Loja: 11 de febrero, 2026

MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026

Alcalde de Guayaquil detenido por ‘Goleada’

Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, fue capturado al estar vinculado en el caso Goleada, según la Fiscalía. Así también, fueron detenidas otras 10 personas, entre ellos dos familiares de Alvarez. Los supuestos delitos: lavado de activos y defraudación tributaria. Desde el correísmo denuncian persecución. 11

CIUDAD

Noboa entrega apoyo productivo al agro del sur del país 3

CIUDAD

Fallece uno de los mayores referentes culturales de Loja 4

CIUDAD

Trabajo conjunto impulsa a Loja en premio internacional 4

PAÍS

Alcaldes y prefectos en rebeldía ante ley 70/30 9

JOSELO ANDRADE

@JoseloAndrade

¿Por qué no hay inversión extranjera en el Ecuador?

Escomún en los medios de comunicación ecuatorianos señalar que a Ecuador no llega inversión extranjera directa en montos relativamente significativos. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país?

Empecemos por sostener que somos víctimas de nuestras ideas, taras e incluso ideologías: lugar del que deriva la idea de que el Estado tiene que hacer de todo. Pero, ¿de qué manera esto se relaciona con el título de este artículo?

Describamos el escenario: al suponer que el Estado debe resolver todos los problemas humanos, recordemos que en tiempos de Lenín Moreno existía una secretaría llamada ‘Plan Toda una Vida’. Es decir, te atenderemos de la cuna a la tumba. La consecuencia natural de este tipo de conductas son déficits crónicos e insostenibles, que luego deben financiarse con más y mayores impuestos o mediante más endeudamiento en los mercados nacional y extranjero.

Este tipo de comportamientos (estatales), terminan derivando en la imposición de uno de los impuestos que más castigan a la inversión, no solo aquí sino en cualquier lugar de la tierra: el impuesto de salida de divisas.

Este impuesto en particular es el que más castiga al comercio (y con ello a la fuente de la prosperidad) y a las inversiones (es decir, al ahorro, la otra raíz del crecimiento), pues penaliza directamente la inversión en territorio ecuatoriano. En pocas palabras: somos de los pocos países en el mundo que anuncian a los potenciales inversores que serán castigados con un impuesto adicional del 5% al momento de repatriar sus recursos. Y digo adicional porque, de por sí, ya deben pagar impuestos por operar en Ecuador

Un tema no menor: todos los economistas —al menos los que entienden de economía— coinciden con lo que acabo de sostener. Sin embargo, pese a todas las razones expuestas, el impuesto no se elimina. Se puede resumir así: sabemos que es malo, no dejaremos de hacerlo, pues “necesitamos esos recursos”, para mantener la obesidad del Estado a la que estamos acostumbrados. Mencionado esto, seguimos conversando.

JOSÉ ALVEAR

@JoseRAlvearC

La basura sube hasta 300% y el Municipio guarda silencio

En Quito, la basura ya no solo se acumula en las esquinas: se acumula en las planillas. En los últimos meses, miles de quiteños han

EDITORIAL

Transparencia en caso ’Goleada’

Lacaptura del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, es una preocupación nacional. No solo porque la autoridad de la ciudad más grande del país es investigada por lavado de activos y defraudación tributaria, sino porque la Justicia está en entredicho. El partido político del Alcalde, Reto, ha pedido su liberación inmediata. Lo hizo mediante un comunicado en el que se da por sentado que hay una persecución política. El correísmo alega “secuestro”.

La Función Judicial cuidó durante varios años la integridad de los procesos penales en contra de altas autoridades, como en el caso del expresidente Rafael Correa. Y esto ha hecho que sus sentencias y órdenes de captura se hayan mantenido en el tiempo.

Cuando el poder político irrumpe en el Poder Judicial ocurren hechos que debilitan todo el sistema. Ya pasó en Ecuador, con dis-

posiciones directas a jueces para emitir sentencias a la carta, y en otros países de la región, como Venezuela o Nicaragua, los políticos disponen de la libertad de cualquier persona.

La súbita movida que dejó de lado a la suplente del presidente de la Judicatura, en preparación de su posible destitución vía juicio político, siembra dudas sobre la independencia de las decisiones trascendentales y le resta legitimidad a la Justicia. La ‘coincidencia’ con los allanamientos que llevaron a la detención del alcalde Alvarez y 10 personas más es, al menos, inoportuna y sospechosa.

La Justicia debe ofrecer más transparencia, especialmente en casos de alta carga política. Las cifras de aprobación de la Justicia no son alentadoras (80% de rechazo a la Judicatura, según Click), pero aún podrían ser peores.

recibido facturas de recolección de desechos con incrementos que van del 60% hasta el 200% y 300%, sin previo aviso, sin explicación clara y sin mejora visible del servicio.

Hogares que pagaban $6 o $7 mensuales hoy reciben cobros de $15, $18 o incluso más de $25. Pequeños comercios que cancelaban $20 ahora enfrentan planillas de $50 o $60. ¿El servicio mejoró? No. ¿Se duplicó la frecuencia? Tampoco. ¿Hay nuevos camiones, nuevas rutas, tecnología o eficiencia? Nadie lo ha demostrado.

Según cifras oficiales del propio Municipio, Quito recauda decenas de millones de dólares al año por concepto de recolección de basura. Sin embargo, la ciudad sigue generando más de 2.200 toneladas diarias de residuos, con niveles de reciclaje que no superan el 10%, muy por debajo de ciudades comparables en la región. Santiago, Medellín o Bogotá reciclan entre 20% y 30% con tasas más bajas y sistemas más transparentes. Entonces la pregunta es obvia: ¿Por qué el quiteño paga más

Ser latino en tiempos de Bad Bunny

Lalatinidad se puso de moda. Bastó un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl para que Benito nos recordara, o nos vendiera, lo que supuestamente corre por nuestra sangre: conexión con la tierra agrícola, ritmos tropicales, varias generaciones viviendo bajo un mismo techo, fiestas caseras improvisadas, niños que sueñan en grande. Minutos después de que terminó el espectáculo, las redes explotaron. La puesta en escena logró algo curioso: conectó a los emigrantes latinos en Estados Unidos y activó una tendencia que necesitó un solo patriarca, un solo San Benito. No hubo marca, influencer, ni ciudadano de a pie, que no se subiera al tren de la latinidad. Porque, al final, de eso se trata: marketing. ¡Y la rompieron! Hasta las editoriales están aprovechando la racha de empoderamiento latino.

Los conciertos, las entregas de premios o el show de medio tiempo del Super Bowl son vitrinas cuidadosamente diseñadas. Funcionan porque consiguen calar en los espectadores. Y eso está bien porque consiguen su propósito.

Benito conectó con el público a través de las tradiciones y de la fuerza machacante de su música. Luego cerró con un discurso de denuncia social que recuerda algo esencial: América somos todos. Todos los países que la conforman. Y ese mosaico de nacionalidades también tiene representación en Estados Unidos. Deberíamos seguir preguntándonos qué es ser latino. Y empezar por desmontar el estereotipo: ropa ajustada, caderas bamboleantes, campesinos exhaustos bajo el sol. Hay más. Somos más. La latinidad no es un espectáculo. Es una experiencia compleja, incómoda y contradictoria. No hay una sola forma de ser latino. Quizás lo que sí compartimos es una historia de derechos vulnerados, de sumisión frente a los más poderosos y unas ganas persistentes de romper ese yugo. Pero, si celebramos la latinidad únicamente cuando vende, seguiremos reduciéndola y prestándola para el consumo de otros, mientras las desigualdades que la atraviesan permanecen intactas.

por un sistema que sigue siendo ineficiente? Aquí no hubo socialización real. No hubo explicación técnica comprensible. No hubo gradualidad. Lo que hubo fue una decisión administrativa que convirtió la tasa en un impuesto encubierto, regresivo y profundamente injusto, que castiga igual al que más consume y al que apenas sobrevive.

Mientras el salario básico en Ecuador ronda los $460 y la inflación golpea alimentos, arriendos y servicios, el Municipio decidió que la solución a sus pro-

blemas financieros era cargarle la cuenta al ciudadano. Fácil. Rápido. Políticamente cómodo. Quito no necesita tasas sorpresa. Necesita gestión. Necesita eficiencia. Necesita saber en qué se gasta cada dólar que sale del bolsillo del ciudadano. Porque cuando subir impuestos disfrazados se vuelve norma, la basura deja de ser un problema ambiental y se convierte en un problema ético. Hoy es la tasa de basura. Mañana será otra planilla. Y pasado mañana, el silencio será más caro que la factura.

Noboa entrega apoyo al agro y alcaldes expresan inconformidad

Durante su visita a Loja, el presidente Daniel Noboa encabezó la entrega de maquinaria, títulos de propiedad y asistencia técnica al sector rural.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, cumplió una agenda oficial en la ciudad de Loja, donde lideró la entrega de maquinaria agrícola, títulos de propiedad rural y otros beneficios destinados a pequeños y medianos productores de las provincias de Loja, Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe.

Durante el acto, se entregaron 11 tractores como parte del programa de Soluciones de Mecanización Agroproductiva (SOMA), de los cuales seis fueron asignados a organizaciones productivas de Loja, tres a Azuay y dos a Cañar. Según se informó, el objetivo es fortalecer la capacidad productiva del agro mediante la modernización de herramientas, con una cobertura del 100 % del costo por parte del Estado.

Asimismo, se otorgaron 508 títulos de propiedad de predios rurales: 343 en Loja, 100 en Azuay, 50 en Cañar y 15 en Zamora Chinchipe,

con el propósito de brindar seguridad jurídica a los productores y facilitar el acceso a financiamiento e inversión. Durante el evento, el presidente señaló que la legalización de la tierra permite generar estabilidad económica y mejores condiciones para las familias rurales.

La jornada incluyó también la graduación de 103 productores de las Agencias de Extensión Rural (AER) de los cantones Loja, Paltas, Espíndola, Pindal y Macará, quienes culminaron procesos de capacitación técnica orientados a mejorar prácticas agrícolas y fortalecer la producción local. Adicionalmente, se entregaron cuatro sellos de Agricultura Familiar Campesina (AFC), certificación que reconoce el origen directo de productos provenientes de familias agricultoras.

De forma paralela, se desarrolló una feria agroproductiva enfocada en la pro-

Alertan deterioro de vías en el sur del país

Los conductores del transporte interprovincial e intercantonal de Loja advierten que la red vial del sur del país presenta un deterioro crítico, problema que se ha intensificado con las lluvias. De acuerdo con el gremio, los pedidos de atención dirigidos al Ministerio de Infraestructura y Transporte se han reiterado en los últimos meses, sin que hasta ahora exista una solución efectiva. De acuerdo con el gremio, los cuatro principales accesos y salidas de la ciudad de Loja presentan un evidente deterioro, con baches, deslizamientos y falta de mantenimiento. Entre las

vías más afectadas constan Loja–Cuenca, Loja–Zamora, Loja–Vilcabamba, Loja–Chaguarpamba, además de los tramos hacia Alamor, Arenillas, El Oro y Río Pindo. Esta situación, afirman, ha provocado daños mecánicos frecuentes en las unidades de transporte y un incremento de los accidentes de tránsito, atribuibles también a la ausencia de señalética vial. Los transportistas sostienen que el mal estado de la red vial afecta directamente a la seguridad de los usuarios y al normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales de la provincia, por lo que insisten en la ne-

ducción y procesamiento de café de especialidad, con la participación de alrededor de 30 productores, espacio destinado a la promoción de productos locales y generación de vínculos comerciales.

En su intervención, el presidente Noboa hizo referencia a la necesidad de atender las problemáticas estructurales del agro y anunció acciones relacionadas con infraestructura vial y apoyo a sectores productivos del sur del país, incluyendo mecanismos para

cesidad de una intervención inmediata y sostenida.

Por su parte, el Viceministro del Ministerio de Infraestructura y Transporte indicó que se encuentra ejecutando un plan de contingencia para atender los puntos críticos de la red vial. Desde la cartera de Estado se informó que existe una planificación y organización previa, y que algunos proyectos forman parte de procesos financiados por organismos multilaterales, como el Banco Mundial, los cuales requieren tiempos administrativos y técnicos para su ejecución. Pese a estas declaraciones, los transportistas expresaron su preocupación ante la falta de resultados visibles y advirtieron que, de persistir la situación, no descartan

sostener precios de productos agrícolas como el arroz. Por otro lado, horas después del evento presidencial, nueve alcaldes de la provincia de Loja se reunieron en la Prefectura para expresar su inconformidad por no haber sido incluidos en la agenda oficial. Los burgomaestres señalaron que solicitaron, sin respuesta, un espacio para exponer directamente al mandatario las principales necesidades de sus cantones, especialmente en temas de

servicios básicos, vialidad y proyectos estratégicos. El alcalde de Sozoranga, Orli Renán Flores en su calidad de presidente de la Mancomunidad del Bosque Seco, indicó que la intención era presentar peticiones de manera respetuosa y formal, y lamentó no haber podido aprovechar la visita presidencial para ese fin. Los alcaldes señalaron que continuarán buscando canales de diálogo institucional para exponer sus requerimientos.

SITUACIÓN. El mal estado de varias carreteras del sur del país ha generado preocupación entre conductores y usuarios.

realizar plantones y otras medidas de presión para exigir atención por parte de las autoridades competentes. Diario La Hora intentó obtener declaraciones adicionales del Ministerio de Infraestructura y Transporte en los últimos días; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió un pronunciamiento oficial.

Se apaga una voz clave de la cultura lojana

El escritor, periodista y promotor cultural lojano deja un legado literario e intelectual que marcó profundamente la historia cultural del país.

La cultura lojana y ecuatoriana está de luto tras el fallecimiento de Stalin Alvear (Loja, 1942), destacado escritor, periodista, abogado, catedrático universitario y promotor cultural, considerado uno de los mayores referentes del pensamiento crítico y la creación literaria del sur del país.

A lo largo de su vida, Alvear desarrolló una amplia y reconocida trayectoria intelectual. Fue presidente del Núcleo de Loja y presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), desde donde impulsó el fortalecimiento institucional y promovió diversas manifestaciones culturales, en coherencia con la misión fundacional de la entidad creada por Benjamín Carrión. Su producción literaria incluye más de una decena de obras entre cuentos, novelas y memorias. Entre sus libros más destacados constan El menos pequeño de los burgueses, El viaje de Simón Bolívar a Loja, El reino de los vencidos, Antes que me olvide y Tu casa, nuestra casa. Uno de sus cuentos, Otro idilio bobo, fue adaptado al

formato audiovisual dentro del proyecto cinematográfico lojano Cuentos de mi tierra. Su obra se caracteriza por un lenguaje fluido y una mirada crítica sobre la sociedad, los desposeídos y las crisis humanas.

Además de su faceta como escritor, Stalin Alvear fue un periodista comprometido con las causas sociales y un apreciado docente universitario, formador de generaciones de jóvenes que hoy aportan al desarrollo del país desde distintos espacios profesionales.

Tras su fallecimiento, Pablo Vivanco, director subrogante del Núcleo Provincial de Loja de la Casa de la Cultura, destacó que la partida física de Alvear “enciende con mayor vigor su legado como intelectual comprometido, como hombre público y como ser humano cercano a la gente”. Señaló a La Hora que su ejemplo radica en la entrega a las convicciones personales, al arte, a la cultura y a la literatura, alejadas de una visión elitista del pensamiento.

El escritor Efraín Borrero expresó su pesar por el falle-

Sistema Verde Urbano de Loja, entre los cinco mejores del mundo

El proyecto Sistema Verde Urbano de Loja (SVU) fue seleccionado como uno de los cinco finalistas a nivel mundial del WRI Ross Center Prize for Cities 2025–2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en innovación urbana sostenible. La iniciativa fue elegida entre 334 postulaciones de 230 ciudades en 77 países.

Este reconocimiento destaca el trabajo articulado entre el Municipio de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el proyecto MoVer Ciudades de la Cooperación Alemana GIZ y otros aliados estratégicos que impulsaron una propuesta integral de planificación urbana basada en la naturaleza.

nas como Loja, demostrando que la innovación urbana también puede surgir desde contextos latinoamericanos. Para la catedrática explica que uno de los principales elementos diferenciadores del proyecto fue su enfoque sistémico y multiescalar. “El Sistema Verde Urbano no se planteó como una intervención aislada, sino como un sistema territorial que integra lo rural, lo periurbano y lo urbano, articulando ecosistemas naturales, infraestructura verde y azul, biodiversidad, gestión del riesgo y espacio público, e incorporándose directamente en instrumentos oficiales de planificación (PDOT y PUGS)”, explica.

cimiento de Stalin Alvear a través de una dedicatoria en la que resaltó la dimensión humana e intelectual del autor lojano, subrayando su compromiso con los valores éticos y culturales. “La muerte de Stalin Alvear nos ha consternado hondamente por lo que representó su vida: una trayectoria colmada de acciones fecundas para el logro de grandes objetivos; un pensamiento luminoso que enalteció la intelectualidad lojana y su hombría de bien que hacía gala de valores y virtudes”, señaló Borrero.

Desde la Casa de la Cultura se hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a leer y conocer las obras de Stalin Alvear, destacando que sus memorias, novelas y cuentos constituyen un legado atemporal que seguirá interpelando a las nuevas generaciones. Finalmente, la institución expresó su solidaridad con la familia del intelectual lojano, asegurando que su palabra, pensamiento y legado cultural permanecerán vivos tanto en Loja como en el ámbito nacional.

De manera especial, se resalta la contribución académica y técnica de la UTPL, a través del Departamento de Arquitectura y Urbanidad de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, cuyo equipo docente e investigadores multidisciplinarios desarrollaron de forma decisiva al desarrollo conceptual y metodológico del proyecto, integrando infraestructura verde, movilidad sostenible y planificación urbana.

Para Mercedes Torres Gutiérrez, coordinadora del estudio SVU-UTPL y directora de la maestría en Planificación del Territorio de la UTPL, este reconocimiento valida una nueva forma de concebir la ciudad. Señala que haber sido seleccionados como finalistas de este premio internacional confirma que la naturaleza puede convertirse en la base estructural del desarrollo urbano y territorial, incluso desde ciudades intermedias andi-

A ello se suma el trabajo colaborativo entre academia, gobierno local, cooperación internacional y comunidad, lo que permitió construir una propuesta técnicamente sólida y con viabilidad de implementación.

El Sistema Verde Urbano de Loja genera beneficios concretos para la ciudadanía, al mejorar el acceso equitativo a espacios públicos verdes, fortalecer servicios ecosistémicos clave y contribuir a una ciudad más saludable y resiliente. La iniciativa conecta ríos, quebradas, parques y senderos como una red viva que refuerza la identidad local y la apropiación ciudadana del territorio.

Tras este reconocimiento internacional, el principal desafío es avanzar hacia la implementación progresiva del sistema. A futuro, el proyecto se consolida como un modelo replicable para ciudades intermedias, especialmente en contextos andinos y latinoamericanos, aportando a la construcción de territorios más sostenibles y justos.

RECONOCIMIENTO. El proyecto se consolida como modelo replicable para ciudades intermedias andinas y latinoamericanas sostenibles.

Estado refuerza control y suspende operaciones mineras

El Gobierno Nacional suspendió actividades en concesiones y plantas de Napo, Loja y El Oro para proteger fuentes hídricas y conservar ambiente.

Luego de la emisión de la Resolución Nro. MAE-MAE2026-0005-RM, dispuesta por el Presidente de la República, Daniel Noboa, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y Energía, con el apoyo técnico de la Agencia de Regulación y ControlMinero (AR-

COM) y el respaldo de las Fuerzas Armadas, realizó la suspensión de actividades en 89 concesiones mineras y 54 plantas de beneficio pertenecientes a las provincias de Napo, Loja y El Oro, como parte de una acción contundente que busca la protección de las fuentes hídricas

Autoridades aprehenden material explosivo en Macará durante operativo policial

La Policía Nacional, a través del Distrito Macará informa que, este 10 de febrero, en horas de la mañana, mediante un operativo coordinado con Fuerzas Armadas, se aprehendió material explosivo no autorizado, presumiendo que estaba destinado a la minería ilegal de este sector fronterizo de la provincia de Loja.

Quienes integran el bloque de seguridad enfocados en reducir la impunidad de la ocurrencia de los delitos de acción pública y privada,

se mantienen alertas ante estos hechos propiciados por desaprensivos ciudadanos que pretenden burlar la operatividad de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Indicios:

1570 unidades de carga explosiva Emulnor 3000. 4900 metros de mecha lenta.

Esta evidencia fue trasladada hasta un lugar seguro, bajo custodia de los uniformados y a órdenes de la autoridad judicial.

y la conservación ambiental. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, enfatizó el compromiso que mantiene el gobierno frente a esta problemática de Estado. “Nuestro trabajo es velar por una administración responsable de los recursos. Los operativos han arroja-

do resultados positivos, en esta primera semana se han decomisado 409 toneladas de material mineralizado, lo cual golpea directamente a los grupos delincuenciales. Nuestro objetivo es la protección de las fuentes de agua, la conservación ambiental y el cuidado de la vida en las

comunidades”, destacó la autoridad.

Los resultados de los operativos, tras una semana de vigencia de la resolución, presentan las siguientes cifras:

° Loja (46% de avance): 46 concesiones mineras fueron suspendidas, de un total de 100.

° Napo (84% de avance): De un universo de 51 concesiones, se ha suspendido la actividad en 43 de ellas.

° El Oro (51% de avance): 54 plantas de beneficio se suspendieron, de un total de 105.

La ARCOM en conjunto con las Fuerzas Armadas, continuarán con el desarrollo de operativos, de manera paulatina y progresiva hasta completar el 100% en cada provincia. Además, los titulares de concesiones y plantas de beneficio deben presentar de manera obligatoria los planes de acción y manejo ambiental, que serán validados por el Viceministerio de Ambiente y Marino Costero, previo a reanudar su operatividad.

El Gobierno Nacional establece una política firme que involucra un accionar interinstitucional, con el objetivo de frenar las actividades mineras ilícitas, proteger la integridad de los habitantes de las comunidades amazónicas y del sur del país; y priorizar las acciones para el cuidado de los ríos y el ambiente.

“ROMEO Y JULIETA o algo así…” reinterpreta el amor desde la comedia

Cumbre Escénica presentará en Loja el microteatro “ROMEO Y JULIETA o algo así…”, una puesta en escena que revisita el clásico de Shakespeare desde una perspectiva actual, apostando por el humor y la cercanía con el espectador. La obra está dirigida por Paty Ocampo Ruiz y forma parte del inicio de la programación 2026 de la agrupación.

Según explicó Grace Galarza, productora de Cumbre Escénica, la propuesta nace de la intención de mostrar el

Cumbre Escénica estrenará en Loja una propuesta de microteatro que revisita el clásico romance desde una mirada actual, cercana y reflexiva, bajo la dirección de Paty Ocampo Ruiz.

amor desde un enfoque más cotidiano y reconocible para el público actual. “La idea nace de darle otro punto de vista a este romance clásico, llevándolo por un lado más cercano a las relaciones actuales”, señaló.

El montaje se desarrolla en

formato de microteatro, una alternativa que busca acercar las artes escénicas a espacios no convencionales y generar una experiencia más íntima.

La obra se apoya principalmente en la comedia, sin dejar de lado el romance, y está dirigida a mayores de 15

años, tanto a parejas como a personas solteras que se identifiquen con las vivencias del enamoramiento.

Más allá del humor, la propuesta invita a reflexionar sobre el lado menos idealizado de las relaciones y los límites emocionales dentro de la di-

námica de pareja. “Queremos que también se vea este lado crudo de la relación y hasta dónde una persona puede decir ya basta”, indicó Galarza. El estreno se realizará el 19 de febrero, a las 20:00, en Casa Vieja, mientras que las funciones continuarán el 20 y 21 de febrero en el espacio cultural Aluna. Para la productora, este montaje representa un momento clave para la agrupación, ya que “con este iniciamos nuestra programación del 2026”.

¿Cómo se beneficia la Revolución Ciudadana de la actuación de ADN?

La Revolución Ciudadana intenta sacar provecho de los errores del partido de Gobierno, observan analistas que han revisado los hechos ocurridos en las últimas semanas.

¿Quién gana y quién pierde con las coyunturas políticas? Depende de los factores y los objetivos, señalan expertos consultados. Pero dos son los oponentes: la Revolución Ciudadana (RC) y el Gobierno de Daniel Noboa , cuya organización política es Acción Democrática Nacional (ADN).

El juicio político a Mario Godoy , presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), es la coyuntura de mayor peso que puede generar ciertos efectos, según sea el resultado de ese proceso en la Asamblea Nacional.

¿RC con nuevos liderazgos?

Para Jorge Peñafiel, constitucionalista y exasambleísta, la RC está viviendo una fase diferente porque hay un cambio.

“Ahora la RC ya no es solo Rafael Correa y su círculo cercano, sino otros actores dentro del escenario. Uno fundamental, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Viviana Veloz como cabeza de la oposición en el Legislativo (una de las proponentes del juicio a Godoy). También tiene presencia territorial Paola Pabón (prefecta de Pichincha)”,

¿Qué busca la Revolución Ciudadana?

° Juan Manuel Fuertes, exsubsecretario de Gobernabilidad y analista político, observa que “todo aquello que implique algún problema, ataque, retaliación en contra de la RC, tiende a fortalecerla internamente”.

Recuerda que el objetivo inicial del correísmo “era la permanencia en el poder durante generaciones, por eso dijeron que la Constitución del 2008 iba a durar años”. Pero no contaban con algunos hechos. “No estaba previsto en su plan el descabezamiento, a través de sentencias judiciales, de su principal líder (Correa) y de varios de sus protagonistas esenciales. Eso les obligó a cambiar de objetivo. Ahora están permanentemente tras la búsqueda de una revisión de los casos judiciales”, subraya.

responde Peñafiel.

“Son liderazgos individuales, correístas con luz propia que empiezan a tener una imagen e importancia mayor en el escenario”, señala. Y ante esa debilidad de la figura de Correa, “el Gobierno nacional empieza a atacar a sus alfiles, incluido Pabel Muñoz (alcalde de Quito)”.

TOME NOTA

Pérdida de respaldo: “ El Gobierno ha perdido adeptos en los últimos meses, después de la consulta popular, por lo que posiblemente no consiga ganar las alcaldías ni en las ciudades más importantes”.

La Comisión de Fiscalización tiene hasta el 15 de febrero de 2026 para presentar el informe final sobre el juicio contra Godoy.

Eso da cabida al argumento de la “persecución”. Ejemplifica el caso de Alvarez: “Él es un actor político importante, tiene una buena aceptación en Guayaquil . El Gobierno de Noboa comete errores políticos al atacar directamente a sus propios contrincantes electorales”.

Errores de los que RC saca ventaja

Otros errores que comete el Gobierno, según Peñafiel, son: Abandonar el espacio de la ciudadanía activa, democrática: “Ha profundizado en una agenda autoritaria, buscando polarizar o ultrapolarizar el escenario, aun cuando este ya estaba agotado”.

El alcalde de Guayaquil fue detenido la madrugada del 10 de febrero por una investigación del caso Goleada.

sitan y por eso se alimentan mutuamente.

En medio de las coyunturas, la RC se está beneficiando, apunta. “Cuando es atacada por el Gobierno se fortalece y la posiciona como oposición. La polariza ción es necesaria para el Gobierno para designar al enemigo. Y de parte de la oposición, para posicionarse como el contradictor del Gobierno, para beneficiarse de los errores del Gobierno”.

Pero precisa que ese rol de las dos partes es permanente, no solo durante las coyunturas electorales, que también influyen. El analista apunta más factores que fortalecen a la RC:

Lucha preelectoral: “Se acercan las elecciones seccionales, empiezan a aparecer candidatos. Algunas de las acciones son para eliminar o desacreditar posibles candidatos”.

Lucha personal entre liderazgos: “Los líderes (de ADN y RC) quieren ser dominantes, uno ataca al otro y viceversa”.

Una organización política sin estructura territorial: “ADN no existe como partido, lo que hay es un membrete con personas vinculadas al círculo cercano e íntimo de Daniel Noboa. Y lo que es peor, no tienen lógicas políticas para llegar con su mensaje y lograr crecimiento estructural”.

Peñafiel sospecha que si Noboa no construye una fuerza política verdadera en el poder quedará “extremadamente debilitado a finales de su mandato y simplemente saldrá por la puerta chica”.

Ataque político que fortalece Lolo Echeverría , analista político, evalúa que el Gobierno y la oposición se nece-

Lucha por controlar el poder: “Por un lado, el Gobierno tiene las instituciones de control en sus manos. Por otro lado, la oposición trata de cambiar la composición de estos órganos de control cuando son colectivos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o el CJ. Hay una lucha por controlar los organismos de control”. Por eso el analista considera que el juicio a Godoy es un asunto clave que ya fortalece a la RC, pues el solo proceso incomoda al Gobierno. El informe de Fiscalización puede recomendar la censura y destitución de Godoy o el archivo del juicio político. “Cualquiera de las opciones tiene un alto precio para el Gobierno y por eso dilatan buscando algún mecanismo para reducir los costos. Eso es lo que está manejando la RC”, sospecha el analista. (KSQ)

Decisiones de la Judicatura y del Cpccs  generan sospechas

Abogados dicen que el Cpccs debió esperar a activar el mecanismo de designación del vocal suplente de Alexandra Villacís.

El cambio temporal en la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) y la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que el 10 de febrero de 2026 activó el mecanismo para designar al reemplazo de Alexandra Villacís, que se desempeñó como vocal suplente

de Mario Godoy, presidente del CJ, generan dudas y sospechas en la comunidad jurídica. Damián Larco, quien formó parte de una terna del Ejecutivo, reemplaza desde el 10 de febrero a Mario Godoy mientras este hace uso de licencia y vacaciones hasta el 15 de febrero. Alexandra Villacís debía asumir la presidencia del CJ de manera temporal, pero fue impedida de ejercer cargos en el sector público por una deuda que, según el Ministerio

de Trabajo, mantiene con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

“La actuación de la Judicatura se presta para una serie de dudas”, afirma Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, quien subraya que los tiempos han coincidido de manera “muy sospechosa”.

Cree que Godoy pidió licencia y vacaciones a sabiendas que Villacís no lo podía reemplazar (por impedimento del Ministerio de Trabajo), y el Pleno del CJ nombra un alterno y luego, “rápidamente”, envía el oficio al Cpccs para que se designe al reemplazo de Villacís, descalificándola de noche a la mañana.

“Todo lo que está ocurriendo es solo el complemento y una campaña que iniciaron en contra de Villacís tan pronto como Godoy se encontraba en problemas (a raíz de la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano), Villacís les resultó incómoda”, dice Guzmán.

¿Conspiración en contra de Villacís?

Las intenciones son claras, añadió Guzmán. Sostiene que hay conspiración en contra de Villacís para que no pueda posesionarse y ejercer la presidencia del CJ.

Guzmán y el constitucionalista Hermes Sarango opinaron

que el Cpccs debió esperar a activar el mecanismo de selección del vocal suplente hasta que se dilucide el problema y se abra una investigación para conocer si en realidad Villacís tiene o no una prohibición de ejercer cargo público.

“Si no es así, se trataría de una cuestión política”, también sugiere Hermes Sarango, pero Ciro Guzmán fue más allá y dijo: “se nota la desesperación de la Judicatura para quitar del medio a Alexandra Villacís”.

Actualizar información tarda hasta 48 horas

El abogado Paúl Córdova subraya que no se conocen las verdaderas intenciones de este tipo de cambios. Sin embargo, dijo que es de conocimiento público que cuando aparece algún tipo de impedimento en el SRI o en el IESS, la actualización de la información en el Ministerio de Trabajo demora entre 24 y 48 horas.

Se declaró sorprendido de que Villacís cumplió con el proceso para sustentar su postulación como vocal del CJ y no registró ningún tipo de impedimento.

“Pero, justo cuando la Comisión de Fiscalización está por tomar una decisión en torno al juicio del presidente de la Judicatura y este, a su vez, toma vacaciones, a última hora aparece el supuesto problema de Villacís, y el Cpccs rápidamente se activa para designar al suplente de Godoy”, cuestiona Córdova.

También critica la falta de agilidad del Cpccs para avanzar en el proceso de designación de autoridades. “Para eso sí es muy lento, muy contradictorio, muy sinuoso, pero cuando se trata de hacer las tareas de los conectores de Carondelet, allí sí es muy diligente y muy breve”.

Insistió en que las direcciones de talento humano de las instituciones públicas siempre dan 48 horas para aclarar cualquier tipo de impedimento. “Ese tipo de manejos muy sospechosos son los que siguen incrementando la desconfianza ciudadana en las instituciones”, sostiene Córdova. (SC)

PAÍS Comando Conjunto dispuso procedimiento para seleccionar medios que no afecten a su imagen

GOBIERNO Vicepresidenta dispuso desvinculación del director de instalación de salud al que acudía Santiago Díaz

JUSTICIA

Fiscalía vinculó a alias Pipo, Lobo menor y gordo Luis en el Magnicidio FV

COMERCIO Hoy exportamos más camarón que petróleo

VOCAL. Alexandra Villacís, suplente de Mario Godoy. (Foto: archivo)

ESMERALDAS Cantón Esmeraldas presenta agenda para el Feriado de Carnaval

GAD alertan impacto económico y social por proyecto de ley 70/30

Autoridades municipales, provinciales y parroquiales cuestionan la reforma planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para los GAD.

Alcaldes, prefectos y representantes de gobiernos parroquiales levantaron una alerta pública frente a la propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, y actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, que busca modificar la clasificación del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El eje central del proyecto es redefinir qué se considera “gasto de inversión” y qué se clasifica como “gasto corriente”, esta-

bleciendo reglas más estrictas para que al menos el 70% de los recursos se destinen a obras. Sin embargo, la propuesta excluye de la categoría de inversión rubros como programas sociales, culturales, educativos, deportivos, estudios técnicos y contratación de personal especializado para la ejecución de proyectos, que hoy son contabilizados como gasto de inversión por los GAD. Las autoridades aseguran que, de aprobarse como está planteada, la norma no solo afectaría a programas antes mencionados, sino que redu-

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL CONVOCATORIA AL CONGRESO DE ELECCIÓN 2026

El Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en sesión celebrada el día martes 10 de febrero del 2026, al amparo de lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto de la FEF, y conforme las disposiciones estatutarias, legales y reglamentarias correspondientes, RESOLVIÓ convocar, como en efecto se convoca, a los Miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al CONGRESO DE ELECCIÓN DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL, a realizarse el día martes 17 de marzo del 2026, a las 11h00, en la sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ubicada en la Av. Las Aguas y Calle Alianza, en la ciudad de Guayaquil, en el que se tratará el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO:

- Elección de los Integrantes del Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el periodo de gestión 2027-2031.

De conformidad con las disposiciones estatutarias y reglamentarias vigentes, la Comisión Electoral de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en funciones, estará a cargo de la organización y supervisión del proceso electoral

Se informa que el Periodo Electoral comienza el 10 de febrero de 2026 (con la presente convocatoria) y finalizará el 17 de marzo de 2026, con la Elección de los Integrantes del Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el periodo de gestión 2027-2031. Adicionalmente, se comunica que se encuentran publicados en la página web oficial de la FEF (https://www.fef.ec), el Código Electoral de la FEF, el calendario electoral, y demás documentos relacionados con el presente proceso de elección, el cual se regirá por la normativa vigente a la fecha de la resolución del inicio del periodo electoral (10 de febrero de 2026).

Conforme lo determinado en el párrafo 1 del artículo 28 del Estatuto de la FEF, el número de delegados que podrán participar en el Congreso de Elección, en representación de cada uno de los miembros, es de dos (2); debiendo acreditar la participación de cada uno de los delegados de los miembros de la FEF hasta el día lunes 9 de marzo de 2026, mediante el respectivo formulario de acreditación. Se debe considerar que quien podrá ejercer el derecho a voto es el representante legal debidamente registrado de cada uno de los miembros, o quien estatutariamente lo suceda, para lo cual deberá presentar los documentos que avalen su representación legal, conforme a la normativa vigente.

Particular que se comunica para los fines pertinentes. Atentamente, DEPORTE Y DISCIPLINA

Econ. Francisco Egas Larreategui Abg. Nicolás Solines Moreno Presidente Secretario General Federación Ecuatoriana de Fútbol Federación Ecuatoriana de Fútbol

ciría de manera estructural los recursos que reciben los GAD. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, recordó que en Cuenca se ha disminuido el gasto corriente en los últimos años y, al mismo tiempo, se ha incrementado la obra pública.

Sin embargo, advirtió que la reforma obligaría a clasificar como gasto corriente programas que hoy son considerados inversión, lo que impediría cumplir con la regla fiscal del 70% destinado a obra pública. Como consecuencia, podrían disminuir las transferencias del Gobierno central.

Lo social en riesgo

Las autoridades coincidieron en que el mayor impacto recaería en los sectores vulnerables. Comedores municipales, centros infantiles para hijos de madres trabajadoras, atención psicológica y jurídica para mujeres víctimas de violencia, escuelas deportivas y centros culturales dejarían de ser considerados inversión.

Zamora explicó que los sueldos de abogados, psicólogos, docentes y promotores sociales pasarían a contabilizarse como gasto corriente. Lo mismo ocurriría con los estudios técnicos necesarios para ejecu-

tar obras, como los proyectos arquitectónicos, geológicos o eléctricos.

Deuda del Gobierno

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, alertó que la reforma también tendría un impacto financiero sobre los gobiernos subnacionales.

“Hoy la deuda (del Gobierno con los GAD) bordea los $1.000 millones. Si la reforma pasa, van a licuar esos 1.000 millones”, afirmó.

Explicó que,tras el pago reciente del modelo de equidad territorial correspondiente a noviembre, la deuda disminuyó de $1.500 millones a $1.000 millones. Sin embargo, sostuvo que con la reforma esa deuda desaparecería contablemente.

“Lo más grave es que esta disminución de $1.000 millones se haría de forma anual. Es decir, cada año recibiríamos $1.000 millones menos. Eso significa menos obra y menos presencia en territorio”, señaló.

Pabón advirtió que, en un contexto donde el sistema de salud y la infraestructura educativa del Gobierno central presentan graves falencias, son los gobiernos locales los que sostienen la atención .

En el caso de Pichincha, el sistema de salud provincial realizó 300.000 atenciones en 2025. También alertó que 174 maestros de escuelas deportivas podrían quedar sin empleo y que 11.000 niños perderían espacios de formación.

Posible paralización de obras Otro de los puntos expuestos fue la falta de flexibilidad financiera que generaría la reforma.

Según Zamora, si las transferencias destinadas por parte del Gobierno exclusivamente a obra pública se retrasan, como ha ocurrido en meses anterio-

res, los municipios no podrían utilizar recursos propios para cubrir esos pagos. Esto provocaría la paralización de proyectos en ejecución en todo el país. Pabón recordó que en 2024, por cada dólar invertido por el Gobierno central, los GAD invirtieron $3 en obra pública, convirtiéndose en un motor de dinamización económica.

Cuestionamientos

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, planteó el archivo del proyecto de ley, señalando posibles vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.

Según el Alcalde, en el Cootad ya existe una regla fiscal del 70/30, que es destinada al valor que reciben por parte del Gobierno y que el problema no es la disciplina fiscal, sino la redefinición del concepto de inversión. También cuestionó que se establezcan criterios distintos para el Gobierno Central y para los GAD.

Las autoridades aclararon que no se oponen a mejorar la eficiencia ni a limitar excesos en ciertos rubros, como eventos festivos, pero insistieron en que la reforma debe discutirse con los gobiernos locales.

“Esta ley no va en contra de las autoridades, va en contra de la gente más humilde”, afirmó Pabón, quien advirtió que la medida significaría un retroceso hacia un modelo de centralismo que el país ya superó con el proceso de descentralización. Finalmente, alcaldes, prefectos y representantes parroquiales solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, abrir un espacio de diálogo técnico para revisar la propuesta.

“Queremos más eficiencia y más obra pública, pero no a costa del corazón social del país”, concluyeron. (EC)

Autoridades locales aseguran que la reforma sobre el gasto

Minería ilegal, una economía muy atractiva para los criminales

La minería ilegal opera como una economía global altamente rentable, conectada al crimen organizado, la política y la exclusión social. Entender cómo funciona su negocio es clave para enfrentarla en Ecuador.

La minería ilegal suele presentarse como un problema ambiental o de orden público. Sin embargo, detrás de las retroexcavadoras, los campamentos improvisados y los ríos contaminados , opera una economía criminal compleja, con reglas de mercado, cadenas de valor, mano de obra, logística y flujos financieros transnacionales

Nicolás Zeballos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia del Perú, lo plantea con claridad: en América Latina, el crimen organizado encuentra su mayor rentabilidad en las economías ilegales , y la minería ilegal se ha convertido en una de las más atractivas.

Solo en Perú, la venta de oro mueve alrededor de $4.500 millones al año, y más de la mitad de ese volumen no tiene origen formal verificable. La evidencia indica que proviene, al menos, de circuitos irregulares e ilegales.

Ecuador no es ajeno a esta lógica. Aunque su escala es menor, comparte las mismas rutas, los mismos actores y las mismas debilidades estructurales. Más de $1.000 millones mueve la minería ilegal en Ecuador, sobre todo impulsado por un precio del oro cada vez más alto.

El oro y la coca comparten rutas Uno de los puntos centrales del conversatorio ‘Minería Ilegal y crimen organizado: transnacional en la región Andino-Amazónica’ es que la minería ilegal no crea nuevas rutas: aprovecha las que ya existen. Por donde circula la cocaína, también se mueve el oro, la madera, el contrabando y el dinero ilegal. Los corredores logísticos son prácticamente los

mismos y los operadores, muchas veces, también.

Esto explica por qué la minería ilegal crece con rapidez en territorios donde el narcotráfico ya había consolidado infraestructura, protección armada y redes de corrupción. El oro tiene, además, una ventaja estratégica: es fácil de ocultar, fácil de transportar y, una vez fundido, prácticamente imposible de rastrear. Una barra de oro ilegal puede convertirse en un activo “legal” en cuestión de horas. Uno de los errores más comunes es reducir el fenómeno a los grupos delictivos visibles. Las bandas armadas pueden cobrar extorsiones o controlar territorios específicos, pero no son quienes dirigen el negocio

La minería ilegal funciona a través de sistemas criminales segmentados , con actores formales e informales, legales e ilegales, que cumplen roles distintos: financistas, operadores logísticos, titulares de concesiones, intermediarios

comerciales, funcionarios corruptos y redes políticas locales.

Esta estructura la hace más adaptable, más evasiva y, paradójicamente, más violenta.

“Quien llega primero se lleva el oro”, resume Zeballos. A diferencia de la coca, el recurso se agota rápidamente. Eso genera competencia feroz, disputas armadas y control violento del territorio.

Empleo, ingresos y silencio La minería ilegal no se sostiene solo con armas, sino con mano de obra. En Perú, se estima que 1,4 millones de personas dependen directa o indirectamente de esta actividad, lo que representa casi el 10% de la Población Económicamente Activa (PEA)

En Ecuador, aunque no existen cifras consolidadas, la proporción en zonas mineras y fronterizas es significativa. Si solo el 1% del PEA estuviera vinculado, directa o indirectamente a la

sanitaria, las organizaciones criminales entendieron que era el momento ideal para expandirse.

En Ecuador, ese período coincidió con crisis políticas, debilitamiento institucional y el desmantelamiento de capacidades de control, incluida la regulación minera. Al mismo tiempo, el narcotráfico reconfiguró sus rutas hacia Europa y diversificó su portafolio. El oro se volvió el nuevo activo estratégico. Torres es enfático: los grupos delictivos organizados son solo una pieza del engranaje. La coartada de responsabilizarlos exclusivamente ha servido para desviar la atención de las estructuras invisibles , muchas de ellas dentro del propio Estado, donde se toman las decisiones clave y se facilita el negocio.

¿Cómo enfrentar la minería ilegal? No hay soluciones simples ni exclusivamente represivas. Perseguir retroexcavadoras o militarizar territorios puede ser necesario, pero es insuficiente si no se ataca la economía que sostiene el negocio.

minería ilegal, se podría hablar de más de 80.000 personas en todo Ecuador, desde Napo hasta Loja. En territorios donde el Estado no garantiza empleo, servicios ni seguridad, la minería ilegal ofrece ingresos inmediatos , por precarios que sean. Así se construye una base social que no solo trabaja para el sistema, sino que lo defiende, lo legitima y, en algunos casos, lo representa políticamente.

Zeballos introduce aquí una idea clave: más que “captura del Estado”, lo que ocurre es una participación política desde abajo , donde estas economías ilegales construyen legitimidad local y presionan por desregulación y tolerancia institucional.

Pandemia, una oportunidad criminal Arturo Torres, periodista e investigador ecuatoriano, sitúa un punto de quiebre claro: la pandemia . Mientras los Estados estaban concentrados en la emergencia

Entre las claves para enfrentar la minería ilegal están: Entender la minería ilegal como un mercado, no solo como un delito.

Atacar los flujos financieros y comerciales, especialmente la comercialización del oro. La suspensión de actividades de plantas de beneficio en Napo y Loja van en esa línea.

Reconstruir la presencia del Estado en territorios abandonados, con servicios, empleo y alternativas productivas.

Transparentar las estructuras invisibles , mediante investigación académica y periodismo de profundidad. Asumir la corresponsabilidad internacional, ya que la demanda de oro proviene principalmente de mercados externos. Se necesita la cooperación de varios países Mientras la minería ilegal siga siendo más rentable que la legal, más rápida que la formalización y más presente que el Estado, seguirá expandiéndose. (JS)

Alcalde de Guayaquil fue detenido por caso de lavado de activos

El Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y otras 10 personas fueron aprehendidas, incluidos sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez.La Fiscalía lidera la investigación por los presuntos delitos.

La madrugada de este 10 de febrero de 2026, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue detenido en el marco del caso Goleada .Otras 10 personas más están retenidas, entre ellas sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez. De acuerdo con el parte policial al que accedió LA HORA , alrededor de las

04:30 del 10 de febrero en Samborondón , en la isla Mocolí, se dio cumplimiento a la orden de detención dentro de una investigación previa, por lo que se detuvo a Aquiles Alvarez. En el documento se indica que hasta ese momento Alvarez no portaba el grillete electrónico

Las penas por los delitos que investiga la Fiscalía

° La Fiscalía informó que las personas que fueron detenidas son investigadas por lavado de activos y defraudación tributaria.De acuerdo con el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre el lavado de activos se sanciona con las siguientes penas:

Con pena privativa de libertad de uno a tres años: cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general. Con pena privativa de libertad de cinco a siete años: cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de siete a diez años: cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general; si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir.

Con pena privativa de libertad de diez a trece años: cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general; cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. Según el artículo 298 del COIP, hay una pena privativa entre uno a siete años por el delito de defraudación tributaria.

Los detenidos fueron trasladados a Quito.El bus con los detenidos del caso Goleada llegó a las 10:00 hasta el Complejo Judicial, en el norte de la capital.De acuerdo con la Fiscalía, el caso Goleada investiga presuntos delitos por lavado de activos y defraudación tributaria Entre los indicios que se levantaron en los allanamientos están celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentos que tendrían relación con la investigación.

El abogado del Alcalde de Guayaquil, Ramiro García , indicó que este nuevo proceso se refiere exacta-

mente a los mismos hechos del caso Triple A, es decir a la comercialización de combustibles desde hace más de cinco años.Sobre el uso del grillete electrónico, argumentó que el dispositivo se carga por las noches. Sin embargo, el SNAI aclaró que los dispositivos de vigilancia electrónica , una vez que son instalados por la autoridad competente no pueden ser manipulados, retirados ni desinstalados por el usuario.

García destacó que Alvarez se mantiene con el porte de su grillete electrónico y, sobre el dinero en efectivo encontrado en los allana-

Reemplazo en la Alcaldía

°Tras la detención de Aquiles Alvarez, la vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, dijo que Alvarez es una de las voces más fuertes de la oposición y que se ha atrevido a defender su ciudad. También se refirió a lo ocurrido como persecución política y señaló que desde el Concejo Municipal no se lo acepta.

La abogada Jéssica Jaramillo indicó que el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) dice que el vicealcalde o la vicealcaldesa subrogarán al Alcalde o actuarán en ausencia del Alcalde.Destacó que el artículo 62 de la normativa establece que puede ser en ausencia temporal o en vacaciones, por un tiempo máximo de 90 días.

El exalcalde de Quito, Roque Sevilla, indicó que, en el caso de una ausencia temporal de un alcalde, quien lo reemplaza es la vicealcaldesa y se da de forma inmediata.(PSR)

mientos, dijo que en la casa del Alcalde de Guayaquil no se ha encontrado ni un solo dólar.

El jurista aseguró que leyó una parte del informe del caso Goleada y aseguró que este se refiere exactamente a la comercialización de combustibles y que no tiene nada que ver “ni con fútbol ni con equipos”, por el nombre que puso la Fiscalía al caso.

Correísmo denuncia persecución

García también indicó que lo ocurrido les parece un “claro gesto de persecución y un abuso de la Justicia penal, como mecanismo de persecución al rival político”.

La Revolución Ciudadana también se pronunció tras la detención de su coideario, Aquiles Alvarez y lo calificó como un abuso.Con lo que aseguraron que lo ocurrido “confirma la persecución y los excesos que hoy vive el país”.

La asambleísta correísta, Mónica Palacios, publicó en su cuenta de X que el operativo realizado en contra de Alvarez no corresponde a justicia, sino a una persecución política.

Caso Triple A

El 30 de noviembre de 2024, la Fiscalía realizó siete allanamientos en Guayaquil y Milagro , en las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.Tras estos hechos, la Fiscalía informó que se dio una investigación por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. El caso inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel) , con la que se alertó sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado. En enero, la audiencia de formulación de cargos , nuevamente, fue suspendida . Esa estaba prevista para el 31 de enero y 1 de febrero, se suspendió por el Tribunal de Garantías Penales.

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO CONVOCATORIA PÚBLICA PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO RETIRADOS

La Asociación de Trabajadores de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el Directorio en sesión ordinaria del 3 de diciembre del 2025; y, resolución Nº ASE2-018-2025 adoptada en sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación de Trabajadores de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato del 6 de diciembre del 2025, informa a sus miembros y exmiembros lo siguiente:

Se ha establecido el Protocolo Oficial para la Devolución de Recursos Económicos No Retirados, correspondiente a aportes que se encuentran bajo custodia de la Asociación y cuyo derecho ha sido reconocido formalmente.

PLAZO PARA INICIAR EL TRÁMITE

A partir de la presente publicación, se abre un plazo improrrogable de QUINCE (15) DÍAS para que los beneficiarios presenten su solicitud de devolución. Transcurrido dicho plazo, caducará el derecho de reclamo sobre los valores no retirados, y la Asociación podrá disponer de dichos recursos conforme a la normativa interna y resolución asamblearia.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN

Los interesados deberán presentar:

1. Certificación de ser miembro o exmiembro con derecho reconocido, emitida por Secretaría.

2. Oficio de solicitud de devolución, adjuntando: o Copia a color de cédula de ciudadanía o Certificado de votación vigente

3. Certificado de cuenta bancaria a nombre del beneficiario titular.

En caso de trámite mediante apoderado:

4. Copia certificada del poder notarial con facultades expresas para recibir pagos.

5. Copia de cédula y certificado de votación del apoderado.

DEDUCCIÓN ADMINISTRATIVA

De conformidad con lo resuelto por la Asamblea General, se aplicará una deducción uniforme del 10% por gastos administrativos sobre el monto total a devolver.

FORMA DE PAGO

La devolución se realizará únicamente mediante transferencia bancaria a una cuenta registrada a nombre del beneficiario.

CONFIDENCIALIDAD

La Asociación garantiza el tratamiento adecuado de los datos personales conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, utilizando la información exclusivamente para este trámite.

Dado y publicado para fines legales y estatutarios.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

La solicitud de entrega y todos los documentos habilitantes serán recibidos en físico, por el Síndico de la Asociación Ab. Kléver Peñaherrera Pérez, desde 09:00 hasta las 16:30 en su oficina que se encuentra ubicada en la Av. Cevallos y Castillo, 3 piso, Consultorio Jurídico Paredes & Asociados (altos de Tropiburguer).

LISTA DE LOS BENEFICIADOS

NOMINA DE BENEFICIARIOS

ABRIL ORTIZ LILIANA GISSELA

ACOSTA ROMERO NATALY KARLA

ALDAS JARRIN JUAN CARLOS

ALTAMIRANO GUACHAMIN CRISTIAN PAUL AMAN MORALES SILVIA ELIZABETH ANDINO PACHECO ANDREA NATHALYE

BAUTISTA CHANGO FRANCISCO ALEJANDRO BELTRÁN ORTIZ DARÍO ALEXANDER BUENAÑO MUÑOZ ANGELY EMILY

CALUCHO ARMAS TATIANA ELIZABETH CALVACHE PERALTA PAULINA ELIZABETH

CASTRO CASTRO MACARENA DE LAS MERCEDES CISNEROS JARAMILLO KARINA PAOLA ESCOBAR LÓPEZ MARÍA CRISTINA

GALARZA CALLE MARÍA ELIZABETH

GUERRERO NÚÑEZ NELLY ALEJANDRA GUEVARA DUEÑAS WILSON HERNÁN

IMBACUAN MOREJÓN KARENN NATALY

JURADO ORTUÑO MARÍA LUISA

LALAMA OCHOA MARÍA SOLEDAD

LÓPEZ MERA MÓNICA CECILIA

LOZADA TOASA CRISTIAN EDUARDO

LOZANO PILCO CHRISTIAN SANTIAGO

MAYORGA TAYO FERNANDA ELIZABETH

MERA ARIAS LENIN FABIAN

MORALES GÓMEZ CARLOS FROILÁN OJEDA MASACHE FREDY PATRICIO

ORTEGA LÓPEZ LIZBETH PATRICIA

PILCO QUINALUIZA LILIA CARLINA

PUNINA PUNINA GEOCONDA ESPERANZA

RAMOS MANOBANDA RAÚL BLADIMIR

REINO CALDERÓN MÓNICA PATRICIA

RIVERA PÉREZ JUAN PABLO

ROBALINO GAVILANES VANESA KATHERINE

RUBIO TAIPE ÁNGEL RENATO

SALINAS MALUCIN DIEGO XAVIER

SALINAS SALINAS MATILDE DEL ROCÍO

SÁNCHEZ SALTOS ANA LORENA

SANGUIL VILLACIS ANA GABRIELA

VÉLEZ ÁLVAREZ JOHNNY FERNANDO

VILLALBA OÑATE SANDRA ELIZABETH

YÁNEZ TAMAYO MICHELE AMIRA

ZAVALA PARREÑO FERNANDA VERÓNICA

MANTILLA RODRÍGUEZ GRACE MARUSKA

PORTERO SEGOVIA LORENA ANABEL

ESPINOZA SALVADOR JOSÉ EDUARDO

VARGAS HERDOIZA ANDRÉS SEBASTIÁN

CRUZ AMORES WILLIAM ALFREDO

BRAVO MAGALLANES ROLANDO FRANCISCO

QUISILEMA MORALES EDWIN MARCELO

OLMEDO PÉREZ GEOVANNA ALEXANDRA

VAICILLA GONZÁLEZ MARÍA MAGDALENA

ALVEAR ARIAS ANGELICA MARÍA

AGURTO TAIPE ELISA MARISOL

ARIAS DURAN ANA MARIA

Ambato, 11 de febrero del 2026 Atentamente;

BALLESTEROS SALTOS DIANA KARINA

BERMEO REMACHE CARLOS IVÁN

BUENAÑO MUÑOZ ANGELY EMILY

CEPEDA PILCO LINA ELIZABETH

CHEME RODRÍGUEZ EDUARDO LUIS

CRUZ GÜILLÍN NINFA MARIDZA

GAVILÁNEZ BARROS JOSÉ LUIS

GONZAGA TINITANA EDISON RIGOBERTO GUERRÓN VILLACIS NADIA MARIELA

LÓPEZ GARZÓN GABRIELA LISSETE

LÓPEZ ZEA RAÚL FABRICIO

MASAQUIZA SÁNCHEZ BYRON MARCELO MIRANDA PROAÑO MERCEDES ESTEFANÍA

NÚÑEZ NÚÑEZ MAURO EDWIN

PROAÑO CISNEROS JESSICA ESTHELLA QUIROZ RUIZ MARÍA JESÚS

RUIZ LINDAO DIANA JENNIFER VARELA HIDALGO MARÍA EMILIA

VEGA MOYA DALILA MARISELA

VILLAFUERTE ANDALUZ VERÓNICA EUGENIA

VILLEGAS BELTRÁN ÁNGEL MEDARDO

ZURITA RUANO MARÍA AUGUSTA

LÓPEZ VILLACRÉS VANESSA VICTORIA

ENRÍQUEZ MURCIA ELIZABETH VANESSA

MANTILLA RODRÍGUEZ GRACE MARUSKA

PORTERO SEGOVIA LORENA ANABEL

SÁNCHEZ ZURATY MANUEL ANTONIO

Psc. Cl. Susana Farfán Ing. Silvana Salinas Presidenta Secretaria

Venezuela todavía deberá esperar salida a la democracia

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la encargada del poder en ese país, aseguró que “no habrá elecciones” en el país a corto plazo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha descartado la celebración de elecciones a corto plazo, alegando que primero “se debe lograr la estabilización ” del país latinoamericano, que vive un nuevo período político tras la captura, el pasado 3 de enero, del dictador, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas

e inmediaciones.

“Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato en el que se debe lograr la estabilización”, ha asegurado durante una entrevista concedida a la cadena Newsmax el pasado sábado y difundida el 9 de febrero de 2026 por la noche, en la que ha defendido que “trabajaremos según un cronograma

que convenga a todos y que garantice, no solo a los ganadores, sino también a los perdedores, que todas las garantías estarán a salvo, y serán brindadas por” ambas partes.

El hermano de la encargada del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez , ha justificado la falta de un fecha prevista para convocar comicios indicando que “lo que

ciones --celebradas en julio de 2024 y en las que Maduro fue proclamado ganador pese a las denuncias de fraude de la oposición y gran parte de la comunidad internacional-- Rodríguez ha respondido con un rotundo “no” y ha reiterado que “en Venezuela tenemos un itinerario muy claro, un cronograma muy claro para las elecciones, y esto está claramente establecido en la Constitución venezolana”.

“Y este Gobierno interino hará todo siguiendo exactamente lo establecido en la Constitución”, ha agregado, tras lamentar que “hay una realidad que demuestra que hemos estado divididos durante mucho tiempo”.

Rodríguez, que ha subrayado que “el país ha sido increíblemente maduro” ante el “evento altamente traumático” de la operación militar estadounidense, ha defendido que la dirigente venezolana “busca (...) estabilizar completamente el país , reconciliar a todos, a toda la población de Venezuela”.

hemos acordado y en lo que estamos trabajando actualmente es lo que llamamos la reinstitucionalización del país, para que todas las instituciones del país recuperen su pleno funcionamiento y el reconocimiento de todos”.

Régimen interino para largo Preguntado por la ilegitimidad de las últimas elec-

Estas declaraciones llegan días después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado haya asegurado que cree que podría haber elecciones “transparentes” en el país latinoamericano en nueve o diez meses, si bien ha afirmado que no ha hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un cronograma concreto para unos comicios tras la detención de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. (EUROPA PRESS)

Niveles de corrupción en las democracias empeoraron en 2025

Transparencia Internacional alerta de un “preocupante empeoramiento” de los niveles de corrupción en las democracias.

La organización Transparencia Internacional ha publicado este 10 de febrero de 2026 su último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe donde advierte de un “preocupante empeoramiento” de los niveles de corrupción --con datos de 2025-- en las democracias, en un mundo marcado por el “peligroso desprecio” al Derecho Internacional.

En el informe se califica a todos los países con notas desde el 0 al 100 , y la media de todos los países del mundo se ubica en 42 puntos , uno menos que la del pasado año, evidenciando así la necesidad de adoptar medidas para “ proteger el interés público ” y mejorar la gobernanza y el liderazgo “responsable”.

Más del 67% de todos los países del mundo evaluados

en el informe (182) “no están logrando controlar la corrupción” y cuentan con una nota inferior a 50 puntos, mientras que el número de países con una puntuación superior a 80 se ha reducido de 12 hace una década a solo cinco este año.

Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) repiten en lo más alto de la tabla, mientras que Venezuela (10), Somalia (9) y Sudán

del Sur (9) lo hacen pero a la cola. En estos últimos casos y en la mayoría de las autocracias del mundo, como Azerbaiyán (30), la corrupción es “sistemática y se manifiesta en todos los niveles”, recoge el informe. La investigación también observa una creciente “interferencia politizada” en la actividad de las oenegés en países como Georgia (50), Indonesia (34), Perú (30) o Túnez (39), donde los gobiernos han adoptado medidas para “limitar” el acceso a financiación y incluso para “desmantelar” aquellas que hacen labor de vigilancia de los poderes públicos.

“Estas leyes suelen ir acompañadas de campañas de desprestigio e intimidación. En estos contextos, es más difícil para los periodistas independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los denunciantes denunciar la corrupción con libertad. También es más probable que los funcionarios corruptos continúen abusando de su poder”, agrega la oenegé.

Así, un centenar de países han mantenido su posición en el ránking, mientras que 50 cayeron puestos y 31 experimentaron mejoras respecto a los índices del año anterior, esto es, con datos de 2024.

Tendencia preocupante

Transparencia Internacional ha incidido en una tendencia “preocupante de empeoramiento” de los niveles de corrupción en países con sistemas democráticos, citando a Estados Unidos (64), Canadá (75), Nueva

Zelanda (81), Reino Unido (70), Francia (66) o Suecia (80). España, por su parte, se sitúa a mitad de tabla con 55 puntos, pierde uno de los 56 obtenidos en el anterior informe, y queda así por detrás de Granada, Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana o Israel.

Transparencia Internacional ha lamentado que “con demasiada frecuencia asistimos al fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable” pese a que lo que necesita el mundo son dirigentes “con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público”.

Pese a ello, ha asegurado que “la corrupción no es inevitable” y en este sentido ha apuntado a aquellos países cuyos “líderes políticos y reguladores han realizado un esfuerzo continuado por implementar amplias reformas legales e institucionales.

“En un mundo interconectado, necesitamos tanto la acción nacional como la cooperación multilateral para proteger el interés público y abordar desafíos compartidos como la corrupción. En un momento en el que presenciamos un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, necesitamos proteger un orden global basado en normas, cimentado en la transparencia, la rendición de cuentas a la ciudadanía y el respeto por los Derechos Humanos ”, ha declarado su presidente, François Valérian. (EUROPA PRESS)

ACCIÓN DE PROTECCIÓN

Introducción

Dentro del marco jurídico de América latina existen diversas acciones que pretenden precautelar los Derechos de las personas cuando estos por una u otra razón han sido vulnerados, y siendo estos mecanismos los más eficientes y eficaces a la hora de hacer prevalecer dichos derechos, en muchas ocasiones evitando incluso el agotamiento de las etapas de vía administrativa, tal como lo determina la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2019 de la Corte Constitucional del Ecuador, donde se determina dentro de su con-

texto resolutivo y reflexivo que “La acción de protección es una acción directa e independiente, bajo ningún concepto puede ser residual y exigir el agotamiento de otras vías o recursos para poder ser ejercida” este significativo “análisis” se da en virtud de que todos aquellos derechos que se encuentren plenamente establecidos en la Constitución, se convierten en la puerta abierta hacia un Estado Constitucional, puerta que se encuentra aperturada a los ciudadanos, a la naturaleza y a la comunidad internacional que se encuentre dentro del territorio, o que dentro del territorio pretenda hacer valer esos derechos constitucionales, de ahí que su ejercicio debe estar plena-

mente garantizado, rebasando así las disposiciones legales contenidas en el texto y convirtiéndose las mismas en el mecanismo de avance significativo y evolutivo constante.

En este estudio, como tal nos centraremos en uno de los mecanismos adoptados por las Constituciones actuales como es la llamada en algunos países como Acción de Amparo, y en nuestro país denominada Acción de Protección, la cual su origen se remonta a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, inscrita el 22 de noviembre de 1969 que menciona en su artículo 25 inciso primero que:

¨Toda persona tiene dere-

cho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

En su inciso segundo indica que: Los Estados Parte se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las

C ONSULTA P ENAL

¿Cuándo no aplica la pena no privativa de libertad en las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar?

RESPUESTA

El señor Juez consultante propone que, para el caso de la contravención de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, se aplique el trabajo comunitario en lugar de la pena privativa de libertad. Corte Nacional de Justicia ha reafirmado que la pena no privativa de libertad no puede aplicarse indiscriminadamente en lugar de la pena privativa de libertad determinada en el tipo penal, la cual por imperativo legal debe ser aplicada de forma estricta conforme al tenor literal de la norma (modificación pertinente conforme al sistema de atenuantes y agravantes y el grado de participación). Debemos tener en cuenta además que, en caso de violencia contra la mujer, la aplicación de la pena debe ser entendida en un marco de protección integral a la mujer, prevención, no reincidencia, no impunidad.

Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia

autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso¨.

Los Estados modernos enfocados a proteger a la ciudadanía de quienes mal intencionadamente controlan el sistema común de justicia o de privados que atenten a los derechos fundamentales ven la acción de protección una vía efectiva de reclamo para quienes fueron vulnerados en sus derechos. Es así que Latinoamérica a tomado la posta y en diversos países como por ejemplo Chile, Colombia, México entre otros, poseen en sus constituciones la acción de protección, aplicándola de forma concreta en los fallos de Corte Constitucional, que tienden la mayoría a ser favorables a la persona que sufrió abusos o negligencias en sus derechos, así como del reconocimiento de estos que mediante algún acto administrativo y sin la observancia adecuada al proceso de protección de estos derechos se dejó en indefensión o sin alguna garantía que proteja estos derechos.

Acción de protección en la Constitución La Constitución ecuatoriana de 2008, siguiendo los pasos de sus países vecinos, reconoce en su articulado a la Acción de Protección particularmente en su Art. 88, que tiene como objeto subsanar integralmente la violación de derechos que vengan de una autoridad privada o pública, lo que significa que la Constitución del Ecuador es garantista de derechos. El tratadista Ferrajoli encasilla a la Acción de Protección como garantía primaria que son útiles para garantizar el correcto funcionamiento del “Estado, como Estado de derechos, el reconocimiento del principio de legalidad, la normativización del principio de supremacía de la Constitución y la definición de los fines últimos del Estado”.

Es así, que dentro de todo contexto jurídico y legal, la Acción de Protección se convierte en la garantía jurisdiccional más importante en función de su ámbito de protección, teniendo en cuenta que la misma no solo tutela los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos, incluso protege los derechos que no estén amparados por una vía procesal específica por lo cual es una herramienta ele-

mental para el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y por otro lado, teniendo en consideración que las medidas de reparación integral ordenadas y derivadas de la acción de protección, pueden significar nuevos avances en el ordenamiento jurídico, toda vez que de acuerdo al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, nos establece la libertad que los jueces a la hora de estar con la investidura Constitucional, podrán determinar cualquiera de estas con el fin de que ello genere un aspecto significativo de promoción y protección de Derechos tal como lo analizaremos más adelante.

Pero, de donde nace esta denominada acción de protección, pues bien, la misma nace a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos promulgada desde 10 de diciembre de 1948 en la cual se estableció en su contenido que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra acto que violen sus derechos reconocidos por la Constitución o por la ley”. Dado el principio de protección a los derechos de las personas promulgados por esta institución, el Pacto de San José influyeron de forma positiva en América Latina, una de las primeras constituciones en adoptar el mecanismo de acción de protección fue en el siglo XIX la mexicana, con su Carta Federal de 1957 que recogía el espíritu británico de protección a la integridad de las personas y la libertad, la acción era el amparo que se lo utilizaba como al recurso de casación ecuatoriano.

Historia de la Acción de Protección

Ya entrando al plano de la historia de la Acción de protección en el Ecuador esta tiene sus primeros pasos de inicio bajo el nombre de Amparo Constitucional desde 1967 pero en esa época no se promulgaron leyes y reglamentos para su aplicación, todo esto pese a los esfuerzos por considerarlo, quedó solo en el papel. Al pasar los años se intentó aplicar el Amparo Constitucional pero no fue hasta el año 1997 que La Ley de Control Constitucional y el Reglamento Orgánico del Tribunal Constitucional, reformado en 1998, que confirió al “Tribunal Constitucional la capacidad de

conocer el recurso de amparo, en la etapa de apelación cuando se le hubiera concedido o se hubiere negado en segunda instancia”. El recurso de Amparo también tenía carácter cautelar y reparatorio al mismo tiempo, sin embargo, se convirtió en una medida preventiva o provisional que tampoco cumplió con el principio de celeridad ya que los jueces no actuaban de inmediato para evitar o mitigar un daño y se transformó en un proceso contencioso.

En el año 2008 con la expedición de la nueva Constitución de la República del Ecuador, los constituyentes encargados de darle vida priorizaron como ejes principales los derechos humanos, en ese contexto como dice Juan Montaña “se estableció normativamente que las garantías son de dos tipos preventivas y reparatorias y dividiendo el amparo constitucional en dos

acciones independientes: las medidas cautelares cuando se trate de evitar la vulneración de un derecho constitucional, y la acción de protección para reparar integralmente el daño a un derecho cuando este se causa efectivamente”

Objeto de la acción de protección

El tratadista Ferrajoli nos ofrece una perspectiva amplia “considera que son derechos fundamentales todos aquellos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar, cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica”.

La Constitución de la República del Ecuador publicada el 20 de octubre de 2008, siguiendo los pasos de sus países vecinos, define en su articulado a

la Acción de Protección particularmente en su Art. 88 que indica que:

“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”.

La Acción de Protección por consiguiente fue regulada en la Ley Orgánica de Garantías Juris-

diccionales y Control Constitucional, ley que se encuentra en vigencia desde el 2009, y que recoge lo esencial de todas las garantías jurisdiccionales, en la misma encontramos que marca los principios fundamentales de la acción tales como determinar los casos de improcedencia, dividiendo y expandiendo los requisitos de admisibilidad de la demanda, como los requisitos que debe contener la sentencia. Se centra básicamente en la ejecución de reglas procesales comprendidas en el art.43. Por lo cual analizaremos el contenido de la acción diferentes aspectos.

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su Capítulo III, en su artículo 39 establece: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena”.

Características

de la Acción de Protección

Es menester indicar que la naturaleza de la Acción de Protección es de carácter preventivo lo cual no necesita que haya existido un perjuicio de derechos consagrados en la Constitución es suficiente que exista la amenaza o riesgo que produzca una vulneración, sin embargo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ecuatoriana considera los siguientes elementos a la hora de hablar sobre la acción de protección propiamente dicha, y que la misma debe de considerar la existencia de:

1. Violación de un derecho constitucional;

2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente;

3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Otros elementos intrínsecos de la Acción de Protección son:

El proceso deberá ser fácil, ágil y eficiente debe carecer de formulismos que posee los

pasos de acceso a la justicia comunes que algunas veces pueden ser retrasados por métodos burocráticos, ésta característica también incluye que para presentar la acción lo puede hacer cualquier persona que vea afectados sus derechos, además incluye “la facultad de notificar a los legitimados activos o pasivos por cualquier medio que considere el juzgador”.

El procedimiento a trámite debe desarrollarse de manera expedita es decir con la mayor prontitud, separando la complejidad que tiene por ejemplo un juicio ordinario referente al cumplimento de formalidades innecesarias, ya dentro del proceso la receptación y práctica de la prueba deben pretender el principio de celeridad procesal, en plazos mínimos para alcanzar una resolución pronta.

La informalidad es una característica básica que distingue a esta acción de otras, ya que puede ser propuesta de forma oral o mediante escrito, sin necesidad de citar y motivar normas jurídicas, solo se necesita detallar la acción u omisión que afecta al derecho tutelado, por lo cual consta con “una estructura procesal simple que se caracteriza por la inmediación de las relaciones entre el juzgador y la partes, con un proceso sumario presidido por la oralidad”, por lo cual en el procedimiento constitucional se realiza una audiencia única que no impugna ninguna resolución judicial sino que da a conocer al juzgador un acto u omisión que afecte un derecho garantizado en la Constitución.

Legitimidad Activa

La legitimidad activa se traduce como la capacidad para actuar en un proceso, la da la característica de ser popular, es decir que la puede proponer la persona afectada con la vulneración de un derecho o un tercero que no haya intervenido en el acto como tal. La Constitución de la República del Ecuador abre la posibilidad de que no solo los representantes de un colectivo o el Defensor del Pueblo intervengan puedan intervenir en el trámite, lo que no sucedía con la Constitución anterior.

El Sistema Interamericano influyo de manera positiva a que se pueda realizar el cambio en la nueva Constitución

ecuatoriana de 2008, ya que desde la experiencia a promulgado un sistema abierto de acción popular basándose en los principios de los derechos humanos, que deben ser de interés colectivo y por lo tanto la vulneración de derechos no solo recae en el afectado sino que converge a toda la sociedad.

Legitimación Pasiva

La Legitimación Pasiva procede como lo estable Art. 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional contra:

1.- Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.

Teniendo en cuenta que los organismos públicos pueden en el marco de sus funciones atentar o vulnerar derechos de las personas garantizados en la Constitución, es por eso que los poderes del Estado no se excluyen de ser demandados en el caso que hayan cometido o atentando a los derechos de las personas de los cuales emitieron una resolución.

2.- Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías.

Como menciona Cornejo “… Las políticas públicas, destacan que en ciertas ocasiones estas están direccionadas a controlar y sancionar, como deber general del Estado, mismo que busca desarrollar un plan que asegure el cumplimiento de las obligaciones y derechos, con políticas claramente formuladas y adaptadas, aplicando los principios de inclusión, participación, rendición de cuentas, responsabilidad, e igualdad y no discriminación”.

3.-Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías.

Se resume que quien presta un servicio público que en el ejercicio de sus funciones genere un acto u omisión que se contrapone con los derechos garantizados en la Constitución, las normas constitucionales buscaran subsanar los efectos, o la violación de los derechos que se deriven de esa aplicación.

4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando

ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;

c) Provoque daño grave;

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.”

Es decir, cualquier persona puede acceder a la Acción de Protección no importa su género, condición, etnia, religión, cultura, la Constitución ampara el libre acceso siempre y cuando se un derecho reconocido en la carta suprema.

Contactos: yandrylooryl_97@ hotmail.com y norielbenitez89@gmail.com

1 https://webcache. googleusercontent.com/se arch?q=cache:0z5zXv6Pp 34J:https://es.scribd.com/ document/457588541/ BoletinDiciembre2019jurisprudencia-Corte-Constitu cional+&cd=7&hl=es&ct=clnk &gl=ec

2 https://www.oas.org/ dil/esp/tratados_b-32_ convencion_americana_sobre_ derechos_humanos.htm

3 Alcides J. López-Zambrano, Vol. 4, núm. 1, enero, 2018, pp. 155-177

4 SILVA PORTERO, CAROLINA. “Las garantías de los derechos ¿invención o reconstrucción?”, en ÁVILA SANTAMARÍA, RAMIRO (ed.). Neoconstitucionalismo y sociedad, V & M Gráficas, Quito, 2009, Serie Justicia y Derechos Humanos, t. 1

5 Ferrajolli, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Madrid, Editorial Trotta, 2001, p. 43

6 Ávila Santamaría, Ramiro. (2011). Del amparo a la acción de protección jurisdiccional. Revista IUS, 5(27), 95-125. Recuperado en 16 de julio de 2020, de http://www.scielo. org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S187021472011000100006&lng=es &tlng=pt.

7 Pazmiño Freire. P. (2008). Desafíos Constitucionales, La Constitución ecuatoriana del 2008 en

perspectiva, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional del Ecuador, p.11.

8 Bravo Izquierdo, C. (2011). Tratado de Derecho Constitucional. CuencaEcuador. Ediciones Carpol,p.54

9 Ávila Santamaría, Ramiro. “Las garantías: herramientas imprescindibles del cumplimiento de los derechos”. Desafíos constitucionales: la Constitución Ecuatoriana de 2008 en perspectiva. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008, p. 96.

10 Montaña Pinto Juan, Porras Angélica, Apuntes de Derecho Procesal constitucional, Tomo 2, Corte Constituional del Ecuador, pags.106-107.

11 Moreno Cruz, Rodolfo. (2007). El modelo garantista de Luigi Ferrajoli: Lineamientos generales. Boletín mexicano de derecho comparado, 40(120), 825-852. Recuperado en 17 de julio de 2020, de http://www.scielo.org. mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S004186332007000300006&lng=e s&tlng=es.

12 Constitución del Ecuador, R.O. 449 del 20 de octubre del 2008, Art. 88, Título 2. 13 Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009 14 Ibidem.

15Alcides J. López-Zambrano, Vol. 4, núm. 1, enero, 2018, pp. 155-177

16 Alcides J. López-Zambrano, Vol. 4, núm. 1, enero, 2018, pp. 155-177

17 Ele jalde Astudillo, M. (2006). “Principios Básicos de Interpretación Constitucional”, en, Temas Constitucionales, Revista del Tribunal Constitucional del Ecuador, No. 8. Pag.19 18 Cuadernos de procedimiento 120-121

9 Cornejo Aguiar, Análisis de la Acción de Protección, 2016, Derecho Ecuador. 20 Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009; Cornejo Aguiar, Análisis de la Acción de Protección, 2016, Derecho Ecuador.

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