Esmeraldas, Lunes 27 Julio 2026

LUNES 27 DE JULIO DE 2026

Esmeraldas

30 agentes de tránsito de ESVIAL fueron reincorporados

Treinta agentes civiles de tránsito fueron reincorporados en la ciudad de Esmeraldas tras ganar una acción de protección, retomando el control vehicular y el orden en las vías. 3

Super Tour 2026: Alex Suárez se corona campeón nacional de surf 4

Discriminación de personas con discapacidad en el servicio de transporte público

Gobierno registra reducción del 10% de muertes violentas 9

MANUEL CASTRO M. manuelcastromurillo@hotmail.com

La esclavitud tecnológica

Los seres humanos solemos temer a lo nuevo: en la política, la ciencia y la sociedad. La abolición de la esclavitud asustó a quienes creían que algunas personas eran esclavas por naturaleza. Fue necesario construir argumentos morales, económicos, políticos y legales para aceptar la emancipación.

La Revolución Industrial también generó miedo: se anunciaban desempleo, hambre y caos. Ocurrió lo contrario: la industria se tecnificó, disminuyeron las horas de trabajo y mejoró la relación entre patronos y obreros.

La idea de que el hombre vive en un estado permanente de guerra produjo dos guerras mundiales y millones de víctimas. Después, el mundo comprendió el valor de la no violencia , como predicó Gandhi. Así, la India alcanzó su independencia. Martin Luther King defendió luego el sueño de una convivencia pacífica entre negros y blancos. Dio su vida por esa causa y su «Tengo un sueño» se convirtió, aunque incompletamente, en realidad.

El comunismo surgió como reacción a la dureza de la industrialización y dividió al mundo entre amigos y enemigos. La lucha de clases, la supresión de la propiedad privada y el partido único no demostraron ninguna ley histórica. El andamiaje marxista se derrumbó y volvió a imponerse una idea esencial: la aspiración humana es la libertad Hoy el temor se concentra en la Inteligencia Artificial. Sus detractores advierten una dictadura tecnológica de los poderosos. Olvidan que la IA es una creación humana, desarrollada en universidades y centros científicos. Puede mejorar el trabajo, ampliar el acceso a la educación y acelerar la investigación médica.

América Latina avanza más lentamente por sus limitaciones económicas y tecnológicas. Debe comprender que profesores y estudiantes siguen siendo fundamentales, y que gobiernos y ciudadanos deben participar en su aprovechamiento. La tecnología, incluida una IA que puede equivocarse, no puede reemplazar la formación de personas con ética, sentido de la justicia y conocimiento de la realidad social.

PACO MONCAYO GALLEGOS pmoncayog@gmail.com

Falsos positivos

Se calificó así en Colombia a ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos a los que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se culpó del resultado a directivas del Ministerio de Defensa que exigían resultados operacionales a cambio de recompensas. El saldo: alrededor de 8 mil vícti -

EDITORIAL

El Niño y los estudiantes

Ecuador ha llegado al momento en que tiene que elaborar planes serios para enfrentar el fenómeno de El Niño. El Gobierno, debido a las alertas meteorológicas, decidió elevar la alerta a naranja, lo que significa que el evento es inminente y deben activarse los planes de prevención y de respuesta. El Niño tiene como su mayor característica las lluvias constantes que provocan inundaciones, desplazamiento de familias, trabas para el comercio y decenas de miles de estudiantes afectados porque los establecimientos están inundados o las vías para llegar a las aulas están interrumpidas. La alerta es para 17 provincias.

El país suele preocuparse de las vías, la energía eléctrica, la productividad y las pérdidas millonarias. Pero históricamente ha dado ligera relevancia a los estudiantes.

En esta ocasión hay un cambio. El Gobierno ha realizado un

diagnóstico acerca de los establecimientos que pueden ser afectados con El Niño.

Son 3.873 instituciones fiscales ubicadas en zonas de riesgo, 1.100 tienen alto riesgo.

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha realizado intervenciones en 264 instituciones, incluso ha comprado 62 kits para mitigar inundaciones, que incluyen una motobomba, una hidrolavadora y un generador eléctrico.

Con esto se espera que los estudiantes regresen pronto. Pero los gobiernos locales deberán ocuparse del drenaje de calles y mantener habilitadas las vías de acceso.

El trabajo coordinado, dejando la polarización de redes sociales, debe ejecutarse. El país lo requiere.

mas documentadas y decenas de sentenciados.

Lo anterior, es un riesgo que no podía descartarse en el conflicto armado interno ecuatoriano. Felizmente, el Plan de Seguridad expedido por el presidente Daniel Noboa , dispone claramente en su ‘Concepto Político de la Seguridad’ que: “… será respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario , en estricto apego a la Constitució n de la República, la normativa legal vigente y los tratados internacionales, los cuales pro -

tegen y garantizan los derechos y libertades ciudadanas en términos de igualdad y no discriminación”.

La visión de la Seguridad como una p olítica multidimensional del Estado se observa en la siguiente disposición del Plan: “… proveer servicios esenciales, consolidando la cobertura y calidad de los sistemas de salud, educación, inclusión y otros de bienestar social especialmente en las comunidades rurales, amazónicas e indígenas…”. Asimismo, se ratifica el compromiso nacional de erra-

FRANKLIN BARRIGA LÓPEZ f-barri@uio.satnet.net

El poder absoluto

En el año 2018, hubo estallido social en Nicaragua, en protesta por el desgobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. No pocos países, al igual que respetables organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACDH) o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), condenaron la brutal represión gubernamental que ocasionó cerca de 400 muertos, incontables heridos, numerosas detenciones arbitrarias, persecuciones, torturas y miles de personas obligadas a emigrar, especialmente a Costa Rica, Estados Unidos y España. Lo sucedido en el año mencionado, revela la naturaleza del régimen que mantiene a la patria de Rubén Darío en total opresión, por cuanto no permite el funcionamiento de partidos políticos ni opiniones divergentes a la “verdad indiscutible” que proviene de los autócratas que, para alcanzar sus incalificables fines, utilizan métodos de salvajismo, como son la intolerancia política, ideológica, religiosa y más. La prensa independiente es una de sus principales víctimas.

Hace pocos días, en acto público y con la mayor desvergüenza, Ortega sentenció que no permitirá más elecciones en su país, “para evitar que la oposición, en el exilio, llegue algún día al gobierno”. Tales declaraciones, alentadas por intolerables cinismo y prepotencia, confirman lo que es deplorable realidad: la desaparición de la libertad y la democracia, por la represión -que acostumbran los totalitarios- una vez que logran apropiarse del mando de los pueblos y, obsesivamente, quieren perpetuarse en el mismo, sin importar los medios para ello, llevados por la adicción al poder absoluto.

Esa dictadura familiar, ha conducido, además, a Nicaragua, a niveles insólitos de putrefacción moral: figura entre los diez países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional.

dicar la corrupción (detonante de la inseguridad) para lo cual: “… se impulsará el completamiento del marco regulatorio y sancionatorio que fomente la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública en todos los niveles”. Para que lo anterior no quede en meras declaraciones se requiere de observatorios que supervisen la eficacia de la aplicación de las normas establecidas en las operaciones militares y policiales, y de un debate profundo sobre materias como el Derecho Operacional,

las Reglas de Enfrentamiento y la Obediencia Debida. Afirmó Sir Hartley Shawcross, en Núremberg, 1945: “La lealtad política, la obediencia militar son cosas excelentes, pero no exigen ni justifican la perpetración de actos manifiestamente injustificables. Llega un momento en que el ser humano debe negarse a obedecer a su jefe, si también debe obedecer a su conciencia. Ni siquiera el soldado raso que hace parte de las filas del ejército de su país está obligado a obedecer órdenes ilegales.

30 agentes de tránsito de ESVIAL fueron reincorporados

Treinta agentes civiles de tránsito fueron reincorporados en la ciudad de Esmeraldas tras ganar una acción de protección, retomando el control vehicular y el orden en las vías.

La administración del tránsito en la ciudad de Esmeraldas experimenta una nueva fase tras la reincorporación oficial de un grupo de treinta agentes civiles. Este personal retorna a sus funciones operativas con el objetivo principal de reforzar los controles vehiculares, garantizar el uso adecuado de la vía pública y normalizar la movilidad urbana en las distintas intersecciones y arterias principales del cantón. La medida responde a un mandato judicial y se enmarca dentro de un extenso proceso administrativo que comenzó el año anterior. Estos uniformados forman parte de un bloque mayor, compuesto originalmente por doscientos funcionarios, que fueron desvinculados de sus puestos de trabajo a raíz de diversas investigaciones por supuestos actos irregulares detectados en el seno de la institución municipal encargada de la viabilidad.

Antecedentes de la intervención

La separación de este numeroso grupo de agentes civiles se remonta al 20 de marzo de 2025. En aquella fecha, la situación escaló al ámbito judicial cuando la Fiscalía General del Estado ejecutó un allanamiento en las instalaciones de la dependencia correspondiente, como parte de las diligencias para esclarecer las presuntas irregularidades operativas. Ante la magnitud de los indicios, el alcalde titular, Vicko Villacís, tomó la decisión de iniciar el proceso de liquidación de la entonces Empresa Pública de Tránsito (Esvial EP). Esta medida administrativa buscaba depurar la gestión y dio paso a un periodo de transi-

ción que culminó con la posterior creación de una nueva entidad rectora, denominada Esmevial. Durante este lapso de reorganización institucional, el municipio enfrentó el complejo desafío de mantener el control vehicular en la ciudad con un contingente de personal sumamente reducido.

Acción de protección

Frente a las desvinculaciones, los funcionarios afectados decidieron recurrir a los mecanismos legales vigentes e interpusieron una acción de protección, argumentando vulneraciones al debido proceso. El dictamen judicial falló a favor de los extrabajadores, ordenando su reintegro a las filas de la institución. En una primera instancia, la disposición no fue acatada por la administración del alcalde Villacís, quien justificó la negativa basándose en los antecedentes del caso y en la consolidación jurídica de la recién creada Esmevial. Sin embargo, la situación experimentó un giro definitivo cuando la alcaldesa subrogante, Laura Yagual Salazar, asumió temporalmente el despacho. La funcionaria procedió a acatar y ejecutar la resolución emitida por la autoridad judicial. Según la alcaldía, la decisión de reintegrar a los treinta agentes se fundamentó en el reconocimiento de la vulneración de los derechos laborales, sumado al hecho de que la municipalidad no había efectuado el pago de las liquidaciones respectivas.

Despliegue operativo Con la reincorporación formalizada, el personal uniformado ha retomado de

VUELVEN los controles vehiculares a calles de Esmeraldas.

inmediato sus labores en las calles del cantón Esmeraldas. Las autoridades han diseñado un plan de despliegue que prioriza las zonas de mayor congestión y los puntos críticos para la seguridad vial del casco urbano. Las directrices actuales están estrictamente enfocadas en mejorar los índices de movilidad, mantener el orden en el espacio público y recuperar la capacidad de control del tránsito local. Se espera que este contingente contribuya a mitigar los problemas de tráfico generados durante los meses de transición institucional, estableciendo nuevamente una presencia sostenida de la autoridad de tránsito en el área. (DLH)

Super Tour 2026: Alex Suárez se corona campeón nacional de surf

Alex Suárez conquistó el campeonato nacional de surf 2026 al ganar la quinta fecha del Super Tour en Puerto Engabao, el evento contó con la presencia del empresario Alcides Guerrero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Surf.

El surfista ecuatoriano Alex Suárez se adjudicó el título de campeón nacional de surf correspondiente a la temporada 2026. La consagración se concretó tras el cierre de la quinta y última fecha del Super Tour 2026, circuito oficial que concluyó sus actividades competitivas este domingo en la zona costera de Puerto Engabao, provincia del Guayas. Con esta jornada, la disciplina cerró su calendario anual definiendo a los mejores exponentes en las distintas categorías en disputa sobre las olas de la localidad guayacense.

Definición ajustada en la categoría Open Masculino La final de la categoría Open Masculino se disputó bajo la modalidad de enfrentamiento directo de dos competidores (man-on-man). La manga decisiva enfrentó a dos deportistas de amplia trayectoria en el circuito: Alex Suárez y Roberto “Bibi” Rodríguez,

quienes llegaron a la instancia definitiva tras superar las fases eliminatorias del cuadro principal. El desarrollo del bloque final se caracterizó por la acumulación de puntajes altos por parte de ambos atletas. La diferencia en el marcador se marcó cuando Suárez ejecutó una maniobra evaluada por los jueces con 8,5 puntos, el registro individual más alto de la serie. Al término del tiempo reglamentario, Alex Suárez sumó un total

combinado de 15,7 puntos contra los 12,4 puntos alcanzados por Roberto Rodríguez. Este resultado aseguró el triunfo de Suárez en la fecha final y consolidó su posición en la tabla general de la temporada, superando en la carrera por el campeonato a Jonathan “Gato” Chila, quien había quedado eliminado en la fase de semifinales de este mismo evento.

Resultados de la jornada por categorías

La última parada del Super Tour 2026 definió a los ganadores en las restantes divisiones del campeonato. En la categoría Open Damas, el primer lugar fue para Ámbar García, seguida por Lidia Rajchenko en la segunda posición, Corina Borja en la tercera casilla. En la modalidad de Longboard, la victoria correspondió a Darío Limón, mientras que Isidro Villao, Jonathan Chila y Emilio Chong ocuparon las casilleros secundarios. En las categorías juveniles y de especialidad, la división Sub 18 fue liderada por Cristóbal Sáenz, escoltado en el podio por Sandro Rivera, Tomás Vergara y Juan López. Por su parte, en la modalidad de Bodyboard, el deportista Jeremy Alvarado se ubicó en el primer puesto de la clasificación, seguido por Giovanny Villamar, Luis del Rosario y Xavier Zavala. La sumatoria de puntos de esta última jornada oficializó el cuadro

de honor definitivo de la federación para la presente temporada competitiva.

Impacto de la competencia en el sector de Puerto Engabao

La realización de la quinta fecha del circuito nacional contó con la articulación organizativa del Club Puerto Engabao, la Comuna de Puerto Engabao, la empresa privada y la Prefectura del Guayas. La llegada de los equipos técnicos, juzgadores y deportistas generó movimiento comercial en los establecimientos de hospedaje y alimentación de la localidad. Asimismo, la infraestructura logística desplegada en el balneario permitió el desarrollo continuo de las series programadas durante el fin de semana, impulsando la visibilidad del sector como punto apto para la práctica deportiva de alto rendimiento y el turismo de playa en la provincia del Guayas.(JNG)

Paddle surf en Esmeraldas: deporte, salud y turismo marino

Las playas de Esmeraldas incorporan el paddle surf como alternativa de turismo acuático. La actividad combina ejercicio físico y recreación marítima en Playa Las Palmas.

La provincia de Esmeraldas continúa diversificando su abanico de actividades recreativas mediante la consolidación del paddle surf (Stand Up Paddle), una disciplina acuática en pleno auge dentro de la oferta turística del litoral ecuatoriano. Esta modalidad busca potenciar el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en la región, brindando a visitantes locales, nacionales e internacionales una alternativa innovadora para interactuar con el entorno natural. Las condiciones geográficas y marítimas de la costa esmeraldeña ofrecen un escenario óptimo para el desarrollo de estos deportes acuáticos, lo que permite diversificar el uso del espacio público costero, incentivar la llegada de nuevos perfiles de viajeros y dinamizar directamente la

economía de los prestadores de servicios turísticos locales.

Beneficios

El paddle surf se posiciona como un deporte altamente inclusivo que promueve el bienestar físico y mental de sus practicantes. A diferencia de otras disciplinas de mayor impacto, el desplazamiento sobre la tabla mediante el impulso del remo requiere la activación constante del centro muscular (core), así como el fortalecimiento de las extremidades inferiores y superiores para mantener la estabilidad sobre la superficie del agua. Esta combinación convierte a la actividad en un ejercicio cardiovascular completo y de bajo impacto articular, apto para un rango sumamente amplio de edades.

Por otro lado, diversos análisis enfocados en el turismo de bienestar destacan los efectos positivos de la recreación al aire libre en entornos acuáticos. La interacción con el ecosistema marino, combinada con la concentración que exige el remo, contribuye significativamente a la reducción de los niveles de estrés y al equilibrio emocional. Al no requerir un nivel técnico avanzado para las etapas iniciales, la disciplina permite que usuarios sin experiencia previa puedan navegar de forma segura tras recibir indicaciones básicas en tierra firme.

Infraestructura en Playa

Las Palmas

Dentro de la planificación de estos recorridos, la Playa Las Palmas se ha consolidado como el punto focal para

la ejecución de las jornadas marítimas. Su ubicación estratégica en el cantón Esmeraldas ofrece zonas con oleaje moderado y vientos favorables, especialmente durante las primeras horas de la mañana, momento en el que el mar presenta condiciones óptimas de calma para la navegación de principiantes.

El desarrollo de estas jornadas en horarios matutinos permite a los participantes apreciar el paisaje costero desde un ángulo diferente, fomentando una cultura de conservación y respeto hacia la biodiversidad marina de la zona. Asimismo, el sector cuenta con la infraestructura adecuada para la logística de recepción, preparación física y acompañamiento de guías especializados, asegu-

rando un entorno normado y seguro durante todo el itinerario sobre el agua.

Costos, equipamiento y canales de atención Para quienes buscan sumarse a las actividades programadas, como la próxima jornada prevista para el domingo 19 de julio desde las 7:00 a. m. en Playa Las Palmas, el costo por participante está fijado en $30. Este valor cubre la asistencia técnica de un guía certificado, el uso del equipo de navegación (tabla de paddle, remo y chaleco salvavidas), la entrega de un registro fotográfico de la jornada y un refrigerio compuesto por sánduche y jugo. Para consultas: su cuenta oficial en Instagram @paddleexperience.esmeraldas. (JNG)

Ismael “Majuco”

Quintero: un referente para la música de Esmeraldas

Ismael “Majuco” Quintero, director de Los Chigualeros, ha dedicado más de 50 años a la difusión de la música afroecuatoriana, fusionando la marimba tradicional con la salsa.

Ismael “Majuco” Quintero, nacido el 18 de mayo de 1954 en la localidad de Limones, provincia de Esmeraldas, representa una de las figuras fundamentales en el desarrollo y la difusión de la música tropical e identitaria del litoral ecuatoriano. Desde sus inicios a los 15 años, influenciado por las sonoridades de la salsa colombiana, su carrera se ha consolidado a lo largo de más de cinco décadas de actividad artística constante, abarcando desde la instrumentación tradicional hasta la dirección musical de agrupaciones de trascendencia internacional.

Inicios profesionales

Los primeros pasos de Quintero en el ámbito musical formal se desarrollaron en escenarios estudiantiles y locales dentro de su provincia natal. Posteriormente, se integró como ejecutante a la orquesta Z Mar, agrupación conformada por músicos esmeraldeños en la que militó por más de una década. Durante esta etapa, la banda realizó extensas giras por diversas regiones del territorio nacional, coincidiendo

con el periodo de transición democrática del país a finales de la década de 1970 y el auge de las orquestas en vivo como principal dinamizador del entretenimiento social en las festividades cantonales y provinciales.

Consolidación con Los Chigualeros y proyección internacional

A comienzos de la década de 1980, Quintero se unió a su hermano, Segundillo Quintero, para integrarse a la orquesta Los Chigualeros en calidad de bajista y posterior compositor. Esta agrupación adoptó un enfoque conceptual centrado en la fusión de ritmos tradicionales afroesmeraldeños —como el bambuco y el uso del compás de seis por ocho— con elementos de la salsa y géneros contemporáneos. La denominación del grupo hace referencia al “chigualo”, una manifestación ritual y musical propia de la cultura afrodescendiente de la región.

Bajo esta línea de trabajo, la agrupación alcanzó notoriedad tanto en el mercado nacional como en escenarios de Europa y Estados Unidos,

EL aporte de Ismael Quintero a la música afroecuatoriana.

convirtiéndose en una de las primeras formaciones de Esmeraldas en llevar la sonoridad local al ámbito internacional. Entre sus producciones destacan temas como Añoranzas y Canto a Esmeraldas, piezas integradas al repertorio cultural de la provincia. En 2014, la Casa de la Cultura Ecuatoriana otorgó un reconocimiento formal a la orquesta con motivo de sus tres décadas de fundación, espacio en el cual Quintero se desempeña actualmente como director musical.

Formación de talentos y gestión comunitaria Más allá de la producción discográfica y las presentaciones en vivo, la trayectoria de la agrupación incluye la implementación de programas de formación musical destinados a la infancia y juventud de la provincia. A través de la creación de una escuela de música, se promovió la enseñanza de instrumentos tradicionales como la marimba, el cununo, el guasá y el bombo, junto con instrumentos modernos como el piano y el bajo. Esta iniciativa funcionó

TRAYECTORIA musical de Ismael Quintero en Ecuador y el exterior.

como un semillero de músicos que posteriormente se incorporaron a la estructura formal de la orquesta o a otros proyectos artísticos del país. Dichos programas formativos se desarrollaron en diversos periodos mediante autogestión y convenios con instituciones públicas y de educación local, orientados a la vinculación social de niños y jóvenes en sectores vulnerables.(JNG)

Nueve campamentos de minería ilegal son destruidos

Las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyeron nueve campamentos de minería ilegal y maquinaria en Esmeraldas. Los operativos militares se intensificaron para frenar a grupos armados.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador ejecutaron recientemente una serie de intervenciones tácticas en la provincia de Esmeraldas, en la zona fronteriza con Colombia, logrando la inhabilitación de nueve campamentos destinados a la minería no regularizada. Estas incursiones forman parte de un despliegue estratégico permanente, orientado a neutralizar las capacidades logísticas y operativas de las estructuras criminales que operan en el norte del país, y buscan fortalecer la presencia estatal en territorios vulnerables.

San Lorenzo y Eloy Alfaro Los operativos se concentraron en dos cantones estratégicos. En San Lorenzo, sector limítrofe con el departamento colombiano de Nariño, el contingente militar ubicó y

desmanteló seis instalaciones clandestinas. En este punto, los equipos tácticos inhabilitaron diez retroexcavadoras, tres motobombas y un generador eléctrico de alta capacidad, logrando además el decomiso de armamento de fabricación artesanal. De forma paralela, en el cantón Eloy Alfaro, las fuerzas de seguridad intervinieron tres campamentos

Policía rescata a víctima de secuestro en la

‘Y’ de Vuelta Larga

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó una operación de rescate en el cantón Esmeraldas, la cual culminó con la aprehensión en flagrancia de tres individuos vinculados a un presunto delito de privación de libertad. La intervención se desarrolló en el sector conocido como la Y de Vuelta Larga, una zona donde las unidades policiales desplegaron un operativo inmediato tras recibir una alerta oficial. Las autoridades mantienen a los sospechosos bajo custodia mientras se desarrollan las etapas iniciales del proceso judicial para esclarecer el hecho.

Alerta de emergencia

El operativo comenzó el 24 de julio de 2026, luego de que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 emitiera un

reporte sobre un posible secuestro en curso. Esta alerta activó los protocolos de respuesta inmediata de la Policía Nacional, permitiendo la coordinación de las unidades que patrullaban el sector. Al llegar a la ubicación señalada, los uniformados visualizaron un automóvil que ya había sido interceptado por un agente en el terreno. La rápida movilización de los efectivos fue determinante para asegurar el perímetro y evitar la fuga del automotor involucrado en el ilícito.

Rescate de la víctima

Durante la inspección del vehículo, los agentes del orden confirmaron la presencia de una persona que se encontraba retenida en contra de su voluntad. En el interior del automotor, los policías

adicionales. El saldo de esta segunda fase incluyó la destrucción de cinco retroexcavadoras, dos motobombas, un generador eléctrico y una máquina clasificadora de minerales, afectando de manera directa la infraestructura extractiva de las redes operativas locales.

Reacción estatal ante incidentes previos

identificaron a tres ocupantes que mantenían sometida a la víctima, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Los reportes policiales detallan que uno de los sospechosos empuñaba un arma blanca, específicamente un machete, para intimidar al ciudadano. Asimismo, se identificó que otro de los individuos intentaba ocultar su identidad utilizando una prenda de vestir a modo de pasamontañas. Los efectivos procedieron a neutralizar a los presuntos captores, garantizando la integridad física de la víctima, quien fue extraída del vehículo y puesta a buen recaudo.

Evidencias

Al configurarse un delito flagrante, los agentes procedieron con la aprehensión formal de los tres ciudadanos, identificados en los reportes preliminares como Freddy S., Ariel S. y Gabriel

once uniformados fallecidos, evidenció la logística de las estructuras dedicadas a esta economía ilícita. Los reportes de inteligencia vinculan dichas actividades con agrupaciones irregulares transfronterizas y organizaciones delictivas de alcance nacional, las cuales utilizan la minería como fuente principal para el financiamiento de sus operaciones.

Zonas vulnerables

Las operaciones de control sobre la extracción ilícita de recursos han experimentado un incremento sustancial en el transcurso del último año. La planificación de seguridad se reestructuró de manera exhaustiva tras los hechos registrados en mayo de 2025, cuando un contingente militar fue emboscado en la región amazónica ecuatoriana. Aquel ataque, que dejó

El interés de las organizaciones delictivas por la extracción de oro se ha intensificado en respuesta a los altos precios del metal en el mercado internacional, empujando a estas estructuras a invadir áreas naturales protegidas del territorio ecuatoriano. Esta incursión genera un impacto estructural en la biodiversidad. Los métodos extractivos utilizados carecen de cualquier parámetro técnico, provocando la deforestación acelerada de los bosques y la remoción masiva de tierras. Asimismo, la utilización de metales pesados, especialmente el mercurio, resulta en la contaminación prolongada de los lechos fluviales, afectando a las comunidades aledañas que dependen de las fuentes hídricas de la región.(DLH)

TRES detenidos por presunto secuestro tras operativo en Esmeraldas.

S. Como parte del procedimiento, el personal técnico levantó varios indicios asociativos que formarán parte del expediente fiscal. Entre los elementos incautados se encuentran el vehículo utilizado para el traslado, el arma

blanca tipo machete, tres terminales móviles y cinta de embalaje, presuntamente destinada a inmovilizar al retenido. Los detenidos y la evidencia material quedaron a disposición de las autoridades competentes.(DLH)

YAKU PÉREZ: ¿DE LA ALCALDÍA DE CUENCA A LA PRESIDENCIA DE ECUADOR?

Yaku Pérez fue elegido por una alianza política para competir por la Alcaldía de Cuenca, el precandidato explica que hay motivos colectivos para participar, pero aún está pendiente que se concrete la inscripción en el CNE.

“La oposición es completamente válida, venga de donde venga, porque ayuda a mejorar”, dice Yaku Pérez Guartambel, el abogado de 57 años que buscará llegar a la Alcaldía de Cuenca con el respaldo de cuatro organizaciones políticas.

Pérez fue prefecto del Azuay y candidato presidencial en las elecciones de 2021 en las que se enfrentó a Guillermo Lasso , quien ganó la Presidencia. Actualmente, Pérez es coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA) del Azuay Somos Agua, Unidad Popular (UP), Futuro 20 e Izquierda Democrática (ID) lanzan la precandidatura de Pérez por la alianza Unidos por el Agua Esa decisión le tomó a Pérez algunas semanas de reflexión. En diálogo con LA HORA comenta las razones que pesaron en su decisión.

P. Usted representa a cua-

tro organizaciones políticas para la Alcaldía de Cuenca, ¿qué lo llevó a aceptar finalmente esta precandidatura?

Un tema gravitante es que Cuenca entra en una situación bastante compleja con una amenaza de extractivismo minero, si bien revocaron la licencia ambiental (del proyecto Loma Larga), la empresa minera Dundee Precious Metals no se ha ido de Cuenca. Estamos criminalizados seis dirigentes defensores del agua y Cuenca está amenazada por el extractivismo minero, tanto en Quimsacocha como en Río Blanco. Ahora hay otra concesión , estamos averiguando a qué empresa corresponde y está en Cuenca también. El otro tema gravitante es el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Cuenca era considerada como la isla de paz, hoy empieza a proliferar robos, asaltos, asesinatos, homicidios, extorsiones. Sumado a eso, Cuenca está completamente incomuni-

cada, con inseguridad vial. Todas estas realidades difíciles que tiene Cuenca nos llevan a la decisión colectiva de algunos sectores políticos y sociales que tuvieron la confianza en proponerme esta precandidatura. Fui el último en tomar la decisión.

P. ¿Optar por la Alcaldía de Cuenca significa dejar de lado una futura candidatura para la Presidencia de Ecuador?

Si voy a la Alcaldía tengo que cumplir el periodo y después analizaría alguna eventualidad. Por ahora, tengo que cumplir como candidato, si es que me permiten inscribirme porque puede ser que no me permitan. El Consejo Nacional Electoral (CNE) está muy acucioso y selectivo en bloquear candidaturas. Caso contrario, seguiremos desde donde hemos actuado, desde el activismo, la academia y la abogacía.

P. ¿Ganar la Alcaldía de Cuenca le daría ventaja

POLÍTICO.

Yaku Pérez (en el centro), precandidato a la Alcaldía de Cuenca, durante una rueda de prensa el 21 de julio de 2026. (Foto: API).

tercera vía que irrumpa frente al totalitarismo , a una justicia selectiva, a la persecución, al odio, a la desidia. Tiene que marcar una diferencia y eso se puede comenzar desde lo más pequeñito, desde una comunidad, una parroquia, un cantón, una provincia.

P. Usted es una figura que encarna la oposición al Gobierno por su postura antiextractivista, ¿podría ser difícil gestionar Cuenca si gana las elecciones?

para ir a la presidencial de 2029?

Sin duda. Desde el año 2021 y 2023 (fue candidato presidencial en las elecciones anticipadas por la alianza Claro que se puede y en 2025 fue candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Amigo) hasta le fecha he conseguido un poquito más de aprendizaje, de madurez, incluso en mis estudios. Hoy tengo seis posgrados y estoy cursando un doctorado, pero las caídas también ayudan para aprender y levantarse. La experiencia no es un accidente. Si se logra hacer una buena gestión (en la Alcaldía), eso potenciaría para equivocarse menos en la administración pública . Para ser un candidato potente y potable sí se debe tener una escuela y esto posiblemente sea una escuela. Pero uno no descarta y tampoco se obsesiona por ser candidato o presidente. Mucho va a depender de las circunstancias.

P. ¿Ser alcalde puede ser un factor de peso para ir consolidando esa tercera vía sin ADN y sin la Revolución Ciudadana?

Totalmente. La tercera vía no tiene que ser solo un discurso, tiene que ser una construcción colectiva donde la honestidad vuelva a ser la regla, no la excepción, en donde el cuidado de la naturaleza, del agua, de los ríos, de la vida sea una condición insoslayable. Es decir, una

Con cualquier gobierno hay que sentarse a dialogar , así no haya acuerdo, pero en muchos temas creo que habría acuerdos como en la inseguridad ciudadana, inseguridad vial. En la inseguridad ecológica tal vez tengamos discrepancias y no solamente con el actual Gobierno (de Daniel Noboa) , sino con muchos otros actores. Pero si hay un respeto a las posturas sin atacar a las personas, sino a los actos, creo que es factible. La oposición es completamente válida, venga de donde venga, porque ayuda a mejorar, a prevenir, a cuidar, pero cuando la oposición es sana y sin agresiones personales.

P. ¿Pero, qué tipo de relación podría establecer como alcalde con el Gobierno nacional? Cualquier gobierno debe entender que no se pueden vulnerar los derechos que están en la Constitución . Y si no se respeta la Constitución, toca activar la movilización social . Hemos aprendido que la institucionalidad se respeta solo con movilización social. Los juicios en las Cortes, por mejor abogado que sea, no se ganan si no están acompañados de la movilización social. Pero esta movilización social debe ser pacífica , propositiva, muy proactiva para evitar un desprestigio, con las acciones caóticas, ilegales o violentas no se consigue legitimidad. El mejor espejo fue lo que pasó el 16 de septiembre de 2025 en Cuenca , donde 120.000 corazones salieron a decirle al Gobierno: queremos agua y no minería. (KSQ)

Ecuador baja los asesinatos, pero la violencia no cede

La violencia en el primer semestre de 2026 contabilizó 505 casos menos de asesinatos en comparación al mismo periodo de 2025. Sin embargo, la violencia se mantiene.

Los primeros seis meses de 2026, 4.154 familias quedaron atravesadas por la violencia criminal en Ecuador . Las estadísticas del Ministerio del Interior , entre enero y junio de este año hay un descenso de la violencia frente al récord de 2025; sin embargo, estas cifras muestran que, pese a la disminución de homicidios intencionales , la violencia continúa, ha mutado y se ha desplazado en el país.

El primer semestre de 2026 mostró que se registraron 505 casos menos respecto al mismo periodo de 2025, es decir el 10,8% menos en cuanto a asesinatos. Pese a estas cifras, la violencia se mantiene concentrada en la Costa siendo Guayas la provincia más afectada, seguida por Manabí y El Oro.

Con la tercera provincia se ha evidenciado una violencia que va en ascenso. Pues, El Oro pasó de 319 homicidios intencionales

entre enero y junio de 2025 a 521 muertes violentas en el primer semestre de 2026.

Segundo semestre más alto con cifras de violencia en Ecuador Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) , detalló que hay que tener en cuenta que la cifra de este semestre 2026 corresponde a la segunda más alta desde que Ecuador tiene registros históricos.

“El 2025 fue el periodo total y también en ese primer semestre más alto de los registros históricos y este 2026, en este periodo, corresponde al segundo (semestre más elevado), incluso por encima del 2023, que en su momento fue el más alto”. Por lo que Villagomez puntualizó que si bien ha habido una reducción de las cifras de violencia esas

estadísticas son altas, sobre todo, al compararlas con otros periodos. Por ejemplo, en el primer semestre de 2025 hubo 4.659 homicidios intencionales; mientras que en 2023 -que en su momento fue el año más violento- hubo 3.715, y el primer semestre de 2019 fue de 575.

El líder técnico del OECO puntualizó que los decretos ejecutivos como los estados de excepción han tenido un enfoque notable en Guayas en el cantón Durán; y en Quevedo , en Los Ríos con reducciones de la violencia.

Sin embargo, en el caso de El Oro hay un crecimiento drástico de cerca del 63%, y esto se da porque el crimen organizado y las redes delincuenciales pueden trasladarse y puede un desplazamiento.

Villagomez puntualizó que hay patrones en los que se evidencia el comportamiento de la violencia. “Las masacres se trasladaron de

factor importante dentro de la violencia que vive Ecuador es la prevalencia del uso de armas de fuego para cometer los homicidios. “Es una cifra que no ha variado y que hay una lógica de control territorial y también sobre la facilidad que tienen los grupos para el acceso a armas de fuego y con eso va relacionado la baja resolución de casos que hay en los asesinatos”.

Rivera expuso que el 88% de armas de fuego usadas para los homicidios también se dio en 2025. Por lo que indicó que en 2021 ya se registró el 77% del uso de esas armas para cometer asesinatos, pero resaltó que en los últimos cuatro años ese porcentaje ha sido del 80%.

Según el investigador de crimen organizado, la forma en cómo entran las armas al país es a través de tres tipos de transporte que son vía aérea, a través de avionetas; la segunda forma es a través de partes y componentes como por courier y por medio de contenedores.

las cárceles a las calles, sobre todo lo que ocurrió en 2022 o 2023. Un dato interesante que hemos observado es el control de armas, y en estos primeros seis meses, se observa que alrededor del 88% de los homicidios han sido cometidos con armas de fuego, lo cual obviamente también es un riesgo para que dentro de un evento criminal pueda haber mayores víctimas”.

3.671 homicidios en Ecuador cometidos con arma de fuego en el semestre de 2026 Entre enero y junio de 2026, según las cifras del Ministerio del Interior, 3.671 muertes violentas se cometieron con arma de fuego. De estas, 1.605 se concentran en Guayas, luego está Manabí con 544, le sigue El Oro con 453 y Los Ríos con 452.

Renato Rivera, investigador senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, expuso que un

Hay que replantear estrategias para combatir la violencia en Ecuador Cristian Ordoñez, especialista en temas de seguridad, dijo que la reducción del 10,8% de los homicidios no es una disminución tan significativa, pese a todos los esfuerzos que se realizan.

Por lo que señaló que, incluso, esa disminución puede estar sujeta a un recrudecimiento o un rebrote estadístico desde el segundo semestre de 2026.

“Es decir, un 10% no necesariamente marca una tendencia de disminución significativa. Al momento tenemos las previsiones de que 2026 va a ser el segundo año más violento. Entonces, estos elementos no deberían ser tomados como un triunfo, sino más bien como una circunstancia que hay que tomarla con suprema cautela y ciertamente replantear las estrategias”, aseguró. Ordoñez resaltó que no ha existido una disminución integral de la violencia en el país, por lo que el crimen organizado ha buscado un dinamismo territorial donde ejercer sus actividades delictivas (PSR)

Ecuador necesita invertir $4.400 millones contra la pobreza

Cerca de 4 millones de ecuatorianos siguen en pobreza monetaria. Reducirla exige un esfuerzo fiscal cercano al 4% del PIB. La clave sería generar empleo e inversión.

La pobreza en Ecuador tiene una paradoja: está bajando, pero el problema sigue siendo gigantesco.

En 2020, en plena pandemia , el 33% de la población cayó en pobreza monetaria Cinco años después, la tasa se redujo a 21,8%. La mejora es evidente. Sin embargo, detrás de ese porcentaje todavía hay cerca de 4 millones de ecuatorianos que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir su canasta básica de alimentos y servicios. La pregunta, entonces, cambia. Ya no es solamente cuántas personas salieron de la pobreza, sino qué se necesita para que millones más puedan hacerlo de manera sostenible.

Una respuesta planteada por Máximo Damián Baldera, gerente general de Estudios Econométricos en Perú, apunta a una cifra de gran tamaño: alrededor del 4% del PIB real de Ecuador. Ese sería, según su análisis, el esfuerzo fiscal, o la inversión, que el Estado debería canalizar para reducir de manera significativa la pobreza monetaria en Ecuador.

Pero el propio análisis plantea un dilema para las finanzas públicas : ¿Ecuador debe gastar más para combatir la pobreza o necesita crecer más para generar los ingresos que permitan reducirla?

La respuesta no está en escoger una sola de las dos opciones.

Economía debe crecer más de 5%

Una persona está en pobreza monetaria cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta de alimentos y la canasta de servicios. En esta última entran gastos como transporte, educación, internet y servicios básicos.

En 2018, la pobreza monetaria en Ecuador alcanzaba

CRISIS. La pobreza en Ecuador sigue afectando a una de cada cuatro personas

al 22,3% de la población. Con la llegada de la pandemia, la tasa saltó al 33% en 2020. En términos prácticos, cerca de 2 millones de personas adicionales pasaron a formar parte de la población pobre

Después comenzó la recuperación. La tasa bajó al 28,18% en 2021 y ahora está cerca del 22%. Sin embargo, el número de personas que todavía enfrentan pobreza monetaria sigue siendo cercano a 4 millones.

La reducción, por tanto, ha sido importante, pero lenta.

“Si el país no crece a tasas por encima de 5% como mínimo, va a ser bien complicado reducir la pobreza monetaria”, sostuvo Baldera.

Ahí aparece el primer gran problema: Ecuador necesita más recursos para atender la pobreza, pero su economía no crece con la velocidad necesaria para generar suficientes empleos e ingresos

Baldera proyecta que, sin cambios sustanciales, la economía ecuatoriana crecerá a

tasas inferiores al 2% en los próximos años. Si ese escenario se cumple, la economía tendría dificultades para absorber a más trabajadores, mejorar los ingresos de los hogares y reducir la pobreza a una velocidad significativa.

Recursos para reducir la pobreza

El 4% del PIB no es una nueva obligación para el Estado ni significa que el Gobierno deba transferir automáticamente ese monto a los hogares. Es una estimación teórica que busca mostrar cuánto esfuerzo de financiamiento se necesitaría para reducir la pobreza monetaria.

La cifra sirve para dimensionar el tamaño del reto. En 2018, ese esfuerzo equivalía al 3,6% del PIB. Durante la pandemia, en 2020, llegó al 6,1%. Para 2024, la estimación alcanzó el equivalente al 3,9% del PIB. Para este 2026, la referencia se ubica nuevamente en alrededor del 4%, lo que representa alrededor de $4.400 millones

La pregunta aparece de

inmediato: ¿de dónde saldrían esos recursos?

Ecuador no puede simplemente abrir la llave del gasto público. Tiene que lidiar con el déficit, la deuda, el pago de intereses y una recaudación que debe sostenerse en el tiempo.

Por eso, el debate no se resume en “más dinero para combatir la pobreza” . El desafío es más complejo: lograr que cada dólar público ayude a una familia hoy, pero también contribuya a que esa familia necesite menos ayuda mañana.

Ayuda contra la pobreza Un bono puede ayudar a una familia a comprar alimentos este mes. Pero no crea un empleo, una empresa o una fuente permanente de ingresos.

Por eso, la solución no es eliminar los programas sociales. Al contrario, son indispensables para proteger a los hogares más vulnerables. Pero Baldera sostiene que la política social no puede caminar separada de la política económica

La idea central es sencilla: “¿Qué se necesita? Generar empleo”, dijo Baldera. Y para eso, la inversión privada es clave.

La ruta propuesta combina cinco frentes:

1

Proteger a quienes no pueden esperar. Los hogares en pobreza extrema necesitan ayuda inmediata. Los bonos deben llegar a quienes realmente no pueden cubrir sus necesidades básicas , mientras se crean oportunidades para que generen ingresos propios.

2

Usar la inversión como una palanca. La inversión privada crea empresas y empleos. El Estado puede ayudar mejorando carreteras, infraestructura, permisos y condiciones para que las empresas lle -

guen a las zonas más pobres, en lugar de reemplazar permanentemente a la actividad privada.

3

Llevar más recursos donde la pobreza es más profunda. El promedio nacional puede esconder realidades muy distintas. Mientras la pobreza monetaria llega al cerca del 22% en todo el país, alcanza el 74,2% en Morona Santiago y el 58,6% en Napo. Provincias como Orellana, Sucumbíos y Pastaza también requieren políticas diferenciadas.

4

Convertir el turismo en una fuente de ingresos. Una visita puede mover transporte, hoteles, restaurantes, comercio, guías y producción local. El Estado debe crear las condiciones para que la inversión llegue y las comunidades participen en actividades con encadenamientos productivos como el turismo.

5

Medir la inversión por lo que transforma, no solo por lo que gasta. Tener presupuesto no basta. Si el dinero no se convierte en carreteras, agua potable, conectividad, escuelas, salud o proyectos productivos, la pobreza permanece. Se debe evaluar el retorno efectivo de cada dólar invertido, no solo el monto total. El reto, en suma, tiene dos caras: conseguir recursos y lograr que cada dólar se convierta en oportunidades reales de empleo e ingresos. “ Ecuador necesita dejar de mirar el gasto público únicamente desde la lógica de cuánto dinero se entrega. Hay que revisar con rigor dónde se está gastando y qué resultados produce cada dólar. Los bonos deben llegar a quienes realmente los necesitan, pero con una ruta que permita que, en el mediano plazo, esas familias puedan dejar de depender de ellos”, apuntó Andrés Rodírguez Verdesoto, economista

Al mismo tiempo, el Estado debe invertir con inteligencia en infraestructura y hacerlo de la mano del sector privado, para que esa inversión se traduzca en actividad económica, empleo y nuevas fuentes de ingresos. (JS)

Keiko Fujimori recibe un Perú al borde de tres crisis: crimen, El Niño y déficit

La presidenta electa asumirá el 28 de julio de 2026 con una ventaja que sus antecesores no tuvieron: suficiente respaldo parlamentario para gobernar, pero con el desafío de convertir esa estabilidad política en inversión, crecimiento y respuestas para una población golpeada por la inseguridad y la pobreza.

Keiko Fujimori llega a la Presidencia de Perú con una ventaja que sus antecesores no tuvieron: su permanencia en el cargo no parece estar en riesgo inmediato. La presidenta electa contará con una representación suficiente en el nuevo Parlamento para bloquear intentos de destitución, en un país que tuvo ocho mandatarios en la última década. Pero esa estabilidad política será puesta a prueba desde el primer día. Fujimori recibirá un país con una economía que todavía conserva fortalezas, pero que acumula desequilibrios fiscales, una creciente inseguridad y brechas de infraestructura que exigen inversión. Su desafío no será únicamente gobernar. Será demostrar que puede convertir la estabilidad política en crecimiento y respuestas concretas para una población que reclama seguridad, empleo y mejores servicios. La nueva mandataria asumirá el poder el 28 de julio de 2026, para el periodo 20262031, en una ceremonia a la que está previsto que asista

el presidente de Ecuador, Daniel Noboa

La primera prueba de Fujimori será la llegada de El Niño a Perú El reto más inmediato será la prevención del fenómeno de El Niño Costero. Los pronósticos oficiales advierten que el aumento inusual de la temperatura del mar podría provocar lluvias torrenciales e inundaciones en la costa, con una intensidad extraordinaria hacia fi-

nales de año.

Fujimori tendrá poco tiempo para ejecutar obras de prevención. Una emergencia de gran magnitud pondría a prueba no solo la capacidad operativa de su Gobierno, sino también sus cuentas públicas

El impacto económico puede ser considerable. La pesca y la agricultura, sectores especialmente vulnerables a los eventos climáticos, representan más del 5% del PIB peruano en exporta-

ciones. El turismo también puede resultar afectado.

Por eso, el manejo de la emergencia será una de las primeras pruebas de la promesa de Fujimori de reordenar el gasto fiscal y dirigir el crédito público hacia inversiones productivas.

La presidenta electa ha prometido duplicar hacia el final de su mandato el ritmo de crecimiento de la economía, cuyo PIB crecería 3,2% en 2026. También plantea mantener el déficit fiscal en 1% del PIB y elevar en un punto porcentual la deuda pública para financiar inversión productiva.

Perú: el banco central sirve como ancla de la economía

La transición tendrá un elemento de continuidad clave: Julio Velarde seguirá al frente del Banco Central de Reserva del Perú. El funcionario, que lleva dos décadas en el cargo y ha visto pasar a una decena de presidentes, aceptó continuar al frente de la institución.

Su permanencia representa una señal de estabilidad monetaria para los mercados y los inversionistas. Fujimori busca aprovechar esa confianza para atraer capital privado y cerrar las brechas de infraestructura.

El problema está en las finanzas públicas. Perú incumplió durante tres años consecutivos su límite de déficit y el Congreso aprobó en los últimos años leyes que incrementan el gasto público en unos $10.700 millones, equivalentes a cerca de tres puntos del PIB.

El Consejo Fiscal ha advertido que ese aumento re-

presenta un grave desorden y amenaza la sostenibilidad de las cuentas públicas. Fujimori deberá decidir si corrige el problema mediante una reducción del gasto, una reforma tributaria o una combinación de ambas. La tarea será especialmente compleja en un país con alta informalidad laboral, baja productividad y una pobreza monetaria del 25,7%, todavía superior a la registrada antes de la pandemia.

Inseguridad: Fujimori promete “ordenar” el país La seguridad será el otro gran frente. Las extorsiones contra ciudadanos, comercios y transporte público se han convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos.

Según datos de la Fiscalía, los ataques al transporte público vinculados con extorsiones dejaron 152 asesinatos en Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026.

Fujimori ha prometido “ordenar el Perú” y enfrentar a las organizaciones criminales con una estrategia de mayor presencia policial y militar en el transporte público . También plantea construir al menos cinco cárceles , incluida una de máxima seguridad.

Su discurso retoma la estrategia de mano dura aplicada durante el Gobierno de su padre, Alberto Fujimori, contra Sendero Luminoso y el MRTA. Sin embargo, ese legado también está marcado por la condena de 25 años de prisión que recibió el expresidente por delitos de lesa humanidad. (JS)

Juicio No. 15951-2026-00444

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN TENA. Tena, jueves 9 de julio del 2026, a las 14h28.

EXTRACTO JUDICIAL

CITO: Con el contenido de la demanda, en cumplimiento de lo que estipula el Art. 56 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos.

JUICIO:  INVENTARIO DE BIENES SUCESORIOS

NUMERO:  15951-2026-00444

ACTOR:  DALGO DIAZ DORIS DEBORA

DEMANDADO:  DIAZ EBLI JENNI NATALIA.

TRAMITE:  VOLUNTARIO

CUANTIA:  INDETERMINADA

JUEZ:  DR. MARCOS GUERRERO FUENTES, JUEZ ENCARGADO

SECRETARIA:  ABG. MARIELA POVEDA SANTILLÁN

DEMANDA: El extracto de la referida demanda es como sigue: “…Agréguese al proceso el escrito presentado por la actora, proveyendo el mismo, por ser procedente lo solicitado y de conformidad con el Art. 130 numeral 8 del C.O.F.J, se aclara el auto de calificación de la demanda, que por un error se hizo constar:  “…HELEN GUILLERMINA DÍAS…”  CUANDO LO CORRECTO ES: HELEN GUILLERMITA DÍAZ, por lo tanto, se encuentra atendido su pedido, dejando los demás datos inalterables, en tal virtud se vuelve a oficiar como corresponda, conminándole a la peticionaria que deberá acercarse al complejo judicial de Tena, para brindar las facilidades del caso. 1.- Agréguese al expediente el escrito que antecede presentada por la parte actora, dando cumplimiento a lo dispuesto en providencia anterior, por lo que se califica la presente demanda de inventario presentada por DALGO DIAZ DORIS DEBORA  y DIAZ EBLI JENNI NATALIA, por sus propios derechos y en calidad de apoderados de la señora  HELEN GUILLERMITA DÍAZ; al reunir los requisitos de ley; por consiguiente se le admite a trámite mediante procedimiento VOLUNTARIO, conforme el Art. 334 numeral 4 y Art. 341 del COGEP.- 2) 2.1.- Cítese al señor JORGE WALDI ANIBAL DÍAZ, a la dirección señalada, mediante exhorto dirigido a la autoridad consular correspondiente en Alemania, elabórese el despacho suficiente por medio de secretaría, la parte actora dará las facilidades del caso.- 2.2.- Cítese a la señora LORENA LEONOR RUBIO DÍAZ, a la dirección señalada, mediante exhorto dirigido a la autoridad consular correspondiente en Italia, elabórese el despacho suficiente por medio de secretaría, la parte actora dará las facilidades del caso.-  2.3.- Cítese a los presuntos herederos y desconocidos, de quien en vida fue la señora MARÍA DIOCELINA DÍAZ GÁLVEZ, a través del diario de mayor circulación a nivel nacional, mediante tres publicaciones en tres días distintos, para lo cual se elaborará el correspondiente extracto de la demanda y el presente auto por medio de secretaría, la parte actora prestará las facilidades del caso…” F).- Dr. Marcos Guerrero Fuentes Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de Napo..-CERTIFICO

Cuba vuelve a los bueyes: la crisis energética golpea al campo

El diésel caro, los apagones de hasta 70 horas y la falta de insumos obligan a agricultores cubanos a reducir sus cultivos y regresar a métodos del pasado.

En la finca La Bugambilia, en Artemisa, una provincia considerada el granero de La Habana, el tractor rojo permanece detenido bajo un cobertizo. Alexander Quesada, de 52 años, volvió a arar con bueyes el terreno que durante años trabajó con maquinaria y convirtió en una granja productiva.

El cambio resume el retroceso que vive parte del campo cubano. Quesada recibió el tractor como reconocimiento a su desempeño agrícola y llegó a producir rúcula, un cultivo de alto valor comercial que vendía a restaurantes de La Habana. Esos ingresos le permitieron sostener otros proyectos, como la producción de miel orgánica.

“Vendíamos un kilo de rúcula y con eso subsidiábamos 100 kilos tal vez de lechuga”, explica. Ese modelo dejó de funcionar.

El encarecimiento del diésel, la escasez de insumos y los cortes de electricidad han golpeado la producción. El combustible ronda los tres dólares por litro, un precio que vuelve inviable utilizar de manera continua el tractor. En algunas zonas, los apagones se prolongan hasta 70 horas y paralizan los sistemas de riego y el procesamiento de las

cosechas.

La situación se agravó después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera en enero un bloqueo petrolero a Cuba, una medida que profundizó la crisis energética y golpeó también al turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la isla.

“Ya estamos detenidos y más bien en retroceso”, admite Quesada. En lugar de rúcula y otras hortalizas de mayor margen, ahora cultiva principalmente yuca y boniato, productos más baratos que los consumidores pueden comprar, pero que dejan menos ingresos al agricultor.

El deterioro del campo ocurre en un país que importa casi todos los alimentos que consume, incluidos productos básicos como los huevos. La falta de divisas limita la compra de fertilizantes y otros insumos, mientras los subsidios estatales pierden capacidad para sostener los precios.

El paisaje agrícola de Artemisa también arrastra una historia de crisis. La zona estuvo dominada durante décadas por la caña de azúcar, pero el colapso de la Unión Soviética en los años 90 provocó el derrumbe de ese mo-

delo. Después, el Gobierno comenzó a entregar tierras estatales en usufructo para estimular la producción.

Sin embargo, los agricultores siguen denunciando obstáculos burocráticos para acceder a nuevas tierras y desarrollar sus negocios.

“Está la traba del municipio, de la provincia, de la nación, y está la traba del Ministerio de Agricultura para darte un pedazo de tierra”, reclama José Joaquín Rodríguez, de 29 años, cuya familia lleva tres generaciones trabajando el campo.

Ahora, bajo presión de Washington y en medio de una crisis económica cada vez más profunda, el Gobierno cubano presentó en junio de 2026 un amplio programa de reformas. La propuesta contempla ampliar las áreas que pueden cultivar los agricultores, permitir la creación de empresas, autorizar a las cooperativas a importar y exportar directamente y eliminar controles de precios.

La tierra, sin embargo, seguirá siendo mayoritariamente estatal.

Las reformas generan expectativas, pero también preocupación entre los pequeños productores. El economista cubano Ricardo Torres, investigador de la Universidad Americana de Washington le dijo a AFP, que considera que el panorama es “incierto”: quienes tengan capital y capacidad de organización podrían beneficiarse, mientras que los agricultores con menos recursos enfrentarían una transición más difícil. “Nosotros no tenemos el coeficiente económico para importar un contenedor de fertilizante”, dice Rodríguez. Su temor es que la apertura termine favoreciendo a los actores con mayor capital.

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E-mail: judicial@derechoecuador.com

DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Autor:

Juan

Carlos Mariño Bustamante

Las operadoras del transporte público, con la implementación de los llamados “torniquetes” para el control de acceso y cobro a los pasajeros, vulneran los derechos constitucionales ¿a la igualdad y no discriminación de personas en condición de discapacidad o movilidad reducida?

Para resolver el problema jurídico planteado, analizaremos los siguientes tópicos: i) Personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, ii) libertad de locomoción y accesibilidad física para personas en condición de discapacidad, iii) el papel del transporte público en el derecho a la libre locomoción.

Personas en condición de discapacidad como sujetos de especial protección constitucional, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.

La “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, manda a los Estados parte eliminar cualquier forma de discriminación que se presente en contra de este grupo poblacional. Dicha

Convención señala que: “a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las

personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia.

En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación”

En igual sentido centró su objetivo en la eliminación de las barreras que impiden a las personas en condición de discapacidad ejercer sus derechos y lograr adaptarse a la sociedad. Así las cosas,

estableció en su artículo III los compromisos que deberían adoptar los Estados parte para lograr el cumplimiento de los objetivos definidos:

“1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el

C

ONSULTA L ABORAL

¿Debería hacerse constar en el Art.256 del COGEP, la posibilidad de apelar únicamente de las sentencias y los autos interlocutorios?

RESPUESTA

El COGEP, establece el recurso de apelación contra las sentencias y autos interlocutorios, estos últimos cuando resuelven sobre las excepciones previas o sobre la negativa a que se practique determinada prueba. La apelación sobre excepciones previas o negativa de pruebas es siempre con efecto diferido y el proceso se elevará al superior cuando se resuelva lo principal. De esta manera se evita la suspensión sucesiva de la causa, su retraso y la presentación de recursos que tienen a dilatar el proceso.

acceso y uso para las personas con discapacidad; y d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. 2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad”. (lo subrayado y en negrita no consta en el texto original)

La “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, estableció en su artículo 1° el propósito de “(…) promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (…)”. En el mismo artículo dispuso que “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

La Constitución de la República del Ecuador su Art. 66 establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Mientras que el Art. 47 consagra: “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se re-

conoce a las personas con discapacidad, los derechos a: (…) 10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas.” Y el Art. 341 de la Constitución señala: “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. (…)”

Como vemos nuestra constitución consagra el principio de igualdad, prohibiendo cualquier forma de discriminación y señalando que el Estado garantizará a todos sus ciudadanos el goce real y efectivo de sus derechos, en especial el de los grupos poblacionales más vulnerables que históricamente han sido excluidos por su condición social, física o económica.

El Estado Ecuatoriano, encaminando sus esfuerzos para lograr el cumplimiento de los tratados internacionales aprobados y ratificados por él, expidió la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) por medio de la cual se reafirmó los derechos de las personas en condición de discapacidad, definiendo los conceptos necesarios para el entendimiento de sus mandatos y señalando los principios bajo los cuales se debe regir.

El Art. 60 de la LOD señala: “Accesibilidad en el transporte. - Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público. Los organismos competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en las diferentes circunscripciones territoriales, previo el otorgamiento de los respectivos permisos de operación y circulación, vigilarán, fiscalizarán y controlarán el cumplimiento obligatorio de las normas de transporte para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán medidas

que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades de transporte y aseguren su integridad en la utilización de las mismas, sancionando su inobservancia. Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de todas las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean libres de barreras y obstáculos y medidas.” (lo subrayado y en negrita no consta en el texto original)

El Art. 61 de la LOD dice: “Unidades accesibles.- Los organismos competentes para conceder permisos de operación a organizaciones de taxis, exigirán que al menos un porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias para transportar a personas con discapacidad con movilidad reducida, en función de las necesidades de la respectiva circunscripción territorial, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Libertad de locomoción y accesibilidad física para personas en condición de discapacidad

El derecho a la libre locomoción o de tránsito sin restricciones, debe garantizarse a todos los ciudadanos sin importar las condiciones físicas que ostenten, por lo que el Estado deber tomar medidas tendientes a la eliminación de barreras que impidan el goce efectivo de este derecho a las personas en condición de discapacidad y a

la colectividad en general. “la libertad de locomoción puede verse afectada de manera directa, como cuando alguien impone alguna restricción de acceso a las vías o al espacio público, o de manera indirecta, en atención a las condiciones y a la actividad que realiza la persona”

En referencia a la garantía de accesibilidad física, se entiende que el Estado debe proferir planes de acción, medidas y políticas que permitan a las personas en condición de discapacidad física hacer uso de sus libertades y ejercer de manera efectiva su derecho a la locomoción, permitiendo que estos desarrollen su vida diaria en condiciones de normalidad, sin obstáculos que les impida gozar de los espacios públicos, ingresar a cualquier edificación que se encuentre destinada al uso público, desplazarse usando los medios de transporte provistos para toda la comunidad e incluso disfrutar de los sistemas de las tecnologías de la información.

Cuando hacemos referencia al acceso a edificios abiertos al público, al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una persona en silla de ruedas.

El concepto de accesibilidad para personas en condición de discapacidad física es:

Juicio Nª 08332-2026-00644

“la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en formas confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes”

Se trasgrede el derecho a la igualdad de oportunidades, generando una discriminación hacía las personas con discapacidad física o movilidad reducida al momento que se le somete a mayores esfuerzos y riesgos para acceder al goce de un derecho de carácter fundamental, como es la movilidad o tránsito (locomoción).

Esta afirmación presupone una exigencia mayor del Estado y de la colectividad actual para que se materialicen las normas proferidas en favor de las personas en condición de discapacidad y para que se ejecuten de manera efectiva las políticas previstas para lograr la inclusión definitiva de este grupo minoritario en la vida social.

Haciendo referencia directa a las personas en condición de discapacidad física, la jurisprudencia extranjera ha precisado que: “Frente a las personas en situación de discapacidad, se han reconocido los importantes efectos que puede generar el ambiente físico en su inclusión o exclusión social, pues “a través de la posibilidad de acceder a diversos espacios físicos, el individuo puede autónomamente elegir y trazar su plan de vida y desarrollarse libremente como persona y ciudadano”.

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL DE QUININDÈ. Quinindé, miércoles 22 de julio del 2026, a las 16h37

PROCESO: 08332-2026-00644

JUICIO: DIVORCIO POR CAUSAL

ACTOR: BRAVO CANTOS MANUEL AUDALDO

DEMANDADO: DELGADO MACIAS NORMY YANETH

JUEZ DE LA CAUSA: DR. RIOFRIO CARRANZA PATRICIO ROBERTO

OBJETO DE LA DEMANDA.- Avoco conocimiento en mi calidad de Juez titular de la Unidad Judicial Multicompetente Civil, con sede en la ciudad de Quinindé, según resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura N.- 138 - 2015, de fecha 18 de mayo del 2015 en la cual se resuelve crear la Unidad Judicial Multicompetente Civil del cantón Quinindé, y con acción de personal N.- 7846-DNTH2015-SS, de fecha 4 de junio del 2015. Cumplido que ha sido lo ordenado en auto inmediato anterior, la demanda que antecede es clara, precisa y cumple con los requisitos legales previstos en los Arts. 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos. Por lo expuesto, se califica la demanda y se admite a trámite mediante procedimiento sumario. Por lo que se califica y admite a trámite mediante procedimiento ordinario. (...) Por cuanto la parte actora ha dado cumplimiento a lo dispuesto en auto de fecha 21 de julio del 2026, a las 11h26, esto es: AFIRMO Y DECLARO, QUE PESE A HABER EFECTUADO TODAS LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA TRATAR DE UBICAR A LA DEMANDADA SEÑORA DELGADO MACIAS NORMY YANETH, HABIENDO ACUDIDO, INCLUSIVE, A LOS REGISTROS DE ACCESO PÚBLICO, Y REALIZAR LAS GESTIONES RAZONABLES ME ES IMPOSIBLE DETERMINAR LA INDIVIDUALIDAD, EL DOMICILIO O RESIDENCIA DEL/LA DEMANDADO/A SEÑOR/ DELGADO MACIAS NORMY YANETH. Tal como se dispuso en autos. De conformidad a lo que señala el Art. 58 del Código Orgánico General de Procesos por intermedio de publicaciones en uno de los periódicos que se editan en ésta Provincia de Esmeraldas, todo esto a fin de garantizar los derechos de todos los sujetos procesales, confiérase por secretaria el extracto respectivo. De conformidad con lo que señala el Art. 56 del Código Orgánico General de Procesos(...). Por haber comparecido la demandante a dar cumplimiento con lo ordenado, esto es, declarar bajo juramento en este despacho, en legal y debida forma, confiérase el respectivo extracto para citación por la prensa. FDO. POR EL DR. PATRICIO RIOFRIO CARRANZA EN CALIDAD DE JUEZ. Una vez transcurridos los 20 días desde la última publicación, comenzará el término de 15 días para contestar su demanda, de conformidad al Art. 56 del COGEP. Caso contrario será declarado en rebeldía.

Afirmación de la cual se concluye que la accesibilidad física es un presupuesto indispensable para el propósito de vida de cada ciudadano y es la garantía para la materialización del derecho a la libre locomoción.

La jurisprudencia extranjera ha mantenido su postura frente a la protección de las personas en condición de discapacidad, al derecho a la libre locomoción y accesibilidad física como presupuesto de este último. “las situaciones de discapacidad tienen origen en las condiciones sociales y del entorno, que finalmente excluyen y generan barreras a las personas por razón de sus diversidades funcionales, impidiéndoles gozar plenamente de sus derechos en condiciones de igualdad”, señalando que esa postura se corresponde con una “aproximación al modelo social de discapacidad”, base sobre la cual se ha concluido que “no son las personas en situación de discapacidad las que deben adaptarse al entorno físico que ha sido construido para las personas que gozan de plenas capacidades funcionales, sino que es la sociedad la obligada a garantizar espacios respetuosos de la diversidad y de las distintas condiciones humanas”, determinando que en el caso concreto se debían tomar medidas para quitar las barreras que le impidan al usuario ejercer su derecho a la libre locomoción.

Así pues, teniendo en cuenta la temática desarrollada en líneas anteriores frente a la garantía de accesibilidad como presupuesto del derecho a la libre locomoción se concluye que la accesibilidad al trasporte público de las personas en condición de discapacidad o de movilidad reducida, es susceptible de protección constitucional en cuanto contiene un componente indispensable para el desenvolvimiento de la vida en sociedad de estos individuos, quienes debido a sus especiales condiciones requieren el reconocimiento de su diversidad.

El papel del transporte público en el derecho a la libertad de locomoción

El Art. 394 de la Constitución del Ecuador señala: “El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo,

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.”

El Art. 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece cuales son los principios Generales: “La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: 1) Principio de equidad. - El acceso a las infraestructuras y servicios del transporte a nivel nacional se lo hará con enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de atención prioritaria. 2) Principio de libre movilidad. - Toda persona tiene derecho a transitar libremente, priorizando su integridad física, mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley. 3) Principio de desarrollo sostenible. - El desarrollo del transporte en el país procurará un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales.”

Mientras que Art. 46 de la ley de Tránsito establece: “El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial internacional.” (lo subrayado y en negritas no consta en el texto original)

El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios. Los diseños para la cons-

trucción y operación de las unidades donde brindan el servicio público deben contemplar sistemas o mecanismos apropiados para el control y cobro a las personas con discapacidad física o movilidad reducida. Bajo estos parámetros es importante resaltar que el carácter de servicio público que tiene el transporte hace que este deba tener una intervención y vigilancia constante del Estado, que debe procurar políticas que permitan que este servicio se desarrolle asegurando las mejores condiciones para sus usuarios, sin perder de vista que se erige también como un presupuesto fundamental para el goce de garantías constitucionales como la libertad de locomoción entre otras de gran importancia como el derecho al trabajo y a la educación, por cuanto es por este medio que la mayoría de la colectividad supera las barreras de distancia que pueden existir hacia el lugar en donde se desenvuelve como ser humano.

La jurisprudencia extranjera ha consideró que “el ámbito de protección de la libertad de locomoción de una persona discapacitada contempla la posibilidad de acceder al sistema de transporte público básico de una ciudad en condiciones de igualdad, es decir, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas”,

Bajo este criterio se ha estimado que: “(i) la libertad de locomoción es una condición para el goce efectivo de otros derechos fundamentales; (ii) su afectación se puede derivar, tanto de acciones positivas, es decir, cuando directamente se obstruye la circulación de los ciudadanos, como cuando se genera ese efecto indirectamente o por omisión en la remoción de barreras o en la creación de una infraestructura adecuada para la circulación; (iii) el servicio de transporte público es necesario para el ejercicio de la libertad de locomoción, y de los demás derechos constitucionales que dependen de la posibilidad de movilizarse, en especial, para aquellos sectores marginados de la población urbana que no cuentan con otras alternativas de transporte; y (iv) el servicio básico de transporte debe ser accesible para todos los usua-

rios, incluidas las personas en situación de discapacidad”, concluyendo que la faceta prestacional de este derecho necesariamente impone cargas al Estado y a algunos particulares que deben ser ejecutadas en periodos racionales, sin que ello sea óbice para que se tomen medidas efectivas que garanticen el goce del derecho a la libre locomoción, ya que “gradualmente van incurriendo en un incumplimiento cuya gravedad aumenta con el paso del tiempo”.

Se reconoce la protección especial a que tienen derecho las personas en condición de discapacidad física o de movilidad reducida, igualmente el Estado y la sociedad en general son los llamados a que a través de acciones afirmativas propicien ambientes físicos que garanticen la accesibilidad de este grupo poblacional a todas las infraestructuras existentes en el territorio nacional —sin importar su destinación— para que así puedan gozar de manera efectiva de su derecho a la libertad de locomoción.

Implementación de “torniques”

La razón de instalar “torniquetes” en pleno siglo 21, en las unidades de transporte en Santo Domingo de los Tsáchilas, es con la finalidad de poder ejercer el control y el cobro respectivo a sus usuarios, lo cual puede constituir un mecanismo efectivo de control en la recaudación de pasajes para la mayoría de usuarios, pero para personas con alguna discapacidad o para personas con movilidad reducida, se les genera un esfuerzo físico excesivo, lo que evidentemente constituye una barrera para su movilidad y trato diferenciado que no les ubica en igualdad de condiciones en comparación al resto de usuarios del trasporte público, lo que conlleva a que la instalación de “torniquetes” constituya un acto discriminatorio hacia este grupo poblacional, y con más intensidad cuando en la actualidad la tecnología brinda sistemas alternativos y modernos para el control y cobro de los usuarios, como tarjetas inteligentes, sensores láser o infrarrojo que registra el cobro del pasaje a cada usuario. El derecho a la accesibili-

dad física de las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida, debe garantizarse de manera efectiva por parte del Estado y de particulares que brinden servicios públicos como el transporte, generando políticas de inclusión que eviten la discriminación de este grupo poblacional que en razón de su diversidad, requiere un tratamiento diferencial que implica tomar acciones positivas para lograr el desarrollo de la vida en sociedad de estas personas de manera igual a los demás ciudadanos.

Asimismo, el carácter prestacional del derecho a la libre locomoción de la población en condición de discapacidad o movilidad reducida exige que por parte del Estado y de particulares que prestan servicios públicos, lleven a cabo inversiones económicas que deben desarrollarse en un tiempo prudencial, evitando así que se vulneren los derechos de estas personas, como la inversión en tecnologías para el pago y validación en el transporte público para los desplazamientos diarios, además deben adquirir unidades acondicionadas (plataforma de ascenso y descenso) para este grupo minoritario que históricamente ha sido excluido de los servicios públicos y privados. Frente al servicio público de transporte el Estado a través de la Empresa Pública Municipal, tiene el control y vigilancia de las entidades que lleven a cabo la ejecución y prestación de este servicio para que se desarrolle conforme a los principios de regularidad y continuidad, garantizando el acceso efectivo de toda la población a este servicio y en especial generando las herramientas necesarias para que las personas en condición de discapacidad o movilidad reducida puedan tener un acceso efectivo a este servicio, garantizando de igual modo el derecho a la libre locomoción de la colectividad en general.

Por lo que la implementación de los llamados “torniquetes” vulnera el derecho constitucional a la igualdad y no discriminación por su discapacidad física y movilidad reducida de los usuarios del transporte público, previsto en el Art. 11.2, en relación con Art. 35 y Art. 47 de CRE.

Matemáticas guardarían el secreto del amor duradero

Un creciente número de investigaciones que abarcan tres décadas sugiere que la trayectoria de las relaciones románticas sigue patrones predecibles y que las matemáticas pueden ayudar a las parejas a identificar señales de alerta, según datos de investigadores internacionales recopilados por el profesor Laurent Pujo-Menjouet, de la Universidad de Lyon (Francia) en su libro ‘¡Amor! ¡Valor! ¡Ecuaciones!’. EUROPA PRESS

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