Santo Domingo: 29 de Octubre, 2025

Dos hombres asesinados y abandonados en San Jacinto del Búa 04

Faltan rutas alternas en la Chone

Paro: Cardenal sí recibió pedido de diálogo de indígenas 05

La avenida Chone enfrenta congestión vehicular creciente, que se intensificará con la apertura del Bombolí Shopping. La falta de rutas alternas complica la movilidad de estudiantes y ciudadanos. Se implementan algunos cambios viales y aumento de agentes de tránsito, pero aún se requieren soluciones adicionales. 03

¿Cómo blindar a jueces de la CNJ de la política?

La vida de un médico cambió luego de un rave

Columnistas de LA HORA se juntaron para pensar el país

Editorial Abya-Yala, 50 años de vivir la interculturalidad

Caducidad en los procesos administrativos

16-17

LORENA BALLE sTEROs @loballesteros

Me define… la hibridez

Soy una millennial temprana con ascendencia de generación X. Tengo influencia de la generación Z y poca conexión con la Alpha Soy nostálgica del vinilo, de las llamadas telefónicas por línea fija, de las cartas escritas a mano y de las serenatas.

La herencia de la generación X se percibe en mi adaptabilidad y en mi orientación hacia las metas y los objetivos. También se refleja en mis gustos musicales ¡Ah!, y por supuesto, de la X tengo esa afición por el cine, por apreciar los guiones, la fotografía, la estructura y la producción audiovisual.

Aunque crecí imaginando mis propios desenlaces amorosos con finales felices, soy millennial: cínica, pragmática, independiente y auténtica.

De los que vinieron después también aprendí algo: los centennials me contagiaron la necesidad de libertad. Los horarios y las rutinas me aburren. Y aquí lo paradójico: planifico todo. Necesito visualizar mis días, entender con anticipación mi semana, hacer menús, listas de pendientes y demás. Aun así, necesito diversidad. No puedo repetirme cada día.

Me gusta combinar el trabajo en casa con reuniones presenciales; las rutinas de concentración (de lectura, escritura y conversaciones profundas) con salidas a lugares bulliciosos, preferiblemente eventos culturales.

La desconexión que siento con la generación Alpha es precisamente por su absoluta conexión con el mundo digital. Me cuesta pensar como ellos: exclusivamente en contenidos audiovisuales, cortos y efímeros.

Aunque estoy en redes sociales y genero contenido para ellas, lo hago con un tono de X, algo de millennial, pero no creo ser interesante para un Alpha. No entiendo su dispersión ni su falta de compromiso a mediano y largo plazo.

Soy, quizá, una bisagra entre lo analógico y lo digital. Al final, me define la hibridez: esa mezcla de ritmos y silencios, de pantallas y vinilos, de tiempos que no terminan de irse ni de llegar del todo.

EDiTORiAL

Directora Nacional: Gabriela Vivanco Salvador

Editor General: Jean Cano

Editor Regional: Lorena Melo Mieles

Redacción: santodomingo@lahora.com.ec

Publicidad: mgranda@lahora.com.ec

Año: XXVII No. 11.497

Seguridad y reflexión en el feriado

El país se alista para un nuevo feriado del 1 al 4 de noviembre con una tradición viva para visitar y recordar a quienes partieron y celebrar su memoria. Al ser uno de los asuetos más largos del año —y anunciado con anticipación— el Gobierno, la Policía y las Fuerzas Armadas deben garantizar que las familias se desplacen con seguridad y tranquilidad. Existe un llamado de empresarios locales por reactivar las provincias más afectadas por el reciente paro: Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha. La inseguridad y la crisis social perjudican la imagen de Ecuador ante el turismo mundial. Aunque es difícil revertir la tendencia, no es imposible.

Con un esfuerzo que arrancó en 2007, Colombia recuperó territorios perdidos a la guerrilla,

incentivó la inversión en hoteles y en infraestructura junto a las comunidades locales y emprendió una agresiva campaña internacional por medio de ProColombia. También implementó rutas turísticas seguras, instaló puntos de control constantes en más de 17.000 km de vías y presencia armada estratégica en destinos clave. El turismo en Ecuador ofrece una vía prometedora para el desarrollo y sería un eficiente acompañamiento a la política de seguridad.

Tras dos años difíciles para la industria turística local, Ecuador aún no logra recuperar las cifras previas a la pandemia. Convertir el turismo en política de Estado no solo generará ingresos: puede devolver esperanza y oportunidades a miles de familias. Y eso sí es desarrollo sostenible.

¿Qué esperar de la Constituyente?

Hemos

empezado la cuenta regresiva para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre próximo. La pregunta en cuestión nos lleva a responder si queremos que se convoque a Asamblea Constituyente. Es decir, que se reescriba la Constitución. Recientemente, en una entrevista en un medio de comunicación, le preguntaron al presidente Noboa cuáles serían los temas a proponer. Aunque en esa ocasión la respuesta fue evasiva, en realidad él ya la había respondido. Lo hizo a través de la exposición de motivos del Decreto Ejecutivo No. 148 del 19 de septiembre. Además del número de asambleístas constituyentes, número de elecciones y proceso en general también justifica, porque deberíamos optar por dar por superada la Constitución de Montecristi.

En este documento se mencionan al menos tres puntos: la crisis de inseguridad y las escasas estructuras de defensa para poder enfrentar la violencia criminal. El desgaste ocasionado por el Cpccs. Finalmente se menciona la persistencia de los altos niveles de pobreza. Hasta aquí ya hemos revisado las motivaciones, pero no hemos abordado el deber ser de una Constitución. Este instrumento ha ido migrando hasta convertirse en ese marco institucional que permite -o en nuestro caso limita- el desarrollo del proyecto de vida de los ciudadanos. Hay un miedo justificado con respecto a cuál será el resultado de este ejercicio. Sin embargo, las herramientas para enfrentar este temor son las democráticas y están a la mano: debate nacional y el eventual pronunciamiento a través del voto Por eso es importante que asumamos con la responsabilidad que corresponde la pregunta propuesta. Es ante todo la oportunidad para apostar por un nuevo modelo económico que favorezca el progreso y la libertad. Uno que opte por la apertura de mercados, la estabilidad de las reglas para la inversión y devuelva la condición de Estado de Derecho al país. El Ejecutivo dice que hay que poner al ciudadano primero y esto es un inicio, pero necesitamos que apueste por el desarrollo y las herramientas que así lo favorecen.

*Economista por la Escuela superior Politécnica del Litoral. Ex miembro de la Asamblea Nacional. Profesora en la Universidad Espíritu santo UEEs máster en Dirección de Entidades sin ánimo de Lucro por la Universidad de Barcelona. máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra.

Columnista para Diario La Hora y Académica asociada al iEEP.

No puede haber unidad, en donde hay imposición. El carácter multidiverso del país , no nos obliga a aprobar que las minorías im -

pongan sus pretensiones. La “herida histórica” únicamente se cerrará, cuando aceptemos que no somos los mismos precolombinos, ni los mismos ibéricos de 1492, ni los mismos criollos de 1810; cuando reconozcamos que genética, racial o culturalmente, todos somos mestizos. No aceptarnos mestizos, es racismo. Nadie aplaude la represión, el asesinato, la desaparición de inocentes. Como tampoco consentimos que para exigir

“derechos” se vandalice; se destruya propiedad privada, propiedad nacional; se incendie vehículos, edificaciones; se destroce las vías públicas; se impida la libre circulación; se arrase plantaciones; se derribe construcciones, árboles, postes; se desmorone paredes; se secuestre policías, militares; se ejerza violencia contra quienes trabajan. Debemos entender que quien ejerce violencia: destroza, arrasa, secuestra, incendia, destruye, está supe -

ditado al ejercicio de la fuerza del Estado. No es odio, es la legítima respuesta del Estado, para restaurar el orden. No hay sustento jurídico ni ético, para exigir que toleremos como normal el vandalismo, la destrucción, el secuestro, el incendio y que el Estado lo permita, manteniéndose indiferente ante la agresión. Los paros de octubre 2019, junio 2022 y septiembre 2025 evidencian la utilización del indigenado por parte de los vinculados al n ar -

coterrorismo internacional, a quienes les interesa la guetificación del Ecuador, para imponer su dios y su ley en los guetos, impidiendo la presencia, en esos territorios, de las instituciones de la Nación ecuatoriana. La identidad nacional se sostiene superponiendo la nacionalidad ecuatoriana por sobre cualquier otra peculiaridad, solo ahí se concreta la tolerancia, el respeto a la multiculturalidad, porque “El respeto al derecho ajeno, es la paz”. Juárez.

CIUDAD 03

Mayor congestión en la avenida Chone por apertura del nuevo centro comercial

El tránsito se complica entre la intersección con las avenidas Puerto Ila y Bombolí. Se aplican cambios para mejorar la movilidad.

Durante los últimos días, la congestión vehicular sobre la avenida Chone ha sido más reincidente y prolongada , especialmente desde la intersección con la Puerto Ila hasta el semáforo de la Bombolí, en la cooperativa Ciudad Nueva.

Es probable que el inconveniente aumente a partir del jueves 30 de octubre debido a la inauguración del centro comercial Bombolí Shopping , ya que muchos ciudadanos acudirán a estas modernas instalaciones.

Las horas pico se vuelven complicadas para los transeúntes, quienes hacen un llamado a las autoridades y piden mayor presencia de agentes civiles de tránsito.

“Aplaudo el progreso de la ciudad, pero debe existir un plan de contingencia que realmente funcione. Hasta el momento, el tráfico es abrumador y, una vez que abra

Retiran

Se confirmó que aumentará la presencia de agentes civiles de tránsito en la avenida Chone. EL DATO

TRÁFICO. Congestión crece antes de apertura del nuevo centro comercial. las puertas el centro comercial, va a ser peor”, manifestó Vinicio Ramírez.

En este punto también funciona una unidad educativa, lo que ocasiona el arribo masivo de vehículos que movilizan a los estudiantes, cuyos conductores tienen dificultades para circular.

“Se hace difícil en los ingresos y salidas de clases. Hay muchos carros y la maquinaria pesada aún trabaja en la mitad de la vía. Espero que se haga una planificación correcta para el bienestar de toda la ciudadanía”, expresó Génesis Macías.

Planificación de autoridades

Las autoridades municipales conocen la problemática y han tomado algunas decisiones para intentar que el paso de transportes sea más fluido en este sector de la ciudad.

Se han liberado carriles con la reducción del parterre central, cuyos trabajos aún se realizaban la tarde de ayer con maquinaria pesada.

Uno de los cambios se registra en la calle San Cristóbal, ingreso a la universidad Católica. Ahora es unidireccional y solo pueden ingre-

sar carros desde la avenida Chone, que son evacuados por la calle Isabela hasta llegar a la avenida Puerto Ila.

Por este tema también se elimina el semáforo ubicado en el ingreso a la Ciudadela del Magisterio, cuyos habitantes hicieron plantones para oponerse, ya que consideran que aumentará la tasa de accidentabilidad en la zona.

El alcalde Wilson Erazo evaluó las dos caras de la moneda y aseguró que los trabajos se los ejecuta previo una planificación técnica.

Reconoció que el nuevo

centro comercial provocará mayor presencia vehicular, pero también puntualizó que su funcionamiento mejorará el turismo y la economía local.

Manifestó que habrá que habilitar la calle que atraviesa por Mi Cuchito y sale a la avenida Quevedo; asimismo, habilitar otras rutas que conecten con la avenida Venezuela para descongestionar el tráfico. Sin embargo, fue claro en señalar que actualmente no hay recursos económicos para ejecutar esas obras y que más adelante se buscará el financiamiento. (JD)

cámaras presuntamente utilizadas por grupos delictivos

Un fuerte contingente de uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas , acompañados por autoridades de diferentes instituciones, intervinieron en varios puntos de Santo Domingo para retirar cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en postes de alumbrado público. El operativo se efectuó tras un mapeo realizado previamente y en coordinación con el ECU – 911, porque se sospecha que varios de estos dispositivos electrónicos eran monitoreados por grupos delictivos para conocer movimientos en la vía pública.

Entre los puntos intervenidos constan las cooperativas Santa Martha, Las Playas, Plan de Vivienda Municipal, Modelo, Ciudad

Nueva, Villa Florida, entre otras zonas con alta incidencia delictiva.

Juan Carlos Paladines, director general del Ecu –911, visitó Santo Domingo para verificar el retiro e indicó que procedimientos similares se han realizado en otras ciudades como Machala y Babahoyo.

“Estas cámaras son fáciles de hackear . Queremos evitar que ciertos grupos delictivos tengan acceso a la vía pública cuando se ejecuten operativos y no identifiquen cuál es la trayectoria por donde pasa la Policía”, acotó.

Félix Solórzano, jefe subrogante de la subzona Santo Domingo de los Tsáchilas, señaló que se conformaron cinco grupos para intervenir

EL DATO

Alrededor de 40 cámaras fueron retiradas. En las próximas semanas se prevé nuevas intervenciones.

simultáneamente en los sectores detectados durante la etapa investigativa. Las cámaras retiradas permanecerán en el ECU –911. En algunos puntos, las personas solo observaron el accionar de los uniformados, mientras que en otros hubo cuestionamientos, pues algunos vecinos indicaron que hicieron recolectas para instalarlas ante el aumento de la delincuencia.

OPERATIVO. Instituciones de seguridad y el ECU – 911 retiraron cámaras instaladas sin autorización.

Ante esto, las autoridades respondieron que los dispositivos pueden ser reclamados con una factura o declaración juramentada Además, recordaron que la instalación en la vía pública tiene que ser autorizada y en coordinación con el ente competente, a fin de garantizar el uso adecuado de las imágenes. (JD)

Cadáveres con disparos y panfletos amenazantes

Los cuerpos fueron encontrados maniatados, con heridas de bala y junto a mensajes en los que se cuestiona a una organización delictiva.

Wilkinson Andrés García, de 24 años, y Robinson Calderón , de 40, fueron asesinados durante la madrugada de ayer, martes 28

de octubre, en la parroquia rural San Jacinto del Búa, en Santo Domingo. Las víctimas eran de nacionalidad colombiana

Según las informaciones preliminares, se dedicaban a traer ropa para comercializar en Ecuador , y no se descarta que hayan sido secuestradas en un hotel , hipótesis que la Policía Nacional investiga. Es probable que hayan sido torturados, porque tenían las extremidades

inferiores y superiores maniatadas; además, los rostros estaban cubiertos con textiles.

También se evidenciaron heridas de bala en el cráneo de las víctimas y, junto a ellas, panfletos amenazantes en cuyo texto se cuestiona a una organización delictiva. “Noso -

Es la tercera muerte violenta registrada en el inicio de la presente semana. EL

tros sí matamos a los que son y no matamos gente inocente”, se lee en parte del escrito.

Disparos en la madrugada Los cuerpos quedaron sobre la maleza al costado de la vía que conduce a la comunidad San Vicente, cerca al puente Zamora y aproximadamente a 2 kilómetros del centro poblado de San Jacinto. El hallazgo ocurrió a las 06:30; Sin embargo, se presume que las muertes violentas se cometieron alrededor de las 02:00, pues algunas personas escucharon varios disparos. Uniformados de la Policía Nacional llegaron al sitio a verificar el hecho y solicitaron la ambulancia de medicina legal, que trasladó los cadáveres al Centro Forense.

Agentes de Criminalística fijaron siete indicios balísticos en la escena y entre las evidencias también constan los panfletos.

Mientras tanto, personal de Dinased activó la línea investigativa para buscar a los responsables. (JD)

Fuga de privado de libertad en la cárcel Bellavista

Un hombre privado de libertad que cumplía condena en la cárcel Bellavista , en Santo Domingo, se fugó durante la mañana de ayer, martes 28 de octubre.

Kevin A., es la identidad del individuo que logró vulnerar el sistema de seguridad y abandonar el centro penitenciario con rumbo desconocido.

Él ocupaba una celda en la etapa 1 y, junto con otros 22 reos, habían salido de los separos para cumplir con el programa de estudios secundarios, pero aprovechó el mínimo descuido para escaparse. La evasión del interno se hizo pública en horas de la tarde, y el personal de la Po-

La semana pasada, dos privados de libertad aparecieron sin vida en esta cárcel. EL DATO

licía Nacional desplegó un operativo para recapturarlo, sin obtener resultados positivos hasta el cierre de esta edición.

Condenado por droga En agosto de este año, Kevin A., fue sentenciado por las autoridades judiciales a 40 meses de cárcel por tráfico de sustancias sujetas a fis-

REFERENCIA. Un privado de libertad escapó de la cárcel de Santo Domingo.

calización Registra antecedentes penales por robo, droga y

hurto. De manera extraoficial se conoció que un agente penitenciario abandonó

la infraestructura carcelaria tras la evasión del preso. (JD)

Iglesia sí recibió un pedido de mediación durante el paro

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana recibió una solicitud de mediación desde una organización indígena, pero la otra parte del conflicto en el paro no hizo la petición.

Debido a eso no pudo ser facilitadora del diálogo entre el Gobierno y la Conaie.

El paro de 2025, que duró más de un mes, no terminó como en 2019 y 2022, con el Gobierno de turno y los principales dirigentes indígenas en un diálogo, mediado por un tercer actor. El paro de este año fue declarado por la Conaie en septiembre y el cese llegó el 22 de octubre, días después de la reunión entre autoridades del Gobierno y representantes indígenas de Imbabura, reunidos en Otavalo. Ese encuentro del 15 de octubre en el que los dirigentes de la Conaie no estuvieron.

¿Querían el diálogo?

LA HORA conoció un oficio del 8 de octubre de 2025 firmado por Mesías Flores, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta Fici) , dirigido a Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), con copia a monseñor René Coba, obispo de Ibarra En ese documento Flores habla en representación de los Pueblos Caranqui, Natabuela, Imantag, Otavalo y Kayambi del Norte. Explica que en una asamblea extraordinaria, realizada el 7 de octubre, con el acompañamiento de Alberto Ainaguano, presidente de la Ecuarunari, y Marlon Vargas, presidente de la Conaie, se resolvió “buscar caminos de diálogo respetuoso y constructivo con el Gobierno nacional”. Ainaguano refirió que, contrario a lo que ha indicado el Gobierno, Vargas sí estuvo en Imbabura en tres ocasiones

En el oficio se planteó a la Iglesia que “asuma el rol de mediador y garante en el proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y la estructura de la Chijallta Fici”. Se incluyeron cuatro de-

ACERCAMIENTO. Dirigentes de organizaciones indígenas de Imbabura junto al ministro del Interior, John Reimberg, y el párroco de Otavalo, Cristian Andrade, el 15 de octubre de 2025 tras la reunión. (Foto: Captura de video de Radio Ilumán).

mandas ya presentadas al Gobierno en un oficio anterior, dirigido al presidente de la República, Daniel Noboa, según el documento al que accedió este Diario. Estas son:

1 Congelamiento por cinco años del precio del diésel.

2 Liberación de todas las personas procesadas y detenidas durante las movilizaciones.

3 Justicia y reparación integral por el asesinato de Efraín Fuerez y demás heridos de gravedad.

4 Archivo de procesos judiciales contra dirigentes. Hasta el 8 de octubre solo se registraba a Fuerez como la primera persona asesinada, el 28 de septiembre, en el contexto del paro. Rosa Paqui y José Guamán fallecieron el 14 y el 15 de octubre, respectivamente, según la Conaie. Los puntos expuestos el 8 de octubre fueron planteados en el encuentro del 15 de octubre.

La Iglesia respondió. En otro documento del 8 de octubre, David de la Torre, secretario general de la CEE, confirma la recepción del ofi-

cio de Flores.

“Le reitero el compromiso de la CEE para acompañar todo proceso social y político que nos lleve a caminar juntos, todos los ecuatorianos, sin excepción, siempre y cuando todas las partes así lo consideren y lo soliciten”, indicó el secretario. Señaló que la solicitud de ambas partes “es una de las principales exigencias para garantizar que el diálogo tenga participación y compromisos”.

¿Cómo procedió la Iglesia católica?

El Cardenal Cabrera reveló a LA HORA que del 14 al 24 de octubre estuvo fuera del país, en Roma, pero que sí conoció la solicitud de la Fici. “Efectivamente, durante los días del paro de actividades algunas organizaciones indígenas y sociales pidieron a la CEE su intervención como mediadora. Pero la respuesta fue que para la mediación es necesaria la solicitud de la otra parte, en ese caso del Gobierno, lo cual no se dio”.

Dijo que por ese motivo la Iglesia mantuvo una actitud de respeto, pero sin dejar de

tud. Nosotros no tenemos la obligación moral ni legal de comunicar, de difundir, justamente para mantenernos en esa actitud de respeto, de manera que no haya presiones”, justificó Cabrera. Respecto a la actitud del Gobierno, considera que hubo una diferencia entre este y los paros anteriores. “Ahora se sumaron otros grupos que actúan al margen de la ley y que se conoce como delincuencia organizada, cuyo poder económico realmente es muy grande (…). Creo que la presencia de esos grupos hizo que el diálogo sea más difícil, más complicado”, expuso. Señaló que un paso importante debía ser identificar con quién dialogar.

Cabrera enfatizó en que este paro sí deja “una gran lección” que se debió aprender desde el paro anterior y para los futuros conflictos: “Hay que comenzar por donde uno termina. ¿Y por dónde se termina? Sentándose en una mesa a dialogar”. Una vez más insistió en que se deberían retomar las mesas de diálogo de 2022, porque es un camino ya recorrido.

llamar insistentemente a la paz por el camino del diálogo. “Esa ha sido nuestra actitud, de espera de que la otra parte haga una solicitud y así ver si es conveniente o no nuestra participación en esta difícil tarea de la mediación”, añadió.

Al recordar los paros de 2019 y 2022, Cabrera refirió que fueron el Gobierno y las organizaciones indígenas quienes tomaron la iniciativa tras agotar todos los esfuerzos. “Nosotros no nos ofrecemos, no nos presentamos como mediadores. De hecho, siempre reconocemos que, a nivel internacional y nacional, hay muchísimas organizaciones que tienen esta preparación de ofrecer la mediación”, insistió.

Por ello, en esta ocasión la Iglesia recibió el oficio, lo analizó y prefirió esperar. Tampoco lo puso en conocimiento del Gobierno ni lo hizo público. “No podemos transmitir eso a la otra parte porque son los involucrados. Son las organizaciones indígenas y sociales las que tenían que decir: hemos enviado a la CEE esa solici-

Gobierno sostiene que hubo diálogo La HORA buscó la versión de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, para saber si conoció el oficio de la Fici, con las resoluciones de Vargas y Ainaguano, y su proceder. Pero su equipo de comunicación indicó que se encontraba en territorio y no hubo respuesta.

Sin embargo, el presidente Noboa dijo el 28 de octubre, en entrevista con radio Centro, que tras el paro no se trata de “reencauzar el diálogo, el diálogo siempre hubo”. Aseguró que “siempre se habló con las comunidades, con la gente”, quienes han recibido los tractores, los bonos Raíces. “Lo que no hubo es un diálogo centralizado en el cual se beneficiaban unos pocos, se mantenía el odio y resentimiento de muchos hacia el Gobierno. Cambiamos la dinámica también en ese sentido. Logramos tener contentos y con esperanza a la gente que ellos mismos usaban de fuerza de choque y los líderes se quedaron sin piso”, subrayó. (KSQ)

i

¿Cómo blindar la independencia judicial frente a la política?

Abogados penalistas recomiendan al Consejo de la Judicatura que en futuros concursos se establezcan nuevos requisitos para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Para evitar que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) , máximo tribunal de la justicia ordinaria de Ecuador , sucumba a presiones políticas , mediáticas y sociales , lo ideal sería que no exista intromisión de otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) , o de entidades como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs ).

Los abogados penalistas Hermes Sarango y Gonzalo Silva, al igual que

funcionarios de la CNJ, consideran que los jueces de este organismo tienen la obligación de resolver en derecho y en apego a la Constitución. “Esa es la única forma de blindar la independencia judicial frente a la contaminación de la política y del crimen organizado ; la independencia judicial también significa dejarle al juez que decida sobre un caso y no recibir influencias externas respecto sobre cómo debe decidir”, dijo un fun-

cionario de la CNJ.

En este contexto, Sarango y Silva ven que los jueces de la Sala Penal de la CNJ , actúan con madurez personal y jurídica.

Sarango, sin embargo, advirtió “lo complicado” de lograr una total independencia y cero injerencias por las presiones políticas internas, externas y económicas en el sistema de administración de justicia penal. Afirmó que en cualquier caso debe prevalecer la honestidad y la madurez del juez.

riencia mínima de 15 años y que la edad mínima para ser juez de la CNJ vuelva a ser de al menos 45 años.

Gonzalo Silva, en cambio, pidió que se incluya el requisito de doctor en Jurisprudencia , no haber recibido sentencia por ningún delito, etc.

Con esto se tendrán certezas de que los candidatos a jueces nacionales han superado la fase de la improvisación de tal forma que el sistema político no los pueda corromper. “En otros países, los jueces de corte suprema son sumamente experimentados”, señaló Sarango.

Además, recordó que las cortes de Justicia de hace tres décadas atrás eran más solventes porque los requisitos para ser jueces eran rigurosos.

Reconoció la participación de magistrados de la CNJ como Felipe Córdova o Marco Rodríguez , quien fue juez de primer nivel , ayudante judicial y oficial mayor.

Los fallos que han dictado los jueces de la Sala Penal (como el caso Sobornos, Metástasis , entre otros) han sido sustentados, subrayó Sarango.

“Los jueces penales son personas muy maduras que, si se diera el caso que se dejen corromper sería un hecho muy aislado, pero no creo que en estos jueces haya riesgos de injerencia política, más bien han dado muestras de prudencia y sensatez”, destacó el experto penalista.

Requisitos para futuros jueces Sarango recomendó que en futuros concursos que organice el Consejo de la Judicatura se establezcan nuevos requisitos para ser jueces: que tengan expe -

“Hoy, con la moda de la Inteligencia Artificial , y con la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial , un joven de 30 años puede ser juez de la CNJ. ¿A esa edad tendrán la suficiente madurez para poder ser juez del alto tribunal de Justicia? Yo creo que no”, señaló Sarango. “A un juez joven, a un abogado joven, el Estado lo puede manipular , en cambio una persona con criterio formado y madurez personal es más complicado”, opinó. En todo caso, aunque consideró que con esa edad también podría asumir el cargo de juez, no tendría la prudencia que se requiere. La administración de Justicia no es solo conocer leyes, sino tener prudencia, probidad y eso se gana con el tiempo, indicó.

Para evitar interferencias, los jueces deben aplicar estrictamente , al tenor de la ley sobre la tipicidad , antijuridicidad y la culpabilidad sobre los hechos que motivan su conocimiento, puntualizó el abogado penalista Gonzalo Silva.

“Un juez honesto y capaz no debe someterse a las presiones políticas, económicas o sociales; el blindaje a sus decisiones se la concede el mismo funcionario; el Estado solo le entrega el nombramiento”, añadió. (SC)

Los quiteños se endeudan para comer, menos para invertir

Según un estudio de Oikonomics Consultora Económica, apenas el 27% de los quiteños pidió un crédito en el tercer trimestre de 2025. De ellos, la mayoría lo usó para cubrir necesidades básicas: 32% para alimentos y 23% para educación. Solo un 22% destinó los fondos a actividades productivas.

En Quito, el crédito no es la principal herramienta para invertir, sino que se ha convertido en un salvavidas. Oikonomics Consultora Económica hizo un estudio, entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre de 2025, que revela una tendencia clara: la mayoría de quiteños no se endeuda, y quienes sí lo hacen, recurren al crédito para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la educación de sus hijos.

Solo el 27% de los encuestados pidió financiamiento en el tercer trimestre del año (entre julio y septiembre), mientras que el 73% no lo hizo. Entre quienes sí solicitaron crédito, el 32% lo destinó a comprar alimentos, el 23% a educación, y el 22% a actividades productivas, principalmente para adquirir maquinaria (11%) o materia prima (11%). Apenas un 10% usó los fondos para vivienda. En otras palabras, el crédito en la capital se usa más para sostener la economía familiar , sobre todo el consumo diario, que para impulsar nuevos proyectos productivos o emprendimientos.

“La deuda se ha vuelto un colchón emocional y financiero: la gente ya no pide crédito para crecer, sino para resistir”, explica David Gutiérrez, analista en temas de consumo. “Eso refleja una economía doméstica frágil, con presupuestos que apenas alcanzan para lo esencial”.

¿Cómo y con quién se endeudan?

Cuando los quiteños deciden endeudarse, prefieren hacerlo de manera formal. Según Oikonomics, la mitad (48%) recurre a bancos, el 47% a cooperativas y un 5% a mutualistas. En el sis-

tema bancario, Banco Pichincha concentra el 50% de las preferencias, seguido por Produbanco (14%) y Banco Guayaquil (14%). Entre las cooperativas, la JEP lidera con 23%, seguida de Alianza del Valle (18%) y la Cooperativa de la Policía Nacional (14%).

Esa preferencia por canales formales sugiere que, aunque son pocos los que se endeudan, quienes lo hacen buscan instituciones confiables y reguladas. Sin embargo, el estudio también muestra que la intención de pedir crédito seguirá bajando. Para el cuarto trimestre de 2025 (entre octubre y diciembre), solo 17% de los quiteños planea solicitar financiamiento, lo que marca una tendencia de mayor cautela.

“No es que no necesiten crédito, es que no se atreven”, comenta Luis Cabezas, microempresario del norte de Quito. “Hay miedo a no poder pagar, y los bancos están más exigentes. Muchos

preferimos ajustar gastos antes que endeudarnos otra vez”.

¿En qué planean endeudarse?

Entre quienes sí prevén pedir crédito en los próximos meses, las prioridades cambian poco. La educación encabeza las intenciones con 32%, seguida del consumo (26%), el crédito productivo (17%), el comercial (16%) y el inmobiliario (9%).

Es decir, la deuda seguirá respondiendo más a la necesidad de sostener el consumo y, en el mejor de los casos la formación académica, que a inversiones o emprendimientos de largo plazo.

¿Cómo consumen los quiteños?

Casi la mitad de los quiteños (46%) redujo su gasto en alimentos respecto al trimestre anterior, y más del 45% recortó el gasto en restaurantes, entretenimiento y turismo

socia de una pequeña tienda en el sector de El Inca. “Yo misma lo noto: la gente compra lo justo, ya no lleva antojos”.

¿Qué prefieren comprar?

El gasto en supermercados se mantiene firme. El 61% de los quiteños compra sus productos del hogar en supermercados o hipermercados, frente a 17% que prefiere tiendas de barrio. Las cadenas más frecuentadas son Supermaxi, Tuti y Akí, que concentran cerca del 70% de las preferencias Más de la mitad de los consumidores planea mantener su nivel de compra en estos locales, y 35% incluso espera aumentarlo, lo que sugiere que el gasto se concentra cada vez más en alimentos y productos básicos.

Grandes compras y viajes: los grandes ausentes

La encuesta identifica dos causas principales: el alza de precios (37%) y la inestabilidad política (22%) , aunque también se mencionan las dificultades de acceso al crédito y la incertidumbre laboral.

Los gastos esenciales, como alimentos, salud y transporte, se mantienen como los más resistentes y estables. Más del 70% de los encuestados prevé mantener su gasto en alimentos y salud durante el último trimestre del año, mientras todos dijeron que conservarán su nivel de gasto en transporte.

En cambio, los rubros ocasionales, como restaurantes, vestimenta o viajes, seguirán en descenso o, en el mejor de los casos, se mantendrán sin crecimiento.

“El quiteño promedio ahora piensa dos veces antes de salir a comer o comprar ropa. Hay una conciencia de ahorro que antes no existía”, comenta Martha Salazar,

En medio de la cautela, las compras grandes prácticamente desaparecen del horizonte de los quiteños. Más del 90% no planea comprar vehículo en lo que resta del año; entre los pocos que sí, 40% preferiría un sedán, 35% un SUV y 10% una camioneta. Las marcas más mencionadas son KIA (26%), Hyundai (17%) y Toyota (17%).

En el caso de los viajes, la historia es similar: 68% no planea salir de la ciudad durante las fiestas de diciembre, principalmente por razones económicas (60%). Quienes sí viajarán, eligen destinos como Estados Unidos, Colombia y Argentina

Endeudamiento y consumo

La encuesta de Oikonomics dibuja un panorama claro: el crédito en Quito está sirviendo para sostener el consumo esencial, no para expandirlo. El hecho de que un tercio de los préstamos se use para comprar comida y otro cuarto para pagar educación muestra una fragilidad estructural del consumo urbano.

“Para el cierre de 2025, la señal es clara: los quiteños están consumiendo con cuidado y endeudándose solo cuando no hay alternativa”, concluyó Gutiérrez. (JS)

Cirujano relata cómo un rave lo volvió un blanco de amenazas

Un médico-cirujano quiteño no imaginó que los amigos que hizo en un rave, en Quito, cambiarían –para mal– su vida. Amenazas, crimen organizado y hostigamiento lo aquejan. Conozca su relato.

EntrEtEnimiEnto. Los raves son fiestas de música electrónica. (Imagen referencial)

Todo empezó hace dos años cuando Sebastián (nombre protegido) conoció el mundo del rave (fiestas de música electrónica ) en Quito.

“Si uno cree que Quito es pequeño, ese mundo (raves) es más pequeño, todos se conocen”, relata el cirujano que ha vivido un viacrucis desde que conoció a un DJ, en una de esas fiestas.

“Por un amigo en común me presentaron a esta persona y luego empezó a salir bastante conmigo. Por mi carrera, no he tenido muchos amigos y sentí una gran conexión de amistad con él. Conversábamos de temas interesantes y como él era DJ me presentaba gente y amigas”, relata Sebastián, sobre el inicio de una amistad que se transformó en una historia de terror. El vínculo siguió pese a que el círculo cercano de Sebastián le advirtió que su nuevo amigo no tenía buenas intenciones. Cuando salían –recuerda– era

Sebastián quien invitaba. “Íbamos a un restaurante, él (el DJ) se compraba un agua y se tomaba muchas fotos. Luego de que yo sea el que ponga todo me empezó a molestar”, recuerda el hombre que, con menos de 40 años, ha vivido años de gran tensión.

A los seis meses de conocerse, el DJ le propuso a Sebastián presentarle un amigo diseñador gráfico para que mejore la imagen de su consultorio. Fue ahí que la vida del médico dio un giro drástico.

Una víctima para los Lobos “Me dijeron que me iban a presentar una proforma. Ahí empezaron las vivezas que no me gustaron”, dice Sebastián, quien recuerda que el costo del trabajo era de 12.000 dólares. El diseñador era incumplido, llegaba borracho y bajo efectos de sustancias al trabajo; hasta hacía

Sebastián contactó al que fue su amigo, quien le dijo que hablen en persona “pero yo no me iba a meter en la boca del lobo”, comenta Sebastián.

“Desde entonces empezaron las amenazas y el acoso, con números de otros países. Pero la Policía me dice que no hay nada que lo vincule a él”, relata el médico-cirujano.

Según la Policía, no hay pruebas ya que en las amenazas se menciona una deuda de 12.000 dólares, pero ninguna menciona al DJ o al diseñador gráfico.

Deuda y secuestro Tras muchas amenazas, Sebastián recurre a un abogado quien le recomienda que gente de los Lobos , de rangos más altos, le compraría la deuda (eso implica cobrar un dinero a cambio que sus acosadores lo dejen en paz) y lograría que sus acosadores lo dejen en paz. Fue ahí que pagó 5.000 dólares. Pero las cosas no cambiaron.

de 16.000 dólares al médico quien dice estar arrepentido de haberse acercado a aquel DJ del rave. “A veces no nos damos cuenta con quién nos estamos llevando, a quién abrimos la puerta de nuestras casas”, dice el médico.

Médicos son estudiados y extorsionados

Tras lo sucedido, Sebastián conversó con otros colegas quienes han vivido situaciones similares: supuestas amistades, hostigamiento y amenazas.

Si esto llega a escalar sí pensaría irme del país, pero de médico especialista sería imposible conseguir un trabajo en otro lado, porque debería estudiar desde cero”

SEbAStián (nombrE protEgido)

MÉDICO AMENAZADO

fiestas en el consultorio. Por eso, Sebastián decidió no continuar y le pagó 3.000 dólares. “Eso, aunque nunca firmé nada formal. Por amistad no regatee ni un centavo”.

Luego de esto, Sebastián se alejó del diseñador y del DJ. “Cuando ya no pudo aprovecharse, mediante un amigo de él (DJ) de la banda de los Lobos me contacta para cobrarme. Conocí a esta persona de los Lobos que se dedica a limpiar (desmantelar) carros”, relata.

Cuando Sebastián, en febrero de 2025, viaja a Medellín-Colombia se encontró con una amiga conocida en los raves a los que asistía con su examigo. Ahí volvieron a recordarle la supuesta deuda de 12.000 dólares que tenía en Ecuador. “Volví a Quito y reclamé a quien me compró la deuda, porque ni fuera del país puedo estar en paz”.

Pero el episodio más fuerte sucedió meses después, en Cali-Colombia Sebastián salió con una mujer, la llevó a donde se hospedaba y, aunque dudó en volver a confiar en la gente, dice que las cosas estuvieron bien, por lo que quedaron en salir al siguiente día.

La mujer llegó en compañía de hombres armados. Sebastián pensó que era un robo, pero tenía que ver con la deuda en Ecuador, le pedían dinero en pesos y el cambio daba 12.000 dólares. Tras explicarles la situación –mientras lo mantenían secuestrado y le robaban– la mujer y los hombres se fueron cuando les transfirió dinero.

Al final, la “amistad” terminó costándole cerca

Los gremios médicos ecuatorianos han denunciado una alarmante ola de extorsiones que afecta a profesionales de la salud en distintas partes del país. Los médicos —especialmente quienes cumplen su año de servicio rural— están siendo “estudiados” y vigilados por grupos delictivos que recopilan información sobre sus lugares de trabajo, horarios, salarios y familias, para luego extorsionarlos mediante amenazas o exigencias de dinero.

Según la Policía Nacional, hay hospitales públicos en los que se han detectado redes que incluso accedieron a bases de datos internas para obtener información personal de los médicos, lo que les permitió enviar mensajes intimidatorios y exigir sumas que van desde 100 hasta 5.000 dólares

En zonas rurales, los profesionales denuncian la presencia de grupos armados que cobran “vacunas” semanales a cambio de permitirles trabajar con tranquilidad.

El problema ha escalado al punto de que varios médicos han solicitado su traslado o han abandonado sus puestos por temor a ser víctimas de secuestro o asesinato. El caso del joven médico rural asesinado en El Empalme en 2024 encendió las alarmas sobre la falta de seguridad para el personal sanitario.

Los gremios médicos han exigido al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio del Interior la creación de protocolos de protección y respuesta rápida, así como la implementación de un sistema que permita denunciar sin represalias. (AVV)

Las voces que aportan al debate nacional desde las páginas de opinión de LA HORA tienen una diversidad de perfiles: académicos, especialistas en comunicación o política, periodistas, exautoridades nacionales y locales, economistas, escritores, historiadores, abogados y otros profesionales.

El encuentro de los columnistas se desarrolló el 28 de octubre de 2025, bajo el liderazgo de Gabriela Vivanco, directora de esta casa editorial, quien agradeció a los asistentes por su constante aporte de ideas, análisis y reflexiones.

Entre los asuntos abordados, los invitados destacaron el tema del paro nacional de 2025, en Ecuador, convocado por la Conaie. Los participantes coincidieron en que, desde sus columnas, siempre han promovido el diálogo como vía para resolver los conflictos. También se analizaron los efectos sociales y políticos que dejaron las movilizaciones.

La consulta popular y el referéndum de 2025 fueron otros ejes centrales del encuentro, ya que el país se prepara para acudir a las urnas el 16 de noviembre de 2025.

Uno de los temas más relevantes del conversatorio fue la libertad de expre -

Columnistas de LA HORA reafirman su compromiso con la libertad de expresión

Columnistas del diario LA HORA se reunieron para analizar la coyuntura nacional y debatir los principales temas que marcan la agenda del país.

sión . Los columnistas reflexionaron sobre el impacto que generan sus análisis y las diversas reacciones que despiertan en la audiencia.

Salvatore Foti , profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito y columnista, destacó que “siempre van a haber comentarios positivos y negativos”, lo cual —dijo— es válido como parte del debate y de la libertad de expresión. En esa misma línea, Pablo Gabe , rabino de la comunidad israelí y también escritor, señaló que ante los malos comentarios, “la respuesta es seguir escribiendo”.

Rosalía Arteaga, expresidenta de la República del Ecuador y columnista del diario, subrayó la importancia y trayectoria del medio de comunicación, fundado el 23 de agosto de 1982. Por su parte, Manuel Castro resaltó la imparcialidad del Diario, que se caracteriza por su diversidad de escritores y enfoques, al no estar alineado “con el Gobierno de turno ni con la oposición”.

Las intervenciones coincidieron en un punto común: la defensa del pensamiento libre y plural. Los asistentes ratificaron su compromiso con la libertad de expresión y con el ejercicio responsable del periodismo de opinión que es parte de LA HORA.

Abya Yala cumple 50 años de visibilizar la diversidad

Bajo la premisa de que la diversidad cultural es una realidad permanente, la editorial Abya Yala cumple 50 años de un legado académico e intercultural. Actualmente cuenta con un catálogo de casi 2.000 títulos sobre tradición oral, arqueología, antropología, historia, ecología, entre otros.

El ideal de continuidad y de permanencia en el tiempo.

Así podría definirse Abya Yala , una editorial ecuatoriana fundada por el misionero salesiano Juan Botasso, que inició con un centro de documentación en Sucúa (provincia de Morona Santiago) en 1975.

La historia de la editorial inicia con la pluma de estudiantes indígenas del pueblo Shuar, en la Amazonía ecuatoriana, y continúa como un aporte colectivo de jóvenes shuar, voluntarios y académicos como una plataforma de visibilidad de sus investigaciones a la sociedad y, sobre todo, a los pueblos indígenas. Tras sus inicios con la publicación de Mundo Shuar, es en 1983 cuando la editorial pasa a llamarse Abya Yala (término indígena para referirse al continente americano) y abarca las propuestas, títulos y producciones de otros pueblos no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Esta experiencia se extendió con el sello editorial Mundo Andino en 1980 hacia otras etnias de la Sierra ecuatoriana, impulsada por organizaciones indígenas y la educación intercultural bilingüe.

La importancia de la editorial, entonces, recae en hacer presente en las sociedades latinoamericanas el valor de la interculturalidad y de los pueblos y nacionalidades indígenas, “sin los cuales es imposible pensar en las naciones de Latinoamérica”, expresa José Juncosa, director del Centro Cultural Abya Yala. “En la riqueza de su diversidad es posible que estén las claves para una convivencia más equitativa, justa y armónica con la naturaleza”.

‘Una editorial no genérica’ Abya Yala, reconocida por

Abya Yala nació en 1975 y se presenta como una plataforma de visibilización intercultural. (Foto: cortesía)

La editorial Abya Yala conmemora sus 50 años de trayectoria con un evento en el antiguo Hospital Eugenio Espejo el 13 de noviembre de 2025.

ser un referente en Antropología e Historia, nació por una necesidad social. “La necesidad urgente de los años 80, cuando la editorial alzó el vuelo, era la necesidad de respeto a los pueblos indígenas”, detalla Juncosa, que involucraba reivindicar sus lenguas, darles un lugar y garantizar espacios para su prevalencia en medio de las discusiones

políticas, sociales, económicas y culturales.

La editorial se convirtió en un referente para la educación intercultural bilingüe sin la necesidad de realizar textos escolares como tal. Esto no solo se difundió en los pueblos indígenas, sino también en el pueblo mestizo.

Una de las principales estrategias de Abya Yala es

cia en ferias, entre otros aspectos. Las contribuciones con autores o instituciones académicas para la publicación de las obras permite aligerar este proceso. La editorial no solo se ha articulado con instituciones y universidades dentro del país, sino también a escala internacional en países como Argentina, Colombia, México, Holanda, entre otros. Convirtiéndose así en “un centro de confluencia de muchísimas instancias, instituciones y personas interesadas en temas de diversidad”, dice Juncosa. Actualmente esta diversidad ya no incluye únicamente al tema indigena, sino también a la diversidad ambiental, de pensamientos, etc.

Adaptación y consolidación Pionera en la venta de libros por internet y en formato digital, a través de estos 50 años la editorial ha evolucionado constantemente. Con la administración de repositorios digitales de libre acceso, el desafío que enfrenta hasta la actualidad es la visibilidad. “El libro se vende cada vez menos, pero se usa cada vez más”, recalca Juncosa, en medio de una etapa en la que la gente accede a libros por las redes sociales, se inscribe en plataformas o alquila temporalmente los libros.

Frente a este escenario, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la editorial en estos próximos años se relaciona al posicionamiento como una plataforma de visibilidad de la producción de actores sociales, académicos y pensadores.

trabajar “en minga”, es decir, compartir con otras instituciones el peso financiero que implica la producción de libros. El director explica que los costos fijos no es la parte más difícil de financiar, sino los costos de postproducción. La editorial se encarga de este proceso que implica bodegaje, redes sociales, distribución, presen-

Abya Yala se ha consolidado en la discusión política y cultural a través de información fina, datos de campo, discusiones profundas en torno a la interculturalidad, la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza y derechos de las mujeres. “Hemos querido marcar nuestra presencia como compañeros de estas reivindicaciones desde el punto de vista académico documental”, señala el director. Fuera de producir textos de otros autores, “Abya Yala es una editorial que en medio de problemáticas, coyunturas, crisis, etc., tiene algo para decir”. (CPL)

Defensa de Bolsonaro pide una reducción de condena

Los abogados del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionan la sentencia del Tribunal Supremo Federal y piden una reducción de la condena fijada en 27 años de prisión.

MADRID. El equipo legal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023), condenado por intento de golpe de Estado y otros cargos a más de 27 años de prisión , ha cuestionado la sentencia del Tribunal Supremo Federal (STF) y ha pedido una reducción de la

condena, aludiendo al voto discordante del magistrado Luiz Fux, quien esgrimió que el exmandatario abandonó voluntariamente la trama golpista en sus argumentos contra el dictamen final.

“El voto disidente, por lo tanto, confirma la plausibi-

JUSTIcIA El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Europa Press/Archivo

lidad dogmática de la tesis de la defensa, reforzando que, de haberse iniciado la ejecución (del intento de golpe), el apelante interrumpió deliberadamente el curso de los acontecimientos, lo que caracteriza un desistimiento voluntario”, ha afirmado la defensa de Bolsonaro en el recurso presentado, que ha recogido el diario ‘Folha’.

Los abogados del reo argumentan que, “al no abordar esto” los otros cuatro jueces de la Primera Sala del STF, “la sentencia incurre en una omisión significativa y grave, violando el deber constitucional de justificación”. Esgrimiendo, en suma, hasta ocho supuestas omisiones o contradicciones en la sentencia, la defensa del expresidente ha alegado que la condena y la pena impuestas a Bolsonaro son “profundamente injustas” y se derivan de “contradicciones y omisiones significativas entre las premisas adoptadas, las pruebas presentadas en el fallo y las conclusiones que se pretenden extraer de ellas”.

Califican la condena como injusta “Los hechos alegados son graves y este caso constituye un caso penal histórico”, reconocen los abogados, que, sin embargo, argumentan que “las contradicciones y omisiones detalladas demuestran, ante todo, la injusticia de la condena del apelante”.

Asimismo, el equipo legal del exmandatario ha argumentado que la acusación de la Fiscalía, que, según ellos, otorga el mismo objetivo al delito de abolición del Estado de derecho --uno de los cargos que figura en la sentencia-- y al de golpe de Estado , por lo que éste último debería absorber el anterior. De este modo, la pena de prisión podría ser reducida en más de seis años.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión acusado de liderar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico. Asimismo, la sentencia acoge también la inhabilitación del expresidente para ejercer el cargo hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no haber reducciones de la condena, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.

Este 27 de octubre de 2025 era el último día para la presentación de solicitudes de aclaración --el documento presentado por la defensa de Bolsonaro--, un tipo de recurso que se utiliza cuando existe alguna imprecisión, contradicción u omisión en la decisión. Aunque no tiene capacidad para altera el sentido de la sentencia, puede cuestionarla e incluso reducir la condena de los acusados.

(EUROPA PRESS)

Idiomas por hablantes totales (nativos y no nativos)

Hablante nativo Hablante no nativo (Cifras en millones de hablantes)

Inglés: Es el idioma con más hablantes totales, debido a la gran cantidad de personas que lo usan como segunda lengua. Chino mandarín: Se ubica en el segundo puesto, a pesar de tener muchos hablantes nativos. Hindi: Es el tercer idioma más hablado en total, superando al español en algunas mediciones. Español: Se posiciona en el cuarto lugar en el ranking de hablantes totales.

El español

crece y supera los 635 millones de hablantes en el mundo

El español continúa su expansión global: en 2025 sumó 30 millones de nuevos hablantes, lo que equivale a un crecimiento del 5 % frente al año anterior, de acuerdo con el informe ‘El español en el mundo 2025’ del Instituto Cervantes.

(Cifras en millones de hablantes) Hablantes nativos de español

REPUBLICA DEL ECUADOR

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS

UNIDAD JUDICIAL NORTE DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: LUIS ANDRÉS PALACIOS ORTEGA

LE HAGO SABER: Que por sorteo ha tocado conocer el  Juicio No. 09201-202200910 de  EJECUCIÓN ACTA DE MEDIACIÓN presentada por la señora  KAREN TATIANA MEDINA CORDERO  en contra de LUIS ANDRÉS PALACIOS ORTEGA.-

OBJETO DE LA DEMANDA: Se solicita se ejecute el acta de mediación y se dicte mandamiento de ejecución.-

UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. Miércoles 27 de Abril del 2022, a las 09h50. VISTOS: Agréguese al proceso el escrito de fecha 25 de Abril del 2022 presentado por la parte accionante. En virtud de la razón actuarial que antecede en la que consta que el accionante ha completado la demanda dentro del término de ley se considera lo siguiente: PARTES: En ejercicio de su derecho al acceso a la Justicia establecido en el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, comparece KAREN TATIANA MEDINA CORDERO y demanda a LUIS ANDRÉS PALACIOS ORTEGA la ejecución de un acta de mediación. NARRACIÓN DE HECHOS: Indica que suscribió el 2 de Agosto del 2017 una acta de mediación y que en la actualidad tiene pendientes de pago 14 pensiones alimenticias. FUNDAMENTO DE DERECHO: lo establecido en los artículos 137, 363.3 y 370, en concordancia con los artículos innumerados 2, 4, 5, 6 y 25 del Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. PRETENSIÓN: Se ejecute el acta de mediación y se dicte el mandamiento de ejecución. ADMISIÓN A TRÁMITE: Por ser clara, precisa y por reunir los requisitos previos en los artículos 370, 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos y se fundamenta en el Acta de Mediación 090102-2017-00992 del Centro de Mediación de la Fundición Judicial documento que constituye título de ejecución, al tenor de lo previsto en el Artículo 363 del mismo código; y se admite a trámite mediante PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. CITACIÓN: De conformidad a lo establecido en los Art. 53 del Código Orgánico General de Procesos y siguientes cítese al ejecutado LUIS ANDRÉS PALACIOS ORTEGA, para lo cual, remítase atento Deprecatorio a uno de los Jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Santo Domingo; para lo cual, la actuaria del despacho remita las boletas correspondientes. Notifíquese también al correo electrónico del accionado. DISPOSICIONES GENERALES: Palacios Ortega Luis Andrés cumpla con el pago de la pensión alimenticia determinada en el Acta de Mediación en la cantidad de $ 150.00 mensuales conforme consta en el Acta de Mediación; para lo cual, la actuaria del despacho remita el expediente al Departamento de Pagaduría a fin de que actualice el código supa asignado en el acta de mediación En virtud de lo expuesto, se procede a ejecutar el acuerdo constante en el acta de mediación ya referida, para lo cual una vez citado el ejecutado la Pagadora de esta Unidad Judicial realizará la liquidación de los valores que por pensiones alimenticias se encuentra adeudando el alimentante; por lo que, el ejecutado tendrá el término de 5 días a efectos de que se pronuncie sobre esa liquidación. Actúe la Abg. Taryn Almeida Delgado en calidad de Secretaria del despacho.- CÍTESE, OFÍCIESE Y NOTIFÍQUESE.-ado patrocinador.- Intervenga la Abogada, Taryn Almeida Delgado, como secretaria del despacho. Notifíquese y Cúmplase.-

Miércoles 15 de enero del 2025, a las 17h01. VISTOS: Agréguense a los autos el acta de declaración juramentada de desconocimiento del domicilio de la demandada y el escrito del 10 de enero de 2025. En lo principal: 1) Se ordena la citación a la demandada LUIS ANDRES PALACIOS ORTEGA, se la citará mediante tres publicaciones, por la PRENSA, tal como lo estipula el Art. 56, numeral 1, primera parte, del COGEP, en uno de los diarios de mayor circulación, de esta ciudad de Guayaquil, en tres fechas distintas.- 2) La actuaria del despacho, cumpla con realizar el extracto correspondiente.- 3) Una vez citada a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico General de Procesos, se concede a la parte demandada el término de 10 días, para que conteste la demanda en la forma establecida en el artículo 151. Intervenga la Ab. Taryn Zuleika Almeida Delgado, en calidad de secretaria titular del despacho.- Notifíquese

Martes 9 de septiembre del 2025, a las 12h10. VISTOS: Atendiendo el escrito que antecede, y constando en acta el reconocimiento del desconocimiento del paradero de PALACIOS ORTEGA LUIS ANDRÉS, así como la imposibilidad de determinar la individualidad y domicilio de sus herederos presuntos o desconocidos, SE DISPONE: Por intermedio de Secretaría, elabórense los extractos de citación por la prensa, conforme a lo previsto en el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), para su publicación en tres (3) días distintos en uno de los periódicos de amplia circulación que se editen en la capital de la provincia del Guayas. Sin perjuicio de lo anterior, la parte interesada podrá gestionar dichas publicaciones en diarios de mayor circulación a nivel nacional, dejándose la constancia de las inserciones respectivas en autos. Una vez practicadas las publicaciones, incorpórese a los autos los ejemplares o certificaciones de los medios impresos que acrediten su realización, a efectos de computar los términos procesales correspondientes. Intervenga la abogada Taryn Zuleika Almeida Delgado, secretaria titular de este despacho. Notifíquese y cúmplase.

CUANTÍA: LA CUANTÍA ES DE $2.208,95 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHO 95/100).

JUEZ DE LA CAUSA: AB. RONALD LEONARDO CEVALLOS BRAVO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL NORTE DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE GUAYAQUIL; SIGUE CERTIFICACIÓN, AB. TARYN ZULEIKA ALMEIDA DELGADO, SECRETARIA DEL DESPACHO.-

Guayaquil, 6 de Octubre  del 2025

Brasil: letal operación contra Comando Vermelho

Alrededor de 60 muertos se reportaron en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil). Las autoridades confirman el fallecimiento de cuatro agentes.

MADRID. Al menos 60 personas han muerto y otras 81 han sido arrestadas este 28 de octubre de 2025 durante la operación más letal llevada a cabo por las fuerzas de seguridad brasileñas contra una de las estructuras de Comando Vermelho, el grupo criminal más importante del país, en la zona norte de Río de Janeiro.

Además de los 60 muertos, que según las autoridades eran narcotraficantes que intercambiaron disparos con la Policía, hay cuatro agentes de las fuerzas de seguridad fallecidos y seis heridos. No obstante, hasta el cierre de esta edición el operativo no había concluido, por lo que no se descarta que el balance pueda aumentar, según recoge G1.

2.500 agentes movilizados La conocida operación ‘Contención’, que ha movilizado a 2.500 agentes, ha tenido lugar en los barrios de Alemao y Penha tras más de un año de investigación y un centenar de órdenes de arresto. La Policía ha indicado que algunos de los sospechosos lanza-

ron bombas desde drones y otros huyeron de la zona. Durante la operación, los agentes han arrestado a Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Qutungo , uno de los líderes de Comando Vermelho en la región; y Nicolas Fernandes Soares, sospechoso de ser el operador financiero de uno de los principales líderes del grupo, Edgar Alves de Andrade. Además, han confiscado 75 rifles y dos pistolas.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha criticado que el Gobierno federal haya negado apoyo a las operaciones policiales locales y ha asegurado que el estado “estaba solo”, por lo que ha pedido ayuda del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estamos solos en esta lucha hoy. Es un operativo mayor que el de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todo el (mandato), no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de agentes de las fuerzas federales de seguridad y defensa”, ha lamentado.

Sin embargo, el Ministerio

de Justicia ha rechazado las declaraciones de Castro y ha asegurado que ha respondido a todas las solicitudes de su gabinete, lo que demuestra el “pleno apoyo” de Brasilia a las fuerzas de seguridad que operan en Río de Janeiro.

La cartera ministerial ha sostenido que mantiene tropas desplegadas desde octubre de 2023 y que hay operaciones programadas hasta diciembre de este año, cuando la medida podrá ser renovada de nuevo.

Solamente en 2025, la Policía Federal ha realizado cerca de 180 operaciones en Río de Janeiro, de las cuales 24 estaban relacionadas con el tráfico de drogas y armas. En este periodo, han realizado 210 detenciones. También han incautado diez toneladas de droga y 190 armas de fuego.

“Estas cifras reflejan los esfuerzos continuos de la Policía Federal para combatir el crimen organizado y reducir el poder militar de las facciones criminales”, ha señalado el ministerio dirigido por Ricardo Lewandowski. (EUROPA PRESS)

Bombardeo en el Pacífico aumenta tensión entre Colombia y EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el nuevo bombardeo de EEUU en el Pacífico es “ineficaz” y tiene como objetivo “una invasión”.

DiPlOmACiA.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este 28 de octubre de 2025 que el nuevo bombardeo de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Pacífico “es absolutamente ineficaz” y tiene como misión “una invasión” y no librar de las drogas a la sociedad estadounidense tal y como defiende Washington.

“No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz”, ha dicho el presidente colombiano desde Qatar sobre la última operación estadounidense que ha matado a catorce personas que viajaban en cuatro lanchas sobre aguas del Pacífico.

Petro ha afirmado que dichos ataques no parecen estar dirigidos hacia la incautación de cocaína, “sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal”, en alusión a la sospechas de una posible intervención militar en Venezuela.

“Tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas”, ha dicho, a

la vez que ha afirmado que más dañino es el fentanilo --”es 30 veces más peligroso, ha dicho”--, y Estados Unidos no actúa contra esta sustancia porque “no sirve de excusa para invadir a América Latina”.

Petro y la lista de sanciones Petro también ha hecho referencia de manera velada a su entrada en la lista de sanciones de Estados Unidos como una forma de castigar su postura con respecto a las políticas de la Administración Donald Trump y de advertir al resto de líderes de la región para que “bajen la cabeza”, según declaraciones a medios oficiales.

El presidente colombiano, su familia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la llamada ‘Lista Clinton’ del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que apunta hacia personas y empresas con supuestos vínculos con el narcotráfico, convirtiéndose en el primer jefe de Estado colombiano en entrar desde que se elaboró por primera vez a mediados de la década de los 90. (EUROPA PRESS)

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se realizará de forma presencial en el domicilio principal de la compañía ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, calle Fermín Castillo S11-82 y calle Flavio Alfaro, barrio El Ejido, parroquia Amaguaña, para el día miércoles 05 de noviembre del 2025, a las 14H00 pm, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre la reforma del objeto social a los estatutos de la compañía.

La presente Junta se efectuará en debida y legal forma en estricto apego al Artículo 236 de la Ley de Compañías y Artículo octavo del estatuto de la compañía. La información correspondiente al orden del día en mención reposa con la debida antelación en el domicilio principal de la compañía en la dirección antes citada, en cumplimiento del artículo 292 de la Ley de Compañías y su Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas. Los accionistas minoritarios podrán ejercer su derecho de acuerdo a lo establecido en la ley de compañías artículos 235 y 248 de su Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Atentamente;

ING DORIS ALEXANDRA QUISHPE TOAPANTA

REPRESENTANTE LEGAL- COMPAÑIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S.A.

R. DEL E.

UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON TENA-PROVINCIA DE NAPO NAPO-TENA

EXTRACTO JUDICIAL

ACTOR:  MOROCHO MACAS LUZ ELVIRA

DEMANDADO: MARIA ISABEL RODRIGUEZ MOROCHO, PETITA MARIA RODRIGUEZ FAJARDO, DARWIN MANUEL RODRIGUEZ FAJARDO, DALIA CLARA RODRIGUEZ FAJARDO, CARMITA YAMEL RODRIGUEZ FAJARDO, HADLEY AGUSTIN RODRIGUEZ LUZURIAGA, NEVELE ANTONIETA RODRIGUEZ LUZURIAGA

JUEZ: DR. GERMAN RICARDO CASANOVA BORJA

SECRETARIA: ABG. CARMEN LEONOR ORTIZ GUEVARA

JUICIO: 15951-2025-00516

CAUSA: DECLARATORIA DE UNION DE HECHO

TRAMITE: ORDINARIO

CUANTIA: INDETERMINADA

SE HACE SABER. - Que en la UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN EL CANTON TENA-PROVINCIA DE NAPO, la señora MOROCHO MACAS LUZ ELVIRA,  en calidad de ACTORA.,  Presentó una DEMANDA DE DECLARATORIA DE UNION DE HECHO, cuyo extracto es como sigue:

Tena, martes 14 de octubre del 2025, las 15h00  “VISTOS: …En lo principal y en base la razón sentada por la señorita de secretaria esta Unidad Judicial y al sorteo de ley.PRIMERO.- CALIFICACIÓN Y TRAMITE.- Conozco de la demanda de Declaratoria de Unión de Hecho presentada por LUZ ELVIRA MOROCHO MACAS en contra de los señores: MARIA ISABEL RODRIGUEZ MOROCHO, RODRIGUEZ FAJARDO PETITA MARIA; RODRIGUEZ FAJARDO DARWIN MANUEL; RODRIGUEZ FAJARDO DALIA CLARA; RODRIGUEZ FAJARDO CARMITA YAMEL; RODRIGUEZ LUZURIAGA HADLEY AGUSTIN; RODRIGUEZ LUZURIAGA NEVELE ANTONIETA; hijos del descesado; y en contra de Herederos, Presuntos y Desconocidos del causante antes nombrado, por reunir los requisitos legales, generales y especiales previstos en los artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, en adelante COGEP en concordancia con el artículo 289 ibídem, en consecuencia se la admite a trámite ORDINARIO. SEGUNDO.- CITACIÓN.- a) CITESE a los señores: MARIA ISABEL RODRIGUEZ MOROCHO, RODRIGUEZ FAJARDO PETITA MARIA;RODRIGUEZ FAJARDO DARWIN MANUEL; RODRIGUEZ FAJARDO DALIA CLARA; RODRIGUEZ FAJARDO CARMITA YAMEL; RODRIGUEZ LUZURIAGA HADLEY AGUSTIN; RODRIGUEZ  LUZURIAGA NEVELE ANTONIETA, en calidad de herederos conocidos en la siguiente dirección: provincia de Napo, cantón Archidona, barrio San Agustín, en las calles 16 y Transversal 20, como referencia casa color azul, de cemento de un piso; b) Por cuanto la actora ha declarado bajo juramento, en su libelo, el desconocer la individualidad y el domicilio o residencia de los herederos presuntos y desconocidos del señor MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ SOTOMAYOR; en atención a lo previsto en el artículo 56 COGEP respecto de la citación a través de uno de los medios de comunicación indica, que a la persona cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se ordena que se cite a los herederos presuntos y desconocidos de MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ SOTOMAYOR; con el contenido de la demanda, anuncio probatorio y este auto de calificación mediante tres publicaciones que deberán ser efectuadas en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, esto es en el Diario “La Hora”, que se edita en la ciudad de Quito, en tres días hábiles y en distintas fechas. Transcurridos VEINTE DÍAS desde la última publicación o transmisión del mensaje radial, a los herederos presuntos y desconocidos se les concede el término de TREINTA DÍAS para que den contestación a la demanda, propongan excepciones previas y presente sus anuncios probatorios de conformidad con los artículos 151, 152 y 153 COGEP, bajo prevenciones de tramitarse la causa en la forma prevista en el número 2 del artículo 87 COGEP para lo cual, la señorita Actuaria de la Judicatura deberá conferir el extracto correspondiente, con la demanda y este auto de ser el caso y  b) Se notificara con este auto y todo lo actuado al señor Director Provincial del Registro Civil de Napo y/o su Delegado, al correo electrónico jose.egas@ registrocivil.gob.ec, no obstante de citarle en la dirección indicada en la demanda, esto es en las calles Chontayacu s/N y Gabriel Espinoza, de esta ciudad de Tena.TERCERO.- PRUEBAS.- En cuanto a los anuncios probatorios presentados por la actora , constantes en su escrito de demanda y de completación, en el día de la audiencia única, se dispondrá lo que en derecho corresponda, así también la parte demandada, ejerza el derecho a la contradicción, respecto a la prueba anunciada por la contra parte, esto es: Prueba Documental a) Copia de la cédula de ciudadanía de la compareciente señora Luz Elvira Morocho; b) Certificado de matrimonio y Partida de Defunción del ciudadano Manuel Agustín Rodríguez Sotomayor; c) Certificado de nacimiento de los hijos del causante; d) Fotografías; y j) Las Declaraciones de los Testigos y la Declaración de parte de la actora se la realizará en su momento procesal oportuno debiendo notificárseles de su comparecencia en el casillero electrónico señalado. CUARTO.- RAZÓN ACTUARIAL.- Precluído que sea el término concedido a los demandados, el Actuario de la Judicatura sentará razón respecto si los demandados han comparecido a juicio y han hado contestación a la demanda dentro del término concedido para el efecto. No se dispone inscripción de la demanda por cuanto no se ha justificado que la actora y el causante hayan adquirido bienes raíces.–(...) CUMPLASE Y NOTIFÍQUESE.”.  Fdo) DR. CASANOVA BORJA GERMAN RICARDO-JUEZ.

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CADUCIDAD EN LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

Autores: José Sebastián Cornejo Aguiar y Julio Acosta Lasso

¿Qué es la caducidad?

La caducidad, para Roberto Dromi, es: “(…) un modo de extinción del acto administrativo en razón del incumplimiento por el interesado de las obligaciones que aquél le impone. (…) Evidenciado que la posibilidad de declarar la caducidad es una competencia otorgada por la ley a la Administración Pública, para extinguir unilateralmente un acto administrativo (…)”1

Es decir la caducidad administrativa hace alusión, a un modo de extinción anormal de los actos administrativos en razón del transcurso de un determinado tiempo en el cual se ha configurado la inacción por parte de la administración pública.

En este sentido, se entiende por caducidad administrativa la extinción de ciertas situaciones activas que están acompañadas de la necesidad de cumplir con determinados deberes, cargas o modalidades, tanto así que en la caducidad administrativa no existe ilegalidad o vicio alguno en el acto administrativo, que habiliten a la Administración del Estado para volver sobre sus actos,

sino que simplemente ocurre una circunstancia de hecho a la que el ordenamiento jurídico le atribuye el efecto de generar la extinción del acto administrativo.2

Lo cual provoca en palabras de Madariaga, que se entienda a la caducidad como: “(…) una sanción impuesta por el orden jurídico en vistas de resguardar el interés general de la colectividad, que sin lugar a dudas se encuentra comprometido en la ejecución de las actuaciones admitidas y facilitadas por un acto administrativo de efectos individuales. Si el titular de estas facultades no las ejerce dentro del tiempo previsto, debe la administración velar porque otro interesado pueda desarrollar la misma actividad lícita, en las mismas condiciones y con acceso a los mismos bienes de carácter público, generalmente escasos.”3

La caducidad en el COA

La caducidad es un hecho jurídico procesal que se produce por la mera inactividad negligente de las partes dentro de los plazos previstos por la ley, originando la finalización anormal del proceso. Por consiguiente, cabe concluir, como regla general, que la caducidad sucede en el proceso administrativo como consecuencia de una paralización del procedimiento, en donde dicha parali-

zación le debe ser imputable al menos a título de culpa y nunca en los supuestos de fuerza mayor, ni por causas independientes de la voluntad de los litigantes dentro de las cuales hay que entender incluidas las dilaciones indebidas, provocadas por inusual funcionamiento anormal de la justicia.

En tal sentido de operar cualquiera de los presupuestos antes enunciados en los cuales opera la caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud del inculpado una certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de las actuaciones, dejando constancia que si la administración se niega a emitir la correspondiente declaración de caducidad, el inculpado la puede obtener mediante procedimiento sumario contemplado en el Código Orgánico General de Procesos.

Conforme se ha dicho la caducidad es una institución de difícil construcción en base de las similitudes y diferencias con otras figuras extintivas que utiliza la Administración del Estado, la misma que en el Código Orgánico Administrativo, trae la configuración de varios plazos como son:

Caducidad en Revisión de Oficio: El artículo 132 del Código Orgánico Administrativo, determina que en el transcurso

del plazo de dos meses

Caducidad en Actuaciones

Previas: El artículo 179 del Código Orgánico Administrativo, determina el plazo de seis meses.

Caducidad por falta de resolución en procedimientos de oficio: El artículo 207 y 208 del Código Orgánico Administrativo, determina que será de treinta días, plazo el cual estaría sujeto la caducidad por falta de resolución en procedimientos de oficio.

Caducidad del procedimiento de oficio: El artículo 213 del Código Orgánico Administrativo, determina dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo

Lo cual nos permite evidenciar que el tema de caducidades en el Código Orgánico Administrativo se encuentra totalmente disperso, lo cual si no se efectúa una lectura a profundidad del texto normativo antes referido puede generar confusión.

Determinación del tiempo de inicio en los procedimientos administrativos sancionadores

Como todos sabemos, existen formas de iniciar el procedimiento: una de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, y petición razonada

CONSULTA SOBRE EL COGEP

¿Cuándo los jueces se abstienen de tramitar la demanda por no presentar el certificado de Ministerio de Relaciones Exteriores en el término de tres días?

RESPUESTA

la jueza o juez que decida por su cuenta previamente “requerir” al Ministerio de relaciones exteriores la certificación, no cabe exigir que la parte actora gestione en tres días la obtención de dicho documento, pues, se estaría interpretando erradamente el mandato legal, en cuyo caso se debería esperar la contestación del Ministerio al requerimiento que ha realizado y no abstenerse de tramitar la demanda por el hecho de no haber entregado en el término de tres días el documento requerido. existeyael“instructivoparalacertificación y citación conforme lo determina el art.56 del coGeP” expedido por el Ministerio de relaciones exteriores y Movilidad humana, en cuyo dispone: “el servicio de consejería Virtual del Viceministro de Movilidad humana, a través de sus funcionarios, procederá a verificar en los sistemas de consulta de información y registro que posee con la información solicitada y elaborará la respuesta en la que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular ecuatoriano…” Por lo tanto, de acuerdo con el mencionado instructivo ya no es necesario que haya orden judicial para que el Ministerio de relaciones exteriores y Movilidad humana otorgue la certificación en el que se indique sí la persona que va a ser citada por la prensa salió del país o consta en el registro consular, puesto se ha establecido un trámite para dar respuesta a las solicitudes en tal sentido.

Criterios sobre Inteligencia y Aplicación de la Ley Corte Nacional de Justicia

de otros órganos o denuncia. Estas formas, están orientadas a actuar la evidencia necesaria a efectos de precisar con mayor exactitud los hechos susceptibles de motivar el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Debiendo recordar que el plazo de inicio está sujeto a los plazos de prescripción, los mismos que conforme el Código Orgánico Administrativo, están catalogados de acuerdo a las infracciones, ya sean leves,

graves y muy graves, en 1, 3 y 5 años respectivamente.

Lo que evidencia que dicho procedimiento sancionador exige la tramitación del oportuno expediente, en la que habrán de respetarse las garantías y observarse los requisitos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. Es importante señalar que como se ha dicho, el proceso administrativo sancionador inicia con un acto de iniciación emitido por parte del funcionario instructor.

El cual debe ser notificado, constituyendo así la comunicación al administrado de que la entidad administrativa correspondiente ha tomado una decisión respecto de sus derechos o intereses, para que este pueda decidir aceptar, cumplir o presentar sus descargos si se trata de un procedimiento sancionador.

Ya que recordemos que, si un acto administrativo es emitido pero no es notificado, no es un acto administrativo eficaz, por más que sea un acto administrativo válido, ya que el acto administrativo, para que sea eficaz significa que logre la finalidad para la cual fue emitido, destacando que el artículo 252 del Código Orgánico Administrativo, no delimita un tiempo de notificación pero si un tiempo de 10 días para la contestación del auto de inicio.

Determinación del tiempo de la Fase de Instrucción

Como se estableció anteriormente, una vez que el inculpado de la infracción administrativa ha sido notificado legalmente con el acto de inicio, esté conforme al artículo 252 del COA tiene un término de diez días para alegar, mismo que al fenecer pasa a etapa de instrucción. Sin embargo el COA, no es claro respecto del término que refiere al desarrollo de la etapa de instrucción, toda vez que en su artículo 255 señala que: “La o el inculpado dispone de un término de diez días para alegar, aportar documentos o información que estime conveniente y solicitar la práctica de las diligencias probatorias. Así mismo podrá reconocer su responsabilidad y corregir su conducta. (…)”, mismo término de diez días que ya refiere el artículo 252 que tiene administrado o inculpado para contestar el acto inicio y dentro del cual deberá alegar y aportar los elementos probatorios que creyere conducentes a eximir su responsabilidad de la infracción administrativa imputada.

De igual manera, en el artículo 256 se recoge el mismo término de diez días al señalarse que: “Recibidas las alegaciones o transcurrido el

término de diez días, el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción. (…)”, si hacemos una interpretación restrictiva de la norma citada, podremos señalar que una vez que ha trascurrido el plazo de diez días para que el administrado o inculpado conteste el acto de inicio, el órgano instructor debe comenzar a evacuar la prueba que ha establecido y solicitado el administrado en su escrito de contestación, lo cual evidenciaría el inicio de las actuaciones de la fase de instrucción, dentro del cual el órgano instructor también puede disponer de oficio las actuaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, recabando datos e información que sean relevantes en la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. En esta última parte, radicaría la interpretación extensiva de la norma, al creer que el legislador, no establece un periodo cerrado del desarrollo de la etapa de instrucción, toda vez que el órgano instructor al tener la carga de la prueba en representación de la administración pública, este puede llevar a cabo actuaciones que conlleven tiempos o plazos que no dependan de la gestión del órgano instructor, sino de la entidad pública o privada a la cual se le ha requerido la información que coadyuve en la determinación de las responsabilidades administrativas de la infracción; por supuesto que este término de la fase de instrucción no podrá irse en contra de las reglas determinadas para los casos de la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora y de las sanciones conforme se lo establece en los artículos 245 y 246 del COA.

Por lo antes referido, es que el legislador en el inciso segundo del artículo 256 del COA, ha establecido que “el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción.”, sin determinarse un término o plazo del desarrollo de la etapa de instrucción, el cual finaliza con la evacuación de la prueba tanto del administrado como de la administración pública, para posteriormente emitir el dictamen de fin de instrucción de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 257 del cuerpo normativo en mención, y del cual una vez finalizado esta fase se pasa a etapa de resolución dentro del cual se tiene que emitir la resolución correspondiente en el término dispuesto en el artículo 203 del COA que refiere al plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el periodo de prueba, que como señalamos anteriormente dentro del proceso administrativo sancionador el legislador no lo ha determinado

de manera expresa, para manejo de las actuaciones del órgano instructor en la evacuación de la prueba, lo cual dificulta la contabilización de la caducidad en este tipo de procesos administrativos; teniendo únicamente certeza de la contabilización de la caducidad desde la emisión del dictamen de fin de instrucción, que es la actuación administrativa mediante la cual se tiene certeza del cierre de la etapa de prueba y de la fase de instrucción.

Plazo de Resolución conforme al COA

La determinación del plazo de resolución dentro de un procedimiento administrativo, es muy importante para el cómputo de la caducidad, el COA lo ha recogido en su artículo 203 señalando que: “El acto administrativo en cualquier procedimiento será expreso, se expedirá y notificará en el plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el plazo de la prueba.”

La obligación de resolver que tiene el órgano competente administrativo, es primordial en cualquier procedimiento administrativo, y más en los procedimientos administrativos sancionadores que desembocan en el establecimiento de responsabilidades administrativas y derechos de acreencia de la administración pública, por lo cual el artículo 202 del COA prevé que “El vencimiento de los plazos previstos para resolver no exime al órgano competente de su obligación de emitir el acto administrativo.”, inclusive se señala enfáticamente que las administraciones públicas no pueden abstenerse de resolver con la excusa de la falta u oscuridad de la ley. Obviamente el acto emitido por la administración pública fuera de los plazos establecidos en la norma, desembocara en su ineludible nulidad, ya que ha sido emitido fuera de contexto, y del cual el administrado deberá ejercer su derecho de impugnación y recurrir el mismo.

En base a lo referido, como regla general se tiene que el ejercicio de la caducidad en los procedimientos administrativos sancionadores, deviene en que la administración pública inicio un proceso sancionador y no lo resolvió dentro del término general resolver, que sería de un mes contabilizado desde que concluyó el periodo de prueba o la fase de instrucción. Sin embargo, a lo referido tenemos la excepción establecida el artículo 204 del COA que establece la ampliación extraordinaria del plazo para resolver, en casos concretos de cuando el número de personas interesadas o la complejidad del asunto exija un plazo superior para resolver,

pudiendo ampliarse hasta dos meses o sesenta días.

De igual manera, es importante tener en cuenta que de conformidad al artículo 250 del COA, se señala que: “El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.”; es decir que un procedimiento sancionador puede iniciarse por denuncia, actuación previa en los términos que establece el COA, o en su defecto de oficio; cuando los procedimientos sancionadores son iniciados de oficio hay que tener muy en cuenta que para estos casos el COA prevé un plazo de caducidad especial, establecido en su artículo 213, al señalar: “Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entienden caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de la persona interesada o de oficio, en dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar el acto administrativo, de conformidad con este Código.”, es decir que para estos casos el plazo de caducidad es de dos meses y no de un mes como por regla general se tiene para los demás casos.

Determinación de la problemática de los plazos para la caducidad

Como se lo ha establecido anteriormente, si bien los plazos de caducidad son claros y determinados por el COA, tanto en la regla general de un mes desde que ha fenecido la etapa de prueba, como la de dos meses para el caso de los procedimientos iniciados de oficio; la problemática radica en la determinación de saber que término o plazo dura la etapa de prueba o fenece la fase de instrucción dentro del proceso administrativo sancionador, toda vez que únicamente se ha señalado por parte de legislador en la norma, que el administrado o inculpado una vez que ha sido notificado con el acto de inicio, esté tiene el término de 10 días para alegar, aportar documentos o elementos de prueba y solicitar diligencias que crea correspondientes a eximir su responsabilidad de la infracción administrativa imputada, y que posterior a este término el órgano instructor procederá a evacuar la prueba hasta el cierre de instrucción, sin determinarse expresamente un término o plazo que dictamine el mismo, que es fundamental para contabilizar el periodo de caducidad de este tipo de procedimientos.

Este escenario que se ha previsto en la norma, puede dejar en evidencia la discrecionalidad del manejo de los tiempos en la evacuación de prueba que puede realizar el órgano instructor,

sin embargo se podría pensar que el espíritu del legislador, fue dejar a discreción el manejo de esta etapa al órgano instructor, toda vez que dentro de la evacuación y practica de las diligencias probatorias, existen plazos y términos que no devienen de la gestión del órgano instructor, y por ello no se ha previsto un término o plazo de duración de la etapa de instrucción en la norma, además que es de responsabilidad del órgano instructor recabar todos los elementos que confluyan en el establecimiento de la responsabilidad de la infracción administrativa imputada, así como de evacuar toda la prueba solicitada por el administrado o inculpado, en observancia de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso.

Conclusiones

El COA establece dos plazos de caducidad para los procedimientos administrativos sancionadores, el primero que es de un mes por regla general contados a partir de fenecida la etapa de prueba; y el otro de dos meses para los casos que el procedimiento administrativo haya sido iniciado de oficio.

El COA no establece de manera expresa el plazo o término de duración de la etapa de instrucción, dentro de la cual se evacua la prueba tanto del administrado como de la administración pública, por lo cual dificulta la contabilización del plazo de caducidad en este tipo de procedimientos, sin embargo una vez emitido el dictamen de fin de instrucción por el órgano instructor, se puede tener la certeza que la etapa de prueba a concluido y ha pasado a fase de resolución, y se podrá contabilizar de una manera certera el plazo de caducidad.

BIBLIOGRAFIA

Bermúdez, J, Derecho Administrativo General, 2a edic, Santiago- Chile: Abeledo Perrot, 2011.

Cassagne Juan Carlos, Principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad administrativa, España, Ed. Marcial Pons, 2009.

Dromi, José Roberto, Derecho administrativo, 5. Ed, Buenos Aires- Argentina: Ed. Ciudad Argentina, 1996. Ecuador, Código Orgánico Administrativo, 2019. Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 2008. Madariaga, M, Seguridad jurídica y administración pública en el siglo XXI, 2a edic. Santiago- Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1993.

1. José Roberto Dromi, Derecho administrativo, 5. Ed (Buenos Aires- Argentina: Ed. Ciudad Argentina, 1996).; pág. 256.

2.Bermúdez, J, Derecho Administrativo General , 2a edic (Santiago- Chile: Abeledo Perrot, 2011).; pág. 142- 143.

3.Madariaga, M, Seguridad jurídica y administración pública en el siglo XXI , 2a edic. (SantiagoChile: Editorial Jurídica de Chile, 1993).; pág. 103.

miércoleS 29 de octubre de 2025

¿cómo

Santo Domingo

se conservaron dos ‘momias’ de dinosaurios?

Un estudio internacional reconstruyó con un nivel de detalle inédito la apariencia en vida del dinosaurio edmontosaurus annectens a través de dos ejemplares que conservaron su piel, púas y pezuñas gracias a un proceso natural de “momificación” que implicó una delgada capa de arcilla. la investigación se publica en la revista ‘Science’. eUroPA

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