento del gobierno de Maduro, del cual Correa era asesor. Esto de sentir a los huevos como arma de rechazo, ya lo ha sufrido antes el correísmo, pero parece no aprender la lección, talvez seguirán impulsando su malhadada revocatoria y recibiendo el rechazo popular a su camuflado intento golpista.

Ecuador registra récord histórico de adolescentes asesinados en 2025

El 2025 se consolidó como el año más violento con 9.216 homicidios y se registraron 165 muertes violentas adicionales de menores en comparación con 2024. Especialistas explican las razones.

Las cifras de la violencia en el país cada vez son más estremecedoras. Los índices que se han elevado no solo tocan a los adultos, sino que ha llegado a niños y adolescentes. Los homicidios de menores de edad, que tienen entre 12 y 17 años, escalaron un 5,8% en comparación con 2024.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, 2025 fue el año más violento en la historia de Ecuador y superó a 2023, pues en 2025 el país registró 9.216 homicidios de los cuales 537 corresponden a menores, la cifra más alta desde que la violencia se recrudeció en el país. Esto significa que hubo 165 muertes violentas adicionales en un año.

En 2024, 372 niños y adolescentes fueron víctimas de la violencia y en 2023 fueron 317. El aumento de la violencia con los menores ha sido exponencial, ya que en los últimos cinco años se han acumulado 1.475 homicidios de niños y adolescentes. El incremento se dio a

partir de 2022 cuando estas estadísticas empezaron a elevarse por cientos.

¿Por qué la violencia toca a los menores?

La criminóloga Daniela Valarezo indicó que, en marzo de 2025, Unicef ya alertaba que el número de muertes en niños y adolescentes iba en aumento. Así destacó que esta realidad se debe a que hay una relación profundamente ligada a la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador y a la expansión de los ‘tentáculos’ del crimen organizado. “Esa es la causa por la que hay niños y adolescentes están siendo asesinados”.

Para Valarezo la evolución y tendencia de lo que sucedió en 2025 en cuanto a la violencia también marcará lo que suceda con los menores en los próximos años. “Se explica porque las bandas de crimen organizado compiten por su territorio”. Agrega que en las masacres y en los atentados que estos grupos cometen no se puede obviar la afectación a me -

nores, en su mayoría niños, “que mueren por armas de fuego”.

La criminóloga señaló que ligado a esta realidad está el reclutamiento de los menores. “Es decir, no siempre son víctimas en el siniestro, sino que son actores que han sido previamente reclutados por las bandas de delincuencia organizada y han sido aprendices de la utilización de la violencia extrema, y con violencia también terminan perdiendo la vida”.

La deserción escolar influye en la violencia

Fernando Sánchez, exsecretario de Inclusión Social del Municipio de Quito, indicó que en las cifras se debería diferenciar cuando los menores son víctimas indirectas en una masacre o si son parte de los grupos de delincuencia organizada.

“El aumento del abandono escolar, el incremento de las bandas delictivas y el desempleo juvenil, son una

cadena de elementos que obliga a que estos chicos sean reclutados de manera forzosa”, aseguró.

Sánchez destacó que la dinámica es compleja y que en Esmeraldas vio que las familias no quieren que sus hijos vayan al sistema educativo para que no sean cooptados por los grupos delincuenciales. “Uno de los problemas críticos que existe también es la participación de las adolescentes, porque son víctimas de tráfico y trata, entonces ahí hay dos problemas mayores”.

De acuerdo con datos de Unicef, en Ecuador el porcentaje de adolescentes entre 12 y 14 años que se quedaron fuera del sistema educativo en 2024 fue del 3,9%; mientras que el porcentaje de adolescentes entre 15 y 17 años que están fuera del sistema educativo es del 14%.

El estudio menciona que las causas principales para que los adolescentes no asistan al sistema educativo son: falta de recursos económicos, no estar interesados en estu-

diar o por otras razones.

Blindar a los menores frente al crimen

Diego Paz, consultor en inclusión y derechos humanos, indicó que desde 2016 hasta 2021 se llegó a tener 44 muertes violentas en este grupo etario. Pero, este incremento de homicidios en adolescentes está relacionado con la situación del país.

“Lo más probable es que el abandono escolar haya aumentado y eso les pone en mayor riesgo. Entonces, hay una perspectiva de abordaje de ciertas adolescencias que están siendo criminalizadas y excluidas, esto se va a ver reflejado en muertes violentas”, afirmó.

Paz detalló que la violencia impacta en los niños y adolescentes por varios elementos, una de ellas es la penetración de la narcocultura a través de redes sociales y una normalización de la violencia.

Insistió en que se necesitan estrategias nacionales y regionales para proteger a los niños frente al crimen, pues se necesita discutir estrategias articuladas para mitigar los procesos vinculados al reclutamiento y la violencia.

“Hay que ver de dónde surge la violencia, que es de desigualdades estructurales históricas como pobreza, falta de servicios básicos, salud y educación”, aseguró al señalar que se necesita fuertes políticas sociales para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida y un fortalecimiento del sistema educativo para que los adolescentes puedan tener mejores oportunidades. (PSR)

En 2024, Unicef alertó que la tasa de homicidios en los menores aumentó en un 640% en cuatro años.

P ESMERALDAS | VIERNES 30/ ENERO/2026

ESMERALDAS VIERNES 30/ENERO/2026 I

Correísmo bajo la lupa por caso de lavados de activos

La Fiscalía investiga el ingreso de dinero ilícito procedente de Venezuela a la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana de 2023. Luisa González, Andrés Arauz, Patricio Chávez y otros están entre los investigados.

A la izquierda de la imagen está una mujer policía, quien usa un chaleco antibalas y con postura firme. Delante hay otra mujer que luce el cabello recogido, viste pijama de color rosa y sujeta firmemente unos documentos con ambas manos.

Aunque la imagen está difuminada para cubrir la identidad de la mujer a la que allanaron su domicilio el 28 de enero de 2026 por la madrugada, los detalles la delatan: un jarro transparente que dice ‘Luisa’ está en la segunda repisa del librero, mientras que en la parte baja del escritorio se observa un cuadro a manera de pintura con el rostro de la expresidenta del correísmo, Luisa González.

La escena ocurrió cuando la Fiscalía y la Policía realizaron el operativo Caja Chica por presunto lavado de activos. Las autoridades presumen que los supuestos implicados ingresaron dinero

ilícito en efectivo desde Venezuela, el cual fue utilizado para financiar la campaña presidencial de 2023.

Por esta causa se allanaron las casas de Luisa González y del asambleísta del correísmo, Patricio Chávez. Aunque son tres inmuebles allanados en Pichincha y Guayas, de acuerdo con la información oficial. Los indicios que se recabaron fueron más de 20 memorias usb, pasaportes, celulares, agendas, entre otros.

El correísmo reaccionó frente a los allanamientos Tras lo ocurrido, Luisa González convocó a una rueda de prensa en la sede de la Revolución Ciudadana, en Quito. Ahí se mostró indignada por lo sucedido y calificó el acto como una persecución política con violencia. Aseguró que no hay ningún ingreso económico irregular y que el correísmo fue el único movimiento que presentó reportes financieros durante

la campaña electoral.

Cuestionó que se le haya allanado su domicilio y que el caso se lleve en reserva y señaló que Marcela Aguiñaga era quien lideraba el movimiento político y que a ella no se le ha realizado ningún proceso. “No persiguen a sus aliados sino a sus opositores”, resaltó.

También criticó la gestión del fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, por el manejo de los casos. González admitió que cuando salieron los funcionarios de su casa, cerró la puerta y les dijo: “Hijos de p…”, pues indicó que le tomaron fotos que después hicieron públicas para el caso, cuando le habían dicho que este es reservado. La correísta responsabilizó al Gobierno por su vida y la de toda su familia al finalizar su intervención. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez, por su parte, dijo que alrededor de 15 o 20 personas “encapuchadas

y envalentonadas” ingresaron a la casa de sus hijos. Destacó que de “toda la vida es una persona honesta” y calificó al personal que realizó el operativo como “malditos”.

Andrés Arauz indicó que él no vive en Ecuador y que al no tener domicilio en el país no fue allanado. Rechazó la denuncia y señaló que no tiene sentido dicha investigación. También se solidarizó con sus coidearios.

“Jamás nos amedrentarán. Demostraremos una vez más la ridiculez de este caso”, publicó en su cuenta de X.

Conexión con la dictadura de Venezuela y Delcy Rodríguez

El escrutinio a la cúpula correísta ocurre luego de la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque los nexos entre el correísmo y ese país se han mantenido desde hace años.

De hecho, The New York Times señaló que Rafael Correa figura desde 2018 como asesor económico de la actual dictadora de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y, de acuerdo con el análisis del medio internacional, se recalca el papel de asesores extranjeros y técnicos con experiencia regional, a quienes Rodríguez les habría delegado la ejecución de ajustes macroeconómicos sensibles.

Dentro de esa estructura, según el medio, estarían economistas ecuatorianos y Correa como parte del círculo que ayudó a diseñar e implementar las correcciones económicas más relevantes de los últimos años en Venezuela. Todo ese equipo es el que está involucrado en el caso Caja Chica.

¿Quiénes son los investigados en el caso?

De acuerdo con la notificación judicial los investigados en el caso Caja Chica son: Rafael Correa, Andrés Arauz,

Luisa González, Bibian Hernández, Patricio Rivera, Fausto Herrera, Patricio Chávez y Suad Mansur.

Bibian Hernández es abogada y ha sido señalada como una persona cercana a Correa. Sin embargo, en 2024 su nombre fue uno de los últimos en aparecer en los chats del caso Metástasis. Ese año la Fiscalía ya había realizado un allanamiento en su contra en medio de una investigación por lavado de activos.

Patricio Rivera, quien da asesoría financiera en Venezuela, fue ministro de Finanzas del correísmo, fue en 2017 cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo nombró Superintendente de Economía Popular y Solidaria.

Fausto Herrera también fue ministro de Finanzas del correísmo. Ahora es asesor económico de la dictadura venezolana.

Suad Mansur fue Superintendenta de Compañías en la época del correísmo y también fue militante del movimiento político. Además, fue parte del gabinete del entonces presidente Correa.

Andrés Arauz fue candidato para las elecciones presidenciales en 2021; también fue la fórmula vicepresidencial en 2023 de Luisa González y durante el régimen correísta fue funcionario.

Rafael Correa fue el presidente de Ecuador desde 2007 hasta 2017. Está prófugo y sobre él pesan sentencias por corrupción en el caso Sobornos. (PSR)

El exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, quien es señalado como uno de los presuntos autores intelectuales en el Magnicidio FV huyó a Venezuela.

ESMERALDAS | VIERNES 30/ ENERO/2026 I

ESMERALDAS VIERNES 30/ENERO/2026 I

Eficacia de viajes y políticas de Daniel Noboa en duda

Tras la consulta popular de noviembre de 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa, hizo varios viajes fuera del país, pero eso no refleja un plan estratégico y hay errores en el manejo de la política exterior, advierten analistas.

VIAJERO. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, visitó siete países en los últimos tres meses. (Foto: Presidencia de Ecuador).

El presidente de la República, Daniel Noboa, efectuó siete viajes entre noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026.

Esta serie de viajes comenzaron apenas dos días después de la consulta popular del 16 de noviembre de 2025, donde la ciudadanía dijo No a las cuatro propuestas del Gobierno.

Política de posicionamiento para Ecuador Michel Leví Coral, experto en Derecho Internacional y analista en temas internacionales, plantea una hipótesis sobre los dos primeros viajes a Estados Unidos (ver tabla). Cree que están vinculados directamente con la consulta popular: “Fueron agendas personales, de reposicionamiento, de ver el panorama del país desde el exterior, de mirar en retrospectiva”. Considera que esas salidas pudieron tener un fin: “Replantear estrategias”.

Respecto a los otros viajes, Leví comenta que por una conversación informal con gente de la Cancillería de Ecuador supo que el viaje a Oslo y a Davos ya estaban en agenda desde antes de la consulta. El viaje a Bélgica, que contempló reuniones con representantes del Parlamento Europeo y con el primer ministro belga, Bart de Wever, fue “un viaje de Estado” y este tipo de visitas se planifican con anticipación, indica.

“Veo claramente que hay una agenda personal del Presidente y una agenda para promover las relaciones personales de una forma directa. El Presidente toma las riendas de las relaciones internacionales del país y va a los foros”, reitera.

Destaca por ejemplo el encuentro de Noboa del 23 de enero con De Wever. “Con Bélgica tenemos en común un problema grave. El puerto de Amberes es uno de

los más importantes para el ingreso de narcóticos , que salen vía Ecuador y entran a Europa por ese puerto. Hablamos de un importante tema de seguridad en torno al narcotráfico . El Primer Ministro de Bélgica antes fue alcalde de Amberes y estuvo en nuestro país (en febrero de 2024) para tratar aspectos de seguridad. El diálogo político en ese entorno es importante”, subraya Leví.

¿Falta un programa de política?

Simón Pachano , doctor en Ciencias Políticas, hace una valoración general de los viajes de Noboa.

“No podemos ver los viajes del Presidente cada uno por su lado, que se va, vuelve o no vuelve. No, tenemos que verlos como una cosa integral y no hay eso”, cuestiona.

Argumenta que los viajes de cualquier presidente se justifican cuando el mandatario tiene “un programa ,

EL DATO

El 29 de enero la Cancillería de Ecuador confirmó que Gabriela Sommerfeld se reunió con su par colombiana.

No se firmó ningún acuerdo o memorando sobre temas de seguridad ni en Bélgica ni Panamá durante los últimos viajes, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Comunicación.

rios temas. Ninguno sobre la migración venezolana, existente en Ecuador.

¿Oportunidades desaprovechadas?

una propuesta política para el país”. Pero ve que Noboa carece de eso: “Lo que ha hecho Noboa es ir a una y otra cosa, pero sin tener una política clara sobre qué es lo que va a tratar en esos viajes, cuál es el objetivo de cada uno de ellos o de todos ellos. Deben estar enmarcados en un objetivo y al no haber eso los viajes prácticamente son insustanciales”.

Pachano es directo: “Él (Noboa) ha viajado sin agenda. Un Presidente debe tener una estrategia, un plan general para impulsar cosas fundamentales en el exterior. Pero eso no tenemos”.

En Oslo, Noboa debió plantear algo sobre el éxodo venezolano y no solo “ir de invitado silencioso (a la entrega de un premio Nobel a María Corina Machado )”, señala Pachano. El 10 de diciembre de 2025, la Secretaría de Comunicación indicó que hubo diálogos con autoridades noruegas sobre va-

Pachano ejemplifica casos que evidencian esa falta de estrategia. Bélgica fue una parada clave por ser uno de los lugares más afectados por el narcotráfico en Europa. “No hubo un tratamiento del tema fundamental, el narcotráfico. Esta forma errabunda de andar por el mundo se explica porque no hay una estrategia de país. Se desperdician las fuerzas en los viajes”, cuestiona.

Para Pachano, Noboa no aclara qué quiere en lo económico, social, en seguridad porque “no tiene una visión de conjunto del país”.

El otro caso de ejemplo es Panamá . “ Desperdició el viaje, era una excelente oportunidad para dos cosas: para conversar con el presidente colombiano, Gustavo Petro, independientemente de los conflictos, así se arreglan muchas cosas; debió ahí convocar a los otros presidentes a trabajar conjuntamente sobre la seguridad como un tema transnacional”, expone. En Panamá a Noboa le faltó coherencia en su discurso, según Pachano.

Pachano no es optimista de que Noboa cambie la forma de hacer política (nacional e internacional) porque considera que así se ha mantenido desde su primer periodo. (KSQ)

Seis autoridades de la Judicatura enfrentaron juicios políticos

La crisis en el Consejo de la Judicatura no ha podido ser subsanada con el transcurso de los años.

En menos de cuatro años, seis altos funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) han enfrentado juicios políticos en la Asamblea Nacional, evidenciando una crisis institucional cuyo último capítulo se centra en su actual presidente, Mario Godoy, a quien se le termina el plazo para presentar pruebas en la Comisión de Fiscalización de la  Asamblea.

Godoy está inmerso en un proceso de interpelación planteado en su contra por cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) por presunto incumplimiento de funciones.

Él y sus interpelantes: Viviana Veloz, Raúl Chávez, Franklin Samaniego, Liliana Durán y Xavier Lasso (RC) tienen hasta las 23:59 del 31 de enero de 2026 para entregar pruebas de cargo (acusación) y descargo (de-

fensa).

El actual presidente del Consejo de la Judicatura es acusado por las supuestas presiones que habría ejercido el exdirector del CJ de Pichincha , Henry Gaibor, sobre el juez anticorrupción

Carlos Serrano para que falle a favor de una sentencia por narcotráfico.

El presunto incumplimiento de funciones estaría sustentado sobre la base del artículo 168 de la Constitución, que pide garantizar la independencia judicial y promover la transparencia en la administración de justicia.

De ser hallado responsable, Godoy podría ser censurado, destituido y no podrá ejercer cargo público por dos años, y el CJ volverá a entrar en crisis de representación.

Cuatro autoridades llamadas en 2022

Los golpes que ha recibido el organismo de administración y disciplina de la Función Judicial, no han podido ser subsanados en los últimos cuatro años.

En 2022, el correísmo agrupado en la bancada de la ex Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) buscaban la destitución de

los entonces vocales del CJ, Fausto Murillo, Maribel Barreno, Juan José Morillo, y la censura de la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado. Los funcionarios fueron acusados de presunto incumplimiento de funciones por no llamar a concurso para cubrir el déficit de 400 jueces y fiscales y evaluar a 16 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Los vocales se salvaron de ser destituidos y continuaron en el cargo. Pero, meses después, un proceso en la justicia ordinaria seguido por la Fiscalía en contra de Maribel Barreno y Juan José Morillo, por presunto tráfico de influencias , les obligó a abandonar el CJ.

Murillo volvió a ser enjuiciado En febrero de 2024, Fausto Murillo, como presidente del CJ, se jugó por segunda ocasión su cargo. El 29 de febrero de 2024 fue destituido y censurado por el correísmo, el PSC y Acción Democrática Nacional (ADN). Le acusaron de presunto incumplimiento de funciones por no haber denunciado a los entonces vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, y no regular la ho -

EN LA WEB

PAÍS

Daniel Noboa encabezó reunión del Bloque de Seguridad en Carondelet

DIPLOMACIA Cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron en Panamá de forma reservada

mologación salarial desde 2007 para los servidores judiciales.

Terán y el caso Metástasis

El 13 de febrero de 2023, Wilman Terán asumió la presidencia del CJ y renunció el 20 de diciembre de 2023, tras ser involucrado en el caso Metástasis, que evidenció la profundidad de la corrupción en el sistema judicial.

El 25 de noviembre de 2024, un tribunal de la CNJ lo sentenció a 9 años de prisión, pero se libró de ser censurado en la Asamblea Nacional tras un juicio político planteado en su contra por el movimiento Construye.

Goyes se salva de la destitución

Otra evidencia de la crisis que atravesaron las autoridades del CJ siguió con un juicio político a la vocal Solanda Goyes. ADN le acusó de incumplir funciones en medio de un proceso para designar jueces constitucionales. El 12 de agosto de 2025, el correísmo, un sector de Pachakutik e independientes le salvaron de la censura y destitución. Goyes concluyó su gestión de vocal en septiembre de 2025. (SC)

POLÍTICA Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechazó declaraciones de ministro Jhon Reimberg

JUSTICIA Caso Magnicidio FV: Verónica Sarauz dice que ha pedido la remoción de la fiscal

IMBABURA CARCHI Nuevo

Intendente de Carchi pone la seguridad y el orden público como prioridad

Femicidios vinculados al crimen organizado incrementaron un 62%

411 casos fueron registrados en 2025, el femicidio en Ecuador se vincula al crimen organizado. El reporte de Aldea revela que 256 casos ocurrieron dentro de sistemas delictivos.

Ecuador se ubicó en 2025 como uno de los países más violentos a escala mundial, con proyecciones que superan los 10,000 homicidios, entre los que se registraron al menos 411 femicidios. Este último dato, según la Fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) , indica que hubo un incremento del 33,3% de los casos respecto a 2024.

El incremento de los femicidios genera alarma, pero también el hecho de que el uso de armas de fuego para cometerlos se haya incrementado un 866,6%, señala la oenegé.

De acuerdo con especialistas en género, la violencia contra la mujer está ligada a los índices elevados de violencia que se presentan en el país. Aldea evidencia que el 78% de los femicidios registrados en 2025 fueron cometidos con ar-

mas de fuego y que 256 casos de los 411 se dieron en sistemas criminales.

Femicidios en sistemas criminales

Geraldine Guerra, presidenta de Fundación Aldea, dijo que desde 2021 han señalado que hay nuevas condiciones en que se producen los femicidios. “Los cuerpos de las mujeres son utilizados como botines de guerra entre bandas criminales”.

Indicó que los femicidios en sistemas criminales responden a varios elementos, ya que matan a las mujeres por ser pareja o hija de un líder de una banda criminal, por venganza o que también son usadas como mecanismo de amenazas en los barrios.

“Hay varios casos en esta cifra vinculados a sistemas criminales en donde entran a casas de las mujeres y que son asesinadas con sus hijas,

sobre todo en Guayas y Los Ríos”. Guerra ejemplificó un caso en el que sujetos ingresaron a las viviendas y proporcionaron 50 balazos contra una madre y sus hijas.

Aclaró que esto no significa que las mujeres estén inmiscuidas en bandas criminales, pero que a veces se encuentran en ese entorno, debido a los lugares en los

EL DATO

Otras de las estadísticas alarmantes que se recogen en las cifras de Aldea son que 50 víctimas de los casos de femicidios en 2025 eran niñas o adolescentes. Esta cifra también se incrementó respecto a 2024.

por parte del crimen organizado en todas sus formas, es la zona donde hay mayores índices de femicidios ”, mencionó. Rosero dijo que en Pichincha y Azuay también hay niveles en cuanto a femicidios con un número de casos importantes.

“En el corredor norte de la Amazonía, en la zona de frontera y la zona de extractivismo petrolera, donde la presencia del crimen organizado de las bandas paramilitares y de las fuerzas irregulares que vienen de Colombia también hace lo suyo. Es decir, tenemos una violencia feminicida ubicada territorialmente en las zonas de mayor prevalencia de la ocupación territorial por parte del crimen organizado”, resaltó.

“Ser niña o joven en América Latina, pero en particular en Ecuador, es un riesgo que se reafirma en estas cifras, porque son las niñas las desaparecidas, son usadas para las peores violencias y crímenes como trata y tráfico, o posteriormente la muerte”, dijo.

Rosero también destacó que es importante analizar que esos factores de riesgo tienen que ver con el aspecto económico o con el rol que tienen las economías criminales frente a la pobreza y desigualdades sociales.

que viven.

La Costa, epicentro de la violencia

Las cifras de Aldea muestran que Guayas es la provincia con más casos de femicidios , 140; le sigue Manabí (70 casos), Los Ríos (44), El Oro (37) y Esmeraldas (24).

Esto coincide con la información geográfica de homicidios intencionales del Ministerio del Interior, donde Guayas es la provincia con mayor índice de violencia seguido por Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas.

Rocío Rosero, integrante de la Coalición Ecuador

Violencia Cero, señaló que la violencia en general en el país se ha recrudecido y que la violencia contra las mujeres es parte de ello.

“La Costa, que corresponde con toda la lógica de invasión o captación de territorio

Prevención y control para atacar la violencia Nadya Donoso, gestora comunicación estratégica de Cepam Guayaquil, afirmó que las cifras de femicidios y los casos en los sistemas criminales se han incrementado por la falta de control y prevención.

Enfatizó en que hay una ausencia estatal que “no ha podido prevenir los casos de violencia contra las mujeres y los casos de femicidio”. Agregó que la prevención es mucho menos costosa que atender la violencia.

“Creemos que hay un subregistro muy alto (de los casos), sobre todo en Esmeraldas, porque esa provincia es una de las más violentas y es fronteriza”, criticó. Y añadió que esta ha sido una de las provincias más abandonadas donde hay discriminación y racismo. (PSR)

Noboa pone candado al gasto local y exige 70% en obra pública

El Gobierno busca corregir un patrón histórico de gasto ineficiente en municipios, prefecturas y juntas parroquiales, donde solo el 39% del presupuesto se destina a infraestructura y servicios, mientras el resto se diluye en gasto corriente.

La descentralización en Ecuador transfirió recursos, competencias y poder a los gobiernos locales. Pero no logró el objetivo central: mejorar servicios e infraestructura para la ciudadanía. Tras más de una década de expansión del gasto que se transfiere a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales , los resultados son pobres. Las obras no llegan, los servicios básicos siguen incompletos y el dinero público se consume, en gran parte, en burocracia.

Ese diagnóstico es el punto de partida del proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, que propone un cambio estructural: obligar a que al menos el 70% de las transferencias del Presupuesto General del Estado a los gobiernos locales se destine a inversión en obra pública y servicios, limitando su uso para gasto corriente

La medida busca cerrar una brecha que el propio Estado reconoce como crítica. Según explicó Cristina Pazmiño Carrera, secretaria de Normativa y Patrocinio de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, hoy los gobiernos locales solo destinan en promedio el 39% de sus recursos a infraestructura y servicios públicos

“En promedio, los gobiernos autónomos descentralizados solo han destinado alrededor del 39% de sus ingresos a infraestructura, reposición, mantenimiento de obra y servicios públicos. ¿Y el resto? Gasto corriente”, afirmó Pazmiño.

Mucho gasto y poca obra

La evidencia respalda la preocupación del Ejecutivo. En los últimos 10 años, según datos del Ministerio de Economía, la ejecución del pre-

supuesto de inversión de los gobiernos locales nunca superó el 60%, y en los peores años cayó por debajo del 40%. Solo en 2022, por ejemplo, más de $2.600 millones aprobados para inversión quedaron sin ejecutar. El problema no es la falta de recursos: es la incapacidad de transformarlos en obras reales.

Este patrón se repite especialmente en municipios y prefecturas, los niveles de gobierno con más recursos, que presentan las peores tasas de ejecución. Mientras tanto, el gasto se concentra en nómina, consultorías, eventos, gastos administrativos y rubros que no generan activos públicos duraderos.

“Hemos visto que los gobiernos autónomos destinan recursos a otro tipo de actividades en lugar de aquellas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos”, señaló Pazmiño. “Cuando no hay agua potable, alcantarillado o vialidad, pero sí eventos y gasto administrativo, algo está fallando en la priorización”.

El peor gasto local de la región

El diagnóstico del Gobierno coincide con el Reporte de Economía y Desarrollo

2025 de CAF , que ubica a Ecuador entre los países con peor calidad del gasto subnacional o local de América Latina. El informe identifica tres fallas principales: exceso de gasto corriente, baja ejecución de la inversión y débil capacidad técnica para planificar y ejecutar proyectos.

A diferencia de Perú, Brasil o Colombia, que han desarrollado sistemas de inversión pública subnacional más sólidos, Ecuador mantiene un modelo de gasto rígido, fragmentado y poco eficiente, con gobiernos locales altamente dependientes de transferencias estatales, pero con serias dificultades para convertirlas en infraestructura y servicios.

¿Cómo funciona el plan del Gobierno? El proyecto de ley introduce una regla mínima obligatoria de priorización del gasto. En cada ejercicio fiscal, los gobiernos locales deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto no financiero a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. El gasto en sueldos, salarios y administración no podrá superar el 30%.

“Ya no es discrecional, es

dades Ecuatorianas (AME) y alcalde del cantón Nabón, sostiene que el proyecto parte de un diagnóstico incompleto y castiga a los gobiernos locales por problemas que no dependen de su gestión.

“El Gobierno central nos exige eficiencia cuando mantiene atrasos de hasta cuatro meses en las transferencias. No nos han pagado octubre, noviembre, diciembre y enero. Eso impacta directamente en la ejecución presupuestaria”, señaló.

Maldonado cuestiona además la cifra del 39% que maneja el Ejecutivo y sostiene que no refleja la realidad territorial. “Desde la comodidad de Quito no siempre se percibe lo que pasa en los cantones. Muchos municipios heredaron nóminas infladas y cuando intentaron reducir gasto corriente, el propio Estado, a través del Ministerio de Trabajo, obligó a reintegrar personal y a pagar salarios caídos”.

mandatorio. Se obliga a planificar el presupuesto cumpliendo esta regla mínima de priorización”, explicó Pazmiño.

La norma no elimina transferencias, pero condiciona el acceso al excedente que hoy reciben. Si no cumplen la regla, solo accederán al mínimo garantizado por la Constitución: 15% de los ingresos permanentes y 5% de los no permanentes, y no al 21% y 10% que establece el Cootad.

“No se desconoce la Constitución, pero el excedente no se entregará si no se materializa en obra pública y servicios”, precisó la funcionaria.

El cambio no será inmediato. El proyecto establece una transición progresiva:

60% de inversión en 2027

65% en 2028

70% desde 2029

Las juntas parroquiales rurales tendrán plazos más largos, considerando su menor tamaño y capacidad administrativa.

Respuesta de los municipios Desde los gobiernos locales, la propuesta genera un rechazo frontal. Patricio Maldonado, expresidente de la Asociación de Municipali-

El Alcalde recordó que siete de cada diez municipios del país son pequeños y enfrentan mayores limitaciones técnicas y administrativas para cumplir una regla rígida de 70-30. “No se puede generalizar. Hay municipios responsables que sí cumplen, pero no todos parten del mismo punto”.

Uno de los cuestionamientos centrales es la calificación del proyecto como ley económica urgente. Para Maldonado, la propuesta no cumple ese criterio.

“No estamos ante un desastre natural ni una crisis inmediata que requiera una ley urgente. La propia norma plantea una transición progresiva hasta 2029. Eso demuestra que no hay urgencia”, afirmó.

Maldonado advirtió que la iniciativa también afecta la autonomía de los GAD al otorgar al Ministerio de Economía la potestad de aprobar reformas presupuestarias, una atribución que hoy corresponde a los concejos municipales y provinciales, según el Cootad.

“Se está debilitando la descentralización. No se puede exigir ejecuciones perfectas cuando el propio Gobierno no cumple con las transferencias que establece la ley”, subrayó. (JS)

El ‘zar de fronteras’ define nuevas operaciones en Minnesota

Tom Homan, a quien se conoce como el “zar de fronteras” apunta a operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos más específicas para priorizar la seguridad pública en Minnesota.

MADRID. El denominado “zar de las fronteras”, Tom Homan , ha apuntado a

cambios en las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

El Vaticano tacha de “inaceptable” la violencia en Minneapolis

° El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha tachado de “inaceptable” la violencia en Minneapolis, en el estado estadounidense de Minnesota, tras las muertes de manifestantes a manos de agentes del ICE en el marco de las manifestaciones por las redadas contra la migración.

“La posición de la Santa Sede es siempre evitar cualquier tipo de violencia, evidentemente, y por lo tanto no podemos aceptar episodios de este tipo”, ha afirmado el cardenal Parolin en declaraciones a los medios, en el marco del encuentro ‘Ética y Economía’, organizado por el Departamento GEPLI de la Universidad LUMSA, en Roma.

de Estados Unidos (ICE) en Minnesota para realizar misiones más específicas que prioricen la seguridad pública, con la vista puesta en rebajar la tensión y comenzar a reducir el despliegue en el estado, tras la erupción social provocada por la muerte de varios manifestantes a manos de agentes.

En una rueda de prensa desde Minnesota, en la que ha confirmado que las misiones del ICE seguirán adelante, Homan ha asegurado que está trabajando en un plan para reducir la pre -

PERSONAJE. Tom Homan, el denominado “zar de las fronteras”, fue enviado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a Minnesota. Cuenta de X de Tom Homan

cuando vine aquí, fue que no quería ver morir a nadie”, ha detallado.

“Cuanta menos interferencia, menos retórica. No quiero ver morir a nadie. Ni siquiera a las personas que buscamos”, ha asegurado el responsable del despliegue del ICE en Minnesota ante la prensa.

‘Cero tolerancia’ ante ataques En este sentido, ha defendido el derecho a manifestación, recogida en la Constitución estadounidense, pero ha reclamado que se mantenga en el cauce pacífico tras insistir en que habrá “cero tolerancia” ante ataques a los agentes. “Si interfieres, obstaculizas o agredes a los agentes del ICE, serás arrestado”, ha avisado.

sencia de la polémica unidad , que cuenta con hasta 3.000 agentes en el estado, además de apostar por cambios en las operaciones para tener más en cuenta la seguridad pública.

En plena intención de rebajar la tensión tras la muerte de manifestantes, el encargado de dirigir las operaciones en Minnesota ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, le ha encomendado que no haya muertos en estas operaciones. “El presidente, una de las cosas que me dijo

Homan, enviado por Trump para rebajar la tensión en Minnesota, ha insistido en que se “va hacer cumplir la ley de inmigración”, apuntando a que haya menos daños colaterales. “Vamos a centrarnos en las operaciones de control y vamos a dar prioridad a las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Eso es lo que estamos aquí para hacer”, ha insistido.

Tras mantener reuniones con las autoridades locales los últimos dos días, Homan ha hablado de importantes avances y ha mandado un mensaje de concordia afirmando que desde “diferentes filosofías y opiniones”, todos “están de acuerdo” en la necesidad de reducir la inseguridad, la delincuencia y aumentar la seguridad en las operaciones del ICE.

Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

Tras una conversación con la encargada del poder, Delcy Rodríguez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano.

MADRID. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este 29 de enero de 2026 que ha ordenado reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con la encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la

presidenta de Venezuela y le he informado de que abriremos todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí”, ha explicado durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

El presidente estadounidense ha explicado que ha ordenado tanto al Pentágono como al Departamento de Transporte que hagan los trámites necesarios antes de que finalice la jornada para permitir la reapertura del espacio aéreo venezolano.

La Administración Fede-

El presidente de EE.UU., Donald

ral de Aviación (FAA) emitió un aviso a principios de mes para prohibir las operaciones de vuelos de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo venezolano. Los vuelos directos entre ambos países permanecen suspendidos desde 2019.

Diálogo entre Machado y Rubio Horas antes, la líder opositora venezolana María Corina Machado destacó la “gran conversación” que mantuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington, lo que ha considerado como una muestra de “la prioridad” que supone América Latina y Venezuela en particular para la Administración Trump.

“Este encuentro confirma la prioridad que el Gobierno del presidente Trump le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy especialmente en Venezuela”, ha señalado en su cuenta de X. La considerada como líder de la oposición ha hecho un llamamiento a sus compatriotas para que pongan su “talento y esfuerzo” al servicio de un país con “instituciones democráticas robustas, libertad y dignidad” en un mensaje en el

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Estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias”

MARÍA CORINA MACHADO

que ha denunciado “27 años de devastación criminal” por parte de Caracas.

“Queridos venezolanos, tengan la seguridad de que con el apoyo de nuestros genuinos aliados y de la mano de Dios, ¡lo vamos a lograr!”, ha asegurado.

En declaraciones a la prensa al término del encuentro, aseguró que “la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del Gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado”.

En esta línea, recalcó que el responsable de la cartera diplomática estadounidense “es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país”. (EUROPA PRESS)

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008

La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 8694

Director DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO Editor FRANCISCO LÓPEZ MURILLO

http//www.derechoecuador.com La Hora ESMERALDAS, ECUADOR

DE DIARIO LA HORA http//www.derechoecuador.com VIERNES, 30 DE ENERO DE 2026

Dirección: Arenas y 10 de Agosto, Edif. Vivanco, 5to. piso | Teléfonos: 2551-552/2555-431/2500-245/2552-135 | E-mail: judicial@derechoecuador.com

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ECUADOR

Autor: Abg. Dario Echeverría Muñoz, Mgs. - LL.M Gerente General de QQrucho Legal&Tech

Introducción

La cuarta revolución industrial ha dejado de ser una pro -

mesa futurista para convertirse en una realidad tangible que permea cada estrato de la sociedad contemporánea. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) emerge no solo como una herramienta tecnológica de procesamiento de datos, sino como un fenóme -

no disruptivo con la capacidad de redefinir las relaciones jurídicas, la administración pública y el ejercicio de los derechos fundamentales.

La Constitución de la República, al ser la norma suprema del Ecuador, establece

todos los derechos, deberes, responsabilidades y garantías para sus diferentes funciones estatales y la ciudadanía en general.

Respecto a lo que se refiere al desarrollo de la sociedad de la información y el conoci-

C ONSULTA C IVIL

¿Cómo procede la oposición al procedimiento voluntario cuándo es admitida o inadmitida en auto interlocutorio?

RESPUESTA

Se debe tener en cuenta que la oposición al procedimiento voluntario debe presentarse por escrito hasta antes de que la jueza o juez convoque a audiencia. Si se presenta oposición al procedimiento voluntario, ésta debe reunir los mismos requisitos de la contestación a la demanda, por lo tanto, el Art. 336 del COGEP impuso al juzgador la obligación de calificar e inadmitir la oposición si se la propone sin fundamento o con el propósito de retardar el procedimiento voluntario, y sólo si la oposición es fundada, se considera que existe una controversia que debe tramitarse en procedimiento sumario, consecuentemente, si la oposición no tiene fundamento, se la debe inadmitir en un auto interlocutorio, luego de lo cual se convocará a la audiencia prevista para el procedimiento voluntario. Al contrario, si se admite la oposición, se debe disponer que se tramite en procedimiento sumario, teniendo a la solicitud inicial como demanda y a la oposición como contestación a la demanda, concediendo además a las partes el término de quince días para anunciar las pruebas, vencido el cual convocará a la audiencia. No cabe que en audiencia se admita o inadmita la oposición al procedimiento voluntario porque según el Art. 79 del Código Orgánico General de Procesos, las audiencias se celebrarán sólo en los casos previstos en el Código, por lo tanto, el COGEP no establece en el procedimiento voluntario audiencia para que la o el juzgador admita o inadmita la oposición a dicho procedimiento, pues, la audiencia que debe convocar de acuerdo con el Art. 335, inciso segundo del mismo cuerpo legal, está previsto para escuchar a los concurrentes, practicar las pruebas pertinente y aprobar o negar lo solicitado.

Oficio: FJA-CPJA-2018-0040 Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia

miento, la finalidad de nuestra norma fundamental busca garantizar no solo el acceso a los medios, sino el aprovechamiento efectivo de las nuevas tecnologías como instrumentos para el Buen Vivir, asegurando que la innovación no transgreda la dignidad humana.

Es así como el numeral 2 del Art. 16 de la Constitución señala:

ARTÍCULO 16: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: [...]

2. El acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.

Este mandato no se agota en la conectividad física; exige una postura activa del Estado frente a tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial (IA), para evitar que la brecha digital se convierta en una brecha de oportunidades vitales. En concordancia, el sistema de innovación tiene un fin teleológico claro, prescrito en el Art. 385:

ARTÍCULO 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: [...]

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

La tecnología no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el bienestar colectivo. En la misma norma suprema, dentro de las atribuciones que le corresponden al presidente de la República para dirigir la administración pública y expedir las normas necesarias para su regulación, el numeral 5 del Art. 147 faculta la emisión de políticas públicas que, en este caso, materializan la visión tecnológica del Estado.

Si bien el deber del Estado es fomentar el desarrollo, este tiene un límite infranqueable en la esfera íntima de los ciudadanos, pues la IA se nutre fundamentalmente de datos. Es así como el numeral 19 del Art. 66 señala:

ARTÍCULO 66: Se reconoce y garantizará a las personas: [...] 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso

y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. [...] Pero la realidad tecnológica avanza a un ritmo que a menudo desafía la capacidad de respuesta estatal si no existe una planificación adecuada. En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 85 de la Constitución:

ARTÍCULO 85: La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1.Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

El Ecuador, en un esfuerzo por sincronizar su reloj normativo con el tiempo tecnológico global, ha dado un paso decisivo mediante la expedición del Acuerdo Ministerial Nro. MINTEL-MINTEL-2025-0030, instrumento que oficializa la Estrategia para el Fomento del Desarrollo y Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ecuador (EFIA-EC).

Este documento no es un mero compendio de buenas intenciones; constituye el primer cuerpo normativo integral —aunque de rango sublegal— dedicado exclusivamente a la gobernanza de la IA en el país. Su emisión por parte del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), en su calidad de ente rector de la transformación digital, responde a un mandato legal y constitucional imperativo.

Sustanciación jurídica de la inteligencia artificial en el ordenamiento vigente

Una de las omisiones más notables en los debates contemporáneos sobre la regulación de la IA en América Latina es la tendencia a ignorar el acervo jurídico vigente, bajo la falsa premisa de que la tecnología disruptiva requiere necesariamente leyes nuevas. En el caso de Ecuador, si bien

la Estrategia enumera correctamente la Constitución, la Ley de Transformación Digital y la Ley de Protección de Datos Personales como pilares normativos, existe una pieza clave que frecuentemente se pasa por alto: la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (LCE).

Esta norma, vigente desde hace más de dos décadas, fue redactada bajo los principios de neutralidad tecnológica de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), lo que le permite mantener una vigencia sorprendente ante fenómenos como la IA Generativa.

La Ley de Comercio Electrónico como

Base Operativa

El Artículo 2 de la LCE define a los Mensajes de Datos como toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, ópticos o de naturaleza similar. Esta definición es omnicomprensiva: cuando un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) como GPT-4 o un sistema de análisis predictivo genera un reporte, una recomendación de crédito o un borrador de contrato, ese output es, legalmente, un Mensaje de Datos.

La importancia de esta categorización radica en el principio de equivalencia funcional: los mensajes de datos tienen igual valor jurídico que los documentos escritos. Esto significa que:

- La información generada por una IA es legalmente vinculante si cumple con los requisitos técnicos de accesibilidad y ulterior consulta.

- No se requiere una reforma constitucional para admitir contratos inteligentes o decisiones automatizadas, pues la ley ya equipara el medio electrónico al físico.

Los artículos 51 y 52 de la LCE abordan el valor probatorio de los mensajes de datos, estableciendo que deben ser valorados por jueces y tribunales considerando la confiabilidad de la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje. Esto introduce el concepto de trazabilidad forense: para que un sistema de IA sea “ético y responsable”, debe ser auditable bajo los estándares de la LCE.

El reglamento define al Dispositivo Electrónico como el instrumento físico o lógico utilizado independientemente para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al momento de dicho inicio o respuesta. Esta definición reconoce explícitamente que una máquina puede actuar de manera autónoma, proporcionando una solución elegante al problema de la agencia artificial: el dispositivo actúa, pero la responsabilidad jurídica se imputa al titular o al responsable del sistema que lo programó o desplegó.

La LCE también ofrece la Firma Electrónica como herramienta técnica para garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de los contenidos generados por IA. La estrategia debe promover el uso de firmas electrónicas certificadas para sellar los modelos de IA y sus outputs críticos, especialmente en el sector público.

Naturaleza Jurídica del Acuerdo Ministerial EFIAEC

En la jerarquía normativa, un acuerdo ministerial es de rango inferior a las leyes. El Acuerdo declara la Estrategia de aplicación obligatoria para los sectores público y privado, lo que genera una tensión jurídica respecto a los límites de la potestad reglamentaria ministerial.

Sin embargo, la EFIA-EC opera en gran medida como un instrumento de Soft Law (derecho blando). Establece principios, directrices y líneas de acción, más que sanciones directas. Su fuerza radica en orientar la conducta y crear estándares que podrán ser exigibles bajo conceptos como “debida diligencia” o incorporados en regulaciones sectoriales. Para el sector público, su cumplimiento es mandatorio por jerarquía. Para el privado, su obligatoriedad deriva de su vinculación con la Ley Orgánica de Transformación Digital, que faculta al ente rector a emitir lineamientos.

La Estrategia busca llenar un vacío legislativo de forma ágil, necesaria ante la velocidad del cambio tecnológico, pero deberá ser eventualmente consolidada en una norma de mayor jerarquía para garantizar seguridad jurídica a largo plazo.

Diagnóstico y principios de la EFIA-EC

La implementación efectiva de la Inteligencia Artificial en el Ecuador requiere un análisis profundo de la realidad actual del país y la definición de los pilares éticos que guiarán su adopción. Esta sección presenta una radiografía del ecosistema tecnológico nacional, los valores fundamentales que deben regir el desarrollo algorítmico y las rutas estratégicas diseñadas para transformar el marco normativo en acciones concretas.

Diagnóstico del Ecosistema Ecuatoriano de IA

La Estrategia parte de un diagnóstico realista que ubica al Ecuador como un país en el estadio de Adoptante, ocupando la posición 10 entre 19 países de la región según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025). Este informe, liderado por el CENIA de Chile y la CEPAL, destaca un fenómeno denominado el Despertar de los Adoptantes Tardíos, donde Ecuador ha logrado escalar posiciones (del puesto 11 al 10 en un año) gracias a mejoras aceleradas en conectividad y la oficialización de estrategias nacionales. Los indicadores críticos revelan una realidad dual: -Dimensión de Gobernanza: Ecuador obtuvo un puntaje de 34.93 sobre 100, situándose significativamente por debajo del promedio regional de 47.57. Resulta alarmante el puntaje de 0 en Visión e Institucionalidad, lo que evidencia que, aunque existe una estrategia de papel, carece de mecanismos de implementación, presupuestos asignados y una estructura institucional robusta que la ejecute de manera efectiva. En contraste, el puntaje en regulación es de 66.43, reflejando un avance normativo que no se traduce necesariamente en capacidad técnica o administrativa.

- Investigación, Desarrollo y Adopción (I+D+A): Con un puntaje de 41.2, Ecuador muestra un interés creciente pero una inversión en I+D crítica de apenas el 0.44% del PIB. La región en su conjunto invierte cuatro veces menos de lo que le correspondería según su peso económico mundial, y Ecuador personifica esta brecha.

- Infraestructura y Talento: La capacidad de cómpu-

to sigue siendo una barrera insalvable, con apenas 26.0 Teraflops de GPU por millón de habitantes. En cuanto al capital humano, existe una paradoja: mientras la alfabetización digital básica ha mejorado, el talento avanzado y especializado es escaso (< 0.00156%). Los puntajes en alfabetización duplican a los de formación profesional avanzada, limitando la capacidad del país para generar soluciones soberanas adaptadas a su contexto local.

El análisis FODA identifica amenazas como el uso indebido de la IA y los sesgos algorítmicos. Desde el derecho penal, el uso indebido puede configurar delitos informáticos tipificados en el COIP. Los sesgos algorítmicos plantean desafíos al principio de igualdad y no discriminación. Entre las oportunidades se destaca el aprovechamiento de conocimientos ancestrales. Ecuador, siendo megadiverso y plurinacional, posee riqueza de datos biológicos y culturales que la IA podría potenciar, pero existe riesgo de biopiratería digital. El marco jurídico del Protocolo de Nagoya y el Código Ingenios debe aplicarse rigurosamente.

Principios Rectores y su Alcance Jurídico

La Estrategia enuncia 11 Principios Rectores que, al estar en una norma jurídica, se convierten en estándares de conducta exigibles:

1)Derecho a la Privacidad y Protección de Datos Personales: Este principio es una remisión directa a la LOPDP de 2021. Refuerza la minimi-

zación de datos: no recolectar todo lo que se pueda, sino solo lo necesario. Jurídicamente, obliga a implementar la Privacidad desde el Diseño y por Defecto. El incumplimiento activaría la potestad sancionadora de la Superintendencia de Protección de Datos.

2)Equidad y No Discriminación: Los desarrolladores deberán mitigar y evitar resultados discriminatorios o sesgados. Un algoritmo que discrimina viola derechos fundamentales. La Estrategia eleva la higiene de datos a obligación legal. En un litigio, la carga de la prueba podría invertirse, obligando a la empresa a demostrar que su algoritmo no discrimina.

3)Transparencia y Explicabilidad: La caja negra de las redes neuronales es el mayor enemigo del debido proceso. Si una IA toma una decisión que afecta a un ciudadano, esa decisión debe ser motivada. La Estrategia sugiere que, donde no haya explicabilidad, no debe haber decisión automatizada de alto impacto.

4)Supervisión y Decisiones Humanas: Alineado con el concepto de agencia humana (Human-in-the-loop), este principio establece que la responsabilidad final siempre debe recaer en una persona. El Derecho no reconoce personalidad jurídica a la IA, por tanto, para efectos de imputación de responsabilidad civil o penal, siempre debe haber supervisión humana.

5)Responsabilidad y Rendición de Cuentas: Este principio conecta con el concepto de Accountability. Los actores deben responder por los daños causados. Dado que

Ecuador carece de norma específica de responsabilidad civil por IA, se aplicarán las reglas generales del Código Civil. La Estrategia sienta las bases para interpretar que el despliegue de IA es una actividad de riesgo que exige un deber de cuidado reforzado.

6)Seguridad de los Sistemas de IA: Los sistemas deben ser robustos, confiables y seguros durante todo su ciclo de vida. Esto implica implementar medidas técnicas y organizativas para prevenir accesos no autorizados, manipulaciones o fallos que puedan comprometer su funcionamiento o la información que procesan.

7)Exactitud y Fiabilidad: Los sistemas de IA deben proporcionar resultados precisos y consistentes, minimizando errores que puedan derivar en decisiones incorrectas o injustas. Este principio exige validación continua y actualización de los modelos para mantener su efectividad.

8)Sostenibilidad Ambiental: Reconociendo el alto consumo energético del entrenamiento de modelos de IA, este principio promueve el desarrollo de sistemas eficientes que minimicen su huella de carbono y consideren el impacto ambiental en su diseño e implementación.

9)Interoperabilidad: Los sistemas de IA deben diseñarse con estándares abiertos que permitan su integración con otras plataformas y servicios, evitando la creación de monopolios tecnológicos y facilitando la portabilidad de datos.

10)Innovación Responsable: Se promueve el desarro -

llo de tecnologías de IA que generen beneficios sociales y económicos, equilibrando la necesidad de innovación con la protección de derechos fundamentales y valores sociales.

11)Bien Común y Desarrollo Sostenible: Los sistemas de IA deben orientarse al logro del Buen Vivir (Sumak Kawsay) y contribuir al desarrollo sostenible del país, beneficiando equitativamente a toda la sociedad ecuatoriana y respetando los saberes ancestrales y la diversidad cultural.

Ejes Estratégicos y Líneas de Acción

La Estrategia operativiza sus principios a través de tres ejes:

- EJE 1 - Gobernanza de la IA: Establece las reglas institucionales. Incluye el desarrollo de normas técnicas y certificaciones (delegando al INEN la adopción de normas ISO/IEC sobre IA), y la creación de un inventario de sistemas de IA, medida que debe equilibrar transparencia pública con protección del know-how empresarial.

- EJE 2 - Capacidad y Tecnología: Enfocado en talento humano e infraestructura. Implica integrar contenidos de IA en procesos educativos y promover la adopción de servicios en la nube, con el reto jurídico de garantizar soberanía de datos cuando se usan nubes públicas para procesar datos sensibles.

- EJE 3 - Promoción y Adopción: Busca fomentar la innovación mediante instrumentos como el Sandbox Regulatorio, que permite expe -

rimentación controlada con flexibilización temporal de requisitos normativos, equilibrando innovación con protección de usuarios.

Análisis comparado de modelos regulatorios internacionales

Para que Ecuador evite errores estratégicos en la implementación de su EFIAEC, es imperativo analizar los modelos internacionales existentes. El panorama global ofrece dos paradigmas diametralmente opuestos.

La AI Act

de la Unión Europea El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como la AI Act, representa el primer marco jurídico integral del mundo dedicado a la inteligencia artificial. Su enfoque no es regular la tecnología per se, sino los usos y riesgos asociados, estableciendo un sistema de gobernanza que busca proteger los valores democráticos y los derechos fundamentales en el mercado único europeo.

Su arquitectura regulatoria se basa en una clasificación jerárquica de riesgos: - Riesgo Inaceptable (Prohibido): Sistemas que atentan contra la dignidad humana. Incluye el “puntaje social” estatal (social scoring), la categorización biométrica basada en datos sensibles, el reconocimiento de emociones en entornos laborales o educativos, y la vigilancia biométrica remota en tiempo real en espacios públicos (salvo excepciones muy tasadas de seguridad nacional).

- Alto Riesgo (Sujeto a Cumplimiento Estricto): Sistemas que operan en áreas críticas como infraestructura, educación, empleo, servicios esenciales (banca, seguros), migración y justicia. Estos sistemas deben cumplir con requisitos ex ante de gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica y supervisión humana. Es obligatoria la realización de Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Fundamentales.

- Riesgo Específico de Transparencia: Sistemas como chatbots o herramientas que generan contenido sintético (deepfakes). Deben informar claramente al usuario que está interactando con una IA o que el contenido ha sido manipulado artificialmente.

- IA de Propósito General (GPAI): Introduce una regulación específica para modelos fundacionales potentes (como los que sostienen a GPT-4). Se establecen reglas de transparencia, informes de seguridad y evaluación de riesgos sistémicos para modelos con capacidades de cómputo superiores a 10² FLOPS. Entre sus características críticas y contexto operativo tenemos:

- Efecto Extraterritorial: Al igual que el RGPD, la AI Act se aplica a cualquier proveedor que ponga en servicio o comercialice sistemas de IA en la Unión Europea, independientemente de dónde se encuentre su sede. Para Ecuador, esto significa que cualquier desarrollador local que desee exportar tecnología a Europa deberá cumplir íntegramente con esta norma.

- Infraestructura Institucional: La UE ha creado la Oficina Europea de IA (AI Office), encargada de supervisar los modelos de propósito general, y una Junta Europea de Inteligencia Artificial para coordinar a las autoridades nacionales.

- El Sistema de Evaluaciones de Conformidad: Este es el mecanismo central de control del AI Act y constituye su mayor carga operativa. Para los sistemas de alto riesgo, los proveedores deben someterse a un riguroso proceso de certificación antes de poder comercializar sus productos en la UE. Este procedimiento incluye:

- Evaluación de Conformi-

dad Ex Ante: Antes de lanzar el sistema al mercado, el proveedor debe demostrar que cumple con todos los requisitos del Reglamento. Esto implica documentación técnica exhaustiva que describa la arquitectura del sistema, los datos de entrenamiento utilizados, las medidas de mitigación de riesgos implementadas y los procedimientos de supervisión humana.

- Participación de Organismos Notificados: Para determinados sistemas de alto riesgo (especialmente aquellos relacionados con biometría, infraestructura crítica o aplicación de la ley), la evaluación no puede ser autocertificada. Se requiere la intervención de un organismo notificado independiente, acreditado por las autoridades nacionales, que verifique objetivamente el cumplimiento. Este proceso puede tardar meses y tiene costos que oscilan entre 50,000 y 500,000 euros, dependiendo de la complejidad del sistema.

- Marcado CE y Declaración de Conformidad: Una vez superada la evaluación, el sistema recibe el marcado CE (Conformité Européenne), similar al que llevan los juguetes o dispositivos médicos. El proveedor debe emitir una declaración formal de conformidad, asumiendo responsabilidad legal por la exactitud de la información presentada.

- Vigilancia Post-Comercialización: El cumplimiento no termina con la aprobación inicial. Los proveedores están obligados a establecer sistemas de monitoreo continuo, reportar incidentes graves a las autoridades en un plazo de 15 días, y actualizar la evaluación de conformidad cada vez que se realicen modificaciones sustanciales al sistema (por ejemplo, al reentrenar el modelo con nuevos datos).

- Carga de Cumplimiento: El costo total de cumplimiento es masivo y multidimensional. Más allá de las evaluaciones de conformidad, incluye el mantenimiento permanente de sistemas de gestión de calidad (similar a ISO 9001), la contratación de personal especializado en gobernanza de IA, auditorías externas periódicas, y la implementación de infraestructura técnica para logging y trazabilidad. Estudios de impacto económico estiman que, para una

PYME europea, el costo total de poner un sistema de alto riesgo en conformidad puede oscilar entre 200,000 y 2 millones de euros, dependiendo del sector. Para startups en fase temprana, estos costos son sencillamente prohibitivos, favoreciendo a los grandes incumbentes tecnológicos (Google, Microsoft, Meta) que poseen los recursos legales, técnicos y financieros para absorber estos gastos como parte de su estructura operativa normal.

- Régimen Sancionatorio: Las multas son disuasorias y escalonadas según la gravedad de la infracción: hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual (lo que sea superior) por usar sistemas prohibidos; hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación por incumplimientos de obligaciones de sistemas de alto riesgo; y hasta 7.5 millones de euros o el 1.5% por proporcionar información incorrecta a las autoridades. Este modelo busca evitar que las multas se conviertan en un simple costo de hacer negocios, pero para empresas pequeñas, una sola multa puede significar la quiebra inmediata.

La Ley Básica de IA de Corea del Sur Corea del Sur aprobó su Ley Básica sobre el Desarrollo de la Inteligencia Artificial y la Creación de una Base de Confianza en diciembre de 2024, con vigencia desde enero de 2026. Este cuerpo legal unificó 19 propuestas legislativas previas, consolidando una postura nacional que prioriza la competitividad industrial bajo el lema: “Promover primero, regular lo necesario” (sistema de pre-promoción, post-regulación).

A diferencia del modelo europeo, que nace de una tradición regulatoria precautoria heredada de crisis como el escándalo Cambridge Analytica y las preocupaciones sobre sesgo algorítmico en la justicia penal, el paradigma surcoreano entiende a la IA como el motor principal de la economía nacional del siglo XXI y como un asunto de seguridad nacional en su competencia tecnológica con China y Japón.

Entre sus características críticas y contexto

operativo tenemos:

- Definición de IA de Alto Impacto vs. Alto Riesgo: Mientras que la UE clasifica amplias categorías como de alto riesgo (incluyendo sistemas de contratación laboral o calificación crediticia que afectan a individuos, pero no ponen vidas en peligro inmediato), Corea utiliza un enfoque más quirúrgico. La “IA de Alto Impacto” se limita estrictamente a sistemas cuyo fallo comprometa de forma directa la vida humana, la seguridad pública crítica o los derechos básicos a gran escala (ej. control automatizado de reactores nucleares, gestión de redes nacionales de energía, sistemas de diagnóstico médico de emergencia, o sistemas de defensa nacional). Para el resto de aplicaciones —incluyendo la mayoría de usos comerciales— la carga regulatoria es mínima, operando bajo un principio de autorregulación guiada por códigos de conducta sectoriales.

- Institucionalidad de Fomento Proactiva: La ley crea el Comité Nacional de Inteligencia Artificial, presidido directamente por el Presidente de la República, lo que refleja el carácter estratégico que Corea otorga a la IA. Este comité no es meramente consultivo: tiene poder de coordinación vinculante sobre todos los ministerios y autoridades regulatorias sectoriales. Complementariamente, se establece el Instituto Nacional de Seguridad de IA (AI Safety Institute), cuya función trasciende la vigilancia tradicional. Su mandato es dual: por un lado, investigación colaborativa público-privada para desarrollar técnicas de seguridad por diseño (como métodos de interpretabilidad de modelos y robustez contra ataques adversariales); por otro, apoyo técnico directo a las empresas —especialmente PYMES— para implementar mejores prácticas sin incurrir en costos prohibitivos.

- Obligaciones Mandatarias del Estado para el Apoyo Industrial: Aquí radica el factor diferenciador más importante del modelo surcoreano frente al europeo. Mientras la AI Act impone obligaciones casi exclusivamente sobre los desarrolladores privados, la Ley coreana invierte la ecuación: son las entidades públicas las que están legalmente obligadas a apoyar la indus -

tria. El artículo 18 de la Ley ordena al Ministerio de Ciencia y TIC construir y operar centros de cómputo de alto rendimiento (GPU clusters) accesibles gratuitamente o a costo subsidiado para startups y universidades. El artículo 21 establece un fondo nacional de inversión en IA con presupuesto garantizado plurianual. El artículo 25 manda la creación de “zonas de innovación en IA” (AI Innovation Zones), áreas geográficas con incentivos fiscales, regulación simplificada tipo sandbox permanente, y acceso preferencial a contratos públicos para empresas que desarrollen IA localmente. Esta arquitectura legal convierte al Estado en un socio activo del desarrollo tecnológico, no solo en un supervisor.

- Régimen de Cumplimiento Flexible y Proporcional: A diferencia de las certificaciones ex ante europeas, Corea adopta un modelo de cumplimiento basado en principios y autoevaluación. Los proveedores de IA de alto impacto deben registrar sus sistemas y presentar anualmente un “Reporte de Seguridad y Ética”, pero no requieren aprobación previa para operar. Las auditorías gubernamentales son reactivas (tras incidentes o denuncias) o aleatorias (muestreo estadístico), no universales. Cuando se detectan incumplimientos, el enfoque es la “corrección colaborativa”: la autoridad emite primero una guía administrativa detallada sobre cómo subsanar el problema, otorgando un periodo de gracia de hasta 12 meses. Solo tras el incumplimiento reiterado se aplican sanciones, que son proporcionales (multas que no exceden el 1% de ingresos anuales) y están diseñadas para corregir conductas, no para destruir empresas. - Filosofía de Corrección sobre Punición: El régimen sancionatorio establece un periodo de gracia de un año para que las empresas se ajusten a las normas. Las multas son proporcionales y correctivas, priorizando la guía administrativa sobre las multas financieras destructivas. Esta filosofía refleja la tradición jurídica del Este Asiático, donde la armonía social y la rectificación son preferibles al antagonismo legal. En el fondo, la apuesta de

Corea es geopolítica. El gobierno entiende que en un mundo donde Estados Unidos controla los modelos fundacionales (OpenAI, Google) y China desarrolla capacidades propias cerradas (Baidu, Alibaba), depender exclusivamente de IA extranjera es renunciar a la soberanía digital. La Ley busca crear un ecosistema doméstico robusto donde empresas coreanas puedan competir globalmente. Para países como Ecuador, con ecosistemas emergentes, este modelo ofrece lecciones valiosas sobre cómo usar el derecho no solo para proteger, sino para impulsar.

El Efecto Bruselas y el Riesgo para la Innovación en Ecuador

El término Efecto Bruselas, acuñado por la jurista Anu Bradford, describe el fenómeno mediante el cual la Unión Europea externaliza sus leyes de facto a través de los mecanismos del mercado global. Debido al peso económico del mercado único europeo, las corporaciones multinacionales suelen adoptar los estándares de la UE en todas sus operaciones mundiales para evitar los costes de mantener procesos duplicados. Sin embargo, para países en desarrollo como Ecuador, existe un riesgo adicional: el Efecto Bruselas por recepción normativa, donde los legisladores locales copian o trasplantan las normativas europeas sin realizar un análisis de impacto económico y social adecuado a su propia realidad nacional.

La AI Act está calibrada para un mercado de alta sofisticación tecnológica donde existen gigantes que cuentan con departamentos legales capaces de gestionar evaluaciones de conformidad que pueden costar cientos de miles de dólares. En Ecuador, imponer requisitos similares resultaría en la inviabilidad inmediata de las startups locales. El resultado sería la captura del mercado: solo las empresas extranjeras que ya cumplen con Bruselas podrían operar en sectores estratégicos, aniquilando la competencia nacional antes de que esta tenga oportunidad de madurar.

El riesgo de la sobrerregulación prematura es particularmente grave. Europa regula hoy porque tiene un ecosistema consolidado de grandes empresas tecnoló -

gicas y necesita proteger a los ciudadanos de abusos comprobados. Ecuador, en cambio, aún está en la fase de construcción de ese ecosistema. Imponer obligaciones de gobernanza de datos, auditorías externas y sistemas de gestión de calidad cuando apenas existen emprendimientos locales desarrollando IA sería equivalente a exigir los más altos estándares de seguridad a una industria que apenas está ensamblando su primer prototipo.

La EFIA-EC reconoce implícitamente estos riesgos al adoptar un enfoque de soft law y al priorizar la promoción sobre la sanción en sus primeros años de implementación. Para que la Estrategia Nacional sea efectiva, Ecuador debe consolidar esta visión y alejarse definitivamente de la tentación de la adecuación formal con Bruselas. La vía ecuatoriana debe ser una regulación adaptativa que, inspirada en el modelo surcoreano, fomente primero la creación de valor local antes de imponer cargas burocráticas que solo los actores globales pueden soportar. Esto significa adoptar un enfoque de regulación por madurez del ecosistema, donde las exigencias crecen conforme crece el desarrollo local. En las fases iniciales, deben priorizarse mecanismos de soft law, códigos de buenas prácticas sectoriales y autorregulación guiada, reservando la regulación dura —con sanciones y certificaciones obligatorias— solo para sectores donde ya exista desarrollo industrial consolidado o donde los riesgos sean verdaderamente críticos e inminentes.

Vacíos jurídicos y desafíos de implementación

La operatividad de la EFIAEC enfrenta barreras normativas que trascienden el ámbito tecnológico. Si estas “zonas grises” no se resuelven, los incentivos para la inversión y el desarrollo local previstos en los Ejes 2 y 3 de la Estrategia podrían neutralizarse por la inseguridad jurídica.

El Vacío de la Responsabilidad Civil y el Problema de la Agencia

La EFIA-EC no define el régimen de responsabilidad, un obstáculo mayor para la adopción. La opacidad algorítmica hace casi imposible probar la culpa en errores

de machine learning. La doctrina debe evolucionar hacia una responsabilidad objetiva por riesgo creado: quien despliega la IA para obtener un beneficio asume los daños. Una medida pragmática sería implementar seguros obligatorios de responsabilidad civil para sistemas en sectores sensibles (salud, transporte, finanzas).

Propiedad Intelectual: El Reto de la “Obra Asistida” El Código Ingenios protege la creatividad humana. No hay claridad sobre la titularidad de los derechos de autor de un output generado por IA. Se requiere una reforma que reconozca la titularidad de la persona que dirigió el proceso creativo (humanin-the-loop), estableciendo umbrales de aporte creativo humano suficiente. Una solución escalonada podría otorgar protección plena a obras con alta intervención humana y periodos reducidos de exclusividad para aquellas con intervención mínima.

El Acto Administrativo Automatizado y el Debido Proceso

El uso de IA para emitir actos administrativos (asignar bonos, créditos) choca con el requisito constitucional y del COA de que todo acto sea una declaración de voluntad motivada. Un sistema de “caja negra” viola el derecho a la defensa. Para ser constitucional, debe garantizarse la explicabilidad algorítmica: el ciudadano debe recibir una explicación comprensible de la decisión, los datos y criterios usados, y cómo impugnarla. Sin revisión humana previa y motivación accesible, el acto sería nulo por indefensión.

La Tensión del Consentimiento en la LOPDP y la Economía de Datos

La rigidez de la LOPDP al exigir consentimiento para casi todo tratamiento choca con la necesidad de usar Big Data para entrenar modelos de IA nacionales. Una interpretación restrictiva bloquearía el desarrollo de IA local, forzando la importación de modelos extranjeros con sesgos ajenos. La EFIA-EC debe impulsar reformas que habiliten bases alternativas de legitimación como el interés legítimo para investigación y desarrollo, o el uso de datos

seudonimizados/anónimos bajo protocolos seguros, con supervisión estricta para prevenir abusos.

Conclusiones

La Estrategia para el Fomento de la IA en Ecuador (EFIAEC) representa un avance histórico al establecer la primera hoja de ruta nacional, anclada en principios constitucionales y once estándares éticos exigibles. No obstante, su naturaleza sublegal limita su capacidad para resolver vacíos jurídicos críticos, como el régimen de responsabilidad o la titularidad de obras creadas con IA. Su consolidación dependerá de que la Asamblea Nacional la eleve a una Ley Orgánica que otorgue seguridad jurídica jerárquica y aborde estas lagunas con soluciones adaptadas al contexto local.

El análisis comparado advierte sobre el riesgo de copiar acríticamente modelos como el riguroso marco europeo, lo que podría asfixiar el incipiente ecosistema ecuatoriano. La estrategia debe consolidarse como una política de Estado adaptativa, que priorice la promoción industrial y la autorregulación en esta fase inicial, usando herramientas como los sandboxes regulatorios. Solo una regulación que crezca en exigencia al ritmo del desarrollo local evitará la fuga de talento, la dependencia tecnológica y cumplirá con el mandato de soberanía digital.

El éxito final trasciende lo normativo y se define en la articulación institucional y la voluntad política sostenida. Requiere una acción coordinada del Estado para reformar la educación, adaptar la contratación pública, flexibilizar guías para la investigación de datos y, crucialmente, invertir en infraestructura de cómputo y datos abiertos. Este enfoque integral es el único camino para equilibrar la protección de derechos con un fomento pragmático de la innovación nacional, cumpliendo así con el mandato constitucional del Sumak Kawsay.

Autor: Abg. Dario Echeverría Muñoz, Mgs. - LL.M Gerente General de QQrucho Legal&Tech

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REFERENCIAS

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VIERNES 30 DE ENERO DE 2026

VIERNES 30 DE ENERO DE 2026

Siniestro vial deja dos fallecidos

Dos hombres fallecieron tras caer su vehículo desde el puente elevado del sur de Esmeraldas. Bomberos realizaron la extracción de los cuerpos mientras la Policía investiga las causas.

Un siniestro de tránsito con consecuencias fatales se registró la noche del martes 27 de enero en el sector sur de la ciudad de Esmeraldas. Aproximadamente a las 23:00, un vehículo particular de color rojo, en el que se desplazaban dos hombres de 53 y 37 años, perdió la pista mientras circulaba por el puente elevado ubicado frente al Comando de Policía de la Subzona 23. El automotor se precipitó desde la estructura superior, cayendo varios metros hasta impactar contra la calzada de la planta baja.

Tras el impacto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas movilizó una unidad

con ocho efectivos para atender la emergencia. Al llegar al sitio, los equipos de rescate confirmaron que los dos ocupantes del vehículo carecían de signos vitales. Debido a la deformación de la estructura metálica del automóvil por la caída, fue necesario el uso de herramientas hidráulicas y equipo especializado de extricación para liberar los cuerpos que habían quedado atrapados entre los restos del vehículo.

Unidades de emergencia

Mientras el personal bomberil realizaba las tareas de extracción, la Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad para facilitar las labores de los peritos y evitar la manipulación de la escena. Los agentes del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudieron para realizar el levantamiento de los cadáveres y recabar los indicios necesarios que permitan determinar las causas técnicas del volcamiento. Según información preliminar proporcionada por allegados en el sitio, las víctimas se dedicaban a actividades técnicas en el sector de Codesa, donde uno de ellos era propietario de un taller mecánico. Tras finalizar las tareas judiciales, los bomberos

procedieron con el lavado de la calzada para eliminar restos de combustible y escombros, restableciendo la seguridad para la circulación vehicular en la parte baja del puente.

Infraestructura vial

Este incidente ha generado reacciones entre los residentes y transportistas que frecuentan esta arteria vial. Los usuarios de la ruta han señalado la necesidad de una intervención integral en el puente elevado, destacando requerimientos específicos como la reparación de las barandas metálicas de protección, el fortalecimiento del sistema de iluminación pública y la implementación de señalización reflectiva adecuada para la conducción nocturna. Actualmente, la administración municipal mantiene activos trabajos de adecuación en la zona inferior de la estructura. No obstante, la comunidad local insiste en que las mejoras deben extenderse a la parte superior para prevenir incidentes similares. El peritaje final del SIAT determinará si factores como el estado de la vía, la visibilidad o fallas mecánicas influyeron en este evento que ha enlutado a familias del sector de Codesa.(DLH)

La Policía Nacional del Ecuador ha reportado la aprehensión de siete personas como resultado de una serie de intervenciones tácticas ejecutadas en puntos estratégicos de la provincia de Esmeraldas. Esta operación, denominada Apolo, fue diseñada por las unidades de inteligencia con el objetivo de intervenir en sectores identificados por su recurrencia delictiva. El despliegue se concentró principalmente en el cantón Esmeraldas y en la zona de Atacames, respondiendo a los protocolos de seguridad establecidos para mitigar las actividades vinculadas a organizaciones delictivas en el perfil costanero. Durante la incursión en el cantón Esmeraldas, los equipos especializados lograron la captura de seis individuos en distintos procedimientos simultáneos. De acuerdo con el informe oficial, el grupo de detenidos incluye a dos adolescentes, quienes presuntamente mantenían roles dentro de actividades relacionadas con la retención ilegal de personas. La presencia de menores en estos contextos operativos ha activado los protocolos de las entidades encargadas de la protección social y de justicia juvenil. Las detenciones se realizaron sin incidentes mayores, permitiendo el traslado inmediato de los

sospechosos a las unidades de flagrancia para el inicio del proceso correspondiente.

Evidencias recolectadas

El balance de los operativos en el cantón central arrojó el decomiso de una variedad de indicios que han sido integrados a la investigación fiscal. Entre los elementos incautados se encuentran dos armas de fuego y cuatro dispositivos móviles, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos para determinar su uso en hechos punibles anteriores. La logística de movilidad de las presuntas agrupaciones también se vio afectada con la recuperación de dos motocicletas que presentaban reportes de robo y la retención de un automóvil de pasajeros vinculado a investigaciones en curso. Además del armamento y los vehículos, los uniformados neutralizaron a un ciudadano que portaba municiones de alto calibre, lo cual representa una infracción específica dentro del código penal vigente. En el mismo contexto, se decomisaron múltiples dosis de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuya cantidad y distribución sugieren una planificación orientada al mercado de consumo local. Todo el material probatorio fue ingresado bajo estricta cadena de custodia en las bodegas de la Policía Judicial para sustentar los cargos que la Fiscalía General del Estado presentará en las próximas horas.(DLH)