22 de noviembre de 2024
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Sirviendo a los Católicos Hispanos de la Diócesis de Jackson desde 1997
Obispos estadounidenses: ‘Nos solidarizamos firmemente’ con los inmigrantes Por Gina Christian
(OSV News) – Tres obispos católicos de EE.UU. emitieron el 14 de noviembre una declaración de preocupación pastoral en la que se comprometen a apoyar a los inmigrantes. “Obligados por el Evangelio de Jesucristo y reconociendo la dignidad inherente de cada persona como hijo de Dios, nos solidarizamos firmemente con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que viven y trabajan en los Estados Unidos”, escribió el arzobispo Timothy P. Broglio de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos, quien es el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.; Mons. Mark J. Seitz, obispo de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.; y Mons. Jaime Soto, obispo de Sacramento, presidente del consejo de Catholic Legal Immigration Network Inc. Conocida como CLINIC, la red es una organización sin ánimo de lucro con sede en Maryland que ofrece defensa, formación y apoyo a más de Miembros del Sínodo de los Obispos se reúnen con el Papa Francisco para una vigilia ecuménica con los par400 proveedores de servicios jurídicos ticipantes en el Sínodo de los Obispos el 11 de octubre de 2024, en la Plaza de los Protomártires Romanos del católicos y comunitarios en materia de
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Vaticano. La plaza, justo al sur de la Basílica de San Pedro, es el lugar donde San Pedro y otros cristianos fueron martirizados en el siglo I bajo el emperador Nerón. (Foto CNS/Lola Gómez)
Juez federal anula el programa de Biden que protegía de la deportación a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses Por Kate Scanlon
(OSV News) – Un juez federal de Texas anuló el 7 de noviembre un programa de la administración Biden para proteger de la deportación y ofrecer una vía hacia la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que viven en el país y están casados con ciudadanos estadounidenses. El programa, conocido como “Keeping Families Together” (Manteniendo a las Familias Unidas) – que buscaba permitir a los cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia legal permanente sin tener que salir primero de EE.UU. –, fue impugnado por 16 estados liderados por republicanos que presentaron una demanda después de que se pusieran a disposición las solicitudes en agosto. En ese momento, un juez dejó en suspenso el programa. “Lamentablemente, esta decisión judicial probablemente pondrá fin al programa, ya que Trump lo dará por terminado al asumir el cargo”, dijo a OSV News J. Kevin Appleby, investigador principal de política en el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York y ex director de política migratoria de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB). “En su lugar, su administración comenzará a deportar exactamente a las mismas familias, separando a los niños que sean ciudadanos estadounidenses de sus padres”, dijo Appleby. “Esperemos que los defensores católicos, incluidos los obispos estadounidenses, no se detengan en su oposición a los planes de deportación masiva y anti-asilo de Trump. La historia marcará cómo la iglesia en Estados Unidos defiende los derechos de los migrantes en los próximos años”. Según los términos del programa, los solicitantes deben haber residido en EE.UU. durante 10 años o más y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense. A las personas aprobadas por el Departamento de Seguridad Na-
cional se les habría permitido permanecer en EE.UU. durante un periodo de tres años para solicitar la residencia permanente. En junio, la Casa Blanca había dicho que el programa beneficiaría a “aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a unos 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años con progenitores casados con ciudadanos estadounidenses”. Pero el juez J. Campbell Barker, de la corte de EE.UU. para el Distrito Este de Texas, quien anteriormente había bloqueado temporalmente el programa, lo anuló el 7 de noviembre, argumentando que la administración se excedió en su autoridad al crear dicho programa. Hubiera sido improbable que el programa siguiera en vigor una vez que el presidente electo Donald Trump tome posesión de la presidencia en enero. Andrew Bailey, fiscal general de Misuri, uno de los estados que se unieron a la demanda contra el programa, dijo en un mensaje en X (antes Twitter): “El tribunal acaba de acceder a nuestra petición de anular el programa ilegal de libertad condicional de la administración Biden-Harris, que permite a los extranjeros ilegales permanecer en nuestro país después de haber cruzado la frontera. Una gran victoria para el estado de derecho”. FWD.us, un grupo de defensa de la reforma de la inmigración y la justicia penal, dijo en un post en X que estaba “profundamente decepcionado” por el fallo, argumentando que el programa representaba “un salvavidas para cientos de miles de familias estadounidenses que necesitan desesperadamente protección para no ser separadas por nuestro fallido sistema de inmigración”. Anteriormente, el obispo de El Paso, Texas, Mark J. Seitz, presidente del
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