JUEVES 05 DE MARZO DE 2026

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JUEVES 05 DE MARZO DE 2026

Las Fuerzas Armadas decomisaron un semisumergible de 35 metros con 6000 galones de combustible y desmantelaron un astillero clandestino en la Reserva Cayapas-Mataje, Esmeraldas. 4


Desbordamientos dejan decenas de familias damnificadas 3
Cambios en el sector minero y energético


Ecuador lidera rigidez laboral en la región 8


SOFÍA
CORDERO PONCE
@sofirula
Hayuna forma de abandono que atraviesa al país. Es un abandono estatal e institucional que forma parte de la vida cotidiana en muchos lugares.
El Gobierno ha anunciado nuevos operativos y mayor presencia de militares y policías en provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Son medidas para enfrentar a las organizaciones criminales que han ganado terreno en esos territorios. Es comprensible que, frente a la violencia, el Estado intente reaccionar. Pero el problema de fondo es cómo y cuándo llega el Estado. Durante demasiado tiempo ha llegado tarde. Aparece cuando el conflicto ya está instalado. Entonces llega con uniformes, operativos y controles. Pero lo que muchos de esos lugares han necesitado siempre es otra cosa: presencia para construir bienestar, en forma de escuelas que funcionen, centros de salud que atiendan de verdad, caminos transitables, instituciones capaces de reconocer la dignidad de quienes viven allí.
Es un abandono que además resulta fácil de ignorar. Para quienes viven lejos de esos territorios, o los visitan solo de vez en cuando —por vacaciones o por trabajo—, esos lugares aparecen como escenarios temporales. En muchos pueblos de la costa, donde antes la vida transcurría con sencillez y las playas parecían interminables, hoy hay zonas a las que ya no se llega con tranquilidad o simplemente son impenetrables. El crimen organizado encuentra espacio para crecer no porque las comunidades lo hayan elegido, sino porque durante demasiado tiempo nadie más estuvo allí.
Esa es, quizá, la forma más clara del abandono que vive el país. Y también la lección más evidente de lo que hoy está en juego. El Estado no puede seguir llegando solo cuando el conflicto ya está instalado, ni limitar su presencia a uniformes, botas y operativos. Debe llegar primero con bienestar, con servicios, con instituciones que hagan sentir a las personas que su vida importa. Porque cuando el Estado llega tarde y solo con violencia, ya no está gobernando: está tratando de recuperar un territorio, está en una guerra.

RODRIGO CONTERO PEÑAFIEL rcontero@gmail.com
Los problemas del país van en aumento
Elpaís atraviesa una coyuntura compleja que combina tensiones políticas, fracturas sociales, desequilibrios económicos, deficiencias sanitarias, de salud y un progre-
75 abogados quieren el puesto que Diana Salazar dejó vacante. El proceso para elegir al nuevo Fiscal General nació cuestionado, pero avanza. Importantes gremios, activistas y penalistas declinaron participar en este concurso debido a la falta de garantías.
Estas tienen que ver con la politización del Consejo de Participación Ciudadana y las denuncias de irregularidades en la elección de los comisionados que elegirán a la nueva autoridad de control, además del permanente interés de grupos políticos por captar el mayor cargo de la Fiscalía.
Incluso hay dudas de que ya estaría todo listo para que letrados que responden al partido de Gobierno se sienten en el cargo.
Estas interrogantes alrededor del concurso no deben ser descartadas por las autoridades del Consejo de Participación. Junto a los comisio-
nados, ellos están obligados a dar las garantías a la ciudadanía de que el proceso cumplirá las cinco etapas reglamentarias y será transparente, en especial en la etapa de la calificación subjetiva.
El país no puede repetir errores del pasado, antes de Diana Salazar, cuando la Fiscalía fue asaltada y el poder político impuso a sus fieles militantes para cubrir las corruptelas durante años.
El resultado, como lo podemos vivir ahora, es el crecimiento de la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. El país no termina de arrinconar a las mafias que buscan el dinero del Estado. El trabajo es titánico.
Las autoridades deben recordar que las fidelidades políticas son temporales, pero el país, la Fiscalía, son permanentes. Ahí está la verdadera lealtad.

sivo deterioro ambiental. Estos factores no operan de manera aislada: se retroalimentan y condicionan la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Persistente la pobreza, la violencia, los conflictos políticos y culturales, la precariedad de los servicios públicos y la degradación de los ecosistemas que exigen respuestas estructurales, y no paliativos circunstanciales. En el ámbito económico y político, el desafío central radica en la gestión responsable de los recursos públicos. El uso
ineficiente o indebido del presupuesto erosiona la confianza en las instituciones y limita la capacidad del Estado para invertir. A ello se suma la expansión de la violencia y del crimen organizado, fenómenos que generan incertidumbre, afectan la inversión y lesionan la cohesión social. El deterioro ambiental es otro frente crítico. La deforestación, la expansión desordenada de la frontera agrícola y la débil planificación vial evidencian la ausencia de políticas sostenibles. El cambio climático intensifica estas vulnerabilidades y

ROSALÍA ARTEAGA SERRANO rosaliaa@uio.telconet.net
Losrecientes acontecimientos que empezaron durante el fin de semana con el ataque combinado de los Estados Unidos e Israel, seguido de la respuesta del régimen de los ayatolas, ha puesto nuevamente en vilo la frágil paz mundial, y, en esta ocasión el conflicto se ha extendido por los diferentes países del Golfo Pérsico, sembrando el pánico entre sus pobladores y afectando a la economía mundial. Las soluciones son complicadas, pero es evidente que Irán aspira a tener un régimen democrático, que ponga fin a la opresión y dureza del régimen encabezado por Alí Jamenei y que permita confluir hacia un país que bien podría adoptar la propuesta de una mujer valerosa, quien desde el exilio ha mantenido vigente la oposición contra el régimen despótico, a lo largo de las últimas décadas. Se trata de Maryam Rajavi, quien ha mantenido la llama viva de la oposición al régimen opresor y ha propuesto un manifiesto de diez puntos que reflejan un anhelo democrático y la completa igualdad para las mujeres, así como dejar de lado las ambiciones nucleares que han caracterizado al régimen iraní, que hoy se tambalea pero que sigue atacando a una serie de objetivos en diversos países. De igual manera, el comercio mundial se ve afectado sobre todo si Irán consolida su objetivo de cerrar el estrecho de Ormuz, espacio clave por el que circula una quinta parte del petróleo del mundo, poniendo en riesgo la provisión de petróleo para diversos países y elevando los precios de los combustibles, lo que afecta indudablemente a la economía mundial.
Los ataques de Irán a países como los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar y otros, ponen de relieve los riesgos de ampliación del conflicto, además por supuesto de la carga de misiles que han sido disparados contra Israel.
En este mundo complejo, la tragedia de la guerra se extiende por diversas geografías y pone de relieve la necesidad de encontrar mecanismos pacíficos para dirimir las diferencias, así como la necesidad de respetar la autodefinición de los pueblos para establecer sus sistemas de gobierno.
obliga a repensar el modelo de desarrollo.
En el campo social y de salud, aunque la estructura familiar y ciertos indicadores demográficos revelan evoluciones positivas —como el aumento de la esperanza de vida—, los sistemas públicos enfrentan graves limitaciones. El IESS y la red hospitalaria requieren modernización, transparencia y eficiencia para garantizar atención integral, acceso a medicamentos y diagnósticos oportunos. La dignidad humana no puede subordinarse a trámites
burocráticos ni a la ineptitud administrativa. Durante décadas, distintos gobiernos han impulsado reformas en el aparato estatal. Sin embargo, la corrupción y la improvisación han profundizado la desigualdad, la ilegalidad y la desconfianza ciudadana. Superar esta crisis exige liderazgo ético, planificación técnica y compromiso colectivo. Sin instituciones sólidas y políticas públicas coherentes, el deterioro continuará ampliando la brecha entre las promesas oficiales y la realidad del país.
El fuerte temporal invernal en Esmeraldas provocó severas inundaciones en el barrio Gatazo, dejó bajo el agua a la parroquia Lagarto y bloqueó el tránsito vehicular en la vía E15.
El fuerte temporal invernal que atraviesa la provincia de Esmeraldas ha generado múltiples emergencias simultáneas en distintos cantones y parroquias durante las últimas horas. La persistencia de las precipitaciones ha superado la capacidad de respuesta de los sistemas de alcantarillado e infraestructura natural, provocando desbordamientos de cuerpos de agua y afectaciones estructurales tanto en zonas urbanas como rurales de la región costera.
Afectaciones urbanas en el sur de Esmeraldas
En la ciudad capital, más de treinta familias del barrio Gatazo, situado en la parroquia Vuelta Larga al sur de la urbe, resultaron damnificadas tras una severa inundación registrada este miércoles 4 de marzo. El colapso del sistema de drenaje y el desbordamiento de un canal que transporta aguas lluvias y servidas provocaron que el caudal ingresara directamente a las viviendas. En varios inmuebles, el nivel del
agua alcanzó los setenta centímetros de altura, obligando a los residentes a evacuar sus pertenencias de forma apresurada para intentar salvaguardar su patrimonio.
A pesar de las maniobras de contingencia, los reportes iniciales indican pérdidas materiales considerables. El problema en este sector radica en el taponamiento recurrente del canal durante las precipitaciones continuas, lo que bloquea el flujo regular y deriva en el desborde hacia la zona residencial aledaña. Los habitantes enfrentan esta problemática de manera cíclica cada temporada de lluvias. Una de las viviendas más perjudicadas, habitada por cuatro miembros de una misma familia y ubicada a escasos tres metros del estero, registró la pérdida total de sus enseres básicos. La comunidad ha reiterado los pedidos técnicos para la ejecución de obras de mitigación, señalando que durante los últimos quince años se ha planteado la necesidad de construir un muro de con-
La temporada invernal continúa afectando severamente al cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), se prevé que en los próximos días persistan las fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y daños materiales en la región litoral. Las precipitaciones han sido constantes y de gran intensidad durante el mes de marzo,
provocando serias afectaciones en varios sectores del cantón.
Familias en riesgo por inestabilidad de terrenos En barrios como Valle Alto, las calles permanecieron completamente anegadas debido a la fuerza de las lluvias y a la falta de un sistema de alcantarillado adecuado. Los residentes se vieron obligados a realizar labores de drenaje de manera improvisada, utilizando palos y palas para destapar un canal de aguas
tención o una caja de captación con mayor capacidad hidráulica para evitar la repetición de estos incidentes que comprometen la seguridad habitacional.
Rioverde
La emergencia climática se extiende también hacia la zona norte de la provincia, específicamente en el cantón Rioverde. La parroquia Lagarto reporta una situación crítica debido a la acumulación de agua y lodo que ha anegado diversos sectores residenciales. Las lluvias ininterrumpidas han provocado la inundación generalizada de numerosas viviendas, alterando las condiciones de habitabilidad de los moradores locales. Además de los daños en la infraestructura residencial, la fuerza del temporal alcanzó las instalaciones de una unidad educativa del sector, limitando sus operaciones y afectando la infraestructura escolar. Las familias que residen en esta jurisdicción se encuentran en estado de vul-
lluvias con el objetivo de evitar que el agua acumulada ingresara a sus viviendas. La situación es particularmente crítica en el barrio Loma 2, donde varias familias enfrentan un riesgo inminente. Algunas viviendas están a pocos centímetros de colapsar debido a la inestabilidad del terreno, agravada por la saturación de agua. Aunque personal municipal acudió a la zona, la ayuda proporcionada se limitó a la entrega de sacos y arena, materiales que los propios afectados debieron llenar y colocar como barrera. Ante este panorama, los habitantes realizan un llamado urgente a las autoridades municipales para

nerabilidad tras la pérdida de sus bienes y enseres domésticos. Ante la magnitud de las inundaciones, se ha requerido la intervención de los organismos especializados de respuesta y la activación formal de los comités de operaciones de emergencia. El objetivo es coordinar una evaluación técnica de los daños y canalizar la asistencia humanitaria hacia los recintos más golpeados.
Recinto Banderas
El sistema vial de la provincia también presenta estragos logísticos a causa del clima. En la zona norte, el desbordamiento de un estero interrumpió la conectividad en el recinto Banderas, afectando un tramo estratégico de la ruta E15, conocida oficialmente como la Troncal del Pacífico. Esta vía es un eje fundamental para el trán-
sito entre la parroquia de Camarones y el sector de Palestina. El incremento del nivel hídrico cubrió totalmente la calzada de la carretera, dificultando de manera extrema la movilidad de los vehículos de carga y particulares que intentaban atravesar la zona. La acumulación de agua y el arrastre constante de sedimentos sobre la pista de rodaje han incrementado notablemente el riesgo de incidentes de tránsito en este corredor. La caída de lluvia, sumada al colapso de las vías, configura un escenario de alta complejidad logística. Los entes de control y seguridad vial han emitido directrices preventivas para que los conductores extremen las medidas de precaución o eviten transitar por las rutas anegadas hasta que las condiciones meteorológicas se estabilicen.(DLH)

que se implemente un plan de emergencia integral. Hasta el momento, no se reporta la habilitación de albergues para reubicar a las familias
que se encuentran en situación de peligro, lo que aumenta la vulnerabilidad de la población frente a los fenómenos climáticos.(DLH)
Las Fuerzas Armadas decomisaron un semisumergible de 35 metros con 6000 galones de combustible y desmantelaron un astillero clandestino en la Reserva Cayapas-Mataje, Esmeraldas.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador localizaron un campamento logístico y decomisaron un semisumergible durante una operación desplegada en la zona costera de la frontera norte. El operativo se desarrolló específicamente en la isla Santa Rosa, territorio ubicado en el interior de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, en la provincia de Esmeraldas. Los reportes militares detallan que el lugar funcionaba como un astillero clandestino destinado a la fabricación y el
mantenimiento de embarcaciones de fibra de vidrio para actividades irregulares. Al momento de iniciar la intervención, el personal uniformado registró un ataque con armas de fuego. Las tropas respondieron a la agresión para repeler el ataque, asegurar el perímetro selvático y establecer el control total de esta zona estratégica de la provincia.
Canal ‘El Pindal’ Tras asegurar la isla, las patrullas tácticas exploraron
Policía captura a seis
cuatro son adolescentes
Un operativo policial en el barrio La Florida, al sur de la ciudad de Esmeraldas, resultó en la detención de seis personas, entre las cuales se encuentran cuatro adolescentes. La acción fue ejecutada por un grupo operativo motorizado de la
Policía Nacional, luego de semanas de labores de investigación y seguimiento a presuntas actividades ilícitas en la zona. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron evidencia relacionada con presuntos delitos.
los canales adyacentes y localizaron un semisumergible en la vía fluvial conocida como El Pindal. La estructura naval incautada tiene una dimensión aproximada de 35 metros de eslora. En el interior de la nave, las unidades militares contabilizaron una reserva de 6000 galones de combustible. Las características de la embarcación y el volumen de abastecimiento confirman que la estructura estaba acondicionada para ejecutar una navegación prolongada hacia altamar.
Incautación de armas
Entre los elementos hallados se reporta un arma de fuego y quince cartuchos de munición sin percutir. También se decomisaron sustancias sospechosas de ser drogas, aunque no se especificó el tipo ni la cantidad exacta. Según informó el coronel Armando Padilla, comandante de la subzona Esmeraldas, uno de los ado-
Las unidades especializadas procedieron a asegurar el artefacto marino para evitar contingencias ambientales en el área protegida y mantener intacta la cadena de custodia de las evidencias halladas a bordo. La inspección minuciosa del campamento en la isla Santa Rosa permitió la inmovilización de una extensa infraestructura operativa. El inventario militar incluyó la confiscación de seis lanchas adicionales de fibra de vidrio y siete motores fuera de borda.
lescentes detenidos contaba con una orden de captura pendiente por varios meses, vinculada a un caso de robo con resultado de muerte. Las autoridades indican que las investigaciones preliminares buscan establecer el nivel de organización del grupo y su posible conexión con estructuras criminales más amplias. Tras la aprehensión, todos los individuos
En el sitio también se decomisaron 25 tanques que contenían 1375 galones de diésel y 120 recipientes vacíos con capacidad individual de 55 galones. El registro culminó con el hallazgo de instrumentos de navegación y una escopeta. Posteriormente, el semisumergible y todos los elementos retenidos fueron remolcados hasta el muelle estatal para iniciar los respectivos procesos legales y la judicialización de la evidencia.(DLH)
fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con los trámites legales correspondientes. El operativo forma parte de una serie de intervenciones planificadas en la zona sur de la ciudad. La policía mantiene abierta la investigación para identificar a otros posibles involucrados que pudieran encontrarse en libertad. (DLH)
La presidenta de la Revolución Ciudadana considera que su organización política no está aislada, que el socialismo no ha fracasado y que hay apertura hacia un diálogo político partidista.
El 4 de marzo de 2026 fue una jornada inusual en Ecuador. Gabriela Rivadeneira , presidenta nacional de la Revolución Ciudadana (RC), defendió a Cuba en la mañana y en la tarde el Gobierno de Daniel Noboa expulsó a la misión diplomática de ese país.
Como una “parrillada de papeles” calificó Noboa un video en el que una persona quemaba documentos en un asador en la terraza de la sede de la Embajada de Cuba en Quito. Lucía Jaramillo, asambleísta de ADN, indicó en X que con la quema se intenta destruir evidencia.
“Las imágenes desde la Embajada cubana en Quito confirman lo que por años se denunció: indicios de espionaje político en Ecuador. Sabemos que no actúan solos, en conjunto con Venezuela intentarían encubrir a la RC”, señaló la legisladora. Pero hasta las 18:30 no hubo ninguna explicación oficial del Gobierno.
Rivadeneira lidera la RC desde el 18 de enero de 2026 y retornó al país tras vivir seis años en México . En 2019 se abrió en Ecuador un proceso judicial en su contra por presunto delito de instigación que actualmente sigue abierto.
¿La Revolución Ciudadana no está aislada? En diálogo con LA HORA, Rivadeneira indicó que militó en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, fundado por Manuel López Obrador), del que es parte Claudia Sheinbaum , presidenta de México. “Estaba trabajando en la Secretaría de las Mujeres, creada por
Sheinbaum. Fui parte de la nómina de docentes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y hacíamos trabajo territorial”. Califica a Sheinbaum como una estadista con presencia continental “Una mujer como Sheinbaum que se vuelve una estadista y una de las más grandes estrategas que en este preciso momento está dando la batalla frente a una arremetida brutal del Gobierno de los Estados Unidos y de Donald Trump frente a nuestros países. No por algo el 7 de marzo en Washington se van a reunir seis presidentes de la región y por supuesto que no está Sheinbaum en esa lista”.
La RC mantiene una relación con Sheinbaum desde que esta fue jefa de Gobierno de la ciudad de México, en su momento entregó las llaves de la ciudad a Correa, apuntó. “Hemos tenido diálogos políticos, es decir, no sale de la lógica de una relación continental necesaria de este nuevo momento. Tenemos una relación porque sabemos además que ningún país se defiende en solitario. Sabemos que la presencia de Luiz Lula da Silva en Brasil, de Gustavo Petro y ahora de Iván Cepeda en Colombia, la postura de Sheinbaum en México sin duda configura un sostenimiento para demostrar que hay proyectos humanistas en marcha (…). Que digan que la RC está aislada es imposible”.
La dirigente también expresó sus posturas sobre otros países:
Sobre las crisis políticas en Venezuela y Cuba, Rivadeneira considera que son ci-

La RC tiene el objetivo principal del retorno de todos quienes fueron expulsados, incluyendo por supuesto Rafael Correa; no quieren que regrese porque saben que si se presenta en las urnas vuelve a ganar las elecciones”
por colaborar con EE.UU. tras haber sido parte de la dictadura de Nicolás Maduro. “No creo que una persona como Delcy, que ha sido parte de lo más profundo de ese proceso político, hoy cambie lo sustancial y lo profundo que es la defensa del petróleo y de los recursos naturales de Venezuela”.
nalización fuerte que ha hecho que el Estado abandone el territorio frente a la avanzada del crimen organizado En ese contexto comentó que hubo una reunión de organizaciones políticas: “No se puede gobernar con estados de excepción permanentes , hay que tomar cartas en el asunto y, en ese sentido, muchas organizaciones políticas, incluso las que no son de izquierda , tienen preocupación de la degradación institucional a la que estamos llegando. Hace dos semanas tuvimos un encuentro de 11 de 17 organizaciones políticas nacionales. Debatimos sobre esto, estuvo desde el partido Socialcristiano, CREO, Socialistas, Pachakutik Fue un diálogo muy amplio, hemos marcado las posturas, la necesidad de un debate mucho más profundo (…) y la preocupación que se tiene justamente sobre la ruptura del Estado de derecho, sobre la persecución judicial utilizada como mecanismo. Ya es una preocupación mucho más allá de la RC”.
Rivadeneira espera que eso refleje un nuevo momento de un diálogo político partidista . Pero otros dirigentes contradicen a Rivadeneira.
Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano , explicó que la fundación política alemana Friedrich Ebert Stiftung organizó el evento denominado Encuentro de Diálogo Interpartidario sobre Democracia y Participación en el Ecuador, el 5 de febrero en Quito, al que fue invitado.
clos históricos. “Creo que no hay momentos de caídas en sí mismo, porque siempre se demuestra que al final los pueblos vuelven a reorganizarse y se reinventan de manera permanente”.
Rivadeneira conoce personalmente a Delcy Rodríguez, encargada del poder en Venezuela, quien es señalada
Rivadeneira toma a Cuba como ejemplo para cuestionar a quienes se oponen al socialismo: “En Cuba pesa el símbolo de la dignidad, que es lo que por 70 años han tratado de exterminar, pero ahora asfixian al pueblo. Si tan fracasado es el proceso socialista, ¿por qué no lo dejan que fracase por sí mismo?”.
Acercamiento a otras fuerzas políticas Para Rivadeneira, en Ecuador hay una desinstitucio-
Juan Fernando Flores , primer vocal nacional de CREO, cuestionó las declaraciones de Rivadeneira: “La intencionalidad con la que ha mencionado Rivadeneira esa información es completamente errada. No fue un diálogo que llevó adelante la RC, es una invitación que nos hizo justamente una fundación alemana que, con el propósito de fortalecer la democracia, invitó a las diferentes organizaciones políticas a un diálogo sobre el país”. (KSQ)
Una vez finalizada la etapa de inscripciones, el proceso de selección de Fiscal General entrará en la fase de verificación de requisitos y admisibilidad. La Comisión de Selección deberá revisar los expedientes, calificar méritos y el examen de oposición.

La fase de inscripción en el proceso para designar al nuevo Fiscal General del Estado para el periodo 2025-2031 cerró el 3 de marzo de 2026 con 75 postulantes.
Para Andrés Fantoni , presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) , la “convocatoria masiva” y el número de aspirantes dejó en evidencia que el proceso goza de interés y legitimidad.
“Esta confianza en el proceso, esfuma cualquier narrativa falsa cuando se decía que no habría postulantes”, dijo Fantoni.
Cerrada la etapa de inscripción, la Secretaría General del Cpccs deberá remitir los expedientes de los 75 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal , que deberá verificar el cumplimiento de requisitos o validar que los postulantes cumplan con los 10 años de experiencia jurídica y probidad notoria, así como revisar la inexistencia de inhabilidades o prohibiciones para el ejercicio del cargo, y comprobar la autenticidad de los documentos presentados.
Solo quienes superen la fase de verificación de requisitos podrán continuar en las etapas posteriores del concurso:
Fase de admisibilidad y reconsideración.
Calificación de méritos y recalificación (evaluación de la formación académica y trayectoria profesional).
Fase de escrutinio público e impugnación ciudadana Espacio para que la sociedad civil presente objeciones fundamentadas contra los candidatos.
Oposición (prueba oral y escrita).
Designación de la autoridad.
La Comisión de Selección tiene cuatro meses de plazo para desarrollar el concurso (hasta junio) y si amerita podrá pedir al pleno del Cpccs una prórroga de dos meses adicionales (hasta agosto).
Entre los postulantes a Fiscal hay rostros conocidos que resolvieron participar en medio de denuncias de presuntas irregularidades.
Casi al cierre del plazo de inscripción, uno de los últimos en presentar la carpeta fue el actual fiscal subrogante, Carlos Alarcón, quien fue designado en la administración de Mario Godoy,
presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) destituido por la Asamblea Nacional en febrero de 2026. En la lista también consta José de la Gasca, quien fue ministro de Gobierno entre noviembre de 2024 y julio de 2025, en la administración de Daniel Noboa. Esta es la segunda ocasión que busca llegar a la Fiscalía. En el concurso de 2019, organizado por el Cpccs de transición de Julio César Trujillo obtuvo un puntaje de 65/100.
También concursa Daniella Camacho, jueza de la Sala Penal de la Corte Na-
El Cpccs exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para garantizar la transparencia de un concurso clave para la justicia del país.
La mayoría de los postulantes provienen de Pichincha (40), seguidos por Guayas (9) y Manabí (5).
lahora.com.ec
DIPLOMACIA Queman papeles en la Embajada de Cuba tras expulsión de delegación diplomática
PAÍS
Créditos de vivienda social se podrán pagar hasta en 30 años
cional de Justicia (CNJ). Ella concluirá su periodo de 9 años en enero de 2027. Camacho sustanció el caso Sobornos , que involucró al expresidente Rafael Correa
Otro postulante es Walter Macías, fue juez de la Sala Penal de la CNJ. En septiembre de 2023, llamó a juicio a los entonces vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Barreno Además está la jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Inés Maritza Romero . Ella trabajó como fiscal en Pichincha y fue jefa departamental en la Dirección de Política Penal de la Fiscalía General del Estado. Fue candidata a presidir la Defensoría Pública.
Andrés Cuasapaz, fiscal que investigó casos sensibles, incluyendo el asesinato de Rubén Chérrez, se suma a la lista en la que también consta Gladys Terán, quien fue jueza de la CNJ, integró la Sala Penal y Laboral. Fue presidenta del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha y Fiscal del Distrito de Pichincha, Fiscal en Santo Domingo de los Tsáchilas, Fiscal. (SC)
SEGURIDAD Narco semisumergible fue capturado en la frontera norte
ECONOMÍA Ecuador es elegido Destino del Año 2026 para turismo de aventura
PREVENCIÓN CAF aprueba $450 millones para seguridad y desastres en Ecuador
LOS RÍOS Gobernador plantea depurar hospitales en Los Ríos

Manabí es la segunda provincia más violenta, según cifras de enero de 2026. Especialistas en seguridad dicen que esta no tendrá toque de queda porque no se prioriza la criminalidad, sino los corredores logísticos del crimen.
Ecuador entró en una nueva fase de ataque al crimen organizado , así lo destacó el presidente de la República, Daniel Noboa , quien anunció que desde el 15 al 30 de marzo habrá un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo 2025 fue el año más violento de la historia del país con 9.235 homicidios intencionales Guayas se ubicó como la provincia más violenta, que acumuló 4.116 casos; le siguieron Los Ríos con 1.276; Manabí con 1.271 y El Oro con 791, según cifras del Ministerio del Interior.
Desde el inicio de 2026 Ecuador mantiene indicadores de violencia similares a
los de 2025. En enero, el país llegó a 747 homicidios, en los que Guayas tiene 44.31% de casos, Manabí 12,85% y Los Ríos 12,71%.
Aunque Manabí es la segunda provincia más violenta, allí no se aplicará el toque de queda por 15 días.
¿Por qué no Manabí?
El general (sp) José Luis Castillo , docente universitario, confirmó que Manabí presenta altos índices de criminalidad y es una de las provincias violentas del país, y a pesar de que no se aplicará el toque de queda, en esa zona sí rige el estado de excepción
“En este caso, el toque de queda está orientado a priorizar los corredores de mo-
vilidad del crimen organizado y no la criminalidad”, destacó.
Castillo agregó que el objetivo de la medida es reducir la movilidad criminal, como el movimiento de armas, en El Oro, transporte de la droga desde los puertos de ingreso que son por el norte de Ecuador, disminución de sicariatos y dificultar el movimiento del dinero.
El coronel (sp) Patricio Haro, analista de seguridad, indicó que el toque de queda es una medida que amplía el estado de excepción, pues restringe el derecho a la libre circulación y reunión de las personas y, con ello, se registre la actividad que se pueda realizar en la noche, cuando hay más ac-
resaltó.
Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, detalló que las dinámicas de criminalidad siempre giran en torno a la presencia o ausencia del Estado. “Las condiciones estructurales de Manabí no han cambiado y al no haber cambiado, existe una operación amplia de las organizaciones criminales transnacionales”.
Añadió que de esa provincia se originó el grupo narcodelictivo l os Choneros , que es uno de los más violentos del país.
Centros del crimen organizado
El general (sp) José Luis Castillo precisó que en Ecuador hay centros de gravedad del crimen organizado Estos son la fuente de poder donde se concentra la capacidad logística, financiera y operativa . “Estos son el corazón del crimen organizado”.
ciones delictivas.
Haro afirmó que si bien tiene altos índices de violencia en Manabí, los homicidios intencionales en este año no se han incrementado. Así, la estrategia del Gobierno sería detener el incremento de muertes violentas.
Manabí es foco de acciones violentas
El 11 de enero de 2026, en Puerto López (Manabí ) se encontraron cinco cabezas humanas. Estas estaban suspendidas de una soga y atadas a palos que sujetaban letreros en una tabla tríplex, ubicada en la parte superior.
TOME NOTA
Desde el 28 de febrero de 2026, el Presidente renovó por 30 días más el estado de excepción en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, frente a la crisis de seguridad en la que sigue inmersa el país.
El coronel (sp) Patricio Haro señala que Manabí es una de las provincias que tiene mayor cantidad de puertos artesanales que el crimen organizado usa para sacar la cocaína hacia aguas internacionales, hasta ser depositada en un buque nodriza.
“Bajo estas circunstancias, la disputa ya no es por territorio sino por el control de los puertos artesanales Y, Puerto López es uno de los puertos artesanales más importantes de la región”,
Castillo indicó que uno de esos centros de gravedad del crimen organizado es el puerto de Guayaquil, porque con su complejo portuario junto con los de Durán y Posorja concentran el 70% de exportaciones ecuatorianas en contenedores, por lo que el narcotráfico tiene más facilidad de operar. A eso se suma que Guayaquil es la principal ruta de exportación de la cocaína hacia Europa. “Hacia Guayas confluyen las rutas del crimen organizado que son: desde el sur ingresan armas, municiones y explosivos por El Oro ; Los Ríos constituye un área de encaletar y almacenar de la droga; Santo Domingo de los Tsáchilas es también un lugar para encaletar y bodega de la droga que sale por los puertos”, señaló. El especialista en seguridad afirmó que, si se controla Santo Domingo de los Tsáchilas, que es un nodo estratégico por las vías de la Sierra y las que salen a la Costa, Los Ríos y El Oro, de alguna manera Guayas queda aislada, en particular el puerto de Guayaquil. (PSR).

Contratar en Ecuador implica una de las estructuras de costos laborales más rígidas de América Latina.
Cuando un inversionista analiza dónde instalar una empresa o poner dinero para una inversión, no observa solo el salario mínimo Evalúa el costo laboral total, es decir, todo lo que la empresa debe pagar directa o indirectamente por cada trabajador: sueldos, aportes, beneficios diferidos, recargos, utilidades y pasivos futuros.
Esta nota utiliza exclusivamente el informe ‘Costo laboral en Latinoamérica 2026’, elaborado por Andersen Global (febrero de 2026), con datos legales vigentes y tipos de cambio oficiales a esa fecha. El estu-
dio compara el costo del empleo formal en el sector privado en 18 países de la región.
Tabla de salario básico
En 2026, el salario básico unificado en Ecuador es de $482 mensuales.
En la región, el informe ubica a Ecuador en un rango medio:
• Costa Rica: $775,66
• Panamá: $638,00
• Uruguay: $634,80
• Chile: $621,59
• Ecuador: $482
• Colombia: $474,33
• Paraguay: $447,73
• Perú: $336,71
• Nicaragua: $243,86
A simple vista, Ecuador no es el país más caro en salario. Tampoco el más barato. Pero ahí recién empieza el análisis. Beneficios obligatorios Aquí aparece el principal problema competitivo del país. Un empresario no paga solo 12 sueldos al año.
Todo empleador o inversionista que quiere poner una empresa, o hacer un proyecto productivo, en Ecuador debe asumir:
1
Décimo tercer sueldo
• 1 salario adicional al año
1 Ecuador 482 13.º sueldo, 14.º sueldo, fondo de reserva, vacaciones Sí (15%) Sí: jubilación patronal vitalicia Muy alta
2 Uruguay 635 Aguinaldo, vacaciones, negociación sectorial obligatoria No
3 Brasil 312 13.º sueldo, FGTS (8%) Parcial (convenios)
FGTS
4 Colombia 474 Prima de servicios, cesantías, intereses No No
5 Chile 622 Gratificación legal (opciones) Sí (modalidades) No Media
6 Perú 336 2 gratificaciones, CTS Parcial (según sector) No Media–baja
7 Costa Rica 776
8 Panamá 638
Aguinaldo, aportes a fondos laborales No No Media–baja
Beneficios limitados No No
(8,33% mensualizado).
2
Décimo cuarto sueldo
• 1 SBU adicional al año ($482 en 2026).
3
Fondo de reserva
• Desde el segundo año: 8,33% del salario mensual (equivale a 1 salario anual).
4Utilidades
• 15% de las utilidades líquidas de la empresa, obligatorio por ley.
5
Aporte patronal al IESS
• Aproximadamente 12,15% del salario.
6Vacaciones pagadas
• 15 días al año.
7
Recargos laborales
• Jornada nocturna: +25%.
• Horas suplementarias: +50% (diurnas) y +100% (nocturnas).
• Feriados y descansos: +100%.
“La legislación laboral de Ecuador establece diversas obligaciones económicas acumulativas a cargo del empleador, las cuales deben ser consideradas como pasivos laborales y debidamente provisionadas.”, apunta Andersen Global.
Jubilación patronal
Ecuador es el único país de la región donde existe la jubilación patronal obligatoria
• Aplica cuando el trabajador acumula 25 años o más con el mismo empleador.
• El empleador debe pagar:
• una pensión mensual vitalicia, o
• un fondo global que cubra toda la expectativa de vida del trabajador.
Este beneficio es adicional a la jubilación del IESS y constituye un pasivo laboral de largo plazo, inexistente en Colombia, Perú y el resto de la región.
“Únicamente en Ecuador existe la obligación del empleador de reconocer a favor de su trabajador, la jubilación patronal en forma adicional a la jubilación que le corresponda al trabajador.”, dice el estudio de Andersen Global.
Desde la lógica empresarial, esto implica costos futuros impredecibles, algo que los inversionistas penalizan. Además, como también existe la pensión del IESS, en la práctica se ve como un doble sistema de jubilación, es decir, doble costo.
Ecuador vs. Colombia y Perú:
Colombia
Costos obligatorios:
• Salario mensual.
• Prima de servicios: 1 salario anual.
• Cesantías: 1 salario anual (depositado en fondo).
• Intereses a cesantías: 12% anual.
• Aportes a la seguridad social.
No existen:
• Reparto obligatorio de utilidades.
• Jubilación patronal. Perú
Costos obligatorios:
• Salario mensual.
• Gratificaciones: 2 salarios al año (julio y diciembre).
• CTS (Compensación por Tiempo de Servicios): depósito semestral.
No existen:
• Décimos.
• Reparto obligatorio de utilidades en todos los casos.
• Jubilación patronal. Costo anual por trabajador
Ecuador
• Salarios (12 meses): $5.784
• Décimo tercero: $482
• Décimo cuarto: $482
• Fondo de reserva: $82
• Aportes IESS (12,15% aprox.): $702
• Costo anual sin utilidades: $7.932.
Colombia
• Salarios: $5.688
• Prima de servicios: $474
• Cesantías: $474
• Intereses cesantías (12%): $57
Costo anual aproximado: $6.693 (sin riesgo en utilidades ni pasivos vitalicios).
Perú
• Salarios: $4.032
• Gratificaciones (2): $672
• CTS aproximada: $336
Costo anual aproximado: $5.040
Desde la óptica empresarial, Ecuador combina:
• Costos fijos altos.
• Beneficios obligatorios múltiples.
• Reparto obligatorio de utilidades.
• Jubilación patronal única en la región.
• Rigidez laboral y altos recargos.
Mientras Colombia y Perú concentran beneficios en menos rubros y sin pasivos vitalicios, Ecuador acumula obligaciones presentes y futuras, elevando el costo y el riesgo de contratar formalmente. (JS)

La nueva normativa transforma los monoplazas en máquinas más compactas y tecnológicas bajo tres pilares fundamentales:




Australian Grand Prix
Circuito Albert Park (Melbourne, Australia)


Canadian Grand Prix Circuito Gilles Villeneuve (Montreal, Canadá)


Hungarian Grand Prix Hungaroring (Hungría)


United States Grand Prix Circuito of The Americas (Austin, EE. UU.)

La Fórmula 1 se redefine para 2026 con un calendario de 24 paradas, que Australia. Se destaca por el una reorganización logística orientada a la


Chinese Grand Prix Circuito Shanghai (China)


Monaco Grand Prix Circuito de Monaco (Mónaco)


Dutch Grand Prix Circuito Zandvoort (Países Bajos)


Mexico City Grand Prix
Autódromo Hnos. Rodríguez (México)





Japanese Grand Prix Circuito Suzuka (Japón)


Spanish Grand Prix Circuito de Barcelona-Catalunya (España)


Italian Grand Prix
Autódromo Nazionale Monza (Italia)


São Paulo Grand Prix Interlagos (Brasil)

móviles cambian de posición automáticamente (Modo Z para agarre en curvas y Modo X para velocidad en rectas), junto con un sistema de “impulso manual” eléctrico para rebases.


Bahrain Grand Prix Circuito Bahrain (Sakhir)


Austrian Grand Prix Red Bull Ring (Spielberg, Austria)


Madrid Grand Prix Madring (Madrid, España)


Las Vegas Grand Prix Circuito Las Vegas Street (EE. UU.)


Saudi Arabian Grand Prix Circuito Jeddah Corniche (Arabia Saudita)


British Grand Prix Circuito Silverstone (Reino Unido)




Azerbaijan Grand Prix Streets of Baku (Bakú) Qatar Grand Prix Circuito Lusail International (Qatar)


Miami Grand Prix Miami Autódromo (Estados Unidos)






La Asamblea de Expertos está conformada por 88 clérigos que pilotan la elección de un nuevo líder supremo en Irán. El organismo baraja un abanico de candidatos en plena ofensiva de EE.UU. e Israel
MADRID. La muerte del ayatola Alí Jamenei en los bombardeos ejecutados en el marco de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis de liderazgo en el país, con la Asamblea de Expertos asumiendo un papel clave a la hora de elegir al sucesor del histórico líder iraní, que llevaba en el cargo desde 1989. Jamenei, que tenía 86 años en el momento de su muerte, era hasta ahora el segundo líder supremo de Irán después de la Revolución Islámica de 1979, que presenció el ascenso al poder del ayatola Ruholá Jomeini, a quien sucedió diez años después tras su muerte, convirtiéndose en una figura central en la política y la religión en el país.
Así, la persona que ocupa el cargo de líder supremo tiene la palabra final en materia de diplomacia, estrategia militar y política interior en el país, en el que además tiene una gran importancia la Guardia Revolucionaria, por lo que el asesinato de Jamenei supone un golpe para la estructura de poder de Irán, que desde hace años tiene entre manos su posible sucesión, dada su avanzada edad.
De hecho, durante los últimos años se había especulado con la posibilidad de que su
hijo, Mojtaba Jamenei, o el expresidente Ebrahim Raisi --fallecido en mayo de 2024 en un accidente de helicóptero en la provincia de Azerbaiyán Oriental-- le sucedieran en el momento de su muerte.
El organismo, que tiene funciones deliberativas y cuya obligación es nombrar, supervisar y, llegado el caso, cesar al líder supremo, está integrado por un total de 88 clérigos, que deben ser nombrados por el Consejo de Guardianes, cuyos miembro son, a su vez, elegidos de forma directa o indirecta por el propio líder supremo iraní, lo que refleja su peso en la estructura política del país asiático.
Los miembros de la Asamblea de Expertos son designados para mandatos de ocho años en votación popular tras un proceso de veto por parte del Consejo de Guardianes, manteniendo al menos dos reuniones cada seis meses para ejercer labores de supervisión de las funciones del líder supremo y valorar si se encuentra en sus plenas capacidades físicas y mentales para llevar a cabo sus funciones.
El propio Jamenei fue miembro de la Asamblea de Expertos entre 1983 y el 4 de junio de 1989, fecha en la que fue elegido como líder supremo, una decisión en la que Jomeini

CONFLICTO. Registro de una manifestación tras la muerte del ayatola Alí Jamenei. EP
habría tenido una importante influencia, especialmente por las tensiones con su entonces ‘número dos’, Hosein Alí Montazeri, quien se habría mostrado crítico con la oleada de ejecuciones de miles de presos políticos en 1988.
¿Qué dice la Constitución?
Ahora, la muerte de Jamenei activa forzosamente este proceso de elección con el objetivo de cubrir un vacío de poder, contemplado por el artículo 111 de la Constitución, por lo que la Asamblea de Expertos ha acelerado sus contactos durante los últimos días para determinar quién será el elegido. El citado artículo “en caso

de Conveniencia del Sistema, una asamblea integrada por 48 personas y nombrada por el líder supremo --destinada a resolver disputas entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes--.
El artículo 111 destaca que este consejo “asumirá de forma interina todas las funciones del líder”. “En caso de que durante este periodo alguno de ellos no pueda cumplir con sus obligaciones por cualquier razón, otra persona, por decisión de la mayoría de los miembros del Consejo de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, será elegida en su lugar”, resalta.
Esta posibilidad es especialmente relevante en estos momentos, dado que Estados Unidos e Israel continúan sus bombardeos. El Ejército israelí aseguró el martes haber bombardeado el edificio de la Asamblea de Expertos y ha amenazado con asesinar a cualquier sucesor de Jamenei.
de muerte, dimisión o cese del líder, los expertos --en referencia a los miembros de la Asamblea de Expertos-- deberán dar pasos lo antes posible para nombrar a un nuevo líder”, periodo durante el cual se crearía un “consejo” temporal para ocupar sus funciones hasta la elección del que sería el sucesor de Jamenei, un paso ya activado.
Este consejo interino está en estos momentos integrado por el presidente de Irán, el reformista Masud Pezeshkian; el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei; y Alireza Arafi, un miembro del Consejo de Guardianes que ha sido elegido a tal efecto por el Consejo de Discernimiento
“Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, así como para oprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para ser eliminado”, ha subrayado este mismo miércoles el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El artículo mencionado contempla la posibilidad de que el líder supremo sea cesado en caso de que sea “incapaz de cumplir sus funciones constitucionales”, incluido el caso de que “sea público que no posee algunas de las cualificaciones iniciales”, algo que no ha pasado en las dos ocasiones previas. (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevará “esta semana” al 15% el arancel global, según informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El arancel del 10% aplicado por Estados Unidos con carácter global, después de que el Tribunal Supremo anulase los llamados aranceles recíprocos, será incrementado al 15% “probablemente esta semana”,
según ha anticipado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
“Eso probablemente ocurrirá esta semana”, ha indicado la mano derecha en materia económica de Donald Trump, en declaracio -
nes a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press. Bessent ha recordado que este gravamen global se aplica al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza a la implementación
de la tasa por un periodo de 150 días, durante los que se analizarán diversas alternativas para los aranceles como las recogidas bajo las secciones 301 y 232.
“Son muy lentas, pero más robustas”, ha comen-
tado el funcionario estadounidense, que se ha mostrado convencido de que, al cabo de cinco meses, “ las tasas arancelarias volverán a su nivel anterior”.
Los antecedentes
El pasado 24 de febrero, Estados Unidos comenzó a implementar un arancel global del 10%, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington al considerar que la Casa Blanca se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés) para fijar tarifas.
Trump, ha criticado el fallo de la Corte Suprema del país sobre la IEEPA, rechazando la interpretación del Gobierno de que esta otorga al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados, y ha lamentado que esta resolución beneficiará a Estados y compañías que llevan años “estafando” a EEUU.
“La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles podría permitir que se devolvieran cientos de miles de millones de dólares a países y empresas que han estado ‘estafando’ a EE.UU. durante muchos años y que, según esta decisión, podrían seguir haciéndolo, incluso a un nivel aún mayor”, ha argumentado el mandatario antes de conjeturar que, seguramente, el Supremo “no tenía esto en mente” cuando deliberó. (EUROPA PRESS)

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 La Hora QUITO, ECUADOR REVISTA No: 8694

El gobierno plantea que la estabilidad macroeconómica del Ecuador atraviesa una coyuntura crítica, caracterizada por la convergencia de dos crisis estructurales: una brecha fiscal persistente, que proyecta necesidades de financiamiento cercanas a los USD 16.000 millones para el ejercicio 2026, y una crisis energética sistémica derivada del déficit hidrológico, que ha expuesto la vulnerabilidad de la matriz productiva nacional. El presente análisis jurídico aborda la “ Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de
Minería y Energía”, iniciativa calificada de urgente en materia económica por el Ejecutivo. La propuesta legislativa parte de una premisa fundamental: el Ecuador no puede permitirse el “costo de oportunidad” de mantener sus recursos estratégicos inmovilizados por barreras administrativas o rigideces normativas, mientras la economía demanda liquidez inmediata y seguridad en el suministro eléctrico.
A través de una reforma dual que modifica tanto la Ley de Minería como la Ley Orgánica del Servicio Público de
Energía Eléctrica (LOSPEE), la ley busca modernizar el marco regulatorio bajo principios de eficiencia, seguridad jurídica y competitividad sistémica. En las líneas subsiguientes, analizaremos cómo esta propuesta pretende transformar la exploración minera y la generación eléctrica, ponderando la tensión inherente entre la agilidad administrativa necesaria para la inversión y el control estatal irrenunciable sobre los sectores estratégicos. El nuevo paradigma minero: eficiencia administrativa y seguridad jurídica
El diagnóstico que sustenta la reforma minera es claro: la normativa vigente ha generado “cuellos de botella” admi-
nistrativos que retrasan artificialmente la maduración de los proyectos, postergando la generación de renta extractiva y desincentivando la inversión extranjera directa. Para corregir esta distorsión, el proyecto introduce cambios estructurales en el ciclo minero.
De la rigidez a la proporcionalidad: Los actos administrativos previos
Uno de los nudos críticos abordados es la regulación de los permisos ambientales para la fase de exploración. La reforma al artículo 26 de la Ley de Minería propone sustituir la exigencia genérica de licencias complejas por “autorizaciones ambientales” adecuadas al nivel de impacto real de la activi-
E-mail: judicial@derechoecuador.com

¿Cómo se deben dictar las medidas de protección en contravenciones penales no flagrantes?
El artículo 520 del COIP en sus numerales 1 ,2 y 3 ordena que en caso de contravenciones se aplicarán únicamente medidas de protección, se podrá disponerlas de oficio o a petición de parte. Se indica de manera genérica que la o el o el juzgador resolverá de manera motivada, en audiencia oral, pública y contradictoria. El numeral 8 del artículo 642 del COIP, determina que en el procedimiento expedito para las contravenciones penales, el juzgador deberá rechazar de plano todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso.
En las contravenciones penales no flagrantes, la jueza o el juez, de ser el caso, puede imponer medidas de protección, las mismas que deben ser dictadas en audiencia oral, pública y contradictoria. Se debe tomar en cuenta que el juzgamiento para este tipo de infracciones debe darse hasta diez días luego de que el administrador de justicia notificó sobre el cometimiento de la presunta contravención, por ende la audiencia para la imposición de medidas de protección, de ser estrictamente necesarias, debe darse con antelación, cuidando siempre que la sustanciación de la causa no se retarde.
De ser el caso, la jueza o el juez, de oficio o a petición de parte, pueden dictar medidas de protección en audiencia oral, pública y contradictoria, la que debe llevarse a cabo previo y cuidando el plazo de celebración de diez días para la audiencia de juzgamiento de procedimiento expedito. (Art. 5.13 COIP).
Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia
dad.
Desde una perspectiva técnica y jurídica, esta distinción es vital. La exploración es una actividad temporal, de bajo impacto y reversible, que no debe equipararse regulatoria y procedimentalmente con la fase de explotación. La propuesta busca alinear el control administrativo con el principio de proporcionalidad, permitiendo que la Autoridad Ambiental concentre sus esfuerzos de fiscalización en las etapas de mayor riesgo, sin que ello implique una desregulación ambiental, sino una racionalización del trámite. La agilización de estos permisos tiene un efecto económico inmediato: reduce los costos de transacción y acelera la movilización de capital de riesgo hacia el país.
La unificación del ciclo exploratorio
La fragmentación actual de la etapa de exploración en fases estancas (inicial, avanzada y evaluación), condicionadas a actos administrativos sucesivos, ha demostrado ser ineficiente, generando “tiempos muertos” que paralizan las operaciones. La reforma al artículo 37 de la Ley de Minería propone un cambio de paradigma: consolidar la etapa de exploración en un plazo único de hasta quince años.
Esta modificación otorga certeza jurídica al inversionista, permitiendo una planificación técnica y financiera de largo plazo sin la incertidumbre de interrupciones burocráticas intermedias. Jurídicamente, se reconoce la naturaleza continua y acumulativa de la investigación geológica. Al eliminar cortes administrativos artificiales, se fomenta que los proyectos avancen más rápido hacia la factibilidad económica y, consecuentemente, hacia la fase de producción y pago de regalías.
Competitividad sistémica: Los clústeres mineros Finalmente, la incorporación del artículo 66.1 introduce la figura de los “Clústeres Mineros Integrales”. Esta innovación legislativa reconoce que la minería moderna no opera en aislamiento, sino que requiere de un ecosistema de infraestructura habilitante (energía, vialidad, logística).
Al facultar la creación de zonas delimitadas donde se articulen servicios compartidos bajo la rectoría del Ministerio Sectorial, el Estado busca ge-
nerar economías de escala y reducir los costos operativos de los proyectos. Desde la óptica del Derecho Administrativo Económico, esto constituye un paso hacia una gobernanza colaborativa, donde la provisión de infraestructura pública se coordina con las necesidades del sector privado para maximizar la competitividad nacional, evitando la duplicidad de esfuerzos y optimizando el uso del territorio.
Mecanismos de liquidez fiscal y gobernanza territorial
Más allá de la eficiencia administrativa, la ley responde a una urgencia económica ineludible: la necesidad de inyectar liquidez a la caja fiscal y asegurar que la renta extractiva se traduzca en desarrollo local tangible. La reforma aborda estos desafíos mediante tres mecanismos normativos de aplicación inmediata.
La patente de conservación como instrumento de liquidez
Esta disposición busca corregir la práctica dilatoria que afectaba la programación de caja del Tesoro Nacional. Adicionalmente, se introduce un esquema progresivo de tarifas (del 2,5% al 10% de la remuneración básica unificada por hectárea) en función de la fase del proyecto. Jurídicamente, esto desincentiva el acaparamiento especulativo de concesiones ociosas y premia el avance hacia la explotación, asegurando ingresos tempranos para el Estado antes de que inicie la producción comercial.
Transferencia a la inversión verificable
Uno de los aportes más sustanciales del proyecto es la reforma al artículo 93, referente a las regalías. Si bien la Constitución (Art. 274) garantiza la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en las rentas extractivas, la falta de trazabilidad ha diluido históricamente el impacto de estos recursos.
La propuesta introduce una condición suspensiva para el desembolso de los recursos: la presentación previa de un “Plan de Inversiones” por parte del GAD, el cual debe ser aprobado por el Ministerio Sectorial. Este mecanismo transforma la transferencia en una herramienta de justicia territorial verificable. Ya no basta con recibir el recurso; el GAD
debe demostrar técnicamente que el 60% de la regalía se destinará efectivamente a inversión social, saneamiento o vialidad en las zonas de influencia, y no a gasto corriente improductivo. Esto refuerza el control del Gobierno Central sobre la calidad del gasto subnacional sin vulnerar la autonomía, pues se trata de recursos asignados con un fin constitucional específico: la compensación territorial. La seguridad como activo económico
Reconociendo que la minería ilegal constituye una amenaza directa a la seguridad nacional y a la economía formal, el artículo 66.3 crea las “Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica”. Esta figura habilita el apoyo permanente de las Fuerzas Armadas para resguardar activos críticos y prevenir el sabotaje en proyectos de gran escala. Desde el análisis económico del derecho, la seguridad jurídica se complementa aquí con la seguridad física, reduciendo el riesgo-país y garantizando la continuidad operativa indispensable para la generación de divisas.
La reforma energética
La crisis energética ha evidenciado las limitaciones del Estado para sostener, por sí solo, la expansión de la infraestructura eléctrica necesaria para el desarrollo. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) plantea un cambio pragmático: habilitar la participación privada bajo un régimen de excepcionalidad regulada.
La delegación excepcional como válvula de escape (art. 25)
La sustitución del artículo 25 de la LOSPEE es la piedra angular de esta transición. Se faculta al Estado a delegar actividades del servicio público a empresas privadas o de economía popular y solidaria mediante procesos públicos de selección. No obstante, esta delegación no es discrecional; la norma tipifica causales taxativas de procedencia, tales como el riesgo de déficit energético, colapso operativo o cuando existan condiciones económicas y técnicas más favorables para el interés general.
Jurídicamente, el Estado mantiene la titularidad, rectoría y regulación del servicio, pero se apoya en el capital privado para cerrar la brecha de
infraestructura que hoy asfixia al sector productivo. Se establecen contratos de concesión de hasta 30 años, plazo razonable para la recuperación de inversiones intensivas en capital, dotando de horizonte financiero a los proyectos.
Autogeneración y distritos autónomos
La ley rompe con el modelo centralista tradicional al introducir figuras como los “Distritos Autónomos Energéticos” (DAE) y los sistemas de autogeneración. Se permite que consumidores, regulados o no, instalen sistemas de generación para su autoabastecimiento, e incluso inyecten excedentes a la red.
Esta desregulación controlada fomenta la innovación y alivia la carga sobre el Sistema Nacional Interconectado. Al permitir que la industria y los grandes consumidores gestionen su propia energía, se libera capacidad para el consumo residencial y se mejora la resiliencia del sistema ante estiajes o fallas en la transmisión.
Seguridad jurídica en la reversión de bienes
Finalmente, la reforma al artículo 33 clarifica el régimen de reversión. Al finalizar el contrato, los bienes afectos al servicio público pasan al Estado sin costo, como es la norma en el derecho administrativo. Sin embargo, se introduce una excepción crucial para la seguridad jurídica de la inversión privada: se excluye de la reversión a los bienes instalados para autoabastecimiento y a los proyectos privados que no formen parte del Plan Maestro de Electricidad (PME). Esto incentiva la inversión en autogeneración al garantizar el respeto a la propiedad privada sobre activos que no constituyen un servicio público esencial delegado.
Análisis constitucional: unidad de materia y urgencia económica
Toda iniciativa legislativa de carácter urgente debe superar dos filtros constitucionales rigurosos: la unidad de materia y la justificación real de la urgencia. En el presente proyecto, ambos elementos se encuentran sólidamente fundamentados en la interdependencia técnica y económica de los sectores abordados.
Conclusiones
El análisis de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos
nos permite concluir que el Ecuador se encuentra ante una disyuntiva histórica: modernizar su regulación para aprovechar sus recursos naturales o condenarse al estancamiento por inercia burocrática. La propuesta normativa acierta al identificar que la mayor amenaza para la soberanía no es la inversión extranjera, sino la ineficiencia estatal que mantiene los recursos en el subsuelo mientras la población carece de servicios básicos. Al sustituir licencias por autorizaciones ágiles, garantizar la seguridad en zonas mineras y permitir la autogeneración eléctrica, la ley no solo busca cerrar la brecha fiscal, sino enviar una señal poderosa a los mercados internacionales: el Ecuador ofrece seguridad jurídica.
Finalmente, la reforma rescata el sentido de justicia territorial. Al condicionar las regalías a planes de inversión verificables, se transita de una descentralización de papel a una descentralización de resultados. Como juristas, debemos reconocer que la sostenibilidad del modelo económico depende de nuestra capacidad para adaptar el derecho a las exigencias de un mundo globalizado, donde la competitividad y la certeza normativa son los activos más valiosos.
DerechoEcuador.com https://heyzine.com/flipbook/5af82d0399.html
Referencias Bibliográficas Notas: [1] Presidencia de la República, Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, p. 2. [2] Ibid., p. 3. [3] Ministerio de Ambiente y Energía, Informe Económico para la Reforma a la Ley de Minería (citado en el Proyecto), p. 8. [4] Proyecto de Ley, Art. 3 (Sustitución del Art. 26 de la Ley de Minería). [5] Presidencia de la República, Exposición de Motivos, p. 9. [6] Proyecto de Ley, Art. 6 (Sustitución del Art. 37 de la Ley de Minería). [7] Proyecto de Ley, Art. 7 (Agregación del Art. 66.1 a la Ley de Minería). [8] Proyecto de Ley, Art. 4 (Sustitución del Art. 34 de la Ley de Minería). [9] Presidencia de la República, Exposición de Motivos, p. 17. [10] Proyecto de Ley, Art. 12 (Definiciones de DAE y Generación Distribuida). [11] Proyecto de Ley, Art. 4 (Sustitución del Art. 34 de la Ley de Minería).

Hace más de 40.000 años, nuestros primeros antepasados ya estaban grabando signos en herramientas y esculturas, según un nuevo análisis de la Universidad de Saarland y el Museo de Prehistoria e Historia Temprana en Berlín, ambas en Alemania. Utilizando un enfoque computacional, el equipo examinó más de 3.000 signos encontrados en 260 objetos para revelar información sobre los orígenes de la escritura. EUROPA PRESS/ Revista ‘PNAS’.
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