JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
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JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Esmeraldas
Un informe de Unicef alerta de que más de 600 millones de niños viven en hogares con violencia contra sus madres. 9


SEGURIDAD

ECONOMÍA
Ecuador debe renegociar la deuda que consume 40% del presupuesto 8 ¿Cómo blindar las fronteras norte y sur del narcotráfico? 4


Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia. Directora Nacional Gabriela Vivanco Salvador
Editor General: Jean Cano
Editor Regional: Josué Navarrete
Redacción: revistasemanal@lahora.com.ec
Publicidad: fesmeraldas@lahora.com.ec
Año: XXVIII

SOFÍA
CORDERO PONCE @sofirula
La reciente designación de una nueva Ministra de Gobierno ha generado expectativa, pero es un error creer que un cambio de nombres basta para enderezar el rumbo de la administración de gobierno. Los gobiernos no se sostienen en individuos sino en instituciones. Y aunque las instituciones las habitan personas, esas personas ocupan funciones que las trascienden: dependen de políticas claras, equipos sólidos y rumbos definidos. Sin ese marco, cualquier figura —por talentosa o bienintencionada que sea— queda atrapada en la inercia del desorden.
Ocurre, por ejemplo, con la Vicepresidenta, ahora a cargo de la cartera de Salud. Su experiencia técnica es innegable, pero ningún esfuerzo individual puede resolver por sí solo la crisis de medicinas, la corrupción o el caos hospitalario. Para transformar el sector se requiere un Gobierno que trace prioridades y ponga a funcionar una institucionalidad capaz de sostener reformas.
Lo mismo sucede con el nuevo Secretario Jurídico. Su conocimiento puede aportar, pero no reemplaza la necesidad de voluntad política. Ningún asesor puede asegurar que el Ejecutivo respete la Constitución o los tratados internacionales si el propio Gobierno no está dispuesto a hacerlo.
La designación de siete ministros de Gobierno en un año —contando un nombramiento no oficializado— revela una inestabilidad profunda y una preocupante ausencia de estrategia política. Frente a ello, el régimen ha preferido suplir la falta de rumbo con comunicación y propaganda, como si las narrativas pudieran reemplazar las decisiones.
A la nueva ministra le ocurre lo mismo que a los demás funcionarios: no puede ejecutar lo que el Gobierno no tiene. El diálogo que promete será inútil si el Ejecutivo llega a la mesa sin una agenda, mientras los actores sociales, y las autoridades locales sí la tienen. El descontento expresado en las urnas el 16 de noviembre demuestra que la represión no construye gobernabilidad. Dialogar con quienes expresaron su rechazo es el único indicio real de transformación, no solo discursiva, sino estratégica.

RODRIGO CONTERO PEÑAFIEL rcontero@gmail.com
Cuando el mejor argumento no gana
En los debates públicos es común observar cómo personas exaltadas, sin poseer argumentos sólidos ni conocimiento real sobre los temas que discuten, terminan imponiéndose mediante discursos altisonantes y llenos
El Gobierno de Daniel Noboa lleva dos años en Carondelet y la comparación de los logros en lo económico deja un balance positivo.
Uno de los mayores logros, aunque intangible en el corto plazo, es el aumento de reservas internacionales. Para el 14 de noviembre, superaban los $9.406 millones; el 23 de noviembre de 2023, cuando asumió el poder, alcanzaban $5.658 millones. El tiempo dejó sin piso la narrativa de sus opositores, que advertían que se tomarían ese dinero, cuando en gran medida pertenece al sector privado.
Los depósitos privados también van al alza. De $44.945 millones en 2023, ahora suman $58.357 millones. En lo laboral, el gobierno muestra un aumento de 684.038 a 747.397 nuevos contratos.
La pobreza se redujo en 3% y existe además un crecimiento de $5.139 millones. El riesgo país ha
descendido de 1.915 puntos a 595 puntos.
La última es una de las tareas más importantes de este Gobierno. El reto es conservar esa tendencia a la baja para financiar el presupuesto de 2026.
El Ministerio de Economía tiene una meta clara: regresar al mercado financiero internacional del que el país salió en 2019 y reducir la expiación de Ecuador a los organismos multilaterales. Una ambiciosa meta luego de la derrota en la consulta popular.
Para alcanzar este regreso se requiere que el país mantenga la estabilidad política. Todas las actitudes conspirativas, que van apareciendo, deben ser tamizadas con hechos y sensatez.
El país debe recordar lo que suelen decir los grandes economistas: el dólar es cobarde, se va a donde se siente seguro. Ecuador debe dar esa seguridad.

de emociones. Confunden la fuerza del tono con la validez de las ideas y ofrecen soluciones para problemas que en realidad desconocen. Mientras tanto, personas preparadas, con formación y experiencia, pueden perder una discusión simplemente porque la duda o el temor les acompaña. En psicología este fenómeno se conoce como Síndrome del Impostor: la sensación de no sentirse suficiente aun cuando se poseen las capacidades necesarias.
Muchos debates públicos, lamentablemente, se ven afec-
tados por sesgos políticos, intereses administrativos o conveniencias partidistas. Asuntos de enorme importancia para el país -como el cambio climático, la economía, la administración pública o las ciencias sociales- quedan relegados a segundo plano, sustituidos por polémicas apasionadas y ataques personales. En estas condiciones se vuelve difícil comprender los problemas con seriedad y menos aún escuchar a los expertos. La seguridad en la palabra juega un papel determinante.

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO rosaliaa@uio.telconet.net
Es verdad que hay días y días, varios de nuestros días han sido tomados por las declaraciones de Naciones Unidas, con miras a celebrar determinados acontecimientos, y aquí mismo, en esta columna, nos hemos referido a la importancia de algunos de ellos. En esta oportunidad, quiero relievar la declaratoria realizada en beneficio de “la palabra”, con todas las connotaciones que ello implica, ya que sabemos desde un principio que la palabra es poderosa, tiene tanto poder que inclusive se le atribuyen capacidades mágicas, ya que algunas de ellas empleadas en los momentos precisos pueden abrir rocas o transformar realidades, según los cuentos y consejos populares.
Pero no son esos conceptos a los que me quiero referir, sino más bien a la maravilla de la palabra que enamora, a la que se desliza en los oídos y cautiva, a la que se desgrana en versos y conforma las obras literarias, a la palabra transformada en canción, a los ecos que se escuchan a través de los siglos. Y no solamente a esa, sino también a la palabra escrita , a la que transita a través de las páginas de los libros y ahora, con la modernidad a cuestas, se transmite a través de los códigos y de los guarismos y es parte de la magia de lo digital, de lo virtual y nos llega de las latitudes más diversas, de lo que constituye la comunicación más vertiginosa jamás imaginada.
Y es la palabra la que suscita encuentros, la que dota de elementos a los coloquios de paz, la que construye los puentes más duraderos entre las personas y los pueblos.
Es la palabra la que abre los espacios del diálogo , la que puede construir la paz, siendo tal vez el elemento más poderoso del que tengamos memoria. Vale la pena resaltar la importancia de la palabra gracias a la declaración de Naciones Unidas a propuesta de una fundación española, la César Egido Serrano y reflexionar en el buen uso que se debe dar a las palabras.
Cuando alguien expresa sus ideas con firmeza y convicción, quienes escuchan suelen otorgarle credibilidad , aún si los argumentos son débiles. Por el contrario, cuando los moderadores o el público llegan al debate con preferencias políticas predefinidas, el resultado tiende a favorecer a quienes representan esas parcialidades. Políticos preparados suelen llegar a un debate con asesores, datos y claridad conceptual. Pueden explicar con solvencia y sencillez los temas que dominan. Quienes carecen de
formación, en cambio, hablan durante largos minutos sin concretar ideas, repitiendo frases sin sustento, pero respaldados por barras ruidosas que agitan banderas y alimentan la confrontación. Quienes realmente se preocupan por el bien común, al observar este escenario, suelen tomar distancia. No es desinterés: es la sensación de que el debate público se ha convertido, cada vez más, en un espectáculo donde el volumen importa más que la razón y donde el país pierde más de lo que gana.

Colombia es el foco de atención en la región debido a las revelaciones sobre supuestos vínculos de miembros del Gobierno de Gustavo Petro con disidencias de las FARC. Expertos observan que esa situación puede generar efectos para Ecuador. Compartir frontera con Colombia representa para Ecuador ser un país de tránsito para la droga, pero podrían generarse otros efectos debido al escándalo desatado el 23 de noviembre de 2025, cuando Noticias Caracol reveló que altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, incluso militares, tendrían una presunta vinculación con disidencias de las (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Jaime Ariza, coronel (sp) del Ejército de Colombia , señala que la supuesta vinculación ha producido un efecto en su país: “El sentimiento nacional ha sido de indignación porque las fuerzas militares son el activo más importante que tiene el pueblo colombiano”.
Añade que durante “la lucha contra las guerrillas comunistas que se vivieron por más de 60 años” el Ejército tuvo casos aislados de infiltración, pero “no de este
talante ni de este nivel”, si se llega a confirmar.
El 24 de noviembre la Fiscalía de Colombia indicó en un comunicado que dispuso líneas de investigación sobre la “posible cooptación de agentes de Inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC (…)”. Aunque en las revelaciones no se señala directamente a Petro, el mandatario sí ha manejado de “cierta forma” las relaciones exteriores de Colombia, dice Ariza: “Esa ideología política nos ha alejado de nuestro aliado de siempre que es Ecuador”. Recuerda que en años anteriores “las relaciones con Ecuador eran inmejorables” en el marco del mecanismo de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron).
Sin embargo, observa que Ecuador ya experimenta efectos. “Las consecuencias ya las está viendo Ecuador porque pasó de ser un país de paso de la cadena de
comercialización del alcaloide a ser un país donde los narcotraficantes primero buscaron refugio y están invirtiendo. Se crearon grupos focales de delincuencia transnacional , como los Choneros, los Lobos y otros, que generan cierto control territorial”, resume.
No duda que esos grupos delincuenciales tengan alianzas con los grupos ilegales colombianos , en el lado de Colombia.
¿Qué postura debe tomar Ecuador?
Además del aspecto fronterizo, Ariel Merino, investigadora del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, puntualiza una correlación.
“Este es un tema súper relevante de abordar para Ecuador y en la región andina, donde todo el tema de la seguridad, la política exterior y el crimen transna-
Se señala la presunta cercanía entre jefes de disidencias con el jefe del comando de personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas, y de Wilmer Mejía, director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
cional están profundamente interconectados entre los países”, señala. Pero menciona que Ecuador no debe tener una posición anticipada. “Ecuador está desarrollando su política exterior. El actual Gobierno de Daniel Noboa ha buscado reforzar más los lazos de cooperación internacional y mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos Es importante que se puedan tomar decisiones estratégicas y bien asesoradas”.
Pide evitar colocarse en un limbo frente a las relaciones con los países de la región y, sobre todo, con Colombia. “Es importante mantener estas relaciones, sobre todo en el tema de cooperación para el tema de seguridad”.
Evalúa que, aunque no existen fallos judiciales sobre los supuestos vínculos, el caso “sí puede escalar y generar una presión diplomática sobre Colombia”. En ese escenario, dice, Ecuador tendría que analizar mecanismos para reforzar la cooperación en seguridad y el tema fronterizo sin tener alineaciones políticas con otros países. Porque Petro ya se ha pronunciado cuestionando a la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA).
Reitera que la cooperación debe superar el debate de posiciones ideológicas para enfrentar los desafíos.
En el reportaje se habla de chats donde Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’ (uno de los jefes de la disidencia Estado Mayor Central), refiere tener supuestas pruebas sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.
Posibles desplazamientos hacia Ecuador
“De que va afectar esta noticia al Ecuador, por supuesto, lo primero que va a darse es un desplazamiento de la población”, evalúa Stalin Sacoto, abogado y experto en Inteligencia y seguridad.
Aunque las investigaciones apenas empezarán en Colombia, cree que las acusaciones podrían derivar en desplazamientos de los grupos criminales.
“Cuando se sienten afectados buscan desplazarse a ciudades donde no existe tanto control. Van a tratar de pasarse a Ecuador, como ya lo han hecho en otras épocas, nuestras fronteras son permeables. Históricamente, la migración de grupos armados siempre se da”, argumenta. Otros desplazamientos serían de quienes no quieren vivir la violencia, agrega.
Un factor que permitiría el desplazamiento de las fuerzas insurgentes es que “existe una debilidad institucional dentro de las fuerzas del orden en Colombia y en Ecuador”. Otro es que hay “una inestabilidad en las agendas de paz” de Colombia. “Se corre el riesgo de la reactivación del conflicto armado y eso siempre nos ha afectado en Ecuador”, concluye. (KSQ)

Expertos destacan que el país está entre los grandes productores de cocaína, lo que pone al país en una situación compleja, pues funciona como un paso para la droga al ingreso y a la salida para los países consumidores.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador y las de Colombia han reforzado la presencia militar en la frontera norte en los últimos días. Lo hicieron en respuesta a las actividades de los grupos narcoguerrilleros que se mueven entre los dos países. Además, la presencia de estos grupos ha ido en aumento en Carchi (Ecuador) y en Nariño (Colombia)
De acuerdo con un informe de Insight Crime, que data del 31 de julio del 2025, los Comandos de la Frontera son los que se dedican principalmente al narcotráfico en el departamento de Putumayo, Colombia Dicho grupo controla las zonas cocaleras y se encarga del traslado de cargamentos de cocaína y marihuana hacia puntos de salida en Ecuador y Brasil. En ocasiones opera en alianza con redes y grupos de Cauca y Nariño.
Con ello coincide el general (sp) Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, quien señala que Colombia es el primer país
productor de cocaína en el mundo y “al parecer tiene cerca de 300.000 hectáreas de hojas de coca, Perú tiene cerca de 80.000 y Bolivia 30.000”. El exministro de Defensa, Luis Lara, dice que la situación de la lucha contra el narcotráfico en la región es compleja, ya que hay un entramado del narcotráfico, que no solo llega a la actividad criminal y su financiamiento, sino en el mundo de los negocios como en el lavado de activos, en las actividades del Estado, control de negocios, corrupción, manejo de las cárceles, y en la propia justicia, con el arreglo de sentencias mediante corrupción o intimidaciones.
Para el general (sp) Paco Moncayo, director de la Academia Nacional de Historia Militar, el problema que vive Ecuador en gran medida es por su posición entre el primer país productor de cocaína, Colombia; y el segundo productor de cocaína del mundo, que es Perú, donde además hay tráfico de armas
Moncayo destaca que en las fronteras norte y sur también hay contrabando de combustible y minería ilegal. “Es una situación trágica la de Ecuador porque es una víctima, en la medida que ni Colombia ni Perú emprendan procesos serios para tomar control de sus territorios, entonces el país seguirá en esta situación”.
Tráfico de drogas y armas “Somos una especie de bodega de droga, donde llega, se concentra, se almacena y se distribuye, porque desde nuestros puertos sale la droga para Estados Unidos y Europa y ahora hasta para África. Si no hay un buen control en las fronteras, y las otras instituciones que tienen que ayudar a controlar son débiles, los delincuentes aprovechan la debilidad”, indica Bravo.
Por su parte, Moncayo cuestiona sobre cómo un país pequeño como Ecuador puede defenderse de una amenaza en la que “Estados Unidos y Europa tienen la culpa por
Carla Álvarez, docente e investigadora del IAEN, afirma que los países de la región están expuestos a diferentes amenazas y los más cercanos a Ecuador como Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela tienen problemas de seguridad vinculados con el crimen organizado. “Somos la región pionera exportadora de coca a nivel mundial y el consumo de cocaína está creciendo en el primer mundo”, por lo que el país está en la región que ofrece drogas y en un mercado global que le gusta el consumo de drogas.
¿Cómo controlar las fronteras?
El general (sp) Wagner Bravo asegura que es necesario que se fortalezcan las capacidades estratégicas para el control de las fronteras norte y sur Añade que hay que fortalecer al Estado para “volcarse a la línea de frontera”.
“Deberíamos buscar cómo fortalecer la línea de frontera con un plan y, dentro de este, debe haber recursos propios de Ecuador e internacionales, los que vendrían de la cooperación internacional. Pues no solo deben estar los militares en frontera, sino también debe estar la Policía para evitar los actos ilícitos”, asegura.
ser los principales consumidores, porque si no consumieran cocaína nadie tendría producción de coca”.
“Esta lucha le cuesta a Ecuador un 10% del PIB, que viene a ser $19’000.000”, dice.
Moncayo señala que hay una responsabilidad transnacional que se rompe en la parte más débil, que “lastimosamente es Ecuador”, porque durante un largo periodo se convirtió en un Estado mafioso.
Lara señala que “la sangrienta actividad de bandas criminales asociadas al narcotráfico ha sido en el pasado reciente y es en la actualidad, el problema más grave que afronta el Estado y la sociedad. No solo por la cantidad de actividades criminales asociadas con estos grupos armados, que afectan cada vez más a la inmensa mayoría de la población, sino por la sensación permanente de inseguridad, que impide el normal desarrollo de las actividades productivas, el trabajo, la educación, e incluso el ocio”.
Moncayo, asimismo, destaca que cualquier control fronterizo debería implicar políticas de seguridad y sistemas de vigilancia conjunta de los países vecinos.
“Nosotros tenemos que hablar sí o sí con el Gobierno de Perú y de Colombia para intercambio de información, para la aplicación de estrategias conjuntas, seguimiento para delincuentes en los territorios. Debe ser una prioridad la cooperación horizontal y regional andina”, explica Álvarez.
La docente añade que es necesario tener una colaboración con los países vecinos para poder garantizar mínimas condiciones de convivencia, y de mejoría en reducción de crímenes y violencia “También necesitamos invertir en tecnología para monitorear las infraestructuras estratégicas como carreteras, puertos y vías de entradas y eso puede ser objeto de cooperación con otros países”. (PSR)
Con una deuda que consume $2 de cada $5 del presupuesto del Estado, Ecuador necesita una renegociación que reduzca pagos, ordene su deuda e incluya reformas estructurales para reducir la dependencia al endeudamiento.
De acuerdo con Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA), el peso de la deuda pública es moderado respecto al PIB, pero su perfil de vencimientos (intereses y amortizaciones) es muy demandante en el corto plazo.
Para entender esto, Mosquera explica que la suma de intereses a pagar en 2026 por la deuda contraída ($4.470 millones) y las amortizaciones de deuda interna y externa ($8.351 millones) representan el equivalente al 73% de los impuestos que se espera recaudar durante todo el próximo año.
“Eso quiere decir que siete de cada diez dólares que usted paga de impuestos se van al servicio de la deuda pública , dejando apenas tres dólares para cubrir todos los bienes y servicios que se requiere sean provistos por el Estado. Está claro a todas luces que se requiere una mayor consolidación fiscal en el Gobierno del presidente Daniel Noboa ”, apuntó Mosquera.
Según un reciente estudio titulado ‘Ecuador: Panorama reciente de la deuda’, elaborado por la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd) y Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, entre 2021–2024, el servicio de la deuda pública subió de $5.597 millones a $8.987 millones.
Solo en los primeros seis meses de 2205 se pagaron $4.931 millones, superando al gasto en salud y educación.
En este contexto, la pregunta de fondo es por qué el pago de la deuda pública, que en 2026 superará los $12.000 millones al año,

o el equivalente al 41% del Presupuesto General del Estado (PGE) se ha vuelto insostenible.
La respuesta es que la principal condición para que la deuda pública sea sostenible es que los intereses y las amortizaciones puedan pagarse cómodamente con ingresos actuales.
Si la tasa de interés que se paga por la deuda es igual o mayor que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la situación se descontrola y se vuelve un peso para el Gobierno y la sociedad. Esto implica que la deuda pública no solo es un problema a corto plazo, sino que también representa un riesgo a largo plazo para la economía del país.
Entonces, el problema central es que la economía crece, en promedio, a menos del 2%; mientras la deuda cuesta un interés de entre el 4% y 6%.
Así, para que la deuda no sea insostenible de pagar, la economía ecuatoriana debería crecer un 6% de manera consistente y permanente por muchos años.
Si no se toman medidas desde ahora para impulsar
el crecimiento económico y la generación de empleo , que incluyen reformas profundas en el tamaño del Estado, el mercado laboral , el sistema tributario y las inversiones , la reestructuración o renegociación de los pagos de la deuda pública solo representará ‘patear’ los problemas para más tarde.
Déficit fiscal vs. crecimiento Actualmente, con corte a agosto de 2025, la deuda pública ecuatoriana suma $92.830,25 millones, es decir, un monto equivalente al 69% del PIB. De cara a una posible renegociación, Ecuador debe evitar seguir acumulando parches, sino hacer una renegociar integral de su deuda, tanto interna como externa. A la par, se debe reformar el Estado y la economía en su conjunto.
1Bajar de manera estructural el gasto público para dar más espacio a que el sector privado impulse el crecimiento económico. De nada servirá renegociar la deuda si, como sucederá en 2026, se mantiene un déficit fiscal (más gastos que
la presión anual que hoy vacía el presupuesto.
3 Suspender pagos mientras se negocia, con reglas. Hecho de forma coordinada y transparente, esto puede permitir que se proteja al Estado en el corto plazo mientras se trabaja en una solución de fondo.
4
Acompañar la renegociación con reformas que cierren la puerta al sobreendeudamiento. Reglas fiscales claras, administración eficiente, lucha contra la evasión y exenciones tributarias injustificadas, y mecanismos de control presupuestario. Una renegociación sin reformas sería apenas un respiro momentáneo.
5
ingresos en el presupuesto estatal) de más de $5.400 millones. Para los próximos años, según el mismo Gobierno de Daniel Noboa, el déficit será mayor a $4.000 millones.
“Así, por más que se amplíen los plazos y mejoren las condiciones de la deuda pública que ya se tiene, cada año esa deuda aumentará más para cubrir el hueco del déficit. Si no se cambia de manera profunda el gasto, incluyendo, por ejemplo, una reforma a la seguridad social, el problema no se va a resolver. Si seguimos teniendo un Estado que necesita más y más recursos cada año, el cada vez más escaso sector formal de la economía seguirá cada vez más ahogado, y sin capacidad de crecer más, porque debe financiar a ese Estado”, explicó Andrés Rodríguez, economista
2Renegociar para lograr alivio real, no cosmético. Igual que Barbados, la estrategia debe apuntar a reducir intereses, extender plazos y ordenar la deuda interna y externa de manera simultánea. No basta con mover pagos: hay que bajar
Transparentar la deuda interna con entidades como el IESS. Uno de los puntos críticos de cualquier renegociación integral es la deuda interna. Uno de los principales acreedores, con más de $13.000 millones de bonos del Estado en su poder, es el IESS. Además, se debe incluir el tema de la deuda histórica (fondo de pensiones y salud), que supera los $27.000 millones, pero no está completamente auditada ni reconocida. Se debe transparentar todo, y buscar un acuerdo de pagos que no ahogue al Gobierno central y que mantenga un flujo de ingresos para el IESS.
6
Sustituir deuda cara por financiamiento más barato y útil. Préstamos de largo plazo para infraestructura, agua, energía, transición ambiental, bienestar social. El gran problema del Ecuador es que, luego del despilfarro y el aumento insostenible del gasto estatal en la década correísta, en los últimos años la deuda en su mayor parte solo sirve para pagar otras deudas y para cubrir el exceso de gasto corriente e improductivo que dispara el déficit. Si Ecuador reestructura su Estado, gasta más eficientemente y crece más, podrá abrir la puerta para endeudarse para proyectos productivos o de infraestructura que hagan más competitivo al país y generen más crecimiento económico.
(JS)
A Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría le preocupa los puntajes obtenidos por los candidatos que buscan integrar la Comisión de Selección
En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se acerca la conformación de la Comisión que designará al nuevo fiscal general del Estado para el periodo 2025-2031.
El 21 de noviembre de 2025, la Comisión Técnica entregó el informe sobre la calificación de méritos ( títulos profesionales , cursos, publicaciones, proyectos ) de quienes aspiran a integrar la Comisión Ciudadana. La evaluación fue sobre 50 puntos. Según el informe, los puntajes de los aspirantes reflejaron calificaciones van desde 5,5 hasta 44 puntos sobre 50. Luego de este proceso, el 24 de noviembre, el Pleno del Cpccs abrió la fase para
que los aspirantes puedan presentar, en tres días, las solicitudes de reconsideración a las calificaciones
Se estima que este paso culmine el 28 de noviembre.
Con los resultados finales, el Cpccs emitirá un
Una vez que se conforme la Comisión de Selección, el reglamento establece un plazo de seis meses para la realización del proceso, aunque si no se presentan factores exógenos ajenos al Cpccs, el concurso finalizará antes.
listado definitivo de los 30 mejor puntuados. Entre ellos se realizará un sorteo público (5 principales y 5 suplentes) para integrar la Comisión Ciudadana de Selección. A ellos se unirán 5 delegados principales y 5 suplentes de las funciones del Estado : Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social.
Preocupación por bajos puntajes
“Los postulantes tienen calificaciones bajísimas, pero no hay otros, lastimosamente el promedio es pésimo”, se quejó Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría ciudadana de este proceso
Atribuyó esta realidad a que las personas no se inte -

resaron mucho por el concurso, y reveló que el Cpccs esperaba unos 250 candidatos, pero postularon 69 y quedaron 38.
“Se postularon personas con perfiles muy bajos, esto es penoso”, añadió Arteaga.
Comisión pide vigilar el proceso Marcelo Espinel , vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal , cree que con estos resultados en méritos habría que cuestionarse por qué ciudadanos que quizá contaban con mejores credenciales , decidieron no postularse, ¿Tal vez es por falta de confianza en la institución a cargo del proce -
Quito D.M., 27 de noviembre de 2025
so?, preguntó.
En todo caso, pidió a la ciudadanía estar atenta al concurso y verificar que los comisionados hagan bien su trabajo.
“Puede haber una persona extremadamente bien puntuada, pero si no es íntegra , si no es ética, si no respeta las leyes, de qué sirve que haya tenido la mejor calificación”. A criterio de Espinel, el actuar de manera ética no depende del puntaje. Insistió que esto debe motivar a la sociedad civil a estar pendiente del concurso y que el Cpccs transparente todas las actuaciones de la Comisión. (SC)
CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MINERA PLACERMINE S.A.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los Accionistas de la Compañía Minera Placermine S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) a las 10:00 en las oficinas ubicadas en la calle del Establo y Calle E, Edificio Site Center, Torre I, Oficina 301 del Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, para tratar el siguiente orden del día:
1. Conocer y resolver respecto a la reactivación de la Compañía Minera Placermine S.A.
Los Accionistas que asistan a la Junta por medios telemáticos podrán conectarse a través de la plataforma Zoom a la cual podrán acceder mediante el siguiente link:
Tema: Junta de Accionistas – Compañía Minera Placermine S.A. Hora: 10 dic 2025 10:00 a. m. Bogotá Unirse a la reunión Zoom https://dentons.zoom.us/j/97577888688?pwd=EAoA88q6b4nRLt Bmu79t4GJczqNhPY.1 ID de reunión: 975 7788 8688 Código de acceso: 108523
Para la celebración de la presente Junta, los accionistas quedan facultados a:
1. Solicitar información sobre los puntos a tratar en la misma.
2. Solicitar la inclusión de puntos en el orden del día, en caso de que lo consideren necesario. Para lo cual tendrán tres días contados a partir de la presente publicación, mismos que deberán ser enviados al correo electrónico rocio.cordova@dentons.com, con copia certificada del documento que acredite la capacidad legal del Accionista requirente.
3. En caso de comparecencia mediante carta poder, la misma deberá ser enviada al correo electrónico rocio.cordova@dentons.com, con la copia certificada del documento que acredite la capacidad legal del Accionista otorgante de tal carta poder.
4. Las votaciones se tomarán en orden alfabético dentro de la Junta y se registrará el resultado de las mismas. Al finalizar la Junta, los Accionistas que concurran por medios telemáticos deberán enviar un correo electrónico a rocio.cordova@dentons.com ratificando la votación que se dio en la Junta y adjuntando los documentos que acrediten la capacidad legal del compareciente debidamente certificados o apostillados si fuere del exterior. En el correo no se puede cambiar el sentido de la votación expresada en la Junta General.
Atentamente,

S.A.

Los exministros de Educación, Monserrat Creamer y Milton Luna, coinciden en la importancia de establecer un nuevo modelo de gestión educativa.
Tras los resultados de la consulta popular y referéndum de 2025, y cómo parte de los cambios en el gabinete, el presidente de la República, Daniel Noboa, decidió reemplazar por tercera ocasión al titular del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
El nuevo rostro de esta cartera de estado es Gilda Alcívar , quien según la Unión Nacional de Educadores (UNE) debe combatir la grave crisis por la que atraviesa el sistema educativo.
Entre los señalamientos de la UNE están: déficit de docentes , estancamiento salarial, exclusión escolar, incumplimiento de procesos, de ascensos y recategorización, incumplimiento en la entrega de textos escolares y limitada ejecución de
presupuesto.
Priorizar la educación
Para el exministro de Educación, Milton Luna , el cambio constante de autoridades tiene una grave repercusión en la sostenibilidad de la política pública e impide que las propuestas y planes, “algunos muy buenos”, logren ejecutarse ni mantenerse.
Para él, el Gobierno no tiene un proyecto ni ha logrado construir políticas de Estado que permitan gestionar la contingencia educativa.
Comenta que cuando él estuvo en el cargo, se vió ahogado en los problemas del sistema educativo.
Se refiere a inconvenientes relacionados a presupuesto, infraestructura, adaptación de carrera docente y falta de un nuevo modelo educativo y
°Según datos del Gobierno, en estos dos años de gestión, se han entregado 430.114 programas de becas y ayudas económicas. Al asumir fueron 22.982.
°Se han abierto 50 escuelas rurales, cuya inversión supera los $5,6 millones. Cuando llegaron estaban cerradas.
°Se ha reinsertado a 98.706 niños, niñas y adolescentes, en relación al Gobierno anterior, a noviembre del 2023, donde la reinserción fue de 13.591.

de evaluación que se adapte a las necesidades actuales del país.
Que es un grave error no mirar la educación como prioridad, dice en cuanto a las denuncias de recorte presupuestario a las universidades públicas. “Todos los países que priorizaron la educación y asignaron presupuestos adecuados en el siglo XX y XXI escaparon del subdesarrollo”, ejemplifica. Ahora, lo que sugiere para desarrollar una buena gestión en el Ministerio es incluir cuadros adecuados, con alto nivel de colaboración, crear condiciones para
bién señala a un nuevo modelo de gestión como prioridad. Sin embargo, destaca y califica como positiva la experiencia de Alcívar en el sector educativo.
Creamer añade como uno de los retos, la fusión de ministerios, a la que hay que darle un rumbo y un propósito para que sea una verdadera oportunidad para la comunidad educativa.
Además, resalta que se debe fortalecer la integralidad del sistema. Esto se lograría con una visión y un equipo “bien puesto la camiseta y alineado a los objetivos”.
“Entendemos que si el Presidente hizo un cambio es porque tiene estrategias y objetivos claros”, comenta. Menciona a las políticas de seguridad, al abandono escolar y a la calidad de los aprendizajes como otros retos pendientes a los que hay que poner atención.
Para la exministra, no es extraño solicitar la renuncia de los funcionarios de alta jerarquía. “Es un protocolo que realizan las nuevas autoridades para ver quién se queda y quién no, esos son puestos de confianza”, indica y rescata la importancia de trabajar con transparencia.
Subraya que la nueva autoridad debe rodearse de funcionarios con experiencia y convencidos de desarrollar capacidades institucionales, en combinación con la cultura del aprendizaje de las instituciones y personas.
la integración de la comunidad educativa. Asegura que no se puede realizar acciones importantes de transformación si no se cuenta con una buena conexión con las federaciones nacionales, tanto públicas como privadas.
Añade que hay que lograr consensos y reintegrar actores. Además, mantener comunicación diaria con el Presidente , quien debería tener a la educación como una de sus tres prioridades.
Nuevo modelo de gestión La exministra de Educación, Monserrat Creamer, tam-
“Deben saber sacar adelante procesos con flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de consensos y diálogo. Además, tener una comprensión de lo que significa fomentar, liderar y coordinar el desarrollo de cultura de aprendizaje y capacidades institucionales”, sugiere.
Al análisis y recomendaciones de ambos exministros se suman las demandas de la UNE , cuyos representantes exigen a la nueva Ministra declarar en emergencia al sistema educativo, desdoblar partidas de docentes que han salido del magisterio y planes para espacios seguros y reinserción escolar.

La violencia de género es una grave crisis global de derechos humanos: la mayoría de los feminicidios ocurren en el hogar, casi siempre cometidos por parejas o familiares, y según ONU Mujeres en 2024, cada diez minutos muere una mujer o niña en ese ámbito. Pese a su enorme escala, la impunidad persiste, evidenciando la urgencia de fortalecer la protección y respuesta.

mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física o sexual en todo el mundo. Pero no todas las víctimas denuncian la agresión.
Las tasas de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y VIH son más elevadas entre las mujeres que han experimentado violencia que entre las que no la han sufrido. Gráfico:
de las mujeres de 15 años o más (es decir, 263 millones) declara haber sufrido violencia sexual por parte de alguien que no era su pareja, al menos una vez en su vida.
de las casi 83.300 mujeres y niñas asesinadas de manera intencionada a lo largo del año murieron a manos de sus parejas u otros familiares.


de los homicidios de hombres se producen en la esfera privada.

mujeres y niñas fueron asesinadas cada día por sus parejas o por parientes cercanos. mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo.

Un informe de Unicef alerta de que más de 600 millones de niños viven en hogares con violencia contra sus madres.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha denunciado este 26 de noviembre de 2025 que 1 de cada 4 niños y niñas en el mundo --más de 600 millones-- vive en hogares con violencia de pareja contra sus madres, un caso aún más común para los que viven en Oceanía, África subsahariana y Asia central y meridional.
“Hoy, millones de mujeres y niños y niñas viven en hogares donde la
violencia forma parte de la vida cotidiana”, ha afirmado la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell . “La seguridad y la autonomía de las mujeres son fundamentales para el bienestar de la infancia”, ha añadido en un comuni cado del fondo difundido tras la actualización de las estimaciones mundiales sobre mujeres
Organización Mundial de la Salud
Los hallazgos, que han permitido conocer que unos 610 millones de niños y niñas viven con madres que están sufriendo violencia de pareja, han podido ser desglosados por regiones por primera texto.
En África subsahariana y Asia central y meridional los datos son del 32% y del 29%, respectivamente, mientras que en Europa
y Norteamérica el 13%, es decir, 28 millones de niños y niñas, sufren esta misma situación. Solo Australia y Nueva Zelanda se quedan en una sola cifra, con el 5% de la infancia afectada por este problema.
Un daño a todo nivel Unicef ha alertado de que “la violencia no solo daña la salud y el bienestar de las mujeres, sino que afecta de forma significativa a la sensación de seguridad, la salud y el aprendizaje de sus hijos e hijas”, los cuales están, además, mucho más expuestos a ser sometidos a agresiones físicas o psicológicas y “aumenta el riesgo de que la violencia se reproduzca en la edad adulta, ya sea como víctimas o como agresores”.
Ante esta situación, la entidad para la infancia de la ONU ha pedido a los gobiernos que inviertan en “soluciones ya probadas ”, como “la a mpliación de servicios centrados en las personas supervivientes” y “la inversión en prevención” , como, por ejemplo, “programas escolares que promueven la igualdad de género y la no violencia”, así como el “abordaje de las normas sociales dañinas que alimentan la desigualdad y la violencia”. (EUROPA PRESS)





Amnistía Internacional pide a Cuba poner fin a “prácticas autoritarias” contra las mujeres defensoras de los Derechos Humanos. Además, denuncia que las mujeres sufren “formas específicas de violencia” y pide a la comunidad internacional tomar medidas.
MADRID. La organización
Amnistía Internacional ha pedido este 26 de noviembre de 2025 al régimen cubano poner fin a las “prácticas autoritarias” contra las mujeres activistas y defensoras de los Derechos Humanos, que son a menudo objeto de “la violencia estatal” ejercida para silenciarlas.
En su informe ‘Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba’, la oenegé ha exigido al dictador del país, Miguel DíazCanel, el fin del “ hostigamiento y la adopción urgente de una ley integral contra la violencia de género”.
“Exigimos a las autoridades de Cuba poner fin a estas prácticas, que se enmarcan en un patrón sistemático de represión que afecta de manera específica y diferenciada a mujeres que ejercen activismo, periodismo y defensa de derechos humanos”, recoge el texto.
Estas prácticas, señala, incluyen “ detenciones arbitrarias, vigilancia indebida, criminalización injusta, desaparición forzada y otros tipos de violencia institucional”, todo ello en un entorno “marcado por la impunidad ante las viola-

ciones de Derechos Humanos y la falta de garantías judiciales”.
“Las mujeres defensoras en Cuba son castigadas no solo por alzar la voz , sino también por ser madres, periodistas y lideresas sociales” , ha afirmado Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional. “El Estado utiliza la violencia de género como herramienta de represión: busca quebrar su dignidad, su entorno familiar y su fuerza colectiva”, ha explicado en
el marco de la presentación del documento.
El informe analiza hechos ocurridos entre 2014 y 2025 y revela que, además de prácticas autoritarias, las mujeres sufren “formas específicas de represión por parte de agentes estatales que constituyen violencia estatal de género, como desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual”. Asimismo, son víctimas de “amenazas y mecanismos de intimidación y con-
trol” específicos. El texto recoge así los testimonios de mujeres sometidas a violencia psicológica, detenciones arbitrarias, prácticas autoritarias y violencia estatal.
‘Un blanco fácil de odio’ Yenisey Taboada, una activista de 43 años, ha lamentado que las mujeres son un “blanco fácil de odio” porque “no paran de exigir para mejorar la vida de sus hijos y esposos ”: “Nos arriesgamos a todo: represión, detención, chantaje, amenazas. Nos deshumanizan por ha-
blar. Como madre, no duermo pensando en cómo salvar a mi hijo, pero también hablo por todas las madres que están sufriendo lo mismo o peor”, ha lamentado.
La editora y defensora de los Derechos Humanos Alina Bárbara López ha señalado que la primera vez que fue detenida de forma arbitraria “no se presentaron cargos”. “Denuncié ante la Fiscalía Militar a las tres agentes que me produjeron varias lesiones, una rotura muscular en el hombro y una lesión en el dedo pulgar. Existe el certificado que prueba estas lesiones”, ha dicho.
Camila Lobón, por su parte, relata que “tres agentes le agarraron las piernas” mientras otra le aplicaba “una llave de asfixia”. “Otra intentaba quitarme el teléfono y humo un momento en que no pude aguantar más”, ha relatado.
El informe apunta a que este patrón de violencia no es “accidental ni aislado” sino “estructural y sostenido”. Además, es necesaria una respuesta “interseccional urgente” dado que las madres solteras, de orientación sexual diversa o de color “sufren formas agravadas de violencia”.
“Esto ocurre en un entorno de restricciones al ejercicio y defensa de los Derechos Humanos y donde la subordinación del sistema judicial al poder político, la falta de mecanismos de denuncia y reparación, y la inexistencia de una ley integral contra la violencia de género perpetúan la impunidad”, recoge el documento. (EUROPA PRESS)

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 8694
JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Director DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRÍO Editor FRANCISCO LÓPEZ MURILLO
http//www.derechoecuador.com La Hora LOJA, ECUADOR
Dirección: Arenas y 10 de Agosto, Edif. Vivanco, 5to. piso | Teléfonos: 2551-552/2555-431/2500-245/2552-135 | E-mail: judicial@derechoecuador.com

AUTOR: MSC. GABRIEL
MARCELO ARMAS PÉREZ
Introducción
El 23 de agosto del 2018, varios Policías tuvieron un serio enfrentamiento con pobladores del Valle del Chota, en el
Control de Mascarilla, provincia de Imbabura. Como consecuencia de estos incidentes, un Policía del GOE hizo uso de su arma de dotación y fue acusado de causar la muerte a una persona participante en esta alteración del orden. Dos
policías resultaron heridos con traumas y cortes luego de ser golpeados con palos y adoquines, un patrullero fue incinerado y el destacamento policial atacado.
El 17 de octubre del 2018, en
Posorja, tres presuntos infractores de la ley fueron aprehendidos por los Policías de ese sector y recluidos en la UPC, porque posiblemente habían intentado secuestrar a unos niños del sector. Sin embargo, la muchedumbre enardecida los
CONSULTA PENAL

¿Cuál es la situación jurídica del adolescente en conflicto con la ley, que en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, cumple 18 años, a pesar que al momento de la infracción tenía 17 años.?
RESPUESTA
El artículo 16.1 del COIP, manda: “Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos del proceso penal y las o los jugadores observarán las siguientes reglas: 1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión”.
sacó de las instalaciones policiales y luego de golpearlos, los quemaron; acto seguido, incendiaron las instalaciones de la UPC de Posorja.
El miércoles 28 de noviembre del 2018, a eso de las 04h00, en la intersección de la Av. Simón Bolívar con la autopista General Rumiñahui, a la altura del Quicentro Sur, al sur de la ciudad de Quito, se produjo el asalto a un bus inter cantonal por parte de 4 individuos que portaban un arma de fuego y tres cuchillos. Este hecho fue repelido por un Sargento de la Policía que hirió a uno de ellos en el pecho con su arma de fuego. Los antisociales intentaron fugar, pero tanto el herido, como dos sujetos más fueron aprendidos por los pasajeros. Un cuarto logro huir.
El día sábado, 19 de enero del 2019, se produjo el femicidio de la señora Diana Carolina en la ciudad de Ibarra. Al parecer Diana convivía con un ciudadano venezolano en la ciudad de Ibarra. No se conocen realmente los motivos que condujeron a que esta persona agreda físicamente con un cuchillo a Diana en plena vía pública; empero, lo que sí se conoce es que registraba tres detenciones en el estado venezolano de Trujillo. En el 2015 había sido detenido por violación, en el 2016 por lesiones y en el 2017 por violencia sobre funcionarios públicos. Es decir, se trataba de una persona muy violenta y tal vez con problemas psicológicos. Los Policías comunitarios que acudieron al lugar poco o nada pudieron hacer para solventar este impase.
Argumentaré, con bases jurídicas, lo que se entiende como uso de la fuerza, qué es el uso progresivo de la fuerza, el uso de las armas no letales y letales, y, por sobre todo, demostraré que los Policías si pueden hacer uso de su arma de dotación, así como determinaré un procedimiento para su uso.
Marco legal Ecuatoriano
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley ( en adelante Código de Conducta), en el artículo 3, manifiesta lo que sigue:
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. (La negrilla es mío)
Dice la norma que el uso de la fuerza se lo realizará cuando sea estrictamente necesario, es decir cuando sea la última opción, o sea en casos excepcionales; empero, esto dependerá de dos aspectos básicos: a) de las circunstancias en las que se da el hecho; y, b) del criterio del policía que toma procedimiento.
El término “uso de fuerza”, es lo macro, ya que dentro de este gran título, se encuentra el “uso del arma de fuego”, pues este último acto es la máxima expresión del uso de la fuerza. Es fácil comprender, por lo tanto, que si un Policía hace uso del arma de fuego, esta haciendo uso de la máxima expresión de la fuerza.
La Constitución de la Republica, en el art. 163, determina que la Policía Nacional es una institución “armada” , por lo tanto tiene la facultad de utilizar armas no letales o letales, es decir, tiene el monopolio del uso de la fuerza. Quien ejerce la fuerza dentro de un estado de derecho, es precisamente el estado ecuatoriano. Empero, al ser un ente ficticio, delega esta responsabilidad a la Policía Nacional para que a través del uso de la fuerza pueda ejercer la defensa interna, garantizar los derechos de las personas y protección de sus bienes; y, mantener el orden público dentro del territorio nacional. Así lo determina el art.158 de la Constitución al mencionar que la “protección interna y el manteamiento del orden púbico son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”, es decir, que esta última, actúa por delegación del Estado ecuatoriano.
Caso contrario, no se entiende que quien tiene la potestad de privar de la libertad a una persona (sea aprendiéndola o deteniéndola) es el Estado, pero lo ejecuta la Policía Nacional.
En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que:
En todo Estado, particularmente en sus agentes del orden, recae la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. De esta obligación general, nace la facultad de los Estados de hacer uso de la fuerza, misma que encuentra sus límites en la observancia de los derechos humanos, pues “[s]i bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores 1 (La negrilla es mío)
Se debe distinguir entre fuerza y violencia . Para nuestro estudio fuerza (policial) es una acción desplegada por un miembro policial orientada a conseguir un fin legítimo, dentro de un marco jurídico, que observe la forma de actuación en una determinada situación. Se entiende también, como el medio a través del cual el servidor policial logra el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad y la vida de las personas dentro del marco de la ley.
En consecuencia, por “fuerza” ha de entenderse todo me -
dio físico utilizado contra una persona con fines de hacer cumplir la ley, en particular para hacer que se obedezca una orden. A este respecto, el término fuerza ha de concebirse en sentido amplio, desde el mero hecho de tocar a una persona hasta el uso de armas de fuego, incluido también el uso de medios de coerción. 2
En cambio, la “ violencia” se concibe como un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar daños físicos o psicológicos, y se asocia, generalmente con la agresión física.
La fuerza, así definida, debe aplicarse mediante un acto discrecional, legal, legítimo y profesional. Debemos tomar conciencia que todo empleo “excesivo de la fuerza” se convierte en violencia y es visto como un acto ilegal, ilegítimo y no profesional, con lo cual debe quedar claro para los servidores policiales que “ fuerza no es violencia ”. Esta fuerza se trasforma en violencia cuando el servidor policial hace uso excesivo de la fuerza, y en estas circunstancias deberá ser investigado, y de ser del caso, sancionado. El uso indiscriminado de la fuerza pueden, en tal sentido, constituir violaciones del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo I de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Policía no debe temer usar la fuerza, en la medida que su objetivo sea siempre garantizar la vida e integridad física de las personas (propia, de la víctima o de terceros).
Así mismo, el instrumento internacional “Principios
B ásicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley” (en adelante Principios Básicos), contempla disposiciones generales y especiales muy importantes respecto del uso de la fuerza y de las armas de fuego.
Así, la disposición general No. 4, menciona textualmente lo que sigue:
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. (La negrilla es mío).
Entendiéndose que los Policías del Ecuador podrán hacer el uso legítimo de la fuerza solamente cuando hayan agotado otros medios menos agresivos en la solución del problema, llámese negociación o solución pacífica de los conflictos.
El “ Reglamento de Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador” (en adelante Reglamento), hace referencia al uso progresivo de la fuerza. En los artículos 11 y 12 se determinan los niveles del uso de la fuerza y los niveles de resistencia del intervenido. Este uso progresivo empieza con la presencia policial y termina con la fuerza potencial letal (uso del arma de fuego). Se comprende, por lo tanto, que el uso progresivo de la fuerza es

el USO RACIONAL de los niveles del uso de la fuerza para neutralizar los niveles de agresión del presunto infractor.
La disposición general No. 5 de “Los principios básicos” , menciona también lo siguiente:
Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;
d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.
Si analizamos esta disposición entenderemos que cuando el miembro policial deba hacer uso del arma de fuego, luego de haber agotado otras alternativas para neutralizar la amenaza, debe imperiosamente proceder con mucho criterio y madurez emocional; con proporcionalidad. Deberá hacer uso del arma causando el menor daño posible; si ha hecho uso del arma le corresponderá dar los primer auxilios inmediatamente, luego pedirá la presencia de una ambulancia para trasladar al herido a una casa de salud; y, por último, y por lógica, deberá informar a su superior jerárquico lo ocurrido mediante un parte policial o parte informativo debidamente detallado.
La disposición especial No. 9 de los “Principios B ásicos ” , de suprema importancia para el accionar policial, menciona que los servidores policiales NO EMPLEARÁN ARMAS DE FUEGO CONTRA LAS PERSONAS SALVO EN LOS SIGUIENTES CASOS:
En defensa propia o de otras personas.
Si el servidor policial o una tercera persona están siendo agredidos, y su vida o integridad física están en serio riesgo, este instrumento internacional le faculta para que pueda hacer
uso del arma de fuego. Si actúa tal y como está preceptuado, lo está haciendo dentro de los límites de la legítima defensa. Siendo así, su proceder se configura como una causa de exclusión de la antijuricidad establecido en el art. 30 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que no existirá infracción penal y no podrá ser condenado.
En caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves
El policía deberá usar su arma de fuego solamente cuando la agresión ponga en riesgo inminente la vida o la integridad física del Policía, de la víctima o de terceras personas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado:
[…] En situaciones de paz, los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras 3 (La negrilla es mío)
En el caso de Ibarra con Diana, la Policía, con base en esta disposición, bien pudo haber hecho uso de sus armas letales para neutralizar la amenaza. Pero no ocurrió así y se permitió que el ciudadano venezolano la hiera mortalmente causando la muerte de ella y su hijo.
“Las Directrices para la Aplicación de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (en adelante Directrices), emitidas por Amnistía Internacional, que da practicidad a las disposiciones contenidas en “ Los Principios Básicos”, menciona:
El principio de protección de la vida exige que no se utilice intencionalmente la fuerza letal solo para proteger el orden público u otros intereses similares (por ejemplo, no se podrá usar solo para reprimir protestas, detener a un sospechoso de un delito o salvaguardar otros intereses, tales como una propiedad). El objetivo principal debe ser salvar una vida. En la práctica, esto significa que solo la protección de la vida
puede cumplir el requisito de la proporcionalidad cuando se utiliza una fuerza letal intencionalmente, y solo la protección de la vida puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza (…) 4 (La negrilla es mío)
También dice:
“ c) El mero hecho de que una persona el uda la detención o escape de la custodia no justifica el uso de un arma de fuego , a menos que esa persona constituya una amenaza grave y continua para la vida de otra persona, que pueda materializarse en cualquier momento 5. (….)”
Si el servidor policial debe aprehender o detener a un ciudadano por cualquier motivo, se le acerca y en ese instante esta persona huye, no debe hacer uso del arma de fuego, salvo que se trate de una persona muy peligrosa para la sociedad. Supongamos que está buscado por terrorismo. Si es así, se deberá neutralizarlo causando el menor daño posible e inmediatamente dar los primeros auxilios. Nótese lo vital que es actuar con mucho criterio.
Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida
Si el policía puede evitar que se cometa una infracción grave que amenace la vida de una persona, como por ejemplo impedir un asalto con armas letales a un negocio cualquiera, una entidad bancaria, un trasporte público o privado, etc., bien puede hacer uso de sus armas de fuego.
Con el objeto de detener a una persona que represente peligro y oponga resistencia a su autoridad.
Esta disposición es importantísima pues faculta a la policía usar la fuerza letal para aprehender o detener a una persona que representa un real peligro para los policías o terceras personas, así como cuando se resiste violentamente al procedimiento policial.
No son pocos los casos que los medios de comunicación social o las redes sociales di -
funden imágenes de personas que se opone violentamente al procedimiento o agreden físicamente a los policías. En estos casos, dice esta disposición, se puede hacer uso de arma de fuego, como última instancia, siempre neutralizando con el menor daño posible. No existe un criterio uniforme entre los operadores de justicia para juzgar y sancionar las agresiones físicas a los miembros policiales, pues unos lo hacen como una contravención penal de segunda clase (art. 394 COIP 6 ) y otros como delito por ataque o resistencia (art. 283 COIP 7 ). Creo firmemente que se debería investigar y sancionar como un delito, pues el agredir físicamente no solo que afecta la integridad del servidor policial, sino que transgrede ostensiblemente el principio de autoridad. Si en un país no se respeta la autoridad y la ley, cundirá el caos y el desorden.
Para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.
Faculta al policía usar su arma de dotación para evitar la fuga de los diferentes Centros de Privación de Libertad, o cuando las personas sentenciadas están con vigilancia policial en una casa de salud, por ejemplo. En esos casos bien puede el servidor policial utilizar su arma de fuego para evitar esta acción.
Es importante tener en cuenta lo que dice Amnistía Internacional en “ Las Directrices ”:
“No se podrá matar a un ladrón que está huyendo y no supone un peligro inmediato, aunque ello suponga que se escape.” 8(La negrilla es mío)
La disposición especial No. 10 de l os “Principios B ásicos ” , menciona:
En las circunstancias previstas en el principio [disposición] 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro
a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creará un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. (La negrilla es mío).
El policía al momento de intervenir y si considera que debe hacer uso de su arma de fuego, ineludiblemente debe gritar “ ALTO POLICIA” y ADVERTIRÁ de que va hacer uso de este instrumento en caso de que no desista de su actitud. El momento que grita “ALTO POLICÍA”, le está informando a la persona (al agresor, al que está huyendo, al que va a ser detenido, etc.) que quien está actuando es un funcionario policial en representación del estado ecuatoriano y, por lo mismo, tiene dos opciones, colaborar con el policía o continuar con su actitud de rechazo a las advertencias incoadas. En este último caso, está aceptando el riesgo, y la posibilidad de que el policía use su arma de dotación.
Autor: MSc. Gabriel Marcelo Armas Pérez Docente Universidad Central del Ecuador. Carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciuadadana
1.CIDH, 2015. Informe Anual. Capítulo IV. Desarrollo de los derechos humanos en la región. Pág. 468. Disponible en: http://www. oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/ InformeAnual2015-cap4A-Introduccion-ES.pdf
2.Amnistía internacional. Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pág. 12
3.Corte IDH. Retén de Catia vs. Venezuela, Excepción Preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C Nº150, párr. 85
4.Amnistía internacional. Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pág. 17
5.Ibídem. Pág. 24
6.Será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez días: (…) 2. La persona que maltratare, insulte o agreda de obra a los agentes encargados de precautelar el orden público en el ejercicio de sus funciones.
7.“(…) La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.
8.Amnistía internacional. Directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pág. 17


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Un equipo internacional de investigadores del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, UIBCSIC) ha descubierto que algunas microalgas marinas, conocidas como diatomeas, no solo aprovechan la luz solar para realizar la fotosíntesis, sino que también emiten su propia luz de forma direccional, alterando así la distribución natural de la iluminación bajo el mar. EUROPA PRESS/Imagen PIXABAY