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EL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA CIUDADANIA El futuro del Consejo de la Judicatura, al margen de su composición actual, quedará sometido a la decisión del pueblo ecuatoriano si la Corte Constitucional aprueba el referendo que se encuentra en trámite. El Consejo de la Judicatura, en este momento histórico, tiene la obligación de exponer al país lo que esta institución representa para la República y las consecuencias que se derivarían de su eventual disolución. 1. Principios Constitucionales, que soportan al Estado. Los principios constitucionales son disposiciones lógicas supremas e imperativas de validez y aceptación universal, en los que se apoya la estructura y organización jurídica y política del Estado. Son los cimientos sólidos e inamovibles, sobre los cuales descansa el ordenamiento jurídico. Sin ellos, los deberes y atribuciones de las autoridades, los derechos, garantías y obligaciones de los ciudadanos, dejarían de existir. El Art. 11 de la Constitución dispone imperativamente: “6.Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” y el Art. 232: “No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan”. 2. Principio de Independencia de la Función Judicial El Consejo de la Judicatura, nació como una necesidad de independizar lo jurisdiccional de las otras funciones del Estado, y el gobierno y la administración en lo interno, así lo reconocen y regulan las Constituciones de 1998 y la del año 2008. 3. Consulta Popular La consulta popular es un esfuerzo dirigido a consultar al pueblo, para que apruebe medidas dirigidas a superar la inseguridad ciudadana, que ha generado grave crisis en el país, y que se quiere justificar en forma sesgada, echando la culpa a la administración de justicia. De allí la necesidad de expresar una vez más nuestra posición con respecto a la Consulta, convocada por el Gobierno y especialmente de la fundamentación de los puntos 4 y 5. 4. Impugnación de las preguntas 4 y 5 de la Consulta El texto de las preguntas que impugnamos es el siguiente: Pregunta“4. Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4”. Pregunta“5. Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5”. Según el anexo 5, el Consejo de la Judicatura se integraría por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; el Fiscal General del Estado; el Defensor Público; un Delegado de la Función Ejecutiva; y un Delegado de la Asamblea Nacional. a) Forma en que actualmente está constituido el Consejo El artículo 179 de la Constitución vigente ordena: “Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por nueve vocales con sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones seis años y no podrán ser reelegidos; para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará, de entre sus integrantes, una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente, para un periodo de tres años.” El artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: “Art. 254.- ORGANO ADMINISTRATIVO. El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.” b) Principales cambios que se producirían en la justicia ecuatoriana En caso de ser aprobadas las preguntas 4 y 5 del referendo, el actual Consejo se disolvería y las funciones que ahora tiene serían confiadas a una Comisión Técnica tripartita que se encargaría de reestructurar la Función Judicial en 18 meses; luego entraría en funciones un nuevo Consejo conformado por cinco vocales designados por las otras funciones del Estado. Como resultado de estas modificaciones se eliminaría el equilibrio que debe existir entre los poderes de Estado organizado como República. Estos son cambios a la estructura de la Constitución y a elementos constitutivos del Estado porque el Consejo de la Judicatura es un órgano de la Función Judicial. Por consiguiente, la convocatoria a referendo está en pugna con lo prescrito en el Art. 441 de la Constitución y las reformas solicitadas tendrían que ser adoptadas por la Asamblea Constituyente convocada de conformidad con el Art. 444 de la Carta Magna. 5. Las Preguntas 4 y 5 atentan contra el Principio Constitucional de Independencia de la Función Judicial. La Función Judicial se vería interferida por autoridades extrañas a su naturaleza. Esta interferencia fue precisamente la que buscaban evitar las Constituciones de 1998 y 2008 al constituir al Consejo de la Judicatura como garante de la independencia de los jueces y libre de toda presión e injerencia. Al respecto, imperativamente la Consti-

tución de Montecristi, en su artículo 168.1, dispone: “1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.” Estos principios constitucionales se verían seriamente afectados en caso de aprobarse el referendo. En la exposición de motivos de las preguntas 4 y 5, constantes en el Capítulo I FUNDAMENTOS DE LA CONVOCATORIA, numeral 3, ADMINISTRACION DE JUSTICIA – CONSEJO DE LA JUDICATURA, encontramos que: “….han pasado dos años desde que se promulgó la Constitución y no se ha iniciado el proceso de reestructuración y renovación de la administración de la justicia. Que el actual Consejo de la Judicatura transitorio no tiene facultades suficientes para hacerlo. Que el proceso para designación del nuevo Consejo podría demorar un tiempo considerable. Concluye que para agilitar los cambios es indispensable disolver el actual Consejo cuya incapacidad operativa, más allá de las limitaciones legales, ha sido manifiesta.” La propuesta del referendo no presenta ningún argumento justificativo para cambiar el procedimiento constitucional actual de designación de los Vocales del Consejo. Tampoco hay justificación alguna para el cambio de Presidente electo a Presidente nato, como se pretende enmendar a favor del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, ni para cambiar el número de Vocales del Pleno del Consejo; esto es, de nueve vocales: seis abogados y tres administrativos, a un Pleno de cinco Vocales, que serían nombrados por una Comisión Transitoria de tres miembros. Esta pregunta tampoco tiene respaldo ni siquiera doctrinario, que la justifique. Solamente se expone que el Consejo de la Judicatura en transición, en dos años no ha podido reestructurar y renovar la administración de justicia. Como vemos no hay sindéresis ni sentido de proporción en la propuesta. ¿Cómo se puede pedir que el referendo reforme la Constitución y disuelva el Consejo de la Judicatura simplemente porque en su etapa de transición, el Consejo de Participación Ciudadana, ha demorado más de dos años para designar a los nuevos vocales?. ¿No sería más procedente pedirle a dicho Consejo, que explique la demora y que adopte las soluciones adecuadas? El Consejo de la Judicatura en el período de transición ha insistido repetida y públicamente que se acelere la designación de los nuevos vocales para que, con plenitud de facultades, procedan a reestructurar y renovar la administración de justicia. No aceptamos la acusación de incapacidad y que se nos responsabilice de la demora en algo que no nos corresponde cumplir a nosotros. Pero inclusive, si por nuestra culpa se hubiera retrasado la designación de los nuevos vocales, esta demora de ninguna manera justificaría una reforma a la Constitución, que fue “diseñada para durar 300 años”. La solución, insistimos, está en terminar con la transitoriedad y acelerar la elección de los vocales titulares. Los vocales del Consejo en el futuro serían designados por otras Funciones del Estado, según la propuesta del referendo. Con este sistema ¿Cómo puede garantizarse la independencia de los jueces y el equilibrio de poderes que caracteriza al Estado Republicano?. Si se coarta la independencia de la Función Judicial, la justicia desaparece. No se puede pedir imparcialidad si los jueces son designados por representantes de otras Funciones del Estado y no provienen de una carrera judicial sólidamente fortalecida. 6. Inducción de las preguntas para obtener respuestas afirmativas Pregunta“4. Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial…”. Pregunta“5. Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia…”. La inducción es un razonamiento que significa inferir, persuadir, sugestionar. Equivale a que una persona se pronuncie en una consulta del modo que consta en la pregunta. La interrogante numero 4 y 5 inducen al consultado a que se pronuncie afirmativamente, sin considerar el contenido de las preguntas. Sobre este particular el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone: “Para controlar la constitucionalidad de los considerandos introductorios, la Corte Constitucional verificará el cumplimiento de los siguiente requisitos: 1. No inducción de las respuestas en la electora o elector; 2. Concordancia plena entre el considerando que introduce la pregunta y el texto normativo…3. Empleo del lenguaje valorativamente neutro y sin carga emotiva, sencillo y comprensible para el elector. Estos encabezamientos de las preguntas constituyen inducción a las respuestas, lo que está prohibido por el Art. 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 7. Pronunciamiento del Consejo de la Judicatura, a las preguntas 4 y 5 de la Consulta. En esta encrucijada, el Consejo de la Judicatura está obligado a pronunciarse institucionalmente sobre la convocatoria a referendo, especialmente sobre las preguntas 4 y 5, por ello consideramos que, si las preguntas 4 y 5 fueran aprobadas en referendo, constituirían un grave atentado a la institucionalización del Estado Ecuatoriano, porque afectarían a una de sus funciones y atentarían contra la independencia judicial y abrirían espacio contra la imparcialidad de la administración de justicia, elementos básicos para mantener la paz social y el imperio del derecho. Quito, 28 de enero de 2011.

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