3.4. LA DIVERSIDAD INTERNA DE LA POBLACIÓN URBANA Y LA EXISTENCIA DE PROCESOS DE SEGREGACIÓN ESPACIAL
La ciudad y el conjunto de sus periferias urbanas son espacios privilegiados para la concentración de las actividades productivas, y el desarrollo del comercio y los servicios, como hemos tenido oportunidad de analizar en los tres epígrafes precedentes. A partir de ahora nos interesará conocer las características específicas de la población y la sociedad que habita en las urbes. Por una parte, el efectivo demográfico de las ciudades es más dinámico y está sometido a numerosas influencias externas. Se trata de una población abierta, donde los movimientos migratorios y la movilidad son atributos directamente asociados al modo de vida urbano. Por otra, los habitantes de las localidades importantes suelen ser más jóvenes que los de sus entornos rurales, aunque esto no signifique en todos los casos la existencia de unos registros de natalidad y, por supuesto, de fecundidad más elevados. En tercer lugar, la población de las ciudades expresa perfectamente la compleja organización económica del sistema capitalista y, en paralelo, muestra una estructura social contrastada, reflejo de las desigualdades de clase (de acceso a la vivienda, nivel y tipo de consumo, etc.) que se dan en el momento presente. Estamos ante una comunidad con un gran número de individuos, que también pueden diferenciarse según su origen, cultura o religión, lo que acrecienta la idea de diversidad interna de la sociedad urbana, que tratará de ser abordada en sus principales trazos. Por último, las desigualdades reseñadas se manifiestan en fenómenos de segregación, con la existencia de barrios ricos, pobres e intermedios en todas la urbes, las diferencias en los tipos de vivienda a lo largo de la ciudad, la presencia de sectores donde se concentra la población de un determinado grupo nacional, étnico o de raza, y en definitiva la traducción en el espacio urbano de los contrastes internos de la sociedad contemporánea. En las siguientes páginas se abordarán todas estas cuestiones, cuya interpretación no acabará aquí, sino que en el siguiente apartado se continuará el análisis de la población y las colectividades urbanas a partir de las dinámicas de habitabilidad y los problemas acceso a la vivienda en los grandes núcleos.
Numerosos autores han coincidido en señalar que la población de las ciudades debe definirse en primer término como una población abierta (Bastié y Dezert, 1980; Zárate, 1991); esto es, una población donde los intercambios con el exterior son esenciales para comprender su estructura y procesos internos. En este sentido, las comunidades urbanas se distinguen perfectamente de las rurales que se muestran como mucho más cerradas y homogéneas, cuya composición depende sobre todo de la evolución de sus propios efectivos demográficos. En las poblaciones urbanas, por su parte, los contactos con el exterior son hegemónicos (y lo acabamos de ver tanto con las teorías del lugar central, como con los conceptos de ciudad global y terciarización), y su crecimiento y estructura es consecuencia de su movimiento natural, pero de forma especial de los aportes migratorios. En múltiples trabajos se ha constatado que en períodos de fuerte incremento de la población de las ciudades, esta ha obedecido más a la inmigración que al propio dinamismo generado en su interior. Aunque en los últimos decenios, muchos núcleos
urbanos hayan dejado de ser receptores netos de población, dicha evidencia no excluye que los movimientos de residentes entre unas ciudades y otras, en definitiva la movilidad de los individuos y las familias urbanas, no continúen siendo una constante en las áreas urbanas, donde se mantiene con toda su plenitud el carácter de población y sociedad abiertas.
Esta condición de la ciudad como espacio colectivo que recibe y expulsa efectivos demográficos de forma permanente se refleja en numerosos atributos de los núcleos urbanos del presente, que vamos a enunciar. Por una parte, y como han insistido numerosos autores norteamericanos en los últimos tiempos, las principales poblaciones son especialmente sensibles a los cambios culturales que se producen por la movilidad de un elevado número de migrantes desplazándose de una parte del mundo a otra, en especial en contextos metropolitanos. La ciudad multicultural no es un fenómeno nuevo, pues las urbes han sido siempre espacios de complejidad, pero en épocas recientes se ven afectadas por una serie de variables de la interconexión local/global, y las mismas se han conformado a partir de diferentes vías de relación cultural, social y económica entre sus habitantes (Bridge y Watson, 2000). Desde los años 1970, la ciudad del mundo desarrollado se afirma como una realidad multicultural, donde afloran procesos que tendremos ocasión de examinar como la relativa crisis de la familia nuclear, y el reforzamiento de formas novedosas de hogares, con el constante incremento del número de personas que viven solas o en estructuras monoparentales, sobre todo en las áreas más nítidamente urbanas (Bridge y Watson, 2000; Rogers, A. 2000).
Respecto a los movimientos migratorios en sentido estricto, se coincide en señalar que en los países más ricos, la dialéctica local/global se resuelve en la persis- tencia de una intensa inmigración procedente de las regiones del Sur (África, mundo árabe, América Latina, etc.), más numerosa en términos cuantitativos (véase figura núm. 32). Esto es debido a que las grandes metrópolis y las ciudades principales son los lugares más accesibles cuando se viene del extranjero. Por una parte, es aquí donde aterrizan los aviones que llegan de lejos. Por otra, estos núcleos son los que proyectan en gran medida la imagen que se hacen los habitantes de las naciones menos avanzadas del conjunto del país receptor. Estas capitales o centros metropolitanos se han convertido en potentes símbolos de riqueza, posibilidades económicas y estabilidad que se repiten en emisoras de radio y televisión escuchadas por infinidad de personas en áreas desfavorecidas. Aunque los inmigrantes no estén cualificados laboralmente, el paro se infravalora como amenaza. La seguridad social es eficaz por lo que se puede estar mejor como asistido en una sociedad rica que consumiendo una enorme energía para sobrevivir en una pobre (Guglielmo, 1996). Estas y otras causas han animado un importante flujo de población desde el Sur que en Madrid o Barcelona, por citar dos referentes próximos, explica el asentamiento de decenas de miles de ecuatorianos, dominicanos, marroquíes o senegaleses, entre las nacionalidades más numerosas. Las migraciones de desfavorecidos conviven con los cambios de residencia permanentes de profesionales, ejecutivos o trabajadores especializados entre las urbes europeas. El variado origen de la población sigue reforzando la diversidad interna de una sociedad urbana abierta al exterior, donde ninguna ciudad escapa ya a esta ola de multiculturalismo generalizada desde los últimos decenios del siglo XX. Por lo que concierne a los países pobres,
FIGURA 32.—Inmigrantes extranjeros en las principales ciudades españolas, 2010
Fuente: elaboraciónpropiaapartirdedatosdelINE.
sus núcleos urbanos también reciben abundante inmigración, en especial si se localizan en una región industrializada. Aquí, los aportes de población de las ciudades son el resultado de un éxodo rural a gran escala, con crecimientos espectaculares de poblaciones como Bamako, Kabul, Nueva Delhi o Lima, entre otras, en la actualidad. El campo se continúa vaciando de elementos jóvenes que se dirigen a las urbes, las cuales son de este modo la mejor expresión del dinamismo demográfico de las sociedades del Sur. Buena parte de las gentes que habitan una ciudad de África, Latinoamérica o Asia han nacido fuera de la misma, sin que exista una verdadera norma de su lugar de procedencia; pueden llegar de los alrededores, de regiones vecinas o de otras industriales y en crisis (Santos, 1989). En todo caso, la migración también aquí es fundamental para definir el carácter de los espacios urbanos y metropolitanos del presente.
A finales de los 1980 y comienzos de los 1990, algunos manuales editados en nuestro entorno cultural como el citado de M. Santos o el de A. Zárate insistían en que la composición de la población urbana por grandes grupos de edad varía considerablemente de unos núcleos a otros. Estas diferencias obedecen a la naturaleza de las actividades predominantes, a la estructura del empleo existente y a los factores de crecimiento de su efectivo humano (por inmigración o por dinámica natu-
ral). Sin embargo, aun considerando esas variables, los adultos en todas partes son el grupo más amplio y proporcionalmente mucho más numerosos en las ciudades que en el campo, agrandándose esos contrastes con la inmigración (Santos, 1989; Zárate, 1991). Tampoco se puede olvidar que dentro del propio espacio urbano las desigualdades de población por grupos de edad son muy importantes (Zárate, 1991). Así, algunos autores han tratado de contraponer la existencia de áreas residenciales envejecidas en el interior de las ciudades, en sectores tradicionales, y otras de población joven en las periferias en nuevos espacios urbanizados. En todo caso, esta contraposición simple puede no cumplirse y urbanizaciones de élite en las afueras acogen nuevos efectivos adultos-maduros con capacidad de compra elevada, mientras los viejos centros de una gran ciudad pueden albergar a decenas de miles de jóvenes inmigrantes llegados de lugares lejanos
Una vez aclarado el carácter abierto de la población urbana y algunas de sus consecuencias, no estará de más recordar lo que afirmaba hace varios decenios un gran estudioso de la demografía de la ciudad, Ph. Hauser, respecto a aquellos temas que deben interesar a las ciencias sociales y al urbanismo en su análisis de las metrópolis. Este breve apunte servirá de enlace con una caracterización de la dinámica y estructura de la población de los grandes núcleos que se abordará a continuación. Hauser señalaba que los estudios sobre las tendencias demográficas de las áreas urbanas y metropolitanas están por lo general dedicados a cuatro tipos de problemas, aislados o combinados: a) el grado de urbanización de un territorio cualquiera; b) la naturaleza del incremento poblacional urbano, es decir el crecimiento vegetativo y los movimientos migratorios; c) la composición y distribución territorial de las poblaciones en la ciudad y sus periferias; d) las consecuencias sobre los componentes del crecimiento demográfico de los esquemas de heterogeneidad y diferenciación de las relaciones sociales y las actividades económicas en zonas urbanas (Hauser, 1972). Sin duda, muchos años después de haber sido enunciadas estas cuestiones son tratadas de una u otra forma en este epígrafe.
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, en cualquier acercamiento sobre la ciudad es importante analizar las lógicas de su movimiento natural, así como las características de las estructuras demográficas y familiares. En cuanto a la natalidad, se ha afirmado que la misma es menor que en las áreas rurales por varios factores, aunque esta interpretación se refiera más a la tasa de fecundidad que a la de nacimientos, siempre elevada debido al enorme predominio de la población adulta (en edad reproductiva) en las áreas urbanas. La fecundidad es mediocre, nunca elevada, debido a que: a) los matrimonios jóvenes suelen acomodar el número de hijos a las disponibilidades de vivienda, casi sin excepción de tamaño limitado en la ciudad, lo que anima la práctica de la planificación familiar; b) los comportamientos psicológicos urbanos rechazan el descenso de la calidad de vida que supondría la llegada de más hijos, al mismo tiempo que el progresivo retraso de entrada en la vida laboral se traduce en un desplazamiento del primer parto y de la edad media de los padres; c) las dinámicas relacionales en la urbe conducen, y así se ha corroborado, a un aumento del número de solteros y al reforzamiento de hábitos individualistas que no simpatizan con la institución familiar en el sentido tradicional del término; d) la valoración del grado de bienestar alcanzado es
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muy alta, con lo que apenas se siguen prácticas pronatalistas que se perciben como amenazadoras de un modo de vida confortable (Zárate, 1991).
Por lo que se refiere a la mortalidad sucede un poco lo mismo que en los valores referidos a los nacimientos: hoy en día la esperanza de vida suele ser más elevada en determinadas zonas rurales de ambiente saludable, pero como el nivel de envejecimiento es menor en las ciudades y áreas metropolitanas al final las tasas de mortalidad generales también pueden presentar registros inferiores. Los habitantes de las urbes se benefician de una mayor disponibilidad y accesibilidad a grandes centros hospitalarios, cuyo funcionamiento en todo caso contribuye a la existencia de unas tasas de mortalidad infantil siempre menores (Bastié y Dezert, 1980). Si nos fijamos en las ciudades de los países menos desarrollados la situación asimismo encierra contradicciones. De una parte, las condiciones de hacinamiento en las que viven buena parte de los habitantes pueden conducir a un incremento de la mortalidad catastrófica. No obstante, en situaciones normales las poblaciones urbanas están mejor alimentadas, más protegidas y se benefician de un superior nivel de acceso a centros sanitarios, con lo cual su esperanza de vida suele ser mayor. En la misma sin duda influyen unos registros de mortalidad infantil muy inferiores, resultado de la mayor utilización de los recursos en un precario sistema de salud. Por su parte, en cuanto a la nupcialidad su tasa es superior en ámbitos urbanos, como consecuencia del marcado predominio de los adultos. Los divorcios también son más numerosos efecto de la mayor libertad individual asociada al modo de vida ciudadano, y la menor dependencia respecto a las normas sociales y familiares (Bastié y Dezert, 1980).
Otros de los rasgos característicos de la sociedad urbana desde el punto de vista de los datos demográficos es la existencia de un nuevo modelo de familia, casi siempre de tamaño reducido. Unos hogares también definidos por la existencia de un solo núcleo frente a la posibilidad de familias de varias generaciones en el rural (Vinuesa y Vidal, 1991). La razón de estos atributos dominantes está, y se ha comentado, en la problemática de la vivienda en la ciudad, casi siempre de dimensiones reducidas, que no puede acoger a un número amplio de miembros de una unidad familiar determinada y, por lo tanto, incide en los comportamientos colectivos (Vinuesa y Vidal, 1991). Junto a esta constatación, y ya lo hemos apuntado, en contextos de urbanización muy madura y en grandes centros metropolitanos se observa el incremento de los hogares de solitarios o de familias monoparentales (un progenitor, habitualmente la madre, con su hijo o hijos). La importancia de la familia monoparental se ha acrecentado en las naciones ricas, pero es en los espacios urbanos de los países del Sur donde alcanza su mayor representatividad, mientras que por el contrario los solitarios son un fenómeno limitado a las ciudades de Europa, América del Norte y el Este de Asia. Para concluir, un apunte ligeramente distinto y referido a la estructura por sexo de la población. En las ciudades de todo el mundo no existe una regla general que explique su composición interna. Como máximo, se suele admitir que en las sociedades desarrolladas las áreas urbanas y metropolitanas contabilizan más mujeres, que también predominan en las estructuras demográficas a nivel general (Zárate, 1991). Quizás esta preponderancia sea un poco mayor, ya que se detectan flujos selectivos de abandono del medio rural por parte de efectivos femeninos con una cierta edad y cuando comienzan sus es-
tudios postobligatorios o se insertan en el mercado laboral (y deciden no volver a su aldea o pueblo de origen menos atractivo que las urbes, que siempre otorgan un nivel superior de libertad individual). Por su parte, en las capitales de las naciones del Sur los hombres son mayoritarios, debido asimismo a una inmigración desigual, que incide más en el colectivo masculino, que abandona primero su lugar de origen por las menores restricciones a la movilidad a la que está sometido. En este acercamiento a las variables relacionadas con la población, el siguiente paso consiste en analizar la densidad. Como se puede deducir, los habitantes de una ciudad o metrópoli no se distribuyen de forma homogénea por el espacio, con lo cual se detectan diferencias de densidad que suelen seguir una lógica. Aunque cada localidad presente variaciones propias de reparto interno de sus habitantes, se considera que los centros compactos de los núcleos urbanos presentan un mayor número de residentes por unidad de superficie que los entornos urbanizados extensos de esa localidad. Se habla por lo tanto de la existencia de un gradiente de densidad, que mide las diferencias en la ocupación del suelo entre el centro y las áreas periféricas de la ciudad o del área metropolitana (Johnson, 1974; Zárate, 1991). El gradiente ha sido muy acusado en períodos históricos de la urbanización, cuando los habitantes se concentraban en el espacio intramuros y sus arrabales inmediatos, pasándose en centenares de metros al campo circundante. Sin embargo, en la actualidad las pendientes de densidades desde el centro suelen ser suaves: muchos sectores residenciales clásicos se van vaciando, en tanto que los habitantes colmatan los espacios de urbanización reciente. En todo caso, el mantenimiento de las diferencias de densidad obedece a los distintos precios del suelo que se registran en la ciudad; si un área es céntrica y muy valorada, el coste de acceder a ella se incrementa y la mayoría de las viviendas son pequeñas, en cambio hacia las afueras existen amplios espacios de urbanización donde el coste del metro cuadrado es menor, y se puede residir en casas unifamiliares o en adosados, con lo que los niveles relativos de ocupación de todas estas áreas son inferiores. En épocas recientes, aún cuando se mantenga el gradiente de densidad centro-periferia, es constatable un relativo abandono residencial de bastantes avenidas, plazas y calles centrales, por la terciarización de estos sectores, lo que introduce un nuevo matiz en el estudio de la distribución de la población residencial en los espacios urbanos contemporáneos.
Como se está observando, cualquier aproximación a la población y la sociedad urbanas se acompaña de los adjetivos complejo y matizable. Por eso, si nos centramos ahora en repasar los caracteres que identifican a la ciudadanía en el presente, tendremos que desentrañar numerosas variables y rasgos, no solo de orden económico sino también cultural y de adscripción identitaria. Por una parte, y así se puede deducir de lo explicado en los párrafos precedentes, dentro de la población urbana una distinción que se puede establecer sin dificultad separa a los habitantes de siempre (o tras varias generaciones) de la urbe y a los llegados de fuera; los que siguen siendo predominantes en los barrios tradicionales de la ciudad y los que muchas veces se agrupan en las nuevas áreas de urbanización. La población inmigrante ha accedido a la ciudad en distintas oleadas, que coinciden con los períodos de expansión económica de la misma o de necesidades agudas en las áreas rurales (y/o subdesarrolladas) de origen. Una vez que se instalan en la ciudad, los inmi-
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grantes y la propia población local se estructuran en función de su clase social, sexo y edad, origen, profesión, nivel cultural, medio familiar y carácter del individuo (Bastié y Dezert, 1980). Así, es posible acercarse a la comunidad urbana siguiendo dos grandes criterios bien diferenciados, desde los más próximos a los conceptos socialistas y marxistas de clase y tipo de ocupación, hasta los weberianos de religión o cultura de la persona. En la primera parte de este libro se insistió en una idea, derivada de la Escuela de sociología clásica de Chicago, el modo de vida urbano, definido entre otros atributos por el incremento de las posibilidades de promoción social, enriquecimiento (o ruina) y movilidad social de las gentes que habitan las ciudades, unas opciones de progreso que aumentan conforme el espacio urbano y metropolitano es mayor. Las ciudades definen un medio social y comunitario abierto, caracterizado por la capilaridad social, que favorece la competencia del individuo, su capacidad de avanzar y que una serie de rasgos vinculados a su origen (la pertenencia a una determinada familia o grupo, su condición de género, etc.) lo condicionen en menor medida. De hecho, en las urbes contemporáneas este entorno ha favorecido la presencia frecuente y la variedad de las denominadas clases medias (Bastié y Dezert, 1980), hegemónicas en las regiones metropolitanas de los países desarrollados y en evidente consolidación en las naciones emergentes.
El libro ya citado de P. Knox sobre urbanización y Geografía urbana (Knox, 1994), insiste en identificar una serie de rasgos del cambio demográfico y social registrado en las ciudades desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los mismos señala los baby boomers, el envejecimiento, los nuevos inmigrantes y, unas páginas más adelante, la gentrificación (ennoblecimiento de algunos barrios tradicionales de la ciudad antes deteriorados). Por una parte, el fenómeno del nacimiento de las generaciones de niños y jóvenes más numerosas de la historia (resultado del baby boom), ha hecho posible contar con una primera gran cohorte de personas crecidas en las urbes, integradas plenamente en su modo de vida, y cuyo potencial productivo ha favorecido de manera fundamental su dinamismo, si bien en muchas ocasiones estas generaciones numerosas han debido enfrentarse a los problemas crónicos del paro y el subempleo en contextos ciudadanos. El nivel de envejecimiento no ha hecho sino progresar en la urbes y sus periferias, planteándose por primera vez la necesidad de políticas asistenciales en ciertas áreas de la ciudad donde los hogares de solitarios o de parejas solas con edades superiores a 70 o 75 años pueden representar más de un tercio del total (como se ha constatado en ejemplos próximos como A Coruña o Santiago de Compostela en sus sectores centrales). A la nueva inmigración ya nos hemos referido y solo cabe recordar como la urbe multicultural del presente también se percibe habitualmente caminando por sus calles a través de la mezcla étnica, racial y lingüística.
En el epígrafe dedicado a la ciudad global insistimos en la importancia que habían tenido los cambios económicos registrados desde finales de los 1970 y principios de los 1980. A partir de esas fechas se constata una polarización en la estructura ocupacional, que se traduce en un incremento de los puestos cualificados y mejor pagados (por lo tanto, de las clases acomodadas) y de los trabajos precarios, mal remunerados y de carácter muy intensivo (en consecuencia, de una nueva clase trabajadora sobreexplotada e integrada en buena medida por un elevado núme-
ro de inmigrantes) (Knox, 1994). Estos dos nuevos grupos se asientan en distintas partes de la ciudad, desarrollan itinerarios de vida bien diferenciados y expresan que la sociedad urbana es un reflejo de las estructuras creadas por el capitalismo tardío. La polarización social se traduce en contrastes residenciales en el espacio urbano, donde persisten los barrios acomodados y los barrios de trabajadores en procesos de segregación espacial, que cada pocos decenios van mudando su forma, aunque no el origen de sus diferencias. Como se ha indicado, la movilidad social característica de las ciudades también tiene su reflejo en la residencial y en la frecuencia de los cambios de vecindario. Para algunos estudios de los efectos de la urbanización, la espacialización de las desigualdades sociales de todo tipo aparece en cualquier parte, y la ciudad es una metáfora y matriz de este proceso, que nunca como hasta ahora tuvo tanta significación en el imaginario público (Cohen, 2000). Una cuestión particular de estas dinámicas que estamos analizando y que ha sido recurrentemente estudiada por la Geografía urbana es el fenómeno de la gentrificación. Se trata de la ocupación residencial de ciertos sectores del casco histórico o de la ciudad tradicional previamente degradados, por personas y nuevos hogares de elevados recursos que contribuyen a rehabilitarlos y los dotan de un nuevo prestigio. La gentrificación ha supuesto el retorno de profesionales, altos funcionarios, empresarios y personas de elevadas rentas al corazón de la ciudad que habían abandonado en decenios anteriores. Expresa un nuevo gusto por la trama urbana histórica, por los edificios singulares y por la ciudad compacta como escenario de una intensa sociabilidad (Zoido, de la Vega, Morales, Mas y Lois, 2000). Los centros se embellecen y se prestigian, aunque en muchas ocasiones la gentrificación haya incrementado los procesos de expulsión de los grupos sociales menos favorecidos del interior de las ciudades y no contribuya a revitalizar el conjunto de los sectores tradicionales de la urbe como algunos teóricos habían previsto. El análisis de la gentrificación se inició en los 1960, ha incurrido en una magnificación de un proceso espacial limitado, si bien no se puede negar que el ennoblecimiento de determinados sectores con raigambre es un proceso que se extiende por todas las ciudades del mundo desarrollado y un número creciente de las de América Latina o Asia (Knox, 1994; Hammett, 2000; Zoido, de la Vega, Morales, Mas y Lois, 2000).
La temática de la Geografía social urbana ha sido ampliamente cultivada por autores de enorme influencia. Ahora vamos a referirnos a dos, M. Pacione, geógrafo responsable de un popular manual sobre estas cuestiones en inglés y al sociólogo italiano G. Martinotti que ha estudiado el moderno significado de metrópoli (Martinotti, 1993; Pacione, 2005). Para M. Pacione en el análisis de la ciudad contemporánea la expresión comunidad urbana adquiere una enorme significación. Señala que: 1) La comunidad incluye grupos de población que residen en un área geográfica diferenciada (un barrio, un distrito de inmigrantes, una urbanización lujosa, etc.); 2) la comunidad se refiere también a la calidad de las relaciones entre el grupo, con miembros que presentan características semejantes a nivel cultural, de valores y actitudes (fruto de la tendencia a residir en áreas comunes de grupos sociales y/o étnicos con rasgos similares); 3) la comunidad define, por último, a un grupo de población en interacción social, en el marco de un vecindario (Pacione, 2005). La cohesión de la comunidad, continúa apuntando, deriva de: el uso de
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infraestructuras y servicios sociales comunes; la identificación de las personas con el vecindario; las relaciones cotidianas entre los residentes del barrio; el consenso de los residentes respecto a ciertos valores y formas de comportamiento (Pacione, 2005). Por su parte, G, Martinotti sugiere una interesante clasificación de las poblaciones metropolitanas: 1) los habitantes residentes; 2) los habitantes pendulares, que llegan todos los días desde las áreas periféricas donde residen; 3) los usuarios de la ciudad, provenientes de las áreas de influencia de la misma y que se dirigen a ella para solucionar problemas, negociar o realizar una compra especial; 4) los hombres de negocios metropolitanos, cuyo trabajo se asocia a un desplazamiento casi continuo entre unas ciudades y otras (Martinotti, 1993). Con esta clasificación el sociólogo italiano nos advierte de la diversidad de colectivos que usan el espacio urbano y de las dificultades que acompañan los intentos de realizar estimaciones correctas de la población de la ciudad o de la metrópoli (son quienes viven allí o todos aquellos que se encuentran en su interior en un momento dado). Así, se confirma la creciente importancia estratégica, medida desde el punto de vista económico, del contingente de usuarios del espacio metropolitano, cada vez más condicionado por la realización de grandes obras monumentales o importantes eventos, materializados para preservar una imagen de poder y atractivo hacia el exterior (Martinotti, 1993).
Se parta de la consideración censal de la población urbana o de la sugerente tipología que acabamos de ver, en el interior del espacio ciudadano se aprecian de manera continua procesos de diferenciación social residencial. Una mayoría de la literatura sobre el tema se refiere a fenómenos de segregación espacial, que expresan en el plano las diferencias de ingresos, étnicas, culturales y de estilo de vida características del capitalismo actual. El capitalismo se manifiesta a partir de una estructura urbana diferenciada, que se tratará de interpretar en lo que resta de apartado. Según M. Pacione, las bases de la segregación residencial son tres: 1) el estatus socioeconómico; 2) el estatus familiar y el estilo de vida asociado; 3) la movilidad geográfica y la existencia de grupos minoritarios bien individualizados, como consecuencia de las migraciones internacionales (Pacione, 2005). En relación con esta última variable, en las grandes ciudades y metrópolis de todo el mundo son frecuentes los fenómenos de segregación étnica, debido a que cada colectivo de este tipo tiende a agruparse en un barrio o sector del entramado urbano, para de esta forma proteger mejor su individualidad y acoger de modo más eficiente a los nuevos miembros que continúan llegando. La existencia de áreas étnicas puede mantenerse a lo largo del tiempo (pensemos en las comunidades negras o chinas de las urbes norteamericanas, los pakistaníes del Raval barcelonés, etc.) o irse desdibujando paulatinamente por procesos de asimilación de la sociedad receptora. A este respecto, se estima que el proceso de integración plena de los miembros de un colectivo diferenciado comienza en la segunda generación y tiende a reafirmarse a partir de aquí (excepto en comunidades muy cerradas, que acaban conformando auténticos guetos, asociados a problemas y revueltas como el norte de Londres o la banlieue de París, por citar dos ejemplos conocidos). Como se ha indicado, la segregación residencial es un fenómeno que se vincula a la idea de territorialidad; esto es, la tendencia de grupos particulares a establecer alguna forma de control, dominio o exclusividad sobre un área concreta (Knox, 1994), sea
un complejo residencial de lujo o un barrio tradicional que ha sido ocupado pro- gresivamente por gentes venidas del norte de África, entre otras muchas posibilidades.
En una obra clásica sobre el tema, D. Timms planteaba que el estudio de la diferenciación y segregación residencial en la ciudad del presente se ha centrado (y así lo anotamos desde la alusión inicial a K. Marx y M. Weber), en aquellos aspectos que reflejan el estatus socioeconómico y las variables étnicas (Timms, 1976). Las diferenciaciones socioeconómica y étnica, según este autor, tienen características similares. En ambos casos, cuanto mayor es la distancia social entre los grupos más grande es la disimilitud residencial. Dentro de los grupos étnicos el estatus socioeconómico opera como una forma secundaria de diferenciación. De hecho, entre los mismos la segregación acentúa las diferencias entre el grupo en cuestión y el resto de la comunidad al hacerlo más visible, lo que le permite mantener sus rasgos peculiares y estructura (Timms, 1976). En las interpretaciones de base sociológica y económica se concede gran importancia al papel dominante del centro de la ciudad en la determinación de los precios del suelo y a la competencia impersonal de las categorías de la población según los costes de acceso a la vivienda. Para progresar, aquellos que están en los escalones sociales más bajos han de establecer relaciones con los que tienen una posición deseable. Así, el primer paso puede ser vivir con ellos. En cambio, para los que están situados en los escalones sociales más altos, tal asociación entraña el riesgo de perder su prestigio. De hecho, puede ser posible neutralizar el riesgo sometiendo a los inmigrantes a un estatus tan claramente inferior que elimine el peligro de identificación (Timms, 1974).
Los grupos establecidos en los espacios urbanos contemporáneos suelen mostrar siempre unos comportamientos similares en las lógicas de asentamiento en la ciudad o la metrópoli. En concreto, ya hemos comentado que los que tienen más hijos y buscan la disponibilidad de espacio deben trasladarse a la periferias. Además, se afirma que si los ricos pueden localizarse en el área que quieran, los pobres tienen mínimas posibilidades de elección; unas posibilidades que van descendiendo progresivamente conforme las grupos más pudientes ocupan los mejores sectores residenciales de la ciudad, las clases medias los percibidos a continuación y así sucesivamente (Timms, 1974). En ciertos casos, las aspiraciones por un rango social o un estilo de vida pueden aparentemente desbordar muchas consideraciones económicas siempre importantes. La diferenciación residencial es paralela a la social, ya que la decisión de localizarse en un área determinada es una de las más trascendentes que una familia puede tomar, y se acompaña de profundas implicaciones para los comportamientos y un buen número de sentimientos. Como se ha insistido, el surgimiento de las denominadas clases medias, tiene su razón de ser en unas características económicas, de estabilidad laboral y de ocupación objetivables, pero también se traduce en nuevos estilos de vida. Uno de ellos es el papel más activo que juegan las mujeres en la sociedad urbana, en buena medida asociado a su inserción plena en la vida laboral. Otro, la movilidad creciente de los hogares que, conforme mejoran sus condiciones de vida, tienden a reinstalarse en otros sectores de la ciudad y la metrópoli interpretados como más prestigiosos. Por último, también está la creciente fragmentación de la población de los núcleos principales en un elevado número de grupos, opciones de vida, comunidades vinculadas
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por un mismo tipo de actividad, etc., que hacen mucho más compleja la estructura residencial urbana, a partir de su diferenciación en múltiples categorías sociales, de estilo de vida o de procedencia de sus habitantes, tan características de la fase actual de capitalismo tardío (o postfordista, según esta enumeración tipológica).
Un aspecto al que todavía no hemos aludido, por ser más representativo de las clasificaciones de hace varios decenios, es la segregación residencial urbana por motivo de raza (si bien en los párrafos anteriores se insistió en las variables de etnicidad y nacionalidad de procedencia, que se asemejan). La misma implica una sobreconcentración de un grupo racial determinado en una determinada zona de la ciudad, que se corresponde con una sustancial subconcentración en otras áreas urbanas (Greene y Pick, 2006). Aunque sus formas más extremas de aislamiento completo de una comunidad (los negros en las ciudades sudafricanas o de algunos territorios sureños de Estados Unidos) han ido desapareciendo, todavía se pueden identificar numerosos ejemplos de concentración de afroamericanos en las ciudades norteamericanas (parte de Harlem en Nueva York o del sur de Chicago), de indios en las urbes del Este de África o del Reino Unido (barrios completos de Durban, de Reading cerca de Londres, etc.) o de chinos y filipinos en ejemplos de distintos continentes (con la proliferación de las típicas chinatowns). Cuando la existencia de diversidad étnica o racial no implica problemas agudos de discriminación, las propias autoridades locales de las urbes pueden promocionar este significado multicultural de su población, como ocurre explícitamente en Toronto y Vancouver, en el barrio de Notting Hill en Londres con su carnaval o, en menor medida, en San Francisco.
Por último, y a modo de conclusión de este apartado, se debe señalar que los espacios urbanos son creados con población y adquieren su carácter con la colectividad que los habita. Esta población vive y trabaja en espacios urbanos, impone sus costumbres y su carácter, los modifica y ajusta aquí, y todavía más, necesita y expresa sus valores. La dinámica urbana continúa luego con dos procesos distintos, una dialéctica socioespacial en la cual la población crea y modifica los espacios urbanos y al mismo tiempo se encuentra condicionada en varias direcciones por ellos. Los vecindarios y comunidades son mantenidos y modificados; los valores, actitudes y el comportamiento de sus habitantes normalmente puede influir en diferente medida en los de aquellas personas que llegan después (Knox, 1994). De hecho, la tendencia general hacia la segregación socioespacial en diferentes sectores urbanos (barrios, distritos, etc.) frecuentemente genera espacios de vida (intersubjetivos), formando parte de mundos con horizontes comunes. Pero esta segregación nunca es absoluta, como resultado de las relaciones entre espacio, sociedad y formas de vida son complejas y contingentes, en particular en el escenario actual de globalización.
3.5. HABITABILIDAD URBANA: DESIGUALDAD SOCIAL Y RESIDENCIAL
En las siguientes páginas se aborda un conjunto de cuestiones que enlazan directamente con la Geografía social de la ciudad y los problemas de segregación a los que acabamos de referirnos, pero desde un punto de vista diferente. Si la po-
FIGURA 33.—Un paisaje urbano segregado en una ciudad brasileña
Fuente: Google,2012.
blación y la comunidad urbanas eran el centro de nuestro análisis anterior, ahora nos centraremos en la vivienda, los alojamientos y la necesidad de disponer de espacios residenciales en las ciudades, pero con un enfoque urbanístico, de políticas de gestión pública y de mercado de un bien muy valioso. Se aborda la cuestión del habitar lo urbano, pero abandonando la perspectiva que situaba a las personas y a los grupos en las que se encuadran en la base de nuestro discurso. Este modo de proceder ha sido tradicional en todas las disciplinas interesadas en el conocimiento de la ciudad y la metrópoli. Por una parte, las gentes de la ciudad se acomodan a un espacio de características particulares y expresan una serie de comportamientos; por otra, un conjunto de inversores, propietarios, gestores de la urbe y analistas se interrogan sobre la mejor manera de garantizar el derecho a un alojamiento digno obteniendo por ello réditos de todo tipo. El resultado de esta nueva aproximación coincide con la del epígrafe presente, la cuestión residencial expresa desigualdades según el nivel de renta y el tipo de gobierno de la ciudad (más intervencionista en materia de la vivienda o proclive a la desregulación), ante los que nos encontremos. Los temas a abordar son variados, aunque nos interesará dotarlos de una lógica interna. Así, se comienza con una breve alusión al derecho al alojamiento, un tema directamente relacionado con los contenidos del epígrafe previo. A continuación, se adopta un enfoque económico, de estudio del mercado de la vivienda, desde los actores que producen nuevo espacio residencial urbano o que transforman el exis-
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tente hasta el debate sobre el papel de control que debe realizar la administración pública. Luego, por supuesto, interesa reflexionar sobre la demanda de lugares donde vivir, que posición tiene en la actualidad y que preferencias se manifiestan para instalar el hogar. En este mercado de la vivienda no todos tienen derecho a un alojamiento digno; en consecuencia, varios párrafos se dedicarán a los excluidos desde el punto de vista residencial, tanto los habitantes de infraviviendas (chabolas, bidonvilles, villas miseria, etc.) como las personas que viven en la calle (los homeless de las ciudades norteamericanas, entre otros). Para finalizar, nos hemos decidido a enlazar dos temas importantes, las diferencias en la ocupación residencial de las ciudades de los países desarrollados y de las naciones pobres, y dentro de los primeros (también, cada vez más, en las sociedades de los emergentes) la opción por un hábitat de elevada o baja densidad, con todas las connotaciones que esa diferencia conlleva (véase figura núm. 33).
Cualquier monografía de temática urbana afirma que el alojamiento es una necesidad vital del individuo y de la familia. Por lo tanto, de forma general se reconoce el derecho al alojamiento. Frente a esta declaración que figura en bastantes constituciones nacionales y en decenas de leyes, la realidad nos enseña que el coste de la vivienda es uno de los mayores desembolsos que las personas, las familias, deben realizar a lo largo de la vida. La parte del alojamiento en el presupuesto familiar varía generalmente según los países, las clases sociales, las dimensiones del hogar o la antigüedad de la ocupación, pero siempre es muy importante. Por otra parte, con la disminución o flexibilización del tiempo de trabajo, una proporción creciente del día o la semana se pasa en el alojamiento. De hecho, la población se censa, se registra como ciudadana, a partir de un domicilio concreto con el que se identifica y donde está su hogar. En todo caso, se detecta una adaptación de los habitantes urbanos a localizaciones de sus alojamientos en lugares accesibles a su puesto de trabajo o de disfrute del ocio de la unidad familiar (Bastié y Dezert, 1980). Este panorama normal, estable, que acabamos de describir muchas veces se altera, porque no todo el mundo puede beneficiarse de una residencia digna, con lo cual las imperfecciones del mercado deben ser corregidas por la actuación del sector público.
De modo recurrente, el debate sobre el alojamiento se fundamenta en la contraposición público-privado. Por una parte, la propiedad del suelo y el capital necesario para emprender una promoción inmobiliaria están en manos particulares. Las entidades financieras participan en el negocio buscando beneficios y tanto la calidad constructiva, las dimensiones de la vivienda como sobre todo su localización determinan los precios en una relación clásica oferta-demanda. Pero como se ha apuntado, y la mayoría de los gobiernos han asumido, sino se produce una intervención pública para regular este mercado, el derecho al alojamiento se pone en entredicho (Bastié y Dezert, 1980). Por todo esto, las administraciones centrales de numerosos países, han impulsado políticas de vivienda desde principios del siglo XX, que implican en ocasiones construir polígonos residenciales, en otras respaldar la actuación de los promotores para que ofrezcan vivienda a precios tasados, o a veces ayudar directamente a las familias a costear el precio de su casa o apartamento atendiendo a sus ingresos salariares, entre muy diferentes fórmulas aplicadas. En todo caso, aunque estas políticas han mantenido su continuidad a lo largo del
tiempo, el mercado sigue siendo la referencia dominante en términos económicos y hegemónico en lo que concierne a las ideas (Massiah, 2000). Al no cuestionarse el derecho a la propiedad ni los mecanismos financieros convencionales, en el espacio urbano siempre nos encontraremos con los comentados problemas de segregación residencial, que traducen las desigualdades de distinto tipo. En este contexto, la intervención pública sigue siendo considerable, tanto desde el punto de vista de los medios movilizados como al nivel de los sistemas de regulación (Massiah, 2000). El problema de estas políticas es que son demasiado costosas, implican la actuación centralizada sobre un gran volumen de suelo y en ocasiones no consiguen todos los objetivos fijados. Las mismas se deben reformular continuamente, basarse cada vez más en la colaboración institucional (implicando a los gobiernos centrales, regionales y locales), y fijarse objetivos cambiantes en cada momento: construir para los más necesitados, estimular el alquiler para los más jóvenes, proveer de ayudas mínimas a amplias capas de la población, etc. Como apunta el urbanista francés G. Massiah, para garantizar el derecho al alojamiento la discusión nos conduce a la naturaleza de la gestión e intervención pública en una serie de tareas: puesta en práctica de criterios sociales, servicios públicos de protección social, redistribución y fijación de beneficios. En definitiva, se deben elaborar normas que traduzcan un compromiso explícito entre los derechos de los individuos y el mercado (Massiah, 2000).
En España, como constatan los expertos, las políticas clásicas de la vivienda han dado sus frutos permitiendo acceder a alojamientos modestos a decenas de miles de familias, beneficiadas por la construcción de polígonos públicos o de casas baratas, y más recientemente por ayudas directas mediante los precios tasados y las facilidades de financiación. En un trabajo de hace más de veinte años se apuntaba, y sigue estando vigente, que la política de vivienda tiene que ser cada vez más favorecedora del acceso al disfrute de un alojamiento, sea este nuevo o usado (por ejemplo, los innumerables apartamentos y casas vacías de las ciudades). En la medida de lo posible debe acometer una reestructuración para centrarse de manera específica en las necesidades de la gente (búsqueda de tipologías sociales con problemas en al acceso a una residencia digna) y no tanto en asegurar una mínima rentabilidad a los promotores (se refiere a los acuerdos administración-constructoras para ofrecer viviendas de promoción oficial) (Rodríguez, 1990). De hecho, aunque esta intervención pública ha sido muy positiva, se observa que todavía hoy el mercado de la vivienda actúa como motor y como filtro de los movimientos de población sobre el territorio metropolitano. Motor porque obliga a sectores muy importantes de la población a buscar vivienda fuera de su barrio o municipio de origen, ya que allí no encuentran el alojamiento que buscan al precio que pueden pagar. Y filtro porque conduce a los diversos grupos sociales, según su nivel de renta, a localizarse en determinadas áreas y cerrarles el acceso a otras (Nel·lo, 2007). En este contexto, las áreas urbanas de precios relativamente bajos, donde se concentra la población inmigrada, son aquellas que presentan un nivel menos elevado de calidad arquitectónica, accesibilidad y servicios. Se trata, en la mayoría de los casos, de los núcleos históricos de poblaciones, las áreas de expansión urbana no programada de los 1960 y 1970, y los polígonos de viviendas (muchos de ellos de promoción pública) de esos mismos años. En estos sectores es donde nos en-
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contramos los mayores déficits urbanísticos, hasta el punto de que algunos de ellos requieran en el presente operaciones de rehabilitación integral (Nel·lo, 2007).
Si nos fijamos en los protagonistas de este mercado inmobiliario y de la vivienda que sigue siendo hegemónico, a pesar de las medidas correctoras impulsadas por la administración, debemos comenzar refiriéndonos a los agentes urbanizadores. Con esta expresión, se engloba al conjunto de grupos y de actores que crean las estructuras necesarias para producir edificios, nuevos espacios urbanos y más alojamientos (Knox, 1994). Entre ellos, todas las clasificaciones desde las más clásicas a las del presente (Capel, 1975; Knox, 1994; Rullán, 2012), diferencian a: los propietarios del suelo; los promotores (emprendedores o developers en inglés); los constructores; las agencias inmobiliarias; las entidades financieras, y las administraciones local, autonómica y estatal. En un breve comentario sobre los mismos, los propietarios constituyen un grupo esencial que procura obtener los máximos beneficios con los terrenos que poseen en el proceso urbanizador. Estos se revalorizarán en función de cómo estén clasificados en un Plan Urbanístico y, en base a esta posición de partida, el dueño de terrenos intenta obtener el máximo de plusvalías de su venta. En muchas ocasiones, y tomando como base el articulado de determinadas leyes del suelo, promotores privados buscan primero acaparar propiedades y desde ahí imponer sus condiciones en la transformación urbanística del lugar. Los promotores también pueden estar ligados a bancos o cajas de ahorro, que les proporcionan dinero para acometer operaciones consideradas muy rentables. En otras, promotores y/o propietarios presionan a los gobiernos locales para obtener beneficios de recalificaciones del suelo, para que se agilice la gestión de un plan o para que se firmen convenios urbanísticos que deriven en un lucro importante. Los constructores son una parte fundamental de la dinámica de transformación del suelo con fines residenciales; deben optimizar la gestión de los materiales y de la fuerza laboral, y es frecuente que las empresas de la construcción formen importantes alianzas con las promotoras para mejorar los resultados de una obra (y conjuntamente presionen a la administración local para llegar a condiciones más ventajosas del emprendimiento o simplemente la relajación de determinados controles). El papel de comercialización y contacto directo con los compradores corresponde a las agencias inmobiliarias, muchas veces una parte de la promotora y con fuertes vinculaciones con determinados bancos o cajas de ahorro, que aportan capital para que todas las fases del proceso puedan realizarse. Como se ha demostrado, estas entidades financieras han jugado un papel fundamental en la burbuja inmobiliaria española (también en la estadounidense, irlandesa, etc.) que se fue incrementando hasta 2008: a veces eran propietarias del suelo, animaron y respaldaron la actuación poco controlada de los promotores, financiaron a las empresas de construcción y concedían créditos hipotecarios aparentemente favorables a los compradores. Al final, una actuación poco controlada y marcadamente especulativa ha llevado en nuestro país a una grave crisis de la vivienda, al endeudamiento masivo de decenas de miles de familias y a la quiebra de algunas entidades financieras. Por lo tanto, la función supervisora de la administración resulta clave para frenar los excesos del mercado urbanístico y para enfriar unos precios de la vivienda muy influenciables por dinámicas especulativas, derivadas de la consideración del suelo como un valor de cambio, que no cuesta en función de lo que produce,
sino de las expectativas de revalorización que el Plan le ofrece. La administración municipal es la más próxima a este proceso, la que lo conoce mejor, y también puede gestionarlo de una manera más correcta y eficaz. Sin embargo, constituye una instancia de poder más débil y sometida a presiones, que pueden derivar en numerosos casos de corrupción urbanística. La tutela sobre la legalidad y gestión de los planes la efectúa la administración autonómica en España, provincial, regional o estatal en otras naciones. Se trata de una instancia con más independencia, si bien en ocasiones bastante frecuentes ha favorecido políticas de liberalización constructiva que terminan conduciendo al incremento especulativo de los precios. Por último, la administración central de los países suele realizar un control muy laxo de todo el proceso, aunque trata de establecer un seguimiento de las repercusiones que el mercado de la vivienda tiene sobre la economía nacional y diseña las normas-marco de intervención pública para garantizar el derecho a una residencia digna y asequible. El conjunto de agentes implicados en el mercado de la vivienda y, por extensión, en el fenómeno urbanizador, coincide al estar interesado en el continuo y rápido aumento del espacio edificado. Los actores privados con la expectativa de mejorar su negocio y las administraciones públicas (en especial las municipales) porque así recaudarán más. Este proceso puede descontrolarse y, como se ha apuntado, provocar graves crisis, con lo que la sobreproducción o la retención de suelo y alojamientos desde la oferta debe ser controlado en todo caso desde instancias públicas. No obstante, si cambiamos de enfoque, algunos representantes de la Geografía social alemana nos llamaban la atención hace años sobre la tendencia a la ampliación de la superficie de vivienda que le corresponde a cada habitante en las sociedades contemporáneas (Maier, Paesler, Ruppert y Schaffer, 1987), aunque la demanda de confort no afecte por igual a todos los espacios. En este sentido, también se observa el aumento de la adquisición o el alquiler de segundas residencias para el período vacacional o el disfrute del tiempo libre. Según se interpreta, este proceso se debe al incremento general del nivel de rentas y a la vinculación cada vez menor de las personas a un espacio de asentamiento estrechamente limitado (Maier, Paesler, Ruppert y Schaffer, 1987); se vive en una ciudad, pero se desea escapar cada cierto tiempo a un pequeño pueblo o a una playa urbanizada. Esta constatación real, unida al permanente deseo de urbanizar y hacer negocio de promotoras, bancos y constructoras se ha traducido en fenómenos amplios de artificialización del territorio, notables en todo el litoral mediterráneo y otras áreas costeras, que crean ciudades lineales continuas caracterizadas por una muy desigual ocupación a lo largo del año. En estos casos, el comentado derecho al alojamiento se sustituye por la edificación desaforada de residencias con un gran costo ambiental, paisajístico y de energía, que solo se utilizan esporádicamente o por breves períodos de tiempo.
La demanda de vivienda presenta una serie de características culturales, incluso psicológicas, que complementan a las socioeconómicas o condicionadas por la colectividad de origen que analizamos en el apartado anterior. Así, numerosos autores coinciden en afirmar que las elecciones residenciales no se producen solo por racionalidad económica o por el deseo de integrarse en un grupo de pertenencia. De hecho, en los países desarrollados se ha comprobado que la lectura de la me-
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trópoli contemporánea está asociada a la difusión de la propiedad y la expansión urbana se vincula a la misma (Cortés, 1995; Bonvalet y Dureau, 2000). El objetivo de convertirse en propietario del alojamiento propio es el horizonte de casi todos los hogares. El desarrollo de una carrera residencial es, ante todo, un hecho de representación social. La propiedad confiere una posición visual o de localización y, por esto, social que el estatus profesional no permite adquirir al no ser en muchos casos reconocible a primera vista. La vivienda propia es un signo de ascensión social y, de este modo, la trayectoria residencial que comienza por el ejercicio de la propiedad es siempre considerado una progresión (Bonvalet y Dureau, 2000). La propiedad aporta la seguridad presente y del porvenir, para el hogar propio y para los miembros de la familia extensa (Bonvalet y Dureau, 2000). Como se afirma en una monografía española sobre el tema, ser propietario de viviendas es para las instituciones financieras un seguro de solvencia económica (Cortés, 1995). Este espíritu se resume en un anuncio publicitario también citado por L. Cortés, «si se tiene una casa lo tendrá todo», con una formulación que no solo refleja seguridad de futuro frente a una crisis, sino que expresa una aspiración muy mayoritariamente compartida en nuestra sociedad (Cortés, 1995). Como muestran todas las estadísticas, la mayoría de los hogares son propietarios de su vivienda tanto en España como en Europa y América del Norte. Sin duda, la justificación de la propiedad como mejor sistema de acceso a la vivienda es uno de los objetivos de la ideología residencial dominante hoy en día (Cortés, 1995), y así la situación residencial deseada es la propiedad de la vivienda. En primer lugar, a este régimen de tenencia se le atribuye un nivel elevado de rentabilidad económica, muy superior al que representa vivir de alquiler. Así, es curioso observar como una operación de compra se valora desde una perspectiva general, que supera a los simples cálculos monetarios. La propiedad de la vivienda asocia conjuntamente características como la citada de rentabilidad de la inversión, estatus social, protección económica y apuesta futuro (Cortés, 195). Por su parte, el discurso del inquilino alquilado, salvo determinadas excepciones, considera su situación como algo transitorio. Si se vive en alquiler es porque no ha quedado más remedio al no disponerse de ahorros o bien debido a que no se tenían los suficientes para acceder a la vivienda deseada (Cortés, 1995). En todo caso, nos estamos refiriendo a tendencias generales, que no permiten valorar lo dominante como único (puede haber personas con alto nivel económico que por su elevada movilidad residencial no quieren acceder a la vivienda en propiedad; dueños de su casa que prefieren compartirla con otros, para hacer frente a sus necesidades básicas, como en el ejemplo proporcionado por bastantes personas mayores que viven de una modesta pensión, etc.).
Desde un punto de vista diferente, escoger un lugar de residencia es optar por una determinada relación con la ciudad o la metrópoli. Las viviendas son céntricas o periféricas en distinta medida. Por este motivo, los recursos metropolitanos son desigualmente accesibles según la localización para una categoría social dada. Elegir un lugar de residencia es también decantarse por entrar en un entorno ambiental inmediato: un ambiente físico (condiciones naturales, formas urbanas), pero también un entorno social (las comentadas afinidad de grupo, socioeconómica, búsqueda de promoción individual, de seguridad del hogar, de reagrupamiento familiar, etc.) (Bonvalet y Dureau, 2000). De hecho, se afirma que este
amplio conjunto de condicionantes y estrategias de relación permite comprender mejor las trayectorias residenciales a lo largo de una vida o de varias generaciones (Bonvalet y Dureau, 2000). En definitiva, se trata de variables que nos permiten explicar procesos dominados por el fetichismo de la propiedad, que tiene un escenario privilegiado en el mundo de la vivienda y la privacidad, donde la ideología dominante trata de imponer la visión de que teniendo una casa somos libres (Cortés, 1995).
Algunos autores han insistido en recordarnos que la vivienda es algo privado, suave, cálido y personal. La gente necesita influir en su ambiente inmediato, de acuerdo con sus cambiantes necesidades e intereses (Pfeiffer, 1990). Si introducimos una lógica de interpretación histórica a estas ideas sobre habitabilidad urbana, mercado e ideología de la vivienda, debemos recordar que mientras en la ciudad tradicional, el barrio era visto como un microcosmos que reproducía el carácter de la urbe en su conjunto, el barrio urbanizado del presente suele corresponderse con la concentración de una categoría socioprofesional o étnica reagrupada de forma dominante. Así, conforme se afirmaba la época contemporánea se han tipificado barrios obreros, burgueses, de profesionales liberales, de extranjeros, etc. (Remy y Voyé, 1992). Como sucede con la vivienda, esta elección de una localización sobre otra depende del atractivo que ejerce el barrio a partir de una combinación de características evaluadas positivamente: espacio, carácter soleado, accesibilidad, calma, etc. Si las mismas varían en función de la edad, la etapa del ciclo familiar, la profesión y la moda, es preciso recordar una vez más que la posibilidad de escoger no es igual para todos: solo los grupos dominantes poseen una capacidad real de elección, los restantes están constreñidos a vivir en el espacio que queda vacante (Remy y Voyé, 1992).
Después de estudiar el mercado de la vivienda a partir de la oferta, de los mecanismos de regulación de la misma, de la demanda y de las ideologías de la propiedad/posesión de un alojamiento propio, ahora nos corresponde referirnos a las disfunciones que una sociedad internamente desigual expresa en la cuestión del alojamiento. Unas desigualdades que se aprecian tanto en las grandes ciudades y metrópolis del mundo desarrollado como en las urbes de los países del Sur. Para iniciar este breve análisis se puede partir del título de un epígrafe del libro de R. Guglielmo tantas veces citado: «habitantes sin alojamiento y alojamientos sin habitantes» (Guglielmo, 1996). Esto es, habrá que analizar a los excluidos de un alojamiento digno en las ciudades de los cinco continentes, pues el fenómeno de los sin techo se extiende de América del Norte a las naciones africanas o asiáticas. En la situación opuesta, ya nos hemos extendido al referirnos a la producción y compra de segundas residencias, también a la retención de viviendas abandonadas con fines de alquiler o de simple especulación. En concreto, entre todos los factores considerados en el tema de la habitabilidad urbana, la desocupación de inmuebles enteros juega un papel importante. A este respecto, el mismo autor señala que la especulación de la propiedad va en contra del carácter social del derecho al alojamiento (Guglielmo, 1996). Por lo tanto, también en estas situaciones se requiere la intervención de los gobiernos aplicando medidas coercitivas para poner en el mercado de alquiler casas y viviendas vacías, para elevar su fiscalidad, para favorecer la rehabilitación de edificios degradados a cambio de un futuro uso residencial e in-
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FIGURA 34.—Tipos de alojamiento en la sociedad post-industrial según A. R. Veness (1992)
Fuente: Pacione,2005.
cluso para intervenir recurriendo a mecanismos de expropiación cuando la gravedad de ciertas situaciones así lo requiere (véase figura núm. 34).
En cuanto a la situación opuesta, la correspondiente a personas y hogares que carecen de un espacio residencial mínimamente digno, nos encontramos ante dos posibilidades. La primera, extendida por todo el mundo, aunque mucho más generalizada en los países del Sur, es la existencia de barrios de chabolas, bidonvilles, favelas, ranchitos y otras formas de infravivienda (Zoido, De la Vega, Morales, Mas y Lois, 2000). Como se ha afirmado muchas veces, estas áreas son el resultado del asentamiento de amplios contingentes de población recién llegada en los márgenes o en sectores vacíos de la ciudad. Las chabolas o bidonvilles se definen como espacios intersticiales entre dos universos: uno rural, y en menor medida, urbano de procedencia, con el cual las gentes que aquí residen mantienen lazos; otro ciudadano, donde se procura una adaptación, una infiltración (Remy y Voyé, 1992). Estos espacios de infravivienda expresan casi siempre una fuerte cohesión interna, grupal o de vecindario, y se extienden por terrenos que han sido bien directamente ocupados, bien arrendados o comprados a un propietario o bien liberados al realizarse una importante remodelación urbana u obra pública. Los sectores de infravivienda son muy importantes en las ciudades de los países pobres y en ocasiones llegan a suponer el espacio de residencia de la mayoría de la población (como en Caracas donde los sectores de ranchitos albergan al 50-55 por 100 del total de habitantes). Esto no excluye que en sociedades desarrolladas no aparezcan fenómenos de chabolismo como en España, Italia o Portugal, por citar ejemplos próximos, aunque la expansión de los mismos esté muy limitada y se implementen programas de desmantelamiento de las barracas que han ido surgiendo. En un plano general, las poblaciones de infraviviendas pueden vivir cotidianamente en las proximidades de los barrios más ricos, sin que esto provoque (al margen de momentos específicos de revuelta) un sentimiento de injusticia, o en sectores periféricos de deficiente accesibilidad. Estas situaciones se extienden por todo el mundo, aunque son características de las ciudades latinoamericanas, del sur de Asia y de África.
Por lo que respecta al mundo desarrollado, desde hace algunos decenios se observa la generalización de modos de vida alternativos en el medio urbano. Entre los mismos la ocupación de vivienda y casas deshabitadas por grupos relativamente numerosos (cuyos miembros se denominan okupas o squatters) y, en otros casos, la conformación de comunas, basadas en sistemas alternativos de hogar, modo de vida y actividades económicas más características, que a veces se vinculan a la ocupación, mientras que en ocasiones se pueden desarrollar en inmuebles cedidos, alquilados o en propiedad. Finalmente, las ciudades de Europa y América del Norte no escapan a la proliferación del fenómeno de los sin techo, homelessness según su denominación en inglés. Normalmente este colectivo nos muestra de forma visual la gravedad de los procesos de exclusión de las sociedades opulentas. Entre las personas con riesgo a convertirse en sin techo están los desempleados de larga duración, individuos desarraigados o con problemas de alcoholismo, mayores solitarios, jóvenes huidos, mujeres maltratadas, inmigrantes y refugiados, y enfermos mentales no atendidos (Pacione, 2005). Aunque la realidad del homeless es visible claramente, no constituye ya una noticia para otros
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ciudadanos. Así, los sin techo invisibles hacen frente día a día al reto del alojamiento temporal en albergues, pensiones y, en su condición de acogidos, con amigos y parientes (Pacione, 2005).
Para finalizar el apartado vamos a abordar una cuestión diferente, la existencia de densidades urbanas contrastadas entre las ciudades de los países desarrollados y pobres, y dentro de los primeros entre sectores compactos y con elevada ocupación y otros donde las mejoras en la accesibilidad han hecho posible la generalización de la vivienda unifamiliar asociada a un modo de vida característico. Por lo que se refiere a densidades de ocupación, se ha comprobado que son superiores en las metrópolis del Sur que en Europa, América del Norte y Japón. De hecho, a nivel de grandes áreas metropolitanas, las situadas en América Latina, África y Asia contabilizan densidades medias que se sitúan por encima de los 10.000, incluso los 15.000 hab./km2, en ejemplos como Bombay, Shanghái, Manila, Delhi, etc., o Bangkok que alcanza los 30.000 hab./km2 y El Cairo los 32.000, como una expresión de hasta dónde puede llegar el grado de ocupación del espacio urbano (Guglielmo, 1996). En contraste, las metrópolis del Norte habitualmente no sobrepasan los 5.000 hab./km2, como sucede en Los Ángeles, Montreal, Londres, Madrid y Berlín, entre otras. En algunos casos, este umbral puede ser superado, pero con valores relativamente moderados como Moscú (en torno a 8.000 hab./km2) y Nueva York (más de 9.000 hab./km2). La única excepción a esta regla se plantea en algunas ciudades japonesas, como es el caso de Tokio que llega a alcanzar los 15.000 hab/km2 (Guglielmo, 1996), en un contexto de enorme fragmentación de las unidades residenciales.
Estos valores de densidad son importantes porque traducen en grandes metrópolis de todo el mundo las condiciones del hábitat, mucho menos satisfactorias en el Sur que en el Norte (Guglielmo, 1996). En los espacios urbanos de los países más desarrollados el número de personas por alojamiento oscila entre dos y tres, con una tendencia a la disminución en épocas recientes. Esto sucede en Nueva York, Los Ángeles, París o Tokio, donde se dispone de series estadísticas que facilitan la consulta de este dato. Por el contrario, en Buenos Aires este indicador es aproximadamente de 3,5, en Sao Paulo de 4 y en las principales metrópolis asiáticas se rebasa el promedio de 5 individuos de media por hogar. Además, en los países pobres estos valores ocultan la brecha que separa al hábitat de los grupos más pudientes y el de los desfavorecidos, una porción mayoritaria del efectivo humano. Los primeros residen en grandes villas rodeadas de espacios verdes o en lujosos apartamentos situados en torres que cuentan con medidas de protección frente al exterior, mientras que una cifra que oscila entre el 30 por 100 y el 60 por 100 de la población (porcentaje variable según los casos), reside en un hábitat informal periférico, de chabolas, ranchitos o bidonvilles, donde las condiciones de alojamiento son deplorables (Guglielmo, 1996). Frente a esta situación que tiende a perdurar en las ciudades del Sur (únicamente se puede aludir a una reducción o mejora del nivel de vida en los barrios de infravivienda cuando la economía nacional ha encadenado un quinquenio de crecimiento, como en Brasil, China, India y otros emergentes), en las grandes urbes de América del Norte y Europa se observa una tendencia a la disminución de densidades por la mejora de los sistemas de transporte. De hecho, los niveles de ocupación más bajos se encuentran en aque-
llas áreas donde el automóvil se ha generalizado como modo de transporte mayoritario en los desplazamientos cotidianos (Chenu, 1996; Berroir, 1996). Esto sucede sobre todo en América del Norte, con ejemplos destacados de ciudades que ocupan cientos de kilómetros cuadrados de baja densidad, en barrios y comunidades bien individualizadas e independientes (Davies y Herbert, 1993), como es el modelo de Los Ángeles, Phoenix o Calgary, por citar tres ejemplos destacados de este proceso.
Por lo que se refiere más en concreto a la metrópoli europea y, por consiguiente, a España, algunas obras han establecido la distinción entre la ciudad doméstica (que incluye las urbanizaciones, las viviendas unifamiliares, los pareados y adosados de la periferia) y la ciudad pública (espacios urbanos planificados con edificios de varias plantas, que de alguna manera responden a los principios formulados por el funcionalismo y el movimiento moderno en la arquitectura) (Oliva, 2001). En principio, la ciudad pública concede la máxima importancia al urbanismo, de forma que la arquitectura se ha de supeditar a sus intereses superiores. La ciudad doméstica, en cambio, prioriza el objeto arquitectónico y se la podría denominar la «ciudad de la arquitectura». En la ciudad pública, a la lógica privacidad del alojamiento se une la posibilidad de formar parte de la colectividad urbana. El ciudadano como tal se siente involucrado mentalmente en la urbe y, por eso, hace uso del espacio público; es decir, tiene voluntad de apropiárselo para sus fines (Oliva, 2001). Por el contrario, la ciudad doméstica pone el énfasis en el alojamiento como el santuario de la familia y deja en un segundo plano la vertiente pública (Oliva, 2001). La densidad más elevada favorece el contacto social, algo que se observa sin dificultad en los países con clima benigno. A un cierto grado de sociabilidad se le superpone la necesaria solidaridad y ayuda mutua. Por su parte, la ciudad doméstica de grandes conjuntos residenciales de la periferia (diseñados a imitación de las suburb areas de Norteamérica), expresa un debilitamiento de los lazos y contactos sociales, y la hegemonía del individualismo (Oliva, 2001). Se vive en un cómodo hogar y los intercambios con personas del entorno se moderan y, sobre todo, la utilización de espacios externos de disfrute colectivo (plazas públicas, bares, ejes peatonales, etc.) se debilita mucho. Como nos recuerda F. Muñoz, desde la década de los 1980 buena parte de la expansión de las ciudades y sectores metropolitanos españoles se ha realizado a través de la ciudad de baja densidad (Muñoz, 2007). La misma se ha afirmado como la tipología hegemónica del crecimiento urbano en términos de consumo del territorio y de generación de dinámicas de urbanismo insostenible. Se ha producido la emergencia de un conjunto de territorios de segunda o tercera corona metropolitana definidas por la expansión de la residencia unifamiliar y el uso del suelo que la acompaña (Muñoz, 2007). Este proceso estructural de cambio en el territorio urbanizado ha tenido como consecuencia una especialización del trabajo residencial. Las promociones de casas aisladas y adosadas no solo han colonizado el espacio de los municipios que rodean a la ciudad central, sino que también se han multiplicado en los bordes de las urbes en función de una serie de requisitos: mayor accesibilidad y entornos de buena calidad (en términos de disponibilidad de áreas libres y proximidad a zonas naturales, o no tan urbanizadas) (Muñoz, 2007). En el contexto de las metrópolis mediterráneas, estas nuevas áreas residenciales
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suponen un tipo de urbanización mucho más insostenible que el modelo de urbe densa y compacta al que se presentan como alternativa. Las mismas utilizan mucho terreno, implican un consumo de energía superior, imponen amplias alteraciones paisajísticas, y un encarecimiento general de los costes de urbanización (abastecimiento de agua, red de alcantarillado, servicios de transporte escolar, etc.). Además, estas promociones de casas aisladas y adosadas acogen a un tipo de población muy específico: hogares integrados por un perfil común en cuanto a niveles de instrucción, hábitos de consumo y estilos de vida (Muñoz, 2007). Esta falta de diversidad implica un cambio muy profundo en cuanto a los atributos que históricamente han caracterizado a las ciudades europeas y mediterráneas compactas. En definitiva, nos encontramos ante un nuevo espacio metropolitano habitado por igual (en apariencia), vivido de forma similar independientemente del territorio de residencia (Muñoz, 2007).
Sin duda, los últimos treinta años han reintroducido con intensidad el debate sobre habitabilidad y densidades urbanas en los países desarrollados. Esta dinámica es una respuesta a la proliferación de la ciudad difusa de viviendas unifamiliares. Las mismas se han convertido en hegemónicas en Norteamérica y han alcanzado un importante protagonismo en toda Europa. Su expansión obedece a la generalización del coche particular como modo dominante de desplazamiento en la ciudad y el espacio metropolitano. Los automóviles facilitan la dispersión y la baja densidad residencial necesita coches (Salingaros, 2007). Esta máquina imprescindible para la ampliación de las periferias derrocha cantidades incalculables de tiempo y de recursos, y tiende a atrapar a aquellas personas que no disponen de vehículo individual. Como corrobora una amplia mayoría de expertos, la urbe de principios del siglo XXI tiende a generar enormes impactos ecológicos en los supuestos de crecimiento ampliado de la baja densidad residencial y de conformación de megaciudades desarrolladas en altura, mientras que urbe compacta clásica con unos máximos controlados de ocupación se sigue afirmando como el ejemplo de ciudad o metrópoli más sostenible.
3.6. TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA
Toda esa parte del presente libro consagrado a los espacios urbanos se centra en el análisis de las dinámicas que se desarrollan en la ciudad y sus periferias, aquellos procesos directamente relacionados con la existencia y características de estos grandes núcleos de población y actividad económica. Por eso, y como se nos recordaba hace años, en muy distintos lugares los transportes constituyen un elemento esencial de la ciudad, ya que: aseguran los flujos de personas y mercancías entre sus diferentes áreas, constituyen un uso del suelo importante; hacen posible el desenvolvimiento de funciones urbanas; contribuyen a la configuración de la forma de la ciudad y su modelo de crecimiento, y condicionan los comportamientos cotidianos, como viajes a tiendas, visitas a centros de salud, educativos o de diversión, entre otros (Zárate, 1991). Existe una relación directa entre eficacia en el funcionamiento de las ciudades, capacidad y eficiencia de los sistemas y redes de transporte. Los mismos se presentan estrechamente vinculados tanto con la morfología de