La Revista del Sur | Año 06 | #54 - Abril de 2022
Alberto Fujimori, ex dictador del Perú, será liberado por un fallo del Tribunal Constitucional sin cumplir su condena por crímenes y corrupción.
Impunidad
2 / Editorial
La última.
EDITORIAL
Nota al cierre de edición
IMPUNIDAD Treinta años después del autogolpe de Estado que le permitió a Alberto Fujimori secuestrar a las instituciones, el fujimorismo -ese grupo de la dinastía del ex autócrata y sus herederos- sigue siendo un aparato que daña a las entidades garantes de la legalidad y la justicia. Con el golpe de Estado, Fujimori sometió con prebendas y pactos ilícitos a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), del Poder Judicial y del Ministerio Público. Aquella década es una mancha negra en la historia del Perú. Hace dos semanas -a pocos días del nefasto 5 de abril -, el TC volvió a dar vergüenza e indignó a una mayoría de peruanos. Decidió resucitar y conceder el hábeas corpus a favor del indulto del ex dictador y ordenó que sea puesto en libertad, pese a que fue condenado por corrupción y crímenes que en el derecho internacional son considerados de lesa humanidad. Los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron a favor del hábeas corpus, mientras que Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Mirada votaron en contra. Dado que hubo empate, Ferrero, presidente del TC, tuvo que dirimir y lo hizo para favorecer a Fujimori. El indulto, resucitado en momentos de una enorme fragilidad institucional y cuando el presidente Pedro Castillo está acorralado por denuncias por corrupción y un pedido de vacancia en ciernes, huele a impunidad. Constituye, además, una ofensa para la memoria de las víctimas del fujimorismo de los noventas y de los deudos que pelearon por años para que Fujimori y sus cómplices sean sentenciados. Asimismo, según varios especialistas, el fallo va en contra de normas internacionales y coloca al Perú como una nación donde se desconocen obligaciones globales. A pesar de la protesta de varios sectores, el presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, y el primer ministro, Aníbal Torres, inicialmente tuvieron reacciones tibias sobre la decisión del tribunal. Después el premier fue más contundente y rechazó la decisión. Sin embargo, a estas alturas, todo indica, que el presidente Castillo solo apuesta por sobrevivir en vez de gobernar. Solo quiere evitar la vacancia. No le interesan otras cosas: ni siquiera defender la institucionalidad en el país. Mientras tanto, el fujimorismo y sus aliados quieren reescribir la historia. Su objetivo no es la aprobación de un indulto por razones humanitarias, lo que quieren hacer es que Fujimori aparezca como inocente, un héroe, y no un vil asesino y corrupto. Quieren que el Perú voltee la página sin que Fujimori y su gavilla reconozcan sus delitos y pidan perdón por los crímenes contra la humanidad que cometieron durante el decenio fujimorista.
EDITOR PERIODÍSTICO: José Víctor Salcedo Ccama DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo PORTADA: Andina
Contraloría evalúa en qué se gastó más de S/3,000 millones en Cusco Más de 130 auditores de la Contraloría General de la República supervisarán y revisarán durante cuatro meses las obras y los servicios en 70 instituciones públicas del Ejecutivo nacional, Gobierno regional y municipalidades provinciales y distritales de la región Cusco. Los auditores realizarán 140 intervenciones para ver en qué se usaron o usan S/3,711 millones. Cabe señalar que los tres niveles de gobierno que funcionan en Cusco tienen un presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/7,556 millones 409 mil 543, lo que significa que estarán bajo escrutinio más del 50 %. En marzo, el contralor general de la república, Nelson Shack, puso en marcha el megaoperativo de control Cusco 2022 y dijo que este tiene un enfoque posterior, o sea, es para identificar las irregularidades, los funcionarios que han cometido esas presuntas irregularidades y postular las sanciones administrativas, civiles y penales.
Los auditores continuarán con el control concurrente al proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, y a la construcción del Hospital Antonio Lorena, que se ejecutan mediante la modalidad de Estado a Estado. Asimismo, realizarán una auditoría al trabajo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco en el Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, donde se han desbordado las construcciones clandestinas. Las otras instituciones a ser intervenidas son el Plan Copesco y los cobros y pagos irregulares del Hotel Sanctuary Lodge al Gobierno Regional de Cusco, la Universidad Nacional de San Antonio Abad (Unsaac), la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu (Egemsa), la Universidad Intercultural de Quillabamba (UNIQ) y la Universidad Diego Quispe Tito. También revisarán obras en las provincias de Cusco, Acomayo, Anta, La Convención, Calca, Espinar, etc.
Cientos de obras serán escrutadas por los auditores de la Contraloría durante 4 meses.
COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC
Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso
Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU
www.pulsoregional.pe
Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH
pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000
Análisis / 3
¡Que se vayan todos!: ¿Resuelve la crisis generalizada en el Perú? Escribe: Jaime Borda (*) A ocho meses del gobierno de Pedro Castillo y en medio de una pandemia que no termina, así como el inicio del ataque de Rusia a Ucrania con implicancias globales, afectando también a nuestro país, la pregunta que nos seguimos haciendo es: ¿Existe realmente alguna salida a esta crisis generalizada que vivimos en el Perú? Probablemente las respuestas sean múltiples y obedezcan a intereses particulares, ya que, por ejemplo, para la derecha y sus aliados en el Congreso y los grandes medios de comunicación la única salida a esta crisis es la vacancia o renuncia presidencial. Claramente este grupo piensa hacerse del poder para que nada cambie, sienten que ese poder les fue arrebatado en las últimas elecciones presidenciales. Para muchos de nosotros y varias organizaciones de la sociedad civil, la crisis es sistémica y va más allá del gobierno de Castillo. Cualquier salida a esta crisis debe ser parte de un diálogo y debate programático en perspectiva de un proceso constituyente que tenga como punto central una asamblea popular
constituyente, con participación de todos los actores sociales y que culmine en una nueva Constitución, con nuevas reglas económicas, políticas y sociales. Para ello, sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué momento político y social están las comunidades, las organizaciones sociales de base y la población en general en los territorios; cuáles son sus agendas y demandas en el corto y mediano plazo, y si sienten que el gobierno de Castillo realmente está impulsando los cambios que prometió en campaña electoral. Hasta hace poco el presidente Castillo gozaba de una aceptable aprobación en el centro y sur andino peruano; sin embargo, esta se fue mermando debido a los pocos cambios planteados hasta el momento, probablemente la propuesta de la segunda reforma agraria para las comunidades haya sido una de las pocas agendas movilizadoras el año pasado, pero se fue diluyendo. El otro tema movilizador en el sur del Perú son los conflictos socioambientales en zonas mineras, EL PAÍS
La población ha empezado a pedir que se vayan todos.
principalmente en el corredor minero. Al respecto, la respuesta del gobierno ha sido insistir con las mesas de diálogo y pedir tregua para solucionar sus demandas, pero con los cambios de ministros cada semana y sin un enfoque claro para resolver los problemas históricos de las comunidades se corre el riesgo de que estos conflictos vuelvan a estallar en cualquier momento. Está claro que la salida a esta crisis no tiene una sola respuesta. En todo caso hay algunas condiciones previas que deberían ser tomadas en cuenta, entre ellas, la lucha frontal contra la corrupción. Esto incluye al entorno presidencial, al Ejecutivo, a los ministerios, al Congreso, y a las autoridades regionales y locales. Cualquier cambio de reglas de juego tiene que involucrar la participación democrática de todos los actores, principalmente de las poblaciones locales y comunales en los territorios, así como el respeto irrestricto de los derechos humanos, ambientales y de los pueblos indígenas. Este y otros temas pasan porque el Estado fortalezca su capacidad institucional. Solo por poner un ejemplo, el caso de Repsol y el derrame de petróleo en el litoral peruano es una de las mayores tragedias, pero la respuesta del gobierno en materia ambiental es precaria y desastrosa: hasta ahora no hay una sanción efectiva. Por el contrario, la empresa evade su responsabilidad señalando que otros son los culpables, mientras que los afectados siguen esperando la respuesta efectiva del Estado y de la empresa. Finalmente, ante este escenario de crisis e incertidumbre, en los próximos meses vamos a ingresar al inicio de la carrera electoral regional y municipal, y todo parece indicar que será más de lo mismo: grupos y franquicias partidarias que buscarán hacerse del poder para buscar beneficios particulares. Lo que toca hacer en este escenario es estar organizados para la movilización, fiscalización y vigilancia ciudadana, para abrir un proceso constituyente que nos ayude a ordenar el país democráticamente y en beneficio de todos y todas, y no de los mismos corruptos de siempre. Ir a unas nuevas elecciones como plantean algunos políticos sería elegir entre más de lo mismo y continuar profundizando la crisis. (*) Secretario ejecutivo de la Red Muqui.
4 / Informe ANDINA
El exdictador Alberto Fujimori Fujimori será liberado, pese a que no cumplió su condena ni pagó la reparación civil.
Tribunal Constitucional reabre las puertas a la impunidad Escribe: Yulissa Casana Muñoz (*) VERGONZOSO. Tres tribunos votaron para liberar al ex autócrata, Alberto Fujimori, y pusieron al Perú en los ojos del mundo como un mal ejemplo de materia de derechos humanos. El vergonzoso fallo que aprueba el indulto para Fujimori ocurre a 30 años del autogolpe de Estado, que fue el punto de partida de la destrucción del país y la violación de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la única que podría revertir la decisión del TC.
Para no creer. A 30 años del autogolpe, Alberto Fujimori Fujimori muestra, una vez más, el poder corrupto que aún mantiene el fujimorismo dentro de algunos organismos del Estado. El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de su liberación gracias al voto dirimente del juez Augusto Ferrero Costa y las controvertidas posiciones de parte de otros dos tribunos. Esta polémica decisión es inaceptable. Viola el derecho internacional para crímenes de lesa humanidad, expresado en convenios que el Perú suscribe, y sobre todo vulnera los derechos humanos de las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales fue condenado el ex dictador. También existen otras víctimas de la dictadura. Tal es el caso de las esterilizaciones forzadas. Desde hace más de 25 años, miles de mujeres siguen en la búsqueda de verdad, justicia y reparaciones integrales, mientras que él, desde el 2009,
Informe / 5 permanece en una cárcel donde goza de privilegios.
Esterilizaciones forzadas Durante la década del 90’, que coincide con el período del Conflicto Armado Interno 1980- 2000, época más violenta del Perú, el gobierno de Fujimori Fujimori captó a mujeres de zonas rurales y urbano populares a quienes con engaños, hostigamientos y coacciones se las esterilizó forzosamente. No se les brindó acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos ni tampoco se les habló en su idioma materno. El objetivo era reducir el ritmo de la tasa de crecimiento poblacional por medio de procedimientos quirúrgicos irreversibles a mujeres (314,605, según la comisión del Congreso que investigó el caso en el 2000) y también a varones (22,004 aproximadamente) para reducir la pobreza. A los médicos se les impuso cuotas mensuales de personas a operar a cambio de incentivos y reconocimientos. El Ministerio de Salud lideró el “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” (1996 - 2000), a través de los entonces ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Este último es actual congresista de la bancada Fuerza Popular y médico de cabecera de Alberto Fujimori. Actualmente, los tres son procesados por ser presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre y otras. En el caso del padre de Keiko Fujimori, el proceso penal en su contra se encuentra suspendido hasta que el Gobierno de Chile se pronuncie sobre la ampliación de su extradición por las esterilizaciones forzadas. La política de esterilizaciones forzadas revela no solo un modo de dominación representado simbólicamente por el poder masculino y haciéndose extensivo
al Estado, también expone una ideología y práctica discriminatoria y racista que se enfocaba en exterminar por medio del cuerpo de las mujeres a comunidades y pueblos indígenas excluidos históricamente. Existen informes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Salud, así como cientos de testimonios que aportan a la construcción de la memoria histórica de lo ocurrido a partir del 5 de abril de 1992.
No a la impunidad En la senda entre la memoria y el olvido colectivo, la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas se resiste a dejarse vencer por la impunidad. Su presidenta Inés Condori Anaya recibe con indignación la noticia del excarcelamiento a Alberto Fujimori. “Como están los fujimoristas (en el TC), por eso lo han favorecido. Tendremos que hacer algo. No lo vamos a permitir”, declaró con sorpresa por la noticia de la restitución del indulto otorgado a Fujimori en el 2017. Al día siguiente la asociación emitió un pronunciamiento que en resumen califica al fallo como insulto: “No vamos a permitir que este fallo pisotee nuestra memoria y dignidad […] también somos víctimas de la política fujimorista”. Además, anunciaron movilizaciones e hicieron un llamado a las sobrevivientes y sus familiares a no callar. Se desconoce el número exacto de mujeres fallecidas a causa de las esterilizaciones. Celia Ramos y Mamérita Mestanza son emblemas del régimen que las esterilizó sin su consentimiento, violando sus libertades y derechos reproductivos, y causándoles la muerte. La última información que se tiene es que en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, hay más de 8,000 denuncias de hombres y mujeres. A Inés Condori, por ejemplo, la intervinieron en el Hospital Regional de Cusco, en mayo de 1995, después de siete LUIS CASTILLO
La población en Cusco salió a protestar en rechazo al indulto de Fujimori.
meses de haber dado a luz en su casa en el distrito de Santo Tomás (Chumbivilcas). No recuerda cómo le pusieron la anestesia, al despertar se percató que tenía una incisión en el vientre. “Tenía 30 años cuando me ligaron. Yo nunca hablé con el doctor, no lo conozco, ni a las enfermeras”.
Indulto es insulto El coordinador del Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz, analiza lo sucedido dentro del TC. “Alberto Fujimori fue encontrado culpable como autor mediato por el delito de homicidio calificado – asesinato (25 victimas), lesiones graves (4 victimas), secuestro agravado (2 victimas), citando la sentencia del 7 de abril de 2009. Hay más sentencias y otros como el que se encuentran en juicio como el caso de esterilizaciones forzadas y Pativilca. Los crímenes sistemáticos organizados desde el aparato del Estado liderado por Fujimori constituyen una grave vulneración de derechos humanos y a nuestra débil democracia. Entonces, el mensaje del TC está centrado en emitir sentencias desde la dictadura de los 4 votos”, precisó. El indulto del 2017 por “razones humanitarias” dividió al país. Por eso ahora la coyuntura política y social también se complica por esta restitución. “A la fecha sabemos que las razones sobre el estado de salud no eran ciertas porque Fujimori debe ser uno de los presos más caros del Perú y quien recibe atención médica especializada y con posibilidad de atenderlo en una clínica. La salud no está en cuestión”, explica Cruz.
La CIDH preocupada La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado sobre la decisión del TC. Le ha dado un plazo de 1 semana al Estado peruano para que informe sobre las medidas provisionales en los casos de Barrios Altos y la Cantuta, que constituyó una sistemática violación de derechos humanos. Al respecto, Helio Cruz señaló que este organismo puede dejar sin efecto el indulto. El TC también deberá informar al respecto. No cabe duda -continúa el abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)- que nuestro rol como parte de la sociedad es hacer control social a este tipo de decisiones tan degradantes para la democracia y la vigencia de los derechos humanos, la protesta, la libertad de opinión, la libertad de expresión, que deben ser los hilos conductores para cuestionar la sentencia del TC. “No se trata de la persona sino de la institucionalidad del Estado. Debemos hacer frente al autoritarismo que surge de los votos”. El Tribunal Constitucional ha reabierto las puertas a la impunidad, que por memoria y dignidad debemos cerrarla. No hacerlo es un retroceso para el Perú. (*) Área de Comunicación, Incidencia y Género de Derechos Humanos Sin Fronteras.
6 / Informe
ANDINA
El Congreso actualmente es dominado por las bancadas que tienen agendas conservadoras y contrarias a las reformas institucionales.
El peligro de los extremos Escribe: José Víctor Salcedo
ANÁLISIS. Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre se parecen más de lo que dicen diferenciarse. Son conservadores y se oponen al enfoque de género en el currículo escolar, defienden intereses de las universidades no licenciadas, avalan la minería informal e ilegal, apoyan al transporte informal y muestran desprecio por la libertad de expresión. Actualmente, los dos extremos de derecha y de izquierda están desmantelando las pocas buenas reformas que se hicieron en el país. ¿Por qué ambos extremos se parecen y qué peligros representan para el país? Un educador y un sociólogo responden. Dieciséis de diciembre de 2021. Una foto. María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, y Guido Bellido, ex primer ministro vapuleado por la oposición congresal, se abrazan efusivamente luego de que el pleno rechazara la moción de censura en contra de Alva
por tratar de desestabilizar al gobierno en España. Casi dos meses después, en febrero de 2022, el Congreso, con apoyo unánime de Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular, aprobó la ley que restableció la autonomía y la ins-
titucionalidad de las universidades y desmontó la composición del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Con esto los “enemigos políticos” unidos se trajeron abajo la reforma de la educación universitaria. Estos partidos políticos que aparecen como extremos “ideológicos” han empezado a ganar espacio en los poderes del Estado. Y se unen para tumbarse aquellas reformas que habían ayudado a mejorar algunos servicios y frenar actividades ilegales e informales. Renovación Popular y Fuerza Popular están en el extremo derecho y Perú Libre en el izquierdo. No están en el poder grupos como el etnocacerismo o Perú Patria Segura, que también son conservadores y radicales de izquierda y de derecha. Sin embargo, estos extremos de izquierda y derecha defienden casi los mismos intereses. Se parecen más de lo que se diferencian. Hacen o deshacen leyes a favor de grupos económicos, se abrazan y celebran juntos. Para estos grupos, la libertad de expresión y de prensa son una amenaza. Son conservadores, se oponen a cambios que beneficien, por ejemplo, a las minorías sociales y cuestionan la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar.
Informe / 7 En menos de seis meses ya han desmontado la reforma universitaria al cambiar la composición de Sunedu, la del transporte urbano en Lima, son investigadas como organizaciones criminales, ampliaron el plazo para formalización para la minería informal e ilegal, y ahora trabajan para destruir la ley de colaboración eficaz.
Extremos conservadores ¿Por qué ambos extremos se parecen tanto y qué peligros representan para la democracia y el país? El sociólogo José Antonio Lapa Romero sostiene que las opciones extremas se asemejan porque en vez de buscar cambios para sanar las viejas fracturas sociales del país, solo defienden sus intereses. “Tenemos un país fracturado en términos de clase, culturales y políticos. En un país de ese tipo, con estas distancias, un gobierno de extrema derecha lo que hace es más bien profundizar esas fracturas. Es decir, fracturar más este país y mantener en el poder a los grupos privilegiados”, explica Lapa Romero. Para el educador y analista Eulogio Tapia Deza en el Perú cohabitan dos extremos muy similares en discursos e intereses. Son conservadores ideológica y socialmente y representan intereses económicos y empresariales. “Al final no terminan siendo extremos separados, sino parece que un aro los hubiera juntado y se convierten -a pesar de ser extremos- en uno solo”, anota. La agenda de los dos extremos es enormemente conservadora. Según Tapia, eso se puede observar con mayor facilidad en temas como educación y derechos de las minorías. En tanto, Lapa Romero señala que el anacronismo de la izquierda que representa Perú Libre se mantuvo en las regiones y las provincias por mucho tiempo, pero nunca había llegado a trascender a Lima. “Recién ahora vemos la confrontación”. Esto también demuestra que la política está centralizada en Lima y no se involucra a las regiones.
gía política”, analiza Lapa Romero. La crisis de los partidos tradicionales impulsó la aparición de máquinas electorales que hacen política, pero con intereses económicos muy concretos. Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos son ejemplos de la emergencia de sectores que hicieron negocio en el sector de la educación universitaria y, ahora, por puro pragmatismo, requieren entrar a la política para mantener sus beneficios y salvaguardarlos. “Eso socava la democracia, porque cada vez tienes una ciudadanía más irritada. Hemos llegado al punto en que el ciudadano no tolera a ninguno de los políticos que están en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo”, agrega Eulogio Tapia.
Impunidad y millones Los intereses de ambos grupos están asociados también a sectores informales de la economía que medran e impiden el desarrollo del país. “Los de derecha, por ejemplo, no son sectores liberales, son sectores conservadores que quieren mantener los privilegios que le ha otorgado el acceso al poder, mantener pequeños feudos en los que sus intereses se vean mejorados”, señala Tapia. El otro tipo de intereses que los une son los ilegales. Los líderes de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Perú Libre, Vladimir Cerrón, son investigados por delitos de corrupción y organización criminal, mientras que los miembros de Avanza País, como Patricia Chirinos, tuvieron nexos con mafias en el puerto de El Callao. “Quieren copar espacios en instituciones para detener investigaciones, juicios, en los que se ven envueltos. Allí tienen una agenda en común”, señala Tapia.
Su propósito es conseguir impunidad y para eso juegan en pared. Quieren, por ejemplo, cooptar el Tribunal Constitucional (TC), el Ministerio Público (MP), las procuradurías anticorrupción, la Sunedu, y otros espacios donde ellos puedan evitar acciones que pongan en riesgo sus intereses o sus negocios.
Los vacíos ideológicos Mientras los extremos ganan terreno, no hay una izquierda moderna, ni una derecha madura y tampoco un grupo de centro como alternativa. Hay algunos partidos-negocio que se presenten como si fueran de centro, pero no lo son. Eulogio Tapia sostiene que Nuevo Perú no entendió el rol que debía cumplir una izquierda moderna para representar a todos los sectores y a la vez enarbolar las banderas de las minorías, etc. “Sufrieron de algún tipo de síndrome en el que pensaron que podían cambiar las cosas desde dentro y eso es falso. El cambio se da cuando el actor quiere cambiar. Más bien fueron útiles al castillismo y se alejaron muy tarde”, señala. El centro también carece de liderazgo. En las elecciones pasadas, sus cuadros principales estaban desprestigiados y llevaron a la debacle a sus partidos. El Partido Morado es un ejemplo de eso. “No pudieron ganar en ese desfile de enanos donde el más alto tenía 15 %. Fue un tema de problemas de liderazgo que no se ha resuelto hasta ahora”, agrega Tapia. El analista tampoco ve ninguna opción de derecha madura. Y es que los más representativos actualmente tienen una agenda ultraconservadora y cortoplacista.
Sin ideologías José Lapa Romero encuentra un punto especial en común entre los extremistas de derecha y de izquierda. “Los une el pragmatismo en la política; es decir, la política los une para conseguir sus intereses”. Así -añade Lapa Romero- los dos extremos están desideologizados y abrazan intereses comunes, lo que los une o los convierte en dependientes. “Lo ideológico tiene cada vez menos peso en la izquierda y un peso relativo en la derecha, porque el tema ideológico no es el campo donde se disputan propuestas, sino que se acuerdan en base a intereses y negocios”, dice. Sucede que la política en la dos últimas dos décadas se ha vuelto un negocio. “El negocio implica mucho pragmatismo y negociación, pero sin ideolo-
Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón son las dos caras de una misma moneda.
8 / Informe
Los camaleones en campaña
Es común ver a políticos vistiendo camisetas distintas en cada proceso electoral, como a Luis Flórez o Willy Cuzmar, que ahora postulan por APP.
Escribe: Alberto García Campana (*)
TE CONOZCO BACALAO. Con el cronograma electoral en marcha, ¿cuál es el origen político de los autoproclamados candidatos para el gobierno regional y los gobiernos municipales del Cusco? Las mutaciones de los postulantes que van de un partido a otro, de un movimiento a otro, sin siquiera ruborizarse. Es el fin de las ideologías y la fiesta de los conversos que solo buscan el poder por cualquier camino, incluso traicionando sus “principios”. Seis meses nos separan de las elecciones municipales y regionales. El cronograma que empezó el año pasado con la convocatoria a los comicios, ya entra en su recta final. El calendario se extenderá hasta el domingo dos de octubre, fecha en la que los electores
acudiremos a las urnas a fin de elegir al gobernador o gobernadora regional y vicegobernador o vicegobernadora, así como a los alcaldes y regidores provinciales y distritales. La característica de este proceso es que se ratifica la debilidad de los
partidos políticos y de los movimientos regionales, cuya actividad interna es nula, a extremos tales que incluso la selección de candidatos trasciende a las militancias e incluso estas son dejadas de lado, agudizando la improvisación y enterrando las militancias. El pragmatismo reemplaza a las lealtades partidarias y las ideologías se mutan por conveniencias que van en doble sentido: de los partidos y movimientos que salen al mercado en busca de candidatos y de candidatos que buscan partidos y movimientos bajo cuyas banderas puedan postular.
Sin piedras en el camino El Congreso de la República aprobó recientemente la modificación del cronograma electoral, otorgando a los partidos políticos mayores plazos para el registro de afiliados, así como la prórroga para la presentación de candidaturas. Estas normas permitirán que las organizaciones políticas no pierdan su inscripción, como ya se había establecido originalmente. Si los partidos o movimientos políticos no intervienen en procesos electorales regionales y
Informe / 9 municipales y no presentan candidatos en al menos un tercio de circunscripciones territoriales, automáticamente quedan excluidos de los siguientes procesos electorales. Es decir, si partidos como Renovación Popular, Avanza País o Podemos no presentan postulantes en determinado número de provincias y distritos el 2 de octubre próximo, no podrán participar en las elecciones generales del 2026. Los partidos antes mencionados tienen arraigo capitalino, tienen presencia solamente en Lima y en algunas ciudades de la costa, pero casi nadie los conoce en el resto del país. Por eso, las contrarreformas electorales aprobadas por el Congreso tienen el propósito de facilitarles el camino a los partidos capitalinos, allanándoles el sendero para que salgan a buscar candidatos y cumplan con las formalidades de Ley a fin de quedar habilitados con miras a los comicios presidenciales y congresales del 2026.
Mercado de pases Cuando se pensó que el mercado de pases se había cerrado en diciembre del año pasado, las normas aprobadas recientemente por el Legislativo abren las puertas para que se sigan inscribiendo nuevos militantes y se digiten candidaturas allí donde no habían logrado completar listas de candidatos. En carrera contra el tiempo, los partidos políticos lanzarán las redes para pescar candidatos, sin importar la doctrina, la ideología y ni siquiera el plan mínimo de acción. No interesa el pasado político del candidato. Lo que ahora se toma en cuenta es que esté dispuesto a representar al partido po-
lítico en las elecciones de octubre. Y mejor aún si ese candidato tiene algún prestigio, genera simpatías en el electorado y puede aportar alguna suma de dinero para la campaña. Asistimos, entonces, al entierro de las ideologías y a la liquidación de las identidades políticas.
lificativo de “pragmático”, sino, el de camaleón. La segunda aceptación que el diccionario le adjudica a esa palabra es “persona que cambia de opinión, actitud o imagen con facilidad y según le conviene”.
Según la ocasión
Hacia 1791, la Asamblea Legislativa de Francia estuvo constituida por al menos cuatro facciones, de las cuales dos -los girondinos y los montañesestenían los más profundos enconos entre sí, a extremos tales que los primeros fueron expulsados del parlamento y sometidos a cruel persecución. Entonces, no se concebía que un girondino pudiera convertirse, tarde o temprano, en montañés. Eso resultaba inaceptable. Y desde luego que no ocurrió. Montañeses y girondinos vivieron y murieron con lealtad a sus principios y a sus organizaciones. Hoy, con suma facilidad, los candidatos mudan de pelaje. Quienes ayer cuestionaron duramente a un partido, hoy postulan por él. Sin rubor. Sin vergüenza. Las militancias se asumen a última hora. El único requisito es que renuncien a sus partidos de origen los que hoy quieren postular con otra camiseta. Así de fácil. No se exige sustentar ese cambio. De la noche a la mañana, los aspirantes a algún cargo de elección popular aparecen defendiendo la camiseta contra la que ayer despotricaban. Pero, esas mutaciones ¿son realmente procesos de maduración o esfuerzos de esclarecimiento de orientaciones ideológicas? Parece que no. Más se aproximan esos cambios a estados de ánimo. En su partido de origen no fueron tomados en cuenta y de inmediato liaron sus bártulos para ir a tocar las puertas de otros partidos. Y los partidos, obviamente, los reciben con algarabía porque a sus dirigentes / propietarios les interesa más la cantidad que la calidad.
El diccionario de la RAE define al pragmatismo como la “tendencia a conceder primacía al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor”. Este principio filosófico ha sido distorsionado en el campo político, especialmente en procesos electorales, al considerarse como una virtud el saber acomodarse en espacios en los que pueden alcanzar las metas personales. El caso que quizás se recuerda con mayor frecuencia es el que protagonizó el actual congresista de la República Fernando Rospigliosi, quien de ser en sus años mozos furibundo activista de la izquierda, milita hoy en Fuerza Popular, y es uno de los rostros más emblemáticos de los arteros golpes del fujimorismo contra el presidente Pedro Castillo. Pero fue durante el gobierno de Fujimori (1990 – 2001) cuando el pragmatismo mal entendido y peor practicado, llevó a muchos militantes de izquierda a convertirse de la noche a la mañana en promotores del fujimorismo. Desde luego que no fue la revisión de las teorías ni de las ideologías lo que llevó a esa gente a exponer esas macabras mutaciones, sino el interés personal y el apetito de llegar a gozar, aunque sea de un ápice del poder. Pero tal vez lo que mejor acomodaría a esas personas no es el ca-
Girondinos y montañeses
Botones de muestra Son muchos los candidatos autoproclamados como tales, pero todavía ellos no encuentran partido o movimiento que los cobijen. También en los vientres de alquiler hay resistencias debido precisamente a que, cual veletas, muchos de los que quieren postular se han movido de acuerdo a los vientos, y probablemente con la misma facilidad abandonen sus nuevas residencias políticas. La siguiente relación es solamente una muestra de cómo los candidatos cambian de camiseta y sin rubor alguno postulan por agrupaciones con las que incluso hace cuatro años tenían fuertes enfrentamientos.
Werner Salcedo cambió la camiseta de Democracia Directa por la de Somos Perú.
(*) Analista y catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).
10 / Informe
Los alumnos del colegio Ciencias, en Cusco, empezaron las clases el 21 de marzo con una ceremonia colorida y festiva.
El izamiento de la Bandera del Perú volverá a cumplirse en todos los colegios.
La Policía dispuso personal para proteger la inte
egridad y seguridad de los estudiantes.
Informe / 11
En el Colegio Inca Garcilaso de la Vega se vio la alegría de los chicos tras volver a las aulas.
LA ALEGRÍA VOLVIÓ AL COLEGIO
Dos años después, el 21 de marzo, la alegría volvió a los colegios. Más de 250,000 alumnos de inicial, primaria y secundaria volvieron a darle vida a las aulas de las instituciones educativas de la región Cusco. La felicidad se expresó en sonrisas, saltos, gritos, abrazos, reencuentros, bullicio. Los colegios estuvieron cerrados a causa de la pandemia y al reabrir sus puertas recobraron la vitalidad que tienen cuando empiezan a llegar los estudiantes. Más allá de la situación de los colegios (ver págs, 14 y 15), el lunes 21 de marzo, los alumnos estaban felices de reencontrarse con sus compañeros y sus amigos, con sus docentes y auxiliares, con las aulas, con las pizarras y con sus carpetas. Fue un día de alegría. FOTOS: LUIS CASTILLO FLÓREZ.
Colegios tienen espacios de lavado de manos.
En casi todos los colegios las clases serán enteramente presenciales durante el 2022.
12 / Informe MIGUEL GUTIÉRREZ
Oscar Mollohuanca Cruz, uno de los líderes más emblemáticos de la provincia de Espinar, fue sepultado en medio de una multitud de dolientes.
Oscar Mollohuanca: Adiós al hijo predilecto de Espinar DESCANSE EN PAZ. El exalcalde de Espinar murió en marzo. En vida era un político de izquierda con principios de hierro e incansable defensor del medio ambiente y de los derechos humanos. Mollohuanca Cruz fue sepultado en el cementerio mientras miles de sus paisanos lo lloraban. Fue uno de los artífices de que la empresa Glencore -cuando era Billiton Tintaya- aceptará entregar el 3 % de sus utilidades anuales para obras en las comunidades campesinas. El ataúd de Oscar Mollohuanca Cruz, cargado en hombros, recorrió las calles de la ciudad de Yauri (Espinar) -que tanto había caminado como alcalde y como ciudadano- hasta llegar al cementerio: su última morada. Lo hizo seguido de una fila inmensa de ciudadanos que lo lloraron y lo lloran aún. La gente acompañó la procesión desde la mañana del 8 de marzo cuando sus restos volvieron del Cusco, donde fue sometido a la necropsia de ley. Desde su deceso, ocurrido el 7 de marzo, hubo tristeza, luto y homenajes. Oscar Mollohuanca fue encontrado muerto la mañana de aquel día a
trescientos metros de su casa. Estaba tirado en el suelo con el torso desnudo, su sombrero tirado a unos metros de allí.
El recuerdo La noche del 8 de marzo, Melchora Surco, una defensora ambiental, abrió el telón de un homenaje cargado de recuerdos, lágrimas y dolor. Lo recordó como un gran hombre, una autoridad íntegra y, sobre todo, un ciudadano solidario. Melchora lloró y lloraron todos ante los restos de un político ejemplar, un defensor de los derechos humanos y del medio ambiente.
Como Melchora muchos otros recordaron las cualidades del hijo ilustre de la provincia minera de Espinar. Un hombre que entregó con generosidad lo que tenía y lo puso al servicio de los demás. La muerte de Oscar Mollohuanca ha sido una tragedia para el pueblo K’ana, como lo fueron los decesos de los ciudadanos durante las protestas que tuvieron lugar en Espinar desde el 2010. Siempre estuvo del lado de la población en las protestas contra el proyecto de irrigación Majes Siguas II y la contaminación de la minera Xstrata, lo que le valió ser denunciado por delitos casi impensables. La muerte -una cruel ironía- lo redimió y confirmó su inocencia. Todos sus casos deberán archivarse, como debieron haber sido archivados por el Ministerio Público por falta de fundamentos. El Poder Judicial lo hizo, pero fue apelado por la Fiscalía y el Ministerio del Interior (Mininter). Una fotografía de aquel 2012 muestra a Mollohuanca con el rostro adusto, engrilletado y sujetado por sus captores armados. Aquella vez lo llevaron a Cusco y de allí al penal de Cachiche en Ica. Ni un delincuente de alto vuelo hubiera recibido ese trato vejatorio.
Informe / 13 DHSF
Mollohuanca fue uno de los artífices de que la empresa Glencore -cuando era Billiton Tintaya- aceptará entregar el 3 % de sus utilidades anuales para obras en las comunidades campesinas. A este acuerdo se le llama Convenio Marco. Se aprobó en 2003 y sigue vigente. Por este y otros logros se convirtió en el hijo predilecto de la rebelde cultura K’ana, aquella que no pudo ser sojuzgada por el poderoso imperio Inca. Y Oscar Mollohuanca jamás se dejó abatir por la persecución judicial que decía provenía del gobierno y de las mineras.
Su vida política Como político empezó en las filas de la Izquierda Unida. Le llamó la atención su discurso de justicia e igualdad. En 1984 se afilió al Partido Unificado Mariateguista (PUM), una de las fracciones en la que se fragmentó la izquierda. Cuando acabó la universidad -era economista- volvió a su tierra natal. Como el PUM había desaparecido, en 1999 fundó el movimiento local Integración K’ana Minka, cuyas bases ideológicas eran las del PUM. Ganó por primera vez la alcaldía provincial de Espinar. Años después, la figura de Mollohuanca trascendió las fronteras de la provincia y se convirtió en una figura regional. Postuló al sillón regional y obtuvo más de 30,000 votos, pero no pudo ganar. En las elecciones del 2 octubre próximo iba a postular a la alcaldía del distrito de Pallpapta, Espinar, por las filas del movimiento regional Autogobierno Ayllu.
Mollohuanca fue uno de los artífices de la que la minera entregue el 3 % de sus utilidades. MIGUEL GUTIÉRREZ
Dolorosa despedida El 9 de marzo fue un día agotador en Espinar. Desde muy temprano sus restos recibieron merecidos homenajes de organizaciones sociales, de autoridades, de ciudadanos, de amigos, de la Municipalidad Provincial de Espinar, que gobernó en dos periodos. Cuando el reloj marcaba las dos de la tarde, el ataúd llegó al cementerio donde ahora descansa el líder político y defensor de los derechos humanos y del medio ambiente. “Hermano Oscar, nosotros nunca más estaremos reunidos en nuestra salita”, dijo su hermano Wenceslao Mollohuanca Cruz, en medio de un llanto contenido. Mientras la familia lloraba, se registró una ligera llovizna. “El cielo también llora la muerte de Oscar”, dijeron los asistentes mientras miraban al cielo. Oscar Mollohuanca fue despedido por una multitud, en aroma a flores, en un clima de respeto y admiración por su trayectoria. Mollohuanca partió sin retorno. Se quedaron quienes lo querían. Solos, dolientes, rotos en pedazos. Su legado de amor por el medio ambiente y por la justicia, sin embargo, sigue vivo. Oscar murió y se volvió pueblo.
Fue dos veces alcalde de la provincia de Espinar y este año pensaba postular a Pallpapta. DHSF
La población de Espinar le rindió varios homenajes tras su muerte.
14 / Informe
Colegios en mal estado
Entre el 14 y 28 de marzo pasado empezaron las clases escolares en el país. En Cusco y Apurímac, las II.EE. todavía registran problemas.
Escribe: José Víctor Salcedo
DE VUELTA A CLASES. En Cusco, la Contraloría detectó que el 60 % de los colegios visitados en un operativo se encuentran en mal estado, lo que pone en riesgo las clases en aula. Y en Apurímac, el 51.3 % no cuenta con agua potable. Este es un examen a cómo empiezan las clases presenciales y semi presenciales en los colegios públicos de estas dos regiones sureñas, después de dos años de suspensión a causa de la pandemia de la Covid-19. Yvanna Génesis, 7 años, es un ejemplo a seguir. La mañana del 14 de marzo pasado llegó puntual hasta su colegio Belén del distrito de la provincia de Calca. Yvanna asistió al inicio del año escolar, tras dos años de suspensión por la pandemia de la Covid-19. El retorno al colegio fue exitoso. Casi todos los alumnos volvieron a las aulas. Sin embargo, el esfuerzo y el entusiasmo de Yvanna y miles de alumnos por volver a las aulas colisionó con las
deficiencias que arrastra por décadas el sistema educativo peruano. Volvieron a ponerse de manifiesto los problemas: Aulas en mal estado, sistemas de dotación de agua y desagüe deficientes, inasistencia de los docentes y limitaciones en la implementación de las medidas de bioseguridad para evitar los contagios. El día que el presidente Pedro Castillo llegó a Calca, Yvanna declamó
un poema que describe el estado su colegio que es a la vez el estado de muchos otros colegios en el Perú. Señor presidente Castillo/en esta ciudad de Calca/mi escuelita es la más viejita/ aún mi abuelita estudió siendo niñita/Señor presidente, le suplico que construya mi escuelita con avances tecnológicos/Más de medio siglo somos invisibles ante los gobernantes que pasaron/ acuda usted porque sé que es maestro y sabe de las necesidades.
Colegios en Cusco En la región Cusco funcionan 5,860 colegios públicos y privados donde estudian 358,000 alumnos. Más del 60 % de instituciones educativas públicas (II.EE.) de la región se encuentran en mal estado, lo que pone en riesgo el retorno a la presencialidad y semi presencialidad de las clases escolares, según los resultados del operativo nacional “Buen inicio del año escolar 2022” de la Contraloría. Un ejemplo. Los estudiantes del colegio Apuyauri Waynakuna Kallpachi del distrito de Colcha, en la provincia de Paruro, a dos horas de viaje desde la ciudad del Cusco, no tienen colegio a donde volver. El local educativo está a medio construir y desde hace dos años hay muy pocos avances en la obra. Los padres de familia protestaron el 16 de marzo pasado ante la Ugel Paruro y exigieron la inme-
Informe / 15 diata culminación de la infraestructura. En este colegio de Colcha no hubo un buen inicio del año escolar 2022. El operativo de Contraloría – realizado entre el 31 de enero y el 18 de febrero- permitió visitar e inspeccionar 316 colegios públicos de primaria y secundaria, y encontró varios problemas. Los auditores corroboraron que la mayoría de instituciones educativas presentan mal estado en los techos de las aulas (73 %), puertas (63 %), ventanas (63 %), paredes (62 %) y pisos (60 %). Cinco de cada diez colegios (51.1 %) tienen deficiencias en la infraestructura del cerco perimétrico y 46.5 % en las losas deportivas. “Aspectos que ponen en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa”, señala el informe. Asimismo, más del 70 % instituciones educativas requieren sustitución de retretes, urinarios y lavatorios. Mientras que el 49.3 % carecen del servicio de Internet y el 90 % del servicio de telefonía. “Hechos podrían afectar
la continuidad y calidad de las labores académicas; así como, la salud de los estudiantes y docentes”. Hay más. Más del 40 % de II.EE. carecen de personal docente para cubrir las secciones previstas por el Ministerio de Educación (Minedu) y más del 70 % no cuentan con material de enseñanza. Asimismo, el 84.9 % de instituciones educativas carecen de un profesional de psicología. La Contraloría alertó también de la limitada implementación de las medidas de bioseguridad ante el Covid-19 lo que podría ocasionar el contagio y su propagación, y de la carencia de elementos y condiciones destinadas a la prevención y reducción frente a desastres naturales o de terceros, lo que genera riesgo para la integridad física de los estudiantes. En una respuesta -como siempre tardía-, el gerente regional de Educación, José Villavicencio Quispe, dijo que se garantizaba el año escolar 2022 en forma presencial en el 100 % de las
En Colcha (Cusco) los alumnos no tienen donde estudiar: su colegio está a medio construir.
Los techos de la mayoría de aulas están en mal estado de conservación.
instituciones educativas. Lamentó la publicación del reporte de la Contraloría. “Lo digo con mucho respeto, el espacio y tiempo en que ellos han hecho la verificación no contrasta con el espacio que tenemos ahora en la región. No generemos zozobra”, indicó. El funcionario reconoció algunas deficiencias, carencias y dificultades en infraestructura porque las construcciones educativas, principalmente en las zonas rurales, tienen más de 45 años de antigüedad. “No hay falta de docentes porque en enero y febrero es imposible contratarlos por el periodo de vacaciones. Hoy podemos garantizar la presencia de profesores”, subrayó.
La situación en Apurímac Las cosas no son distintas en la región Apurímac. Según Contraloría, en el 94 % de colegios hay carencia de cuadernos de trabajo, el 61 % de tabletas están inoperativas o tienen otros problemas, el 45 % del personal no docente no tiene las dosis completas, el 27 % no garantiza distanciamiento, 25% no cuenta con agua potable, etc. También hay mayores problemas en otros aspectos. Por ejemplo, el 73.3 % de las puertas de las aulas están en mal estado, el 77 % de techos también, así como el 70 % de las ventanas, el 50 % de losas deportivas, el 63 % de los pistos de las aulas, etc. En tanto, la mayoría de colegios (60.6 %) no cuenta con rampas para personas con discapacidad. “La carencia de servicios básicos en la institución educativa, podrían afectar la continuidad y calidad de las labores académicas; así como, la salud de la comunidad educativa. Y las deficiencias en la infraestructura de los locales de las instituciones educativas, conllevarían a poner en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa”, dice el informe. En Apurímac funcionan más de 2,054 colegios de gestión pública y privada. Contraloría señala, en consecuencia, que hay una limitada implementación de las medidas de bioseguridad, lo que podría ocasionar el contagio y propagación de la Covid-19 en las II.EE. y con ello se afectaría la salud de la comunidad educativa y la presencialidad o semi presencialidad. Además, los colegios del Programa mi Mantenimiento no se habrían ceñido a las disposiciones para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento para el 2021, lo que conllevaría a un inadecuado uso o ejecución de los recursos asignados y una posible afectación del retorno a la presencialidad o semi presencialidad. Hay también carencia de elementos y condiciones destinadas a la prevención, reducción, atención frente a desastres o calamidades generan riesgo de afectar la integridad física de los estudiantes, así como limitación en el accionar ante eventuales desastres naturales o incendios comprometiendo la vida humana.
16 / Informe NOTICIERO COTABAMBAS
La población de Antabamba protestó en varias ocasiones para acusar las infracciones medio ambientales de la minera ANABI S.A.C.
Un derrame de ANABI sin sanción Escribe: Anthony Huamán Alayo (*)
UN TEMA DESATENDIDO. El viernes 11 de febrero, en la vía que pasa por la comunidad campesina de Huacullo, perteneciente al distrito de Totora, provincia de Antabamba (Apurímac), ocurrió el derrame de cientos de litros de una sustancia química utilizada en la actividad minera. Era material que se trasladaba a la minera ANABI S.A.C., empresa de propiedad del Grupo Aruntani, que también tiene una unidad operativa de procesamiento de oro en el distrito de Huaquirca. OEFA inició acciones, pero se desconoce sanciones u otro tipo de medidas.
En enero de este año, todo el país fue testigo del desastre ecológico causado por un derrame de casi doce mil barriles de petróleo de la empresa Repsol en el litoral peruano; incluso algunas autoridades peruanas lo han catalogado como “el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos”. Durante semanas, la cobertura de los medios de comunicación, los pronunciamientos y la gestión de las autoridades con competencia fueron inmediatas. Esperamos -entendiendo que habrá un proceso largo para ello- que caiga todo el peso de la ley a los responsables de tan irreversible acontecimiento. Sin desmerecer las buenas intenciones que pueden haber para denunciar y combatir este tipo de atentados a la flora, la fauna y distintas actividades que interactúan con los territorios que sufren un daño por contaminación, sea el tipo que sea, es pertinente también poner en alerta algo que sucede continuamente, y es común ver el grado del centralismo peruano al momento dar cobertura periodística y poner atención de autoridades al momento de abordar los
Informe / 17 problemas que se suscitan en la capital, en este caso para un impacto medioambiental por parte de una empresa extractiva. Antecedentes como estos tenemos varios. Es el caso de los constantes derrames de petróleo que ocurren en la Amazonía peruana, donde desde marzo del 2020 hasta julio del 2021 se registraron 45 derrames de hidrocarburos, la mayoría en la región Loreto por responsabilidad de la empresa Pluspetrol Norte, según un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Son hechos que no solo han afectado a los bienes comunes, sino a las comunidades nativas que se desenvuelven en dichos territorios, porque afectan irreversiblemente sus medios de vida tal como lo señaló el antropólogo Alberto Chirif a OjoPúblico: “Si estos hechos [derrames de petróleo] ocurrieran en una zona conocida de Lima, no se esperaría tanto para solucionarlo. Sin embargo, los pueblos indígenas llevan más de 50 años reclamando ser atendidos. En la actualidad son vistos como obstructores al extractivismo por proteger sus territorios”.
El caso ANABI Podemos extrapolar el mismo caso al sur del país, donde hace poco, el 11 de febrero, la comunidad campesina de Huacullo, perteneciente al distrito de Totora, provincia de Antabamba (Apurímac), fue afectada por el derrame en la vía afirmada de cientos de litros de una sustancia química (utilizada en la actividad minera) cuando estaba siendo transportada hacia la minera ANABI S.A.C. Esta empresa de propiedad del Grupo Aruntani, que también tiene una unidad operativa de procesamiento de oro en el distrito de Huaquirca, ha sido denunciada antes por contaminar fuentes hídricas y cuyos reclamos han llegado hasta el OEFA, organismo que ya ha tomado otras acciones administrativas con la minera en mención. Sin embargo, se desconoce si las sanciones corresponden al grado de impacto ambiental causado. Volviendo al hecho, registrado y reportado por los propios pobladores de la zona y los medios locales, hay evidencia de la fuga del líquido a lo largo de la vía. Ante la inacción de la empresa minera, fueron ellos mismos quienes tuvieron que levantar cercos de tierra para evitar que el químico se expanda aún más y se filtre al subsuelo. Y aunque trabajadores de la mina ANABI S.A.C. llegaron hasta Huacullo -solo para levantar 20 centímetros de tierra donde cayó el químico-, la empresa no tomó acciones con el líquido que se llevó el río hasta la laguna de Huacullo, que tiene un papel muy importante en el desarrollo de las actividades agropecuarias de la zona, especialmente en la crianza de camélidos sudamericanos (llamas y alpacas). El presidente de la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR Apurímac), Richard Rata Huachaca, alertó que como consecuencia del derrame ocurrido en el sector de Ccochapampa, en Huacullo, cientos de camélidos
habrían sido afectados por la contaminación del agua. No obstante, a pesar de que él, junto a otros dirigentes locales, denunció el hecho, a la fecha los representantes de la minera no han emitido pronunciamiento alguno sobre el derrame o el tipo de sustancia que contaminó la laguna, y que directamente estaría afectando a más de 40 criadores de la zona.
Sin cobertura Actualmente se desconoce la gravedad del impacto ambiental generado. Aunque la Comisaría PNP, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Apurímac y otras autoridades ya han sido notificadas sobre lo sucedido, se desconoce las acciones de remediación realizadas por la empresa minera o su plan de contención ante la contaminación generada. El OEFA, por su parte, visitó el lugar del derrame para hacer muestreos de agua y suelo; sin embargo, los resultados aún no están al alcance de los dirigentes y pobladores afectados. Dicho sea de paso, su portal no ofrece información focalizada rápida para darle se-
guimiento a este tipo de casos. En el caso expuesto y ante la serie de eventos señalados no existe por parte de los medios de comunicación masiva y autoridades relacionadas la intención de darle cobertura o atención a un evento que es muy similar a la noticia reseñada al inicio de esta nota: Un territorio afectado por la contaminación de una empresa extractiva que no ofrece explicaciones o un plan de acción ante lo sucedido. Otra vez el centralismo al momento de “resolver problemas” afecta las dinámicas del país. No es de extrañar que este hecho en un futuro sea un detonante más para conflictos entre pobladores y minería, e incluso entre las mismas comunidades vecinas (como ya se ha dado). Estamos seguros que si se le prestara la misma atención que se le presta a los conflictos en la capital, los pobladores de Huacullo y sus dirigentes tendrían respuesta, que tal vez no solucione el problema, pero serviría para monitorear los compromisos y obligaciones de la minera ante un hecho que es su responsabilidad. (*) Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).
En Quiñota, Cusco, la minera también tiene problemas con las comunidades campesinas.
TITANKA
Esta es la imagen del vehículo que ocasionó la contaminación en Totora.
18 /Informe
La oferta electoral de Jean Paul Benavente García no fue cumplida - en lo que va de su gestión- en los asuntos principales.
Una gestión sin magia Escribe: José Víctor Salcedo
MÁS MENOS QUE MÁS. Jean Paul Benavente, bautizado en la campaña de 2018 como el “Harry Potter” de la política cusqueña, prometió traer el gas de Camisea a los hogares cusqueños, destrabar y concluir el Hospital Antonio Lorena, concretar la construcción de la vía Expresa, etc. A escasos nueve meses para que termine su mandato al frente del Gobierno Regional de Cusco, hubo mucho ruido y pocas nueces. Un examen a esta administración que prometió demasiado. El 2 de octubre próximo elegiremos a las nuevas autoridades regionales y municipales. Este año electoral se convierte en una buena ocasión para evaluar qué hicieron y qué no los actuales gobernantes. El resultado del examen en las regiones del sur es decepcionante. Baltazar Lantarón Núñez, gobernador de Apurímac, y Jean Paul Benavente García, gobernador de Cusco, terminan sus gestiones inves-
tigados por graves delitos de corrupción, con una marcada incapacidad de gasto, pocas obras que mostrar y una mala actuación en torno a los conflictos en el corredor minero del sur. Benavente García y Lantarón Núñez son investigados por haber cometido el presunto delito de colusión. El primero por la simulación de contratos para consultorías fantasmas; el segundo
por la compra sobrevaluada y direccionada de ambulancias para el Hospital de Andahuaylas. Sobre el conflicto en el corredor vial, Lantarón se ha reducido a pedir desaforadamente la declaratoria en estado de emergencia del corredor y que se desconozca los derechos de las comunidades de Chumbivilcas; Benavente en tanto se ha caracterizado por su indiferencia durante el mayor tiempo del conflicto. Hace poco recién salió a pedir que el gobierno implemente una política integral para atender los conflictos en todo el corredor vial. Ninguno propuso soluciones a los conflictos sociales existentes. En esta edición evaluamos la gestión de Benavente. En la siguiente haremos el mismo trabajo con la de Latarón.
La gestión Benavente El último año de gestión del gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente García, empezó a parecerse al final que tuvieron los tres anteriores gobernantes: envuelto en denuncias por corrupción y bajo asedio de la justicia. La fiscal Anticorrupción, Gloria Soto Jara, formalizó la investigación preparatoria por el presunto delito de colusión simple en contra del gobernador cusqueño y presidente de la Asam-
Informe / 19 blea Nacional de Rectores (ANGR), Benavente García, seis funcionarios regionales, y dos personas más señaladas como cómplices de ese ilícito. Durante las pesquisas, la fiscal recabará el testimonio de los imputados, los antecedentes penales y judiciales de los investigados, sus bienes muebles e inmuebles, algunos contratos, practicarán pericias grafotécnicas, entre otros documentos. Benavente y sus ocho co-investigados habrían concertado para simular la contratación del agente policial Carlos Enrique Quispe Gonzales, colega del sobrino de Benavente, Joseph Herberth Benavente Villalba, para que preste el servicio de capacitación en seguridad básica. Un detalle no menor es que Carlos Enrique Quispe Gonzales fue personal de seguridad del gobernador Benavente García entre 2019 y 2021, según el oficio 465-2021-GR, citado por la fiscal. Según el aspirante a colaborador eficaz 03-2021-1°, el sobrino de Benavente propuso la idea de realizar la simulación del servicio de capacitación para pagar el servicio de seguridad del gobernador. La fiscal señala que Benavente intervino indirectamente en el proceso de contratación para defraudar al Estado. No es la única denuncia que pesa en su contra. Los consejeros regionales Cristian Zereceda y María Becerra denunciaron en Lima al gobernador ante la Fiscalía Supranacional Anticorrupción por integrar una organización criminal que operaría dentro del Gobierno Regional de Cusco. El gobernador Benavente negó enfáticamente que esté inmerso en hechos de corrupción. “Tenemos las manos limpias. Estamos luchando contra la corrupción. Si hay hechos aislados, los hay, hay que denunciarlo, pero jamás (se puede decir) que acá hay una organización criminal”, dijo Benavente en su defensa.
miento básico, educación, agricultura, infraestructura vial, etc. Pero tampoco hubo avances significados en los megaproyectos y obras prometidas en la campaña electoral. Veamos solamente algunos ejemplos. Benavente prometió como candidato y tras jurar al cargo que en seis meses traería el gas de Camisea a los hogares de la región imperial. Lo único que hizo en tres años y tres meses de gobierno fue habilitar dos gasocentros para surtir con gas natural vehicular (GNV) a un millar de vehículos taxi de la Ciudad Imperial. También prometió destrabar y concluir el Hospital Antonio Lorena en medio año. La obra no ha podido ser reiniciada debido a problemas legales y técnicos que no pudieron prever el gobernador y su equipo de gobierno. La obra se hará por la modalidad de Estado a Estado, con intervención del gobierno de Francia. La construcción de la vía Expresa fue otro de sus compromisos electo-
rales. Esta es una de las que más avances registra, aunque no está exenta de observaciones. Ahora último se conoció que debido a que todavía no se ha instalado la comisión para la resolución de controversias (CRC), lo que en cualquier momento podría poner en riesgo la conclusión del proyecto vial.
Algunos avances Una de las iniciativas positivas de la actual gestión fue la denominada Tinkuy, una cruzada para invertir en diversos sectores que permitió reducir los índices de desnutrición crónica y anemia en las provincias más pobres de la región imperial. Asimismo, a través del proyecto especial Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), afianzó las obras de siembra y cosecha de agua, que son acciones fundamentales para asegurar el cuidado de los ecosistemas naturales y garantizar el acceso a agua en aquellas zonas donde escasea este recurso.
Sin grandes obras Benavente García se presentó durante la campaña electoral como un político joven, pero sobre todo como un profesional y técnico capaz. Se le conoció como el “Harry Potter” de la política cusqueña por su parecido con el personaje de la famosa saga de J.K. Rowling. No obstante, Benavente no pudo hacer magia para cumplir sus compromisos y menos para resolver los grandes problemas de la región imperial. La gestión de Benavente García manejó más de S/10,000 millones entre 2019 y 2020. La mayor parte del presupuesto (más del 60 %) estuvo destinado al pago de sueldos y servicios, mientras que un tercio sirvió para hacer obras y proyectos. Pese al alto presupuesto que recibió la Región Cusco, las obras realizadas no han tenido un gran impacto en el cierre de brechas y la solución de los principales conflictos en salud, sanea-
Benavente se enfrentó con su homólogo Lantarón por el conflicto en el corredor minero.
Cusco y Apurímac manejaron en conjunto más de 15 mil millones de soles desde el 2019.
Uno de los principales defensores del medio ambiente y de los derechos humanos murió en marzo. Su partida dejó tristeza, grandes enseñanzas y sed de justicia.
El vuelo de Oscar Mollohuanca