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Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana Cocolos en San Pedro de Macorís y La Romana 1870-1950

Rafael Jarvis Luis

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana Cocolos en San Pedro de Macorís y La Romana 1870-1950

Santo Domingo, República Dominicana 2024

Primera edición, 2024 © Rafael Jarvis Luis De la presente edición © Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, 2024 C/ Manuel Rodríguez Objío, núm. 12 Gazcue, Santo Domingo República Dominicana Tel.: +1809-412-0666 Correo electrónico: info@inm.gob.do Sitio web: www.inm.gob.do ISBN impreso: 978-9945-634-32-7 ISBN online: 978-9945-634-33-4 Corrección de estilo: Daniel García Diseño y diagramación: Eric Simó Diseño de cubierta: Melissa Moquete Imagen de cubierta: detalle de foto del British West Indian Community Centre nro. 2, de San Pedro de Macorís tomada en 1943, retocada digitalmente por Randy Mendoza Sánchez. Fuente: FO 371/38252 Impresión: FR Multiservicios, SRL Santo Domingo, República Dominicana, 2024

A mi padre Raymond Jarvis, inmigrante. A mi madre Ofelia Juana Luis, hija de inmigrantes.

CONTENIDO Agradecimientos...................................................................... 15 Prólogo. Humberto García Muñiz............................................ 21 Introducción.............................................................................. 33 Situación social en el Sotavento y Barlovento caribeño británico..................................................................... 41 Industria azucarera.............................................................. 44 Condiciones del bienestar................................................... 60 Emigración como solución.................................................. 77 Políticas de colonización e inmigración: factores externos e internos.................................................... 95 La economía dominicana.................................................... 97 Propuestas estatales en torno a la inmigración............. 132 Propuestas privadas en la promoción de la inmigración................................................................ 176 Reacciones a los proyectos de inmigración.................... 194 Inmigrantes de las Antillas británicas a la República Dominicana...................................................... 205 Flujo migratorio y reglamentaciones.............................. 205 Origen y destino de los migrantes antillanos británicos............................................................................. 230 Perfil sociodemográfico de los migrantes....................... 261

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Reacciones del Estado y particulares ante la presencia de los inmigrantes antillanos británicos....... 275 Los inmigrantes antillanos británicos en la industria azucarera de San Pedro de Macorís y La Romana............ 301 La industria azucarera....................................................... 301 Condiciones laborales, jornada, sistema de pago y tiempo muerto.................................................. 318 Reclamaciones y acciones reivindicativas...................... 327 Protección consular a los inmigrantes antillanos británicos............................................................................. 354 Organización social y vida cotidiana de los inmigrantes antillanos británicos......................................... 385 Formas de organización: Logias, iglesias y sociedades de socorro mutuo........................................ 387 Inserción, integración y asimilación de los inmigrantes antillanos británicos en las sociedades estudiadas....................................................... 409 Conclusiones........................................................................... 421 Anexos..................................................................................... 431 Bibliografía ............................................................................. 459 Índice onomástico.................................................................. 521

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1. Precios de productos de consumo en St. Kitts en 1917........58 Tabla 1.2. Censos en St. Kitts, Nevis y Anguila......................................90 Tabla 2.1. Residentes extranjeros en Puerto Plata, 1871......................138 Tabla 3.1. Personas afectadas por el cobro de impuestos de inmigración en 1933..................................223 Tabla 3.2. Tiempo de permanencia en el país de inmigrantes antillanos británicos....................................224 Tabla 3. 3. Puestos afectados en el Central Romana, por la ley de dominicanización del trabajo en 1934...........226 Tabla 3.4. Lugares donde radicaban los inmigrantes antillanos británicos en 1920...........................234 Tabla 3.5. Exportaciones e importaciones de productos y sus valores RD$....................................................................241 11

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Tabla 3.6. Población de inmigrantes antillanos británicos en San Pedro de Macorís y La Romana, 1920.....................263 Tabla 3.7. Inmigrantes antillanos británicos por sexo en la zona urbana de La Romana, 1920................................264 Tabla 3.8. Estado civil de los inmigrantes antillanos británicos masculinos residentes en La Romana en 1920....................265 Tabla 3.9. Estado civil de las inmigrantes antillanas británicas en La Romana en 1920............................................................266 Tabla 3.10. Inmigrantes antillanos británicos masculinos en La Romana que saben o no leer en 1920........................266 Tabla 3.11. Inmigrantes antillanas británicas femeninas en La Romana que saben o no leer en 1920.........................267 Tabla 3.12. Oficios de los inmigrantes antillanos británicos por islas en La Romana en 1920............................................268 Tabla 3.13. Oficios de las inmigrantes antillanas británicas por islas de origen en La Romana en 1920..........................269 Tabla 3.14. Edades de la población de inmigrantes antillanos británicos en San Pedro de Macorís y La Romana en 1941......................................................................................270

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Tabla 3.15. Estado civil de inmigrantes antillanos británicos en 1941......................................................................................271 Tabla 3.16. Oficios que realizaban los inmigrantes antillanos británicos en 1941..................................................272 Tabla 3.17. Lugar de procedencia de inmigrantes antillanos británicos en 1941..................................................274 Tabla 4.1. Productos de consumo masivo y sus precios en 1949.......323 Tabla 4.2. Personas afectadas por la Ley de Dominicanización del trabajo en el Central Romana en 1934...........................325 Tabla 4.3. Tarifas aéreas desde Santo Domingo a posesiones británicas caribeñas.........................................353 Tabla 5.1. Sociedades de inmigrantes en la provincia de San Pedro de Macorís .......................................................406 Tabla 5.2. Sociedades de inmigrantes en la ciudad de La Romana...408

AGRADECIMIENTOS

Al doctor Emilio Cordero Michel, quien, desde la Academia Dominicana de la Historia, en su función de presidente, me situó en el trayecto de los estudios doctorales que concluyeron con una versión de este trabajo. También por el fraternal gesto de desprenderse de valiosas informaciones que resultaron útiles para esta investigación. De igual modo, al doctor Frank Moya Pons, al licenciado Bernardo Vega Boyrie y a la doctora Mu Kien Adriana Sang Ben, quienes desde la presidencia de la institución antes mencionada mostraron confianza y brindaron su apoyo para hacer posible la finalización del proceso iniciado con el viaje a Sevilla, España, y la estadía de investigación que realicé en Londres. Al doctor Juan Marchena Fernández, director del máster y del doctorado «Historia y estudios humanísticos: Europa, América, arte y lenguas» de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), por haberme manifestado su consideración y estima al invitarme a Granada para recibir el Premio a la Calidad en su sexta versión, otorgado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado al programa del doctorado y máster «Historia de América (mundos indígenas)» en marzo de 2012. Este sentimiento fue reiterado después de finalizado el curso con las atenciones de las diferentes consultas e intervenciones que me favorecieron.

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A la Junta de Andalucía y a la Universidad Pablo de Olavide, a través del doctor Justo Cuño Bonito, coordinador del postgrado oficial Área de Historia de América, persona de elevada calidad humana, por abrir sus aulas. De igual manera, a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, centro donde trabajo, por las facilidades recibidas. Al doctor José María Miura Andrade, quien con sus pertinentes interrogantes me hizo reflexionar en varias direcciones sobre el tema estudiado, y al doctor Francisco Antonio Rubio Durán, por sus observaciones, que me motivaron a ampliar los temas en otros importantes aspectos. Asimismo, al profesor Tristán Platt, que manifestó su interés cuando fue necesario realizar el viaje al Reino Unido para consultar fuentes en ese país. A la Academia Dominicana de la Historia, presidida en ese momento por el licenciado Bernardo Vega, y al licenciado Manuel A. García Arévalo, por el apoyo material que permitió hacer realidad el viaje a Londres. Una importante colaboración la facilitaron mi amigo y condiscípulo en otro máster, el licenciado Miguel de Camps Jiménez, y los esposos Josefina y Peter John Davis, que residen en la capital del Reino Unido. A la doctora Linda Newson, directora del Institute for Latin American Studies, donde realicé la estadía académica de varios meses. En especial la acogida del personal administrativo de este instituto, integrado por Alegría Pérez, Olga Jiménez y Christine Anderson, bibliotecaria en el Senate House, que puso a mi alcance todo el material solicitado, al igual que lo hizo el personal del National Archives y de la British Library. A los esposos y académicos Ramses y Carmen Perea-Gohar, a los que traté y tuve la oportunidad de conocer en Kew Gardens, Londres, y con quienes pude comprender algunos aspectos de la dinámica del imperio británico y de la

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administración británica durante el periodo estudiado. En ese último tema resultaron útiles las conversaciones con la colega Grace Livingstone, a la que conocí en el National Archives y con quien, de conversar con ella, pude entender la pauta de la administración imperial británica con respecto a sus colonias. Al embajador Federico Cuello por su cálida acogida y a la doctora Aralis Rodríguez, de la delegación diplomática dominicana en Londres, por acompañarme durante la visita a la embajada de Antigua, donde obtuve valiosas informaciones de esa isla caribeña. A las distintas personas que intervinieron en la continuidad del trabajo: la profesora del programa, doctora Alexandra Pelúcia, del Centro de Historia de Além-Mar (CHAM), que compartió su experiencia en relación con su tesis doctoral; la doctora Claudia Rosas, que viabilizó el acceso a algunos textos que tenía la necesidad de consultar en la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú; la doctora Kathia Hanza Bacigalupo, su directora, por hacerlo posible; mis compañeros de estudios del doctorado, Andrés Morillo, Paulo César López Romero, Edgar Rey Sinning, Héctor Grenni, Daly Ntsame Ondo, Natalia González Tejera y Quisqueya Lora, a todos los cuales en algún momento los consulté. También reflexioné sobre algunos temas de la investigación con el buen amigo Oscar Mota. A los especialistas del Archivo General de la Nación, Raylin Calvo y Teany Villalona, que me orientaron acerca de los fondos depositados allí. Andrea Guerrero Mosquera, compañera del doctorado, que me ayudó con la localización de artículos en repositorios de difícil acceso fuera del país, y a la licenciada Mercedes Morales que me facilitó un documento de mucha importancia de un archivo privado. La doctora Rosario Flores colaboró para establecer contacto con el Institute for Latin American Studies y tradujo las

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correspondencias del anexo. A mi amigo, el profesor Pedro Pereyra Rondón, que viajó en varias ocasiones desde La Romana hasta Santo Domingo para conversar sobre las informaciones relacionadas con las estadísticas. A Soraida Vásquez, Dinorah Pereyra y Roque Santos, compañeros de trabajo, que me ayudaron en la aclaración de alguna duda y en sugerir una pertinente bibliografía. Adalgisa Gómez tuvo la bondad de leer los borradores del trabajo. Igualmente, a Maritza Santana, que contribuyó con la tarea de organizar la bibliografía. En la redacción final, al escritor y amigo Avelino Stanley, quien aportó significativas indicaciones por sus conocimientos sobre el tema y realizó la corrección de estilo, lo cual hizo más entendible este trabajo. A la doctora Consuelo Naranjo Orovio, directora de la investigación, que estuvo presente durante el proceso antes descrito. Siempre fue consultada y en todo momento respondió con valiosas y oportunas sugerencias. Ella me transmitió confianza con sus consejos y orientaciones durante la elaboración de la investigación, sobre todo en momentos en que los temores, escollos e infortunios salieron a flote. Cualquier opinión favorable sobre el presente trabajo se debe, en gran medida, al acierto de sus orientaciones. A mi esposa, Milagros Huerta Sanabria, por su solidario apoyo a lo largo de esta investigación. Ella procesó gran parte de la información estadística y, gracias a su cuidado, la presentación final del texto fue mejorada. A mis hermanos Ramón Jarvis Luis y al doctor Fello Jarvis Luis, a los cuales consulté sobre aspectos de la convivencia con nuestros padres en el hogar y sus relaciones con los amigos procedentes del grupo de inmigrantes aquí estudiado que visitaban la casa. A todas aquellas personas que se interesaron por esta investigación, y me concedieron entrevistas o preguntaban

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por los avances y a quienes colaboraron como asistentes en algún tramo del trabajo. Se ha estudiado una variada colección de documentos extraídos de repositorios nacionales y extranjeros. En la República Dominicana, en el Archivo General de la Nación, fue consultado el fondo de Interior y Policía, las boletas de inmigración, la sección de Alcaldía del mismo fondo y los documentos del Ayuntamiento de La Romana. En el fondo documental de Agricultura fueron revisadas las memorias de la Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración y también las colecciones de periódicos. En la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña fue consultada la colección de leyes, decretos y resoluciones. En la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo examiné la Gaceta Oficial y en la biblioteca central de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, revisé varios números del periódico El Eco de la Opinión. En San Pedro de Macorís indagué en los archivos de la Iglesia Episcopal San Esteban y la Iglesia San Agustín y en el registro de membrecía de la Logia Experiencia. En La Romana realicé similar labor en las Iglesias Episcopal Todos los Santos y en la Moraviana. Fueron entrevistados dos inmigrantes que ingresaron en 1942 y también varias viudas de inmigrantes de las islas. En el National Archive de Londres tuve acceso a los informes enviados al Foreign Office por los cónsules del Reino Unido radicados en San Pedro de Macorís y La Romana, los documentos del Colonial Office y los debates parlamentarios. En la Universidad de Londres examiné la Official Gazette de St. Christopher and Nevis y la correspondiente a la isla de Antigua tanto en el Institute of Advanced Legal Studies Library como en la biblioteca del Senate House. En Lima recogí una importante bibliografía en la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

PRÓLOGO Por la caña, por la mar, por el raíl ondulante frío muchos quedaron atrapados. (Hubo un tiempo de Norberto James Rawlings)

A principios de los 90 nos encontrábamos en labores de investigación en el Archivo General de la Nación (AGN), pero era más el tiempo que pasábamos en tertulia en la escalera por la falta de electricidad generada por ITABO u otra generadora privada. Como era de esperar, éramos pocos, y los más asiduos Vetilio Alfau del Valle y Rafael Jarvis Luis. El primero, fiel heredero de un reconocido historiador, buscaba noticias para su sección «Al correr del siglo» en El Siglo y documentación sobre su querido Higüey. El segundo, estudiante cocolo de Economía de la UASD, pendiente a todo documento y noticia sobre su provincia azucarera La Romana y los cocolos. Su interés en mis investigaciones era natural, pero se intensificó cuando de momento hice un breve desvío para estudiar el garveyismo y los cocolos en San Pedro de Macorís, a instancias del historiador jamaiquino Robert Hill, profesor emérito de UCLA.1

El resultado de estas investigaciones se reeditó recientemente. Véase Humberto García Muñiz y Jorge L. Giovannetti Torres, Garveyismo y racismo en el Caribe: el caso de población cocola en la República Dominicana.

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A lo largo de los años, los tres nos mantuvimos en contacto. Vetilio a cargo de la sala de consulta del AGN y Jarvis Luis centrado en sus investigaciones y docencia universitaria, los dos con vínculos en la vital Academia Dominicana de la Historia. En el ínterin, entre otras actividades, Jarvis Luis publicó un libro de la historia de La Romana (ya reeditado) y varios artículos, uno con Roberto Cassá sobre el Sindicato Unido de La Romana y otro sobre el resentimiento dominico-haitiano, y consultó en una visita todas las bases de datos del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. Más importante aún, realizó su tesis doctoral «Inmigrantes de la Antillas británicas en la República Dominicana. Cocolos en San Pedro de Macorís y La Romana, República Dominicana, 1870-1950» en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) bajo la estelar dirección de la Dra. Consuelo Naranjo Orovio, la cual publica ahora como libro y me honra escribir el prólogo, a merced de los apagones de las empresas GENERA y LUMA, respectivamente, en Puerto Rico. La obra del doctor Jarvis Luis es el primer estudio sociohistórico minucioso y ambicioso del proceso migratorio cocolo entre las Antillas Menores y la República Dominicana para laborar en la industria azucarera, que cubre de 1870 a 1950. Comprende sus tres etapas: una primera, en los años 1880, fomentada por el Estado dominicano, una segunda ola por iniciativa de los propios hacendados y corporaciones azucareras y una tercera cuando los migrantes se trasladan por decisión propia, la cual concluye en los años 1950, es decir, incluye los periodos de la Ocupación Militar (1916-1924) de los Estados Unidos y dos décadas del régimen dictatorial de Rafael L. Trujillo (1930-1950). La investigación utiliza varios marcos conceptuales, sin exceso de complejidad Clásicos de la Migración Dominicana. Santo Domingo: Instituto Nacional de Migración y Banco de Reservas de la República Dominicana, 2022.

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epistemológica, sino la suficiente para abordar problemas sociohistóricos sobre la plantación, la migración, estudios urbanos y la identidad. Vale la salvedad que el estudio trata sobre el cocolo de las Antillas Menores británicas, excluidas las danesas (hasta 1917), estadounidenses, francesas y holandesas. Este proceso de ir y venir intracaribeño cocolo carece en la República Dominicana del carácter masivo con que se desarrolla en plantaciones azucareras y plataneras, minas, campos petroleros y canales en Cuba, países suramericanos, centroamericanos y Panamá, pero se originó en las Antillas Menores y se concentró y sedimentó primero en San Pedro de Macorís y luego en La Romana. La bibliografía de las migraciones intracaribeñas es amplia, pero una reciente que nos ha impresionado son las memorias de un cubano guantanamero, Mi vida, mi verdad. Memorias de Alberto N. Jones.2 El origen del término «cocolo» todavía no se ha ubicado, aunque parece ser africano, según argumenta el historiador y antropólogo José Guerrero Sánchez.3 Otros atribuyen su origen al Saint Domingue francés y de ahí a Dominicana. El historiador revolucionario guyanés Walter Rodney adscribe la etnia «cocolis» en la costa de la Guinea Alta en su tesis doctoral que se publica como libro en 1970.4 Al igual Véase Annete Insanally et al., Regional Footprints: The Travels and the Travails of Early Caribbean Migrants, Kingston: Latin America-Caribbean Centre, UWI, 2006; Jorge Giovannetti Torres, «Migrantes en las Antillas; episodios de transterritorialidad», 1791-1938, en José A. Piqueras (ed.), Historia comparada de las Antillas, Madrid: Ediciones Cuatro Calles, 2014, pp. 559-613; Alberto Jones, Mi vida, mi verdad. Memorias de Alberto N. Jones. Amazon, publicación independiente, 2020. 3 José G. Sánchez, «La palabra cocolo: una africanía encubierta», La ruta del esclavo. Comisión Nacional Dominicana de la Ruta del Esclavo. Santo Domingo: Editora Búho, 2006, pp. 409-425. 4 Véase Walter Rodney, A History of the Upper Guinea Coast 1545-1800. Oxford: Clarendon Press, 1970, pp. 6, 13, 33, 81, 111, 113. 2

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que en el vecino Puerto Rico se utilizaron los términos «tórtolos» y «tortoleños», una corruptela obvia de la diminuta isla-colonia británica Tórtola. Otro término común fue «barloventino». En su poema «Majestad negra» (1937), el puertorriqueño Luis Palés Matos utiliza el término de manera inclusiva a todas las Antillas: Por la encendida calle antillana va Tembandumba de la Quimbamba. Flor de Tortola (sic), rosa de Uganda, por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas quema la Antilla su sangre ñáñiga. Haití te ofrece sus calabazas; fogosos rones te da Jamaica; Cuba te dice: ¡dale, mulata! Y Puerto Rico: ¡melao, melamba! ¡Sús, mis cocolos de negras caras! […].5 Y en Puerto Rico se reclama que cocolo es ser salsera/o pero ese es otro cantar.6 El vocablo «cocolo» en la República Dominicana se utilizó para identificar esta población afromigrante negra y mulata en su enorme mayoría de las Antillas Menores (islas de Barlovento y Sotavento) que se traslada de forma temporera o permanente para trabajar en la agroindustria de la caña de azúcar, principalmente del este dominicano, es decir, primero en las últimas décadas del siglo XIX, en la provincia de San Pedro de Macorís, y ya desde la década de 1910 en La Romana e Higüey en la provincia de El Seibo. Luis Palés Matos, «Majestad negra», Ciudad Seva, casa digital del escritor Luis López Nieves, https://ciudadseva.com/texto/majestad-negra/ 6 Véase Ángel Quintero Rivera, ¡Salsa, sabor y control? Sociología de la música «tropical». México: Siglo XXI, 1999. 5

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El estadounidense William L. Bass, heredero propietario de la fundición Pioneer Iron Works (Brooklyn, New York), el Central Consuelo (San Pedro de Macorís) y el Ingenio La Fe (San Carlos, Santo Domingo), se destaca en su época como el «primer patrocinador de la corriente inmigratoria a San Pedro de Macorís».7 Un personaje de diversos matices, entre otros, un experto azucarero con manuales técnicos publicados y cabildero fracasado contra el Trust del Azúcar. Y ahora nos aparece como poeta que incluyó los términos «cocolo» y «cocola» en una inspiración suya sobre la línea del ferrocarril de Consuelo al Batey Monte Coca, del 19 de febrero de 1909. Una estrofa se lee así: The mills of the Gods grind slow. But Consuelo´s work overtime; And – what would ´cahn and cocolo do, Without the Monte-Coca Line?8

«Aviso». El Cable, año 1, nro. 37, 5 de noviembre de 1893, p. 3. Véase José del Castillo, «William L. Bass, impulsor de la industria azucarera del principio del siglo pasado», Historia dominicana en cifras, https://www. facebook.com/photo.php?fbid=655137218018098&id=267048796826944&set=a.267178056814018&locale=es_LA. Nacido en Cuba en 1865, hijo del estadounidense Alexander Bass, empresario y técnico azucarero. 8 William L. Bass. «The Monte Coca Line», Thirteen from the Front: A Memento, Washington. DC, Press of Wallace & Cadick, 1909, pp. 8-14. «Mementos» en español se define como una compilación y en inglés se le agrega de recuerdos. Este librito de Bass reproduce 34 fotografías, algunas de las cuales son Central Consuelo, un tándem de caña al molino, Bass a caballo, el suizo-alemán Gaetán Bucher a caballo (más tarde es incorporador del Central Las Pajas), trabajadores, traviesas, varias de vías de ferrocarril, un vagón lleno de caña, una carreta de bueyes, varias viviendas de trabajadores de la línea, una torre de campana, un cruce de cambio de vía y el puente sobre el Río Magúa. Los dos últimos libros de Bass fueron uno sobre la crisis de los 30, The Maelstrom: A Primer (1921), y una propuesta de zona franca para la isla haitiana de la Gonave, Zone Franche et Port Franc de I´lle de la Gonave, Haiti, ?Port-au-Prince?, 1936. 7

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Los molinos de los dioses muelen lento. Pero Consuelo trabaja a sobretiempo. ¿Y que pueden el dominicano y el cocolo hacer Sin la Línea de Monte-Coca? (Traducción mía) Las líneas ferrocarrileras en construcción se expandían raudas y veloces de Macorís en dirección a La Romana en la provincia de El Seibo. Así describía el proceso José Ramón López en 1915: «Algunas empresas como Consuelo, Santa Fe, Angelina y Porvenir, no alcanzándoles los terrenos después que llegaron a las fronteras orientales de la Provincia de Macorís, invadieron la del Seibo, y llevaron allí la actividad agrícola-industrial en ventajoso reemplazo de la quietud pastoril que allí reinaba».9 Durante mi única visita al Batey Monte Coca, en 2017, auspiciada por Juan Zapata para su documental Mal de Caña, acompañé en una larga caminata al pintor cocolo Adolfo Nadal Walcot, también nacido en Consuelo, mientras describía el caserío con pinceladas en el aire de lo que fue aquella comunidad esclava de la caña, ahora decrépita, aledaña a los raíles del tren. En el primer número de The Gator de 1912, Bass publica una caricatura con el título «Por la inmigración», donde ilustra la íntima relación entre la República Dominicana y el monopolio azucarero (Sugar Trust) en una ceremonia matrimonial oficiada por un diplomático de los Estados Unidos que lee la ley del 8 de julio de 1911, con el calce «El matrimonio con la cocola». Ya en otro escrito hemos explicado que esa legislación fue redactada por el bufete de abogados de la South Porto Rico Sugar Co., y aprobada por el Congreso 9

José Ramón López, «La industria azucarera, II provincia de San Pedro de Macorís», José Ramón López, 2. Ensayos y artículos, Santo Domingo: Ediciones de la Fundación Corripio, 1991, p. 110.

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dominicano sin cambio alguno. Esa legislación le abrió la puerta (otra vez) a la inmigración cocola al explicitar que, si la empresa no podía introducir migrantes «de raza blanca» y por ende se perjudicaría la zafra, entonces se permitiría «[…] por falta de braceros […] la inmigración a los de otra raza de las islas vecinas o de otra procedencia».10

Caricatura William Bass. Por la inmigración. Fuente: Archivo personal Humberto García Muñiz.

Ya Bass y la General Industrial Co. (de los Vicini, incorporada en Nueva Jersey) poseían grandes extensiones de tierras en La Romana y las vendieron a la voraz advenediza 10

Humberto García Muñiz, De la Central Guánica al Central Romana: La South Porto Rico Sugar Corporation en Puerto Rico y la República Dominicana, 19001921. San Juan: Ediciones Gaviota, 2020, p. 272.

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South Porto Rico Sugar Co., que bajo el nombre comercial Central Romana, sembró y exportó caña para moler en la Guanica Centrale, en el suroeste de Puerto Rico (de 1916 a 1933). En el plazo de dos años, en 1918, construyó una factoría central, en ese momento las más grande del mundo, en La Romana, provincia de El Seibo. Aunque el capital de Consuelo, Romana y otras provenía de los Estados Unidos, su mercado era Gran Bretaña y Canadá. Para el cocolo de tercera generación Norberto James Rawlings, su amparo era ¡Rule, Britannia? que con el rostro de Trujillo era un ejemplo de asimilación compartida: En mi infancia y buena parte de mi juventud en el ingenio Consuelo vi siempre colgado en lugar prominente de la casa el retrato de la Reina de Inglaterra. Ese mismo lugar, a partir de la década de los años cincuenta, sería compartido con el del Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961) y la ominosa placa de bronce que rezaba «En esta casa Trujillo es el Jefe».11 El Central Romana, como bien apunta Jarvis Luis, se acopló con la política macorisana de introducir cocolos para su mano de obra. Y también haitianos, pero ese es tema que en gran medida ha sido estudiado por Franc Báez Evertsz en su obra clásica Braceros haitianos en República Dominicana, entre otros.12 La otredad de los haitianos vis-a-vis los cocolos es

Norberto James Rawlings, «Los cocolos: la identidad labrada», en Norberto James: señal de identidad y otros poemas, Muestrario de poesía 19, 1.a Ed. Santo Domingo, RD, septiembre de 2008, https://asgoped.wordpress.com/

wp-content/uploads/2010/10/antologia-de-norberto-james-rawlings.pdf

Franc Báez Evertsz, Braceros haitianos en la República Dominicana, Santo Domingo: Instituto Dominicano de Ciencias Sociales, 1986.

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tema discutido en esta obra. San Pedro de Macorís se distinguió por estar rodeada, en variados momentos, por un collar de siete ingenios productores de azúcar: Angelina, Consuelo, Cristóbal Colón, Porvenir, Puerto Rico, Quisqueya y Santa Fe. Una de las contribuciones de esta amplia investigación es el análisis sociodemográfico comparativo, utilizando un censo local de La Romana correspondiente a 1918, fecha de inicio de construcción del central, y el valioso censo nacional de 1920 para ambas ciudades-provincias. Gracias a estas dos fuentes y a varias entrevistas a migrantes o sus viudas, Jarvis Luis concluyó, entre otras aportaciones, que las mujeres «[…] como empleadas directas del ingenio era un grupo minoritario, contrario a la población de hombres […]. El oficio que reportó mayor número fue el doméstico». Interesantemente lo mismo sucede con la Guanica Centrale en Puerto Rico donde el censo de 1910 anotaba que se dedicaban «a quehaceres de la casa» y «servicios personales», como lavandera y planchadora.13 Vale destacar que el autor analiza por separado ambas ciudades-provincias, que no por casualidad la provincia adquiere oficialmente el nombre del poblado principal. Pero el Central Romana se distingue al obtener en 1924 una injerencia en San Pedro de Macorís con la compra del Ingenio Santa Fe y sus 80,000 acres, de manos del cubano Salvador Ros, nacido y radicado en los Estados Unidos.14 Como se trasluce en este estudio, San Pedro de Macorís y La Romana son sociedades de plantación de distinta Humberto García Muñiz, «La Guanica Centrale y la fundación y el desarrollo del poblado azucarero industrial de Ensenada», Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, 4 de mayo de 1986. 14 «Salvador E. Ros, Retired Importer», The New York Times, 23 de noviembre de 1937, p. 23. 13

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complejidad, y ambas se distinguen por ser segmentadas social y racialmente. Con seis centrales al momento, Macorís le lleva medio siglo de desarrollo intenso a La Romana, que es dominada por una sola corporación y tuvo una presencia boricua inicial preponderante y que nació bajo el fuego de los gavilleros. No deja de ser fascinante que los atractivos turísticos de La Romana se reconocieran desde fines del siglo XIX, pero no se actuara sobre ellos hasta bien entrado el siglo XX. Quizás los capítulos más enjundiosos y novedosos son los correspondientes a los 20 años de migración, vivencia en comunidades y negociaciones entre los Gobiernos dominicano y británico bajo el Trujillato (1930-1950). Jarvis Luis acoge con evidencia la conclusión de Oscar Zanetti y Alejandro García sobre la United Fruit en Cuba y que la unión de obreros nacionales y los inmigrantes británicos fue fundamental para el éxito de movimientos huelgarios.15 El papel de Gran Bretaña (funcionarios consulares y Gobierno británico) es meticulosamente estudiado, en particular durante la Segunda Guerra Mundial, con énfasis en la negociación de salarios e impuestos de inmigración, la dominicanización del trabajo, condiciones laborales, requisitos y tiempo de estadía, la repatriación y la residencia permanente, lo cual, para todos los efectos, es una medida de asimilación y aceptación por el Gobierno y la sociedad dominicana. No quiero cerrar sin reconocer tres aportaciones a esta obra tan valiosa para el estudio de las migraciones a la República Dominicana. Los reconocimientos de Jarvis Luis al principio son acertadamente numerosos y ninguno más merecido que al fenecido doctor Emilio Cordero Michel, de quien nos consta personalmente su apoyo. Merecen mención 15

Oscar Zanetti y Alejandro García, United Fruit Co.: un caso de dominio imperialista en Cuba. La Habana: Editora de Ciencias Sociales, 1976.

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especial el Dr. Roberto Cassá y su equipo del Archivo General de la Nación, ya que gracias a su trabajo se pueden llevar a cabo investigaciones de esta profundidad y envergadura. Y al Dr. Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración y autor e intelectual reconocido por mérito propio, por acoger la publicación de esta extensa obra dentro de su dinámico programa de publicaciones sobre la migración en la República Dominicana, una iniciativa única en el mundo editorial caribeño. Humberto García Muñiz

Instituto de Estudios del Caribe Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras

INTRODUCCIÓN Los trabajos consultados abordaron aspectos parciales sobre los inmigrantes antillanos británicos, los cuales fueron de mucha utilidad para el conocimiento del tema. No obstante, la revisión de la literatura dejó preguntas insatisfechas; por ejemplo, a partir de cuándo se inició el arribo de los inmigrantes y cuándo finalizó. Entre otros propósitos se pretende abordar una nueva perspectiva sobre las razones de su migración a tierra dominicana teniendo en cuenta esa inquietud inicial, entre otras. En interés de exponer las causas, se utilizaron como guía los axiomas de Ravenstein, quien estableció leyes para los procesos migratorios.1 Asumiendo los códigos del geógrafo y cartógrafo alemán se intentó establecer la manera en que transcurrió el proceso, cuáles factores histórico-estructurales intervinieron, así como los componentes racionales, psicosociales, de género, edad y estado civil, por solo mencionar algunos. Estos elementos, como en cualquier otro grupo que se desplaza desde una sociedad de salida hacia otra de llegada, deben ser tomados en consideración tal y como lo sugirió Herrera Carassou.2 Motivados por ese propósito decidimos ampliar el horizonte de estudio. 1

E. G. Ravenstein. «The Laws of Migration». Journal of the Statistical Society of London.Vol. 48, núm. 2 Ed., 1885, Jun., pp. 167-235. R. Herrera Carassou. La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones. Siglo XXI Editores, 2006, pp. 130-131.

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Los inmigrantes, en su devenir cotidiano, reprodujeron prácticas culturales que los distinguieron, como el idioma, las instituciones, la danza, la manera de asociarse,3 entre otras. Estas características, en apariencia inconexas, comunes e insuficientemente relevantes, adquieren importancia cuando se relacionan con la migración estudiada. De acuerdo con Mario Bunge,4 la experiencia y las vivencias cotidianas se constituyen en elementos valiosos para la conformación de un conocimiento científico metódico, tal y como se intentará exponer en los capítulos de este trabajo. Desde el inicio, nos aproximaremos al tema empleando el método científico para descifrar las causas por las que los antillanos británicos dejaron sus lugares de origen, los mecanismos que intervinieron en ese proceso y la coyuntura de su desarrollo. Constituidos los migrantes en masas populares, los antillanos británicos pasaron a formar parte de los marginados de la sociedad y, por tanto, considerados como grupo de inmigrantes irrelevante para la historia oficial. Conscientes de estos convencionalismos, hemos tratado de explicar aspectos estudiados sobre ellos, tomando en consideración las reflexiones de Eric Hobsbawm con respecto a la historia de «los de abajo».5 A partir de su conceptualización, hemos reconstruido la historia de los migrantes antillanos en la República 3

Al transcurrir los años, los inmigrantes antillanos produjeron valiosos aportes a la República Dominicana en lo cultural. Uno de ellos es el baile que continúan realizando sus descendientes en Navidad, las fiestas patrias y el carnaval, el cual alcanzó reconocimiento cuando, el 25 de noviembre de 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al Teatro Cocolo Danzante de San Pedro de Macorís como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. M. Bunge. La investigación científica. Su estrategia y su filosofía. 3.a Ed. Siglo XXI Editores, 2004, p. 3. E. Hobsbawm. Sobre la historia. 2.a Ed., Crítica, Barcelona, 2014, pp. 205-219.

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Dominicana desde un enfoque diferente al de las investigaciones consultadas sobre el tema. En ese aspecto, vinculamos la manera en que se constituyeron en parte activa de acontecimientos políticos que repercutieron en lo económico. Esta investigación dirigió el interés hacia quienes arribaron en la primera oleada y no en la segunda generación nacida en suelo dominicano. El hecho de que los migrantes de primera generación procedieran de diversas islas del Caribe angloparlante, con idioma diferente al de los habitantes del lugar de llegada, dificultó su absorción social. No obstante, superaron esta situación en la medida en que se integraban a la sociedad de llegada. La migración de los antillanos británicos hacia la República Dominicana para trabajar en la industria azucarera se llevó a cabo en diversos momentos. Los primeros fueron traídos en la década de 1880 por el Estado dominicano en convenio con las haciendas azucareras cercanas a Santo Domingo, la capital del país. La segunda oleada ocurrió en la siguiente década por iniciativa de los propios hacendados, que ofrecían trabajo en la República Dominicana a través de representantes enviados a las diferentes posesiones del Reino Unido en el Caribe oriental. Una tercera fase tuvo lugar cuando los inmigrantes arribaron por su propia iniciativa, que fue el movimiento más difícil de rastrear en los documentos. Uno de los objetivos de esta investigación consiste en explicar este proceso migratorio desde la perspectiva de los inmigrantes y, sobre esa base, llegar a una síntesis distinta a la conocida hasta ahora. Para ello, se tuvo en cuenta la advertencia de Josep Fontana: «Ningún discurso puede plantear una crítica a una cultura dominante mientras sus parámetros sean los mismos que los de esa cultura».6 Con ese propósito 6

J. Fontana. «Ranahit Guha y los “subaltern studies”». En R. Guha, Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Crítica, Barcelona, 2002, p. 13.

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se hizo necesario conocer los flujos de braceros que llegaron con sus familiares al país. También se estimó el número de hombres y mujeres, y se delinearon su perfil social y sus oficios. Resultó importante conocer las reacciones suscitada por su presencia en la sociedad. Y, sobre todo, se les dio la oportunidad de expresarse a los propios inmigrantes sobre hechos en los que se vieron envueltos o fueron testigos de ellos. Algunas de las informaciones obtenidas permitieron introducir una voz crítica al discurso dominante e intentar lograr lo afirmado por Guha: «[…] nuestra crítica del discurso estatista no puede por sí misma producir una historiografía alternativa. Para que esto suceda, la crítica debe ir más allá de la conceptualización, hasta el estadio siguiente, esto es, hasta la práctica de reescribir esa historia».7 En procura de alcanzar esa meta, la presente investigación pretende reescribir la historia de los antillanos británicos que emigraron a la República Dominicana a finales del siglo XIX y durante las primeras cuatro décadas del XX. Estudiarlos por dentro para exponer saberes desconocidos por la historiografía. En ese interés fueron de gran ayuda las entrevistas a viudas de inmigrantes y a dos sobrevivientes que ingresaron al país en 1942, poco antes de que las autoridades del Reino Unido pusieran fin a la salida de los braceros caribeños. Esta investigación pretende dar a conocer la historia de los inmigrantes antillanos británicos en la República Dominicana desde sus inicios, en los años 80 del siglo XIX, hasta su final, cercano a 1950; de igual modo, develar las razones que intervinieron en ese proceso y las que tuvieron las autoridades del Reino Unido para permitir el desplazamiento de su gente a San Pedro de Macorís y La Romana, y ahondar en la situación económica y política del país receptor y los

Ibídem, p. 30.

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efectos que la guerra de independencia de Cuba produjo en ese proceso. Por tanto, se parte del año 1870, es decir, de los antecedentes de esos acontecimientos. Ante el problema de cuáles fueron los componentes que incidieron en el arribo de obreros antillanos británicos, se formula la hipótesis de que el proceso migratorio procedente del Caribe angloparlante a San Pedro de Macorís y La Romana fue consecuencia de factores diversos, como la situación política y económica mundial y, en específico, del Reino Unido; la guerra de independencia en Cuba, que posibilitó la inversión capitalista en la industria azucarera de la República Dominicana, y las políticas de colonización auspiciadas por el Estado y el requerimiento de fuerza laboral extranjera como causas del deterioro económico de los libertos después de la emancipación en las Antillas Británicas así como la crisis económica que afectó las islas azucareras británicas a consecuencia de la emancipación. Partiendo de la situación económica y social de la República Dominicana y, particularmente, de San Pedro de Macorís y La Romana, la presente investigación se propone estudiar la inmigración de los antillanos británicos del Caribe oriental entre 1870 y 1950.8 Serán examinadas sus causas internas y externas, así como los flujos migratorios. También se abordará, de manera particular la procedencia y la composición demográfica, económica y social del grupo de inmigrantes, cuáles fueron las prácticas sociales que les permitieron insertarse en la población y las políticas propuestas por las autoridades con la finalidad de atraer inmigrantes.

Debido a la fecha de inicio de este estudio (1870), podría pensarse que la Guerra de la Restauración influyó en ese proceso. Sin embargo, el impacto fue mínimo porque el mayor número de combates no se registró en la región este del país donde fueron instalados los ingenios y adonde llegaron como obreros los migrantes estudiados.

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Por último, se expone el rol del sector privado y la participación social de los inmigrantes en la región oriental del país y su trascendencia en la sociedad dominicana. Se toman en consideración tres grandes períodos. El primero se inicia en 1870 y se extiende hasta 1890, durante el cual fue fundada y logró consolidarse la industria azucarera moderna. El segundo abarca los años de 1891 a 1899, época en que se promovió el arribo de inmigrantes procedentes de Europa, a quienes se consideraba agentes de progreso, y en la que se asistió al fracaso de tal iniciativa, ante lo cual fue necesario impulsar la búsqueda de obreros del Caribe insular oriental. El tercero, de 1900 a 1950, que, a su vez, tiene tres momentos importantes por las variantes políticas promovidas desde el Estado con repercusiones muy marcadas: de 1900 a 1905, caracterizado por la inestabilidad política y económica del Estado dominicano, años en que prácticamente no se legisló en relación con la migración; entre 1906 y 1930, cuando el Estado legisló sobre el tema migratorio, como la Ley de Inmigración (1912), modificada en varias ocasiones hasta finalizar, prácticamente, el ciclo estudiado; y de 1930 a 1950, durante los cuales se registraron sucesos más severos y conflictivos vinculados a la migración. El capítulo uno emprende una aproximación temporal que difiere en algo de la periodización propuesta en el párrafo anterior para entender la política del Reino Unido. Ello se debe a que la política inglesa tiene un despliegue muy prolongado, y resulta necesario su examen a cabalidad. La condición de imperio llevaba a sus autoridades a decidir acciones en otras latitudes, que repercutían en sus colonias caribeñas. A su vez, estas tuvieron incidencia directa en el tema estudiado. El segundo capítulo aborda tres cuestiones: la economía dominicana, las estrategias estatales junto a las iniciativas privadas de inmigración y las diversas opiniones de las

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elites intelectuales con respecto a esas decisiones. Se detiene en definir el tipo de personas deseadas y explica en qué consistieron esas políticas. Finaliza con los resultados del proceso. El tercer capítulo presenta el flujo de los migrantes antillanos británicos en lugar de los inmigrantes europeos, así como el consecuente contraste de los esfuerzos realizados por funcionarios estatales y algunos intelectuales con respecto a esta migración. Se exponen las causas que dieron origen a este cambio de proyecto y la manera como se produjo el proceso. Completa esa información una relación de las islas de donde procedieron los migrantes y los porcentajes aproximados de los que arribaron desde cada una de ellas. Continúa con una breve descripción de las ciudades dominicanas donde se asentaron, y los oficios a los cuales se dedicaron aparte de su labor en la industria azucarera, donde estuvo empleado casi la totalidad del grupo de inmigrantes. También intenta describir su perfil social para desvelar su composición. Cierra con las reacciones que la presencia de estos migrantes suscitó y las prejuiciadas actitudes hacia ellos. Se exponen dos casos que muestran el rechazo a su presencia, fomentado desde los discursos públicos en la prensa. El cuarto capítulo estudia a los inmigrantes antillanos británicos en la industria azucarera local y enumera los lugares donde laboró un número importante de ellos. Tiene la limitante de que no fue posible consultar informaciones del periodo provenientes de los ingenios, lo cual hubiera permito ampliar los aspectos tratados en el presente estudio. Se describe la jornada laboral, los efectos del sistema de pago, el tiempo muerto y la manera en que este los afectaba. De igual modo, aborda los recursos de supervivencia económica, especialmente durante el tiempo muerto; el sistema de vales y fichas como formas de pago, y los reclamos

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reivindicativos por los bajos salarios. Este último aspecto contradice las opiniones sobre su negativa a participar en luchas por mejorar los salarios. Como continuidad de sus inconformidades, presenta las acciones anticolonialistas que protagonizaron abrazados al concepto de negritud liderado por Marcus Garvey. El capítulo finaliza con las defensas asumidas por sus cónsules ante las políticas desarrolladas desde el Estado local y los prejuicios esgrimidos en su contra. De igual modo expone las razones por las cuales finalizó la migración de los antillanos británicos. El quinto capítulo es una aproximación a la vida de los inmigrantes en diversos aspectos. Se detiene en las instituciones creadas por ellos, la manera como operaban y los fines para los cuales fueron fundadas. Se describen sus actividades recreativas, algunos de los elementos de rechazo que debieron superar en la sociedad dominicana, y ciertos factores que se pusieron de manifiesto en el proceso de inserción, asimilación e integración en la sociedad de acogida. Cierran la investigación las conclusiones, el anexo, la bibliografía y los índices de nombre.

SITUACIÓN SOCIAL EN EL SOTAVENTO Y BARLOVENTO CARIBEÑO BRITÁNICO

La administración política del Reino Unido para los años fijados en este trabajo funcionaba como una monarquía parlamentaria. Su actitud imperial la llevó a subyugar territorios en diversas partes del globo terráqueo, incluyendo en el mar Caribe. Los territorios insulares del Caribe oriental los denominó Indias Occidentales con el propósito de diferenciarlos de los que tenía en Asia, a los cuales designó como Indias Orientales. El órgano de gobierno estaba asentado en Londres, donde representantes de grupos económicos en el Parlamento aprobaban leyes con alcance a todos los lugares de su jurisdicción. La instancia administrativa con carácter ejecutivo recaía en el primer ministro. Otros dos ministerios tomaban importantes decisiones con respecto a los territorios de ultramar: el Colonial Office o Ministerio Colonial, cuya función estaba orientada al funcionamiento de las colonias, y el Foreign Office o Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas tres instituciones gravitaron en la política imperial sobre los territorios de ultramar. Las Indias Occidentales las dividieron en dos grupos, atendiendo a su ubicación geográfica. En lo concerniente a la organización administrativa, cada isla tenía un gobernador. A uno de los dos grupos lo designaron Sotavento o 41

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Leewards. El Sotavento lo integraban Anguila, Antigua-Barbuda, St. Kitts-Nevis y Monstserrat. El otro, conocido como Barlovento o Windwards, lo completaban Dominica, St. Lucía, St. Vicent y Granada. En la demarcación administrativa correspondiente a Antigua-Barbuda estaba la pequeña isla denominada Redonda. De ese modo tres territorios insulares dependían de la gobernación de Antigua. Con respecto a la gobernación de St. Kitts, la integraban los territorios de St. Kitts y de Nevis. Sus posesiones caribeñas tenían organizaciones parecidas a las que funcionaban en la metrópoli. La monarquía era la institución más representativa. El gobernador o administrador recibía órdenes del Ministerio Colonial o del Ministerio de Relaciones Exteriores y se reportaba a ellos. Funcionaba un concejo que emitía ordenanzas y acogía a los representantes de la burguesía absentista o sus representantes y también a los dueños de plantaciones locales. St. Kitts-Nevis y Antigua-Barbuda, las de mayor dimensión geográfica de las islas de Sotavento y Barlovento, concentraban el grueso de los habitantes y manejaban los presupuestos económicos más abundantes. En la demarcación administrativa de Antigua existía una particularidad. Barbuda era una posesión privada que había sido cedida por la corona a John Codrington el 9 de enero de 1685. En 1882, estaba en manos de White y en noviembre en las del reverendo Cowley, quien la retuvo por diez años.9 De modo que, en términos administrativos, Barbuda tenía una dinámica un poco distinta a sus vecinas. La actividad económica de las islas estuvo por varios siglos asentada en la producción azucarera con trabajo esclavo. Para entonces, se combinaban en la producción la 9

D. Hall. Five of Leeward 1834-1870. Caribbean Universities Press, Great Britain, 1971, pp. 59 y 90.

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Catedral en St. John´s capital de Antigua. En: Mary Slater. The caribbean islands. London, William Clowes and Sons Ltd, 1968, p. 164.

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abundancia de personas extraídas de África, el capital procedente de Londres y la limitada disponibilidad de tierras por su condición insular. Estos factores originaron la extracción de grandes cantidades de recursos económicos, lo que llevó a Karl Marx a afirmar que habían contribuido al desarrollo del capitalismo en el Reino Unido.10 Después de la abolición, en 1833, continuó en crisis el modelo económico porque el cambio jurídico no se puso de manifiesto en la calidad de vida de los libertos, situación que se acentuó en la segunda mitad del siglo XIX. La sobreexplotación del suelo y el uso de técnicas poco apropiadas en la producción incidieron en la disminución del rendimiento productivo y en la capacidad competitiva con otros ofertantes del mercado londinense. En 1693, habían creado en Antigua la Asamblea Legislativa, que emitía ordenanzas de carácter administrativo. Similar institución existió en St. Kitts. Las ordenanzas aprobadas en cada isla eran de su jurisdicción exclusiva y estas no rivalizaban con las emitidas por el Parlamento en Londres. Llegado el momento, muchas de ellas tuvieron incidencia directa en el proceso migratorio que se originó desde sus territorios. Para llegar a ese punto, fue necesario que cambiara la aversión anti inmigratoria de las autoridades londinenses.

Industria azucarera Las colonias antillanas de Gran Bretaña, que habían financiado el desarrollo industrial con el trabajo esclavo, perdieron influencia política y económica a partir de la abolición de la trata. Claro indicio del poder absoluto perdido en el mercado. Estaban siendo desplazadas por los 10

K. Marx y F. Engels (1980). Materiales para la historia de América Latina. 5.a Ed., 30 Cuadernos de Pasado y Presente, 1980, p. 153.

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productores de Asia, que adquirieron mayor importancia debido a que no solo su materia prima era expoliada y su mano de obra explotada, sino que también, debido a su mayor extensión territorial y a sus suelos menos agotados que los caribeños, garantizaban doblemente la obtención del algodón cosechado con mano de obra libre y la producción de azúcar. De esto era conocedor el primer ministro Williams Pitt, el joven, que había iniciado la sustitución de los productos de las colonias caribeñas por los de Asia. Las iniciativas impulsadas por los abolicionistas en el Parlamento llevaron al triunfo de sus propósitos con la resolución de 1833 que ponía fin a la esclavitud. A partir de esa decisión, la decadencia de los dueños de plantaciones caribeñas sería notoria y acelerada. Un ingrediente desfavorable se sumó, que les hizo perder más terreno en cuanto a sus propósitos de abastecer el mercado de la metrópoli. Los libertos se negaron a laborar en los centros donde habían sido esclavizados a causa de los bajísimos salarios que les ofrecían. El trabajo, el que generaba la riqueza, como había establecido la economía clásica, se hizo escaso y escurridizo en las Indias Occidentales en su industria azucarera. Diez años después de la abolición, en 1843, la escasez de obreros era tan evidente que Gran Bretaña tuvo que ir en auxilio de los dueños de plantaciones de las Indias Occidentales. Les otorgó permisos para contratar trabajadores fuera de sus fronteras. Ese mismo año las autoridades levantaron la prohibición de contratar obreros de la India. El salario pagado a esos obreros era tan bajo como el que se les ofrecía a los libertos y aun así no fue posible reanimar la industria azucarera porque los costos no bajaron en comparación con otros competidores. La estrategia capitalista de movilizar obreros de otros lugares para deprimir los salarios y bajar los costos no resultó y eso lo reconocieron

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las autoridades.11 La maniobra no resolvió el problema en las plantaciones porque otros factores siguieron causando inconvenientes. Los planteamientos de los defensores del libre comercio continuaron golpeando los intereses de los plantadores caribeños. A partir de 1846, se produjo el desmonte gradual de los aranceles al azúcar de las Indias Occidentales, proceso que finalizaría por completo en los siguientes seis años.12 La situación se tornaba complicada para quienes en el Colonial Office y el Foreign Office tomaban las decisiones del imperio. Las islas de Sotavento y Barlovento padecían de bajos salarios y una inmensa masa laboral con necesidades insatisfechas que representaba una caja de sorpresas. En el Caribe, antes de la abolición, se habían producido actos de rebeldía que eran cruelmente reprimidos. Como no habían cambiado mucho las mismas condiciones después de 1833, los libertos produjeron levantamientos. En octubre de 1865 ocurrió una rebelión en Morant Bay, en Jamaica, originada por el desequilibrio social.13 Alrededor de 20,000 personas exigieron mejoría en sus condiciones de vida y, como respuesta, varias fueron reprimidas y asesinadas. Una de las razones de las inconformidades sociales se debía a que en el mercado londinense había bajado la demanda del azúcar procedente de las posesiones insulares caribeñas como consecuencia del elevado costo de producción por el

W. Claypole, J. Robottom. Caribbean Story. Book Two: The Inheritors. Second impression, Longman Group, 1990, p. 22. 12 B. Dyde. A history of Antigua. The Unsuspected Isle. Macmillan Education, 2000, p. 168. 13 M. M. Flores Collazo (2015). «La rebelión de Morant Bay, Jamaica: una mirada desde el abolicionismo español». En A. Martín Casares (Ed.). Esclavitud, mestizaje y abolicionismo en los mundos hispánicos. Universidad de Granada, pp. 105-125. 11

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La situación era deplorable para las personas en Jamaica. Fuente: National Archives: Colección rey George´s guía a Souffriere in centre.

pago de salarios a los libertos.14 Igualmente, la producción del azúcar de remolacha en Europa contribuía a la baja demanda del azúcar de caña. Y otros concurrentes ofertaban su producto a más bajo precio. El Reino Unido podía adquirir este producto a un precio menor en otras partes del Imperio, como la India y África. Eso llevó a que los productos de las posesiones caribeñas perdieran privilegios comerciales en el mercado londinense al deteriorarse la demanda.15 Quienes pensaban en los factores destructivos del liberalismo vieron en esto un argumento para reforzar su posición. El emérito profesor de N. Deerr. The History of Sugar. Vol. II. Chapman and Hall, London, 1948, p. 531. 15 V. Bulmer-Thomas. «El desarrollo económico en las Antillas británicas desde el final de las guerras napoleónicas hasta principios del siglo XXI». En A. Crespo Solana y M. D. González-Ripoll (Coord.). Historia de las Antillas no hispanas, Vol. III, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Doce Calles, Madrid, 2009, p. 256. 14

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Oxford y director del Instituto Internacional para las Migraciones, Robín Cohen, llegó a preguntarse si en verdad el nuevo sistema no era otra forma de esclavitud.16 También preocupaba a los conservadores ingleses la elevada cantidad de libertos residentes en las posesiones caribeñas en comparación con los blancos. La relación era de 9/1 en St. Kitts; de 11/1 en Antigua; de 10/1 en Nevis; de 153/1 en Montserrat; de 11/1 en St. Lucía; de 13/1 en Dominica; de 4/1 en Trinidad y de 32/1 en Tobago.17 Con dichos índices, quienes abogaban por aumentar la población blanca reforzaron su posición y postularon dos vías para llevar a cabo su propósito: incentivar la llegada de población blanca desde la metrópoli o permitir la salida de afrodescendientes. Desde que se produjo la Revolución Haitiana (1791-1804) el miedo había encontrado cabida entre los funcionarios de las diferentes posesiones coloniales del Caribe.18 De alguna manera la eliminación de la esclavitud procuraba calmar esos temores, pero ese acontecimiento no significó una mejora repentina en la vida de las poblaciones de libertos. No hubo cambio, al menos el que los antiguos esclavos esperaban. Conscientes de ello, las autoridades, tanto en Londres como en los diferentes territorios insulares caribeños, necesitaban disminuir la brecha de desigualdad que aún existía entre la poblacional de colonos y libertos. En Londres estaban decididos a introducir inmigrantes con tal de que el sistema de producción no se detuviera. Para lograrlo, manifestaron estar dispuestos a que el gasto que conllevaran

R. Cohen. Global Diasporas and Introduction. UCL, London, 1997, p. 59. N. Deerr. Ob. cit., p. 279. 18 C. Naranjo Orovio. «Cara y cruz de una política colonial: azúcar y población en Cuba». En A. Santamaría García y C. Naranjo Orovio (Eds.), Más allá del azúcar: política, diversificación y prácticas económicas en Cuba, 18781930. Doce Calles, Madrid, 2009, pp. 21-23. 16 17

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las decisiones no recayera de modo único en los dueños de plantaciones, sino que fuera compartido con el Gobierno. Se gravó las tierras de las Antillas inglesas con un impuesto y con lo recaudado se sufragaría el consumo; en adición, se otorgaría un préstamo a los colonos, el cual devolverían con la venta de sus cosechas.19 Con el propósito de evitar otro levantamiento y mitigar los efectos del fracaso de la industria azucarera, el inicio de la guerra de Secesión en Estados Unidos de América se tomó como una oportunidad para hacerlo. Fomentaron la siembra de algodón para sustituir en el mercado londinense el que llegaba desde las trece colonias americanas. En las primeras cosechas se obtuvieron ingresos favorables. En Antigua, ascendieron, en 1868, a la suma de 650,000 libras esterlinas. La alternativa del algodón decayó muy pronto. Su breve prosperidad dejó de ser posible cuando los productores estadounidenses abandonaron las armas y volvieron a sembrar los campos que antes habían sido destruidos por la guerra. En 1871, los efectos devastadores de un huracán en el Caribe hicieron retroceder más lo logrado en la agricultura. Fallecieron 35 personas.20 El bajo precio al que obligaba la competencia en otras latitudes, que entraban al mercado londinense con menos costo, finalizó por sepultar la iniciativa empresarial algodonera. Los otros concurrentes llevaron a la crisis a los productores isleños de manera similar a lo que les sucedió a los productores azucareros. Las condiciones iban cerrando el cerco a las aspiraciones de los libertos de vivir con elevados niveles de dignidad. Se alejaban las posibilidades de obtener salarios suficientes para proporcionarse una calidad de vida, frustradas por la

19 20

W. P. Morrell. Ob. cit., pp. 154-155. B. Dyde. Ob. cit., p. 180.

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introducción de miles de personas procedentes de la India, que presionaban a la baja. Las mejores tierras estaban en manos de los dueños de plantaciones, con lo que se les arrebataba ese vital recurso de producción a las mayorías.21 Los años 70 de ese siglo abrieron un compás de espera a las autoridades y también a la población afrodescendiente de las Indias Occidentales para encontrar salida a la situación que todos esos factores planteaban. Desde la abolición en 1833 se había iniciado un flujo migratorio hacia otras colonias británicas de la región. Lo acontecido en Morant Bay, en Jamaica, desaconsejaba viajar a otras colonias vecinas para satisfacer las necesidades individuales porque lo explosivo de la situación no era muy diferente entre ellas. La introducción de obreros procedentes de la India no había solucionado el problema de la escasez de trabajadores libertos. Su poca presencia en los centros laborales de las Antillas Menores británicas continuaba siendo una preocupación para los dueños de plantaciones. En 1872, las autoridades londinenses acordaron con la administración china contratar a personas de esa nacionalidad para reponer a los que se marchaban al exterior para vender su fuerza de trabajo. El secretario de Estado del Foreig Office informó el 4 de marzo de 1872 que se había comunicado con la agencia española establecida en Cantón para introducir chinos en las islas de Sotavento y Barlovento.22 En esa fecha, se estaba intensificando la emigración desde las islas, de modo que era más aguda la falta de obreros.23

B. C. Richardson. Caribbean Migrants. Environment and Human Survival on St. Kitts, and Nevis. The University of Tennessee Press, Knoxville, 1983, p. 18. 22 National Archives. Colonial Office, Londres CO 318/265. En lo adelante CO. 23 CO 321/1. 21

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Con los trabajadores de las Indias Orientales en las Indias Occidentales se perseguía el propósito inmediato de suplir la falta de mano de obra autóctona y mantener los salarios y costos bajos. En lo aparente, dejaba para los defensores de aquel sistema resultados plausibles en la política imperial. Hurgando en todo esto se llegaba a vislumbrar una práctica donde se ocultaban un montón de debilidades y temores del esquema político y económico implementado. Entre 1815 y 1850 los obreros del Reino Unido eran los peor pagados.24 Con la acción de movilizar de una latitud a otra a los obreros se pretendía limpiar la fracasada política imperial puesta en práctica en la India, que provocó en Orissa, en 1866, más de un millón de muertos como consecuencia de la hambruna.25 Era un desastre que deseaban resolver. Antigua, en 1889, tenía 95,643.0230685 tareas cultivadas con caña de azúcar; 6,751.1965444 tareas con provisiones; 134,348.16765 tareas de pasto, y 1,036.170299 tareas con otros cultivos. El número de obreros agrícolas empleados en Antigua-Barbuda y St. Kitts-Nevis ascendía a 51,289,858. En la manufactura había 194 personas y en la actividad comercial 185. La población masculina y femenina blanca en Antigua-Barbuda sumaba 1,791 personas y en St. Kitts-Nevis 2,408.26 En 1897, la población ascendía a 36,119. Tenía 431, 201.304 55 tareas y 100,418.41724 tareas se encontraban cultivados con caña de azúcar.27 Esto ponía de manifiesto que E. L. Woodward. Historia de Inglaterra. 6.a Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 183. 25 D. Patel. «Cómo el gobierno colonial británico dejó morir de hambre a un millón de indios». BBC News Mundo, 2016, 12 de junio, https://www.bbc. com/mundo/noticias-internacional-36507745 26 Leeward Islands Blue Book, 1889-1891. British Foreign & Commonwealth Office. Blue Book, 1889 (se trata de legajos hechos por las administraciones de las islas). 27 CO 152/226. 24

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los dueños de plantaciones en Antigua continuaban insistiendo en la industria azucarera como proyecto empresarial. En cambio, en Barbuda, en 1894, se favorecía sumar tierras al cultivo de productos como lima, algodón, yerba de guinea y cualquier otro que pudiera adaptarse a las condiciones del terreno. También dedicaban espacio a la crianza de caballos y mulas. El resultado de lo cosechado esperaban destinarlo a la exportación para generar ingresos.28 Lo que se venía realizando en la agricultura se calificaba de positivo en carta fechada el 8 de febrero de 1899 por John Haddnal, de la compañía Haddon & Co.29 Recomendaba la siembra de plátanos, naranjas y otros frutos. Quienes presentaron el informe de 1898 sobre las Leewards aplaudían que cultivaran piñas y planteaban que el resultado de ese experimento se vendería en el mercado de Londres; que no se habían obtenido mayores ventajas porque el costo del flete resultaba elevado.30 También fomentaron la explotación minera.31 La recomendación de sembrar otros productos se debía a que en 1894 la industria azucarera estaba atravesando por una depresión. En una comunicación de Charles Heneage, dirigida a Messrs Hake y Wesslau, así lo testimoniaba. Como forma de superar la situación, en 1899 se mostró de acuerdo en fomentar el sistema de cooperativas en las West Indies. Reconocía que la situación social había sumido a una o dos generaciones en la pobreza.32 Una manera de revertir ese estado consistía en fundar una cooperativa que conllevara la asociación de varias personas con el propósito de reunir capital y de ese modo emprender una actividad CO 152/193. CO 318/298. 30 CO 152/226. 31 CO 240/25. 32 CO 318/298. 28 29

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empresarial de beneficio común. Para las autoridades ese tipo de entidad era un modo acorde con el bien común que planteaba el libre comercio. El retroceso social continuó en 1895. Subproductos como el ron apenas eran enviados al exterior. Ese año la exportación de azúcar bajó a 13,714 toneladas, con un ingreso de 127,000 libras esterlinas, lo cual dejaba en evidencia el repliegue de esa industria, y en 1896 los ingresos descendieron aún más, a 118,634 libras esterlinas. Era indicio claro de lo afirmado por Heneage en su carta a Messrs Hake y Wesslau. Debido al deterioro que se había puesto de manifiesto en 1898 se sugirió que eliminaran un tributo para aliviar la producción de azúcar.33 Lo salarial se había constituido en tema importante desde los primeros días de la abolición en 1833. Los libertos manifestaron su descontento con las tarifas de pago que habían sido acordadas en beneficio de los dueños de plantaciones y que prescribían un chelín por día para adultos muy productivos y nueve peniques por igual jornada laboral a los menos eficientes. Los libertos trabajaban en la semana tres o cuatro días para obtener un ingreso fijo. En cambio, con tareas realizadas por su cuenta, como cargadores, vendedores ambulantes, pescadores, estibadores, entre otras, obtenían ingresos complementarios. Esa situación permaneció durante años y fue uno de los factores que contribuyó a la decadencia productiva de la industria azucarera y a la pérdida de interés de esos obreros para buscar mejores condiciones en otras latitudes.34 Mientras los productores británicos caribeños retrocedían, la demanda de azúcar no disminuía en el mercado

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CO 241/45. B. Dyde. Ob. cit., pp. 150-151.

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mundial. Compañías estadounidenses habían realizado inversiones en Cuba y la República Dominicana, donde existían tierras fértiles, baratas y cercanas al mercado de Estados Unidos de América que, para entonces, era gran comprador de azúcar. Los productores en las Antillas Menores intentaron competir con los de las Antillas Mayores, recurriendo a la modernización industrial, pero se interpusieron factores que no se lo facilitaron, como tierras agotadas y técnicas inadecuadas.35 La gran demanda estadounidense contribuía a la entrada en su mercado del azúcar procedente de las plantaciones caribeñas a pesar de su elevado costo. Los diferentes tropiezos antes enunciados no impidieron que los dueños continuaran con sus operaciones. Mantener con vida una industria poco competitiva en el mercado mundial era posible gracias a la drástica reducción de los salarios. Se había producido una disminución de la fabricación del azúcar por el empleo de maquinarias obsoletas. Pero el factor principal lo constituyó la baja en los salarios. Habían sido reducidos en un 20 %. Los obreros cobraban 10 peniques por un día de trabajo. En la temporada en que no había zafra, la situación era mucho peor porque aumentaba la pobreza y se acrecentaba el hambre y la desesperanza. La exportación al mercado estadounidense del azúcar producido por las colonias caribeñas lejos de ser una solución era una momentánea tabla de salvavidas a la moribunda industria. Funcionaba con capital insuficiente por la negativa de los bancos a prestar dinero a los dueños de ingenios. Esas circunstancias no bastaron para que las autoridades en Londres fijaran su atención en los dueños de plantaciones. Les daban algunos paliativos, pero no se solucionaba el problema. Los industriales solicitaron auxilio

B. C. Richardson. Ob. cit., p. 21.

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Ingenio azucarero en Antigua cerrado por la crisis en el mercado londinense. Fuente: Elizabeth Abbott. Sugar a bittersweet history. London and New York, Duckworth Overlook, 2009, p. 4.

financiero con subsidios, pero en esos momentos no fueron escuchados en el Parlamento. Lo más satisfactorio lo obtuvieron en 1900 con una ordenanza local para bajar aranceles y fomentar así la exportación de azúcar.36 La crisis del sector era tan pronunciada que esas decisiones no impidieron que en 1914 fuera cerrada una factoría azucarera en Antigua.37 Desde el Departamento de Agricultura, con sede en Barbados, elaboraron un informe en fecha cercana a 1915 sobre la industria azucarera. Hacía un repaso de la industria en los últimos diez años. Afirmaba que la capacidad productiva elaboraba 3,000 toneladas de azúcar en cien días de trabajo. Como en muchos otros documentos, a lo que menos

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CO 240/25. CO 152/347.

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atención prestó el informe fue a la condición de los obreros. La industria se mantenía con vida debido a los bajos salarios.38 El sistema fomentado desde Londres en la propuesta del libre comercio quedaba tirado en tierra por quienes presentaron el informe de las Leewards en 1898. Aconsejaban la factibilidad de que en Antigua construyeran centrales azucareros con ayuda estatal y reconocían la imposibilidad de que el sector privado pudiera hacerlo. En este sentido, privilegiaban a Barbados, una de las zonas insulares de mayor dimensión. Descartaban a Antigua por la limitada extensión y su propensión a la sequía, lo cual afectaba el suministro de agua a las fábricas.

Obreros de la caña en Barbados. Note la presencia de mujeres en esas labores. Fuente: National Archives: Colección rey George´s guía a Souffriere in centre.

CO 318/334.

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Se continuó fomentando la siembra de productos para la exportación y de ese modo obtener los ingresos provenientes del azúcar. En octubre de 1913 las autoridades de Antigua emitieron una ordenanza para proteger la producción agrícola. Estimulaban la siembra de cacao, coco y lima. Con esta decisión se escuchaba clara la voz de alarma dada varios años atrás sobre la necesidad de poner atención a otros bienes distintos del azúcar. El 14 de diciembre de 1915 había sido aprobada una ley sobre el uso de la tierra agrícola. Se ordenó que su pago se hiciera a mitad de año. Los habitantes de Barbuda le solicitaron al Rey, a principios de 1916, que posibilitara mejores condiciones para el empleo de esas tierras,39 petición que ponía al descubierto el deterioro social de la economía. Se acudía al monarca para lograr condiciones aptas para vivir. En St. Kitts-Nevis, el Concejo emitió una ordenanza el 22 de septiembre de 1898 para gravar el azúcar, la melaza y el ron con el fin de incrementar los ingresos fiscales. A partir del 1.o de abril de ese mismo año, para fomentar la industria azucarera, desde Londres redujeron los impuestos sobre las tierras cultivables, de 3 peniques a uno por acre.40 En Nevis, un informe afirmaba que la tierra, como recurso de producción, estaba al alcance de la gente. Eso evitó el hacinamiento en pueblos y ciudades y la imperiosa necesidad de buscar en el exterior mejores condiciones de vida. La obtención de tierras en porciones pequeñas y su cultivo contribuían al aumento de la producción de alimentos y ofrecían posibilidades a las personas, concluía el informe. Uno de los productos que sembraban era la caña y la llevaban a los molinos.

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CO 152/350. CO 241/45.

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Para entonces, la dependencia de la industria azucarera ofrecía pocos beneficios porque estaba en fase moribunda. Esto dejaba a quienes dependían de ella poco margen para la adquisición de los productos de la canasta básica. Los precios en el mercado de St. Kitts en 1917 eran los siguientes: Tabla 1.1. Precios de productos de consumo en St. Kitts en 1917 Artículo

Precios

Maíz

3 peniques por libra

Pescado (merluza)

5 ½ peniques por libra

Harina (para hornear)

3 ½ peniques por libra

Leche

11 peniques por litro

Guisantes

3 peniques por libra

Arroz (roto)

5 peniques por libra

Azúcar

2 ¼ peniques por libra

Petróleo (queroseno)

3 peniques por cuarto de botella

Fuente: The Official Gazette of St. Christopher and Nevis. Vol. XIV. July 19th, 1917, No. 31.

En un intento por hallar una solución al elevado costo de la vida y encontrar la manera de hacer rentable la industria azucarera, desde Londres recomendaron a los productores que detuvieran el cultivo cuando finalizara la cosecha de 1898. Un 25 % de las haciendas cumplió lo solicitado cuando fueron notificadas. Con los niveles de atraso técnico y las tierras agotadas se les advirtió sobre la dificultad de obtener los resultados esperados. Como una forma de ayudar en ese proceso fueron introducidas mejoras técnicas en St. Kitts-Nevis sin muchas esperanzas porque el terreno montañoso y accidentado era poco prometedor. Habían sido reducido los salarios que, sumado a la falta de empleos, aumentaba la angustia y el descontento, lo cual ocasionó protestas en 1896.

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Mantener bajos salarios se había constituido en una política del imperio británico en sus dependencias coloniales. A una conclusión similar llegó Woodward, apoyado en investigaciones de Charles Booth correspondientes a 1888, según la cual el 37.7 % de la población de Londres vivía por debajo de la línea de pobreza. En 1901, la investigación realizada por Rowntree en York puso de manifiesto que el 43.4 % de los asalariados, o sea, un 25 % de la población, tenía ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.41 Eso era en Londres, en las colonias la situación se tornaba peor. En 1898, ante la falta de competitividad, fue planteada la idea de eliminar en St. Kitts, tal como se había sugerido para Antigua, un tributo para aliviar la producción azucarera.42 Hasta entonces era la mayor actividad empresarial de la que disponían los inversionistas nativos y absentistas radicados en Londres. Desde luego, los obreros resultaban perjudicados, dado que no les otorgaban incentivos, como sí lo estaban procurando las autoridades londinenses para los dueños de unidades productivas. En otros territorios coloniales, como Dominica, los industriales azucareros padecían similar situación que la de sus colegas de Antigua y St. Kitts. No les resultaba ventajoso, en 1903, contar con tierras costeras, que ofrecían inmensas posibilidades comerciales por su cercanía a los puertos y por su llanura propicia para la agricultura. En varias comunicaciones expusieron el panorama calamitoso por el que atravesaba el sector. El 21 de noviembre de 1910 solicitaron que fueran en su ayuda y enviaron emisarios a Londres para hacer saber su posición.43 E. L. Woodward. Ob. cit., pp. 183 y 309, nota 11. CO 241/45. 43 CO 152/328. 41 42

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En St. Kitts la vivienda para obreros era de reducida dimensión. Fuente: Gordon C. Merrill. The historical geography of St. Kitts and Nevis the West Indies. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1958, p. 127.

El secretario de propaganda colonial londinense informó en 1899 que en las Leewards se habían dedicado al cultivo de productos agrícolas como forma de dar respuesta a la situación. Fueron preparadas tierras para la siembra de bienes distintos a la caña de azúcar, como algodón, lima, cacao, entre otros. El trabajo de la Cooperativa Unión se fortaleció como alternativa para paliar la crisis.44 La inestabilidad de la industria azucarera, unido a la política económica aplicada desde Londres, dejaba poco margen a la solución de problemas colectivos. El sistema colonial no arrojaba beneficios para las Indias Occidentales.

Condiciones del bienestar Las islas de sotavento (Antigua y Barbuda, St. Kitts y Nevis, Dominica, Montserrat) tenían concejos legislativos que 44

CO 318/298.

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gozaban de amplia autonomía. En esos concejos la participación de los libertos estaba excluida. Cuando sus integrantes tomaban una decisión que atentaba contra los intereses de Londres, la única manera que la Corona disponía para imponerse era haciendo uso del veto.45 Con el fin de evitar que los colonos reimplantaran el execrable sistema esclavista, los funcionarios del Colonial Office ordenaron que se expidieran contratos a los indios y chinos. Pero dejaron desprotegidos a los negros libertos, que no pudieron tener en posesión tierras adecuadas en proporción a su número. Esto provocó disturbios en las islas de mayor dimensión, donde se esperaba que hubiera un número de asentamientos más grande. En Jamaica, en 1865, ocurrió un levantamiento que exigía tierras donde trabajar.46 En 1876, por los mismos motivos, hubo otro levantamiento en Barbados.47 El sistema colonial implementado desde Londres en perjuicio de la zona caribeña la llevó a la crisis permanente por la expoliación y el saqueo permanentes. La sumió en deudas que se prolongaron durante varios años. Como consecuencia, en 1865, la administración de Antigua se declaró insolvente. En ese año arrastraba aún una deuda de 10 % de un préstamo obtenido en 1843 para atender daños de un terremoto y que, a finales de siglo, no había sido cancelado. Se le concedió otro préstamo en esa misma época para construir una planta que suministrara agua a la ciudad de St. John´s.48 Ch. Bruce. Ob. cit., p. 234. E. Williams. British Historians and the West Indies. Brooklyn. A & B Books Publishers, Brooklyn, New York, 1994, pp. 62-79. 47 M. Magnus. «Patrones de estratificación social en el Caribe entre fines del siglo XVIII y fines del XIX: algunas aclaraciones comparativas». En Primer Congreso Internacional de Historia Económica y Social de la Cuenca del Caribe. Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, 1992, pp. 731-732. 48 B. Dyde (2000). Ob. cit., p. 172. 45 46

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En la segunda mitad del siglo XIX, la crisis económica se dejó sentir debido a los bajos ingresos los cuales afectaron el presupuesto. El presupuesto de 1882 fue de 38,953 libras esterlinas, el del 1894 de 58,761 libras, el de 1895 descendió a 56,017 libras, y el de 1896 fue de 56,500 libras. Los ingresos equivalieron a 55,446 libras en 1894. Y 43,215 libras en 1895, año desastroso, y 49,560 libras en 1896. En diciembre de 1898 las cuentas tenían un déficit acumulado de 20,000 libras. Para obtener mayor cantidad de recursos se recurrió a incrementar los impuestos. Por ejemplo, se aumentó a 4 chelines y 8 peniques los derechos de exportación por tonelada de azúcar, y se intentó reducir los gastos.49 Esta situación afectó el sistema de salud debido al desequilibrio macroeconómico en el que los ingresos estatales estaban por debajo de los gastos y fue necesario acudir a recursos externos. En 1898 se había endeudado con 20,000 libras esterlinas y mantenía una deuda financiada que ascendía a 138,000 libras esterlinas.50 Dada la vulnerabilidad de la industria azucarera, amenazada por las condiciones climatológicas en cada ciclo de siembra, resultaba previsible un mayor retroceso, convirtiendo a la isla en una carga para los recursos del imperio, como concluía el informe de 1898 sobre las Leewards. La presión financiera y el desgaste de la principal industria se reflejaron años después en la educación. La inversión social asignada en el presupuesto de Antigua para 1888 ascendió a 41,441 libras, 15 peniques y 8 chelines. A la educación le fue asignado 2.9897 %, a hospitales 16.2858 % y a la atención médica 5.3932 %. La situación en St. Kitts era tan calamitosa como en Antigua. En el año

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CO 152/226. CO 152/226.

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1888 el presupuesto era de 35,060 libras, 18 peniques y 10 chelines. De ese monto destinó a la educación el 4.1357 %, a hospitales el 14.2241 % y a la atención médica 5.7301 %.51 De sumarse las partidas para hospitales y atención médica en cada una de las administraciones arrojaría una cifra aparentemente satisfactoria, lo cual pone de relieve el interés de las autoridades por mejorar el bien común. En líneas generales el aspecto que tenía Antigua era tétrico. Susan Lowes lo describió de manera dramática: de 1892 a 1894 hubo sequía, de 1894 a 1897 los cañaverales se infectaron, los precios del azúcar bajaron, se incrementó la importación de azúcar de remolacha a Inglaterra y la sequía afectó de modo severo la producción de alimentos.52 En 1897, la población dependía de la industria azucarera. Ese mismo año Francis Watts rindió un reporte sobre la industria azucarera de Antigua en el cual afirmaba que esta iba a la ruina.53 De 4,966 personas empleadas, solo 1,971 conservaban su puesto en 1898, con el agravante de tener bajos salarios. La situación se tornó tan dramática que aumentó el número de pobres y mendigos, y muchas personas murieron de inanición debido a las necesidades.54 En fin un panorama adverso para los libertos. Los colonos usaban como argumento para justificar sus privilegios desacreditar a los libertos basándose en el supuesto desinterés de trabajar en las antiguas faenas que realizaban como esclavos. The West Indian Coperative, en Leeward Islands Blue Book, 1889-1891. British Foreign & Commonwealth Office. 52 S. Lowes. Ob. cit., 53 National Archives. Londres, Colonial Office, 9/60. 54 S. Lowes. «They couldn't Mash Ants’: The Decline of the White and Non-White Elites in Antigua, 1834-1900». Capítulo en Karen Fog Olwig (Ed.), Small Islands, Large Questions: Society, Culture, and Resistance in the Post-Emancipation Caribbean, Cass, 1995, pp. 31-52; 31. 51

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su primer reporte anual, informaba de la existencia de fincas de caña hipotecadas porque los libertos tenían animadversión a trabajar en ellas.55 En el mismo legajo que contiene dicho informe se desmentía la calumniosa afirmación y se decía que le impedían el acceso a una parcela para trabajarla por su cuenta. En los contados casos en que algunos libertos dispusieron de tierras, como en Santa Lucía, la caña era de mayor calidad que las de sus competidores, los grandes plantadores. Como la mayoría de la población no poseía tierras, la opción que les quedaba era emigrar. Los gobiernos de las colonias trataron de evitar, sutil, pero decididamente, que los libertos adquirieran tierras; una forma de lograrlo fue forzándolos a trabajar en las propiedades de mayor dimensión o, de lo contrario, que no tuvieran otra salida que la emigración.56 En Antigua se favorecía la explotación de las tierras por parte de las grandes compañías, a una de ellas se le otorgaron 321, 792.01832 tareas.57 Este proceder llevó a Ramiro Guerra a afirmar que la asamblea en Antigua repartió tierras entre la población blanca y dejó en condición de mayor vulnerabilidad a los libertos.58 St. Kitts tuvo efímeros momentos de bonanza, como en 1882, cuando las exportaciones de azúcar reportaron un ingreso de 262,145 libras esterlinas y la melaza 260,198.59 Estos ingresos eran circunstanciales y no resultado de la vitalidad de la industria. Lo producido tenía como destino los mercados de Estados Unidos y Canadá. Parecida situación a la de Antigua atravesaban sus habitantes a finales del siglo XIX. En 1897, un informe del Royal Commission sostuvo que, en CO 318/297. NAL. V. Bulmer-Thomas. Ob. cit., pp. 248-249. 57 National Archives, Londres, Colonial Office, 152/226. 58 R. Guerra. Ob. cit., p. 38. 59 CO 152/226. 55 56

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1891, sobre un total de 30,876 habitantes, 10,718 laboraban en la industria azucarera.60 Como consecuencia de la disminución del comercio del azúcar en las Antillas inglesas, a finales del siglo XIX, la presión aumentó por diversas razones sobre los habitantes. No fue hasta la Guerra Mundial (1914-1918) cuando empezó a sentirse una leve mejoría.61 Las condiciones antes referidas favorecieron la emigración de los obreros desempleados a finales del siglo XIX. Para estos fines aprovecharon las bases navales establecidas en lugares estratégicos como resultado de la política expansiva por el globo terráqueo después de la independencia de las Trece Colonias. Algunas estaban ubicadas en Halifax, Nueva Scocia, Jamaica, Antigua y Bombay. Estas bases sirvieron al mayor distribuidor de mercancías fuera de Europa. Los productos eran tabaco, té, azúcar, algodón y seda.62. En 1911, en el Concejo de ministros del presidente de la Junta de Gobierno y ministros de las Colonias, plantearon el tema de la emigración asistida, siempre y cuando el Reino Unido no pagara el costo del viaje de los súbditos. Con esto se daba mayor importancia al mercado laboral o «bolsas de trabajo», cuyo funcionamiento se había iniciado en febrero de 1910.63 Como solución se planteaba el laissez-faire en el mercado laboral que permitía la emigración de personas a lugares donde pudieran trabajar para mejorar su condición social. La tendencia a la baja de la industria azucarera marcaba un retroceso en el bienestar de las personas. A finales del siglo XIX esto se agudizó. El reporte emitido por la Comisión

National Archives. Londres, Colonial Office, 152/226. Reporte del Royal Commission, p. 133. 61 Bulmer-Thomas, V. Ob. cit., 246. 62 Marshall, P. J. (Ed.). The Cambridge Illustrated History of British Empire. University of Cambridge, Great Britain, 1996, p. 16. 63 National Archives. Londres, Cab 37/105. 60

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Lugares en Antigua donde se alojaban obreros y sus familiares. Fuente: National Archives: CO 152/415/4.

Real en 1898 fue revelador de varios aspectos que incidían en este estado de cosas. Destacaba lo ocurrido en Antigua por aquellos años, lo cual era poco favorable a los obreros y también a los productores.64 A unos y a otros por razones distintas los afectaba. La situación social en las posesiones británicas caribeñas había presentado un deterioro en los últimos años del siglo XIX y transitaba por una ruta peligrosa, como la de Orissa o Morant Bay. Los indicadores así lo presagiaban. El desplazamiento de su mercado natural ponía en evidencia la vulnerabilidad de los dueños de ingenios. El informe de 1898 concluía que el uso intensivo de las tierras en las islas de Sotavento y Barlovento las había llevado a un bajo rendimiento en la cosecha. La erosión del terreno, la sequía y las inundaciones incidieron en la decadente 64

CO 152/226.

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Personas de St. Vicente descalzas ponen de manifiesto la miseria y el uso del sombrero en la cabeza. Fuente: National Archives: Grupo de negrosSt- Vicent. King George´s guide to Souffriere in Centre.

productividad, factores que afectaron a la industria basada en la caña de azúcar y también a la de los alimentos.65 Como casi todos los informes, este no contemplaba ningún análisis de cómo remediar la situación de los obreros. Aconsejaba la siembra de nuevas variedades, recomendación que colocó a Antigua, como a las demás colonias dependientes del azúcar, en una posición difícil en lo económico, como fue ya expuesto, situación que continuó en los años iniciales del siglo XX. A lo explicado en el informe deben agregarse los fenómenos naturales que también influyeron en el retroceso de la economía de las Indias Occidentales. En 1894 ocurrió una fuerte sequía y las cañas sufrieron enfermedades. En 1898 las Leewards fueron azotadas por huracanes. También Montserrat y Nevis en 1899. Dos huracanes pasaron cerca 65

B. C. Richardson. Ob cit., p. 17.

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de Antigua en 1899 y afectaron los campos sembrados. Un poco más al Occidente, en la isla de Jamaica, transitaron cuatro huracanes entre 1911 y 1921.66 En San Vicente ocurrieron tres erupciones volcánicas en 1902.67 Todo esto hizo retroceder las condiciones materiales de las personas. La mayor asignación presupuestaria en el sistema de salud intentaba aliviarla calamitosa situación que estaban padeciendo las personas. Debido a ella, había comenzado a emigrar un elevado número de hombres, razón que obligaba a emplear mujeres y niños en las actividades laborales, un franco retroceso con respecto a las normas antes emitidas que reglamentaban la participación de los niños en el trabajo.68 Los empleados, además de la baja productividad, laboraban en condiciones insalubres, que les ocasionaban frecuentes enfermedades. En julio de 1915, el gobernador de Antigua expuso la situación insatisfactoria de las letrinas en St. John´s.69 Otro aspecto de la actividad pública abandonada por la política de libre comercio había sido la educación. En 1912, el número de alumnos ascendía a 1,565, de los que 739 eran varones y 826 niñas. Del total, 443 tenía más de siete años.70 En las escuelas de jóvenes había 1,122 alumnos, de los que 520 eran varones y 602 niñas. El distrito tenía 21 escuelas y funcionaba con 16 profesores. De 1912 a 1913, el número Francis Watts. Colonial Reports-Miscellaneous. No. 35. Report on the Sugar Industry in Antigua and St. Kitts-Nevis, 1881 to 1905. Printed for his Majesty’s Stationery Office, London, 1906, p. 9. 67 D. Marshall. «A history of West Indian Migrations: Overseas Opportunities and Safety-Valve Policies». En B. Levine, The Caribbean exodus. Praeger Publishers, New York ,1987, p. 20. 68 El trabajo de los niños fue reglamentado desde 1833 cuando fue abolida la esclavitud. 69 CO 152/347. 70 CO 152/339. 66

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Construcción de un canal obra que generaba empleos en Antigua en 1910. Fuente: National Archives: CO 1069/230.

de alumnos se redujo en 809.El inspector de escuelas de Antigua reportó, el 6 de octubre de 1913, que la población estudiantil en St. John´s y en los vecindarios cercanos, como Potters Village, agrupaba cinco escuelas para jóvenes y niños que tenían una población de 756 alumnos, distribuidos en escuelas denominadas Catedral (anglicana), Buxton Grove (denominacional), Spring Gardens (moraviana), Ebenezer (wesleyana), Potters Village (moraviana) y Point Infant (anglicana). La educación estaba en manos de instituciones religiosas que a su vez instruían a las personas a someterse a la política imperial. Para la concepción de libre comercio del imperio, la inversión social representaba una carga, razón por la que no era de esperarse el necesario aumento del presupuesto en

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Otra sección de la construcción del canal en Antigua. Fuente: National Archives: CO 1069/230.

educación. La solicitud en ese sentido hecha por el director de la escuela elemental no tuvo la respuesta acorde con esa forma de pensar. El retroceso en el número de escuelas erala clave de la comunicación del 27 de febrero de 1914 del

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Actividad lúdica en la escuela de Nevis. Fuente: National Archives: CO 1069/411.

director de la escuela elemental de Antigua al gobernador, en la que le informaba su intención de cerrarlas todas por la precariedad. Para evitar tan drástica decisión, se necesitaba sumar 500 libras esterlinas al presupuesto asignado. En respuesta, el gobernador le comunicó al inspector que para el año 1913-1914 solo había garantizado 250 libras esterlinas de las 500 solicitadas. La falta de escuelas oficiales era cubierta por centros privados. Entre ellos se destacaban las iglesias anglicanas, moraviana y wesleyana. Antigua tenía dos escuelas oficiales, dos infantiles y 23 pertenecientes a las diferentes iglesias: seis eran anglicanas, nueve moravianas, siete wesleyanas y una denominacional.71 71

CO 152/339.

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Hombre montado en bicicleta en una de las calles de Antigua en 1910. Fuente: National Archives: CO 1069/231.

El deterioro en las condiciones de vida no solo afectó a los obreros de la industria azucarera. Afectó también a personas que prestaban servicios en otros sectores de la economía. El 11 de octubre de 1911, Agustin Abbott, que había trabajado en la policía de St. Kitts, Antigua y Anguila desde 1876, con esposa y seis hijos, le escribió al Rey para solicitar las atenciones del Estado.72 Como ese, seguramente hubo muchos otros casos, consecuencias del deterioro de la vida en las islas de Sotavento y Barlovento. Con el panorama que planteaba Abbott, poco alentador para establecer elevados niveles de bienestar, hubo voces que en su intento de justificar lo indefendible afirmaban la 72

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Sitio habitado por personas en Antigua con dimensión de 8 por 9 pies en 1929. Fuente: National Archives: CO 152/415/4.

existencia de una situación de bonanza. El 9 de febrero de 1915, H. Humpany, en un memorando al secretario colonial, expuso lo contrario. Incluso puso en duda la pretendida prosperidad en la isla. Usó como argumento el caso de las personas que tuvieron que recurrir a la emigración y alertaba del interés de otros por seguir los pasos de quienes ya habían emigrado.73 La crisis social se ponía de manifiesto en la calamitosa situación de salud de los niños. De ella se hizo eco el periódico Antigua Sun en su edición del 9 de diciembre de 1915.74 Se atribuía a la Primera Guerra Mundial la causa de fondo. Realmente la guerra había puesto al descubierto la miseria acumulada por el largo tiempo de expoliación al que las

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CO 152/350. Infirmary for the Sick Infants of the Poor. Antigua Sun, 9 December, 1915.

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Indias Occidentales fueron sometidas y no se constituía en la causa. En la información del periódico se llamó la atención sobre la elevada mortalidad infantil. Durante la guerra, varió de un ya elevado 21 % a 27 %. De 5,964 niños nacidos en Antigua entre 1911 y 1915, 1,176 murieron después de un año de nacidos. En un reporte, la oficina médica fijó su posición. Afirmó que esa situación se debía a tres causas: incompetencia de la comadrona que intervenía en el nacimiento de los niños, ignorancia de la madre al suministrarle alimentos inapropiados a los hijos y la tercera atribuible a que la madre se veía obligada a trabajar por largas horas poco tiempo después de dar a luz y dejaba a la criatura sola.75 Era la manera de justificar los efectos de una fracasada y desastrosa política, desfavorable y perjudicial para los obreros y campesinos. Se sumaba la baja ingesta de calorías por parte de la madre, que debía agotar largas jornadas laborales por falta de un sistema de asistencia efectivo por parte del Estado. Esas eran las causas fundamentales. En un intento por revertir tan lamentable panorama, el sistema de salud fomentaba un cuerpo de nurses76 que apoyaba a los médicos. Desde 1870 había sido emitida una ley de enfermería a la que se le hicieron varias modificaciones.77 En 1906 fue publicado un reglamento para las personas que prestaban servicios en el sistema de salud. La tétrica situación social de las Indias Occidentales no fue objeto de interés en la conferencia imperial de 1897 porque ni siquiera fue recogida en las conclusiones del resumen. El reporte preparado por la Comisión Real en 1898, en cambio, sí tomó en consideración lo que allí sucedía y CO 152/342. Enfermeras. 77 CO 242/2. 75 76

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

Evolución de la vivienda para obreros en Antigua. Fuente: National Archives: CO 152/434/8.

expresó varios aspectos sobre la zona insular caribeña. Estableció que la población de Antigua era de 36,119 personas. Fijó en 120 el número de propiedades donde se cultivaba caña, 41 de las cuales pertenecían a campesinos propietarios o arrendatarios con extensiones menores de 50 acres.78 La deuda financiera fue estimada en 74,800 libras esterlinas. El creador del informe llamaba la atención de manera alarmante en el sentido de que se revertiría el flujo de riqueza de Londres a las Indias Occidentales. Ese era el gran temor, tener que destinar recursos desde la metrópoli a la colonia. Ese era el punto en que se encontraba Antigua a finales del siglo XIX. Se entendía que auxiliarla desde Londres por su bajo nivel de vida significaba devolverle parte de lo saqueado y una carga para el imperio. 78

CO 152/226.

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Viviendas de obreros en Antigua. Fuente: National Archives: CO 1069/231.

La situación en se presentaba tan precaria como en Antigua. El gobernador de St. Kitts-Nevis comunicó al Colonial Office que prestaran atención a las endebles construcciones donde residían las personas y recomendaba corregirlas. Apeló a razones de orden moral e higiénico, lo cual —según sus apreciaciones— implicaría mejorar la productividad del trabajo. Se mostró preocupado de que se quedaran las islas de Antigua-Barbuda y St. Kitts-Nevis sin obreros porque estaban emigrando a otras partes. Una manera de evitar ese dramático llamado de atención era incentivar la actividad laboral y aportar bienes al exterior. Tarea difícil de alcanzar por el sistema colonial imperante. Un ejemplo lo constituyó

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el intercambio comercial de 1912, cuando las importaciones, en su mayor proporción procedentes de la metrópoli, fueron de 256,728 libras esterlinas y las exportaciones de 193,368 libras.79 Desbalance que hundía en mayor dependencia a la colonia. El deterioro comercial se traducía en la baja calidad de vida. El gobernador hizo referencia a las precarias viviendas donde residían las personas, pero no era el único mal que afectaba a los habitantes isleños. En otra comunicación, fechada el 5 de febrero de 1914, para la cual se apoyó en otro informe firmado por el doctor Brook, afirmaba la existencia de malaria en las West Indies.80 Con el propósito de erradicar el mal no solo se trató lo sucedido en Antigua-Barbuda y St. Kitts-Nevis sino que también se realizaron inspecciones en Dominica. Otros temas relativos a la salud fueron la falta de letrinas, la necesidad de reparar el mercado de pescados, la construcción de un drenaje en ese espacio, dotar a las viviendas de pisos de cemento y controlar las ratas, entre otros males.81 Estas recomendaciones dejaban bien descrita la condición en la que vivían los obreros.

Emigración como solución A principios del siglo XIX, la política del imperio británico con respecto a la emigración desde la metrópoli era inexistente. Fue necesaria la incidencia de varios factores para que esta cambiara. En la administración del primer ministro Lord Liverpool (1812-1827) no tuvieron éxito seis tentativas de fomentar la emigración. Solo hubo un grupo

St. Christopher & Nevis Official Gazette (1913). Vol. X, núm. 26, Thursday, June 12th. 80 CO 152/339. 81 CO 152/339. 79

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no mayor a 12,000 personas que logró salir del Reino Unido. Sus integrantes tuvieron como destino a Estados Unidos de América.82 La oposición de las autoridades a la emigración se apoyaba en la creencia de que el país perdía riqueza porque los que emigraban se llevaban el dinero. Las autoridades que se oponían a la emigración pretendían con ello atajar el dinero. Daban importancia al recurso financiero. Para entonces no se había desarrollado la concepción sobre los emprendedores, sino que prevalecían los enunciados de la economía clásica: tierra, trabajo y capital. A los pocos años hubo un cambio en la creencia de retener la mayor cantidad de gente en el territorio. La difusión de la teoría de Robert Malthus llamó la atención de las autoridades. Había propuesto Malthus que la población aumentaba de manera geométrica mientras los alimentos lo hacían en progresión aritmética.83 Ese erróneo planteamiento, que el tiempo se encargó de desmentir, causó en su momento un gran influjo en quienes tomaban las decisiones de Estado y fue la causa del cambio de opinión sobre la política migratoria. El temor a la hambruna superó los obstáculos interpuestos por el interés de retener la riqueza en el territorio. Con su teoría, Malthus no solo influyó en los académicos, políticos y empresarios, sino que, también, junto a los postulados de Adam Smith dados a conocer años antes, ganó más adeptos entre la población. Smith consideraba que: «… a partir de la experiencia de todos los tiempos y naciones, el trabajo de las personas libres, al final, llega a ser más barato H. J. M. Johnston. British Emigration. Police 1815-1830 Shovelling out Paupers. Oxford University Press, London, 1972, pp. 1 y 2. 83 T. R. Malthus. Primer ensayo sobre la población. El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial, 1980, pp. 53-54. 82

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que el realizado por esclavos».84 Smith había adquirido un gran prestigio por su defensa del mercantilismo y por su rechazo a la trata y a la esclavitud, sus opiniones aportaban argumentos para los abolicionistas. Cuando Smith dio a conocer su punto de vista se libraba una intensa discusión en el Parlamento entre los abolicionistas y quienes defendían mantener la esclavitud. Los abolicionistas demostraron con poco esfuerzo que el azúcar producido en las colonias caribeñas con mano de obra esclava costaba más en el mercado londinense que la producida en la India con obreros libres. Esto asestó un duro golpe al sistema esclavista, que condujo a la eliminación de la trata en 1807. La producción mundial de azúcar a principios del siglo XIX había sido en gran medida responsable de la decisión inglesa de prohibir la trata. El vacío de oferta dejado por Haití en el mercado azucarero fue sustituido por industriales de Brasil, Cuba y Mauricio. Luego se extendió a Luisiana, Australia, Hawái y Java. De este modo, se fueron incorporando suelos menos saturados que los de las Indias Occidentales que proveían producciones más baratas y abundantes.85 Como incentivo en la promoción de la emigración las autoridades londinenses prometían la entrega de tierras en África del Sur y Australia. Acudían al llamado británicos, escoceses, irlandeses y funcionarios de la Corona. El Estado se comprometía a dar asistencia a quienes se animaban a salir de la metrópoli; y para facilitarles los trámites, creó la oficina del Agente General de Inmigración. El secretario colonial proponía que la emigración fuera orientada, A. Smith. La riqueza de las naciones (Trad. C. Rodríguez Braun). Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 129. 85 E. Williams. Capitalismo y esclavitud. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 136. 84

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entre otros lugares del hemisferio occidental, a Canadá y a las Bermudas. El propósito que tenían con esos proyectos era la colonización y el poblamiento. Pretendían fomentar la producción de materia prima y la expectativa de que se constituyeran en consumidores de los productos metropolitanos. Otro propósito era que esos lugares fungieran como puntos estratégicos a las naves inglesas que se desplazaban por los mares y océanos. De este modo se establecerían puntos de reabastecimiento de la flota naval que transportaba las materias primas desde las colonias hasta la metrópoli, y mercancías desde la metrópoli hasta las colonias. En ese esquema les eran útiles las Windward y Leeward Islands en el mar Caribe. El valor estratégico de ese proceso lo expuso en años posteriores el capitán estadounidense Alfred Mahanal al aconsejar a su país que aplicara el modelo puesto en práctica por la Gran Bretaña y que les había reportado tantos beneficios en su desarrollo como potencia marítima.86 Con su exposición Smith contribuyó a la eliminación de la trata. Hasta el momento de producirse la eliminación en 1833 de la esclavitud se produjo alza del precio pagado por el esclavo, lo cual contribuyó a elevar el costo de lo que este producía en perjuicio de los colonos. Los dueños de plantaciones en el Caribe pidieron subsidios para competir con el azúcar producido en las Indias Orientales. En esos lugares era usada la mano de obra libre y los productos llegaban más baratos al mercado londinense. A pesar de que esa situación empujaba al consumidor del Reino Unido a pagar más caro el azúcar procedente de las Indias Occidentales, esta distorsión no era eliminada. Empezó a ponérsele fin cuando le fue quitado el privilegio en 1846 a los productores antillanos. 86

A. T. Mahan. The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783. Brown and Company, Little, Boston, 1918.

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La evolución de los acontecimientos relativa a la esclavitud no había eliminado el poder de quienes apoyaban ese sistema. Era grande la influencia de los sectores esclavistas en la política interna en Londres. Dentro de sus miembros estaban los colonos de las Indias Occidentales. Estos últimos lo habían puesto de manifiesto antes y de hacerlo de nuevo no lo dudarían porque tenían el monopolio azucarero en el mercado, razón por la que opusieron férrea resistencia a quienes eran partidarios del laissez faire. Entre los defensores del libre mercado se inscribían empresarios dedicados a la actividad del algodón en la India. Situaciones como las antes descritas que involucraba parlamentarios, grandes inversiones londinenses y colonos caribeños de una manera u otra influyeron en las autoridades estatales para fomentar la emigración desde las colonias caribeñas. Un aspecto de importancia en la promoción de las migraciones lo había expuesto John Marriott, congresista en el Parlamento y profesor de Historia en Oxford. Su trabajo le daba acceso a informaciones privilegiadas para conocer aspectos sensibles de la política imperial razón con la cual pudo emitir opiniones bastante fundadas. Según él, en los casos de Nueva Zelanda y Australia, el propósito era ubicar a la población blanca en otras regiones en un intento de crear una muralla frente a la población china y japonesa en el Pacífico.87 Esta idea se hizo extensiva a sus posesiones caribeñas, como lo puso de manifiesto W. P. Morrell.88 Las colonias caribeñas eran productoras del azúcar que se distribuía en Europa, razón por la que en su esquema tenían importancia comercial y poblacional. Junto a esas pretensiones se unía la J. A. R. Marriott. Empire Settlement. Oxford University, London, 1927, pp. 8 y 14. 88 W. P. Morrell. British Colonial Policy in the Age of Peel and Russell. Oxford, 1930, p. 152. 87

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voluntad de establecer vínculos comerciales por todos los rincones del planeta, para poner en práctica el laissez-faire que defendían los liberales en el Parlamento.89 La magnitud del fenómeno migratorio desde la Gran Bretaña llamó la atención de diversos investigadores y esto de una u otra manera tenía relación con lo que sucedía en ese sentido en las colonias caribeñas. Más de uno coincidió en que se produjo en cuatro momentos, aunque difieren en los años. Dawn Marshall sitúa el primero de esos momentos entre 1835 y 1885; el segundo, de 1885 a 1920; el tercero, de 1920 a 1940, y el cuarto, de 1940 a 1980.90 Courtney N. Blackman estuvo de acuerdo con Marshall en identificar cuatro periodos en el movimiento migratorio de los libertos insulares británicos del Caribe. El primero, que transcurrió entre 1830 y 1880, se caracterizó por producirse entre las propias islas inglesas caribeñas. El segundo coincidió con la caída de los precios del azúcar en el mercado mundial, de 1880 a 1920, y en él prevaleció la salida de migrantes del circuito de las islas inglesas hacia Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Cuba, Haití y la República Dominicana. La metrópoli deseaba disminuir la pobreza reduciendo el número de residentes en las ciudades de la Gran Bretaña. Igual propósito tenían para sus colonias caribeñas razón por lo que impulsaron la salida de los libertos. Y para garantizar aceptable tasa de retorno de las inversiones las asambleas insulares fomentaban, desde 1835, el arribo de personas procedentes de la India y China en calidad de trabajadores azucareros para compensar la salida de libertos y mantener los salarios bajos. Sobre todo, si eran tan bajos como los costos de producción manejados antes de la emancipación W. Podmore. British Foreign Policy since 1870. Xlibris, Bloomington, 2008, pp. 11-25. 90 Marshall, D. Ob. cit., p. 17. 89

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en 1833. Con el arribo de personas procedentes de Asia se intentaba evitar la miseria a la que la implementación del sistema colonial sometía a esas personas. Quienes así pensaban alegaban que la emancipación había sido perjudicial, porque había generado un gran desorden, con la afectación al trabajo y la ruina de los propietarios, dada la indisposición de los libertos a trabajar en los puestos donde habían sido esclavos.91 Esta era la opinión de personas influyentes y favorables a los libertos, por lo que debía esperarse poco de ellos. Dos ideas contrastaban en cuanto a la prosperidad económica de Gran Bretaña: la conservadora y la liberal. Charles Bruce, que trabajó como gobernador de las islas de barlovento (Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas), hizo una reflexión sobre las posiciones que se enfrentaban en esos años. Expresó que lord Beaconsfield era contrario al liberalismo porque veía en esa corriente de pensamiento un conjunto de fuerzas destructivas y desintegradoras del imperio,92 aunque reconocía, a pesar suyo, que el liberalismo se había impuesto como práctica.93 La situación que tenía la economía del Reino Unido en la segunda mitad del siglo XIX había sufrido un cambio a como operaba. De esto se hizo eco un equipo de historiadores de la Universidad de Cambridge. En sus conclusiones presentaron que la depresión económica era evidente entre 1873 y 1878.94 Parliamentary Papers. Hansard. Debate del 13 de marzo de 1866, Vol. 182 cc 120-134. 92 Lord Beaconsfield era Benjamín Disraeli, miembro del Partido Conservador. Fue primer ministro en 1868. 93 Ch. Bruce. The Broad Stone of Empire. Problems Crown Colony Administration with Records Personal Experience. Vol. I. Macmillan and Co., 1910, p. 166. 94 The Cambridge History of the British Empire. Edited by E. A. Benians, James Butler and C. E. Carrington. Vol. III, The empire-commonwealth, 1870-1919, Cambridge, 1959, p. 195. 91

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Charles Albert, de oficio mecánico, nacido en St. Kitts. Padre de la doctora Celsa Albert Batista. Fuente: Colección familiar de la doctora Celsa Albert Batista.

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Esta situación coincidió con la fase migratoria entre las islas. Los antiguanos lo hacían a Demerara, donde obtenían salarios superiores a los de su lugar de origen. Allí ganaban un dólar diario en Trinidad contra los cincuenta centavos en las Leewards. Luego, los antiguanos y los de St. Kitts-Nevis viajaban donde había actividad laboral, como las Bermudas, país en el que se construía un astillero naval en 1900.95 También los obreros tuvieron oferta migratoria a Estados Unidos, Santo Domingo y Curazao, entre otros. El ciclo propuesto por Blackman, que se extendió de 1880 a 1920, coincidió con la inversión de capitales de grandes corporaciones en la región caribeña. En Curazao y Venezuela, en la industria petrolera; en Panamá, se trabajaba para unir el mar Caribe con el Océano Pacífico. Allí laboraron de manera continua primero entidades francesas, como la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique, y luego estadounidenses. En Guatemala la United Fruit Company realizaba inversiones en plantaciones bananeras. En la República Dominicana fundaron en las inmediaciones de la capital y en San Pedro de Macorís varios ingenios azucareros.96 Posterior al ciclo de 1880 a 1920, se produjo en 1929 una crisis global y el estallido de las dos guerras mundiales del siglo XX. Los dos hechos fueron factores que aceleraron la salida de los trabajadores de las posesiones británicas en las islas del Caribe. El cuarto periodo se inicia en 1945 y se prolongó hasta los años finales de la década de los 60. Este último tramo se caracterizó por las migraciones a lugares tan distantes como México, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos.97 B. Richardson. Ob. cit., pp. 18 y 21. Sánchez, J. J. La caña en Santo Domingo, 2.a Ed. Editora Taller, Santo Domingo, 1976, pp. 29 y 43. 97 Courtney N. Blackman. «Factors in the Development of a Migration Policy for the Caribbean». En Robert A. Pastor. Migration and Development 95 96

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En 1879 fue autorizada la emigración a Santo Domingo donde ya residía una importante cantidad de británicos.98 En una comunicación firmada por más de veinticinco británicos dirigida a las autoridades del Reino Unido, solicitaban a la cancillería la apertura de un consulado en Samaná.99 En esa misma década, desde Antigua había emigrado tan elevado número de personas que se agudizó la escasez de obreros en actividades esenciales. Las colonias de las Indias Occidentales presentaban una situación de precariedad que amenazaba convertirse en temible carga para el imperio. Por esa razón, las autoridades londinenses habían autorizado, desde el siglo XIX, la emigración de quienes desearan hacerlo por motivos laborales. Infra se abordará el fundamento legal que facilitó la entrada de británicos a la República Dominicana. La política interior Gran Bretaña la armonizaba con la exterior y una muestra era el fomento de la emigración hacia sus dominios y a otros lugares. En la segunda mitad del siglo XIX la emigración continuaba siendo uno de los tres temas de importancia en la política inglesa. Los otros dos eran la defensa y la religión.100 Con respecto al tema del movimiento de personas eran elocuentes las informaciones emitidas por los parlamentarios Mr. Macfie y Sir Harry Verney. En 1869 emigraron 200,000 personas, y 257,000 en 1870.101 La salida que se registraba en la metrópoli también la emprendían los in the Caribbean. The Unexplored Connection, Westview Press, 1985, pp. 262-272. 98 CO 301/63. 99 CO 301/63. 100 J. R. M. Butler. «Imperial Questions in British Politics, 1868-1880». En E. A. Benians, et al. (Eds.). The Cambridge History of the British Empire. Vol. III The Empire-Commonwealth 1870-1919, Cambridge University Pres, 1959, p. 28. 101 Parliamentary Papers. Hansard. Debate del 20 de febrero de 1872. Vol. 209 cc 773-86773.

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libertos en las colonias caribeñas. En los dos grupos de emigrantes existía el denominador común de la miseria. Las autoridades tenían información de los ingresos percibidos por quienes trabajaban en Santo Domingo. En una comunicación del secretario colonial, fechada el 19 de junio de 1916, este se mostraba favorable a la emigración de obreros para laborar en la industria azucarera de las Antillas Mayores. Los salarios pagados en esas islas los veía atractivos. Expuso las razones de su recomendación refiriéndose al salario. Los obreros no calificados ganaban desde 50 centavos (2 chelines y 6 peniques) hasta $1.00 por día (4 chelines). Los más elevados cargos, como el capataz de cuadrilla, ganaban 4 chelines. Los trabajadores semicalificados, integrados por carpinteros, herreros, mecánicos de molinos y maquinistas, ganaban de 1.25 a 2.00 dólares al día, equivalentes a 5 y 8 chelines, respectivamente. A los cortadores se les pagaba 1.25 por día (5 chelines) y otros podían ganar hasta 1.50 por día (5 chelines). De manera excepcional, hasta 2.00 por día (8 chelines).102 Con las informaciones del secretario colonial quedaba muy clara una de las razones que incentivaban la emigración. Quienes decidían emigrar lo hacían porque obtenían con mucha dificultad los ingresos para adquirir la canasta de alimentos para su familia, y además el costo de estos era bastante elevado para el pago que recibían en las posesiones británicas. El 19 de junio de 1916 ya había emigrado a Santo Domingo un elevado número de antillanos británicos. El secretario colonial, en respuesta a una pregunta que le hizo un funcionario de la burocracia británica en La Habana sobre cuántos obreros de procedencia británica había en Santo Domingo, dijo que no existía estadística

102

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confiable. Pero afirmó que estimaba en unos 4,000. También valoró el salario que recibían, el cual calificó de atractivo por un monto pagado de 50 centavos a 1 peso por día.103 El comentario del secretario sugiere la posibilidad de que los obreros migrantes no se registraran en el consulado a su arribo a Santo Domingo o que esos registros se hubiesen extraviado. Las autoridades eran enfáticas sobre el registro. G. C. Johnson, secretario del administrador de St. Kitts, recomendaba a quienes viajaran que a su llegada a Santo Domingo se dirigieran al consulado en San Pedro de Macorís para presentar sus documentos. Varias ordenanzas fueron dirigidas a las autoridades consulares para que atendieran ese requerimiento.104 G. C. Johnson aconsejaba al candidato a emigrar que cumpliera varios requisitos: presentar boleto de embarque, pasaporte y tener contrato laboral del empleador,105 y proveerse de un certificado de nacimiento que demostrara haber nacido en posesiones británicas. Esos requerimientos fueron reiterados por las autoridades el 28 de junio de 1923, ocasión en que solicitaban a la oficina gubernamental emitir mayor cantidad de pasaportes.106 Una ordenanza del 22 de julio de 1918 contemplaba la emigración de los niños o menores de edad.107 La reiteró el Concejo al siguiente año, el 5 de mayo y el 8 de noviembre de 1919. Para quienes promovían las emigraciones también fueron emitidas ordenanzas regulatorias. Debían tener licencia,

CO 318/338. St. Christopher & Nevis Official Gazette (1912). Vol. IX. Thursday, December 19th, núm. 51. 105 St. Christopher& Nevis Official Gazette (1913). Vol. X. Thursday, January 2nd, núm. 1. 106 CO 8/37. 107 CO 8/37. 103 104

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con vigencia de un año, que los autorizara a ejercer su actividad. En 1918, en Antigua insistieron sobre una ordenanza de 1865 del Concejo Legislativo, según la cual este había instituido desde aquella fecha que los obreros debían firmar un contrato laboral antes de viajar a otros países.108 Carter Rey, natural de la isla de Anguila, fue uno de los beneficiados con la licencia para llevar migrantes a Santo Domingo. Se le exigía firmar con el obrero un contrato por un periodo fijo. Debía pagar a cada emigrante un pasaje de regreso al puerto de embarque. Comprometía al patrono a cumplir con el pago de los salarios conforme lo establecía el contrato.109 También existían reglamentos para los capitanes de los barcos que transportaran migrantes y para los permisos a los migrantes.110 Con respecto a la licencia para reclutar personas, el administrador T. Laurence Roxburgh, y presidente del Concejo en St. Kitts-Nevis, firmó varias de ellas. A su vez, las solicitudes tenían que ser autorizadas por el gobernador, el cual emitiría las licencias firmadas y selladas conforme a las normas y reglamentos establecidos por el Concejo. El solicitante debía pagar 10 libras esterlinas. La licencia podía ser suspendida de manera provisoria o revocada. La emigración adoptaba un carácter masivo. Para garantizar la seguridad, fueron formuladas otras regulaciones para las embarcaciones.111 Ponían atención en las características que debían tener. En los primeros años del siglo XX, esas ordenanzas fueron mucho más específicas con respecto a las embarcaciones y los pasajeros. CO 8/37. St. Christopher & Nevis Official Gazette (1912). Vol. IX. Thursday, April 27th. 110 Oficial Gazette (Thursday, April 27th, 1911) tiene la ordenanza del 8th April, 1911. 111 CO 240/25. 108 109

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Goleta que transportaba obreros desde St. Kitts. Fuente: Gordon C. Merrill. The historical geography of St. Kitts and Nevis the West Indies. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1958, p. 127.

Era elevada la cantidad de hombres que dejaban a sus familias en las posesiones británicas para trabajar en el exterior. Un examen de los censos realizados en los primeros años del siglo XX lo pone de manifiesto. Tabla 1.2. Censos en St. Kitts, Nevis y Anguila Años

1901

1911

Género Masculino Femenino

Total

St. Kitts

12,977

16,805

27,782

10,969

15,314

26,283

Nevis

5,605

7,169

12,744

5,521

7,424

12,945

Anguilla

1,687

2,203

3,890

1,562

2,513

4,075

Fuente: CO 242/3.

Masculino Femenino

Total

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

Goleta Warspite de 71 toneladas en la que viajaban cocolos hacia Santo Domingo. Fuente: Douglas C. Pyle. Clean Sweet Wind Sailing Craft of the Lesser Antilles. Easy Reach Press, Preston, 1981, p. 270.

Las embarcaciones utilizadas para el transporte eran goletas. Algunas nombradas como Warspite, Muriel, Betsy R y Eagle. Anguila tenía un rol importante en ese proceso porque allí estaban los armadores de esas embarcaciones. En su ruta esa isla era una de las paradas. Antes de la salida de los emigrantes, el agente debía proporcionar a las autoridades una lista de los candidatos y pagar una fianza al tesoro público por cada persona. El incumplimiento de las normas obligaba al pago de una multa que no excediera cincuenta libras. El monto que el agente de migración debía depositar por cada persona ascendía a cinco chelines. En noviembre de 1915 había abonado la suma correspondiente a 709 personas.112 112

CO 152/350.

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El agente responsable de ese proceso era Arthur Romney Carty en Anguilla y estaba autorizado a embarcar obreros a San Pedro de Macorís. De acuerdo con su licencia, debía proporcionar al tesoro una lista completa con los nombres de los migrantes, velar porque estos portaran un certificado de nacimiento o de la nacionalidad británica, proveerlos de un contrato, proporcionarles el pasaje para Santo Domingo, y garantizarles el trabajo en la hacienda o ingenio de destino. Todos estos requerimientos lo exigían la ordenanza 2 de 1911, emitida por el concejo. El agente solo estaba autorizado a transportar menores de 16 años o de menos edad cuando estuvieran acompañados de sus padres o tutores legales. Si viajaban para reunirse con sus padres o tutores, debían hacerlo con sus parientes responsables. Una de las ordenanzas establecía una proporción entre el número de pasajeros y el tonelaje de la embarcación; fijaba que esta debía transportar tres pasajeros por cada tonelada. Esta última ordenanza fue emitida en 1900.113 Para llegar a su destino, hacían un recorrido que salía de Anguila, pasaba por St. Martin y de ahí el viaje seguía hasta Santo Domingo. En ocasiones los obreros de St. Kitts-Nevis y Antigua-Barbuda no cumplían con la ordenanza 2 de 1911, afirmó W. E. Bruton en un informe del 1.o de marzo de 1916.114 Las condiciones económicas que imponía el sistema colonial británico a las Indias Occidentales fomentaban la desigualdad e incrementaban la pobreza. Lanzaba a los obreros al ámbito de los desempleados, los convertía en candidatos a integrar la lista de emigrantes por la situación

113 114

CO 240/25. CO 152/350.

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

deplorable en la que vivían. Una comunicación del gobernador de Antigua fechada de 1929 daba constancia de que dichas condiciones persistían. Informó que las viviendas con dimensiones de 8 por 9 pies eran endebles y miserables. Con el propósito de escapar a la miseria emigraban a Santo Domingo y Puerto Rico para laborar en la industria azucarera; otros lo hacían a Curazao para trabajar en la refinería petrolera, mientras que algunos se dirigían a Suramérica.115 En el contexto caribeño hubo el requerimiento de los funcionarios británicos a sus cónsules para que informaran sobre el número de emigrados. De ese modo mostraban el interés por los súbditos y de mantenerse al corriente de su condición en los lugares donde arribaban.116 Una manifestación de ese interés se hizo evidente con la exigencia a quienes se involucraron en el proceso la elaboración de contratos laborales con los emigrados.117 Un aspecto que los emigrados no descuidaron fue el relativo al envío de remesas a sus familias que quedaban en las Antillas británicas caribeñas para mitigar la calamitosa situación. Con el propósito de lograrlo, propiciaron acuerdos de giro con Venezuela y Cuba, lo cual pone en evidencia el elevado número de ellos que se CO 152/415/4. Un funcionario del Colonial Office, en circular del 27 de diciembre de 1916, dirigida a los cónsules, expresaba: «…me alegraré si usted me proporciona los detalles que puedan estar disponibles en relación con el número de antillanos británicos que trabajan en Caracas, Brasil y Colombia, en la medida en que sean colonos como visitantes temporales, los salarios devengados y condiciones especiales atractivas para este tipo de trabajo». National Archives. Londres, Colonial Office, 318/339. 117 En correspondencia del 6 de mayo de 1914 se hacía referencia a que se habían hecho contratos de servicios a los súbditos en Brasil y toda Centroamérica. Sugería que los cónsules hicieran los contratos de servicio a los que estaban laborando en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay, información que muestra la distancia a la que fueron a parar esos migrantes con respecto a sus lugares de nacimiento. National Archives. Londres, Colonial Office, 318/332. 115 116

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radicaba en esos lugares. De ese modo no tenían que esperar a finalizar el periodo laboral para llevar el sustento a sus familias.118 Los habitantes de Antigua-Barbuda, St. Kitts-Nevis, Anguila y otras integrantes de las Sotavento y Barlovento se enteraron de la inversión que realizaban las corporaciones estadounidenses en la República Dominicana. Posibilidades de trabajo y solución de situaciones insatisfechas creaban esperanza. Esa que habían perdido en sus lugares natales por la política imperial del Reino Unido.

118

El gobernador de Grenada, St. Lucía y San Vicente, el 20 de junio de 1914 informaba que esas islas entraban al acuerdo con Venezuela para el giro de dinero.

POLÍTICAS DE COLONIZACIÓN E INMIGRACIÓN: FACTORES EXTERNOS E INTERNOS

Políticas migratorias de otros Estados repercutieron en la República Dominicana. Un ejemplo de esto se puso de manifiesto en los propósitos de colonización impulsados por Gran Bretaña para aliviar su situación económica interna a inicios del siglo XIX. El desempleo de una gran masa de su población, especialmente en las colonias insulares caribeñas, provocó el éxodo de afrodescendientes libertos a diferentes países del área que ofrecían posibilidades laborales. El instrumento que determinó el inicio del proceso fue la firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación firmado entre la República Dominicana y el Reino Unido en 1850. Las gestiones para establecerlo iniciaron en 1846, durante la administración del general Pedro Santana, cuando era de gran interés llegar a un acuerdo porque en esos momentos luchaba por mantener su soberanía frente a los haitianos y, de lograrlo, sería el de los británicos el primer país en reconocer la recién declarada República. El artículo 2 del Tratado autorizaba que los súbditos ingleses se establecieran en suelo dominicano para desarrollar actividades comerciales y el artículo 8 los facultaba a practicar libremente su religión. Fue firmado el 6 de marzo de 1850 por J. M. Medrano Despradel, en representación de la República 95

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Dominicana, y Robert Hermann Schomburgk, por Inglaterra. El 3 de mayo fue aprobado por el Congreso Nacional y el 7 de ese mismo mes promulgado por Buenaventura Báez.119 En la segunda mitad del siglo XIX, influyeron otros factores, como la guerra de independencia de Cuba contra España, que provocó la emigración de un número indeterminado de cubanos a la República Dominicana. Aportaron capitales y conocimientos técnicos, algunos de ellos ayudaron a fundar la moderna industria azucarera a partir de 1874. Estos hechos coincidieron con los intereses políticos del Gobierno dominicano y los de los propios inversionistas, encaminados a atraer inmigrantes. La idea de progreso incentivó el arribo de europeos. Ellos serían los motores de nuevos modelos industriales, técnicas agrícolas avanzadas y formas de convivencia que elevaban la moral colectiva. El lugar donde se habían aplicado con éxito las políticas de colonización era Argentina, país que se tomó como ejemplo, sin considerar que poseía condiciones más favorables, como abundantes tierras, clima parecido al de los países desde donde se deseaba traer migrantes y mayores recursos naturales.120 Las Báez, Buenaventura. «Ratificación hecha por P. E. al Tratado de paz, amistad, comercio y navegación, entre la República Dominicana y Su Majestad Británica». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República, T. II. Santo Domingo, Publicaciones ONAP, 1982, 253-254 y 255-261. 120 La inmigración como factor de progreso y blanqueamiento en las sociedades americanas ha sido trabajado por C. Naranjo Orovio. Véase Las migraciones de España a Iberoamérica desde la independencia, Madrid, Catarata-CSIC, 2010. De esta misma autora, en los casos de Cuba y Puerto Rico, puede consultarse «Las últimas colonias: Puerto Rico y Cuba» de C. Naranjo Orovio y A. Santamaría, en L. Bernard, C. Naranjo Orovio y A. Santamaría, La América española II (1763-1898). Economía. Editorial Síntesis, Madrid, 2002, parte II, pp. 141-394; «Blanqueamiento, “higiene racial” y exclusión en Cuba», de C. Naranjo Orovio y A. García, Espace Caraïbe Amériques, núm. 1, Paris/Guyane, 2000, pp. 167-182; «Hacia una sociedad moderna: inmigración y blanqueamiento», de C. Naranjo Orovio, en Del 119

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condiciones diferentes de la República Dominicana hicieron fracasar este tipo de colonización e inmigración. En cambio, quienes respondieron al estímulo de poblar el territorio fueron los afrodescendientes procedentes del Caribe insular angloparlantes, que acudieron a cubrir la oferta laboral de la industria azucarera. Su presencia generó diversas reacciones por parte de los intelectuales, las cuales analizamos en este capítulo. Dos enfoques se destacaron en el fomento de las migraciones durante el periodo estudiado. El primero estaba relacionado con el interés de poblar el territorio sin tener en cuenta el costo que representaba alcanzar ese propósito; al parecer con la intención de revertir el bajo índice poblacional por kilómetro cuadrado. El segundo hizo énfasis en el tipo de personas que debían admitirse. Es necesario resaltar que, en el segundo, hubo quienes hicieron referencia a la discusión que había en otras latitudes sobre civilización y barbarie. El primer enfoque tuvo mayor vigencia a lo largo del siglo XIX y el segundo en la siguiente centuria. Ambos contaron con defensores desde la instancia estatal.

La economía dominicana La ausencia de censos poblacionales a nivel nacional durante el siglo XIX obliga a consultar estudios de distintas procedencias para tener idea del comportamiento demográfico. Con frecuencia son fuentes que ofrecen valoraciones muy diferentes entre sí. En 1871, una comisión estadounidense que visitó el país con el propósito de Caribe, núm. 25, Santiago de Cuba, 1996, pp. 54-62, y «Blanco sobre negro: debates en torno a la identidad en Cuba, 1900-1920», en F. Colom González (Ed.), Relatos de nación. La construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico, 2 Vols., Editorial Iberoamericana-Vervuert, Madrid-Frankfurt, 2005, pp. 849-869.

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evaluar las condiciones materiales de la nación estimó la población dominicana en 150,000 habitantes.121 Esta apreciación es un tanto irreal si se tiene en cuenta los cálculos basados en censos parroquiales. A partir de estos, Moya Pons asegura que en 1863 la cantidad de pobladores ascendía a 207,700.122 Esta cifra se aproxima a los cálculos de Roberto Marte, quien afirmó que en 1870 la población era de 248,581 habitantes.123 En esa época, la economía estaba sustentada en la producción de bienes primarios, como madera, azúcar, cera, café, tabaco y miel de abeja,124 que eran exportados a Gran Bretaña, Francia, España, Italia y, en los años finales del siglo XIX, a los Estados Unidos de América.125 Las importaciones de mercancías manufacturadas procedían de Gran Bretaña. El mercado interno estaba poco desarrollado, sin esperanzas de expansión por la ausencia de una red vial suficientemente amplia que conectara a todo el país.126 El presidente Buenaventura Báez mantuvo el interés de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos, que envió una comisión de evaluación. Informe de la Comisión de investigación de los E. U. A. en Santo Domingo en 1871. Prefacio y notas de E. Rodríguez Demorizi. Academia Dominicana de la Historia IX. Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1960, p. 75. 122 F. Moya Pons. «Nuevas consideraciones sobre la historia de la población dominicana: curvas, tasas y problemas. En Seminario sobre problemas de población en la República Dominicana, Editora de la UASD, Santo Domingo, 1975, pp. 37-63. 123 R. Marte. Cuba y la República Dominicana. Transición económica en el Caribe del siglo XIX. Editorial CENAPE, Santo Domingo, 1989, p. 57. 124 J. R. Abad. La República Dominicana. Reseña general geográfico estadística. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo,1993, pp. 263-264. 125 R. Marte. Estadísticas y documentos históricos sobre Santo Domingo (18051890). Ediciones Museo Nacional de Historia y Geografía, Santo Domingo, 1984, p. 284. 126 S. Hazard. Santo Domingo, su pasado y presente, Santo Domingo, Editora de Santo Domingo, 1974, pp. 289-291. 121

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Igual que otras islas del Caribe, la República Dominicana proveía de materias primas a las metrópolis europeas y posteriormente a Estados Unidos bajo un régimen económico dependiente de un mercado único.127 El mercado interno era abastecido por el pequeño productor o era suplido por la producción de autoconsumo. Esta situación propició el subdesarrollo, explicado por Lacoste cuando se refiere a las características de sociedades de rápido crecimiento poblacional y bajos niveles de desarrollo industrial, como es el caso de las naciones del Caribe.128 Las actividades generadoras de riqueza estaban dirigidas a la producción agrícola o, en casos excepcionales, a la agroindustria; en esta categoría, los ingenios azucareros se constituyeron en piezas clave. Las Antillas angloparlantes, francoparlantes, Guyana, Cuba y Puerto Rico habían adquirido un importante desarrollo en la producción azucarera y entraron en la condición de proveedoras dependientes, como fue el caso de la República Dominicana. En el último tercio del siglo XIX empezaron a variar las condiciones económicas del país porque, a sus exportaciones agrícolas, se sumó la producción de los complejos agroindustriales azucareros. Aun cuando esto no lo hacía muy diferente, el país disponía de varias ventajas con respecto a sus vecinos antillanos; por ejemplo, su baja densidad demográfica, la fertilidad de las tierras destinadas al cultivo y su cercanía F. Báez Evertsz. La formación del sistema agroexportador en el Caribe. República Dominicana y Cuba: 1515-1898. Editora UASD, Santo Domingo, 1986, p. 21. 128 El carácter del subdesarrollo de las sociedades insulares presentaba los síntomas de una explosión demográfica, escasez de alimentos, atraso agrícola, bajo nivel de vida, pobre industrialización, dependencia de capitales externos, sector comercial poco desarrollado y atraso en las estructuras sociales. Y. Lacoste (Trad. de C. Guerrero). Los países subdesarrollados. 13.a Ed., Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1981, pp. 5-21. 127

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al mercado estadounidense. Esta última quizás era la principal ventaja, en tanto mercado donde situar su producción azucarera. Cuba y Puerto Rico poseían las mismas cualidades antes enumeradas, pero tenían algunas limitaciones. Una parte importante de los cubanos estaba en guerra contra España y al inicio del siglo XX la ley Foraker limitó la extensión del latifundio azucarero en Puerto Rico. Situaciones que no se estaban dando en la República Dominicana. La fertilidad de la tierra, uno de los factores que hizo posible la inversión de capitales externos, llamó la atención de numerosos investigadores dominicanos y extranjeros durante las décadas de 1970 y 1980 y, en 2013, la de aquellos interesados en dilucidar si el capitalismo se había desarrollado antes o después de fundarse la industria azucarera moderna.129 129

El tema fue estudiado por historiadores, sociólogos y economistas. Todos con el denominador común de que, en el siglo XIX, unos años antes o pocos después, se desarrolló el capitalismo en el país. La generalidad de los trabajos pretendía determinar las bases desde donde partir para hacer propuestas políticas. De las investigaciones publicadas pueden citarse: R. Cassá. «Acerca del surgimiento de relaciones capitalistas en la República Dominicana», en Realidad Contemporánea, Santo Domingo, UASD, núm. 1, octubre-diciembre, 1975; F. Báez Evertsz, «Azúcar y dependencia en la República Dominicana», en Academia de Ciencias de la República Dominicana, Anuario, año 1, núm. 1, 1975, pp. 697-824; M. Bonetti, «El desarrollo del capital en Santo Domingo,1800-1895», en Academia de Ciencias de la República Dominicana. Anuario, año 1, núm. 1, 1975, pp. 869-1201; L. Gómez. Relaciones de producción dominantes en la sociedad dominicana 1875/1975. Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 1979; J. C. Rodríguez Jiménez y R. Vélez Canelo, El precapitalismo dominicano de la primera mitad del siglo XIX (1780-1850), Editora de la UASD, Santo Domingo, 1980; J. Boin y J. Serulle Ramia, El proceso de desarrollo del capitalismo en la República Dominicana (1844-1930). El desarrollo del capitalismo en la agricultura (1875-1930), T. II, Ediciones Gramil, Santo Domingo, 1981; N. Carreño, Historia económica dominicana. Agricultura y crecimiento económico. Siglos XIX y XX, UTESA, Santo Domingo, 1989, pp. 23-56, y M. Linares. El capitalismo dominicano (1900-1960). T. I. Impresos La Escalera, Santo Domingo, 2013.

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El trasfondo de las explicaciones se basaba en la teoría del subdesarrollo y desarrollista, enarbolada por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto,130 Vania Bambirra,131 Celso Furtado,132 entre otros. Los teóricos de la dependencia, como se les denominaba entonces, afirmaban, en términos más o menos generales, que las inversiones de los países centrales en los países atrasados reducían la distancia de bienestar social entre los países ricos y pobres. Los citados especialistas eran partidarios, por tanto, de que los países latinoamericanos recibieran inversiones de capitales foráneos. En el caso dominicano, después de las primeras inversiones que hicieron posible el renacer azucarero, las relaciones capitalistas de producción no alcanzaron su plenitud. Jaime de Jesús Domínguez, que ha estudiado la historia dominicana de los últimos treinta años del siglo XIX, opinó que en 1886 dicha relación aún no existía porque la economía únicamente ocupaba 6,000 obreros asalariados que prestaban servicio en el sector agroindustrial. En ese año se estimaba la población en 350,000 habitantes con predominio de la zona rural y un bajo porcentaje empleado en las actividades fabriles.133 Mientras Jesús Domínguez se fijaba en la Expusieron que la situación del subdesarrollo nacía de la relación entre sociedades periféricas y centrales. F. Henrique Cardoso y E. Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina, 16.a edición, Siglo Veintiuno Editores, México, 1979, p. 22. 131 La profesora Vania Bambirra explicaba que la dependencia se debía a la expansión de los capitales procedentes de los países centrales a los no desarrollados. V. Bambirra, El capitalismo dependiente latinoamericano, 3.a edición, Siglo XXI Editores, México, 1976, p. 23. 132 Furtado propuso una relación entre la ideología del progreso y la del desarrollo con sus orígenes en la propuesta de Adam Smith. C. Furtado, Creatividad y dependencia, Siglo XXI Editores, México,1978, pp. 84-96. 133 J. de Jesús Domínguez. Notas económicas y políticas dominicanas sobre el periodo julio 1865 julio 1886, tomo I, Editora de la UASD, Santo Domingo, 1983, p. 17. 130

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actividad industrial como parámetro de desarrollo capitalista, otros sostuvieron que el comercio de rubros agrícolas con el exterior era manifestación de la presencia capitalista en el campo.134 Esa discusión aún no resuelta entre los intelectuales dominicanos deja abierto un campo tan amplio como movedizo sobre el cual no pretendemos extendernos demasiado. La posesión de la tierra en manos de pequeños productores generaba bienes destinados al exterior. En la parte norte o valle del Cibao, los comerciantes sembraban tabaco, café y cacao, y recogían miel de abejas y productos que destinaban al mercado mundial. En la región sur predominaba el corte de maderas, trapiches para producir mascabado y la siembra de café; en las llanuras del este se concentraba la crianza de ganado vacuno combinado con siembras de cacao y frutos menores. Todas esas actividades productivas demandaban baja inversión de capital constante; aun así, originaban relaciones mercantiles. Estos modos de producción predominaron hasta la introducción de la industria azucarera. Quienes tuvieron el papel protagónico en lo económico y político fueron el general Pedro Santana, cuyos ingresos particulares los obtenía del hato ganadero, y su rival, Buenaventura Báez, que había acumulado parte de su patrimonio con el corte y exportación de maderas. Los dos lideres se sucedieron en la presidencia de la República entre 1844 y 1861 y eran de los personajes más acaudalados del país, con fortunas obtenidas de actividades con bajas inversiones de capital. Ese estado de atraso económico provocaba atraso social, razón por la que las élites ilustradas impulsaron la idea de progreso. Eso implicaba dar mayor participación a los grupos que durante muchos

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J. Boin y J. Serulle Ramia. Ob. cit.

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años fueron excluidos de todos los derechos, como las mujeres y aquellos que habían sido esclavos. En consecuencia, contemplaron la inmigración como una alternativa para el desarrollo de la economía.135 En aquellos momentos la concepción de progreso implicaba la presencia del capital industrial, con lo que se obtendría mayor consumo de bienes «complejos» y «refinados». De ese modo se pretendía una distribución espacial de la producción y el empleo, así como el fomento de inversiones en ciencia y tecnología. Interesada la élite en obtener mayores niveles de consumo, impulsó la idea de progreso material. Este grupo social mantenía fuertes lazos con el liberalismo político y económico, razón por la cual sus integrantes estimulaban el ingreso al país de capitales industriales yde mano de obra que generaran un clima favorable al desarrollo. Quienes defendían el progreso procuraban una combinación de los dos factores: trabajo y capital. Entendían la necesidad de la paz y proponían la implementación del orden contra la barbarie como complemento.136 Las élites dominicanas, igual que sus pares latinoamericanos, se hicieron abanderadas de esas concepciones y procuraron promoverlas especialmente en la región del Cibao, como se verá más adelante. A partir de 1870 se inicia un cambio en la tendencia de la economía dominicana con la recepción de los capitales invertidos en la industria azucarera. Sobre esa base, este estudio se divide en tres etapas ese proceso: de 1870 a 1890, de 1891 a 1899 y de 1900 hasta después de 1950, año en que finaliza la presente investigación. R. Nisbet. Historia de la idea de progreso, Gedisa, Barcelona, 1981, pp. 258-259. 136 G. Weinberg. La ciencia y la idea de progreso en América Latina, 1860-1930, 2.a Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1998, pp. 51-55. 135

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En la primera etapa sobresalieron las acciones encaminadas a pacificar el país con el propósito de impulsar las bases del progreso económico. La República Dominicana aún estaba en proceso de regulación del mercado fronterizo con Haití, que ocasionaba pérdidas a los productores del norte y fricciones entre los gobiernos de los dos países. Pero no siempre se imponían las diferencias entre los dos Estados, sino que también surgieron acuerdos de cooperación durante la Guerra de Restauración (1863-1865), librada entre dominicanos y españoles. Los productores del Cibao obtuvieron permiso del presidente haitiano Fabre Geffrard para vender sus productos en el vecino país. Este apoyo volvió a ponerse de manifiesto cuando los generales Gregorio Luperón, José María Cabral y Luna, y Pedro Antonio Pimentel entraron en guerra para impedir a Báez enajenar la península de Samaná a los Estados Unidos durante su administración de los seis años (1868-1874). Un resultado de ese acercamiento lo constituyó el tratado de 1874, concertado en Cabeza de Cachón entre los presidentes Ignacio María González y Michael Domingue. Dicho acuerdo puso fin a las hostilidades bélicas iniciadas en 1844 entre las dos naciones.137 Las administraciones que continuaron después de González trabajaron para alcanzar la paz interna. Pero lograrla no era tarea fácil debido a las acciones violentas de los diversos caudillos que pretendían controlar el Estado para alcanzar beneficios personales en lugar de servir a la nación como instrumentos de desarrollo y progreso. En la pugna por controlar el Estado surgieron disputas entre quienes optaron por su modus vivendi y los nacionalistas 137

Era la primera vez que se reunían presidentes de ambas naciones desde que se había proclamado la separación dominicana de Haití el 27 de febrero de 1844. «Entrevista de los dos Presidentes». En El Orden, año 1, 28 de marzo de 1875, núm. 34, p. 1.

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representados por los trinitarios. Ausente el general Pedro Santana,138 Buenaventura Báez continuó siendo en gran medida el contendiente a ser desplazado; sus principales oponentes eran representantes de sectores agrícolas y pequeños comerciantes cibaeños que habían tenido protagonismo en la guerra de 1863 a 1865 contra España.139 Para retener la presidencia, Báez concertó en 1869 un préstamo ascendente a 420,000 libras esterlinas con la compañía Harmont, el cual ataría al país a una espiral de endeudamiento por muchos años. Un estudioso del proceso financiero dominicano, Antonio de la Rosa, afirma que dicho empréstito lesionó los intereses nacionales porque facilitó que Estados Unidos aplicara al país los postulados de la Doctrina Monroe.140 El más impactante de los inconvenientes que generó el contrato con la Harmont fue el reintento estadounidense de controlar parte o la totalidad del territorio dominicano. De entonces datan los acuerdos con Washington para la concesión dela península y la bahía de Samaná. Quienes se resistieron a ello fueron los sectores nacionalistas. Una viva expresión de tales sentimientos precipitó la caída del general Cabral en 1868 con la revolución La Regeneradora. En 1874 cayó la quinta presidencia de Báez, que había sustituido a Cabral por intentar este negociar el territorio nacional.141 Báez, a su vez, fue sustituido por Ignacio El caudillo militar falleció en 1864. Oponente de Báez era el general Gregorio Luperón, fundador y líder del Partido Azul, quien, apoyado en su prestigio e influencia, sugirió en varias ocasiones personas que ocuparon la presidencia de la República, como Pedro Antonio Pimentel. El general José María Cabral y Luna nació en San Cristóbal y en su juventud había militado en el baecismo. Otro prominente cibaeño fue el general Ignacio María González, fundador del Partido Verde. 140 A. de la Rosa. Las finanzas de Santo Domingo y el control americano, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 1987, p. 40. 141 J. G. García. Compendio de la historia de Santo Domingo, T. IV, 5.a Ed. Central de Libros, Santo Domingo, 1982, pp. 142-207. 138 139

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María González, quien tomó dos importantes decisiones cuyos alcances tuvieron larga repercusión. La primera consistió en otorgarle franquicias al cubano José Francisco García, interesado en la fundación de un ingenio azucarero en las inmediaciones de la capital.142 Después de la instalación de esa empresa agroindustrial, otros empresarios cubanos recibieron concesiones similares para emprender inversiones de ese tipo en otras administraciones gubernamentales. La segunda consistió en obtener beneficios económicos mediante la firma del tratado de paz con Haití, logrado en la administración de Ignacio María González.143 Asegurada la paz con el vecino, las administraciones que sucedieron a la de González se propusieron alcanzar el progreso que llevaba implícita la consolidación económica. Con el desarrollo social como meta, el gobierno del general Gregorio Luperón creó, el 25 de febrero de 1880, las juntas de artes y oficios en cada común del país,144 y juntas de crédito que facilitaron recursos económicos a bajos intereses, con los cuales financió los proyectos de su administración.145 El presidente pretendía proteger y fomentar el trabajo en los

Ese permiso propició el asentamiento de otros cubanos que invirtieron en la industria azucarera dominicana en varios puntos geográficos, concentrando un grupo de centrales en San Pedro de Macorís. Gaceta Oficial, 21 de julio de 1874, año 1, núm. 28. 143 «La República de Haití ponía a disposición de la República Dominicana RD$150,000 en efectivo». El Orden, 28 de febrero de 1875, año 1, núm. 30, p. 3, artículo 12 del contrato. Los industriales azucareros se beneficiarían de la mano de obra haitiana con mayor provecho iniciado el tercer ciclo. 144 Los integrantes eran el gobernador, el jefe comunal, el párroco, el director del colegio o escuela municipal donde estaría el taller, el presidente y el secretario del ayuntamiento. 145 G. Luperón. «Decreto 1837 del Gobierno Provisional creando en cada común una Junta de Artes y Oficio». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo séptimo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo, 1929, pp. 600-602. 142

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campos a la vez que se propuso beneficiar a los jóvenes, con edades entre 14 y 18 años, que se inscribieran en los talleres. Quienes se registraran quedarían excluidos del servicio militar durante el tiempo que permanecieran en el aprendizaje de un oficio. A los maestros se les entregarían la propiedad de un solar para fabricar el local del taller. Esas decisiones no surtieron los efectos deseados, por lo que se apeló a la inmigración de europeos capaces de impulsar el progreso. En esos momentos, a la vanguardia del desarrollo local estaba la industria azucarera, y eran necesarios técnicos que atendieran la demanda laboral de esas unidades. La importancia de los centrales azucareros en la economía del país encauzó el debate migratorio en ese terreno. Uno de los que participaron en la discusión fue L. Julien, partidario de fomentar la inmigración para atender la falta de personal técnico.146 Al parecer, las amenazas más serias para el desarrollo de la industria fueron la ausencia de caminos y de personal técnico. Este aspecto fue tratado por el secretario de Estado de Justicia, Fomento e Instrucción Pública en su memoria, presentada en 1884 al presidente de la República.147 A inicios de la segunda etapa, en 1891, la falta de caminos que limitaba el crecimiento y la modernización del país continuaba siendo tema de atención.148 Para eliminar la situación de atraso, se emprendieron distintas acciones contra todo aquello que impidiera su logro, incluyendo métodos violentos para enfrentar los L. Julien. «La cuestión de inmigración de trabajadores extranjeros para Santo Domingo». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año X, 11 de agosto de 1883, BNPHU, núm. 477. 147 J. T. Mejía. «Memorias que el Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de Justicia, Fomento e Instrucción Pública». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XI, 26 de abril de 1884, BNPHU, núm. 508. 148 Congreso Nacional. «Poder Legislativo». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año, XVIII, 26 de septiembre de 1891, BNPHU, núm. 892. 146

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levantamientos armados de los caudillos cuando las autoridades lo entendieran necesario. El sacerdote Fernando Arturo de Meriño, siendo presidente de la república, emitió un decreto que condenaba a muerte a todo aquel que se sublevara.149 El Decreto de San Fernando del padre Meriño fue una forma de preservar la paz necesaria para las inversiones. En interés de alcanzar el progreso, durante la administración del sacerdote los congresistas fomentaron la industria azucarera por medio de un decreto del Congreso Nacional. Reconocieron que esa industria reportaba valiosísimos beneficios porque propiciaba la división del trabajo. Para estimularla concedieron terrenos a quienes fundaran un ingenio, exoneraron por seis años la mitad del pago de impuestos a las exportaciones de azúcar y mieles desde la primera zafra, y del pago de las tasas fiscales a los productos que importaran para la construcción de almacenes. 149

Tuvo que atender de manera simultánea dos guerras. El presidente enfrentó a los acantonados en el sur y el ministro de Guerra y Marina a los que estaban en el este. Ambos grupos fueron derrotados y a los prisioneros se les aplicó el Decreto de San Fernando que establecía el fusilamiento a quienes se rebelaran con armamentos. El 30 de mayo de 1881 fue promulgado el Decreto de San Fernando por ser ese el día destinado en el calendario católico a homenajear ese santo. En su segundo artículo estipulaba: «Todo ciudadano que fuere aprehendido con las armas en las manos, reconocida que sea su identidad, será condenado á la pena capital», en «Decreto No. 1939 del Poder Ejecutivo sometiendo ante el Consejo de guerra á los conspiradores», Santo Domingo, 30 de mayo de 1881. Gobierno Dominicano. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo octavo, Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo 1929, pp. 35-36. El decreto tuvo aplicación transitoria y fue derogado el 21 de noviembre de ese mismo año. Ver “«Decreto No. 1975 del Poder Ejecutivo abrogando el del 30 de Mayo de este año sobre conspiradores, Santo Domingo, 21 de noviembre de 1881». Gobierno Dominicano.Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo octavo, Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo, 1929, pp. 107-108.

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Estos privilegios estaban condicionados a que el cultivo de la caña fuera realizado en dos terceras partes por colonos dominicanos.150 El devastador efecto de las guerras civiles había alejado muchos capitales y causado el desánimo en la nación. El general Luperón se hizo eco de este.151 La siembra de productos agrícolas en el Cibao fue disminuyendo la tendencia mercantilista para dar paso al pleno desarrollo capitalista. El propio Luperón intentó impulsar en su administración ese proyecto con incentivos a quienes sembraran café, cacao y tabaco.152 Esto tuvo como resultado el aumento de los volúmenes de exportación, cuyas cifras fueron impresionantes entre 1881 y 1887, de acuerdo con Álvarez Leal, residente en el país en aquellos años.153 Otro testigo, Robert Stuart,

Congreso Nacional. «Poder Legislativo». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XI, 20 de mayo de 1882, BNPHU, núm. 414. 151 El general Luperón era de opinión de que «[…] en países donde, como en el nuestro, han menguado, á causa de una cruenta educación política, de una serie de azarosas guerras civiles, los capitales nacionales, la confianza de los capitales extranjeros y el hábito del trabajo, la iniciativa particular no tiene suficiente eficacia para acrecentar de nuevo tan preciosos elementos de progreso […]». Gobierno Dominicano. «Decreto No. 1853 Creando una Junta de agricultura en cada cabecera de municipio». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo séptimo, Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo 1929, pp. 626-629. 152 H. Tolentino Dipp. Gregorio Luperón. Casa de las Américas, La Habana, 1979, p. 153. 153 Los volúmenes exportados de café entre 1881 y 1887 fueron: 2,997; 4,940; 5,475; 2,223; 2,315; 2,392 y 2,553 quintales, respectivamente. Los de Cacao en 1881, 1885, 1886 y 1887 representaron 62,068; 112,523; 114,621 y 175,637 quintales, respectivamente. Los de tabaco, entre 1881 y 1887, fueron: 3,459; 3,619; 5,249; 6,315; 7,262; 7,849 y 9,781 quintales, respectivamente. F. Álvarez Leal. La República Dominicana (1888). Territorio. Clima. Agricultura. Industria. Comercio. Inmigración y anuario estadístico. Santo Domingo, Academia Dominicana de la Historia-Archivo General de la Nación, 2014, pp. 39-40. 150

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en 1881 informó a su cancillería del desarrollo y progreso que había tenido la agricultura dominicana con los mencionados rubros, que eran exportados con destino al puerto alemán de Bremen; esos productos se constituyeron en los mayores tributarios de ingresos fiscales antes que se desarrollaran los centrales azucareros.154 Otras inversiones de grandes capitales privados fueron la construcción del ferrocarril Sánchez-La Vega.155 El cónsul español Ricardo Palomino hizo referencia al aumento de la producción en la memoria presentada al ministro de la monarquía en 1883. Informó que en 1878 se había exportado 53,340 quintales de azúcar, cantidad que fue creciendo cada año; en 1879 la exportación ascendió a 89,220 quintales; en 1880 fueron exportados 96,000 quintales, y en 1881 el volumen subió a 109,040 quintales.156 El general Ulises Heureaux, cuya administración abarcó varios años de las dos primeras etapas antes mencionadas, era conocedor de lo que sucedía en la economía, de manera especial en la industria azucarera. Fue abanderado de la idea El autor de ese informe tenía el rango militar de mayor. Trabajaba como ministro residente y cónsul general británico en Haití y encargado de Negocios en la República Dominicana. R. Stuart. «Observaciones del mayor Stuart sobre la República Dominicana en 1876 y 1881», en R. Marte. Estadísticas y documentos históricos…, pp. 227-231. 155 El plano del ferrocarril estaba concebido con el propósito de unir los poblados de Samaná y Santiago, pero finalizaron construyéndolo de Sánchez a La Vega. El proceso constructivo se extendió casi toda la década de los años 80. Su mayor dificultad era la falta de mano de obra. Fue necesario el empleo de cocolos. M. Baud. Historia de un sueño. Los ferrocarriles públicos en la República Dominicana 1880-1930. Santo Domingo, Fundación Cultural Dominicana, 1993, pp. 35-54. 156 R. Palomino. «Memoria sobre la República Dominicana que presenta el cónsul español Ricardo Palomino al ministro de Estado de la Monarquía en 1883», en R. Marte. Estadísticas y documentos históricos sobre Santo Domingo (1805-1890). Santo Domingo, Museo de Historia y Geografía, 1984, pp. 233-276. 154

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de progreso y dirigió sus acciones hacia nuevos rumbos, distintos a los transitados por sus antecesores. En el fomento de la inmigración rompió con la actitud conservadora cibaeña de pretender asentar colonos blancos y permitió la entrada de afrodescendientes de interés para los ingenios azucareros en esos momentos como será abordado más abajo. Acorde con su política de progreso, fomentó la construcción de vías férreas con el propósito de resolver la deficiencia de carreteras. También, fijó la atención en los políticos nacionales, realizó alianzas con viejos enemigos, aplicó duras medidas contra nuevos opositores y disminuyó de esta manera los levantamientos armados que tanto daño hacían a la economía.157 Logró Heureaux obtener tanto arraigo político como poco de sus antecesores.158 Consolidado su régimen, el otro flanco al que prestó atención fue al económico. Se propuso incrementar la relación comercial con los estadounidenses, quienes habían consolidado su mercado interno. Con este fin, solicitó la intermediación de William Bass;159como consecuencia de Por las actividades dirigidas a la pacificación fue investido por el Congreso Nacional en junio de 1888 con el título de Pacificador. Gobierno Dominicano. «Resolución No. 2666 del C. N. confiriendo al General Ulises Heureaux, presidente de la República, el título honorífico de “Pacificador de la Patria”». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo décimo, Imprenta del Listin Diario, Santo Domingo, 1929, pp. 440-442. 158 Arrinconados sus opositores, el único con prestigio de enfrentársele era el general Gregorio Luperón, líder del propio partido donde militaba Heureaux. Debido a la persecución política de sus partidarios, Luperón tuvo que salir al exilio. Más información al respecto en M. Sang. Ulises Heureaux. Biografía de un dictador. Santo Domingo, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1989, pp. 19-36. 159 William Bass, hijo de Alexander Bass, propietario del ingenio Consuelo, era el único industrial azucarero con los vínculos necesarios para realizar acciones de cabildeo en Washington defendiendo los intereses propios y los de sus colegas. 157

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las gestiones hechas por Bass en 1883, se firmó un tratado de reciprocidad comercial entre las dos naciones. Entre los veintinueve productos dominicanos que entrarían en el mercado estadounidense libres del pago de aranceles estaban el azúcar, las mieles y las melazas.160 En 1879, antes que Heureaux ocupara la presidencia, fue celebrado el Congreso de Geografía en París, donde se decidió construir un canal interoceánico por el istmo de Panamá. Se designó que la empresa la asumiera el ingeniero Ferdinand de Lesseps, constructor del canal de Suez. Heureaux supo aprovechar coyunturas internacionales, como esa, que le dio la oportunidad de atraer algunas de las embarcaciones en tránsito en ruta desde Europa a Panamá. Con ese propósito, el 27 de abril de 1883, promulgó la ley que habilitaba como puerto franco el de la bahía de San Lorenzo, al sur de la bahía de Samaná.161 El otro puerto franco que competiría con el propuesto por el presidente era el de Saint-Thomas, pero la escasa extensión territorial de aquella isla no podía ofrecer mayores posibilidades que el territorio dominicano.162 Con el fin de incrementar la futura inversión de capitales extranjeros y nacionales, Heureaux inició reformas en varios sectores, impulsó el saneamiento de las tierras163 y dictó M. de J. Galván, y F. J. Frelinghuysen. «Convenio comercial de reciprocidad entre la República Dominicana y los EE. UU. de América». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XII, 10 de enero de 1885, BNPHU, núm. 545. 161 Anónimo. «El Puerto franco de San Lorenzo», Gaceta Oficial, Santo Domingo, año X, 7 de mayo de 1883, Santo Domingo, BNPHU, núm. 463. 162 Isla de posesión danesa hasta 1917, cuando fue adquirida por los Estados Unidos de América junto a Saint John y Saint Croix, por 25 millones de dólares. C. A. Rodríguez. Geografía de la isla de Santo Domingo y reseña de las demás Antillas, 2.a Ed. Vol. XI, Sociedad Dominicana de Geografía, Barcelona, 1976, p. 162. 163 Wenceslao Vega opina que el fin de los terrenos comuneros sucedió a partir de 1911, reforzado con el registro de tierras del año 1920. W. Vega. 160

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normas sobre la crianza de ganado doméstico de pasto en espacios cercados. Otro propósito implícito en la ley estaba dirigido a solucionar la tenencia de títulos de propiedad de la tierra.164 El Congreso asumió la facultad de otorgar la propiedad de los predios agrícolas o ganaderos a las personas físicas o empresas que los estuvieran ocupando, y dio competencia a los administradores de hacienda de las provincias y distritos para expedir títulos de propiedad.165 En la región este, quienes primero se beneficiaron de esa ley fueron los hateros. Como consecuencia, también se vieron favorecidos los dueños de ingenios, quienes adquirieron tierras de manos de los hateros. Respecto a esa decisión y otras parecidas, Jaime de Jesús Domínguez afirmó que, con ese proceder, se procuraba desligar al Estado de la responsabilidad de la crisis económica.166 Diríamos más bien que esta ley evidenció el fracaso estatal para atraer inmigrantes blancos que se venía intentando desde la segunda mitad de esa centuria, estrategia que Ulises Heureaux no continuó. La ausencia de obreros en los centrales se debía a varios factores. Uno de ellos era el modo de vida del campesino dominicano, basado en una economía de subsistencia.167 Otro factor, expuesto por Ulises Francisco Espaillat, era la «Historia de los terrenos comuneros de la República Dominicana», en Clío. Órgano de la Academia Dominicana de la Historia, año 68, enero-junio, núm. 162, pp. 81-162. 164 U. Heureaux. «Ley 3522 sobre crianza de animales domésticos de pasto». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo, 1929, pp. 459-476. 165 U. Heureaux. «El Congreso Nacional, en nombre de la República». Gaceta Oficial,Santo Domingo, año X,7 de julio de 1883, BNPHU, núm. 472. 166 J. de Jesús Domínguez. La dictadura de Heureaux. Editora Universitaria, Santo Domingo, 1986, pp. 65-66. 167 R. González. «Ideología del progreso y campesinado en el siglo XIX», Ecos, año 1, núm. 2, 1993, pp. 25-43.

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violencia generada por guerras civiles que afectaban la integración del campesino en las labores industriales.168 En efecto, los disturbios se habían extendido entre la población, dirigidos por caudillos regionales. La lucha política generaba levantamientos armados entre ellos y contra quienes controlaban el Estado. Los campesinos participaban en los diversos bandos, que perseguían controlar alguna oficina de aduana con el propósito de repartir los ingresos entre correligionarios.169 El caudillismo causaba mayor estrago en las regiones sur y este porque estas eran las más pobres. En el Cibao también operaban los caudillos, pero sus actividades hacían menos daño que en el sur, donde predominaba la pequeña propiedad agrícola. Esta modalidad de tenencia de la tierra garantizaba a los campesinos contaran con los productos necesarios para su subsistencia, además de cultivar otros rubros que comercializaban en el mercado mundial. Cuando se aproximaba el tiempo de cosecha se requiera el mayor número de obreros agrícolas, y los campesinos, para resolver la escasez de estos, aplicaban mecanismos como la modalidad denominada convite. Esto no era aplicable a los ingenios azucareros ni por el volumen de trabajadores que se necesitaba ni por el tiempo que exigían las labores; era una alternativa insuficiente paralas tareas fabriles, como lo resaltó Lluberes Navarro.170 «Los esfuerzos de la “Liga” y de cuantos tengan en algo el precioso bien de la paz, deben dirigirse a que quede para siempre desterrado de nuestro país el odioso y vergonzoso sistema de nombrar gobiernos por medio de la lucha armada. Si esto se logra, se salva el país». U. F. Espaillat. Escritos de Espaillat. Artículos, cartas y documentos oficiales, Editora del Caribe, Santo Domingo, 1962, p. 216. 169 P. L. San Miguel. La guerra silenciosa. Las luchas sociales en la ruralía dominicana, Archivo General de la Nación, Santo Domingo, 2011, p. 44. 170 Lluberes reflexionaba al respecto que «El populoso valle del Cibao nunca fue sembrado de caña, ni nunca fue fuente de mano de obra ya que allí la tierra era fértil, bastante bien distribuida y con un campesinado de larga 168

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Otro de los factores que incidía en alejar al campesino dominicano de la industria azucarera eran los fluctuantes y bajos salarios, insuficientes ante los niveles de inflación. La labor que mayormente ejecutaron en esa industria fue la tala de árboles en la preparación de los terrenos donde se sembraría la caña, y la hacían porque esa era la actividad mejor pagada y no requería la disciplina que demandaba la factoría. Esto nos muestra claramente que los campesinos del sur y del este, a diferencia de los cibaeños, no disponían de medios que les permitieran vivir independientemente, sin la necesidad de un empleo parcial en el ingenio para obtener algún ingreso. En otras palabras, la actividad que realizaban en los centrales azucareros era coyuntural o complementaria. El hecho de que los campesinos no aceptaran trabajar en los ingenios azucareros por tiempo prolongado, como requería ese tipo de industria, fue interpretado como desinterés y ociosidad en algunos círculos nacionales y extranjeros. El profesor Bryan, estudioso del fenómeno laboral en la cuenca del Caribe, reflexionó sobre la complejidad con respecto a la mano de obra: La mano de obra dominicana se demostró insuficiente […]. Los colonos dominicanos estaban también determinados a mantener los sueldos bajos para asegurar la «viabilidad» de la industria azucarera en competencia con Cuba. Se identificaba la inmigración de trabajadores como un método para abaratar los sueldos.171 vida centrado alrededor del cultivo del tabaco. Ellos tenían los medios para ganarse la vida, y por lo tanto no había condiciones para obligar, ni siquiera indirectamente, a la población rural a trabajar en los cañaverales». A. Lluberes Navarro. «Caribe, azúcar y migración, 1789-1944», Eme Eme, Santiago de los Caballeros, Vol. VII, núm. 39, noviembre-diciembre, 1978, p. 35. 171 P. E. Bryan. «La cuestión obrera en la industria azucarera de la República Dominicana a finales del siglo XIX y principios del XX», Eme Eme, Santiago de los Caballeros, núm. 41, marzo-abril, 1979, p. 60.

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Otro de los inconvenientes que tuvieron los empresarios azucareros en la contratación de obreros era la tensa relación con Haití, que hacía casi imposible traerlos desde ese país. Debido a este conflicto, se pretendía equiparar el número de habitantes dominicanos con respecto a los de la vecina nación, con mayor cantidad de habitantes. De las guerras entre dominicanos y haitianos surgieron odios, fueron creados prejuicios y se incubaron resentimientos. Del lado dominicano, las élites fomentaron ideas racistas, que se difundían y alentaban el prejuicio. Por la connotación que tuvo la palabra cocolo en designar a los inmigrantes procedentes de las posesiones del Reino Unido en el Caribe nos detendremos en su estudio. Al seguirle el rastro la observamos de manera impresa en 1845, lo cual sugiere un uso oral desde antes. La puso de manifiesto un redactor de El Dominicano en una conversación simulada entre un personaje nombrado Fidel y otros cuatro que identificó y que representaban habitantes del vecino país, en referencia a los haitianos: …respecto a nosotros sus balandronadas nos perturban menos que a la luna los ladridos de los perros, y los extranjeros estoy seguro de que los mirarán con todo el desprecio que se merece esa chusma de bandidos haitianos […]. Dígale D. Fidel, los barcinos, mañeses, mombolos, manolos, cocolos, los chepes, musieses…172 Como se observa, el adjetivo cocolo empleado a mediados del siglo XIX pretendía transmitir el mismo trato peyorativo que se aplicaba a los haitianos. Sobre el uso de la palabra desde diversas perspectivas Patín Maceo hace varias observaciones: por un lado le atribuye el masculino 172

«Los haitianos». El Dominicano, Periódico Literario y Moral. Año 1, núm. 1, 19 de septiembre de 1845, p. 1.

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y femenino; por otro afirma que a quienes se les adjudicó el sustantivo-adjetivo cocolo fue a los negros de las islas de Barlovento que trabajaban en los centrales; posteriormente la clasificó como dominicanismo, y finalizó otorgándole dimensión continental de americanismo y en ese nuevo espacio reafirmó la procedencia al especificar que era negro de las pequeñas Antillas.173 Un aspecto que resalta Patín Maceo es el origen de los inmigrantes a quienes se les otorga el sustantivo-adjetivo cocolo, él excluye a los que proceden de las islas de Sotavento que también fueron a trabajar a la industria azucarera dominicana. En cambio, Martín Alonso amplía el término a los negros no pertenecientes al grupo de islas que eran colonias del Reino Unido.174 Los estudiosos de la palabra circunscriben su empleo en dos territorios insulares caribeños: la República Dominicana, donde se le asigna un sentido despectivo, y Puerto Rico, donde se le atribuye a quienes son aficionados a la música de salsa.175 Álvaro Nazario afirmó que se designa así a las personas con rasgos negroides muy acentuados y fijó su origen en una derivación de la palabra congolo, procedente del bantú.176 En diversos lugares del Caribe existe el uso de la palabra. En El Callao, Estado Bolívar, Venezuela, se denomina con ese adjetivo a los afrodescendientes. En Puerto Rico llaman Manuel A. Patín Maceo. Obras lexicográficas. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 1989, pp. 59 y 245. 174 Martín Alonso. Enciclopedia del idioma. Diccionario histórico y moderno de la lengua española (siglos XII al XX) etimológico, técnico, regional e hispanoamericano. Aguilar, Madrid, 1958, p. 1106. 175 Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario de Americanismos. Santillana Ediciones Generales, Lima, Perú, 2010, p. 611. 176 Manuel Álvarez Nazario. Elemento afronegroide en el español de Puerto Rico. Contribución al estudio del negro en América. 2da. Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan de Puerto Rico, 1974, p. 256. 173

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tortoleños a todo inmigrante angloparlante.177 Y en Cuba, donde también tuvo carácter despectivo, a las personas de las posesiones inglesas y francesas se les denomina pichones, como afirmaron Graciela Chailloux Laffita y Robert Whitney.178 En el 2006 José Guerrero afirmó que la palabra viene de África.179 A una conclusión similar a la de Guerrero, con respecto a la procedencia del adjetivo cocolo, había llegado en noviembre de 1999 Rafael Núñez Cedeño. Compartimos el criterio de la procedencia porque la palabra está unida a lugares donde se implementó el sistema de plantación con personas procedentes de aquellas tierras. El uso que le han dado al sustantivo-adjetivo cocolo después de los años 90 del siglo XX ha sido ampliado en su designación. Investigadores que han estudiado la región oriental dominicana han reconocido que a los inmigrantes procedentes de las islas angloparlantes del Caribe se les denomina así. Para Martínez-Vergne, cocolos son aquellos que llegaron de esas islas.180 También incluye bajo la misma denominación a personas que no pertenecieron exactamente a posesiones del Reino Unido, como St. Martin, Aruba, St. Thomas y Curazao. De igual modo García Pedro San Miguel. El mudo que creó el azúcar. Las haciendas en Vega Baja (1800-1873). Ediciones Huracán, Río Piedras, 1989, p. 125. 178 Graciela Chailloux Laffita y Robert Whitney. «British Subjects y Pichones en Cuba». En De dónde son los cubanos. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005, pp. 53-91. 179 José G. Guerrero. «La palabra cocolo: una africanía encubierta». En Comisión Nacional de la Ruta del Esclavo. La Ruta del Esclavo. Editora Búho, Santo Domingo, 2006, pp. 409-424. Una versión de ese artículo había sido publicada en el Boletín Museo del Hombre Dominicano. Año XXXI, núm. 35-2004. Santo Domingo, pp. 17-31. 180 Teresita Martínez-Vergne. Nación y ciudadano en la República Dominicana, 1880-1916. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 2010, p. 184. 177

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Muñiz incluye a quienes vienen de las Antillas menores no angloparlantes.181 Varias personas expresaron su beneplácito de extender el alcance del adjetivo a todos los afrodescendientes que llegaron a Santo Domingo sin importar si hablaban inglés, francés u holandés. Entre ellas los redactores de El Cable,182 Hoetink183 y Susana Byas.184 Alberto Byas, defensor de la anterior propuesta, expuso sobre el origen del término que a la llegada de los primeros inmigrantes cuando se les preguntaba su procedencia respondían que eran de Tortola. Según él las dos [t] eran cambiadas por dos [c] dando origen a la palabra cocolo.185 Versión con muchos seguidores y que ha echado profundas raíces en diversos sectores sociales.186 Entrevistamos al obrero Sidney Allen, quien afirmó haber oído el sentido de la palabra en los términos comentados

Humberto García Muñiz. De la Central Guánica al Central Romana. La South Porto Rico Company en Puerto Rico y la República Dominicana, 1900-1921. Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, 2013, pp. 404 y 405. Existe de ese libro una edición en inglés. Humberto García Muñiz. Sugar and Power in the Sugar the Dominican Republic 1900-1921. Impreso en Colombia. Editorial Universidad de Puerto Rico, 2010. 182 «De la criminalidad en S. Pedro de Macorís». El Cable, 4 de febrero de 1893, p. 2. 183 H. Hoetink.«Materiales para el estudio de la República Dominicana en la segunda mitad del siglo XIX». Caribbean Studies, Vol. 7, núm. 3 (Oct., 1967), pp. 3-34, 18, nota 47. 184 Susana Byas. La cocina cocola de la Tía Susana. Editorial Expreso, Santo Domingo, 1998, p. 6. 185 Alberto Byas. «Una conferencia del gobernador de SPM sobre los orígenes de los cocolos y de la palabra cocolo-la». El Siglo, sábado 10 de julio de 1999, 2F. 186 Ángela Peña. «Los primeros cocolos llegados al país fueron despreciados por los dominicanos». El Siglo, viernes 17 de octubre de 1990, año 2, núm. 481, 8 B. Esa versión ha tenido numerosos seguidores. Jaime Appleton manifestó su opinión acorde con esa idea. «¡Los Cocolos!». El Siglo, lunes 14 de junio de 1999, p. 3. 181

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por Byas, de parte de un conocido humorista, ya fallecido, de la televisión dominicana.187 Con argumentos convincentes Núñez Cedeño refutó la versión de cocolo de Alberto Byas.188 Su análisis se fundamenta en el uso del habla de los habitantes de la región oriental del país quienes suelen sustituir la [r] por [l] y no [t] por [c]. Por lo que no pudieron dar vida al vocablo cocolo como sugirió Byas. De acuerdo con Núñez Cedeño era remota la posibilidad de que esa confusión sucediera porque la palabra tórtola, que denomina a un ave silvestre de la República Dominicana, no cambió y aún ahora se conserva. Núñez Cedeño da mucho crédito a que el término cocolo tuvo su cuna en África. De lo anteriormente tratado sobre el sustantivo-adjetivo cocolo se desprende su carácter peyorativo, su cuna africana y haberse radicado en el Caribe con diferentes acepciones. Debido a su empleo despectivo contra los inmigrantes solo se usa en este trabajo estrictamente en el contexto de una cita textual o de una paráfrasis de otro autor. Varias publicaciones dedicadas al estudio del colectivo se han centrado en sus manifestaciones culturales como las danzas y sus trajes, los cuales muestran parte del rico acervo que aportó esta migración. En otras monografías se ha puesto énfasis en la práctica culinaria. Esta forma sesgada de enfocar las expresiones del colectivo abre interrogantes sobre otros aspectos de su identidad; por ejemplo, los factores que determinaron las migraciones, su procedencia, así como la composición demográfica, económica y social de Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Sidney Allen en su casa en La Romana el 27 de marzo de 2014. 188 Rafael Núñez Cedeño. «Desentrañando el término cocolo». El Siglo, sábado 6 de noviembre de 1999, p. 3E y El Siglo, sábado 13 de noviembre de 1999, 7E. 187

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los grupos residentes en San Pedro de Macorís y La Romana en el período analizado. Los estudios sobre distintos colectivos de migrantes muestran la utilización de diversas prácticas para insertarse en los lugares de recepción. Identificar las usadas por este grupo social nos permitirá definirlo más claramente y determinar su incidencia dentro de la región. Nuestra investigación se centra en los migrantes que se dedicaron al trabajo en los centrales azucareros, para los cuales la situación laboral fue adversa. Faltaban los servicios básicos, el pago de salarios se prestaba al engaño, realizaban los trabajos más difíciles en las haciendas, su cultura afrodescendiente y británica diferente a la local hacía que fueran considerados como «los otros» en la historia nacional, una especie de racialización. Existe una abundante producción bibliográfica que hace referencia a los braceros ingleses. Los literatos fascinados con los inmigrantes escribieron novelas y poemas sobre ellos. La novela Tiempo muerto, laureada por sus aportes al conocimiento de ese colectivo, está dedicada a la vida de uno de los migrantes procedente de St. Kitts.189 Otras obras narrativas se refieren a ellos de manera parcial. Navarijo, de Francisco Moscoso Puello, testigo del arribo de un grupo de extranjeros al muelle de San Pedro de Macorís, describe los vestuarios de hombres y mujeres.190 Over, de Ramón Marrero Aristy, relata el proceso de inserción en la sociedad dominicana de los inmigrantes ingleses y haitianos, y la manera en que eran víctimas del sistema de pago y de las actividades comerciales implementadas por los centrales.191 Avelino Stanley. Tiempo muerto. Cocolo Editorial, Santo Domingo, 1998. Francisco E. Moscoso Puello. Navarijo.2.a Ed. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 2001. 191 Ramón Marrero Aristy. Over. 10.a Ed. Editora Taller, Santo Domingo, 1980. 189 190

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Otros relatos de ficción hicieron una descripción episódica de los migrantes, pero no como el eje central.192 Los poetas realizaron una labor tan fecunda como los novelistas. Entre otros, destacamos a Antonio Frías Gálvez, quien escribió «Cocolo de Cocolandia»; Manuel del Cabral, quien compuso el famoso verso «Trópico Negro»;193 Francisco Domínguez Charro, autor de los muy populares poemas «Viejo negro del puerto» y «Guloia»;194 y Norberto James Rawlings, autor de «Los inmigrantes»,195 el texto lírico más difundido de la literatura dominicana sobre los cocolos. El Eco de la Opinión, uno de los diarios de mayor tirada de esos años, que se había constituido en vocero de los intereses azucareros, explicaba que en San Pedro de Macorís y los alrededores de la capital había necesidad de obreros, por lo que sugería buscarlos en el extranjero.196 En aquellos años, nunca fue contemplada la posibilidad de obtenerlos en el vecino país por las razones que hemos explicado. Nos da la razón el informe del secretario de Interior, Wenceslao Figuereo, en las memorias presentadas al presidente de la República el 27 de febrero de 1884,cuandohizo referencia al comentario de los periodistas de El Eco de la Opinión, en el sentido de que se había conservado la paz en el país por la

Tarquino Donastorg. Batey. Imprenta Lockhart, San Pedro de Macorís, 1972; Andrés Francisco Requena. Los enemigos de la tierra. Santo Domingo, 1976 (la primera edición fue publicada en 1936 y la segunda, corregida y ampliada, en 1942). Rafael Darío Durán. Con el diablo en el cuerpo. Editorial Gente, Santo Domingo, 2008. 193 Recopilados en el libro de Julio César Mota Acosta. 194 La Antorcha, año II, No. 34, 6 de junio de 1943, 3. 195 Norberto James. Sobre la marcha. Imprenta Dido, Santo Domingo, 1969, pp. 56-61. 196 «Solución necesaria». El Eco de la Opinión. Santo Domingo, 22 de junio de 1883, p. 2.

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actitud pacífica de la población, contraria a los disturbios.197 Esto había contribuido a incrementar los centrales azucareros en el territorio nacional. El secretario entendía que era necesario garantizar la estabilidad de los obreros que laboraran en esas empresas, pero nunca sugirió traerlos del vecino país. En adición, dio a conocer el aumento de unidades agroindustriales, que entre 1875 y 1888 ascendían a 28.198 Con la muerte de Ulises Heureaux, en 1899, ese proceso se retrotrajo a la situación anterior, en la que las administraciones gubernamentales promovían la entrada de personas blancas sin obtener contundentes resultados. A partir del magnicidio de Heureaux, se abrió el tercer ciclo propuesto en esta investigación que transcurrió entre 1900-1950. La dependencia económica de la República Dominicana con respecto a los Estados Unidos había crecido por la inversión de capitales industriales y bancarios procedentes de esa nación. El dominio económico condujo al control político y más tarde a la ocupación militar de 1916 a 1924, llevada a cabo por la Infantería de Marina de Estados Unidos de América. El origen de este proceso se remonta a la inestabilidad de los primeros años del siglo XX. El vacío dejado por la administración de Heureaux, que controlaba a los caudillos y aseguraba la paz necesaria para el progreso, aceleró la sumisión del país en favor de los Estados Unidos. La penetración estadounidense se registró primero en la banca y luego en la industria azucarera. En 1912 fue fundado W. Figuereo. «Memoria que al ciudadano presidente de la República presenta el secretario de Estado de los Despachos de lo Interior y Policía». Gaceta Oficial. Santo Domingo, año XI, 12 de abril de 1884, BNPHU, núm. 506. 198 Apéndice anexo a la memoria del secretario de Estado de Justicia, Fomento e Instrucción Pública núm. 4. Gobierno Dominicano. «Memoria que al Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los despachos de lo Interior y Policía». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XI, 17 de junio de 1882, BNPHU, núm. 418. 197

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el Banco Nacional de Samuel Jarvis, y el International Banking Corporation, subsidiario del National City Bank, se instaló en 1917. La American Foreign Banking Corporation de Nueva York adquirió en 1920 el Banco Nacional y en 1926 daba servicios el Banco Territorial y Agrícola de San Juan de Puerto Rico.199 En Estados Unidos se había creado, en 1891, el Sugar Trust, liderado por la American Sugar Refining Corporation, con el fin de dominar el mercado azucarero estadounidense.200 Del Castillo y Cordero afirman que en esos años esta compañía era la sexta corporación más grande de los Estados Unidos.201 Una muestra de la poderosa asociación formada en Estados Unidos con el propósito de controlar el mercado de azúcar de caña en el Caribe fue la creación de la West India Sugar Finance Corporation, que había adquirido varias agroempresas azucareras en Santo Domingo. Fue disuelta en 1924 y reemplazada por la Cuban Dominican Sugar Company, que sumó a su lista de posesiones ese mismo año los ingenios Quisqueya y Las Pajas. En este período, la oferta del mercado azucarero en la República Dominicana la integraban tres productores: la Cuban Dominican, los Vicini y el Central Romana, como subsidiario de la South Porto Rico Sugar Company.202 La expansión de esas inversiones fue precedida por diversas leyes que facilitaron la ocupación de los terrenos M. Kinght. Los americanos en Santo Domingo. Imprenta Listín Diario, Ciudad Trujillo, 1939, pp. 154-155. 200 H. Friedländer. Historia económica de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978, p. 539. 201 J. del Castillo y W. Cordero. La economía dominicana durante el primer cuarto del siglo XX, 2.a edición. Fundación García Arévalo, Santo Domingo, 1980, p. 13. 202 De los veintidós ingenios azucareros que operaban en 1925, doce eran de capital estadounidense y dos de capital invertido. M. Kinght. Ob. cit., pp. 138-139 y 144-147. 199

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aptos para su desarrollo. La administración del presidente Ramón Cáceres promulgó en 1911 dos leyes que la favorecieron. Una de las ordenanzas tenía el propósito de quitar los obstáculos para el uso de los terrenos comuneros, así se facilitaba la tenencia de extensas propiedades con fines de fomentar la siembra de caña y el pastoreo.203 Esta ley, conocida como ley de crianza, daba continuidad a la que había promulgado Heureaux en 1895, encaminada a adjudicar la propiedad privada de la tierra a los ganaderos que criaran animales domésticos de pasto. Otra ordenanza relacionada con los incentivos que el Congreso Nacional había decretado en favor de la industria azucarera durante la administración de Fernando Arturo de Meriño era la ley de franquicias agrarias, que otorgaba grandes beneficios a las empresas ya constituidas.204 Los intereses estadounidenses se beneficiaron de las dos leyes promulgadas por la administración de Ramón Cáceres, quien a la vez activó las obras públicas con dos carreteras: una desde la capital a Haina, la otra hasta Los Alcarrizos.205 Esas construcciones dieron continuidad al patrón que se había establecido en la anterior centuria en favor de la industria R. Cáceres. «Ley #4989 sobre división de terrenos comuneros, 21 de abril de 1911». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, T.20, Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo, 1929, pp. 182-185. 204 Se beneficiaban las empresas dedicadas al cultivo de la tierra. Se les otorgaban grandes derechos para sembrar, construir vías de comunicación, puentes, dragar puertos, usar buques, hacer uso de aguas de ríos o del mar, instalar líneas telefónicas y producir su propia electricidad. Las franquicias perimían al año de la autorización otorgada por el Estado. Gobierno Dominicano. «Ley 5002 sobre franquicias agrarias, 26 de junio de 1911». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, T. 20, Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo, 1929, pp. 224-230. 205 F. Moya Pons. Manual de historia dominicana. 14.a Ed. Caribbean Publishers, Santo Domingo, 2008, p. 425. 203

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azucarera, pero uno de los elementos que la completaban, y que intentaron resolver en las administraciones anteriores sin tener éxito, era el relativo a la mano de obra que acudiría a la oferta laboral del sector privado estimulada por los incentivos que otorgaba. Con la excepción de 1890, cuando se dejó de lado la idea de atraer colonos blancos europeos, se comenzó a introducir braceros afrodescendientes de las Antillas Menores, acción que contribuyó a superar la falta de obreros.206 La presencia de los británicos antillanos ocasionó una fisura en el imaginario dominicano. Desde su arribo, se produjeron virulentos ataques ocasionales, que dejaronal descubierto sentimientos de discriminación, prejuicios, vejaciones y ofensivos discursos en su contra. Muestras de la penetración y aceptación de las ideas promovidas por la élite. Ese proceder contra los inmigrantes afroantillanos británicos se mantuvo, aun cuando algunos empresarios hablaban de la necesidad de emplear obreros extranjeros. Luis Felipe Vidal, industrial azucarero dominicano, expuso a principios del siglo XX las razones de la falta de obreros. Para él continuaban vigentes aspectos como la reducida población, la abundancia de tierras fértiles y la existencia de pequeños propietarios que no necesitaban realizar el pesado trabajo en los ingenios. Afirmaba que el brasero dominicano era inconstante o indisciplinado para el metódico trabajo de la industria azucarera. Otro escollo referido fue el de la celebración de múltiples días festivos en devoción al santoral católico. Esto unido a los feriados urbanos impedían que se entregaran a plenitud al trabajo y provocaban se marcharan a visitar a las familias recién iniciadas las labores. Esas 206

Ulises Heureaux fue el gobernante que marcó el punto de inflexión con respecto a promover el ingreso de braceros inmigrantes que no fueran colonos blancos caucásicos.

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visitas se prolongaban varios días.207 José del Castillo por su parte consideraba como razón de ese proceder los bajos salarios que pagaba la industria.208 La relación política con Haití en los años iniciales del siglo XX continuó influenciada por problemas de orden doméstico, como los eventos ocurridos en la frontera. En su discurso ante las cámaras legislativas el 27 de febrero de 1911, el presidente Ramón Cáceres informó sobre un incidente violento en la frontera de Pedernales. La construcción de un camino en el lado dominicano ocasionó la movilización de tropas haitianas hacia la zona. Para solucionar el conflicto entre las dos administraciones gubernamentales fue necesaria la intervención de las autoridades estadounidenses.209 En otra ocasión, en su mensaje al Congreso Nacional, el presidente Eladio Victoria comunicó que a la muerte de Ramón Cáceres fuerzas militares haitianas habían ocupado parte del territorio dominicano bajo el pretexto de cooperar con la captura de quienes participaron en el magnicidio, acción que no fue bien vista por el Gobierno dominicano.210 A partir de 1915 la tensión en la frontera desapareció. Al desatarse la Guerra Mundial en Europa, en 1914, los infantes de marina de Estados Unidos ocuparon Haití en 1915 L. F. Vidal. Apuntes sobre inmigración. Imprenta Montalvo, Santo Domingo, 1926, pp. 8, 9 y 34. 208 J. del Castillo. La inmigración de braceros azucareros en la República Dominicana, 1900-1930. Centro Dominicano de Investigaciones Antropológicas, Santo Domingo, 1978, p. 31. 209 R. Cáceres. «Mensaje que el ciudadano Presidente de la República presenta al Congreso Nacional en 3era. Legislatura Ordinaria». Gaceta Oficial, Santo Domingo,año XXVIII, 4 de marzo de 1911, BNPHU, núm. 2171. 210 E. Victoria. «Mensaje que el ciudadano Presidente de la República presenta al Congreso Nacional en su Legislatura Ordinaria de este año». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXIX, 9 de marzo de 1912, BNPHU, núm. 2277. 207

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y al siguiente a la República Dominicana, y licenciaron los ejércitos de los dos países para así hacerse del control sobre toda la isla. La presencia militar estadounidense produjo elevada inversión de capitales estadounidenses en suelo dominicano, especialmente en la industria azucarera, que propició a la administración militar hacer posible la entrada de obreros haitianos como obreros para la industria azucarera. Un indicador de su masiva presencia fue la expedición de exequátur a dominicanos y haitianos que ejercieran funciones de cónsules en San Pedro de Macorís y La Romana. En 1918 se extendió dicho documento a Pascual Santoni.211 Al año siguiente las autoridades le concedieron permiso a Max Bellande para que ejerciera la función de cónsul en San Pedro de Macorís.212 En 1921 fue favorecido con igual nombramiento Clement Celestin en San Pedro de Macorís, con asiento en La Romana.213 Asimismo, la entrada de haitianos se vio favorecida por las leyes de inmigración aprobadas en los años previos a la ocupación. La administración del presidente Eladio Victoria, en 1912, dio carácter legal a lo que en la práctica había iniciado el presidente Heureaux con respecto a los inmigrantes afrodescendientes. Ese año, 1912, promulgó la Ley de H. S. Knapp. «Resolución del Jefe del Gobierno Militar concediendo exequátur al Sr. Pascual Santoni para que pueda ejercer las funciones de Agente Consular de la República de Haití en La Romana». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año X X X I V, 25 de septiembre de 1918, BNPHU, núm. 2945. 212 T. Snowden. «Resolución del Jefe del Gobierno Militar concediendo exequátur al Sr. Max Bellande para que pueda ejercer las funciones de Agente Consular de la República de Haití en La Romana». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXXIV, 27 de septiembre de 1919, BNPHU, núm. 3050. 213 T. Snowden. «Resolución del Jefe del Gobierno Militar concediendo exequátur al Sr. Clement Celestin para que pueda ejercer las funciones de Agente Consular de la República de Haití en La Romana». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXXIV, 9 de febrero de 1921, BNPHU, núm. 3193. 211

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Inmigración, que beneficiaba la la entrada de obreros de las Antillas Menores destinados a las empresas azucareras. Como único requisito, los empresarios tenían que realizar la solicitud del permiso al Poder Ejecutivo.214 En adelante se instituyó el procedimiento para que los centrales azucareros y los colonos solicitaran a las autoridades el permiso para el ingreso de los obreros caribeños. José del Castillo después de consultar los permisos de permanencia otorgados por el Estado dominicano reportó que 22, 121 británicos antillanos entraron al país.215 La ocupación de la República Dominicana en 1916 ayudó a consolidar el poder de los capitales provenientes de Estados Unidos con leyes que solucionaron el problema laboral a los inversionistas y administradores de ingenios azucareros.216 El 18 de febrero de 1919, mediante la Orden Ejecutiva 259, la administración militar dictó el reglamento que abría a los braceros la posibilidad de fijar su residencia en el país. Ordenaba que los empresarios portadores de permisos proveyeran al bracero del pasaje y penalizaba con multas de RD$1,000 a quienes incitaran su salida.217 Era la primera vez que en la legislación se favorecía el asentamiento de personas no caucásicas. La idea de permitir el asentamiento de los británicos afrodescendientes parece que tuvo resistencia. La Orden E. Victoria. «Ley de Inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXIX, 11 de mayo de 1912, BNPHU, núm. 2295. 215 J. del Castillo. Ob. cit., p. 52. 216 En 1921 contrató US$2.500.000 (dos millones, quinientos mil) dólares al 8 % de interés anual y en 1922 le sumó a la deuda otros US$500.000 (quinientos mil) dólares al 7 % de interés anual. C. A. Herrera. De Hartmont a Trujillo…, pp. 198-202. 217 B. H. Fuller. «Orden Ejecutiva # 259 Reglamentando todo lo relativo a entrada y salida de los braceros al país». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XXXV, 26 de febrero de 1919, BNPHU, núm. 2989. 214

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Ejecutiva 372, del 16 de diciembre de 1919, prohibía la entrada de braceros que no fueran caucásicos en visible retroceso de lo establecido por las autoridades en febrero.218 La contradicción se hacía más evidente puesto que se había concedido a los braceros extranjeros no caucásicos cuatro meses para obtener el permiso de residencia. Sin embargo, en la zafra de 1920, se retomó la política iniciada a principios de 1919. Se les otorgó a los braceros facilidades, exigiéndoles como contribución la legalización de su situación migratoria y el pago de un sello de 25 centavos.219 A partir de esa Orden, la entrada de obreros haitianos ofrecía un incentivo, favorable para quienes se beneficiaban de su trabajo. Esa política puesta en marcha por las autoridades estadounidenses no fue alterada por quienes gobernaron a partir de 1924. A los pocos meses se dio la opción de conceder la naturalización a todo afrodescendiente que tuviera diez años residiendo en el país de manera ininterrumpida.220 Lo implementado por los marines estadounidenses no tuvo cambios en las dos administraciones que les siguieron, pero fue bruscamente interrumpido a partir de 1930, cuando el general Rafael Trujillo Molina se hizo con la dirección del Estado. Su régimen se caracterizó, entre otros aspectos, por la supresión de libertades, el control de la población nacional y extranjera, la persecución de sus opositores, los

T. Snowden. «Orden Ejecutiva # 372 que se relaciona con la entrada en el país de inmigrantes que no sean de la raza caucásica». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXXV, 24 de diciembre de 1919, BNPHU, núm. 3075. 219 T. Snowden. «Orden Ejecutiva 431 que enmienda el artículo 87 apartado 2 de la Orden Ejecutiva 197 que se refiere a inmigración de braceros». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXXV, 27 de marzo de 1920, BNPHU, núm. 3102. 220 Congreso Nacional. «Ley 61 para obtener la nacionalidad dominicana por naturalización». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año L, 22 de septiembre de 1924, BNPHU, núm. 3596. 218

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asesinatos y la voracidad manifiesta de acaparar la actividad económica en beneficio propio, de su familia y de los integrantes de su entorno. José Cordero Michel, otro testigo que vivió bajo la dictadura, en los años finales de este sangriento régimen realizó uno de los análisis económicos más objetivos de esa administración gubernamental, opinó que la política económica del general Rafael Trujillo Molina contribuyó a desarrollar el capitalismo en la agricultura, pero el control que tenía en la economía la sometía a una explotación monopólica.221 En los primeros seis años de su administración Trujillo trató de impedir la entrada de afrodescendientes al país. Un ejemplo lo constituyó la Ley de Inmigración 739, con la que pretendía impedir la libre entrada de obreros que había permitido la administración de Eladio Victoria. Impuso el pago de RD$500 a los afrodescendientes que desearan ingresar al país,222 aunque dejaba abierta la posibilidad a los ingenios azucareros de introducirlos usando el mismo mecanismo que venía practicándose desde 1913, que era solicitar el permiso al Poder Ejecutivo.223 Esto contrastaba con el interés que se había hecho público en la Conferencia de Evian, Francia, de recibir hasta 100,000 refugiados europeos en territorio dominicano.224 A ese ofrecimiento se le puede dar J. R. Cordero Michel. Análisis de la era de Trujillo (Informe sobre la República Dominicana, 1959).4.a Ed. Editora de la UASD, Santo Domingo, 1975, p. 55. 222 Congreso Nacional. «“Ley 739 de inmigración». Gaceta Oficial,Santo Domingo, año LV, 18 de agosto de 1934, BNPHU, núm. 4710. 223 R. L. Trujillo. «Reglamento de inmigración 1067». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LV, 19 de septiembre de 1934, BNPHU, núm. 4718. 224 Capacidad de la República Dominicana para absorber refugiados. Dictamen de la Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para el estudio del Informe de la Brookings Institución sobre «La Colonización de Refugiados en la República Dominicana». Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1945. 221

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dos interpretaciones; la primera, el deseo de obtener población blanca acorde con las fracasadas políticas que hasta ese momento se intentaban llevar a cabo, y segundo, mostrar una actitud solidaria hacia perseguidos europeos por el fascismo con el propósito de apaciguar los actos de barbarie que había producido la matanza de 1937. Debido a otros factores, en 1939, el régimen flexibilizó los permisos de residencia temporal, lo que implicó registrar a los jornaleros inmigrantes y sus familiares como residentes.225 Para que esto se produjera, tuvo en consideración a los afrodescendientes que laboraban en la industria azucarera de la región oriental donde no se reportaron muertes provocadas por la violencia de los incidentes de 1937. Desde la administración gubernamental continuó promoviendo la entrada de obreros negros con el objetivo de trabajar en las empresas agrícolas propiedad del general Rafael Trujillo Molina, con lo cual se beneficiaron también los centrales azucareros, eje central de la economía dominicana.

Propuestas estatales en torno a la inmigración Razones demográficas y económicas influyeron en el diseño y la orientación de la política migratoria del Estado dominicano. Dos aspectos sobresalieron. Por un lado, había desventaja en cuanto al número de habitantes con respecto al temido enemigo Haití;226 por el otro, veían como racional la entrada de extranjeros y la posibilidad de atraer europeos Congreso Nacional. «Ley 95 de inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LX del 17 de abril de 1939, BNPHU, No. 5299. 226 Conforme a las informaciones de la época, la República Dominicana tenía 400,000 habitantes y Haití 800,000. Gobierno Dominicano. «Atlas de Ch. Bouret», París, 1889, en H. Thomasset, «Informe dirigido al señor Ministro de Fomento y Obras Públicas». Santo Domingo, Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XVIII, 17 de enero de 1891, BNPHU, núm. 856. 225

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que contribuyeran al crecimiento. Con ese propósito, dictaron decretos, resoluciones y leyes dando facilidades a los viajeros que desearan establecerse en suelo dominicano. La preferencia por inmigrantes de origen caucásico guardaba relación con la muy difundida idea del progreso, vinculada a las concepciones darwinistas aplicadas a la sociedad, que concedían solo a estas poblaciones la capacidad de alcanzar la modernización;227 ideas propias del discurso referido que llegaron al continente americano en el siglo XIX.228 Sin embargo, el progreso en Europa provocaba necesidades y miseria en alto número de núcleos poblacionales, cuyos habitantes intentaron encontrar en otras latitudes el Por ejemplo: C. Naranjo Orovio. «Immigration, Race and Nation in Cuba in the Second Half of the XIX Century», en Ibero-Amerikanisches Archiv (monográfico: Race, Society and Culture in Afro-Latin America), Vol. 24, núms. 3-4: 1-00, Berlin, 1998, pp. 303-326; C. Naranjo Orovio y A. García. «Inmigraciones e “higiene racial” en Cuba, 1900-1940», en J. G. Cayuela (Coord.), Un siglo de España: Centenario 1898-1998, Universidad de Castilla-La Mancha/Cortes de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998, pp.437-449; C. Naranjo Orovio. «Inmigración española e imaginario nacional en Cuba, 1900-1920», en M. Font and A. Quiroz (Eds.), The Cuban Republic and Jose Marti: Reception and Use of a National Symbol, Lexington Books, Lanham, Maryland, 2006, pp.155-170; C. Naranjo Orovio y V. Petinnà. «Un nuevo orden: inmigración y prejuicios sociales en Cuba, 1900-1930», en P. Yankelevich (Coord.), La nación y extranjería en América Latina. Normas y prácticas de exclusión en las políticas migratorias, UNAM-ENAH, México, 2009, pp.95-145; C. Naranjo Orovio. Las migraciones de España a Iberoamérica desde la Independencia, CSIC, Madrid, 2010; C. Naranjo Orovio. «Debates en torno a la inmigración en Cuba, 1800-1930», en J. Opatrný (Coord.), Migraciones en el Caribe hispano, Editorial Karolinum, 2012, pp.25-39; R. Nisbet. Ob. cit, pp. 258-259; R. Ruiz, M. A. Puig-Samper, y G. Zamudio (Eds.). Darwinismo, Biología y Sociedad, UNAM/Doce Calles, México/Madrid, 2013; M. A. Puig-Samper, F. Orrego, R. Ruiz, y J. A. Uribe (Eds.). «YAMMERSCHUNER», en Darwin y la darwinización en Europa y América Latina, Doce Calles-UNAM-DIBAM, Madrid-México-Santiago de Chile, 2014. 228 G. Weinberg. Ob. cit., pp. 49-63. 227

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bienestar que no tenían en sus países de origen. Los casos más evidentes se produjeron con españoles, italianos, irlandeses, escoceses y alemanes, entre otros, que tuvieron la necesidad de emigrar de sus países para no morirse de hambre. Los lugares de destino eran Estados Unidos, Argentina, Brasil y Cuba.229 En la Argentina se asentaron miles de agricultores, mecánicos, herreros, músicos, cocineros, etc., que lograron impulsar la economía con sus trabajos. Siguiendo aquella experiencia, las autoridades dominicanas procuraron llamar la atención de quienes desearan salir de Europa. Juan Bautista Zafra, ministro de Interior, en una carta dirigida a los gobernadores de provincias y de distritos, llamaba la atención sobre la necesidad de fomentar la inmigración como portadora de riqueza, tal como era visible en algunos países del continente americano, e indicaba los medios de atraerla. Como referente aludía el ministro Zafra a los beneficios de la inmigración argentina y de Cuba.230 Un aspecto que resaltó fue el conjunto de decisiones que autoridades de los países citados habían tomado para atraer inmigrantes. Con este fin se habían dictado decretos y leyes otorgando franquicias; se crearon juntas de inmigración; se firmaron contratos con empresas agrícolas de colonización o dedicadas a su fomento, y se dispusieron exoneraciones de importaciones de diversos tipos tanto a compañías como a personas naturales.231 Pero hasta ese momento las decisiones dieron pocos C. Naranjo Orovio. Las migraciones de España a Iberoamérica… J. Bautista Zafra. «Ministerio de lo Interior y Policía. Circular a los Gobernadores de las Provincias y Distritos». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año II, 5 de octubre de 1875, BNPHU, núm. 91. 231 Congreso Nacional. «Decreto No. 263 del Congreso Nacional sobre inmigración abril 1852», Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T.2. Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1927, pp. 351-353; Colección 229 230

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resultados. Aun así, las fórmulas usadas en otras latitudes se repitieron en el país por varias administraciones gubernamentales sin mucho éxito. En la segunda administración del general Ignacio María González (1876), le propusieron al Poder Ejecutivo proyectos concernientes al progreso de la agricultura y la industria. Crearon Juntas de fomento con el propósito de desarrollar la agricultura. Con ellas se deseaba incentivar el cultivo de frutos exportables que aseguraran mejores precios en el mercado mundial. En las ciudades donde fueron fundadas se destacaron Santo Domingo de Guzmán, capital del país, y las cabeceras de provincia: Compostela de Azua, Santa Cruz del Seibo, Santiago de los Caballeros, Concepción de La Vega y en los distritos de Puerto Plata y Samaná.232 El

de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T.4, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1927, pp. 77-78; Congreso Nacional. «Declarada la urgencia». El Monitor, periódico oficial del Gobierno dominicano, año 3, 27 de abril de 1867, Santo Domingo, BNPHU, núm. 86. El 31 de julio de 1867 el presidente José María Cabral emitió el Decreto 1069 que anulaba el inciso segundo del artículo primero del Decreto del Congreso Nacional en el sentido de que no era obligatorio para los inmigrantes adquirir la nacionalidad dominicana. J. M. Cabral. «Decreto No. 1069 del Poder Ejecutivo derogando el segundo inciso, art. 1° del Decreto del Congreso Nacional de fecha 22 de abril del año corriente, 31 de julio de 1867», Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T.5. Santo Domingo, Imprenta Listín Diario, 1927, pp. 178-179; I. M. González. «El Poder Ejecutivo de la República Domincana». Gaceta de Santo Domingo, año 1, martes 21 de julio 1874, BNPHU, núm. 28. La Gaceta, periódico del Estado dominicano, no enumeraba las páginas en esa época por lo que las citas que se hagan de ese medio informativo en lo adelante quedarán sin número de página. De igual manera, quedarán sin la numeración del ejemplar porque, al cambiar la administración del Estado, esta iniciaba con una nueva numeración. 232 T. Rojas. Historia de la división territorial. 2.a Ed. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 1993, p. 153.

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presidente González se proponía alcanzar «mejor orden, limpieza, higiene y ornato de las localidades».233 A partir de la administración de González las autoridades que lo sustituyeron cambiaron de preferencia en cuanto a la procedencia de los inmigrantes. Abrieron el país a personas de distintos puntos del Caribe, como Cuba y Puerto Rico, que en 1868 se habían rebelado contra el régimen colonial español. Numerosos cubanos y puertorriqueños tuvieron que abandonar sus países por causa de la guerra o por persecución política. En las colonias insulares inglesas, los motivos más evidentes que impulsaban el éxodo de sus habitantes eran económicos. Como pudo apreciarse más arriba en las Antillas Menores los escasos salarios, la baja calidad de vida, el régimen de propiedad de la tierra y los vulnerados derechos políticos se constituyeron en factores esenciales que afectaban a los libertos. Después de abolida la esclavitud, la concentración de las tierras fértiles en pocas manos provocó que los antiguos esclavos no tuvieran acceso a ese medio de producción. La opción más expedita consistió en la emigración de miles de campesinos y obreros procedentes de Barbados, Saint Kitts, Nevis, Montserrat, Antigua, Jamaica, Islas Vírgenes, Dominica, Trinidad y Tobago, Granada y San Vicente.234 Un factor que incidió en ese proceso fue de orden político. Los afrodescendientes en las colonias del Reino Unido quedaron excluidos de las asambleas que I. M. González. «Decreto No. 1298 del Poder Ejecutivo creando Juntas de Fomento, Santo Domingo, 6 de junio de 1874». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana.T. 6. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo, 1928, p. 69. 234 R. Guerra. Azúcar y población en las Antillas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, p. 38; D. Watts. Las Indias Occidentales. Modalidades de desarrollo, cultura y cambio medioambiental desde 1492. Alianza Editorial, 1992, Madrid, pp. 487-488. 233

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decidían en lo económico y de las instancias que asumían la dirección política. Esto llevó al antropólogo Mintz a afirmar que la emancipación que se generó en el Caribe, con la excepción de Haití, no alteró en lo más mínimo la estructura de poder y tenía razón.235 Debido al elevado número de libertos sin tierra, las autoridades británicas del Colonial Office incentivaron su salida a diversas partes del continente. La República Dominicana fue uno de los destinos autorizados.236 El arribo de súbditos caribeños angloparlantes fue posible a partir de 1850, cuando las administraciones gubernamentales domínico-inglesas firmaron el tratado de amistad, comercio y navegación aquel año.237 Una manifestación de ese convenio quedó evidente en el censo que se hizo en 1871 en la ciudad de Puerto Plata. La mayor cantidad de migrantes extranjeros procedían de las islas angloparlantes, seguidos de cubanos, estadounidenses, daneses, españoles, franceses, haitianos y puertorriqueños, entre otros. La siguiente tabla ilustra el número de extranjeros por nacionalidades en la ciudad de Puerto Plata en la fecha antes indicada. El pequeño número de inmigrantes antillanos británicos, hasta ese momento, se incrementó en el transcurso de los años a partir de cuando comenzaron a funcionar los centrales azucareros. Estos resultados no hicieron cambiar de opinión a las autoridades gubernamentales que en los siguientes años administraron el Estado en su interés por S. W. Mintz. «La resistencia cultural y la fuerza de trabajo en el Caribe». El Caribe Contemporáneo, núm. 6, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM y Centro de Estudios Latinoamericanos, México, p. 44. 236 CO 318/332. 237 Buenaventura Báez. «Ratificación hecha por P. E. al Tratado de paz, amistad, comercio y navegación, entre la República Dominicana y Su Majestad Británica». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República. T. II. Santo Domingo, Publicaciones ONAP, 1982, 253-254 y 255-261. 235

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atraer población blanca. Continuaban haciendo lo posible por conquistar inmigrantes europeos. Tabla 2.1. Residentes extranjeros en Puerto Plata, 1871 Procedencia

N.°

Sexo

Inglesa

311

10.09

Masculino 158

Cubana Americana Danesa Española Francesa Haitiana

197 85 84 57 53 51

6.39 2.76 2.73 1.85 1.72 1.65

105 39 43 51 33 20

% 5.19

Femenino 153

% 4.96

3.41 1.27 1.40 1.65 1.07 0.65

92 46 41 6 20 31

2.99 1.49 1.33 0.19 0.65 1.01

Portorriqueña

1.56

0.94

0.62

Alemana Venezolana Holandesa Asiática Italiana Africana Milanesa Mejicana Chilena No registrada Migrante Dominicana Total

36 24 16 6 5 2 1 1 1 1 979 2,103 3,082

1.17 0.78 0.52 0.19 0.16 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 31.77 68.23 100.00

27 17 15 6 5 1 1 1 1 1 553 904 1,457

0.88 0.55 0.49 0.19 0.16 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 17.94 29.33 47.27

9 7 1 0 0 1 0 0 0 0 426 1,199 1,625

0.29 0.23 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 13.82 38.90 52.73

Fuente: Archivo General de la Nacional. Junta Central Electoral. Censo del Honorable Ayuntamiento de Puerto Plata del año 1871. IT: 1701796.

El 8 de julio de 1876, el presidente Ulises Francisco Espaillat decidió otorgar terrenos estatales a todo inmigrante que los cultivara con uno o más productos, como caña de azúcar, café, cacao, tabaco y algodón, entre otros productos.238

238

Congreso Nacional. «Ley No. 1548 sobre la concesión gratuita de los terrenos del Estado». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados

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Si la administración de Espaillat obsequiaba terrenos sin límites de extensión, la de Cesáreo Guillermo la demarcó en 30 acres destinada con mismo propósito.239 Mandaba que a los extranjeros contratados por los propietarios de fincas rurales o compañías, se les exonerase de los impuestos sobre los utensilios de uso doméstico. Al igual que lo había establecido Espaillat, también se les concederían tierras a todos los que llegaran de manera voluntaria y sin contratos. El También estarían exonerados de derecho de puerto los buques que los transportaran, y los inmigrantes de los tributos por su llegada. Esta política de atracción de inmigrantes europeos no se detuvo en estas dos administraciones gubernamentales. Continuó con la del presidente Francisco Gregorio Billini que en 1884 ofreció el reparto de tierras estatales a quienes arribaran.240 Uno de los pocos gobernantes que buscó el desarrollo sin contar con los inmigrantes fue el general Gregorio Luperón. Durante su administración interina, favoreció la creación de juntas de artes y oficios en cada común.241 Luperón se valió de la influencia que tenía la Iglesia en la población, en los aspectos morales, espirituales y de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana,T.7, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1929, pp. 89-91. 239 Congreso Nacional. «Ley 1780 Ley de Inmigración». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T. 7, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1929, pp. 511-513. 240 Congreso Nacional. «Ley Núm. 2290 creando en cada común o cantón una Junta que se denominará de "agricultura e industria”». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, año 1884, T.9, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1929, pp. 234-237. 241 Los integrantes eran el gobernador, el jefe comunal, el párroco, el director del colegio o escuela municipal donde estaría el taller, el presidente y el secretario del ayuntamiento.

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educativos, e incorporó un representante de esta entre los miembros integrantes de las juntas. Con esa decisión pretendía captar a jóvenes con edades de 14 a 18 años para que se inscribieran en talleres donde aprendieran un oficio. A los alumnos se les excluyó del servicio militar durante el tiempo que permanecieran en su formación, mientras que se obsequió con un solar a cada maestro. Quienes deseaban inmigrantes utilizaron en varias ocasiones las teorías sobre la aptitud de determinados pueblos para el trabajo yel progreso. En las memorias de 1882, el secretario de Estado de Interior informaba que llegarían personas de la Alsacia y Lorena.242 El presidente Billini se había mostrado partidario de esa idea. La puso de manifiesto en enero de 1883, fecha en que abogó por la llegada de belgas e hindúes, a los que propuso asignarles diferentes actividades laborales: a los hindúes les reservaba la labor agrícola y a los belgas la artesanal en los talleres de artes y oficios.243 Su administración había firmado un contrato con Andrés Sosvilla y González, capitán de marina mercante española, para que transportara al territorio nacional el mayor número posible de familias o individuos de las Islas Canarias, a razón de RD$20 por cada persona entre edades de 10 y 60 años.244 U. Heureaux. «Mensaje del Presidente de la República al Congreso Nacional». Santo Domingo, año XI, 8 de abril de 1882, BNPHU, núm. 408. 243 Informaba que el pasaje para traer a un hindú ascendía a RD$50. El pago por un día de trabajo en los lugares donde menos pagaban era de 30 centavos. «Emigración belga», en El Eco de la Opinión, 12 de enero de 1883, núm. 185. Reproducido en Andrés Blanco Díaz (Ed.). Francisco Gregorio Billini. Más que un Eco de la Opinión. 2. Escritos, 1879-1885. Santo Domingo, Editora Búho, 2009, pp. 213-215. 244 Congreso Nacional. «Contrato No. 2244 celebrado por el Ministro de Fomento sobre inmigración». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la República Dominicana, T. 9, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1929, pp. 243-247. 242

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Con respecto al tema de la inmigración y las razones que impedían el arribo de la población deseada, el secretario de Fomento e Instrucción Pública expuso que la escasez de recursos del erario era un obstáculo que tenían los inmigrantes a la hora de elegir a este país como destino. Debido a esa razón, entendía, habría que conformarse con quienes llegaran de manera espontánea.245 Ponía como ejemplo el intento de convencer a los hacendados de los alrededores de la capital para que contrataran personas que permanecieran en el país un mínimo de dos años. La propuesta contemplaba que el Estado dominicano contribuiría con RD$8 por cada inmigrante contratado bajo esas condiciones. Expuso que su propuesta encontró una fría acogida entre los empresarios porque solo uno de ellos se interesó. En la administración de monseñor Fernando Arturo de Meriño, 1882-1884, se pusieron en marcha otras acciones para promover la inmigración a la República Dominicana. El ministro Eliseo Grullón, en circular dirigida a los cónsules dominicanos, informaba de los esfuerzos realizados para favorecer la agricultura, el comercio y la industria, a la vez que elogiaba las leyes que protegían las propiedades individuales. Con los inmigrantes se pretendía también moralizar a la población, eliminar las revueltas, fomentar la educación y el trabajo.246 Wenceslao Figuereo, encargado del Ministerio de Interior y Policía, en la segunda administración gubernamental del general Ulises Heureaux, iniciada en 1887, explicó las J. T. Mejía. «Memorias que al Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los despachos de Justicia, Fomento e Instrucción Pública». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XI, 26 de abril de 1884, BNPHU, núm. 508. 246 E. Grullón. «Circular al Cuerpo Diplomático y Consular de la República». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año, 8 de enero de 1881, BNPHU, núm. 343. 245

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vías que conducían al progreso. Uno de los requisitos previos era eliminar las guerras civiles, animadas por caudillos regionales. Una vez finalizadas estas, en 1890, el país vivió un periodo de paz que debió a tres factores: primero, la actitud sana y pacífica de los dominicanos; segundo, la política conciliadora de la administración del Estado, y tercero, la observancia del bien común. Estas fueron bases para el progreso, a las que las autoridades sumaban la instrucción pública, el amor al trabajo, el cambio de hábitos y costumbres, el desarrollo comercial y el fomento a la industria. Un ejemplo de la conjugación de esos elementos lo constituía la puesta en servicio de la vía férrea que unía a Puerto Plata con Santiago de los Caballeros.247 La inmigración fue un tema de discusión en diferentes sectores y en distintos escenarios. Los diputados, por ejemplo, lo abordaron en las cámaras legislativas. También fue objeto de atención por diversos extranjeros, quienes expusieron sus puntos de vista, entre ellos L. Julien y Henri Thomasset. Julien era partidario de la inmigración de hindúes que, según su criterio, eran los más adecuados porque los europeos no estaban aptos para trabajar en la industria azucarera.248 El secretario de Estado, J. T. Mejía, llamaba la atención sobre las inversiones hechas con la finalidad de atraer inmigrantes.249 Afirmó que el país no había tenido suficiente voluntad para estimularlos puesto que los capitales y los obreros habían llegado de modo espontáneo. Se refería a la La vía férrea fue inaugurada en 1897. L. Julien. «La cuestión de inmigración de trabajadores extranjeros para Santo Domingo». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año. X, 11 de agosto de 1883, BNPHU, núm. 477. 249 J. T. Mejía. «Memoria que al presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los despachos de Justicia, Fomento e Instrucción Pública». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XI, 26 de abril de 1884 BNPHU, núm. 508. 247 248

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migración de empresarios cubanos que, con el inicio de la guerra en 1868, se asentaron en Puerto Plata y San Pedro de Macorís portando avances técnicos. Al momento de redactar su informe, decía que desde hacía tiempo se había detenido el flujo de personas. Un importante aspecto abordado fue la diferencia que estableció entre pobladores y braceros. Para J. T. Mejía, los braceros de las Antillas Menores eran parte de una población transitoria de la que no podía esperarse permanencia en función del progreso. Para dar vida a otras actividades eran necesarios «pobladores». Se refería a personas que fijaran su residencia en el suelo patrio. Ante el bajo número de inmigrantes, las autoridades siguieron impulsando la política de destinar recursos para fomentarla. El Congreso Nacional aprobó, en junio de 1884, que se dispusiera del 30 % de los ingresos de exportación.250 En otra resolución aprobaba la concesión a los señores Montandon Descombes y Cía., fundadores de la colonia de inmigrantes La Evolución, ubicada en terrenos de Sabana de la Mar.251 Fueron incentivados con la exoneración de impuestos, por una sola vez, a las importaciones que realizaran de artículos necesarios, y de igual modo recibieron el apoyo estatal para emprender el desarrollo de fincas de cacao, café y otros frutos. Leyes como esta eran escasas. Congreso Nacional. «Resolución 2270 del Congreso Nacional sobre el 30 % de exportación para la inmigración». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T.9, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, pp. 148-149. 251 Congreso Nacional. «Resolución No. 2778 del Congreso Nacional aprobando la concesión otorgada por el P. E. en fecha 13 de marzo de 1888 á los Sres. Montandon Descombes y Cía., fundadores de la colonia de inmigrantes extranjeros La Evolución, en terrenos de Sabana de la Mar». Gaceta Oficial, Santo Domingo, 28 de junio de 1889. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T. 11, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1928, pp. 171-177. 250

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Una comisión integrada por los diputados L. P. Brache, J. M. Molina y M. J. Jiménez, a finales de septiembre de 1890, opinaba que los proyectos de inmigración y los esfuerzos para ponerlos en práctica nunca serían estériles.252 Era la reacción a las declaraciones del secretario de Estado asegurando que enviaría a la Cámara de Diputados varios proyectos después de presentarlos al presidente de la República. Desde abril de ese año, el funcionario afirmaba haber sometido varios proyectos al Concejo de Gobierno con ese propósito.253 El comentario de los diputados se hacía eco de los cuestionamientos a la política aplicada, cuyas miras estaban dirigidas a la inmigración desde Europa. La administración apeló a un recurso usado con anterioridad. El 24 de enero de 1891 exoneró a los buques de F. C. Castro de los derechos de puerto. Castro había acordado con las autoridades llevar al país personas de las Islas Canarias. Las autoridades le exigieron traer un número mayor de cincuenta personas en cada viaje.254 Interesados en que llegara a esa meta, los funcionarios públicos daban instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores para que a su vez comunicara a los cónsules dominicanos la expedición gratuita de salvoconductos a quienes desearan migrar contactados por F. C. Castro. La gracia que se le otorgaba al beneficiario era Congreso Nacional. «Poder Legislativo». Gaceta Oficial, Santo Domingo, núm. XVII, 4 de octubre de 1890, BNPHU, núm. 841. 253 Gobierno dominicano. «Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de Fomento y Obras Públicas». Gaceta Oficial, Santo Domingo, núm. XVII, 19 de abril de 1890, Biblioteca Pedro Mir, Universidad Autónoma de Santo Domingo, núm. 817. 254 M. M. Gautier. «Resolución Núm. 2981 del V. P. de la R., en ejercicio de la Presidencia, concediendo al Sr. F. C. de Castro la exoneración de los derechos de puerto para los buques que dedique al transporte de inmigrantes». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, año 1891, T. 12, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1929, p. 11. 252

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por un año, condición que ponía la empresa a la puerta del fracaso, debido al tiempo de travesía desde Europa hasta la isla y la baja rentabilidad. Las autoridades tuvieron una buena ocasión para promover la inmigración cuando fue celebrada la Exposición Universal de París en 1889. Parece que no resultó suficientemente aprovechada la participación dominicana en aquel evento, a juzgar por las reflexiones que un testigo de la época que hizo referencia a las deficiencias de la delegación. Henri Thomasset,255 en el informe enviado al ministro de Fomento, se preguntaba: «… ¡Cuánto hubiese necesitado la presencia de una comisión experta que, en el pabellón dominicano, hubiese satisfecho las preguntas de los visitantes con informaciones exactas acerca del país, sobre sus necesidades y ventajas en relación con otros países!».256 De las bondades que podían ofrecerse, el país propuso un cuadro comparativo que mostraba once territorios insulares del Caribe. De ellos, la República Dominicana tenía la más baja densidad poblacional, con 7 habitantes por kilómetro cuadrado. El que más se aproximaba a esta cifra era Cuba, con Henri Thomasset, ingeniero francés que arribó a a la República Dominicana a principios de la octava década del siglo XIX, desarrolló diversos estudios, diagnósticos y proyectos, entre ellos: el plano de la ciudad de La Romana, el trazo de la vía férrea para unir a San Cristóbal con la ciudad capital, la construcción de la Iglesia Parroquial Mayor de Santiago de los Caballeros, el diseño del acueducto de Puerto Plata y el plano para la construccion de los ferrocarriles del este. Asimismo, escribió un interesante opúsculo sobre la ciudad de San Cristóbal, entre otros. 256 Ministerio de Fomento y Obras Públicas, año XVIII, Santo Domingo, 17 de enero de 1891, BNPHU, núm. 856; documentos anexos a la «Memoria del Ministro de lo Interior y Policía», expediente 7, Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XVIII, 17 de enero de 1891, núm. 856; Gobierno dominicano. Documentos anexos a la «Memoria del Ministro de lo Interior y Policía», expediente 7. Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XVIII, 24 de enero de 1891, BNPHU, núm. 857. En adelante será citado como «Ministerio de Fomento y Obras Públicas». 255

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13 hab. / km2 y el de mayor densidad, Barbados, con 400 hab. / km2. Este parámetro, sugerido por Thomasset para la búsqueda de inmigrantes, era solo uno de los que debía tomarse en consideración. La oferta de grandes extensiones de tierra a los agricultores que desearan emigrar a la República Dominicana. Los integrantes del gabinete gubernamental haciéndose eco de lo planteado por Thomasset opinaban que el deficiente personal enviado al pabellón dominicano a la feria en París no era determinante para motivar eficientemente a los potenciales inmigrantes. Pensaban, también, que otros factores se interponían con mayor fortaleza. La expresión de Wenceslao Figuereo, ministro de Interior, en la memoria presentada en 1891, dejaba aclarada la posición del gabinete en ese sentido. Destacaba «justicia, orden y progreso» como parte de esos otros factores. Afirmó Wenceslao Figuereo, en la citada memoria, que la política de justicia, orden y progreso aplicada en su administración había propiciado un clima de paz, que hizo posible la creación de la sociedad Económica de Agricultura para impulsar la inmigración con el propósito de explotar los bosques de Azua y Barahona, y que era necesario se destinaran recursos que llevaran a la creación de otras agrupaciones de ese tipo. Sobre el particular expresó: …y creo, ciudadano presidente, que la inmigración en escala considerable sería el [medio] más poderoso para transformar en vastísimo emporio los bosques seculares de Azua, Neyba, Barahona y la Maguana, así como los inmensos valles fronterizos. Constituida con ese patriótico fin, la sociedad Económica de Agricultura en la ciudad del Vía, aguarda ansiosa el momento en que sea permitido al Gobierno proteger los

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esfuerzos que ella desea prodigar a favor de la inmigración y de otras útiles empresas. Y en términos generales, existen en toda la República asociaciones establecidas con idénticos fines; pero mientras al Despacho de lo Interior no fuere dado disponer con propia iniciativa de algunos fondos para impulsar el adelanto de los pueblos, la acción Gubernativa será lenta y débil acerca de este punto, que recomiendo a la alta penetración de Ud.257 Uno de los tres componentes en los que Wenceslao Figuereo resumió su anterior mensaje al presidente fue el orden, entendible a partir de un incidente acaecido años antes de su informe y que resultaba paradigmático en la sociedad dominicana de la época. En 1886 los partidarios de los generales Benito Monción y Casimiro N. de Moya se rebelaron contra Ulises Heureaux,258 lo que situó al país en un estado de guerra que se prolongó hasta los últimos dos meses de 1888.En marzo de 1890, Pablo Reyes, por su parte, se había vinculado al grupo de los antigubernamentales y lideró un movimiento revolucionario.259 Los dos acontecimientos alteraban el clima de paz indispensable para el arribo de inmigrantes y la inversión de capitales, y para procurar cambiar el estado de cosas, los funcionarios enfatizaron el discurso de la paz. El ministro de Interior explicaba el fenómeno estableciendo relación entre los factores requeridos para alcanzar la estabilidad: la observación de las leyes, la política conciliadora desde W. Figuereo. «Memoria que al ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de lo Interior y Policía». Gaceta Oficial, año XVIII, 15 de febrero de 1891, BNPHU, núm. 866. 258 R. Jarvis Luis. «Ulises Heureaux: la coyuntura política de 1888 a través de sus correspondencias», en País Cultural. Ministerio de Cultura, año IX, núm. 16, octubre de 2014, pp. 68-78. 259 Hubo otros movimientos contra el régimen político como la expedición del vapor Fanita en 1898. 257

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el Estado y la consideración con respecto al bien común. Estos eran las premisas para emprender el progreso.260 La administración difundía que, con la paz, se asomaba el desarrollo y como evidencia mostraba la vía férrea que unía la ciudad de Puerto Plata en la costa norte con Santiago de los Caballeros. Otra muestra del progreso era el ferrocarril que unía el puerto de Sánchez con La Vega, con el claro interés de fortalecer las exportaciones de la región del Cibao por el puerto de Sánchez, que a su vez dinamizaría la producción agrícola y activaría el comercio.261 A partir de 1891 cambió la estrategia legislativa. A los ayuntamientos les atribuyeron mayor protagonismo en las propuestas y con tal propósito fue fundada una junta provincial de inmigración en cada cabecera de provincia. La lentitud en la llegada de inmigrantes se convirtió en motivo de debate por parte de distintos medios. Testigos de la época especularon sobre las causas de los escasos resultados de la política inmigratoria. El diputado Mariano Rodríguez Objío se refería incluso al fracaso de las leyes y los decretos emitidos, así como de las atribuciones otorgadas a los ayuntamientos. No obstante la evidencia de algunos logros que apuntaban hacia los inicios del progreso, como el telégrafo, el ferrocarril y las haciendas de caña, el país estaba muy retrasado con respecto a las naciones del continente, sobre todo en lo referente a las políticas migratorias. Era de opinión que se debía a la falta de recursos W. Figuereo. «Memoria que al ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de lo Interior y Policía». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XVIII, 15 de febrero de 1891, BNPHU, núm. 866. 261 Las construcciones de vías férreas eran tenidas como paso importante de progreso. Fiel a ese propósito, otorgó concesiones a Samuel A. Fowle, Everett D. Godfrey y Henry L. Bean para construir uno el Estado que uniera a Azua, en la costa sur, con la bahía de Manzanillo, en la costa norte. Gaceta Oficial, 6 de mayo de 1893. 260

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destinados a este fin. Sobre el tema de la inmigración expresó el diputado: Un asunto que juzgo de suma importancia para el país me obliga a ocupar vuestra atención, a fin de recabar una ley o decreto que haga más eficaz cuanto se ha dictado hasta hoy con relación al mismo asunto. Tiempo hace que el Poder Legislativo, mirando sobre el porvenir del país, ha pugnado por facilitar los medios que conducen a traer inmigraciones útiles, que, a más de aumentar nuestra escasa población, sean factores en el progreso material que tanto necesitamos para desempeñar un puesto digno y respetable entre las naciones del Nuevo Mundo. Solo nosotros, Honorables Diputados, no hemos conseguido gran cosa; verdad que tenemos telégrafos, ferrocarriles, haciendas de caña, etc., que por cierto algo nos complace; pero este progreso muy laborioso y comparado significa que vamos a la cola. Es evidente que el Estado no puede hoy por hoy, por causas extrañas a la voluntad de sus administradores, iniciar y atender a la inmigración, como no ha podido hacerlo en años atrás a pesar de leyes y decretos. Todo el buen deseo ha quedado reducido a papeles, nada se ha podido traducir en hechos; y, no obstante, es preciso hacer, es preciso aumentar nuestra población para hacernos más respetables y garantizar la nacionalidad.262 Como afirmara el diputado Rodríguez Objío, algunas leyes aisladas habían ido poniendo parches a la tímida política migratoria sin muchos resultados. Un ejemplo de eso ocurrió en la sesión legislativa del 25 de julio de 1884 donde se aprobó la resolución 2270, que autorizaba al Poder Ejecutivo a destinar el 30 % de los ingresos de exportación para el 262

Congreso Nacional. «Poder Legislativo». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XVIII, 26 de septiembre de 1891, BNPHU, núm. 892.

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fomento de la inmigración.263 Prueba de la lentitud en materia migratoria es el receso de seis años desde la resolución emitida en 1884 hasta la que se formuló en abril de 1890,264 y posteriormente la 3069 emitida en 1891. El ministro informaba que había sometido varios proyectos al Concejo de Gobierno sin explicar qué contenían o cuáles eran sus alcances. Solo refirió que conciliaban las facultades del Poder Ejecutivo con las leyes destinadas a promover las franquicias y la inmigración. Palabras que sugieren el cambio en cuanto al tipo de inmigrante que debía promoverse en lo adelante. A partir de 1890, Ulises Heureaux tuvo una nueva percepción sobre la inmigración como tema de Estado. Influyó la ausencia de inmigración blanca y las demandas de obreros para los ingenios azucareros. En ese momento las unidades productivas a proteger eran las haciendas azucareras. En 1891, a partir de la Resolución 3069 del Congreso Nacional, se autorizó a los ayuntamientos a destinar el 5 % de sus ingresos para el fomento de la inmigración. El tema de la inmigración quedó en manos de los cabildos y gobernadores provinciales hasta concluir esa década, momento límite del segundo ciclo propuesto, 1891-1899. La aplicación de la Resolución implicaba la creación de una junta provincial

Congreso Nacional. «Resolución No. 2270 del Congreso Nacional autorizando al Poder Ejecutivo a seguir disponiendo del 30 % de los derechos de exportación aplicado a la inmigración”. Santo Domingo, 28 de julio de 1884. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T.9, Santo Domingo, Imprensta del Listín Diario, 1929, pp. 148-149. 264 Gobierno dominicano. «Memoria que al ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de Fomento y Obras Públicas». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XVII, 19 de abril de 1890, BNPHU, núm. 817. 263

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integrada por el gobernador, el presidente, el síndico del ayuntamiento y un delegado del municipio.265 La reacción de los funcionarios en los ayuntamientos y gobernaciones fue favorable. El gobernador de Azua informaba en junio de 1893 que se habían nombrado a los miembros de la mencionada junta. La presidía el gobernador, que a su vez fungía como síndico, y la integraban Daniel D. Ortiz, Francisco Calcaño, Francisco Montedeoca y Enrique A. Blandino.266 El gobernador de El Seibo, Agustín Pérez, en su informe al ministro, le comunicaba haber enviado circulares a los ayuntamientos ubicados en esa provincia para que destinaran el 5 % de sus rentas totales al fomento de la inmigración.267 El general Ramón Castillo, gobernador civil y militar de San Pedro de Macorís, en su memoria presentada en 1893 al ministro del Interior y Policía, se refirió al buen impacto de la inmigración extranjera. Se lamentaba de no poder probar sus palabras con datos estadísticos por la falta de un censo. Esa deficiencia no le impedía confirmar la llegada de inmigrantes a San Pedro de Macorís atraídos por la industria azucarera.268 Congreso Nacional. «Resolución 3069 del C. N. disponiendo que los Ayuntamientos de la República, á fin de dar cumplido efecto á la atribución 9° sobre fomento é inmigración del país, de sus rentas generales, con exclusión de las de patentes, separen un 5 %, para atraer la inmigración, 30 de junio de 1891». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T.12, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1929, pp. 150-152. 266 J. Campo. «Memoria que al Ciudadano Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador Civil y Militar de la Provincia de Azua en 1893». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XX, 24 de junio de 1893, BNPHU, núm. 983. 267 A. Pérez. «Memoria que al Ciudadano Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador Civil y Militar de la Provincia Santa Cruz del Seibo en 1893». Gaceta Oficial, Santo Domingo, 22 de julio de 1893, núm. 987. 268 R. Castillo. «Memoria que al ciudadano Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador Civil y Militar del Distrito de San Pedro de 265

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A dos años del informe del general Castillo, en 1895, Dionisio García, gobernador de San Pedro de Macorís, reportaba la existencia de 888 extranjeros. El elevado número de estos trabajadores incidió en la reducción de los salarios pagados a los obreros agrícolas. Como consecuencia de una oferta excesiva de mano de obra, muchos de los inmigrantes quedaron en la indigencia y tuvieron que retornar a su país de origen. Los puertorriqueños fueron quienes sufrieron la peor situación. El gobernador Dionisio García expuso su parecer al ministro de lo Interior y Policía. Opinaba que el flujo de puertorriqueños a San Pedro de Macorís había aumentado el año anterior, que 888 personas ingresaron bajo contrato y que se constataba inestabilidad económica entre los agricultores. A causa de todo ello, algunos migrantes decidieron retornar a sus respectivos países.269 Lo explicado por el gobernador al ministro se mantuvo sin cambios apreciables, razón por la que desconocía de manera exacta el número de los puertorriqueños que se repatriaron. De igual modo tampoco la situación de los demás inmigrantes en similar situación. Esa era una manifestación de la deficiente manera como se manejaba el tema de la inmigración. Un año más tarde, en 1896, otro gobernador de San Pedro de Macorís, José Estay, reportaba al ministro de Interior y Policía que se había contabilizado la llegada de 156 nuevos inmigrantes, en su mayoría cubanos que huían de la

Macorís en 1893». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XX, 26 de agosto de 1893, BNPHU, núm. 992. 269 D. García. «Ministerio de Interior y Policía. Gobernación Civil y Militar de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXII, 28 de septiembre de 1895, BNPHU, núm. 1101.

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guerra de independencia.270 De las afirmaciones del gobernador se deduce que la junta de inmigración apoyó a los recién llegados. No precisó en qué consistió dicho apoyo, si fue alojándolos en albergues temporales o dándoles otro tipo de facilidades. En 1897, Pedro A. Pérez, gobernador de San Pedro de Macorís, en su informe al ministro de Interior y Policía, le comunicaba que todos los meses llegaban por aquel puerto personas procedentes de Cuba y Puerto Rico en el vapor español. También arribaban súbditos ingleses de Tortola, Saint Thomas, Saint Kitts y Barbados cuando se aproximaba la zafra. Decía que, aunque los ingleses desembarcados no eran numerosos ni su llegada constante, dejaban siempre beneficios porque se radicaban en el lugar y consumían mercancías. El informe expresaba que la Junta de Inmigración les daba apoyo, sin precisar en qué consistía.271 Sin embargo, el reporte favorable del gobernador de San Pedro de Macorís no cambiaba la opinión negativa que tenían otros funcionarios con respecto a la llegada de inmigrantes. Teófilo Cordero Bidó, ministro del gabinete gubernamental, expresaba la posición del Estado al fomento de la inmigración. Decía que si había un reducido número de familias radicadas se debía a que pocos hacendados las contrataron.272 La posibilidad de que el Estado tomara

J. Estay. «Documentos anexos a la «Memoria de Interior y Policía. Gobernación del Distrito de San Pedro de Macorís». Gaceta Ofical, Santo Domingo, año XIV, 5 de septiembre de 1896, núm. 695. 271 P. A. Pérez. «Memoria que al Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador Civil y Militar de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXIV, 6 de noviembre de 1897, BNPHU, núm. 1211. 272 Gobierno dominicano. «Memoria que al Ciudadano Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador Civil y Militar de la Provincia de Azua». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XX, 14 de abril de 1894, BNPHU, núm. 1025. 270

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Goleta en el puerto de San Pedro de Macorís. Fuente: Revista de la Secretaría de Estado de Interior, Policía, Guerra y Marina. Año I, 16 de agosto de 1927, no. 1, p. 26.

la iniciativa estaba condicionada a la existencia de recursos económicos. Para obtenerlos, aconsejaba imponer una tasa al consumo del petróleo. La memoria del ministro de Fomento y Obras Públicas fue comentada por la Comisión de Fomento del Congreso Nacional, que coincidió con el ministro en cuanto a establecer un impuesto al petróleo. Calculaban que con esto se obtendría un ingreso de RD$20,000.00 anuales, los cuales podrían dedicarse al fomento de la inmigración.273 A la vez, el diputado Pedro A. Bobea, se lamentaba en la misma sesión que la inmigración que fomentaban los hacendados fuera para solucionar la escasez de obreros transitoriamente y no la de procurar el asentamiento de familias con el propósito de no volverse a ir. Afirmaban categóricamente que 273

Congreso Nacional. «Sesión del 16 de mayo de 1894». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXI, 28 de julio de 1894, BNPHU, núm. 1040.

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no era ese el tipo de personas que necesitaba el país. Expresó Bobea: Causa pena, ciudadanos diputados, que la inmigración no haya sido realizada hasta ahora sino de un modo imperfecto; ora espontánea o atraída por hacendados que por escasez de brazos para sus empresas han tenido que recurrir a ella por medio de contratas, y si es verdad que a ellas debemos ese bien, según el decir del ciudadano Ministro, no obstante eso, cree vuestra comisión que no es esa la inmigración que necesitan los pueblos para con sus propios esfuerzos aunados a los de ella contribuir a su engrandecimiento […]. A partir de 1894 la intervención de los funcionarios en el servicio exterior fue mayor en los proyectos sobre inmigración, aunque no tuvieron suficiente iniciativa. José Engo, cónsul dominicano en España, informaba al ministro de Relaciones Exteriores que la migración del país Ibérico se dirigía a Costa Rica y que estaba paralizada la que tenía como destino a Brasil debido a la guerra que vivía aquel país.274 Aquí se limitaban a informar que se otorgaría la visa a quienes la solicitaran. Claramente era una actitud muy pasiva la del cónsul porque en esos momentos el país no estaba sacudido por guerras civiles y existían condiciones que podían promoverse.275 Hubiera podido dedicarse a resaltar con mayor énfasis las bondades del territorio, justo porque al siguiente año él mismo informaba que la migración a Costa Rica se encontraba paralizada.276 El golpe militar que dio origen a la proclamación de la República Brasileña y las contradicciones entre los diferentes sectores involucrados, crearon condiciones que provocaron un levantamiento de la Marina. 275 J. Engo. «Consulado Dominicano en Cádiz». Gaceta Oficial, año XXI, 25 de agosto de 1894, BNPHU, Gaceta Oficial, núm. 1044. 276 J. Engo. «Ministerio de Relaciones Exteriores». Gaceta Oficial, núm. XXII, 9 de febrero de 1895, BNPHU, núm. 1068. Reportaba que algunos 274

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Las informaciones remitidas por los cónsules estos se limitaban a reportar la salida de personas desde diferentes puertos y no incluían lo que habían hecho para dar a conocer las ventajas que ofrecía la República Dominicana. El 28 de febrero de 1898, Armando Canevaro, cónsul dominicano en Génova, explicaba en informe al ministro de Relaciones Exteriores el movimiento migratorio desde ese país. Apuntaba que entre 1896 a 1897 las salidas del puerto de Génova habían aumentado un 10 % con respecto al periodo anterior. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Centroamérica eran los destinos preferentes en el continente americano.277 En años posteriores, el cónsul dominicano comentaba a su jefe inmediato en Santo Domingo los nuevos datos. La única exigencia de las autoridades italianas para dejar salir a sus conciudadanos era la firma de un contrato.278 En su información no dejaba claro si dicho contrato lo debían firmar representantes del país o los empresarios, con lo cual era evidente que la frontera entre la iniciativa pública y la privada con el propósito de fomentar la inmigración era muy delgada. En 1895 las autoridades retomaron la práctica iniciada en 1891 de fundar juntas provinciales de promoción de la inmigración. En julio de 1895 fueron fundadas otras nuevas en la capital, en los distritos de Monte Cristi, Puerto Plata y en el puerto de Sánchez. El interés estaba orientado en captar agricultores y obreros con familias.279 Las juntas de dichos españoles contratados por compatriotas asentados en Santo Domingo habían salido de Cádiz. 277 A. Canevaro. «Consulado General de la República Dominicana en Génova», Gaceta Oficial, año XXV, 9 de abril de 1898, BNPHU, núm. 1233. 278 Gobierno dominicano. «Documentos anexos a la Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores». Gaceta Oficial, año XXIII, 3 de octubre de 1906, BNPHU, núm. 1726. 279 U. Heureaux. «Resolución No. 3566 del P. E. creando Juntas de Inmigración en esta Capital, en los Distritos de Monte Cristy y Puerto Plata y en

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territorios las integraban el gobernador, el presidente del ayuntamiento, el síndico, los interventores de Aduana, un comerciante y un agricultor. Animadas las autoridades por el número creciente de inmigrantes cubanos y puertorriqueños, anunciaron la creación de una junta central de inmigración presidida por el ministro de Fomento y Obras Públicas. Las juntas de fomento fundadas con anterioridad en las comunes dependerían de ella.280 El entusiasmo llegó a la Cámara de Diputados, donde sometieron a discusión la conveniencia de disponer del 25 % de los ingresos de la renta aduanera de La Romana para promover la inmigración. El diputado Morales L. propuso otorgar a los beneficiarios 18 ½ tareas de tierra y 40 centavos diarios a las familias asentadas.281 La administración gubernamental de Carlos Morales Languasco, en 1905, procuró impedir que entraran al país criminales, inválidos, leprosos, prostitutas y toda clase de personas con antecedentes indeseados o enfermedades contagiosas.282 A quienes deseaban emigrar se les exigirían visa, certificado de buena conducta y un depósito de RD$30, excepto a los contratados para realizar labores agrícolas, a los industriales o los que venían por cuenta del Estado. Sin embargo, el interés de recibir personas caucásicas condujo a que se admitieran las que llegaran enfermas desde Estados Unidos y Europa. Se les darían sesenta días para su recuperación y treinta días a quienes procedieran de las Antillas. el puerto de Sánchez». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, T.13, Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1929, pp. 604-605. 280 El Nuevo Régimen, 8 de agosto de 1900, p. 1. 281 Congreso Nacional. «Sesión del 15 de mayo de 1901». Gaceta Oficial, año XXVII, 16 de noviembre de 1901, BNPHU, núm. 1422. 282 Morales L. «Resolución del Poder Ejecutivo sobre los inmigrantes». Gaceta Oficial, año XXII, 11 de noviembre de 1905, BNPHU, núm. 1634.

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En esos años el tema de la preferencia de caucásicos adquirió de nuevo protagonismo. Quienes opinaban o tomaban decisiones desde el Estado pretendían «mejorar la raza», decía F. L. Vásquez, secretario de Fomento. Según él, con ese tipo de inmigración se optimizarían las condiciones orgánicas, físicas y psíquicas de la población, además de injertar en el seno de la «raza dominicana» método, orden y disciplina.283 Abogaba por el «ejemplo de los buenos inmigrantes» y por atraer a quienes tuvieran capitales grandes y pequeños. A esos se les formalizarían contratos de colonización en los que se les concederían la propiedad de las tierras. E. Tejera Bonetti, secretario de Agricultura e Inmigración, en 1909, planteaba que la inmigración era un problema vital y trascendental desde el punto de vista étnico. Tenía conciencia de que para atraer europeos era necesario disponer de leyes de asentamiento, crear vías de comunicación, resolver el problema de los terrenos comuneros y aprender de experiencias ajenas.284 Se debían preparar terrenos en ciudades de fácil acceso y repartirlos entre los candidatos con el objetivo de que los productos que se obtuvieran pudieran ser exportados sin dificultades. Un aspecto que llamaba la atención era la definición de conceptos. Se volvían a confundir los términos colono y bracero. Se deseaba que todo inmigrante fuera colono cuando, en realidad, no lo era necesariamente. El colono era aquel al que le pertenece el resultado de su propio trabajo. Puede que sea propietario o no de la tierra que trabaja, pero sí lo es de la cosecha. Muy distinta es la condición del bracero, F. L. Vásquez. «Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el Ciudadano Secretario de Estado de Fomento y Obras Públicas». Gaceta Oficial, año XXIII, 28 de marzo de 1906, BNPHU, núm. 1673. 284 E. Tejera Bonetti. «Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de los Despachos de Agricultura e Inmigración». Gaceta Oficial, año XXVI, 11 de mayo de 1909, BNPHU, núm. 1991. 283

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que trabaja por un salario y la cosecha no le pertenece. El reglamento de la Ley de Inmigración de 1912 llegó incluso a definir bracero como todo aquel que llegara en buque de vela, que penetrara por la frontera terrestre o que llegara en vapor y no fuera pasajero de primera clase.285 Era contraproducente dicho criterio, aunque se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, cuando en la documentación se designó a cada uno por su condición en el proceso de producción. El bracero era la persona que vendía su fuerza de trabajo a un colono o empresa agroindustrial, aunque arribara al país con boleto de primera clase. En 1907, Manuel Lamarche García, secretario de Fomento, había manifestado igual inquietud en la memoria presentada al presidente de la República. Hizo referencia al caso de Argentina, donde la promoción de la inmigración había tenido éxitos y era tenida como paradigma. En este país fue aprobada, en 1876, la Ley Avellaneda de inmigración y colonización, que dio origen a la creación de diversas oficinas dentro y fuera del país para promover, apoyar y dar seguimiento a los extranjeros. Era un sistema organizado que dejó resultados, como pudieron constatarlos funcionarios dominicanos.286 Igual que la Argentina, Cuba era un país de referencia en materia de promoción de la inmigración. El encargado de Negocios de la embajada dominicana en La Habana envió a la Secretaría de Agricultura un informe con sus reflexiones en torno a la legislación cubana con respecto al tema.287 R. L. Trujillo. «Reglamento a la Ley de inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVI, 4 de diciembre de 1930, BNPHU, núm. 4307. 286 Ley 817 de fomento de la inmigración europea de 1876. http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/III_20.pdf 287 Archivo General de la Nación. Secretaría de Estado de Agricultura. Libro # C-424, año 1910 17/000853. También existe copia del informe en la Revista de Agricultura. Para la legislación migratoria en Cuba véase: 285

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Descartaba la inmigración de braceros porque, según su criterio, resultaba perjudicial. En cambio, favorecía la de colonos blancos europeos porque aumentaba la producción interna, como entendía que estaba sucediendo. El funcionario, ignorando las leyes de la oferta y la demanda en el mercado laboral, aseguraba que la presencia de los braceros elevaba los salarios. Más tarde, ese diplomático se contradijo, al afirmar que, en la República Dominicana, gracias a la mano de obra «criolla y de los inmigrantes británicos antillanos», la producción de azúcar podía competir con la de Puerto Rico y Cuba en el mercado de Estados Unidos.288 En la nueva ley de inmigración, promulgada por el presidente Eladio Victoria en 1912, se repetía el concepto de rechazo a ciertos inmigrantes que emanaba de la ley de Morales Languasco.289 Se prohibía la entrada de minusválidos, enfermos, anarquistas y cualquiera que estuviera impedido de ganarse la vida. Había restricción de entrada a los nacionales de colonias europeas en América, Asia y África; también se impedía el ingreso a los braceros de países no europeos. Quienes llegaban debían tener permiso previo de los cónsules, de lo contrario serían devueltos en el mismo

C. Naranjo Orovio. Del campo a la bodega. Recuerdos de gallegos en Cuba, siglo XX, A Coruña, Ediciós do Castro, 1988; C. Naranjo Orovio y V. Petinnà. «Un nuevo orden: inmigración y prejuicios sociales en Cuba, 1900-1930», Ob. cit., 2009, pp. 95-145. 288 No era posible que la presencia de los obreros extranjeros elevara los salarios y que el azúcar criollo pudiera competir en el mercado mundial, cuando la regla del comercio internacional es producir a los más bajos costos para competir con productores de otras latitudes y ofrecer el producto al más bajo precio. El salario es un costo de producción y si este se reduce baja el precio. Era contraproducente que, si la presencia de los braceros elevaba los salarios, el costo de producción bajara el precio del azúcar en el mercado mundial. 289 E. Victoria. «Ley sobre inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXIX, 11 de mayo de 1912, BNPHU, núm. 2295.

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barco y se multaría al capitán con RD$100 por cada persona no deseada que transportara. Un tratamiento diferente se daba si las personas en iguales condiciones eran oriundas de Estados Unidos y de las colonias de España en las Antillas. Incluso se les suministraría el sustento por ocho días y se les daría terrenos y semillas para la primera siembra. Hubo varios años sin que las autoridades emitieran ordenanzas referidas a la inmigración. La principal causa fue la inestabilidad política que siguió al final abrupto de la administración de Ramón Cáceres.290 Con su muerte en 1911, se creó una situación de incertidumbre que fue aprovechada en 1916 por las autoridades de los Estados Unidos de América para ocupar militarmente el país.291 Durante los ocho años que duró la ocupación se suscitaron significativos cambios en la legislación sobre inmigración, especialmente en lo relativo a los braceros. Fue establecido que, al mes de finalizar la zafra, los portadores de permisos de inmigración debían recibir el dinero y retornar al lugar desde donde habían partido.292 La ley dejaba abierta la posibilidad de que si el bracero deseaba permanecer en territorio dominicano tenía derecho a solicitarlo en el Departamento de Agricultura.293 Ramón Cáceres fue baleado el 19 de noviembre de 1911y ese hecho le causó la muerte. 291 La ocupación estadounidense del territorio dominicano se produjo a partir del 29 de agosto de 1916 y permaneció hasta el 12 de julio de 1924. 292 B. H. Fuller. «Orden Ejecutiva No. 259 reglamentado todo lo relativo a entrada y salida de braceros al país». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXXV, 26 de febrero de 1919, BNPHU, núm. 2989. A partir de la aprobación de la Ley de Inmigración de 1912 y su reglamento en 1913, se permitió a las unidades azucareras que solicitaran los permisos de los braceros que en ellas laboraban. 293 T. Snowden. «Orden Ejecutiva 431 que enmienda el artículo 87 apartado 2 de la Orden Ejecutiva 197 que se refiere a inmigración de braceros». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXXVI, 27 de marzo de 1920, BNPHU, núm. 3102. 290

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Quien tuviera interés de normalizar su presencia debía pagar un timbre a Rentas Internas, cuyo precio era variable. El empleador podía ser penalizado con RD$100 si se negaba a cumplir con lo estipulado. Se prohibía a los capitanes de embarcaciones, a los agentes navieros y a los representantes de empresas extranjeras, presionar a los braceros y exigirles que abandonaran el país.294 La legislación sobre migración daba escasas concesiones a braceros no caucásicos. Sin embargo, en diciembre de 1919 se abrió la posibilidad de entrada de migrantes de distintas procedencias.295 Los no caucásicos y sus familiares que no tuvieran permiso de la Secretaría de Agricultura debían pagar entre 10 y 100 dólares como máximo, y se les daba un plazo de cuatro meses para que regularizaran su situación migratoria; a la vez se le otorgaba autoridad al secretario de Agricultura e Inmigración para suspender cualquier fallo de deportación dictada por un tribunal. Las anteriores legislaciones estaban orientadas a favorecer los intereses de la industria azucarera en la región oriental, donde existía mayor demanda de braceros extranjeros. A partir de 1920, la legislatura promovió la entrada de braceros haitianos. La región fronteriza disponía de tres lugares para ejercer el control: Comendador, Las Lajas y Dajabón.296 Con la promulgación de esa ley se favorecían los En años posteriores a esa disposición, favorable a los intereses de la agroindustria azucarera, esta fue reiterada por Juan Bautista Vicini Burgos cuando dirigía una administración transitoria con el fin de convocar a elecciones, elegir un presidente y poner fin a la ocupación militar. Vicini Burgos disponía de centrales azucareros. Gaceta Oficial, 17 de enero de 1923. 295 T. Snowden. «Orden Ejecutiva 372 que se relaciona con la entrada en el país de inmigrantes que no sean de la raza caucásica». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXXV, 24 de diciembre de 1919, BNPHU, núm. 3075. 296 T. Snowden. «Orden Ejecutiva 5 de la Secretaría de Agricultura e Inmigración que se relaciona con la entrada en el país de los inmigrantes de la 294

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intereses de la industria azucarera de Estados Unidos en la República Dominicana. La administración del general Rafael Trujillo Molina, iniciada en agosto de 1930, introdujo cambios en la legislación de inmigración con el propósito de incrementar la recaudación del Estado. Esperanzado que esto le permitiera continuar con el pago de la deuda externa con los Estados Unidos.297 Este compromiso quedó invariable pocos días después de que el ciclón San Zenón destruyera la capital dominicana. Había el agravante de que la crisis económica de 1929 estaba en desarrollo. Estas circunstancias dejaban poco margen de superávit a la economía nacional.298 Entre otros recortes, redujeron los presupuestos de la Secretaría de Educación y de Salud.299 Para cumplir con el pago de la deuda aumentó la presión fiscal y, entre los afectados, estuvieron los inmigrantes. En uno de sus primeros actos de gobierno, el presidente cambió la fecha de pago de los permisos de residencia para los extranjeros radicados en el país, del 1.o de enero al 31 de diciembre.300 Exigió la adquisición de un timbre en las oficinas

raza de color». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXXVI, 24 de enero de 1920, BNPHU, núm. 3084. 297 R. L. Trujillo. Discursos, mensajes y proclamas.T.I. Editorial El Diario, Santiago, p. 34. 298 El ciclón que apagó miles de vida destruyó la capital dominicana el 3 de septiembre de 1930, y el día 20 Trujillo le comunicó a las autoridades estadounidenses la negativa a aceptar una moratoria. 299 L. Capdevila. La dictadura de Trujillo. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 2000, p. 54. 300 R. L. Trujillo. «Decreto 72 del Poder Ejecutivo estableciendo que la validez de los permisos de inmigración se contará del 1ero. de enero al 31 de diciembre, 27 de diciembre de 1930». Gaceta Oficial, Santo Domingo, BNPHU, núm. 4314. Por decreto 863 de noviembre de 1927 el presidente Horacio Vásquez había establecido que el tiempo del permiso se extendiera de mayo a mayo de cada año.

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de Rentas Internas con un valor de tres pesos, que debía ser colocado al dorso de la solicitud que hiciera el bracero o el interesado en ingresar al país.301 El cambio de fecha alteró los planes de pago de los inmigrantes británicos antillanos, una de las causas de los hechos que se produjeron en lo adelante. La misión diplomática del Reino Unido reaccionó en varias ocasiones a la legislación que lesionaba los intereses de los inmigrantes antillanos británicos. En una ocasión, el diplomático W. A. Elders se entrevistó con el inspector de inmigración, Julio Sánchez, para dirimir el hecho de que las fuerzas policiales habían detenido a varios de los antillanos alegando el cobro de los tres pesos. Elders manifestó la preocupación de los inmigrantes, en el sentido de que se produjeran nuevas detenciones a manos de la fuerza pública.302 Algunos de los detenidos fueron sentenciados al pago de multas y a la deportación. A la obligación del impuesto de inmigración se añadieron otros dos pagos: el de la cédula personal de identidad, que implicaba erogación cada año, y el de la fotografía que debía llevar el documento. Cada persona mayor de 18 años estaba obligada a portar la cédula.303 Posteriormente, la edad para obtenerla fue bajada a 16 años, lo cual incrementó el número de quienes debían pagar.304 También se prohibió a

El pago de los RD$3.00 lo había establecido la administración de Horacio Vásquez en la Ley 250 del 19 de octubre de 1925. 302 National Archives. Foreign Office, Londres, 140/17, 1929. Wm. A. Elders, Memorandum 29-5-1930 y W. H. Gallienne to Secretary of State for Foreign Affaires. 303 R. L. Trujillo. «Ley 247 de Cédula personal de identidad». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana. Santo Domingo, Imprenta de J. R. Vda. García, Sucesores, 1932, pp. 271-274. 304 Congreso Nacional. «Ley 372 sobre cédula personal de identidad». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los Poderes Legislativo 301

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los extranjeros el acceso a los empleos públicos, con lo que se les estrechaba el mercado laboral.305 Esta restricción emitida mediante la Ley 42 fue ampliada y reforzada con la Ley 51 de 1938, la cual prohibía a las empresas privadas tener en su nómina a más de un 30 % de extranjeros.306 Las decisiones de las autoridades se apoyaban en la Convención de Extranjeros firmada en La Habana el 20 de febrero de 1928. Los países del continente definieron qué tratamiento darían a los no nacionales en sus respectivos territorios. Se establecieron las condiciones de entrada y residencia, se impuso el pago de tributos, se reconocieron los derechos civiles de los inmigrantes, pero, a la vez, se les prohibía inmiscuirse en la política interna bajo amenaza de ser expulsados bajo alegato de orden y seguridad pública.307 Al impuesto de la cédula de identidad se le sumó otro. Los extranjeros, braceros o no, cuando fueran originarios de África o de Asia, debían pagar por permiso de entrada RD$300 y RD$100 por el permiso de permanencia en el territorio. Esa decisión estaba alineada con la política de blanqueamiento del régimen trujillista. Con ella se quería evitar la entrada de personas no caucásicas para que en varias generaciones el pueblo dominicano no perdiera sus «raíces originarias hispánicas», como expresaron algunos y Ejecutivo de la República Dominicana. Santo Domingo, Imprenta de J. R. Vda. García, Sucesores, 1941, pp. 387-410. 305 Congreso Nacional. «Ley 42 del Congreso Nacional prohibiendo que ningún extranjero sea designado para desempeño de ningún cargo público». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVII, 7 de enero de 1931, BNPHU, núm. 4318. 306 Congreso Nacional. «Ley 51 de dominicanización del trabajo». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LIX, 28 de diciembre de 1938, BNPHU, núm. 5258. 307 Congreso Nacional. «Resolución 413 del Congreso Nacional que aprueba la Convención sobre la condición de los extranjeros». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVIII, 3 de diciembre de 1932, BNPHU, núm. 4525.

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artífices de la política exterior del régimen de Trujillo. El candidato debía poner al dorso de la solicitud dos estampillas valoradas en RD$3 cada una. Quedaban exonerados los que tenían dos años residiendo en el país o tuvieran establecimientos comerciales.308 El incumplimiento de estas normas era castigado con multas elevadas que no estaban al alcance de los salarios de los obreros. John Simon, funcionario en el Foreign Office, percibía que en países de Suramérica y Centroamérica se estaba legislando para poner restricciones de entrada a los súbditos insulares caribeños, y que las autoridades dominicanas se estaban sumando a ese tipo de legislación. Así lo manifestó en una comunicación fechada en enero de 1932.309 La circular estaba dirigida a las representaciones del Reino Unido en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Con el fin de tener un panorama más aproximado a la realidad, Simon solicitó el envío de informaciones relacionadas con la legislación vigente relativa a inmigración y la manera en que esta afectaba a los británicos insulares caribeños; a la vez pidió datos sobre el número de los antillanos residentes y las islas de donde procedían. También requirió que consultaran a los residentes en esos países para que opinaran con respecto al empleo, y se averiguara si la instancia gubernamental forzaba la emigración de los británicos hacia esos lugares. No descartó la repatriación a los territorios del Reino Unido, desde donde procedían, en caso de ser necesario.

Congreso Nacional. «Ley 279 que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVIII, 3 de febrero de 1932, núm. 4435. 309 Foreign Office, Londres, 371/15840, 1932. Circular, January 12, 1932. A 7336/4718/32. 308

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La solicitud de John Simon fue una de las reacciones de las autoridades del Reino Unido ante las acciones que sus pares de Suramérica, Centroamérica y el Caribe tomaban en perjuicio de los braceros británicos antillanos. Al parecer, la decisión que tomó el gobernador de Barbados de prohibir la salida de obreros de esa isla hacia la República Dominicana respondía a esa situación adversa. Al respecto el Listín Diario reprodujo la información aparecida en The Barbado Avocate, un periódico de Barbados, en la cual se comentaba que dicha prohibición tenía carácter de represalia por los impuestos de inmigración y de la cédula de identidad.310 Ese mismo año la administración gubernamental del general Trujillo Molina aprobó nuevas leyes impositivas. Quienes debían pagar eran los extranjeros que salieran del país por la vía marítima o aérea; se les exigía obtener un certificado de vacunación. Al documento debía colocársele un timbre de Rentas Internas valorado en RD$5.311 Inmigrantes de otras nacionalidades se vieron afectados de diferentes maneras por la aplicación de las leyes de inmigración que las autoridades dominicanas emitieron a partir de 1932. Ochentaicinco haitianos fueron condenados a seis meses de prisión, acusados de incumplir estas leyes.312 La comunidad china del Cibao manifestó su disposición de irse a Venezuela por las presiones que ejercían las autoridades.313 «El Gobierno Inglés prohíbe en Barbados la emigración de braceros de color a Santo Domingo». Listín Diario, 25 de mayo de 1932. 311 Congreso Nacional. «Ley 386 que exige a toda persona que salga del país para el extranjero estar provista de un certificado de salud y vacunación». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVIII, 23 de noviembre de 1932, BNPHU, núm. 4522. 312 «85 haitianos fueron condenados ayer a seis meses de prisión por violación a la Ley de Inmigración». La Información, 8 de marzo de 1932. 313 «Muchos chinos de Santiago se irán del país». Listín Diario, 25 de mayo de 1932. 310

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El redactor del Listín Diario informó que cuarentaiún españoles abandonarían el país por los mismos motivos.314 Con el propósito de impedir que saliera más «gente deseada», el presidente ordenó reformar la ley.315 Esta se limitó a exonerar del pago a los que tenían veinte años residiendo en el país, a las mujeres y a los mayores de 21 años.316 Sin embargo, esto no fue suficientemente disuasorio para retener a las personas en el territorio. Los puertorriqueños se retiraron en masa después de la reforma.317 Al siguiente año, en 1933, la ley de inmigración nuevamente fue modificada. Se exoneraría el pago del tributo de permanencia a quienes estuvieran casados con dominicanas y residieran de manera ininterrumpida. La contabilización del plazo de permanencia fue reducida de veinte a diez años. Como en las anteriores ocasiones, el candidato debía adquirir un timbre de Rentas Internas valorado en RD$2.318 Quienes solicitaran la naturalización debían efectuar el pago de RD$30.319 Los que pidieran autorización para fijar

«41 españoles más regresan a la Madre Patria por vapor “Juan Sebastián El Cano”». Listín Diario, 25 de mayo de 1932. 315 La Opinión, abril de 1932. 316 Congreso Nacional. «Ley 338 que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjeras para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial, Santo Domingo, 14 de mayo de 1932, BNPHU, núm. 4465. 317 «Desean abandonar el País muchos puertorriqueños». Listín Diario, 8 de octubre de 1932. 318 Congreso Nacional. «Ley 463 que modifica la Ley 426 que fija los impuestos que deberán pagar los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LIX, 15 de marzo de 1933, BNPHU, núm. 4556. 319 Congreso Nacional. «Ley 497 que exige a los extranjeros que soliciten su naturalización, enviar junto con su solicitud la suma de $30.00». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LIX, 10 de mayo de 1933, BNPHU, núm. 4572. 314

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su residencia pagarían RD$10 y las instituciones con igual petición RD$30.320 La nueva ley de inmigración de 1934 ordenaba a los braceros residentes en el país de manera definitiva pagar RD$4 por el permiso de entrada y la misma cantidad para el de permanencia. Los que fueran introducidos por empresas agrícolas o industriales para trabajar en una zafra debían pagar RD$3. Si quince días después de terminada la zafra permanecían en el país, pagarían RD$2 más de impuestos hasta completar el año.321 Fueron emitidos 20,000 sellos por el valor de RD$4 cada uno y 10,000 de RD$2.322 En adición a los anteriores, 10,000 sellos de RD$2 y 10,000 de RD$4.323 Antes que finalizara ese año se hizo otra tirada de 25,000 sellos por valor de RD$5 cada uno y 25,000 de RD$4.324 En 1940 se imprimieron 4,000 sellos valorados en RD$10 cada uno.325 Se recargó con 10 % el pasaje marítimo o por vía aérea.326 Y en 1944 la emisión de timbres derivados de la ley de Congreso Nacional. «Ley 587 que fija el impuesto que deberá pagar toda persona física o moral que solicite autorización para fijar su domicilio en la República». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVI, 4 de noviembre de 1933, BNPHU, núm. 4628. 321 Congreso Nacional. «Ley 739 de inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LV, 18 de agosto de 1934, BNPHU, núm. 4710. 322 R. L. Trujillo. «Decreto 1052 emisión de sellos de rentas internas para el impuesto de inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LV, 8 de septiembre de 1934, BNPHU, núm. 4716. 323 R. L. Trujillo. «Decreto 1798 emisión de sellos para inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVIII, 27 de enero de 1937, BNPHU, núm. 4990. 324 R. L. Trujillo. «Decreto 2047 impresión de sellos de inmigración». Gaceta Oficial, año LVIII, 4 de diciembre de 1937, BNPHU, núm. 5100. 325 J. B. Peynado. «Decreto 4966 que autoriza la impresión de sellos para la aplicación de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXIX, 6 de marzo de 1940, BNPHU, núm. 6760. 326 R. L. Trujillo. «Decreto que pone un impuesto de 10 % a los boletos de avión». Gaceta oficial, año LXIII, 29 de junio de 1942, BNPHU, núm. 5767. 320

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inmigración fue de 5,000 sellos correspondientes a las primeras cinco categorías. Se emitirían 30,000 para la sexta y 10,000 para la séptima.327 Se hicieron 25.000 sellos con valor de RD$4 cada uno.328 Para regresar, el inmigrante, antes de su salida del país, debía pagar un permiso de reentrada por valor de RD$10.329 Asimismo, se estableció que las personas que requirieran de los servicios de los inspectores de inmigración debían pagar RD$3 en el horario de seis de la tarde hasta las siete de la mañana, y de doce del mediodía hasta las dos de la tarde en días no laborables.330 Pagarían RD$500 de entrada y RD$6 de permanencia los hombres mayores de 16 años y las mujeres mayores de 18 que carecieran de nacionalidad por haberla perdido. A los asiáticos y africanos se les aplicaría la disposición del pago de RD$500.331 A los semitas se les exigiría el mismo monto por derecho de entrada y RD$3 por permanencia.332 Las empresas que

R. L. Trujillo. «Decreto 1733 que autoriza una emisión de sellos para la aplicación de la ley de inmigración, Santo Domingo». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXV, 26 de febrero de 1944, BNPHU, núm. 6040. De la categoría uno a la siete se pagaría RD$50.00; RD$25.00; RD$25.00; RD$15.00; RD$7.50; RD$6.00, y RD$4.00, respectivamente. 328 R. L. Trujillo. «Decreto 4966 que autoriza la impresión de sellos para la aplicación de la Ley de Inmigración». Santo Domingo, año LXIX, 6 de marzo de 1948, BNPHU, núm. 6760. 329 Congreso Nacional. «Ley 1831 que modifica el artículo 5 de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXIX, 8 de noviembre de 1948, BNPHU, núm. 6854. 330 Congreso Nacional. «Ley 1973 sobre servicios extra de los Inspectores de Inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXX, 12 de abril de 1949, BNPHU, núm. 6923. 331 Congreso Nacional. «Ley 48 que modifica el artículo 11 de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LIX, 28 de diciembre de 1938, BNPHU, núm. 5258. 332 Congreso Nacional. «Ley 85 admisión en el país de personas de la raza semítica». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LX, 11 de marzo de 1939, BNPHU, núm. 5286. 327

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importaran jornaleros pagarían una fianza de RD$1,000 por cada 500 personas o fracción de esa cantidad.333 Después de la matanza de varios miles de haitianos en 1937, las leyes sobre migración hicieron aún más visible su contenido étnico. En la Ley 220 de 1940, que exoneraba del pago de tributos a quienes fomentaran la inmigración, quedó expresado ese interés. En el preámbulo se especificaban los inmigrantes beneficiados con la exoneración de tributos: «personas aceptables, sanas, vigorosas, inteligentes, laboriosas, de buenas y civilizadas costumbres, y de raza blanca».334 El interés pecuniario por parte del Estado continuó sin dejar de lado su objetivo étnico. En 1943 fue modificado un apartado de la Ley 95 de 1939 que, en lo adelante, fijaría el pago de RD$4 de impuestos por los permisos temporales. Los extranjeros no caucásicos debían pagar RD$25 para obtenerlo.335 En una de las modificaciones al reglamento de inmigración quedó expreso que el extranjero podría obtener el permiso de entrar al país cuando cumpliera con una fianza de RD$75, ejecutables en caso de que no cumpliera con las J. B. Peynado. «Reglamento de Inmigración 279». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LX, 19 de mayo de 1939, BNPHU, núm. 5313. 334 Congreso Nacional. «Ley 220 exención del pago de impuesto a las personas físicas o morales autorizadas para fomentar la inmigración». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año LXI, 28 de febrero de 1940, BNPHU, núm. 5420. En esos años el nazismo alemán tenía gran influencia en Europa y en varios países del continente americano. En el general Trujillo creó especial fascinación. Una foto de 1942 lo muestra vestido con capote, botas y quepis similares a los que usaba Hitler. La Ley aquí citada tenía un principio muy parecido al que defendía el líder alemán sobre la supremacía de la raza aria. El general dominicano, haciéndose eco del sentir de un sector de la intelectualidad, lo dispuso en el ordenamiento jurídico. 335 Congreso Nacional. «Ley 354 que modifica un apartado del artículo 9 de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXIV, 10 de agosto de 1943, BNPHU, núm. 5956. 333

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condiciones de la admisión.336 En febrero de 1944 se hizo una jerarquización de los extranjeros para cobrarles el impuesto relacionado con la ley de inmigración. El patrimonio del inmigrante fue el referente para fijar el costo de la renovación de los permisos de residencia.337 La primera escala establecía que extranjeros con bienes valorados entre RD$50,000 y RD$200,000, con renta de RD$1,000 a RD$2,500, pagaría RD$50. Consideraba un ajuste a quienes estuvieran en la escala de RD$25 que se le sumaría al pago de los RD$50 si el inspector encargado de verificar el patrimonio establecía que este superaba los RD$200,000 y la renta era mayor a los RD$2,500 establecidos. La segunda categoría con bienes de RD$25,000 y renta entre RD$500 y RD$1,000 pagaría RD$25. La tercera, con bienes de RD$10,000 y renta entre RD$250 y RD$500, pagaría RD$15. La cuarta, con bienes de RD$2,500 y renta entre RD$150 y RD$250, pagaría RD$7.50. La quinta, quienes trabajen en empresas agrícolas e industriales, pagaría RD$6. La sexta, a los empleados y rentas mensuales de RD$50 y RD$150, pagaría RD$4. La séptima, todo aquel no comprendido en las anteriores categorías, pagaría RD$1. También se definió una tarifa a los extranjeros que desearan naturalizarse. Según la ley del 4 de diciembre de 1929, estaban divididos en categorías económicas, indicadas en las cédulas de identidad. La más elevada comprendía una tarifa de RD$500, que pagaría RD$1,000, hasta la más baja de 0.50, que pagaría RD$10.338 R. L. Trujillo. «Decreto 1316 que modifica el Reglamento de Inmigración en lo relativo a estada temporal de extranjeros». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXIV, 11 de agosto de 1943, BNPHU, núm. 5957. 337 Congreso Nacional. «Ley 496, que modifica el apartado e, del artículo 9, de la Ley de Inmigración, estableciendo una escala para el pago de la renovación de los permisos de residencia». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXV, 10 de febrero de 1944, BNPHU, núm. 6032. 338 Congreso Nacional. «Ley 1144 que refunde en uno sólo y modifica a la vez los artículos 1 y 2 de la Ley 508, de julio 25 del 1941, sobre escala 336

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A los inspectores de migración se les facultaba para que realizaran investigaciones con el propósito de comprobar las declaraciones de los inmigrantes. Podían examinar documentos públicos y privados, incluyendo archivos de la conservaduría de hipotecas, colecturías de rentas internas, Oficina de Impuesto sobre la Propiedad Urbana, Oficina de la Cédula de Identidad, notarías, instituciones bancarias, oficina de sociedades o empresas comerciales, industriales, agrícolas, de transporte y de servicios. Las informaciones obtenidas se aplicarían a los efectos del impuesto de inmigración.339 La ley también autorizaba a crear una gente con amplios poderes especiales. La administración trujillista, más allá del factor económico, le importaba la condición y el origen. Como se aprecia, la legislación en materia económica también sirvió para establecer barreras entre las comunidades y favorecer la entrada y el asentamiento de determinados inmigrantes.340 La política del general Trujillo Molina, con respecto a la inmigración, puso en práctica dos procedimientos con el propósito de obtener informaciones acerca de los que ingresaban al territorio nacional. El primero consistió en el encuadramiento, mediante el cual la administración del Estado, junto al Partido Dominicano, tenía el control de las personas. De este sistema participaban otras instituciones

de impuestos para la obtención de la naturalización dominicana». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXVII, 10 de abril de 1946, BNPHU, núm. 6424. 339 Congreso Nacional. «Ley 1235 que agrega un nuevo párrafo al artículo 1 de la Ley 496 que modificó la de Inmigración». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXVII, 30 de agosto de 1946, BNPHU, núm. 6495. 340 Congreso Nacional. «Ley 279 que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVIII, 3 de febrero de 1932, BNPHU, núm. 4435.

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y organizaciones paralelas que tenían el mismo objetivo de control sobre toda la sociedad.341 Dependiente de ese sistema funcionaba otro dirigido a los inmigrantes angloparlantes, que consistió en proveerles de placas metálicas con numeración ascendente; dichas placas eran entregadas a cada empresa que contrataba braceros para que, a su vez, la asignaran a cada inmigrante como forma de identificación.342 Una vez retornaran a su lugar de origen, debían ser devueltas a la Dirección General de Inmigración. La segunda manera de controlar a los extranjeros se ejercía por medio de un registro. En 1937 se dispuso que se abrieran las anotaciones, pero de modo repentino fue derogada la norma que así lo exigía. En 1939, por la Ley 95, se instituyó de nuevo,343 y se le dio la responsabilidad a la policía.344 Esta ley establecía que a partir de los 16 años se debía tener cédula de identidad,345 registro que también pasó a ser controlado por la policía.346 Además, reglamentaba los lugares por donde

J. Cordero Michel, Ob. cit., p. 39. R. L. Trujillo. «Reglamento de Inmigración 1067». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LV, 19 de septiembre de 1934, BNPHU, núm. 4718. 343 Congreso Nacional. «Ley 105 restablecimiento en toda su fuerza y vigor de la Ley 1343, del 10 de julio, 1937, relativa a la inscripción de extranjeros». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LX, 9 de mayo de 1939, BNPHU, núm. 5308. 344 Congreso Nacional. «Ley 263 que pone a cargo de la Policía Nacional el registro de extranjeros (modifica el Art. 4 de la Ley 1343)». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXIV, 24 de abril de 1943, BNPHU, núm. 5905. 345 Congreso Nacional. «Ley 990 sobre cédula personal de identidad». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXVI, 13 de septiembre de 1945, BNPHU, núm. 6325. 346 R. L. Trujillo. «Decreto 1856 que autoriza el acceso a los Registros Centrales de la Cédula Personal de Identidad al funcionario encargado del Registro de Extranjeros». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXV, 22 de abril de 1944, BNPHU, núm. 6066. 341 342

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debían entrar los extranjeros al país,347 y daba la competencia al secretario de Estado de Interior y Policía y al director general de Inmigración de llevar a cabo la deportación de cualquier persona en caso de ser necesario.348 La política migratoria tenía instrucciones específicas con respecto a la migración de las mujeres. Se las liberaba del pago de entrada y permanencia cuando estuvieran casadas. También tendrían esa gracia si residían en el país por cinco años como mínimo y si habían contraído matrimonio con nacionales. De igual modo se beneficiaban las que hubieran permanecido durante diez años y tuvieran hijos dominicanos.349 Si deseaban acogerse a la naturalización, les costaría RD$100, mientras que los hombres pagarían RD$200.350 La renovación del permiso de residencia de los matrimonios con bienes comunes se cobraría sobre el valor total de esos bienes, y si la renovación del permiso de residencia implicaba solo a la esposa, no se tomaría en consideración el valor de los bienes comunes.351 No obstante todas esas leyes, persistió la discriminatoria política de inmigración impuesta por la élite desde el momento en que se puso de manifiesto el interés por atraer extranjeros. R. L. Trujillo. «Decreto 3183 que reforma nuevamente el inciso a, de la sección 11, del Reglamento de Inmigración 279». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXVII, 25 de enero de 1946, BNPHU, núm. 6386. 348 R. L. Trujillo. «Decreto 3873, que agrega un acápite a la sección 13 del Reglamento de Inmigración 279». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXVII, 26 de octubre de 1946, BNPHU, núm. 6519. 349 Congreso Nacional. «Ley de inmigración 739». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LV, 18 de agosto de 1934, núm. 4710. 350 Congreso Nacional. «Ley 1083 de naturalización condicional de inmigrantes». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LVII, 4 de abril de 1936, BNPHU, núm. 4892. 351 Congreso Nacional. «Ley 1475 que agrega un párrafo al apartado e, del artículo 8, de la Ley de Inmigración 95». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año LXVIII, 16 de julio de 1947, núm. 6661. 347

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Propuestas privadas en la promoción de la inmigración A las acciones tomadas por el Estado en el siglo XIX con el propósito de atraer inmigrantes se sumaron las actividades realizadas por los empresarios que crearon instituciones para promoverla. Con escasas excepciones, esos esfuerzos casi siempre quedaron en reuniones donde se disertaba sobre el tema y eran pocos los resultados. Cuando los trabajos lograban consolidarse, derivaban en sociedades que se constituían como instrumentos para alcanzar los propósitos. El 8 de agosto de 1875 fue fundada la sociedad Amantes de la Luz en la residencia de Manuel de Peña, en Santiago de los Caballeros, presidida por Aurelio de J. Tavares.352 Tenía la finalidad de apoyar a los puertorriqueños y cubanos que por razones políticas residían en el país, y a quienes llegaran de Cuba huyendo de la guerra de independencia. Por su repercusión en la República Dominicana concitó la atención de Báez Evertsz, quien dividió en tres momentos dicha migración. El primero, anterior a 1868, año de inicio de la Guerra de los Diez Años; el segundo, entre 1868 y 1874; y el tercero, de 1874 a 1878.353 Los miembros de Amantes de la Luz eran conscientes del provecho que podía obtenerse de su acción benéfica, ya que tenían entre sus planes solicitar al Congreso Nacional la donación de terrenos propiedad del Estado para dividirlos en lotes y repartirlos entre los agricultores puertorriqueños y cubanos. Solicitarían que se les financiara con dinero procedente de un préstamo gestionado por las autoridades gubernamentales en el exterior. Un miembro de la sociedad literaria Amigos del País opinó que el Estado tenía ideas preconcebidas con respecto a la 352 353

«Meeting», La Paz, 28 de agosto de 1875, p. 4. F. Báez Evertsz. Ob. cit., p. 180.

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inmigración.354 Entendía que factores como las guerras civiles, las franquicias, los privilegios, las leyes agrarias y las limpiezas de puertos debían ser tenidos en consideración. Opinaba que había sido muy positiva la exoneración del pago de impuestos que gravaba a las maquinarias de la industria azucarera,355 decisión que repercutió en el desarrollo económico del país. Como consecuencia de la importancia que estaba teniendo la economía, esperaba la incorporación de la mujer al trabajo como sucedía en otras latitudes. La promoción de inmigrantes por parte del sector privado también tuvo en consideración el factor étnico. En El Eco de la Opinión defendieron la necesidad de contingentes laboriosos, inteligentes y superiores, cuya fuerza alimentara al cuerpo social. Se mostraba con claridad la tendencia positivista spenseriana de sus difusores, que abogaban por la necesidad de atraer personas procedentes de Europa y no del continente americano ni de la «enervada» Asia.356 En otra información referida al mismo tema, el diario insistía en no traer personas desde Asia, porque eran vistos como «elementos inadecuados»; sin embargo, abogaba por los naturales de las islas canarias.357 Los pocos proyectos de inmigración que se realizaron desde el sector privado tuvieron el apoyo económico estatal, si se parte de las opiniones expresadas por algunos contemporáneos. Hipólito Billini, en 1890, se opuso a que el Estado invirtiera recursos en el fomento de la inmigración. Su argumento se basaba en que los extranjeros competencia laboral

Anónimo. «En la elaboración del azúcar está la salvación del país». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año IV, 25 de junio de 1877, BNPHU, núm. 177. 355 Quien escribía se presentaba defensor de los capitales industriales azucareros. 356 «Cuestión inmigración», El Eco de la Opinión, 21 de diciembre de 1883, p. 2. 357 El Eco de la Opinión, 28 de diciembre de 1883, p. 2. 354

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para los dominicanos. Por eso insistía en que vinieran de manera libre y espontánea porque, de ese modo, tendrían que pagar de su peculio los productos que consumieran y eso favorecería a la economía.358 José Ramón López, que estaba de acuerdo con el ingreso de inmigrantes al territorio nacional, era partidario de elaborar el catastro para identificar las tierras adecuadas que se les repartirían. Favorecía la inmigración procedente de España, preferiblemente vascos y catalanes. De Italia, optaba por los montañeses del norte; de Francia, por los bretones. Igual deseaba ingleses, alemanes y escandinavos. No era partidario de la inmigración de braceros pobres porque antes de los treinta días de su arribo tendrían que ser reembarcados debido a la falta de alimentos. Decía que detrás de los inmigrantes capitalistas llegarían los vendedores de la fuerza de trabajo.359 Un instrumento donde quedaba expreso el tipo de inmigrantes deseado lo era los contratos. En ellos quedaba expuesto el orden preferente de las personas a las que se deseaba atraer. Los colonos azucareros procedentes de Cuba y Puerto Rico ocupaban el primer lugar; los canarios, por ser blancos y europeos, estaban en el segundo, y en el tercero, los braceros del Caribe insular inglés. El contrato usado por Carlos F. Loynaz con sus colonos estaba dividido en tres partes. En la primera se estipulaban las obligaciones y derechos del propietario, en la segunda los derechos y obligaciones del colono, y en la tercera las estipulaciones comunes.360 En el contrato con los inmigrantes H. Billini. Escritos 1. Cosas, cartas y …otras cosas. Archivo General de la Nación, Vol. LXVII, Santo Domingo, 2008, p. 236. 359 Listín Diario, 28 de febrero de 1903. 360 «Colonización». El Porvenir, sábado 30 de marzo de 1872, año I, núm. 11, pp. 3-4. 358

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canarios eran tomadas en consideración tres partes: los hacendados, los colonos a los que se les pagaría un sueldo, y que eran también denominados braceros, y el Estado. La función del Estado era ser garante del cumplimiento del acuerdo entre los inmigrantes y los hacendados.361 Los empresarios tenían bien definida su intención de generar compañías económicamente exitosas. El afán de obtener la más alta tasa de rentabilidad se puso de manifiesto en 1877, en un artículo publicado por D. M. en defensa de los intereses azucareros. Advertía que una hacienda azucarera no amortizaba la inversión en uno o dos años. El éxito dependía de la buena administración de la finca que —según D. M.— se resumía en otorgar bajos jornales a los obreros. Una solución que los industriales azucareros, con sentido pragmático, terminarían aceptando ante la imposibilidad de atraer una población europea numerosa. Para la industria azucarera, proponía captar mano de obra caribeña procedente de las Antillas menores inglesas, porque era la que tenía más probabilidad de ser contratada.362 En marzo de 1888 los comerciantes suizos C. A. Montandon, Enrique Jacob Descombes y Juan Bernardo Jacob Descombes fundaron la colonia de inmigrantes La Evolución, ubicada en Sabana de la Mar. Para fomentar su «Bases para los contratos con los inmigrantes canarios que vengan a República Dominicana, Santo Domingo, no. XIX», Gaceta Oficial, BNPHU, núm. 533, 18 de octubre de 1884. 362 Sobre la industria azucarera en Santo Domingo. Año IV, 11 de diciembre de 1877, BNPHU, Gaceta de Santo Domingo, núm. 201, y Agricultura, año IV, 16 de febrero de 1878, BNPHU, Gaceta de Santo Domingo, núm. 207. El articulista D. M. propuso un parámetro para determinar las ganancias de una hacienda azucarera. El método era el siguiente: se realizaba una deducción del producto de los gastos de refacción, el rédito del capital fijo empleado y un 10 % para amortización del capital. Estas sumatorias determinaban las ganancias o las pérdidas. Esos eran los criterios con los que se manejaban los industriales.

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desarrollo, se autorizó la entrada libre de impuestos a los materiales de construcción que se utilizarían en la edificación de viviendas. Posteriormente, el Congreso Nacional aprobó, el 25 de junio de 1889, otra concesión a los inversionistas interesados en la explotación de árboles y la siembra de plantas oleaginosas en territorios de Sabana de la Mar pertenecientes al Estado. Se les otorgó la extensión de 4,000 tareas de tierras conforme lo establecía la Ley del 7 de julio de 1876, aprobada por la administración de Espaillat.363 Este proyecto de los comerciantes Descombes representa un ejemplo de los beneficios que se daban a los empresarios residentes en el país. Otro esfuerzo del sector privado se produjo en agosto de 1890.364 En ese año, en los salones del Club Comercio de la capital, fue fundada la Sociedad Promotora de Inmigración de Santo Domingo,365 presidida por Santiago Ponce de León.366 A diferencia de otras sociedades, esta nació con el fin de auxiliar al Estado en la promoción de la inmigración Congreso Nacional. «Resolución 2760. Decreto del Congreso Nacional aprobando en todas sus partes una concesión aprobada por el Poder Ejecutivo a los señores C. A. Montandon, Enrique Jacob Descombes y Juan Bernardo Jacob Descombes, para explotar árboles y plantas oleaginosas en Samaná, 25 de junio de 1889». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones Emanados de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo undécimo, Santo Domingo, Imprenta Cuna de América, 1895, 116-120. 364 «Por la inmigración. Establecimiento de una Sociedad de inmigración». El Teléfono, 31 de agosto de 1890. 365 Por la inmigración. Establecimiento de una sociedad con este objeto, Santo Domingo, AGN, El Teléfono, 31 de agosto de 1890, año VIII, núm. 386. 366 Entre sus miembros fundadores estaban el doctor Santiago Ponce de León, Abelardo Nanita, Julián de la Rocha, el licenciado Enrique Henríquez, José R. Roque, Reri M. León, Delfín Galván, José Mieses, Ildefonso Henríquez, general Isidoro Pereira, Andrés Pérez, Antonio Brea, Salomón Curiel, R. A. Gros, Carlos Pou Pimentel, Félix E. Mejía, Francisco Prats y César Nicolás Penson. 363

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europea. Mientras la sociedad Amantes de la Luz tenía por meta crear condiciones propicias a los obreros procedentes del Caribe hispanoparlante ya establecidos, la nueva sociedad se ocuparía de los europeos interesados en inmigrar. Para alcanzar la meta anunciada, se propusieron recaudar dinero con el cual contribuir al pago del pasaje de los inmigrantes. Pretendían, también, fundar colonias agrícolas, y construir vías de comunicación que las conectaran con carreteras principales y así facilitar la estadía a los recién llegados. De igual manera, la sociedad financiaría el viaje a los posibles inmigrantes. Los acontecimientos políticos en Cuba y Puerto Rico atrajeron la atención hacia los que querían establecerse en la República Dominicana, aun cuando se continuó alentando la llegada de alemanes, italianos y españoles.367 Alguien que firmaba con el seudónimo CNP expresaba su punto de vista acerca de cómo captar inmigrantes. Tal un plan de ruta especificaba el orden en que debían realizarse las actividades. En primer lugar, decía, era necesario asentar colonias agrícolas como fundamento de grandes ciudades. Después que eso se hiciera posible, era indispensable la inversión. La obtención del dinero se haría con la emisión de acciones que tanto el sector privado como el público debían adquirir.368 Sus opiniones no estaban muy alejadas de las que sostenían los miembros de la Sociedad Promotora de Inmigración de Santo Domingo. Un aspecto que los empresarios tomaban en consideración era la manera en que las migraciones habían repercutido en otras naciones del continente. La atención «Instalación de la Sociedad promotora de la Inmigración». El Teléfono, septiembre de 1890. 368 «Instalación de la Sociedad promotora de la Inmigración». Santo Domingo, AGN, El Teléfono, 14 de septiembre de 1890. 367

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fue puesta en Argentina como punto de referencia.369 El redactor de El Nacional informaba que en 1873 los italianos residentes en aquel país habían remitido a Europa 500,000 libras esterlinas, y estimaba que cada persona ahorraba 20 libras esterlinas al año.370 Los empresarios no tomaban en cuenta las labores que les permitían a esos inmigrantes ahorrar y enviar dinero a Italia. El fenómeno era observado parcialmente. Solo apreciaban lo concerniente a la llegada de europeos, la generación de ingresos del Estado, el envío de dinero a los allegados en el exterior y el efecto estampida que esos valores provocarían desdelos países emisores hacia los países desde donde esos ingresos procedían. El otro aspecto que no recibía comentarios elogiosos era la llegada de braceros afrodescendientes de las posesiones inglesas del Caribe a causa de la alta demanda de obreros en la industria azucarera dominicana. Esos migrantes fueron objetados por diversos articulistas en la prensa. Aunque la presencia de los capitales industriales azucareros se inscribía en las normas del progreso, había quienes los asumían de otro modo. No se resaltaba, por ejemplo, que dichas inversiones, fieles a las leyes del sistema capitalista, desalojaban de sus tierras a campesinos locales y asimilaban a obreros extranjeros, fundamentalmente afrodescendientes. Desde la óptica de favorecer una inmigración portadora de capitales, fue muy celebrado el arribo de inversionistas cubanos; se les dio una cálida bienvenida.371 Incluso llegó a ser deseada porque, al desenvolverse la guerra de independencia en el oriente de la mayor de las Antillas, emigraron empresarios, entre ellos Martín Delgado y Enrique «Inmigración italiana en Buenos Aires». El Nacional, 29 de agosto, 1874, p. 2. 370 El valor fue expresado en libras esterlinas. 371 «Fruto de la emigración cubana». El Nacional, 27 de febrero de 1875, 2. 369

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Dumois.372 Era bien acogida la presencia cubana porque estaba constituida por población blanca y, además, era portadora de capitales, metas anheladas por quienes fomentaban ese tipo de inmigración. Según un informe enviado por la Sociedad Promotora de la Inmigración al señor Alejandro Wos y Gil, ministro de Fomento, existían tres obstáculos que afectaban a la agricultura y que impedían el flujo de extranjeros hacia el país. En orden de importancia: primero, la ausencia de separación entre agricultura y pecuaria; segundo, la inexistencia de un marco legal que definiera y defendiera los intereses de los agricultores,373 y, tercero, la falta de conocimientos agrícolas por parte de los que se dedicaban a las labores del campo.374 Presentaba como solución a esos males la creación de zonas agrícolas, el respeto de las leyes que protegían la propiedad privada y el trabajo, y la fundación de escuelas de enseñanza agrícola.375 En 1891 el secretario de Interior y Policía, en su memoria presentada al presidente de la República,376 daba una relación de otras sociedades que existían con similares propósitos a la Sociedad Promotora de la Inmigración. Sin embargo, solo aportaba el nombre de la Sociedad Económica de Agricultura, y decía que esta funcionaba con el

Enrique Dumois era empresario cubano que se estableció en La Romana. En 1896 había sembrado 50,000 matas de plátanos y en 1898 tenía en funcionamiento una refinería de petróleo en la que laboraban cocolos y estaba ubicada en la misma localidad. 373 Era muy debatido entonces el problema de los terrenos comuneros. 374 Debido al desconocimiento imperante hubo administraciones gubernamentales que fomentaron las escuelas de artes y oficios. 375 «Sociedad Promotora de Inmigración». El Teléfono, 19 de octubre de 1890. 376 W. Figuereo. «Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de lo Interior y Policía». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XVIII, 28 de marzo de 1891, BNPHU, núm. 866. 372

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propósito de fomentar e impulsar la inmigración.377 Reafirmaba que los empresarios habían creado otras asociaciones con idénticos fines para impulsar la llegada de trabajadores extranjeros. Debido a la gran demanda laboral de la industria azucarera en San Pedro de Macorís, los hacendados y administradores promovieron, por medios a su alcance, la entrada de braceros. William L. Bass, definido en su época como «primer patrocinador de la corriente inmigratoria a San Pedro de Macorís»,378 envió un comisionado a Puerto Rico con el objetivo de contratar obreros. Su propósito era captar a los braceros con su familia. El hacendado se comprometía a cubrir el pasaje. Para trasladar a los contratados, fue enviada la goleta Alemany desde el puerto de San Pedro de Macorís.379 Pronto las gestiones de Bass dieron resultados. Se informaba del arribo de 41 inmigrantes puertorriqueños en la goleta española Inocencia, algunos con sus familias.380 No faltaron las voces críticas a las acciones de Bass. El redactor de El Cable decía que mandar a contratar obreros no seguía reglas fijas y, por lo tanto, no propiciaba una «buena inmigración». Esta última migración concitó el interés de los dueños y administradores de ingenios por aproximarse al tipo de personas generalmente deseadas. Pero, como se ha visto en los comentarios de El Cable, generaba un poco de frustración que no fueran colonos blancos europeos. Desde el periódico se sugería que los empresarios crearan una institución

W. Figuereo. «Memoria que al ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de lo Interior y Policía». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XVIII, 28 de marzo de 1891, BNPHU, núm. 866. 378 «Aviso». El Cable, año 1, No. 37. 5 de noviembre de 1893, p. 3. 379 «Mezclilla». El Cable, 5 de abril de 1893, año 1, núm. 12, 4. 380 «Más inmigrantes». El Cable, 4 de septiembre de 1893, año 1, núm. 29, 2. 377

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que promoviera la «buena inmigración». A los empresarios les interesaban obreros agrícolas e industriales que con su trabajo dieran beneficio a sus inversiones. Sobre «la inmigración deseada», el redactor de El Cable expresaba que los trabajadores inmigrantes de Puerto Rico debían ser del centro de la isla, y se lamentaba que la inmigración no hubiera dado los resultados esperados. Igual juicio expresó con respecto a los jamaiquinos y barbadenses, a los cuales consideraba no apropiados para las tareas agrícolas. Otra iniciativa fue liderada por el empresario Juan Amechazurra, quien había propuesto crear una sociedad de inmigración con la meta de llevar a San Pedro de Macorís obreros que laboraran en la industria azucarera. Hacerla realidad requería la erogación de dinero a fin de cubrir el pasaje de quienes desearan viajar a la República Dominicana, como lo había hecho Bass. El dinero que para captar esa «migración deseada» debían destinar los inversionistas fue una de las razones del fracaso de esa iniciativa. A partir de las acciones de Bass y Amechazurra para revertir la limitación de recursos destinados a pagar el viaje de los inmigrantes, otros dueños de ingenios azucareros, colonos y comerciantes fundaron una institución similar con idénticos propósitos. La reunión se celebró el domingo 8 de octubre, en la casa de Hugo Friedheim, y se inició debatiendo la posibilidad de llevar a San Pedro de Macorís braceros del sur del país o del Cibao, propuesta que fue rechazada. Luego discutieron tres temas. El primero, la conveniencia de crear un fondo con el cual sufragar los gastos de los inmigrantes; el segundo, determinar de dónde debían traerse los braceros, y el tercero, cuáles eran los más convenientes.381

381

«Primera reunión». El Cable, año 1, núm. 34, 14 de octubre de 1893, 2.

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En el primer tema del debate determinaron que era necesario reunir RD$15,000 para el pago de salarios. En cuanto a la manera en que se debían distribuir los braceros contratados, realizaron un cálculo basado en la extensión de 52,000 tareas sembradas de caña que en ese momento tenían los colonos y 40,000 los dueños de ingenios. Pretendían que los dueños de centrales contribuyeran con 16 ½ centavos por tarea. Hubo una contrapropuesta de que cada ingenio aportara 16 ½ centavos por tarea y se pusiera de acuerdo con sus colonos.382 Al parecer esta fórmula no satisfizo a muchos de los participantes; por esa razón se acordó tratar el tema en otra reunión. Con respecto a los puntos segundo y tercero, propusieron que los candidatos debían ser de la parte central de Puerto Rico. Los redactores en los diarios objetaron a las personas de Barbados y Jamaica, alegando que los hacendados no los debían contrataren la creencia de que las personas procedentes de esos lugares no eran aptas para realizar el trabajo de braceros. Durante la reunión, otra propuesta fue presentada por Santiago W. Mellor, quien dispuso que si se llegaba a una solución definitiva, él pondría en práctica la instrucción dada a su agente en New York de adquirir una embarcación de 65 toneladas para transportar a quienes quisieran viajar al país. El domingo 15 de octubre fue celebrada una segunda reunión en la casa de Hugo Friedheim. Estuvo presidida por Juan Martín Santoni. El tema central consistió en debatir el problema económico que quedó sin solución en la reunión del día 8. Bass propuso que los siete industriales 382

Una tarea de tierra dominicana equivale a 628,863452 metros cuadrados. Secretaría de Estado de Trabajo y Economía. Dirección General del Servicio Nacional de Pesas y Medidas. Tablas oficiales. Ciudad Trujillo, 1955, 2.

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contribuyeran con RD$2,000 cada uno. Recibió apoyo de los representantes de los ingenios Santa Fe y Cristóbal Colón. Luego se sumaron los representantes de los ingenios Angelina y Porvenir, y también los colonos. Con la aceptación de la propuesta de Bass por la mayoría de los presentes, lograron reunir RD$14,000. Aún eran necesarios RD$1,000 más para llegar a la suma originalmente propuesta. El anfitrión, Friedheim, los ofreció.383 Alcanzada la meta de reunir el dinero, fue constituida la Junta Directiva de Inmigración de San Pedro de Macorís, integrada por Santiago W. Mellor, quien la presidía; Ehiers Friedheim, tesorero; F. C. Huffington y Juan B. Mansfield, secretarios, y J. M. Santoni y Vicente Feliú, vocales.384 Los empresarios definieron en sus planes que los braceros no serían europeos, pero esto les generó preocupación acerca de la posible reacción negativa de las autoridades gubernamentales a la intención de contratar obreros que no procedieran de Europa. Hicieron llegar su inquietud a Wenceslao Figuereo, por entonces presidente de la República en funciones, por vía de los redactores Luis A. Bermúdez y Antonio F. Soler, de El Cable. En la edición del 21 de octubre publicaron dos preguntas dirigidas a las autoridades: «¿Será cierto que el gobierno se opone al fomento de la inmigración sea esta de Canarias, Cuba, Puerto Rico o de cualquier otro país? ¿Será verdad que el gobierno se negará a exigir a los cónsules dominicanos en el exterior que den pasaporte gratis a los inmigrados que vengan a este distrito traídos expresamente para trabajar en el cultivo de la caña?».385 La respuesta de Wenceslao Figuereo, publicada por el mismo periódico, fue la siguiente: «Segunda reunión». El Cable, año 1, núm. 35, 21 de octubre de 1893, p. 2. «Aviso». El Cable, año 1, núm. 37, 5 de noviembre de 1893, p. 2. 385 «Segunda reunión». El Cable, año 1, núm. 35, 2 de octubre de 1893, p. 2. 383 384

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Primero: Que el gobierno, lejos de oponerse al fomento de la inmigración, ha sabido invariablemente mostrarse solícito en la protección que tiene otorgada a ese factor principal del progreso de los pueblos. Segundo: Que el gobierno no tiene inconveniente, ni razón alguna que le impida acordar la deliberación a que se contraen Uds. en la segunda pregunta que se han dignado dirigirme; pero que, tanto esa deliberación, como otra franquicia, solo podría concederse después que se conociera la procedencia, calidad y organización de las familias o personas que hayan de constituir la proyectada corriente de inmigrantes; pues en razón de la excelencia de estos, se graduaría la proporción de la franquicia.386 Con esa respuesta de las autoridades gubernamentales quedó abierta la posibilidad de permitir todo tipo de inmigración que impulsara el progreso. Ella incentivó la masiva llegada de braceros del Caribe angloparlante. En fecha posterior, los dueños y administradores de ingenios solicitaron a las autoridades permiso para traer inmigrantes a partir de su interés manifiesto de importar braceros. De manera independiente, más allá de las asociaciones y de los centrales azucareros, hubo empresarios que también promovieron la inmigración. Uno de ellos, Francisco Leonte Vásquez, a partir de su expresada intención en 1894, fue autorizado por el Estado dominicano para establecer en San José de Ocoa una colonia de inmigrantes en terrenos ubicados entre la capital y San Pedro de Macorís.387 En ese

386 387

Ibídem. Ulises Heureaux. «Resolución 3394 del Poder Ejecutivo autorizando al Sr. Francisco Leonte Vásquez, a establecer una colonia de inmigrantes en los terrenos llamados “San José de Coca”, situados entre la ciudad de Santo Domingo y la de San Pedro de Macorís». Colección de Leyes, Decretos

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mismo año, Teófilo Cordero y Bidó, secretario de Fomento y Obras Públicas, expuso que la inmigración que fomentaban los hacendados respondía solo a la necesidad de solucionar la escasez de obreros.388 Era evidente que ambos sectores no perseguían iguales fines. Mientras el Estado procuraba atraer colonos desde Europa, los empresarios deseaban braceros que laboraran en sus empresas. Motivados por ese deseo, los dueños de ingenios de San Pedro de Macorís crearon la Sociedad Promotora de la Inmigración, dado que también había fracasado la propuesta que hiciera el Estado a los hacendados de la capital en 1883. Las mujeres se involucraron en el proceso de inmigración en aquellos años. Especialmente cuando se inició la guerra en Cuba. Para ayudar a los que arribaran desde la mayor de las Antillas a la República Dominicana, fue fundada de 1895, en la ciudad de Santo Domingo, la Sociedad Protectora del Inmigrante. La integraban Ángela P. de Billini, Octavia Gautier de Vidal, Ramona P. de Pérez, Juana Sardá de Pellerano, Lea M. de León, Micaela L. de Pagani y Guadalupe Billini Vda. Aristy.389 Ayudaron recolectando dinero, localizando lugares donde alojar a los migrantes e insertándolos en actividades laborales y en las sociedades. La promoción de la inmigración desde el sector público había arrojado pocos resultados, como lo comentó en abril de 1883 J. T. Mejía, secretario de Estado de Justicia, Fomento

y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo 13. Santo Domingo, Imprenta del Listín Diario, 1929, pp. 343-345. 388 Congreso Nacional. «Sesión del 16 de mayo de 1894». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año. XXI, 28 de julio de 1894, BNPHU, núm. 1040. 389 Emilio Rodríguez Demorizi. Sociedades, cofradías, escuelas, gremios y otras corporaciones dominicanas. Editora Educativa Dominicana, Santo Domingo, 1975, p. 116.

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e Instrucción Pública.390 Informó que los hacendados de la capital dominicana habían importado braceros desde las pequeñas Antillas y que el Estado había prometido ayudarlos con un aporte de RD$8 por cada inmigrante que se estableciera por dos años como tiempo mínimo. Los industriales de San Pedro de Macorís también sentían la falta de obreros. En junio de ese año Gregorio Billini comentaba que en San Pedro de Macorís había 12 ingenios y en la capital 18, y que entre los ingenios y las haciendas demandaban 6,000 peones. Al momento de él escribir solo había 4,000 trabajadores y faltaban 2,000 para cubrir la demanda. Por tanto, se mostraba partidario de la búsqueda de los restantes en el exterior.391 Igual solución propuso Mejía al sugerir la importación de hindúes para garantizar la zafra de ese año, pero esto no fue posible hacerlo de manera inmediata. La falta de obreros continuó afectando a los industriales de San Pedro de Macorís en años posteriores. En 1913, el secretario de Agricultura lo hacía saber en la memoria presentada al presidente de la República.392 La escasez continuó al menos en los primeros años de la ocupación estadounidense en 1917. Para esa fecha, los dueños de ingenios solicitaron contratar obreros del Caribe anglófono, donde abundaban.393 La solución que J. T. Mejía. «Memoria que al Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Fomento é Instrucción Pública». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XI, 26 de abril de 1884, BNPHU, núm. 508. 391 Francisco Gregorio Billini. Más que un eco de la opinión. 2. Escritos, 18791885. Archivo General de la Nación, Santo Domingo, 2009, pp. 291-294. 392 E. Montes de Oca. Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el ciudadano Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración. Santo Domingo, Imp. Escobar y Cía., 1913, p. 69. 393 En enero de 1917 el corresponsal del Listín Diario informaba que las haciendas azucareras no disponían ni de un 25 % de los inmigrantes que necesitaban. «De S. P. de Macorís», Listín Diario, 8 de enero de 1917, año XXVIII, núm. 8290, p. 2. 390

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planteaban los empresarios macorisanos se articulaba con la política exterior inglesa en el sentido de promover la salida de personas desde sus colonias caribeñas. A partir de las gestiones de los empresarios radicados en San Pedro de Macorís, se incrementó el flujo migratorio de braceros procedentes de las islas angloparlantes del Caribe. Después de la muerte de Ulises Heureaux, en 1899, hubo tres momentos bien definidos. El primero, de 1901 a 1915, caracterizado por la inestabilidad y el amplio rechazo contra los inmigrantes de esa procedencia. El segundo se extendió de 1916 a 1930, de menor inestabilidad por el interés de consolidar el mercado laboral en la industria azucarera y las obras públicas. Y el tercero, de 1930 a 1950, en el que se destacaron la estabilidad, la represión, el control y la disminución de los braceros británicos que entraban al país. En el último tramo, se produjo el cierre del arribo masivo de los inmigrantes caribeños y no precisamente porque fuera superada, con dominicanos, la falta de braceros. Otros factores que escapan a este estudio intervinieron en el asunto. Las autoridades mantenían la esperanza de que los empresarios contrataran europeos proponiendo ayudarles con el pago de pasajes mientras ellos les aseguraban un empleo. Esa propuesta representaba mayor erogación de dinero por parte de los inversionistas. Los empresarios la rechazaron alegando los bajos precios del azúcar en el mercado mundial. En otros renglones de la producción tampoco se acogieron a las propuestas de las autoridades, como ocurrió en 1904, cuando le fue otorgada a Herbert Christophers una concesión para sembrar arroz en el Cibao. Él propuso traer braceros asiáticos que se dedicaran a la siembra y cosecha del cereal por su experiencia en ese tipo de cultivo y por las bajas erogaciones en que incurriría. La oferta estatal de exonerar los derechos de puerto a las embarcaciones que

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trajeran braceros destinados a la empresa lo persuadió de contratar personas procedentes de Europa.394 Fuera de la República Dominicana se elaboraron algunas propuestas migratorias. En 1910 Juan Bautista Alfonseca, cónsul general en la ciudad de New York, informó que el reverendo doctor E. Lucaciu tenía intenciones de promover la inmigración de 100,000 rumanos. E. Lucaciu era presidente de la Sociedad Protectora de Inmigrantes en la ciudad estadounidense. Al parecer, tenía tanto interés de que esas personas llegaran al país, que adelantó que su institución pagaría el viaje y compraría tierras a fin de repartir las entre sus integrantes.395 Pero esa migración no llegó al territorio nacional, como muchos deseaban. En 1912, Rafael Díaz, secretario de Agricultura, informaba que el reverendo E. Lucaciu se había negado a aceptar el control del cónsul dominicano en la ciudad de New York a los potenciales migrantes.396 No explicó en qué consistía dicho control. En otro orden, informaba que personas residentes en los Estados Unidos solicitaban informaciones para establecerse en la República Dominicana. Hubo quienes especulaban con respecto al ofrecimiento de terrenos. Era evidente que personas ajenas al Estado promovían tierras del país con el propósito de obtener ventajas si los candidatos aceptaban sus ofertas. El contrato entre los ingenios azucareros y los inmigrantes británicos antillanos dejó el legado de un pasado fatídico en perjuicio de los afroantillanos, como sucedió en siglos anteriores cuando sus antepasados eran traídos desde África

L. Morales. «Decreto de Carlos Morales Languasco». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XXI, 12 de marzo de 1904, BNPHU, núm. 1533. 395 «Cien mil inmigrantes». Listín Diario, 3 de agosto de 1910, p. 3. 396 R. Díaz. «Memoria que al ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de lo Interior y Policía». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año XXIX, 29 de diciembre de 1912, BNPHU, núm. 2361. 394

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para ser esclavizados.397 Aunque se constituían en sujetos de cierta relevancia, quedaron en el documento como masa amorfa desprovista de nombre, sin importancia a nivel individual. Los que firmaron esos contratos, el 5 de noviembre de 1912, fueron los empresarios y administradores de los ingenios azucareros Porvenir, Santa Fe, Cristóbal Colón, Puerto Rico, Angelina y Consuelo, todos en San Pedro de Macorís, y por parte de los migrantes, los procedentes de Carter Rey de Anguila. La captación de inmigrantes desde el sector privado, durante los años del siglo XX que cubre este estudio, fue muy accidentada. Las únicas empresas que demandaron y emplearon personal extranjero con un número significativo fueron los ingenios azucareros. Causa de la ausencia de esos obreros en otro tipo de inversiones eran las luchas políticas de los caudillos que se adueñaron del escenario nacional hasta la intervención de Estados Unidos en 1916. En 1924, cuando el país recuperó su soberanía, con la administración de Horacio Vásquez, pocas empresas privadas requirieron personal externo aparte de los ingenios. Durante el régimen trujillista hubo un cambio en la economía privada tan significativo que ninguna empresa de este tipo ofreció empleo a inmigrantes. La Dominican Republic Settlement Association, compañía del estado de New York, fue constituida en 1940 con el propósito de llevar a la República Dominicana 100,000 inmigrantes a partir de los refugiados de distintas nacionalidades, entre ellos judíos, cuya aceptación había sido pactada años antes en Evian, Francia.398 Posteriormente fue 397 398

Archivo Casa Vicini, Bol. 000630/19. Caja 3. Legajo 5, 728. Troncoso de La Concha, M. L. de J. Manuel. «Resolución 221 del Congreso Nacional aprobatoria del Contrato concluido entre la República Dominicana y la Asociación para el establecimiento de colonos en la

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creado el Comité Nacional Dominicano Pro-Inmigración Hebrea.399 Lo integraban Haim H. López-Penha, que lo presidía; José Almoina, Lic. Ambrosio Álvarez Aybar, Lic. Jesús María Troncoso Sánchez, Lic. Herman Cruz Ayala, vocales, y Lic. Juan Arce Medina, secretario. Plinio B. Pina Chevalier fue nombrado vocal delegado en el extranjero. Algunos de sus integrantes eran funcionarios del Estado.400 Este fue el último proyecto orientado a promover la inmigración de extranjeros a la República Dominicana del cual tuvimos conocimiento.

Reacciones a los proyectos de inmigración En este apartado se estudiarán las reacciones que suscitaron los proyectos presentados por los sectores públicos y privados en algunos representantes de la sociedad dominicana, especialmente los intelectuales. De las opiniones de la población solo conservamos aquellas que aparecen en documentos redactados por intermediarios, como cónsules extranjeros en la República Dominicana. Es interesante detenerse en la figura de Ulises Francisco Espaillat, quien siendo presidente puso en marcha proyectos migratorios a partir de la idea de que la inmigración traería riqueza y aportaría a la moral, en su entendido de que motivaría el casamiento de las personas amancebadas y finalmente aportaría civilización; por eso no dudó en favorecerla con la repartición de tierras estatales. Resaltaba el valor intrínseco del migrante, clasificándolo de capital República 175. Ciudad Trujillo, Gaceta Oficial, año LXI, 28 de febrero de 1940, BNPHU, núm. 5420. 399 Rafael L. Trujillo. «Decreto 3213 que crea e integra el Comité Nacional Pro-Inmigración Hebrea». Ciudad Trujillo, Gaceta Oficial, año LXVI, 22 de diciembre de 1945, BNPHU, núm. 6369. 400 Quienes ocupaban puesto en el Estado eran José Almoina y Jesús María Troncoso Sánchez.

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humano, dada la inversión que en cada migrante se había hecho en el país de origen.401 Hacía énfasis en que los candidatos más idóneos eran los portadores de capitales monetarios. Con sus propuestas, Espaillat se oponía a las reflexiones sobre la inmigración que años antes alguien con el seudónimo O publicaba y que posiblemente eran respaldadas por amplio número de personas.402 Desde El Porvenir, O mostraba su desacuerdo ante quienes postulaban que la inmigración conveniente era la portadora de capitales; en cambio, proponía la integrada por agricultores. Creía que lo más importante y expedito era poblar el territorio. Argumentaba que con la llegada de personas saldría beneficiada la hacienda pública y la agricultura. Era partidario de incentivar la demanda inducida porque si los extranjeros que eligieran el país no tuvieran capitales, con su consumo de bienes se daría vida a la agricultura.403 Respecto al origen de los migrantes, Espaillat se inclinaba por alemanes,404 aunque sobre el tema hubo diversidad de opiniones. Algunos preferían belgas e hindúes,405 un mayor número simpatizaba con la llegada de cubanos y puertorriqueños,406 entre ellos el propio Espaillat, mientras otros eran partidarios de la entrada de españoles,407 judíos rusos, etc.408 U. F. Espaillat. Escritos. Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1987, pp. 121-122. 402 O era el seudónimo del que firmó el artículo. 403 «Sobre emigración». El Porvenir, 13 de julio de 1872, p. 2. 404 Espaillat. Escritos… 405 F. G. Billini. Más que un eco… 2. Escritos…, pp. 213-215. 406 El Eco de la Opinión. Santo Domingo, 13 de septiembre de 1879, p. 2; «La emigración cubana», en F. G. Billini, Más que un eco… 2. Escritos1879-1885, pp. 149-151; El Cable, 14 de octubre de 1893, p. 2. 407 J. R. López. Más escritos dispersos, T. III. Archivo General de la Nación, Vol. CXLV, Santo Domingo, 2011, pp. 333-338. 408 E. R. Demorizi. Hostos en Santo Domingo, Vol. 1. Ciudad Trujillo, Imprenta J. R. Vda. García Sucesores, 1939, pp. 91 y 92. 401

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Ponce de León era un oponente a la propuesta de Espaillat.409 Mientras Espaillat favorecía incentivar la recepción de alemanes, Ponce de León defendía como más conveniente la de personas que lo hicieran de manera espontánea. Otro de los puntos en que mostraban su desacuerdo era en las facilidades que debían tener los extranjeros que fijaran su residencia en suelo dominicano. Ponce de León entendía que no debía dárseles tantas facilidades como proponía Espaillat, porque de hacerse realidad el inmigrante no cumpliría su función como agente de progreso.410 Espaillat, que tenía tanta esperanza en los aportes de las migraciones, llegó a expresar: «La inmigración para nuestro país sería la prosperidad; el porvenir; la vara mágica de Moisés; la bendición del cielo».411 Consideraba que algunas de esas prácticas culturales, como la música campesina, eran manifestaciones del atraso cultural, que se combatiría a través de la inmigración.412 Fiel a esa convicción, se manifestaba partidario de que se fundaran sociedades destinadas a promover la inmigración. Una vez en suelo dominicano, los hombres y mujeres inmigrantes enseñarían a regar los campos con canales, construirían pozos tubulares, sembrarían pastos artificiales y cuidarían el tabaco. Quienes tenían criterios discordantes con respecto a la entrada de extranjeros coincidían en el valor de estos como capital humano. Francisco Gregorio Billini opinaba que cada extranjero era un salvador del porvenir político, social

Santiago Ponce de León. «Inmigración», La Alborada, Santiago, 21 de junio de 1883, pp. 124-128. 410 Santiago Ponce de León era venezolano y se había radicado en el país poco tiempo antes de hacer pública su opinión respecto al tema. 411 Ulises F. Espaillat. Escritos, p. 120. 412 Ibídem, p.121. 409

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y económico del país.413 En esos años se hicieron exposiciones acerca de la utilidad de cada nacionalidad en la división técnica del trabajo. Francisco Gregorio Billini pensaba que los hindúes podrían realizar labores agrícolas, mientras que los belgas harían funciones de artesanos en los talleres. En la argumentación de su propuesta refería que el pasaje para traer a un hindú ascendía a RD$50 y el pago por jornal de un día, donde más barato se pagaba, ascendía a 30 centavos. Como ejemplo ponía a la isla Guadalupe, donde funcionaba la Sociedad de Emigración India. El hacendado pagaba el 50 % del pasaje y el Estado o Concejo General de la Colonia el otro 50 %. Allí el jornal sumaba 30 centavos por día.414 Para entonces se daba tanta importancia al factor foráneo que Eugenio Deschamps afirmó que ser extranjero en el país era similar a poseer un título precioso.415 La idea de que la migración representaba una influencia positiva en el mundo político dominicano fue ampliamente aceptada como ha podido comprobarse, ya que contribuiría a poner fin al desorden generado por las guerras de caudillos, y transmitiría los valores de la democracia y la libertad. Para entonces las guerras civiles, dirigidas por caudillos regionales, eran frecuentes. Los periódicos de la época publicaban abundantes informaciones acerca de levantamientos militares contra las administraciones gubernamentales.416 Otras opiniones favorables correspondieron a algunos extranjeros. La de L. Julien estaba orientada de manera directa F. G. Billini. Más que un eco… 2. Escritos 1879-1885, pp. 131-135. El Eco de la Opinión. Santo Domingo, 12 de enero de 1883. «Emigración belga», p. 3. 415 R. Cassá y B. Almonte (Ed.). E. Deschamps. Antología. Archivo General de la Nación, Santo Domingo, 2012, p. 204. 416 «Propaganda exterior». El Eco de la Opinión, 16 de marzo de 1883, p. 2. Informaba que el expresidente Guillermo preparaba una expedición contra la administración gubernamental. 413 414

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a los requerimientos de la industria azucarera. Defendía que se impulsara la entrada de hindúes porque, según su criterio, eran más adecuados que los europeos para trabajar en dicha industria.417 Esta idea la apoyó Henri Thomasset, quien propuso la fundación de una sociedad promotora de la inmigración sobre la base de varios criterios: los propietarios de las provincias debían unirse con el fin de adquirir terrenos gratuitos, y acordar el número de personas de otras nacionalidades que pudieran emplear en sus labores productivas. Sugería como demarcaciones geográficas idóneas El Seibo, en la región este, Yamasá, cercana a la capital, La Vega, en el Cibao, y Azua, en el sur.418 Los redactores de El Eco de la Opinión eran partidarios de la acogida de extranjeros; no obstante, expresaron que resultaba inviable por falta de recursos aportados por el Estado. Manifestaban que el sector privado no tenía interés en ese tema, razón por la cual no se sumaban fuerzas que propiciaran la inmigración.419 Similar opinión tenía Hostos con respecto a los limitados recursos estatales destinados a la solución de tan importante problema. El ilustre puertorriqueño afirmó que no se disponía de las suficientes riquezas para destinarlas a construir ni siquiera alojamientos donde ubicar a los extranjeros y darles sustento en los primeros días de estadía.420 Atribuirle a una sola causa el fracaso de un elevado número de proyectos de inmigración sería poco objetivo.

«La cuestión de inmigración de trabajadores extranjeros para Santo Domingo», Santo Domingo, Gaceta Oficial, año. X, núm. 477, BNPHU, 11 de agosto de 1883. 418 H. Thomasset. Memorias, informes y noticias dominicanas. Archivo General de la Nación, Santo Domingo, Vol. LXIX, 2008, pp. 229-239. 419 El Eco de la Opinión. Santo Domingo, 13 de septiembre de 1879, p. 2. 420 E. Rodríguez Demorizi (Ed.). Hostos en Santo Domingo, Vol. I, p. 90. 417

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Intervinieron muchas otras razones, externas e internas, que obedecieron a distintas circunstancias. El proyecto que promovido por el general Luperón en 1882 fue uno de los que fracasó por las presiones ejercidas por judíos residentes en los Estados Unidos de América.421 Incluso en otro de los esfuerzos por atraer extranjeros, hubo personas que después de haber llegado a Santo Domingo retornaron a su lugar de origen.422 Esos fallidos intentos se comentaron desde distintas perspectivas. Billini opinaba que el fracaso se debía a no tener clara la idea del migrante deseado. Se esperaba la llegada de obreros y esto contravenía con los intereses de quienes salían de sus países con el fin de mejorar su condición económica, o sea, hacerse colonos. Por esa razón Billini entendía que el más idóneo era el colono y no el bracero.423 Ponía como ejemplo a los Estados Unidos de América, donde se hacían propietarios a los extranjeros, condición por la que permanecían en ese país. Otros consideraban que lo más difícil no consistía en hacer llegar inmigrantes, sino en su asentamiento. En ese grupo sobresalía Thomasset. Este consideraba que lo más exitoso era fijarlos en el territorio y para lograrlo se necesitaba desarrollar el cultivo de frutos menores que los sustentara. Como número mágico, veía que mil inmigrantes serían caja de resonancia y se lo comunicarían a otros en sus países de origen. El otro aspecto consistía en otorgarles la propiedad de terrenos, construirles casas, pagarles los pasajes, entre otras ventajas.424 En cierta manera, lo propuesto por Thomasset se

B. Vega. «El fallido intento de Gregorio Luperón por promover una inmigración judía a Santo Domingo». Listín Diario, 9 de junio de 1991, año CII, núm. 26509, sección Ventana, pp. 1 y 4. 422 E. Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo…, pp. 178-179. 423 El Eco de la Opinión. Santo Domingo, 9 de abril de 1885, p. 2. 424 H. Thomasset. Ob. cit. 421

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implementaba en la Argentina con la aplicación de la Ley Avellaneda 817 de 1876. Usando esa referencia, fue creado el Departamento General de Inmigración bajo la dependencia del Ministerio de Interior. Al igual que en Argentina, esa dependencia del Estado tenía las funciones de nombrar agentes de inmigración en el exterior, establecía los mecanismos para proteger a los inmigrantes cuando llegaran al país, se responsabilizaba con el pago del pasaje, colocarlos en puestos de trabajo, proporcionarles defensa cuando fuera incumplido el contrato de transporte y abrir un registro donde anotar a quienes llegaran, entre otros temas.425 De lo formulado por la Ley Avellaneda se desprende que era un sistema organizado y efectivo, que hizo posible la recepción de cientos de miles de personas en ese país. Los otros elementos que posibilitaron su despliegue fueron sus extensos territorios despoblados y la gran cantidad de recursos naturales de los que podían disponer las autoridades. Solo que cuando los intereses de los pobladores nativos o de los obreros se interponían a esos propósitos, eran reprimidos hasta el asesinato o el exterminio por las autoridades.426 La violencia era usada por el Estado y con ella imponía las políticas de las clases dominantes, una de las cuales era poblar el territorio con determinados extranjeros. Los proyectos de inmigración dominicanos en el siglo XIX dieron pocos resultados; un elevado número de ellos puede ser calificado como un rotundo fracaso. Las diferencias entre la sociedad dominicana y la argentina pueden ayudar a explicar la inoperancia de los proyectos de inmigración en la sociedad caribeña. La principal divergencia es la existencia de una fuerte burguesía nacional argentina convencida de su 425 426

Ley Avellaneda de Inmigración y colonización citada. O. Bayer. La Patagonia rebelde. Coyhaique, Talleres Gráficos F.U.R.I.A., 2009.

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rol de clase, a diferencia de la dominicana, muy débil y pobre. Los planes de inmigración en la República Dominicana durante la segunda mitad del siglo XIX empezaron a hacerse realidad a partir de 1870, cuando se fundó la industria azucarera moderna. Ese hecho llevó a Eugenio Deschamps a relacionar la siembra de caña con el progreso y la inmigración. Veía como expresión premonitoria de progreso a los ingenios azucareros. Entendía que secuelas de ese avance eran el ferrocarril y la máquina descascaradora de arroz.427 Tomando esos elementos en consideración, Alejandro Angulo Guridi, a mediados de esa década, opinaba que la inmigración era fuente de riqueza y prosperidad.428 En la década siguiente, en junio de 1883, Gregorio Billini se refería a la necesidad de 2,000 obreros para la zafra que debía iniciarse en diciembre. Como solución proponía que los hacendados incentivaran la inmigración a sus predios agrícolas y que, por cada obrero contratado, recibieran un descuento de RD$20 sobre los derechos de exportación. Explicaba que el Estado obtendría una compensación porque con el consumo de bienes que hiciera el inmigrante pagaría unos cinco centavos diarios a la exportación.429 Deschamps se unió a las voces que veían a la industria azucarera como impulsora de progreso.430 La insuficiencia de obreros en la industria azucarera era uno de los problemas con los que esta había nacido, sobre todo en tiempos de zafra y en menor medida cuando finalizaba. Esa situación se extendió por varios años y se agravaba R. Cassá y B. Almonte (Eds.). Eugenio Deschamps, Antología. Santo Domingo, Archivo General de la Nación, 2012, pp. 211-213. 428 A. A. Guridi. Obras escogidas: 1. Artículos. Archivo General de la Nación / Superintendencia de Bancos, Santo Domingo, 2006, pp. 173. 429 F. G. Billini. «Solución necesaria». En A. Blanco Díaz (Ed.), Más que un eco de la opinión. 2. Escritos, 1879-1885. Archivo General de la Nación, Santo Domingo, 2009, pp. 291-294. 430 R. Cassá y B. Almonte (Eds.). Eugenio Deschamps, Antología, p. 212. 427

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por diversos motivos.431 Durante la producción de los primeros ingenios se hicieron propuestas para solucionar la falta de obreros. En la década de 1890 varios hacendados aconsejaron llevar personas del Cibao y del sur a San Pedro de Macorís,432 iniciativa que encontró oposición en la misma reunión donde se debatió el tema. Años antes, el propio Gregorio Billini descartaba dicha posibilidad porque empobrecería los lugares desde donde saldrían los interesados.433 En junio de 1883, Francisco Gregorio Billini comentaba que por la falta de obreros quedaron sin molerse 4,000 bocoyes de azúcar, equivalentes a 60,000 quintales, lo que ocasionó una pérdida de RD$16,000 al fisco al no haberlos recaudado como tributos.434 Aun cuando desde 1885 habían desembarcado británicos antillanos afrodescendientes en el territorio nacional, la demanda en la industria azucarera aumentó en los años siguientes. Por este motivo los empresarios insistían en la necesidad de inmigrantes. Luis F. Vidal comentaba que la Ley de Inmigración de 1912, en su artículo tercero, prohibía la introducción de individuos afrodescendientes y asiáticos, y otorgaba al Poder Ejecutivo facultades para emitir permisos especiales a los ingenios azucareros que aspiraran a importar braceros angloparlantes caribeños por el pago de RD$3.00.435 Cinco años después dela publicación de su folleto, el autor consideraba que la población campesina era insuficiente para la demanda de los ingenios azucareros, por lo que era necesario contratar a los súbditos ingleses caribeños y haitianos. Más adelante serán estudiados las razones que intervenían. «Segunda reunión». El Cable, 21 de octubre de 1893, 2. 433 F. G. Billini. «Fomento de la inmigración». En A. Blanco Díaz (Ed.). Ob. cit., pp. 295-297. 434 Ídem. 435 L. F. Vidal. Ob. cit., p. 11. 431 432

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Durante la administración de Horacio Vásquez (19241930) hubo una pausa en quienes impulsaban la inmigración. También desde el Estado no se emitieron ordenanzas respecto al tema. Sólo se volvió a temas habituales por instituciones no estatales. Quienes abogaban por los inmigrantes como portadores del progreso se cuestionaban las causas que frenaban su llegada al país. Sus argumentos no diferían mucho de lo apuntado en el siglo anterior. Había razones de salubridad, legales, carencia de vías de comunicación apropiadas y ausencia de escuelas de artes y oficios.436 La traslación de leyes formuladas en Argentina resultó ajena a la realidad nacional. En el contexto de inestabilidad y caudillismo de la República Dominicana no fue posible ofrecer al inmigrante facilidades que le permitieran generar ahorros; tampoco se procuró crear escuelas y hospitales, destinar suficientes agentes del orden, disponer de una justicia fidedigna, e intensificar la comunicación y el comercio con el país de procedencia de los inmigrantes para propiciar una red de contactos que atrajera a otros. Ni siquiera prosperó la publicación de anuncios en periódicos extranjeros que difundieran las bondades del país.437 En ello también incidió en las primeras décadas del siglo 20 el temor de acoger personas que fueran portadores del bolcheviquismo o del comunismo, porque importaban ideas «peligrosas» que podían ser más perjudiciales que beneficiosas.438 Era imposible que se alinearan todos esos elementos que complacieran a quienes |opinaban sobre el tema de J. D. Balcácer. Papeles y escritos de Francisco J. Peynado (1867-1933). Prócer de la Tercera República. Vol. I. Fundación Peynado Álvarez, Santo Domingo, 1994, pp. 22-30. 437 J. R. López. Más escritos dispersos, tomo III…, pp. 333-338. 438 Listín Diario, 28 de mayo de 1923, p. 2. 436

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la inmigración. En una actitud más acorde con la realidad, desde el Listín Diario llamaban la atención sobre la Ley núm. 338 del 14 de mayo de 1932.439 El periódico El Triunfo de La Romana, cuyo contenido rechazaba a los afrodescendientes y asiáticos. El Triunfo solicitaba su modificación de manera que favoreciera a personas similares a los habitantes de la República Dominicana.440 Entonces la población nacional estaba integrada, en su mayoría, por negros y mulatos. La misma publicación romanense recordaba que un elevado número de los inmigrantes asentados en la región oriental llevaban muchos años conviviendo entre los dominicanos, y que se habían unido en matrimonios con nacionales y los hijos procreados eran dominicanos. El contenido de la Ley núm. 338 provocó en las autoridades inglesas la suspensión masiva de la salida de braceros desde sus territorios caribeños.441 Ante la decisión inglesa, El Triunfo proponía que fueran contratados haitianos en la zafra de 1932-1933.442 Al parecer percibían el problema como una reacción nacionalista, a la que debía dársele una respuesta también nacionalista y no de blanqueamiento, como la estaban haciendo las autoridades dominicanas.

La Ley establecía que negros y asiáticos pagaran RD$300 por permisos de entrada y RD$100 por permiso de permanencia. Constituían elevadas sumasen proporción al escaso salario de un bracero. 440 «Sobre la Ley de Inmigración». El Triunfo, 20 de febrero de 1932, p. 2. 441 «El Gobierno Inglés prohíbe en Barbados la emigración de braceros de color a Santo Domingo». Listín Diario, 25 de mayo de 1932. 442 «El problema de los braceros». El Triunfo, 19 de noviembre, 1932, p. 2. 439

INMIGRANTES DE LAS ANTILLAS BRITÁNICAS A LA REPÚBLICA DOMINICANA Flujo migratorio y reglamentaciones El fracaso de una parte de los hacendados de San Pedro de Macorís en contratar personas blancas de Puerto Rico se evidenció en los frustrados intentos realizados por el Central Romana en 1912 y en 1916,443 que en 1916 obtuvo como resultado el ingreso de tan solo 200 braceros procedentes de la vecina isla.444 No lograron resolver la demanda laboral del central en los volúmenes deseados; sin embargo, la exigencia de blanqueamiento de las autoridades no cesó. Los fallidos experimentos respondieron a dos razones. La primera, la Real Orden que instruía a los alcaldes y funcionarios responsables de emitir pasaportes que no los estregaran a quienes desearan viajar a Santo Domingo;445

H. García Muñiz. De la Central Guánica al Central Romana. La South Porto Rico Company en Puerto Rico y la República Dominicana, 1900-1921. Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, 2013, p. 434, nota 115. 444 «Aplauso al Romana». Listín Diario, 23 de noviembre de 1916, año XXVIII, núm. 8254, 8. 445 Centro de Estudios Puertorriqueños. Sources for the Study of Puerto Rican Migration 1879-1930. Research Fundation of the City University of New York, Puerto Rico, 1982, p. 10. 443

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la segunda, las presiones ejercidas a partir de 1916 por la Federación Libre de Trabajadores (FLT).446 Esto condujo a los hacendados a contratar trabajadores en las posesiones insulares del Reino Unido en el Caribe. Los primeros contratos fueron hechos en las islas de Antigua y Saint Kitts. La mayoría de los migrantes que viajaron se asentaron en San Pedro de Macorís y La Romana. La continua demanda de obreros durante la primera década del siglo XX provocó la intervención de las autoridades de Antigua para reglamentar los viajes de sus ciudadanos. En 1906 emitieron una ordenanza que multaba con 50 libras a los agentes no autorizados que difundieran propaganda sin su permiso promoviendo la emigración de personas;447 en 1908 otra ordenanza regularizaba el transporte de pasajeros en el mar;448 en 1918 se promulgaron leyes relacionadas con la emigración de niños, lo que sugiere un temprano interés de algunas personas de llevarse sus hijos a Santo Domingo, donde tenían intenciones de asentarse definitivamente.449 El tema de la emigración, en las dos décadas siguientes, tuvo tanta importancia que sobrepasó los límites de Antigua y decidieron ponerlo bajo la jurisdicción de la legislatura general de las Leeward Islands o Sotavento.450 En St. Kitts, las autoridades reglamentaron el procedimiento para viajar a Santo Domingo en calidad de obrero. Antes de salir, el migrante debía proveerse de un pasaporte, de un certificado de nacimiento o de un documento que lo acreditase como ciudadano británico o haber nacido en los H. García Muñiz. Ob. cit., p. 445. National Archives, Londres. Antigua. núm. 6 of 1906. 11th. May, 1906. 448 National Archives, Londres. Antigua. núm. 11 of 1908. 449 National Archives, Londres. Antigua. núm. 9 of 1918. 12th. August, 1918. 450 National Archives, Londres. Antigua. núm. 1 of 1921. 14th. February, 1921. 446 447

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dominios del imperio. Se sugería que una vez estuviera en Santo Domingo se presentara al viceconsulado de San Pedro de Macorís y se inscribiera en una lista. Cumplir con ese procedimiento facilitaría al cónsul intervenir en caso de que hubiese problemas y se necesitara la protección de las autoridades consulares.451 En 1911 en St. Kitts introdujeron normas que debían cumplir los promotores de la emigración con destino a Santo Domingo. La regulación núm. 2 autorizaba a personas nacionales a ejercer funciones de agentes para la contratación de los emigrantes. El gobernador otorgaba licencia a quienes fungían como agentes o buscones de obreros. El interesado en hacerse depositario de una de esas licencias tenía que pagar 10 libras.452 Antes de la salida de los obreros, el agente debía entregar la lista con los nombres y cuatro chelines por cada uno; luego el pago fue aumentado a cinco chelines. Este dinero se devolvía al agente cuando demostrara el retorno al puerto de partida de cada persona inscrita. Otro de los requisitos que se exigía era la presentación de un contrato escrito, en el cual los interesados se comprometían a emplear a quienes viajaran.453 Con respecto al Reino Unido, las autoridades habían reglamentado el procedimiento para la contratación de los braceros. Se establecía que una persona oriunda de una de las islas podía recibir autorización para buscar a quienes desearan emigrar. Algunos de los beneficiarios con licencias del gobernador para ejercer esas funciones estaban los

National Archives. Londres, Colonial Office, 242/3. Official Gazette / St. Chistopher and Nevis. Vol. VII. Thursday, September 22nd, 1910, núm. 39. 452 National Archives. Londres, Colonial Office, 240/25. St. Christopher and Nevis. Ordenanzas, núm.2 of 1911. 7th of March, 1911. 453 National Archives. Londres, Colonial Office, 240/25. St. Christopher and Nevis. Ordenanzas, núm.2 of 1911. 8th of April, 1911. 451

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nombrados Carter Rey, de la isla de Anguila;454 Benjamin Wheeler, residente en la ciudad de Basseterre, capital de St. Kitts,455 y Arthur Romney Carty, de Anguila.456 Cuando alguna entidad pretendía alterar el procedimiento establecido era notificado a las autoridades. Un hecho demostrativo aconteció en noviembre de 1926: cuando el administrador del Central Romana comunicó al cónsul de Inglaterra, por vía de A. H. Beer, vicecónsul de esa nación en San Pedro de Macorís, su propósito de enviar a las Windward Islands o Barlovento a su empleado, Thomas Fitzhugh Morenga Bonaparte, con el propósito de que captara trabajadores que serían transportados en la goleta Vedette.457 Bonaparte había nacido en Grenada, el 31 de enero de 1887, y tenía pasaporte inglés. Hacía tres años que residía en San Pedro de Macorís. El año anterior había realizado una labor similar en beneficio del administrador del central Porvenir, en St. Vicente, Granada y St. Lucía.458 Los centrales azucareros, por su parte, se valían de personas como Thomas Fitzhugh Morenga Bonaparte, el capitán de la embarcación en la que los transportaban o de cualquier otro individuo siempre que lo notificaran a las autoridades, como había hecho el Central Romana cuando solicitó los servicios de Bonaparte. En noviembre de 1912, National Archives. Londres. St. Christopher and Nevis. Official Gazette. Vol. X. Thursday, November 27th, 1913, núm. 5. 455 National Archives, Londres. St. Christopher and Nevis. Official Gazette, Vol. X. Thursday, February 25th, 1915, núm. 8. 456 National Archives, Londres. St. Christopher and Nevis. Official Gazette, Vol. XII. Thursday, August 5th, 1915, núm. 32. 457 Beer nació en Plymouth, Inglaterra, en 1887. En Estado Unidos fue ordenado sacerdote episcopal y en ese país se casó con Elsie, de nacionalidad estadounidense. Del matrimonio nació Kenneth. Llegó el 28 de septiembre de 1920 a San Pedro de Macorís, donde fue nombrado vicecónsul del Reino Unido en 1922. 458 National Archives. Foreign Office, Londres, 140/9. 454

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representantes de los centrales Porvenir, Santa Fe, Cristóbal Colón, Puerto Rico, Angelina y Consuelo, de San Pedro de Macorís, formalizaron un contrato con Carter Rey, de Anguila, que contemplaba la transportación de hombres desde las Antillas Menores al puerto de la ciudad. Recibiría una comisión de 60 centavos por cada uno que lograra llevar al ingenio. Si se presentaran dificultades con el vapor del que se disponía, el precio se ajustaría a razón de $2,50.459 En el traslado se usarían las goletas Leontina y Eagle, que tendrían el compromiso de llevar a los obreros de las Antillas Menores angloparlantes a San Pedro de Macorís, y desde allí devolverlos a su punto de origen. Los centrales quedaban facultados para emitir permisos especiales a los braceros con el fin de que pudieran abordar otras embarcaciones diferentes a las dos citadas. El contrato entre los centrales y los trabajadores tenía validez por una zafra, y de no cancelarse permanecería en vigor hasta la siguiente.460 El agente que formalizaba el contrato con los centrales azucareros o el que poseía licencia otorgada por las autoridades insulares inglesas recorría las islas del Caribe oriental ofreciendo empleo. Prometían cubrir el pasaje de ida y vuelta, y entregaban 3 dólares como adelanto del salario a quienes aspiraban para cubrir la alimentación durante la travesía.461 Antes de hacer el viaje a Santo Domingo, visitaban otras islas donde contrataban más obreros. Por lo general, en una embarcación viajaban desde cincuenta hasta más de cien personas.462 La travesía

El documento no especifica si es moneda dominicana o dólar. Archivo Casa Vicini. Bol. 000630/19. Caja 3 CaII. Legajo 5. 461 Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Sidney Allen en su casa de La Romana, 27 de marzo de 2014. Falleció en 2015. 462 Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Jean Etiene Lewest en su casa de La Romana, 8 de agosto de 2015. 459 460

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entre las Antillas menores angloparlantes y Santo Domingo podía tardarse hasta once días debido a las escalas que realizaban para ir recogiendo migrantes en las distintas islas. El transporte de los obreros se encontraba monopolizado por personas residentes en las islas británicas de las Antillas y quienes resultaban más beneficiados eran las embarcaciones registradas en Anguila. Intentaron participar dueños de embarcaciones dominicanas con decepcionantes resultados. Una ocasión que puso de manifiesto el privilegio de los transportistas británicos fue cuando el vapor de matrícula dominicana Jacagua, con capacidad para 500 personas, intentó subir a bordo braceros en una de las posesiones del Reino Unido. Las autoridades británicas ejercieron presión y no lo permitieron.463 Durante las frecuentes travesías no era extraño que ocurriera algún accidente lamentable. Uno de ellos se produjo en1921 con pérdida de vidas. Nos referimos al naufragio de la goleta L. Inufh en las costas dominicanas, en el cual pereció un número indeterminado de personas. Las autoridades del Ayuntamiento de La Romana encomendaron al regidor Gómez para que diera las condolencias en nombre de la institución al vicecónsul del Reino Unido y pusiera la institución edilicia al servicio de lo que se considerara necesario.464 La migración de antillanos británicos estuvo integrada mayoritariamente por hombres. A ellos se sumaron mujeres de su entorno familiar. Así lo pone de manifiesto el censo de 1920. La información está corroborada por el contrato citado «De San P. de Macorís». Listín Diario, 19 de diciembre de 1912, año XXIV, No. 7067, p. 3. 464 Asiento de actas del Ayuntamiento de La Romana. 1921-1923. Legajo núm. 4422. Archivo General de la Nación, Santo Domingo. En adelante AGN. 463

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entre los dueños de ingenios y Carter Rey, quien estaba autorizado a embarcar solo hombres. Aunque estas evidencias permiten afirmar que fue una migración con predominio del sexo masculino, se hace difícil establecer los porcentajes de estos con respecto al de las mujeres, por la falta de informaciones y por la deficiencia de los registros que se conservan. A veces, algunos obreros que llevaban varios años en el país solicitaban permisos a las autoridades para traer a sus madres, esposas y hermanas. Al parecer hubo momentos en que se dificultaba la entrada de mujeres. Esto se deduce de un incidente ocurrido en diciembre de 1916, cuando el secretario de Estado de Agricultura e Inmigración, Eladio Sánchez, tuvo que ordenar que permitieran el desembarco en el puerto de San Pedro de Macorís a mujeres de las Antillas inglesas.465

El elevado número de hombres emigrados dejaba a la esposa e hijos en la actividad del hogar. Fuente: National Archives: 1069/415. 465

«Ecos de la Prensa». Listín Diario, 5 de diciembre de 1916, año XXVIII, núm. 8264, p. 1.

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A partir de l912, con la promulgación de la Ley de Inmigración, el Estado participó más activamente en el control de los braceros que llegaban al país. Al ingresar al territorio nacional se les exigía un permiso emitido por el Poder Ejecutivo. Los centrales azucareros se encargaban de canalizar con el presidente de la República la solicitud del número de braceros que deseaban contratar en cada zafra, para que fueran autorizados por medio de un decreto. Ese procedimiento se repetía cada vez que se necesitaba modificar la cantidad de braceros inicialmente solicitada. Sobre la base de la documentación disponible, se ha intentado calcular el número de los braceros antillanos británicos que ingresaron anualmente a partir de 1912. Un gran esfuerzo con resultados positivos fue realizado por José del Castillo, quien logró precisarsu número entre 1912 y 1928, exceptuando los años de 1926 y 1927,466 y el de los braceros que solicitaron permisos de residencia para permanecer con sus familiares. El estudio realizado por Del Castillo abarca a tres centrales no contemplados en la demarcación geográfica de la región oriental. El número de braceros que solicitaba residir en el país de manera permanente era elevado. La mayor cantidad correspondía a los empleados en los centrales de la región oriental del país límite geográfico de esta investigación. Las fuentes consultadas arrojan que algunos realizaban solicitudes por su propia iniciativa, y otras las hacían los propios centrales para braceros empleados en sus instalaciones. La solicitud de permiso de permanencia seguía un procedimiento: el candidato debía dirigir una comunicación al Departamento de Agricultura e Inmigración, firmada por el administrador de la empresa 466

J. del Castillo. La inmigración de braceros azucareros en la República Dominicana, 1900-1930. Centro Dominicano de Investigaciones Antropológicas (CENDIA), Santo Domingo,1978, anexo.

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donde laboraba. La comunicación debía incluir el nombre del empleado, la nacionalidad, el estado civil, la edad, el lugar donde deseaba permanecer, el número del formulario donde se inscribía el permiso por medio del cual se le concedía la entrada, un sello de Rentas Internas de 25 centavos y la firma del interesado.467 En los años de ocupación estadounidense (1916-1924), los centrales solicitaban permisos de inmigración en favor de sus empleados y sus familias, en los cuales se debía incluir el país de donde procedía el candidato y el sello de Rentas Internas, por el valor que en ese momento dispusieran las autoridades. El solicitante podía ser una compañía, que debía suministrar informaciones como el lugar donde tenía sus actividades empresariales, la cantidad de personas que deseaba traer, el puerto de entrada y el compromiso de reembarque en caso necesario.468 Ese procedimiento también lo podía realizar la persona interesada en traer a un pariente, pero sin el compromiso de reembarcarlo como se le exigía a la compañía. Una ordenanza de la administración militar de ocupación estuvo orientada a facilitarles a las personas no caucásicas el derecho a regular su estadía. En diciembre de 1919 la Orden Ejecutiva núm. 372 concedió esas facilidades. Al año siguiente, el secretario de Agricultura informó que, de los 4,075 braceros favorecidos con permisos laborales, 1,214 no retornaron a sus lugares de origen; estos eran potenciales solicitantes para regular su estadía. Ese mismo año fueron extendidos 705 permisos a familiares interesados en residir en el país.469

AGN. Secretaría de Estado de Agricultura. 1918-1920. Caja 1. núm. 601408. 468 AGN. Secretaría de Estado de Agricultura. 1918-1921. Caja 23-B. núm. 601394. 469 R. M. Warfield. Memoria de la Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración (Del 1° de julio, 1919 al 30 de junio, 1920). Santo Domingo, Cuna de 467

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Debido a la gran cantidad de braceros residentes en plena ocupación estadounidense, algunos agentes empezaron a ofrecerles contratos laborales con mejores salarios en Cuba. Con la intención de retenerlos, en 1919 fue emitida la Orden Ejecutiva núm. 278, que intentaba impedir que continuara la práctica de quienes ofertaban esos empleos.470 En 1923, el presidente provisional Juan Bautista Vicini Burgos promulgó una resolución similar con iguales propósitos.471 Con dichas ordenanzas se aseguraban los obreros suficientes a los industriales, cuyos mayores capitales procedían del país de los interventores. Igual política siguió la administración del presidente Horacio Vásquez, después de que las tropas de infantería de la marina estadounidense abandonaron el país en 1924. En 1927 fueron favorecidos 15,494 braceros con permisos permanentes de residencia.472 En 1928, los favorecidos ascendieron a 2,060 personas.473 Con la administración trujillista, iniciada en 1930, disminuyó el arribo de braceros en relación con las tres primeras décadas del siglo XX, a causa de las leyes dictadas en los primeros siete años de la centuria. Pero el arribo continuó, como lo demuestran las informaciones.474 Patrick Bryan afirmó, como causa de la disminución registrada, que a partir de 1930 dejaron de llegar braceros de las

América, 1921, pp. 60, 62, 64 y 65. AGN. Secretaría de Estado de Agricultura. Libro # C 423, año 1920. 470 Thomas Snowden. Gaceta Oficial, Orden Ejecutiva núm. 278, del 4 de abril de 1919, año XXXV, núm. 3001. 471 Gaceta Oficial, año XLIX, núm. 3395. Resolución del 12 de enero de 1923. 472 Rafael A. Espaillat. Memoria correspondiente al año 1928, que al ciudadano presidente de la República presenta el Sr. Rafael A. Espaillat, secretario de Estado de Agricultura e Inmigración e Inmigración, tomo II. Santo Domingo, Imprenta de J. R. Vda. García, 1928, 146. 473 Ibídem, 1929, 156. 474 «El problema de los braceros». El Triunfo, 19 de noviembre de 1932, p. 2.

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Antillas inglesas.475 Las autoridades de Trinidad y Tobago, por su parte, ante las decisiones dominicanas, reaccionaron en 1932 prohibiendo la salida de braceros de aquella gobernación.476 Esa decisión no se cumplió en todas las islas de las Antillas inglesas porque continuaron llegando braceros a la República Dominicana. El control dominicano donde debían inscribir a los extranjeros eran deficientes con respecto al registro de los obreros que arribaban. Tampoco nos fue posible localizar las estadísticas británicas de quienes salieron de su territorio con destino a Santo Domingo. Los motivos que impulsaron a las autoridades dominicanas a adoptar medidas que casi pusieron fin a la llegada de braceros de las Antillas británicas estuvieron determinados en gran medida por factores externos. Los efectos de la crisis de 1929 se sintieron sobre la economía nacional. A esto se le sumó el ciclón San Zenón, que destruyó la capital de la República. Pero esa catástrofe no disuadió al general Rafael Trujillo Molina de suspender el pago de la deuda externa.477 Para cumplir con esos dos compromisos era necesario dinero, y una fuente de donde obtenerlo eran los extranjeros, cuyo número se había elevado considerablemente en años anteriores. Por ello, se continuó permitiendo la entrada de migrantes, al menos durante quince años después del inicio Patrick Bryan. «En torno a la recepción de los cocolos en República Dominicana. Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo». Mimeografiado, 1973, pp. 2 y 21. Orlando Inoa. «El final de la inmigración cocola». Hoy, año XVII, núm. 5346, suplemento Isla Abierta, domingo 23 de agosto de 1998, p. 14. 476 El Listín Diario, 25 de mayo de 1932, reprodujo una información del periódico The Abocado del 2 de abril de 1932 de Trinidad y Tobago que defendía el final de la partida de braceros hacia la República Dominicana. Las autoridades inglesas determinaron suspender de manera momentánea el viaje de personas procedentes de Trinidad y Tobago con destino a la República Dominicana. FO 140/23.NAL. 477 L. Capdevila. Ob. cit. 475

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de la dictadura en 1930. El 12 de diciembre de 1932, el abogado de los centrales Romana y Santa Fe, Robert Round, le comunicó a H. E. Slaymaker, de la representación diplomática del Reino Unido, que esa compañía se comprometía a pagar los tributos, el pasaje de ida y vuelta, así como cualquier impuesto que las leyes dominicanas exigieran a los braceros de las Antillas Menores.478 El 16 de abril de 1934 el vicecónsul del Reino Unido en San Pedro de Macorís informaba a Slaymaker que en la zafra 1932-1933 habían ingresado 1,138 obreros antillanos, y entre 1933 y 1934 lo hicieron 1,572 en esa localidad.479 En 1933, el ingenio Santa Fe solicitó 1,000 permisos para braceros a la Dirección de Migración.480 Estas cifras muestran que el flujo de obreros antillanos británicos a la República Dominicana mantuvo su ritmo con respecto a los años anteriores.

Ingenio Santa Fe solicitó permiso para emplear cocolos. Fuente: Archivo General de la Nación: Área de fotografías-Materiales especiales.

National Archives. Foreign Office, Londres, 140/23. National Archives. Foreign Office, Londres, 371/17528. 480 «Los chinos comienzan a pagar el impuesto de inmigración». La Opinión, 28 de marzo de 1933. 478 479

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El régimen trujillista basó su política hacia los extranjeros en dos aspectos. El primero, incrementar los ingresos fiscales y, segundo, continuar con las viejas aspiraciones de blanqueamiento. El Estado trató de alcanzar esos propósitos con prácticas autoritarias, lo que afectó a los braceros y a sus familiares radicados en el país; esto, a su vez, interfirió en el flujo de las migraciones, pero de ninguna manera condujo a su finalización. Contribuían a esa interferencia acciones como acosar obreros de la planta eléctrica de la capital por el pago del impuesto de inmigración. En San Pedro de Macorís, a apresar braceros por los mismos motivos.481 A ello se sumó la represión a la protesta que hicieron braceros el 26 de junio de 1930 que exigían explicaciones por el cobro del impuesto. John Royals, Nathaniel Negal, Alberto Richardson, Tom Broon, Félix Morouse, Teófilo Thadous, Valentín Martínez, Josef Stanley, Tobat Mills, Melvin Jeffers y Samuel Lorans fueron detenidos en relación con esos incidentes.482 En 1931 se impuso el pago de una estampilla de RD$3.00 a los extranjeros que presentaran solicitud de inmigración.483 Con el propósito de recaudación y blanqueamiento, la Ley núm. 279 de febrero de 1932 fijó el impuesto del permiso de entrada en RD$300.00 y el de permanencia en RD$100.00 a los de ascendencia africana y asiática,484 mientras que los no

National Archives. Foreign Office, Londres, 140/17. National Archives. Foreign Office, Londres, 140/17. 483 R. L. Trujillo. Gaceta Oficial, 8 de julio de 1931, año LVII, No. 4372. Decreto No. 169 del 30 de mayo de 1931 que autoriza la impresión de una nueva emisión de sellos aéreos y de sellos para solicitudes de inmigración. 484 Congreso Nacional. Gaceta Oficial, 3 de febrero de 1932, año LVIII, No. 4435. Ley 279 del 19 de enero de 1932 que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana. 481 482

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asiáticos y caucásicos pagarían RD$6.00 por el permiso de entrada y RD$6.00 por el de permanencia. Los infractores eran castigados con prisión de tres a seis meses, o una multa no menor de RD$100.00 ni mayor de RD$200.00, o ambas penas a la vez, y con la deportación. Quienes no pudieran pagar la multa serían enviados a trabajar en las colonias agrícolas del Estado hasta cubrir los impuestos y los gastos de deportación. En dichas colonias se fijaría el salario que ganaría el condenado por la infracción. No es difícil deducir que en ellas los rigores del trabajo eran cercanos a la esclavitud, de cuyos resultados se beneficiaba de manera directa el general Trujillo. Las autoridades podían negar el permiso al solicitante cuando entendieran que no respondía a los fines de utilidad o conveniencia. Este último concepto era repetido en casi todas las leyes; incluso. La posición de la administración trujillista provocó reacciones negativas entre los grupos de los migrantes deseados. Uno de ellos, conformado por españoles, decidió regresar a su patria.485 Otros, no tan deseados como los chinos, reaccionaron de manera similar. Deseaban irse a Venezuela o Centroamérica.486 El representante diplomático de Cuba ofrecía a sus conciudadanos residentes pagar el impuesto a quienes no pudieran hacerlo o repatriar a quienes desearan abandonar el país.487 El perjuicio que ocasionó la ley contra los súbditos británicos fue comunicado al gobernador de Trinidad y Tobago por los funcionarios que allí representaban al Reino Unido. Esa comunicación fue la que llevó a las autoridades de «41 españoles más regresan a la Madre Patria por vapor Sebastián Elcano». Listín Diario, 25 de mayo de 1932. 486 «Muchos chinos de Santiago se irán del país». Listín Diario, 25 de mayo de 1932. 487 «El Ministro de Cuba». Listín Diario, 28 de mayo de 1932. 485

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Trinidad y Tobago a suspender el envío de braceros.488 Únicamente se autorizó que los braceros salieran de la colonia inglesa con destino a la República Dominicana cuando la solicitud proviniera de los centrales azucareros.489 Regular la salida de obreros fue la reacción de las autoridades del Reino Unido a la ley. Pero también hubo normas que apuntaban en la misma dirección por parte de la administración gubernamental dominicana. El senador Teófilo Hernández hizo una alocución en la Cámara del Senado demostrando que la ley contravenía el artículo 6 de la Constitución, el cual prohibía el apremio corporal por deuda. Esto solo era posible si se cometía un fraude o infracción a las leyes penales y ese no era el caso de los braceros afirmó el senador.490 Las presiones se hicieron sentir. El presidente de la República determinó exonerar del pago de impuesto a todos los extranjeros que estuvieran residiendo en el país durante veinte años ininterrumpidos. En la propuesta, las penas fueron cambiadas, de trabajos forzados en las haciendas del Estado, al pago de reparaciones en dinero.491 El mandatario designó una comisión para que estudiara el alcance de la ley. Sus integrantes llegaron a la conclusión de que no era contraria a ningún tratado internacional firmado por el país.492 Las presiones aceleraron la gestión de los legisladores que, el 19 de abril de 1932, aprobaron un artículo National Archives. Foreign Office, Londres, 140/23 Comunicación de K. C. Hollis al Encargado de Negocios de la Legación Británica en Santo Domingo. 489 National Archives. Foreign Office, Londres, 371/20634. 490 «Exposición del Senador Dr. Teófilo Hernández al Alto Cuerpo Legislativo». Listín Diario, 23 de marzo de 1932. 491 «El Presidente pide reformas para la Ley de inmigración». La Opinión, 2 de abril de 1932. 492 «La Ley de Inmigración no colide con ningún tratado internacional del país». La Opinión, 19 de abril de 1932. 488

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único que modificaba la controvertida ley. La nueva ordenanza exoneraba del impuesto a los braceros que hubieran sido captados mediante contratos para trabajar en empresas agroindustriales.493 Esa última ordenanza descargaba del pago a los braceros contratados por los centrales, como lo había condicionado el gobernador de Trinidad y Tobago. A mediados de mayo, fue emitida otra ley que reiteraba la exoneración del pago a los extranjeros que estuvieran residiendo en el país por veinte años ininterrumpidos. La novedad fue favorecer a la mujer extranjera que estuviera casada.494 Los periódicos, que por entonces publicaban opiniones de un triunfalismo agresivo contra los extranjeros, cuando se trataba del tema de inmigración y estaba relacionado con esa Ley, asumían un tono más moderado.495 Era el resultado de las presiones que los representantes diplomáticos habían ejercido, y cuyos resultados se reflejaban en el cambio de la ley. Pero el tono menos agresivo de los medios de comunicación no se prolongó por mucho tiempo. A finales de mayo, La Opinión informaba que la Secretaría de Estado de lo Interior haría un censo de extranjeros para determinar cuáles llevaban residiendo en el país por veinte años o más.496 Pretendían identificar quiénes se ajustaban a la nueva ley con la finalidad de exonerarlos del pago de permanencia. Tenían Congreso Nacional. Gaceta Oficial, 30 de abril de 1932, año LVIII, núm. 44461. Ley 331 del 26 de abril de 1932, que agrega un párrafo al artículo 10 de la Ley núm. 247 del 29 de diciembre de 1931. 494 Congreso Nacional. Gaceta Oficial, 14 de mayo de 1932, año LVIII, No. 44465. Ley 338 del 10 de mayo de 1932, que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana. 495 «La nueva Ley de Inmigración». La Opinión, 14 de mayo de 1932. 496 «Reglamento sobre los que no pagan la inmigración». La Opinión, 27 de mayo de 1932. 493

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planes de hacer cumplir la ordenanza de manera draconiana. Los reportes en la prensa daban evidencias de ese propósito.497 Los funcionarios no tardaron en poner en práctica las órdenes del presidente sobre ese tema. En Santiago de los Caballeros, el inspector de Inmigración notificaba a los chinos de aquella ciudad que disponían de un plazo de veinticuatro horas para pagar lo estipulado en la Ley de Inmigración.498 En los siguientes días se continuó insistiendo sobre el pago que debían hacer los extranjeros con residencia temporal en el territorio nacional.499 El 2 de enero de 1933, H. E. Slaymaker, del consulado británico, informó a la Foreign Office sobre la disposición del pago de RD$5.00 por parte de los inmigrantes.500 El informe del funcionario ponía en evidencia que las erogaciones que debían hacer los braceros eran mayores al pago nominal establecido en la ley. Por esos motivos, continuaron presionando al gobierno dominicano. La administración estatal continuó cediendo a las presiones; así lo puso de manifiesto con otra modificación de la ley. En marzo de 1933, el tiempo de residencia ininterrumpida que beneficiaba al extranjero de la exoneración del impuesto de inmigración se redujo a diez años. Los más favorecidos eran los casados con dominicanas. Todo aquel que cumpliera con esos

«Tratóse en Consejo de hoy la cuestión de cumplimiento de la Ley de Inmigración». La Opinión, 10 de junio de 1932. 498 «El Inspector de Inmigración de Santiago hace uso del procedimiento Judicial contra los Extranjeros». Listín Diario, 10 de junio de 1932. 499 Se ejecutará con todo vigor la Ley de Inmigración. La Opinión, 16 de junio de 1932. 500 Congreso Nacional. Gaceta Oficial del 21 de diciembre de 1932, núm. 4532. Ley 430 ordenando que toda persona que salga del país para el extranjero deberá estar provista de un certificado de su estado de salud y de vacunación, de conformidad con las exigencias de los diferentes consulados establecidos en el país. 497

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requerimientos debía depositar un documento con un sello valorado en RD$2.00.501 En noviembre le fueron otorgados plenos poderes a la Secretaría de Estado de Interior, Policía, Guerra y Marina para expulsar del territorio nacional a quienes incurrieran en desórdenes desestabilizadores de las instituciones o a quienes se consideraran una posible carga pública.502 El 2 de enero de 1933, H. E. Slaymaker informaba a su cancillería sobre el impuesto de RD$5.00 que debían pagar los braceros. A los RD$2.00 de impuesto nominal debían sumarse RD$3.00 que debían pagar a un notario público, según explicó el vicecónsul Beer, de San Pedro de Macorís.503 Posteriormente se dispuso que para quienes desearan fijar su domicilio en el territorio nacional el monto a pagar ascendía a RD$10.00 si era persona física y RD$30.00 si era una empresa.504 Ante pagos tan elevados, era de esperarse que algunos no tuvieran el dinero con qué cubrirlos y resultaran apresados como lo contemplaba la ley. El 31 de marzo de 1933, A. H. Beer comunicaba a H. E. Slaymaker el arresto de varios ingleses por falta de pago del impuesto de migración. Los afectados aparecen en la siguiente tabla: Congreso Nacional. Gaceta Oficial, 15 de marzo de 1933, año LIX, núm. 4556. Ley 463, que modifica la Ley 426, que fija los impuestos que deberán pagar los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana. 502 Congreso Nacional. Gaceta Oficial, 4 de noviembre de 1933, año LIV, núm. 4623. Ley 585, del 1 de noviembre de 1933, que autoriza a la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía, Guerra y Marina r a cancelar el permiso concedido a cualquier individuo de nacionalidad extranjera para entrar o residir en el país, y ordenar su expulsión. 503 Comunicación del 25 de marzo de 1933. 504 Congreso Nacional. Ley 587 que fija el impuesto que deberá pagar toda persona física o moral que solicite autorización para fijar su domicilio en la República Dominicana. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 4 de noviembre de 1933, año LVI, núm. 4628. 501

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Tabla 3.1. Personas afectadas por el cobro de impuestos de inmigración en 1933 Nombre

País

Tiempo de permanencia (años)

Oficio

James Irish

Monserrat

Carretero

Thomas Pemberton

Nevis

Carretero

Charles Williams

St. Kitts

Carretero

Jeffers Robert

Antigua

Carretero

John Pemberton

Nevis

Carretero

Peter Garden

St. Kitts

Obrero

George Isaac

St. Kitts

Obrero

Joseph Jacob

St. Kitts

Obrero

James Robert

St. Kitts

Carretero

William Percival

Tortola

Obrero

William Dasent

St. Kitts

Obrero

Adolphus Gibbs

St. Kitts

Obrero

Charles Kent

St. Kitts

Obrero

James Charles

Antigua

Obrero

Robert Francis

Antigua

Obrero

William Pension

St. Kitts

Obrero

Fuente: National Archives. Foreign Office, Londres, 140/23 Correspondencia de A. H. Beer a H. E. Saymaker.

A los arrestados, que prestaban servicio en el ingenio Porvenir, se les privó de alimentos y agua desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.505 Como puede apreciarse en la tabla, todos cumplían con el requisito de residir de manera ininterrumpida en el país durante más de diez años. El cónsul que divulgó la información no especificó a los superiores en posteriores documentos si los apresados fueron deportados o no. 505

National Archives. Foreign Office, Londres, 140/23.

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Ante ese atropello, Beer procedió a realizar un levantamiento para determinar el tiempo que llevaban residiendo en el país los braceros antillanos. El tiempo de permanencia de 321 obreros se refleja en la siguiente tabla: Tabla 3.2. Tiempo de permanencia en el país de inmigrantes antillanos británicos506 Años en el país

Personas

Más de 15 años

Más de 10 años

202

Más de 6 años

Más de 5 años

más de 4 años

Fuente: National Archives. Foreign Office, Londres,140/23. Comunicación de Beer.

Al año siguiente, 1934, fue promulgada una nueva ley de inmigración. Establecía que los braceros debían pagar RD$4. 00si deseaban residir en el país permanentemente. Había una diferencia con respecto a la anterior, puesto que esta nueva ley tomó el tiempo como variable principal. Si un bracero era introducido para laborar en una zafra, el monto que debía pagar era de RD$3.00 y, de prolongarse quince días más del tiempo estipulado o decidiera permanecer en territorio dominicano, debía pagar RD$2.00 más hasta cumplir el año.507 Al mes siguiente se exigió, a la entrada, RD$500.00 al año y RD$2.00 por el impuesto de inmigración.508 National Archives. Foreign Office, Londres, 140/25. Congreso Nacional. Ley 739 del 11 de agosto de 1934 de Inmigración. Gaceta Oficial, 18 de agosto de 1934, año LV, BNPHU, núm. 4710. 508 Rafael L. Trujillo. Gaceta Oficial, 18 de septiembre de 1934, año LV, BNPHU, núm. 4716. Decreto 1052, del 5 de septiembre de 1934, sobre emisión de sellos de rentas internas para el impuesto de inmigración. 506 507

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El pago en 1937, por concepto de impuesto de inmigración y permanencia, fue fijado en RD$2.00 y RD$4.00 respectivamente.509 En diciembre fue fijado un solo monto de RD$4.00.510 Más adelante, en 1939, la administración gubernamental daba la oportunidad de que los jornaleros temporeros y sus familiares pudieran ser admitidos como inmigrantes, así como sus familiares.511 Exoneraba del pago de RD$6.00 a las mujeres que estuvieran bajo la protección del permiso de residencia; los hijos menores de 16 años también quedaban liberados del pago. Otro obstáculo que puso la administración trujillista a la entrada y permanencia de los extranjeros fue prohibirles la opción del empleo público de índole administrativa, en el Gobierno central o municipal.512 Esto se reforzó con la Ley núm. 597 del 31 de octubre de 1933, llamada de «dominicanización del trabajo».513 Dicha ley ordenaba que las empresas colocaran dominicanos en proporción no menor de 70 % con respecto al personal total de la empresa. Esta norma perjudicó a una gran cantidad de braceros, que perdieron la manera de ganar el sustento, e incrementó las necesidades en muchas

Rafael L. Trujillo. Gaceta Oficial, 27 de enero de 1937, año LVIII, BNPHU, núm. 4990. Decreto 1798 del 20 de enero de 1937 sobre emisión de sellos para inmigración. 510 Rafael L. Trujillo. Gaceta Oficial, 4 de diciembre de 1937, año LVIII, BNPHU, núm. 5100. Decreto 2047, del 13 de noviembre de 1937, de impresión de sellos de inmigración. 511 Congreso Nacional. Gaceta Oficial, 17 de abril de 1939, año LX, BNPHU, núm. 5299. Ley 95 de Inmigración del 14 de abril de 1939. 512 Congreso Nacional. Gaceta Oficial,7 de enero de 1931, año LVII, BNPHU, núm. 4318. Ley 42 que prohibía el empleo público a los extranjeros, sean administrativos o municipales. 513 Congreso Nacional. Gaceta Oficial, 2 de noviembre de 1933, año LVI, BNPHU, núm. 4623. Ley 597 del 31 de octubre de 1933 ordenando que toda persona física o moral, y toda empresa que ejerza en la República actividades comerciales, industriales o agrícolas, estará obligada a colocar dominicanos en proporción no menor de 70 % del personal que utilice. 509

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familias migrantes.514 A los gerentes de los ingenios también perjudicó esta ordenanza. El administrador del Central Romana, E. Klock, lo puso de manifiesto el 15 de noviembre de 1934. Elaboró una lista, por oficios, con el número de obreros que serían afectados conforme lo estipulaba la Ley. Estos ascendieron a 326 solo en ese central azucarero; en los demás centrales con parecida capacidad de producción instalada el número de perjudicados fue mucho mayor. Había de diversas ramas laborales, como se aprecia a continuación. Tabla 3. 3. Puestos afectados en el Central Romana, por la ley de dominicanización del trabajo en 1934 Oficios

Cantidad

Carperters

Conductors

Train brakemen

Fireman

Mechanics

Boiler maker

Locomotive engineers

Firemen

Stablemen

Steevedors and stockers

Mason

Cartmen

Butchers

Seamen

Cowboy

Cook

Unskilled laborers

Messboy

Total

326

Fuente: National Archives. Foreign Office. Londres, 140/25. Comunicación de E. Klock.

514

Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Maud Anthony en su casa de La Romana, 16 de diciembre de 2014.

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Las reacciones entre los afectados se pusieron de manifiesto en varias comunicaciones dirigidas a las autoridades inglesas, en las que notificaban las preocupaciones por los efectos de la ley, y sus consecuencias entre los inmigrantes antillanos. Un aspecto que llama la atención es que dichas comunicaciones no fueron dirigidas a las autoridades dominicanas, sino alas del Reino Unido, donde tenían más bien carácter informativo y de denuncia acerca de la situación por la que atravesaban los braceros antillanos. En el apéndice se reproducen algunas de esas comunicaciones. Las presiones que recibió la administración del general Rafael L. Trujillo hicieron que modificara la ley.515 El carácter urgente con que fue aprobada la nueva legislación, así como el decreto para su aplicación en el mismo día, hace pensar que le aplicaron al régimen fuertes presiones.516 En la nueva ley se rebajó a cinco años el tiempo de residencia ininterrumpida y quienes cumplieran con ese requerimiento serían exonerados del pago de impuestos. También concedió permisos por menos de un año a las empresas agrícolas para colocar braceros extranjeros por encima del 70 %. Con la nueva norma se reducía el desempleo entre los inmigrantes antillanos. A estas medidas, la administración agregó el uso de la cédula de identidad obligatoria con un costo de RD$1.00.517 Su implementación conllevaba al interesado hacerse fotos, lo que implicaba el pago adicional de cincuenta Congreso Nacional. Ley 837 del 12 de febrero de 1935 sobre dominicanización del trabajo. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 16 de febrero de 1935, año LVI, BNPHU, núm. 4766. 516 Rafael L. Trujillo. Decreto 1218, del 12 de febrero de 1935, sobre aplicación de la ley sobre Dominicanización del Trabajo. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 16 de febrero de 1935, año LVI, BNPHU, núm. 4766. 517 Congreso Nacional. Ley 247 del 30 de diciembre de 1931 que declara obligatorio la “Cédula Personal de Identidad”. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 30 de diciembre de 1931, año LVII, BNPHU, núm. 4424. 515

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centavos. Esto fue motivo de controversia porque no se especificaba si los braceros que entraban al país de diciembre a junio debían obtener la cédula. Desde la cancillería inglesa formularon esa pregunta. El Gobierno explicó que esto no afectaría a quienes vinieran de manera temporal. El interés de los centrales azucareros en facilitar el suficiente número de obreros en sus labores productivas hizo que se comprometieran en pagar los impuestos de los obreros contratados.518 En ocasiones el Gobierno colocaba algunas barreras adicionales a las que había levantado, como exigir que cada extranjero presentara un certificado probatorio de su registro en la embajada o consulado del país de procedencia o, en su ausencia, que presentara el permiso de inmigración.519 Esta ley implicaba más gastos de dinero por parte del inmigrante porque podía suponerle un viaje desde el interior hasta la capital. A los pocos días fue derogada.520 Otra ley que causó controversia fue la que exigía a toda persona extranjera que saliera del país portar un certificado de salud y vacunación, cuyo costo ascendía a RD$5.521 Las autoridades no tuvieron en consideración que los braceros no debían presentar certificado de salud en sus países. Se pretendió cobrarles a los que entraban al país de manera temporal, National Archives. Foreign Office, Londres, 371/15840. Congreso Nacional. Ley 1042 que adiciona al artículo 11 de la ley sobre Cédula Personal de Identidad. Ley 1050 derogación de la ley 1042 sobre expedición de cédula personal de identidad a extranjeros. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 27 de noviembre de 1935, año LVI, BNPHU, núm.4853. 520 Congreso Nacional. Derogación de la Ley Numero 1042, sobre expedición de cedula personal de identidad a extranjeros. Gaceta Oficial, año LVI, 7 de diciembre de 1935, BNPHU, núm. 4856. 521 Congreso Nacional. Ley 386 del 12 de noviembre de 1932 que exige a toda persona que salga del país para el extranjero estar provisto de un certificado de salud y vacunación. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 23 de noviembre de 1932, año LVIII, BNPHU, núm. 4522. 518 519

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pero sin éxito. Asimismo, a quienes deseaban naturalizarse, se les cobraba RD$30 por el procedimiento.522 Interesado el régimen en tener controlada a la población extranjera, implementó en 1936 el uso de placa metálica.523 Cada persona debía portarla a modo de documento de identidad. Este sistema tuvo un uso prolongado porque en 1942, cuando Sidney Allen ingresó de St. Kitts, continuaba vigente.524 En 1939 se abrió un registro donde debía anotarse el nombre de cada bracero.525 La puesta en práctica de la placa, como la apertura del registro, se implementó cuando las relaciones diplomáticas con Haití habían subido de tono, ocasión aprovechada por el régimen para intensificar el encuadramiento.526 La matanza de miles de haitianos ordenada por el tirano generó un repudio internacional, lo cual llevó a este a colocar en otro plano la política migratoria relacionada con los braceros de las posesiones caribeñas del Reino Unido. La flexibilización de su anterior política migratoria, que afectó a los súbditos ingleses, consistió en la derogación, en 1938, de la ley de dominicanización del trabajo. Con ello pretendía mostrar

Congreso Nacional. Ley 497 que exige a los extranjeros que soliciten su naturalización, enviar junto con su solicitud la suma de $30.00. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 10 de mayo de 1933, año LIX, BNPHU, núm. 4572. 523 AGN. Legajo 6-4/026398. Año 1936. 524 Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Sidney Allen en su casa de La Romana, 27 de marzo de 2014. Falleció en 2015. 525 Congreso Nacional. Ley 1342 del 10 de julio de 1937 obliga a todo extranjero a inscribirse en un registro a cargo de la Dirección General de Inmigración. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 14 de julio de 1937, año LVIII, BNPHU, núm. 5048. 526 Congreso Nacional. Ley 105 del 5 de mayo de 1939 que restablece en toda su fuerza y vigor de la Ley 1343, del 10 de julio, 1937, relativa a la inscripción de extranjeros. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 9 de mayo de 1939, año LX, BNPHU, núm. 5308. 522

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a la comunidad internacional su acercamiento a los obreros extranjeros.527 Con todas esas leyes, disminuyó, pero no cesó, el flujo de inmigrantes británicos antillanos a la República Dominicana, como lo había afirmado Patrick Bryan. El interés de los dueños de centrales azucareros y el beneficio que obtenía el Estado mediante el cobro de impuestos por derechos de permanencia o de cédula, se oponían a la decisión de cerrarles las puertas de entrada al país. De modo que continuaron llegando braceros que se sumaban a los ya residentes. La manera como se producía el arribo fue descrita por Francisco Moscoso Puello en su novela Navarijo, cuya primera edición data de 1956. Aun cuando la ficción no debe suplantar la realidad, lo que expuso el autor, por su condición de testigo de aquellos acontecimientos de finales del siglo XIX, permite una aproximación a los hechos. Describió escenas de goletas y balandros llenas de hombres, mujeres y niños en el puerto. En las cubiertas se amontonaban canastos, ropas revueltas, jaulas, cajones de varios colores, baúles y viejas maletas. Los hombres lucían ropas envejecidas, usaban sombreros de cana y algunos bombines. Muchos de ellos estaban descalzos, cargaban hamacas al hombro y las mujeres llevaban puesto tocados con pañuelos de madrás y cintas de vistosos colores.528

Origen y destino de los migrantes antillanos británicos Las consecuencias de la guerra librada por Gran Bretaña contra Napoleón Bonaparte eran debatidas por los políticos Congreso Nacional. Gaceta Oficial, 28 de diciembre de 1938, año LIX, BNPHU, No. 5258. Ley 51 del 23 de diciembre de 1938 de dominicanización del trabajo. 528 F. E. Moscoso Puello. Navarijo. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2001, pp. 364-365. 527

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en Londres, y al respecto se proponían diferentes soluciones con el fin de atenuarlas. El bloqueo impuesto por el emperador a la manufactura londinense en los puertos del continente había afectado a la industria textil. Cuando finalizó la contienda, miles de obreros, militares y marineros quedaron sin trabajo. De acuerdo con las apreciaciones de Johnston, autor del estudio referente a la política migratoria inglesa del periodo 1815-1830, el Colonial Office se había propuesto promover las emigraciones que significaran un alivio al malestar interno generado, entre otros factores, por el elevado número de personas desempleadas.529 Se estimaba que el 15 % de la población había entrado al estado de indigencia. Para entonces la idea de Malthus acerca del más rápido crecimiento poblacional en relación con el de los alimentos, había alcanzado notable influencia en las discusiones de quienes tomaban las decisiones de Estado.530 Al parecer, un número importante de políticos favorecía la emigración masiva como vía para superar las penurias. El escenario antes descrito favoreció la migración de los antillanos británicos hacia la pujante industria azucarera de la República Dominicana, surgida durante el último cuarto del siglo XIX. Los inmigrantes se asentaron en diversas ciudades del país en las que había oferta laboral de considerable magnitud y elevadas inversiones de capitales. Eran los casos de San Pedro de Macorís y La Romana. En San Pedro de Macorís funcionaban los centrales azucareros Angelina, Cristóbal Colón, Consuelo, Las Pajas, Porvenir, Quisqueya y Santa Fe, que necesitaban obreros para las labores agrícolas e industriales. Al mismo tiempo, la existencia de esas 529 530

H. J. M. Johnston. Ob. cit., p. 10. T. R. Malthus. Primer ensayo sobre la población. Alianza Editorial, Madrid, 1966, p. 33.

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El Central Romana con uno de los procesos industriales modernos empleó cocolos. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

unidades agroindustriales había dado impulso a la formación de una población con oferta y demanda de muchos otros servicios. A los pocos años de haber sido fundados los centrales azucareros en San Pedro de Macorís, en La Romana la South Porto Rico Sugar Company, instaló el Central Romana, uno de los mayores de la República Dominicana, que atrajo una gran cantidad de obreros. Otros lugares donde hubo oferta laboral por la inversión de capitales fueron: − Puerto Plata, ciudad habitada por la población más cosmopolita de la costa norte del país; por su puerto salía al mercado mundial la mayor proporción de la producción del valle del Cibao en el siglo XIX. − Santo Domingo, capital del país, en cuyas inmediaciones funcionaban los ingenios azucareros San Luis y Boca Chica.

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− Samaná, donde se establecieron los ingenios Gumersinda y El Progreso, cercano al poblado de Sánchez, puerto importante desde donde partía uno de los dos ferrocarriles que tenía el Cibao y por el que circulaban personas y mercancías a las poblaciones de Moca y La Vega. − En Barahona, ciudad porteña de la región sur, funcionaba el ingenio Barahona. Otro lugar donde emplearon británicos afrodescendientes en otro momento y actividad distintas a las enumeradas fue en Monte Cristi, pueblo ubicado en la costa norte fronteriza con Haití, donde se encontraba desplegada la United Fruit Company, con una extensión de 25.000 acres sembrados de bananos y que en 1945 empleaba 8,000 personas. Antes de 1920 no se había censado de manera general a la población dominicana lo cual hacía difícil establecer el número de inmigrantes ingleses residentes en la República Dominicana. En 1887 se reguló que los ayuntamientos abrieran registros para inscribir a los extranjeros. La ordenanza fue un fracaso porque se descontinuó en la práctica. De los libros que se hicieron muy pocos de ellos sobrevivieron al paso del tiempo. A partir de 1920 se revirtió el desconocimiento con respecto al número de extranjeros residentes en el país, gracias a la realización del primer censo nacional de población.531 El resultado muestra que los británicos antillanos ascendieron a 5,763. A continuación, pueden verse las ciudades con mayor presencia de estos inmigrantes:

531

República Dominicana. Primer censo nacional de la República Dominicana, 1920. Santo Domingo, 2da. edición, Editora de la UASD, 1975.

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Tabla 3.4. Lugares donde radicaban los inmigrantes antillanos británicos en 1920 Ciudad San Pedro de Macorís

Personas 3.615

El Seibo

884

Puerto Plata

442

Santo Domingo (Capital)

265

Samaná

214

Barahona

113

Monte Cristi Total

105 5.638

Fuente: República Dominicana. Primer censo nacional de la República Dominicana, 1920. Santo Domingo, 2da. edición, Editora de la UASD, 1975.

Los 884 antillanos británicos registrados en la provincia El Seibo corresponden a La Romana, donde se concentraba la actividad laboral. Al momento de hacer el censo, El Seibo era la ciudad cabecera y también el nombre de la provincia a la que pertenecían La Romana y La Altagracia (Higüey). Dado que la inversión de mayor cuantía que hasta ese momento se había realizado en La Romana erala del central azucarero, empleaba la mayor cantidad de trabajadores extranjeros que residían habitaban en la ciudad. Por su dependencia en el registro aparece como El Seibo. Con respecto a Samaná, muchas personas confunden a los inmigrantes de esa provincia con británicos insulares caribeños. Sin embargo, hay, al menos, dos orígenes diferentes. Un primer grupo de inmigrantes afrodescendientes llegó a Samaná procedente de los Estados Unidos de Norteamérica; esto ocurrió entre 1824 y 1826, por iniciativa del presidente haitiano Jean Pierre Boyer, cuando este unificó la isla bajo su administración. La llegada de los inmigrantes

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antillanos, en un segundo grupo, se produjo desde posesiones insulares inglesas del Caribe. El flujo se debió al empuje de la industria azucarera en la República Dominicana desde la segunda mitad del siglo XIX.532 Se asentaron en las ciudades que aparecen en la tabla 3.4. Los sectores donde se ubicaron en la zona urbana de San Pedro de Macorís fueron Jacob-Town (Yocotón), Sufrimiento, Villa Bergara, General Cabral y Miramar.533 En La Romana habitaron en los sectores de Tocones, Brooklyn, Santa Fe y Chicago.

San Pedro de Macorís A mediados del siglo XIX, San Pedro de Macorís, denominada Mosquitisol, tenía aspecto de aldea; era habitada por pescadores y agricultores asentados en los litorales del río Higuamo. Treinta años después, a partir de la década del 80 del siglo XIX, el lugar había transformado la condición que le daba aspecto de paraje aislado. El número de viviendas en la zona urbana y en las secciones rurales aumentó de modo significativo. En 1881, tenía 201 casas en la parte urbana y, en la rural, era más o menos similar la cantidad. La sección Boca del Soco disponía de 77 casas; Las Lagunas, 49; Punta de Garza, 41; Ceibita, 27, y Agua-Dulce, 19. Sumaban un total de 414 viviendas, una cifra considerada como impresionante por Eliseo Grullón.534 Debido a que la mayor parte de las personas realizaba actividades económicas, sus Rafael Jarvis Luis. «Los cocolos y Samaná». En C. Albert Batista. Presencia de África en el Caribe, las Antillas y Estados Unidos de América. FUNGLODE, Santo Domingo, 2012, pp. 125-132. 533 T. Martínez-Vergne. Nación y ciudadano en la República Dominicana, 18801916. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 2010, p. 151. 534 Eliseo Grullón. «Junta de Agricultura de la Común de Santa Cruz del Seybo». Santo Domingo, Gaceta Oficial, año VIII, 10 de diciembre de 1881, BNPHU, núm. 391. 532

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habitantes solicitaron la condición de distrito; las autoridades gubernamentales accedieron a la petición el 17 de junio de 1882.535 La designación implicó el nombramiento de funcionarios en el puerto, en el correo y un administrador de rentas unidas.536 La condición de los caminos que comunicaban a San Pedro de Macorís con los demás conglomerados de la región era deficiente; por esa razón acudieron a otra alternativa que solucionara el problema de la comunicación. En 1880, el Congreso Nacional habilitó el puerto local para la navegación de cabotaje y comercial. Esta decisión favoreció a la industria azucarera naciente, así como a pequeños y medianos comerciantes, también al conjunto de la población.537 Surgieron iniciativas que fortalecieron el interés de comunicar a la ciudad con otros lugares. En 1884 el Estado le concedió a Bartolomé Ferreira la autorización para realizar varias obras en las inmediaciones del puerto, que incluían la construcción de un muelle, un tinglado y el edificio de la aduana. El muelle debía tener una extensión de 370 pies ingleses de longitud con 20 de ancho, estaría surcado con rieles que lo comunicaría con la aduana. El edificio de la aduana debía tener 60 pies ingleses de largo con 36 de ancho. El inversionista obtendría el 1 % de los ingresos generados por los derechos de muelle y de planchado que

Juan Garrido (et al.). «Poder Legislativo». Santo Domingo. Gaceta Oficial, 20 de mayo de 1882, BNPHU, año XI, núm. 414. 536 Gobierno Dominicano. «El Distrito Marítimo de San Pedro de Macorís». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 23 de septiembre de 1882, BNPHU, año IX, núm. 432. 537 «Congreso Nacional. Decreto 1898 del Congreso Nacional que, habilitando el puerto de San Pedro de Macorís, al comercio exterior». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la República Dominicana, tomo 7.o. Imprenta Listín Diario, 1929, 703-704. 535

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Sección del muelle en San Pedro de Macorís usada por los ingenios. Note las vías férreas. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Alejandro Paulino.

se cobraría en el puerto.538 Esos beneficios los obtendría por veinte años. El momento para comenzar a computar sería el inicio de la construcción. El mayor flujo de personas y mercancías a través del puerto, sumado a la influencia de los centrales azucareros, impulsó el arribo de más personas. El gobernador informaba que se habían establecido numerosos extranjeros que se dedicaban a la agricultura, al comercio y a diversos oficios. En su informe se refería a la existencia de muchos comercios, cuya permanencia era posible gracias a los salarios pagados por los dueños de fundos agrícolas.539 Debido a

Francisco Gregorio Billini. «El Congreso Nacional». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 25 de octubre de 1884, BNPHU, año VIII, núm. 534. 539 Gobierno Dominicano. Gaceta Oficial, 24 de marzo de 1891, BNPHU, año IX, núm. 437. 538

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la necesidad de ampliar el espacio urbano donde alojar a las personas, el 2 de mayo de 1884 el Congreso Nacional facultó a las autoridades edilicias a la venta de cincuenta solares.540 En 1891, reiteraba el gobernador de entonces que aumentaba la población;541 en un documento de 1895, otro funcionario afirmaba que el número de habitantes se aproximaba a las 14,000.542

Puerto de San Pedro de Macorís, lugar por donde exportaban lo producido en los ingenios y retornaron a sus países los cocolos. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Juan Mateo.

Congreso Nacional. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tomo 9.o. Santo Domingo, Imprenta de García Hermano, 1885, pp. 168-171. 541 Ramón Castillo. «Memoria que dirige el Gobernador del Distrito de San Pedro de Macorís al ciudadano ministro de lo Interior y Policía, Macorís, enero 13 de 1891». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 31 de octubre de 1891, BNPHU, año XVIII, núm. 897. 542 Miguel Febles. «Memoria que al Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador de San Pedro de Macorís». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 31 de marzo de 1900, BNPHU, año XXVII, núm. 1336. 540

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Muelle de San Pedro de Macorís donde se observan vías férreas. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Juan Mateo.

Los libros de actas de nacimientos, matrimonios y defunciones dan una idea del comportamiento demográfico de esos años. En 1883, fueron registrados 154 nacimientos, 10 matrimonios y 64 defunciones.543 Transcurridos unos años estos valores aumentaron de modo significativo. En 1900, los nacimientos aumentaron a 311 y las defunciones fueron 221, cifras válidas para la parte urbana y la rural.544 Ese auge poblacional, incrementado por nacionales y extranjeros, influyó en el crecimiento de la construcción, el comercio y la educación, entre otros sectores de la vida social. En 1884 había dos edificios públicos. En uno funcionaba la casa de la comandancia de armas y en el otro un cuartel Gobierno Dominicano. «Ministerio de Justicia». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 3 de mayo de 1884, BNPHU, año XI, núm. 509. 544 Gobierno Dominicano. «Documento anexo a la Memoria de Justicia publicada en el número 1334 de la Gaceta». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 14 de julio de 1900, BNPHU, año XXVII, No. 1352. 543

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de la fuerza pública, que era usado como cárcel.545 La fuerza militar destacada en el casco urbano ascendía a 221 personas sin contar la reserva.546 Por la importancia económica del lugar, en 1894 el número de militares designados a San Pedro de Macorís y su municipio, San José de Los Llanos, había aumentado a 817 soldados y 67 oficiales.547

Obreros reparando uno de los engranajes mecánico. Similares tareas realizaban los cocolos. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

Gobierno Dominicano. «Provincia de Santo Domingo». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 14 de junio de 1884, BNPHU, año XI, No. 515. 546 Gobierno Dominicano. «Memoria que al Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los Despachos de Guerra y Marina». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 7 de junio de 1884, BNPHU, año XI, No. 514. 547 Dionisio García. «Gobernación Civil y Militar del Distrito de San Pedro de Macorís». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 19 de mayo de 1894, BNPHU, año XXI, No. 1030. 545

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En lo comercial se ejercían las más diversas actividades. Desde los servicios ofrecidos por personas individuales, hasta los que realizaba el personal de los centrales azucareros. En 1883 la alcaldía, durante los meses de agosto y septiembre, expidió patentes a personas que desempeñaban oficios como panadero, comerciante al detalle, buhonero en tránsito, mercader, especulador, corredor de madera, pulpero y detallista, entre otros.548 También hubo repercusión en las importaciones y exportaciones con volúmenes más elevados. Tabla 3.5. Exportaciones e importaciones de productos y sus valores RD$ Año

Valor de exportación

1881

41,065.09

1882

126,691.61

1893

112,443.23

1894

227,716.91

137,336.62

1895

112,601.28

102,347.50

1896 Total

Valor de importación

280,002.97

110,878.63 630,565.72

620,518.12

Fuentes: B. Berroa y Bonifacio Read. «Alcaldía constitucional de San Pedro de Macorís, anexo memoria Hacienda». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 15 de noviembre de 1883, BNPHU, año X, núm. 488 y P. A. Pérez. «Memoria que al Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador Civil y Militar de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial, Santo Domingo, año XXIV, 6 de noviembre de 1897, BNPHU, núm. 1211.

La cantidad de colonos en los cuatro de los ingenios que funcionaban en 1884 ascendía a 25.549 El padre Meriño Gobierno Dominicano. «Memoria que al Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Comercio». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 18 de abril de 1885, BNPHU, año XII, No. 559. 549 R. Castillo. «Gobernación Civil y Militar del Distrito San Pedro de Macorís». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 25 de febrero de 1884, BNPHU, año XI, núm. 500. 548

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Casas de madera y concreto en una de las calles de San Pedro de Macorís. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Juan Mateo.

informaba, en 1898, que en la ciudad había teatros, imprenta, parque de recreo, muelles y escuelas primarias a las que asistían varones y hembras.550 Funcionaban instituciones de servicio como farmacias, cuatro de las cuales estaban en la zona urbana.551 Fue fundada la una fábrica de refrescos autorizada a introducir esencias, almendras, botellas, corchas y etiquetas, ingredientes usados para elaborar la producción.552 La actividad agrícola abarcaba productos como el café, cacao y frutos menores, con 10,208 hectáreas sembradas.553 La importancia económica de San Pedro de Macorís creció de tal forma que en 1911 situó a su aduana en el tercer F. A. Meriño. Elementos de geografía física, política e histórica de la República Dominicana, 4.a Ed. Santo Domingo, Editora Taller, 1984, p. 148. 551 José Maldonado (et al.). «Informe del ciudadano delegado del Distrito de San Pedro de Macorís al honorable Huro Medico». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 1 de febrero de 1902, BNPHU, año XXIX, núm. 1433. Las farmacias eran Dos Hermanas, La Macorisana, Altagracia y Las Mercedes. 552 M.M. Gautier. Gaceta Oficial, 6 de junio de 1891, BNPHU, año XVIII, núm. 876. 553 Estadísticas. El Cable, 4 de febrero de 1893, 2. 550

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puesto de las recaudaciones nacionales, solo superada por las de Santo Domingo y Puerto Plata.554 Acorde con la idea de progreso de la época, en 1904 el ayuntamiento otorgó concesión por espacio de veinticinco años a Manuel de J. Troncoso T. y a Eduardo Winter para que establecieran una empresa de telefonía urbana.555 Al siguiente año se informaba que el tendido telefónico en la ciudad se había instalado.556 En 1912, el ayuntamiento formalizó el contrato, firmado el 6 de diciembre del año anterior, con Herbert B. Rust, interesado en emplazar una máquina que generara electricidad para la población. El contratista se comprometía a colocar 150 lámparas para el alumbrado público.557 También se contrató con el empresario Francisco D. Castro el establecimiento de un acueducto que diera servicio a las viviendas particulares, ofreciera llaves públicas a los sectores populares donde no llegaran las tuberías y dispusiera de acometidas que pudieran ser usadas tanto por las autoridades del cuerpo de bomberos para extinguir incendios como por los trabajadores del ayuntamiento encargados de higienizar las calles.558 Las actividades comerciales habían tenido un amplio desarrollo en la ciudad. Entidades bancarias del extranjero instalaron sucursales Ese año la de Puerto Plata, 756,501.01; Santo Domingo, 572,214.96, y San Pedro de Macorís registró 476,588.71. Gaceta Oficial, 18 de mayo de 1901, año XXVII, núm. 1396. 555 Carlos Morales Languasco. «Poder Legislativo». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 1 de octubre de 1904, BNPHU, año XXI, núm. 1561. 556 V. Pichardo. «Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los Despachos de Correos y Telégrafos». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 29 de abril de 1905, BNPHU, año XXII, núm. 1591. 557 Congreso Nacional. «La Cámara de Diputados». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 1 de junio de 1912, BNPHU, año XXIX, núm. 2301. 558 Gobierno Dominicano. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 22 de junio de 1916, BNPHU, año LV, núm. 4107. 554

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Calle Colón en San Pedro de Macorís con viviendas de madera. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Juan Mateo.

para realizar transacciones económicas de diversos tipos. En 1917, una sucursal de la International Bank Corporation, de Nueva York, brindaba servicios a la población.559 La educación pública tuvo notable atención. En 1883 se disponía de seis escuelas, tres de varones con 116 alumnos y tres de hembras con 52 alumnas; cuatro profesores y tres profesoras atendían los requerimientos de la enseñanza.560 En julio de 1887, la Junta Superior de Estudios informó que funcionaban cuatro planteles de enseñanza, dos de varones y dos de hembras.561 El número de escuelas se había elevado S. Guy Inman. «A través de Santo Domingo y Haití». En B. Vega, Los primeros turistas en Santo Domingo. Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo, 1991, pp. 153-184 (169). 560 H. Billini. Escritos 2. Ensayos. Archivo General de la Nación, Santo Domingo, 2008, p. 64. 561 Gobierno Dominicano. «Informe que presenta a la Junta Superior Directiva de estudios su comisionado especial para inspeccionar los principales establecimientos de enseñanza pública en San Pedro de Macorís, Samaná y varios puntos del Cibao». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 24 de septiembre de 1887, BNPHU, año XIV, núm. 683. 559

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Calle Duarte concurrida en San Pedro de Macorís entre 1930 y 1935. Fuente: Archivo General de la Nación. Colección Luis Mañón.

a doce en 1893. Siete dependían del ayuntamiento y cinco ofrecían docencia de manera particular. La cantidad de alumnos que dependían del subsidio oficial ascendía a 377 de los dos géneros.562 Transcurridos cinco años, en 1898, la educación reportó un avance cualitativo importante. Ese año se informó que funcionaban dos escuelas donde los estudiantes podían finalizar sus estudios de bachillerato. También daban servicio cuatro escuelas primarias, de las cuales dos eran de varones y dos de hembras. Otro plantel de varones funcionaba en la sección de La Punta.563 En 1900 Ramón Castillo. «Memoria que al Ciudadano Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador Civil y Militar del Distrito de San Pedro de Macorís. 1893». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 26 de agosto de 1893, BNPHU, año XX, núm. 992. 563 Gobierno Dominicano. «Memoria que al Ciudadano Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador del Distrito de San Pedro 562

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Calle independencia en San Pedro de Macorís. Fuente: Archivo General de la Nación. Colección Juan Mateo.

existían nueve escuelas, entre municipales y particulares, atendidas por veinte profesores y ayudantes, con 329 alumnos varones y hembras.564 Estas manifestaciones de desarrollo evidencian importantes avances que se realizaban. Abad informaba en 1888 que San Pedro de Macorís producía cuantiosos productos, lo que generaba un intenso movimiento comercial; pero aconsejaba construir una carretera que uniera la ciudad a la capital y tender una línea telegráfica.565 En años posteriores, otro testigo testimoniaba una situación que afectaba a la de Macorís, 1897». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 16 de julio de 1898, BNPHU, año XXV, núm. 1265. 564 Álvaro Logroño. «Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el Ministro de Justicia e Instrucción Pública». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 17 de marzo de 1900, BNPHU, año XXVII, núm. 1334. 565 J. R. Abad. La República Dominicana. Reseña general geográfico-estadística, 3.a Ed. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 1993, p. 181.

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Ciudad de San Pedro de Macorís donde puede verse las chimeneas de los ingenios cercanos. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Alejandro Paulino.

población: la sanidad pública. Afirmó que el paludismo era uno de los mayores males que azotaban a la población. Quizás el más grave, aseguraba. Opinaba que mientras existiera dicho mal, los únicos inmigrantes que llegarían a San Pedro de Macorís serían los ingleses de las Antillas menores.566 Los habitantes de San Pedro de Macorís, en 1923, ascendían a 7,500 personas en la zona urbana y 12,680 en la zona rural. Los dominicanos eran 9,559 y los extranjeros 9,111. La población económicamente activa la componían 6,851 personas. Era una población que presentaba la apariencia de una sociedad moderna. Tenía 1,265 casas de madera en la zona urbana y 1,889 en la zona rural. En la zona urbana, 655 estaban techadas de zinc, 279 lo tenían de yagua, 65 eran

566

J. R. López. Escritos dispersos (Tomo III: 1917-1922). Archivo General de la Nación, Santo Domingo, 2005, p. 38.

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de mampostería y 32 tenían más de dos pisos.567 Por igual, alrededor de los centrales azucareros surgió una red de establecimientos comerciales. En Consuelo llegaban a 10, en Angelina 7, en Santa Fe a 6, en Puerto Rico 1, en Porvenir a 4, en Cristóbal Colón 6 y en Quisqueya 8.568 Diversas instituciones religiosas y sociales llevaron su representación a San Pedro de Macorís. En 1892 fue fundada la Logia Industria y en 1908 la Logia Experiencia y la Sociedad de Mutuo Socorro. Varios concilios establecieron filiales religiosas. Los moravos erigieron un templo cuyos miembros eran aproximadamente 300 personas; también una escuela que tenía una membrecía de 50 alumnos. El trabajo social lo desplegaban entre los empleados de varios centrales azucareros.569 Hacia 1929 se habían creado el Centro Recreativo Español, presidido por José Armenteros,570 y la Liga Femenina Protectora de la Infancia, de carácter benéfico, presidida por Laura H. viuda Geraldino.571 El viajero Manuel Fernández y González, en 1916, en su incursión por la región oriental, afirmaba que surcaban locomotoras, vaporcitos de gasolina navegaban el Higuamo, cerca del muelle había casas de dos y tres pisos, calles amplias bien cuidadas e higienizadas.572 Desde los primeros años diversos comercios e industrias ofertaban bienes, así

«Lo de Mosquitisol». Listín Diario, 4 de junio de 1923, 3. J. R. López. «La industria azucarera». Listín Diario, 11 de marzo de 1915, año XXVI, núm. 7734, 3. 569 S. Guy Inman. Ob. cit., 180. 570 Horacio Vásquez. «Decreto 1163 que concede la incorporación al Centro Recreativo Español, de la ciudad de S. P. Macorís». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 22 de junio de 1929, BNPHU, año LV, núm. 4107. 571 Ídem. 572 M. Fernández y González. «Viajes por la República. Macorís-La Romana-Seybo-Higüey (A vista de pájaro)». Renacimiento. Año II, mes X, Santo Domingo, 28 de octubre de 1916, núm. 46, 735. 567 568

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Área metropolitana de San Pedro de Macorís desde un aeroplano a 2000 pies de altura. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Juan Mateo.

como numerosos oficios satisfacían los requerimientos de una población que no paraba de crecer.573 Durante la década de 1920 San Pedro de Macorís había alcanzado las ansiadas metas de desarrollo pregonadas por algunas personas.

La Romana La primera información de población asentada en La Romana se remonta a 1808 cuando los franceses explotaban la riqueza boscosa de la zona.574 A mediados de esa centuria, por las actividades agrícolas de la zona, existía en el puerto de La Romana un intenso comercio. Debido a ello, en 1849, a cinco años del nacimiento del Estado dominicano, las E. Deschamps. La República Dominicana: directorio y guía general. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo, 2003, pp. 72-183. 574 J. Sánchez Ramírez. Diario de la Reconquista (proemio y notas de fray C. de Utrera). Editora Montalvo, 1957, pp. 34-35, nota 26. 573

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autoridades gubernamentales nombraron a un funcionario para controlar los flujos de personas que por ahí pasaban.575 Al siguiente año, en 1850, la aglomeración de casas tenía el aspecto de una pequeña población, como lo afirmó el cónsul de Inglaterra.576 En 1875, el desarrollo alcanzado por La Romana fue tal que despertó el interés de conectarla con la cabecera de provincia, El Seibo, mediante una carretera. El proyecto no llegó a ejecutarse en ese momento.577 Al parecer, ese obstáculo retrasó el auge que iba alcanzando el poblado, y más bien generó una salida de pobladores y una situación de abandono; llegó a dar la sensación de un lugar deshabitado. Algunos afirmaron que el puertorriqueño Teófilo Ferry había sido el fundador de la ciudad por la repercusión que tuvo la inversión agrícola que realizó.578 Pero como se ha visto, años antes de la presencia de Ferry hubo personas en el lugar; e, incluso, las autoridades gubernamentales habían emitido normativas con respecto al poblado, como la apertura del puerto al comercio exterior. En la segunda mitad de esa centuria los habitantes del lugar fluctuaban en número a causa de determinados acontecimientos, como la fundación de los centrales azucareros en San Pedro de Macorís. A consecuencia de ello se produjo

E. Rodríguez Demorizi. La Marina de Guerra Dominicana 1844-1861. Editora Montalvo, 1958, p. 107. 576 R. H. Schomburgh. «Reseña de los Principales Puertos de Anclaje de las Costas de la República Dominicana». En E. Rodríguez Demorizi, La Marina de Guerra Dominicana 1844-1861, ed. cit., pp. 279-330. 577 Gobierno Dominicano. Colección de Leyes, Decretos y Resolución 3696 de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la República Dominicana, Resolución núm. 1389, 362-363. El proyecto lo propusieron los seibanos Rafael Santana y Juan Bautista Morel. 578 A. García Lluberes. «La Fundación de La Romana». Listín Diario, 29 de agosto de 1936, 9. 575

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una masiva emigración hacia Macorís en busca de trabajo. Para atraer personas que se radicaran en La Romana y así recuperar su antiguo dinamismo, el 6 de julio de 1882 el presidente Fernando Arturo de Meriño promulgó la Resolución núm. 2030 del Congreso Nacional que otorgaba tierra o solar a quienes construyeran una casa de mampostería o de madera techada de zinc, tejas o ladrillos.579 Un año después de ser promulgada la resolución, en 1883, residían 343 personas, de las cuales 9 eran extranjeros.580 Parece que el incentivo de los solares no surtió el efecto esperado. El censo del Comisario Especial de la administración gubernamental de Ulises Heureaux, realizado en 1897, solo fueron registradas 127 personas, una notable reducción con respecto a 1883. A partir de 1890, de nuevo, se activaron los proyectos industriales sin notables éxitos. En abril de ese año el súbdito inglés, Edward Wolf Abrams, intentó unir el puerto de La Romana con la ciudad cabecera de la provincia por medio de una línea férrea en sustitución del camino que intentaron construir en 1875 los seibanos Rafael Santana y Juan Bautista Morel. El beneficiario se proponía levantaren la rivera de la ría Romana hoteles y casas de recreo, también esperaba sembrar árboles frutales y promover el hospedaje de personas residentes en Europa que desearan alojarse en la cercanía de la ría durante los meses de invierno. Aspiraba a extender su proyecto a Cumayasa y Chavón, lugares cercanos donde funcionaría su inversión inicial.

F. A. Meriño. “Resolución Núm. 2032 del C. N. protegiendo la construcción de casas en La Romana”. Colección de Leyes, Decretos y Resolución 3696 de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la República Dominicana, T. VIII. Años 1881-1883. Santo Domingo, Imprenta Listín Diario, 1929, 262-264. 580 Gobierno Dominicano. Santo Domingo, Gaceta Oficial, 22 de septiembre de 1883, BNPHU, núm. X, año 482. 579

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Locomotora del Central Romana en la que laboraban cocolos. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

El Poder Ejecutivo otorgó una concesión al Ayuntamiento de El Seibo para establecer un ferrocarril que uniera la cabecera de la provincia con el puerto de La Romana. Esta pasó de mano en mano sin que fuera construida la obra. Le fue otorgada la concesión a un estadounidense interesado en construir la vía férrea. Como en el caso anterior, el proyecto tampoco se materializó. La misma licencia le fue concedida al empresario dominicano Manuel de Jesús Lluberes, quien el 24 de julio de 1899 inició los trabajos de excavación, pero de manera repentina fueron paralizados. Ante ese fracaso, el nuevo beneficiario que buscaba construir la ansiada vía fue el Ayuntamiento de El Seibo, al que le fijaron un plazo de dieciocho meses para realizar la obra. Los hechos atestiguan que las autoridades del cabildo no cumplieron los plazos exigidos para hacer la construcción, ya que en 1901 se traspasó a Oloff Zetterlaund. En enero de 1902 iniciaron los

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

253

trabajos. Zetterlaund contrató al ingeniero Thomas Show, quien arribó en marzo procedente de los Estados Unidos de Norteamérica.581 Como las anteriores ocasiones, después de iniciados, los trabajos fueron paralizados. El último intento por desarrollar el proyecto fue en 1906, y estuvo a cargo de Pedro Marín. Este se propuso un objetivo más amplio que los anteriores, porque pretendía unir las poblaciones de San Pedro de Macorís-La Romana-El Seibo. En 1907 se asoció con el empresario y político Pedro A. Lluberes. Bajo la responsabilidad de ambos emprendieron los trabajos, que se prolongaron hasta diciembre, cuando fueron paralizados de manera definitiva. Otro proyecto que iniciaron los inversionistas en La Romana fue la refinería de petróleo a finales de 1896.582 El cubano Enrique Dumois, con autorización de la administración gubernamental, estableció la empresa procesadora de crudo y plantó guineos, piña, café y cacao. Ese proyecto agrícola e industrial sí fue realizado. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de él. En mayo de 1897, el Listín Diario, afirmaba que a finales de ese mes estaría instalada la refinería.583 En agosto de ese mismo año informaba que en enero de 1898 se llevaría a cabo el desmonte de los bosques para hacer la siembra de los árboles frutales a gran escala.584 Este proyecto se situaba en el marco propuesto por la administración de Heureaux, que pretendía crear espacios donde se desarrollara la inversión privada. Con esta meta en la Heriberto Payán Núñez. «Apuntes adquiridos por Don Heriberto Payan Núñez en su afán de conocer la Historia de la fundación de La Romana, recopilado por Arturo E. Pion Valleverdu (Samuel)». Inédito, 1975. 582 Ulises Heureaux. Colección de Leyes, Decretos y Resolución 3696 de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la República Dominicana, tomo XIV. Imprenta El Liberal, 302-304. 583 F. Richiez Ducoudray. «La Romana». Listín Diario, 7 de mayo de 1897. 584 «La Romana». Listín Diario, 25 de agosto de 1897, 2. 581

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mira, elevó las inmediaciones de La Romana a la categoría de zona agrícola.585 Esta ordenanza trajo consecuencias negativas a los pequeños productores de la zona al no poder vender directamente en el mercado sus productos. El auge económico de La Romana determinó que los congresistas respondieran de modo positivo a un grupo de personas que solicitaron su elevación a la condición de cantón.586 Esto se produjo en 1900. Transcurridos siete años, el aspecto del poblado era bastante dinámico. Tenía 100 casas de madera techadas de zinc, en las que residían aproximadamente 800 personas, y se apreciaba una importante producción agrícola. El gobernador provincial informaba, en 1905, que había 5,000 matas de cacao en fase de producción.587 Cada vez más personas fijaban domicilio en el lugar. Se asentaron comerciantes alemanes, españoles y dominicanos.588 Disponía de ayuntamiento, oficina de correo y escuelas primarias mixtas. Se producía un intenso comercio agrícola; en época de cosecha, cada día entraban a la población más de cincuenta recuas de bestias cargadas de cacao.589 La Romana tenía, en los primeros años del siglo XX, veintiocho comercios, una baulería, dos carpinteros, un herrero, cinco tabaqueros, dos panaderos, un platero, dos ganaderos, entre otros servicios que hacían llevadera la vida de la población.590

Gobierno Dominicano. Gaceta Oficial, 19 de noviembre de 1898, BNPHU, año XXV, núm. 1265. 586 Gobierno Dominicano. Colección de Leyes, Decretos y Resolución 3696 de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la República Dominicana, 4029, pp. 172-173. 587 Gobierno Dominicano. «Gobernación de la Provincia del Seybo». Gaceta Oficial, 20 de mayo de 1905, BNPHU, año XXII, núm. 1594. 588 Los que tenían establecimientos comerciales eran H. Van Kamper, Luis J. Ricart, Federico Burgos y Francisco Richiez Docoudray, entre otros. 589 L. Cohen. «De La Romana». Listín Diario, 28 de octubre de 1907, 5. 590 E. Deschamps. La República Dominicana: directorio y guía general..., pp. 195-197. 585

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

255

Central Romana, fundado en 1911, contrató cocolos para su actividad industrial. Fuente: Archivo General de la Nación: Área de fotografíasMateriales especiales.

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Ingenio Central Romana poco después de su construcción. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

En enero de 1909 fue realizado otro empadronamiento, cuyo resultado arrojó 2,316 habitantes. Abarcaba las secciones rurales de Cayacoa, Chavón Abajo y Cumayasa. De ese total de personas, 81 eran extranjeros, de los que 48 eran hombres y 33 mujeres. Había 92 viviendas, tres escuelas y más de veinte establecimientos comerciales.591 Un par de años más tarde se produjo la fundación del Central Romana. El establecimiento de la empresa azucarera, por el monto de capitales invertidos, repercutió más que todas las actividades económicas hasta entonces existentes en La Romana. Este proyecto aumentó el empleo de obreros nacionales y extranjeros. La instalación del Central Romana en 1911, con un capital de RD$450,000.00 dedicó sus primeras actividades a la siembra de caña y para ello adquirió una gran cantidad de tierra. En enero de ese año estaba en proceso de negociar

591

V. Alfau Durán. La Romana: Evaluación histórica. INTESA, s/e y s/f, 22-23.

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

257

una extensión superior a las 400,000 tareas592 en Chavón Abajo.593 Al iniciar la siembra de caña, estas tierras fueron puestas en producción, tal y como lo confirmó el corresponsal del Listín Diario. La misma fuente decía que más o menos 200 personas trabajaban en las labores agrícolas, y que se le daría empleo a todo solicitante.594 La empresa de Dumois empleaba 80 personas, pero el Central Romana, en la fase inicial del desarrollo de sus actividades, duplicó el número de obreros empleados por Dumois. En 1912 era propietaria la empresa azucarera de 4,000 cabezas de ganado vacuno;595 En 1913 tenía una inversión ascendente a un millón de dólares. En su inventario había tres locomotoras, dieciséis kilómetros de vía férrea, 12,000 tareas sembradas de caña, preparaba otras 6,000 tareas y 4,000 sembradas de pastos para el ganado. En 1918 comenzó a moler y producir azúcar. Dos años después, en 1920 había aumentado a 18,000 cabezas el ganado vacuno.596 Unos mil hombres laboraban todos los días y la nómina salarial ascendía a RD$8,000 a la semana. Poseía un muelle privado, por donde embarcaba a Puerto Rico la caña cosechada, allí se molía el excedente que no se procesaba en La Romana.597 Un elevado número de personas acudió a la oferta laboral de la empresa. De ellos, una cantidad significativa eran

Una tarea de tierra dominicana equivale a 628,863452 metros cuadrados. «La tierra se va». Listín Diario, 25 de enero de 1911, p. 2. 594 «Central Azucarero». Listín Diario, 31 de mayo de 1911, p. 2. 595 Libro Azul. Editora de la UASD, 1976, p. 114. 596 Summary of Comerce Dominican Republic for 1913. Impreso por Gibson Brohers. Washington, 1913, p. 5. Citado en J. Boin y J. Serulle Ramia, El proceso de desarrollo del capitalismo en la República Dominicana (1844-1930). Gramil, 1981, p. 55. 597 «Congreso Nacional. Resolución del Congreso Nacional: autorizando al P. E. a vender terrenos al Sr. Van Allen Harris». Gaceta Oficial, 9 de agosto de 1913, BNPHU, año XXX, núm. 2424. 592 593

258

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Estibadores en el muelle del Central Romana. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

extranjeros. En 1916 se hacía evidente, ante visitantes ocasionales, la presencia de personas de otras latitudes. El viajero Manuel Fernández y González afirmó, en 1916, cuando visitó la ciudad, que era la menos nacional y típica del pueblo dominicano.598 Al poco tiempo sumaban miles los habitantes de La Romana, de los que un buen número provenía de otros países. El primer censo nacional de población que se hizo en toda la geografía nacional de manera simultánea, en 1920, dio como resultado 8,678 personas residentes en la ciudad. Los extranjeros representaban el 37.48 % de la población, con 3,253 personas, poco menos de la mitad.599 Transcurridos seis años del censo, el pueblo de La Romana M. Fernández y González. «Viaje por la República. Macorís-La Romana-Seibo-Higüey (a vista de pájaro)». Renacimiento, mes X, 28 de octubre de 1916, No. 46, p. 735. 599 Primer Censo de la República Dominicana, 1920. Año 1920, p. 142. 598

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

259

Embarque de caña en el muelle del Central Romana con destino a Puerto Rico. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

fue visitado por el humanista mexicano José Vasconcelos, quien fue testigo de lo afirmado por Manuel Fernández y González con respecto a la presencia de personas de distintas procedencias.600 Con la instalación del Central Romana fueron construidas más viviendas, fueron abiertas nuevas calles y el crecimiento de la población atrajo la oferta de nuevos pequeños empresarios que daban diversos servicios, entre ellos el de imprenta.601 De esos establecimientos comerciales fundaron fábricas de fideos y de hielo, panaderías, lavanderías, sastrerías, servicio privado de salud, descascaradora de arroz, industria de jabón, agente de vapores y diferentes tipos de

J. J. Julia. «Cuatro visiones de Santo Domingo (Ugarte, Vasconcelos, Araquistain e Inman)». Moca, 1984. Mimeografiado. 601 V. Alfau Durán. «La primera imprenta y el primer periódico de La Romana». La Nación, sábado 6 de enero de 1945, p. 3. 600

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Desembarco de traviesas para la línea férrea en el muelle del Central Romana. Fuente: Archivo General de Nación: Colección Luis Mañón.

establecimientos comerciales.602 La instalación de servicios públicos hizo la vida más cómoda a los romanenses. A partir de 1916, la población tenía los avances técnicos de una ciudad moderna. Las autoridades edilicias contrataron a una compañía privada para el suministro de electricidad,603 la cual instalaría cien lámparas en el alumbrado público.604 Un grupo de munícipes se propuso construir una carretera que uniera a La Romana con otras ciudades cercanas, como Hato Mayor e Higüey.605 En 1940, La Romana tenía acueducto, Ayuntamiento de La Romana. Legajo 4415. AGN. «La inauguración de la Luz Eléctrica en La Romana». Listín Diario, 20 de julio de 1971. 604 Congreso Nacional. «Resolución de la Cámara de Diputados». Gaceta Oficial, 21 de octubre de 1916, BNPHU, año XXXII, núm. 2746. 605 Horacio Vásquez. «Resolución concediendo la Incorporación a la Junta de Caminos y Fomento de La Romana». Gaceta Oficial, 6 de agosto de 1924, BNPHU, año L, núm. 3564. 602 603

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

261

Obreros laborando en el almacén de azúcar del Central Romana. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

institución bancaria, parque central para la recreación de sus habitantes. Pero durante varios años del período estudiado hubo deficiencias de servicios esenciales, como los establecimientos públicos de salud; incluso, la insuficiencia de escuelas era tal que, en ocasiones, las personas tenían que asumirá la por sus propios medios.

Perfil sociodemográfico de los migrantes Ya hemos afirmado que en el último tercio del siglo XIX se produjo el flujo de inmigrantes procedentes de las Antillas británicas hacia la República Dominicana. Las fuentes dominicanas consultadas no ofrecen información confiable acerca de los que arribaron en esa centuria, aun cuando en 1882 las autoridades dieron orden de que el Ministerio de Relaciones Exteriores llevara una relación de los extranjeros

262

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que ingresaran al país pero los libros donde se hicieron resultan deficientes.606 A los pocos meses de comenzar a inscribirlos, quienes tenían esa responsabilidad dejaron de hacer las anotaciones.607 Por esa razón se conservan pocas informaciones de los primeros inmigrantes. Las autoridades consulares inglesas tampoco tenían informaciones exactas sobre la cantidad de sus conciudadanos en el territorio nacional. El 13 de octubre de 1914 estimaron que la población ascendía entre 5,000 y 7,000 antillanos británicos, cuyo mayor número trabajaba en los ingenios azucareros.608 El desconocimiento se prolongó hasta que fue realizado el censo de población en 1920. A partir del momento en que se comenzó a contabilizar la población de migrantes antillanos británicos se puso de manifiesto su alto índice de masculinidad. La mayoría ingresaba para emplearse en el corte de caña. Se tiene la idea de que el 100 % de ellos ocupaban puestos fijos y temporales en los centrales azucareros, pero la realidad es que trascendían aquel ámbito por los oficios que muchos de ellos ejercían. El hecho de proceder de una cultura distinta a la dominicana los constituía en un grupo cuya identidad se distinguía. En 1920, el censo arrojó una población de 5,763 residentes antillanos británicos.609 Pertenecían al tercer grupo de inmigrantes en la República Dominicana, superados por los haitianos y los puertorriqueños. De la población general, Fueron consultados en el Archivo General de la Nación los pocos libros destinados para llevar registros de extranjeros. 607 Otro factor que impide consultar esas fuentes es su avanzado estado de deterioro. 608 El documento del Colonial Office informaba que los británicos blancos ascendían entre 60 y 70 personas. Trabajaban en el Royal Bank of Canada, el ferrocarril británico y la estación inalámbrica. 609 Gobierno Dominicano. Censo de la República Dominicana, 1920. 2.a Ed. Editora de la UASD, 1975, 146, tabla 7. 606

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

263

4,499 residían en las zonas urbanas y rurales de San Pedro de Macorís y La Romana.610 Los otros 1,264, que completaban el total, estaban distribuidos en las ciudades de Santo Domingo, Azua, Barahona, Samaná, Pacificador, La Vega, Espaillat, Santiago, Puerto Plata y Monte Cristi. Mientras, San Pedro de Macorís y La Romana albergaban el 78.07 %; el resto tenía el 21.93 %. En San Pedro de Macorís residía el mayor porcentaje, con 62,73 %; seguido por La Romana con el 15.34 %, y el lejano tercer lugar lo ocupaba Puerto Plata, con 7.32 %. La mayoría eran obreros ofertantes de su trabajo en el mercado laboral dominicano. Existía una diferencia de más del doble entre el número de hombres y mujeres. En San Pedro de Macorís, la relación era de 2.12 hombres por una mujer, y en La Romana, 2.19 hombres por una mujer. La población masculina en las dos ciudades ascendía a 3,063, mientras la femenina sumaba 1,436, lo cual confirma los planteamientos anteriores, como puede verse en la tabla siguiente. Tabla 3.6. Población de inmigrantes antillanos británicos en San Pedro de Macorís y La Romana, 1920 San Pedro de Macorís

El Seibo

Total

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

2,456

1,159

607

277

4,499

Fuente: República Dominicana. Primer censo nacional de la República Dominicana, 1920. 2.a Edición. Editora de la UASD, 1975, p. 146, tabla 7.

610

El censo establece la ciudad de El Seibo como cabecera de la provincia. La Romana; era común de su cabecera y menos de una década antes habían fundado el Central Romana, donde laboraban los inmigrantes caribeños. Los habitantes registrados en una y otra ciudad ponen de manifiesto más actividad económica en la común que en la cabecera. La común tenía 6,129 y la provinciacabecera 1,879 habitantes.

264

Rafael Jarvis Luis

En los registros que se hicieron en la zona urbana de La Romana, quedó constancia de las islas donde habían nacido. También se puso en evidencia cierta falta de rigor al identificarlos solo como ingleses y no especificar sus lugares de origen. En la tabla siguiente puede verse el género de los inmigrantes antillanos británicos que residían en la zona urbana en 1920, por isla de origen. Tabla 3.7. Inmigrantes antillanos británicos por sexo en la zona urbana de La Romana, 1920 Isla

Masculino

Femenino

Total

Antigua

187

222

Saint-Kitts

143

180

Nevis

Tortola

Barbados

Montserrat

Dominica

Jamaica

Anegada

Trinidad

Turks Islands

Anguila

Inglés

n/e

Saint Vincent

462

115

577

Total

Fuente: Censo de La Romana de 1918. Archivo General de la Nación. IT: 708785.

De los 462 hombres, 401 eran solteros y 57 estaban unidos en pareja. Esta situación abría la posibilidad de un proceso de mestizaje en la medida en que esos solteros muy probablemente contrajeran matrimonio con mujeres

265

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

dominicanas. En el grupo, 386 solteros estaban en la franja de población económicamente activa y representaban el 84 %. Entre los hombres no hubo divorciados o quizás no fueron registrados. En la tabla a continuación se puede observar la distribución de la población entre solteros, casados y viudos. Tabla 3.8. Estado civil de los inmigrantes antillanos británicos masculinos residentes en La Romana en 1920

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

Total

401

Casados

7 13

Viudos

Divorciados

Total

6 75 113 94 53

61 27 11

462

36-40

42 19

31-35

6 74 105 87 40

26-30

21-25

16-20

Solteros

11-15

6-10

Edad hombres

0-5

Estado civil

Fuente: Censo de La Romana de 1918. Archivo General de la Nación. IT: 708785.

Las mujeres sumaban 121. En la ciudad, 95 eran solteras, un 79 %; 17 eran casadas según el registro civil, lo que equivalía al 14 %: 8 eran viudas, un 6 %, y una era divorciada, el 1 %. Las que tenían edad reproductiva eran 69 y representaban el 57 %. El alto número de solteras nos hace pensar en la posibilidad de que estuvieran en la condición de unión libre. Solo había una divorciada, como se consigna en la tabla siguiente.

266

Rafael Jarvis Luis

Tabla 3.9. Estado civil de las inmigrantes antillanas británicas en La Romana en 1920

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

Total

Edades 0-5

Estado civil

Solteras

Casadas

Viudas

Divorciadas

Total

121

Fuente: Censo de La Romana de 1918. Archivo General de la Nación.IT: 708785.

Un elevado número de inmigrantes antillanos británicos, que residía en La Romana en 1920, estaban alfabetizados; de los 464 hombres, 358 sabían leer y escribir,106 no. Los primeros representaban el 77 % y los segundos el 23 %. El porcentaje mayor corresponde a la población económicamente activa, como se puede apreciar en la tabla siguiente. Tabla 3.10. Inmigrantes antillanos británicos masculinos en La Romana que saben o no leer en 1920 Hombres alfabetizados

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

Total

Edades

Leen

358

No leen

106

Total

113

464

Fuente: Censo de La Romana de 1918. Archivo General de la Nación. IT: 708785.

267

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

La tabla a continuación presenta el número de mujeres que sabían leer y escribir, y el número de analfabetas. Tabla 3.11. Inmigrantes antillanas británicas femeninas en La Romana que saben o no leer en 1920 Instrucción Mujeres

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

Total

Edades

Leen

No leen

Total

121

Fuente: Censo de La Romana de 1918. Archivo General de la Nación. IT: 708785.

El mayor porcentaje de varones estaba empleado en los centrales azucareros; de ellos, la cantidad más elevada se desempeñaba como jornaleros y braceros. Esos trabajos no especializados representaban el 73 % de las actividades laborales. Algunos de los migrantes realizaban labores ajenas a los complejos azucareros, como agricultor, cocinero, comerciante, escolar, negociante, panadero, pescador, profesor, sastre, sirviente y zapatero, como puede apreciarse en la tabla siguiente, ordenadas de manera cuantitativa.

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Total oficios

Saint Vicent

TurksIslands

222

0 0 0

1 0 0

0 0 0

0 1 0

119 17 12

n/e

1 0 0 0

Inglesa

1 0 0 0

Inglés

3 1 1 0

Anguila

3 2 0 1

3 2 3

8 1 0

Trinidad

4 0 1 0

66 18 37 5 4

Anegada

3 1 1 0

95 56 5 4

Jamaica

Montserrat 3

0 10 0 0 0 0

Jornalero Bracero Carpintero No indica

Dominica

Barbados

11 13

Tortola

Nevis

Saint-Kitts

Antigua

Oficios

Tabla 3.12. Oficios de los inmigrantes antillanos británicos por islas en La Romana en 1920

Albañil

Herrero Mecánico Obrero Escolar

4 3 4 3

4 3 4 1

0 0 0 2

1 1 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

2 0 0 0

0 2 0 0

0 0 0 1

0 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

12 10 9 7

Sastre

Pescador Fondista Zapatero Comerciante Empleado

0 0 2 1 1

4 1 0 2 0

0 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 1 0 0 1

0 1 0 0 0

0 0 2 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5 4 4 3 3

Fogonero Panadero Sirviente Agricultor Bombero Carretero

0 0 0 0 0 1

0 2 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 2 2 1 1 1

Cocinero

Dependiente Electricista Marino Negociante

0 0 0 0

1 0 1 1

0 1 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 16 11

0 0 0 0 9

0 0 0 0 8

1 0 0 0 6

0 0 0 0 3

0 0 0 0 2

0 0 0 0 1

1 1 1 1 464

Oficinista 0 0 0 Planero 0 1 0 Peón Bodega 1 0 0 Profesor 1 0 0 Total 187 143 32

Fuente: Censo de La Romana de 1918. Archivo General de la Nación. IT: 708785.

269

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

Las mujeres como empleadas directas del ingenio era un grupo minoritario, contrario a la población de hombres. Solo una jornalera y una bracera fueron registradas. El oficio que reportó mayor número fue el doméstico. Aunque debajo de ese epígrafe se realizaban múltiples actividades no especificadas por los empadronadores. Una de las más frecuentes y no resaltada era la de enfermera; ese servicio era prestado en las sociedades de ayuda mutua. También ejercían otros trabajos que reportaban ingresos al hogar, como puede verse en la tabla siguiente.

Antigua

Tortola

Nevis

TurksIslands

Anegada

Anguila

Trinidad

Barbada

Montserrat

Providencia

Jamaica

Inglés

Total oficios

Quehaceres domésticos

No indica

Sirvienta

Costurera

Escolar

Comerciante

Lavandera

Cocinera

Dulcera

Planchadora

Jornalera

Bracera

Total por islas

120

Oficios

Saint-Kitts

Tabla 3.13. Oficios de las inmigrantes antillanas británicas por islas de origen en La Romana en 1920

Fuente: Censo de La Romana de 1918. Archivo General de la Nación. IT: 708785.

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Para 1941 fueron registrados 2,916 permisos y renovaciones de residencia;1.982 correspondieron a San Pedro de Macorís, con 1,822 hombres, un 62 %, y 160 mujeres, un 5 %; 934 pertenecían a La Romana, con 907 hombres, un 32 %, y 27 mujeres, un 1 %, de la población consultada. San Pedro de Macorís continuaba albergando la mayor población de inmigrantes antillanos británicos, seguido por La Romana. Tabla 3.14. Edades de la población de inmigrantes antillanos británicos en San Pedro de Macorís y La Romana en 1941 Edades

San Pedro de Macorís

La Romana

Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

15-19

116

138

20-24

103

201

308

25-29

227

115

351

30-34

314

140

474

35-39

358

109

509

40-44

288

411

45-49

199

294

50-54

118

176

55-59

119

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90 y más

1,822

160

907

2,916

Total

Fuente: AGN. Interior y Policía. Dirección General de Migración, 1940-1955.

En 1941, última década de este estudio, la población de inmigrantes antillanos británicos en San Pedro de Macorís

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

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y La Romana estaba integrada mayoritariamente por hombres. Sus edades se encontraban dentro de los márgenes de la población económicamente activa. La población de mujeres seguía siendo minoritaria en relación con la masculina. En la tabla 3.14 puede verse la distribución por edades. Un elevado número de inmigrantes reportaba ser soltero. Esto se puede apreciar en la tabla a continuación. Esto muestra que, posiblemente, muchos convivían en unión libre. Tabla 3.15. Estado civil de inmigrantes antillanos británicos en 1941 Estado civil

Hombres

Mujeres

Total

San Pedro de Macorís

La Romana

San Pedro de Macorís

La Romana

Solteros

1699

881

137

2738

Casados

113

165

Viudos

No indica

1822

907

160

2916

Total

Fuente: AGN. Interior y Policía. Dirección General de Migración, 1940-1955.

Un buen número de los inmigrantes antillanos británicos en San Pedro de Macorís y La Romana trabajaba en labores de los centrales azucareros. El primer lugar lo tenían los jornaleros, con un 86.76 %. El segundo oficio en importancia era el que realizaban las mujeres dentro y fuera del hogar, etiquetado como «quehacer doméstico»; no era una labor que se realizara directamente en el ingenio, aunque algunos de sus efectos repercutían en esa empresa, porque debajo del renglón estaban las enfermeras que atendían a los obreros enfermos en las sociedades de socorro mutuo. Esto indica

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que tanto los hombres como las mujeres poseían los medios y las posibilidades de progresar económicamente con otras fuentes de empleo al margen de las agroindustrias. A continuación, puede verse en la tabla el número de personas en cada uno de los oficios registrados en 1941.

Obreros en actividad laboral de albañilería. Fuente: Colección privada.

Tabla 3.16. Oficios que realizaban los inmigrantes antillanos británicos en 1941 Oficios Jornalero Quehaceres domésticos Mecánico No indica Empleado Carpintero Carretero

San Pedro de Macorís

La Romana

Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

1666 0

0 151

857 1

0 26

2,523 178

86.76 6.12

19 16 20 14 8

0 7 0 0 0

30 1 5 1 1

0 1 0 0 0

49 25 25 15 9

1.69 0.86 0.86 0.52 0.31

273

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana Oficios

San Pedro de Macorís

La Romana

Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Comerciante Electricista Sastre Cocinero Maquinista

6 5 5 4 5

0 0 0 0 0

0 1 1 1 0

0 0 0 0 0

6 6 6 5 5

0.21 0.21 0.21 0.17 0.17

Peón Agricultor

5 3

0 0

0 1

0 0

5 4

0.17 0.14

Pescador Contador Herrero Marinero Albañil Azucarero Chófer conductor Pintor Profesor Químico Sirviente Ajustero Almacenista Capataz Ejecutivo Ebanista Enfermero Estibador Fogonero Liniero Lavandera Maestro Mensajero Operador de planta eléctrica

3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.14 0.10 0.10 0.10 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Practicante Retirado Sacerdote Sirvienta Soldador

1 1 1 0 1

0 0 0 1 0

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Talabartero

0.03

Zapatero

0.03

1815

160

906

2,908

100

Total

Fuente: AGN. Interior y Policía. Dirección General de Migración, 1940-1955.

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Las leyes de inmigración de la década del 30 no impidieron que continuaran arribando al país los habitantes de las Antillas británicas. Es posible que su número aumentara a partir del momento en que tuvo lugar el conflicto generado por el asesinato de miles de haitianos en 1937. Lo que sí puede afirmarse de modo fehaciente es que se diversificó la procedencia con respecto a 1920. Este último es un aspecto muchas veces dejado de lado por quienes han abordado el tema. Tabla 3.17. Lugar de procedencia de inmigrantes antillanos británicos en 1941 Islas

San Pedro de Macorís

La Romana

Total

694

23.79

678

23.24

423

14.5

125

303

10.39

294

10.08

145

187

6.41

2.54

Dominica

2.33

Montserrat

2.16

Saint-Vincent

1.03

Santa Lucía

0.96

Barbados

0.79

Anegada

0.38

Trinidad

0.34

Grenada

0.24

Jamaica

0.24

Saint Thomas

0.21

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Anguilla

113

537

Islas inglesas

656

Saint-Kitts

271

Antigua

161

Islas Vírgenes

288

Nevis Tortola

Islas Turcas Total

0.10

1822

160

907

2917

100

Fuente: AGN. Interior y Policía. Dirección General de Migración, 1940-1955.

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

275

Todavía en la década de 1940 las fuentes gubernamentales dominicanas manejaban con bastante vaguedad el origen de los braceros, aun cuando las autoridades estaban interesadas en controlar a los migrantes por razones económicas y políticas.611 No obstante, hemos podido determinar la proporción de los que llegaron desde cada isla y se asentaron en San Pedro de Macorís y La Romana. Quienes fueron registrados en 1941 procedían principalmente de Antigua, Anguila, Saint Kitts, Nevis, Tortola, Barbados, Santa Lucía, Anegada, Jamaica, Trinidad y Tobago e Islas Turcas. En los registros se colocaba a personas bajo la denominación de Islas Vírgenes, sin especificar de cuál de las cuatro era procedente. En la tabla 3.17 pueden verse los lugares de procedencia:

Reacciones del Estado y particulares ante la presencia de los inmigrantes antillanos británicos Las reacciones que tuvieron diversos sectores sociales ante la presencia de los inmigrantes antillanos británicos fueron de rechazo en una elevada proporción. Quienes expresaron opiniones favorables fueron minoría. Es posible que en los diversos espacios donde los inmigrantes ingleses habitaban se produjeran expresiones de ofensa o exaltación con mayor ahínco que las conocidas en los medios consultados. Estas se han perdido por la imposibilidad de rescatar el testimonio oral o escrito de sus protagonistas. La mayor parte de las expresiones en contra estaban signadas por ideologías racistas, insufladas por intelectuales extranjeros y nacionales. Esos discursos eran asumidos como hegemónicos e identitarios por la clase dirigente del país como veremos más abajo. 611

Se registraba con el nombre de islas inglesas a un elevado número de ellos.

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Pensadores europeos y latinoamericanos, apoyados en ideas biológicas, fomentaron un discurso discriminatorio. Estuvieron en el centro de esa narrativa los pronunciamientos contra el negro extranjero. Hubo intelectuales locales promotores de esas ideas que abrevaron en la obra del conde Gobineau, que de modo arbitrario clasificaba a los seres humanos en superiores e inferiores; su paradigma era el individuo blanco. Según este autor, mientras más alejado se estaba racialmente del blanco, más se acercaba a la barbarie.612 La elite divulgó sus ideas en la prensa, novelas y libros; con ello contribuyeron a crear una visión distorsionada en el imaginario nacional. La prensa fue un medio efectivo a través de la cual impulsó la ideología de blanqueamiento, que consideraba al negro, indígena y amarillo como bárbaros. Contra los británicos afrodescendientes de las Antillas menores se construyó una imagen cuya expresión estigmatizada quedó patentada en el adjetivo cocolo, forma despectiva con la que se les denominó. Eran frecuentes las publicaciones en la prensa contra estos inmigrantes. Muchas eran subjetivas, concebidas bajo la influencia de la política de blanqueamiento y la concepción de la dominicanidad en franca contraposición a lo haitiano. En las fuentes oficiales fueron difundidas opiniones acordes con esa creencia que se alejaban de la objetividad. Uno de esos casos se presentó en 1884, cuando el ministro de Justicia, Fomento e Instrucción Pública calificó a los inmigrantes de las Antillas menores inglesas como gente inconstante en el trabajo. Afirmaba que no estaban acostumbrados al trabajo rural, por lo que habían causado problemas y perjuicios a los empresarios azucareros de las cercanías de la capital.613 Conde de Gobineau. Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Editorial Apolo, 1937, pp. 50, 149-53. 613 J.T. Mejía. «Memoria que al Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los Despachos de Justicia, Fomento e Instrucción 612

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

277

Culpaba al «otro» por los fracasos de los hacendados y ese «otro» era el inmigrante. Al poco tiempo de las opiniones del ministro de Fomento, hubo quienes lo contradijeron. Uno de ellos fue el empresario azucarero William L. Bass, quien se expresó con respecto a los inmigrantes antillanos en una carta dirigida a los directores de El Cable: Se dice que yo apoyo mucho a los ingleses y extranjeros, hasta la preferencia sobre los dominicanos. Primero, conociendo mi carácter y mis planes del deseo para el futuro debe ser suficiente para respetarlo todo. Pero además, ¿quién desea estar a la vera de máquinas, calderas, locomotoras o remolcadores, cuando están en manos en las que falta el competente conocimiento para manejarlos? Cuando la vida de muchos está sujeta a la vigilancia y buen cumplimiento de alguno, ese individuo debe ser «experimentado» y yo procuro siempre tener esas clases de hombres.614 No hubo quien refutara las elocuentes expresiones del propietario del ingenio Consuelo, uno de los mayores empleadores de los inmigrantes antillanos. Mejor conocedor que muchos otros, podía emitir juicio con gran objetividad sobre los cocolos. A esto Bass añadió, a manera de queja, que en medio de la zafra se había marchado su maquinista y, sin conocimiento del manejo de lo que debe hacerse en un central azucarero, muchos deseaban obtener salarios sin tener preparación técnica. Se refería a personas que no eran procedentes de las Antillas del Reino Unido. Pública». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 19 de abril de 1884, año XL, núm. 507. 614 «Remitido». El Cable, 22 de agosto de 1893, año 1, núm. 27, 2.

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Independientemente de esas opiniones hubo quienes criticaron con encono a los inmigrantes como veremos más abajo. Sus críticas se sustentaban en el discurso de intolerancia que se había generalizado. Aun con tan inclementes opiniones, tenían que reconocer la importancia de los migrantes para la industria azucarera, que ya era el mayor soporte de la economía nacional. Entre quienes opinaron sobre los británicos antillanos se destacó José Ramón López, persona bastante instruida. Observó lo favorable de la inmigración de británicos antillanos porque con su trabajo habían contribuido a evitar la ruina de la industria azucarera. Su presencia se sumaba a los demandantes de bienes, quienes, con el pago desus impuestos indirectos, ayudaban a solventar los gastos estatales. A esos criterios, López añadió otros acordes con el discurso de blanqueamiento. En este sentido dio gracias a que los braceros regresaran a sus islas por su condición de migración «trashumante, mecánica, que solo permanece aquí la zafra y ejecuta los trabajos manuales de las fincas». Con lo cual el país se liberaba de un grupo de inmigrantes «deficiente en instrucción y en costumbres». Llegó a afirmar que el ciudadano de «las Antillas menores, tiene que ser un ciudadano defectuoso».615 Parecido punto de vista defendió el autor que publicó bajo el seudónimo de L. En su inclemente crítica reconoció que la migración de ingleses antillanos hacía posible, con su trabajo, que no se arruinara la industria azucarera porque recibían un jornal de solo 40 centavos. Admitía que con su consumo contribuían a la economía. Aparte de esos elogios, no dejaba de emitir epítetos insultantes, como el de ciudadanos «deficientes en instrucción y en costumbres».616 J. R. López. Más escritos dispersos. T. I. Archivo General de la Nación, Vol. CXLIII, Santo Domingo, 2011, pp. 365-367. 616 «San Pedro de Macorís». Listín Diario, 14 de noviembre de 1904, p. 2. 615

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Un corresponsal del Listín Diario fue más lejos al asociar a esos migrantes con la idea de desgracia: «Ha llegado últimamente un balandro cargado de calamidades, es decir de cocolos».617 En otra parte, los colocaba en lugar de indeseables pestilentes. Se refería a una situación que a menudo vivía el bracero inmigrante cuando llegaba el tiempo muerto, o ya no le era útil a quienes se beneficiaban de su trabajo, entonces tenía que deambular por las calles solicitando la solidaridad pública. Llegó a afirmar: Poco a poco empiezan a llegar las embarcaciones cargadas de cocolos de esas islas de Barlovento. Este es el momento más oportuno para que la Junta de Sanidad tome medidas enérgicas con estos inmigrantes cuando su estado sanitario e higiénico no sea del todo favorable. No queremos ni necesitamos individuos que en el montón aparecen luego, so pretexto de trabajar, para tan pronto engrosar la fila de los que viven implorando la caridad pública. Ya que no es posible prescindir de la inmigración cocola por ahora, conformémonos con recibir en nuestras playas aquellos braceros aptos al trabajo, rechazando con firmeza a los que, con el solo propósito de aumentar la mendicidad, se disponen a invadir nuestras calles y campos que sólo están preparados para el trabajo. Tenemos la esperanza de que la Junta de Sanidad, inspirándose en estos principios sanos, hijos tan solo de la buena fe, sabrá obrar rectamente en este asunto que señalamos en bien de la salud pública.618 Posteriormente el corresponsal describiría el arribo de braceros en el puerto empleando similares adjetivos: «De San Pedro de Macorís». Listín Diario, 20 de octubre de 1910, año XXII, No. 6405, p. 2. 618 Ídem. 617

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Automóviles, coches, carretas, gente que transita, y para colmo de todo ese movimiento de hombres y de cosas, verdadera película que se desarrolla en pleno muelle, se ennegrecen las playas, los depósitos y las calles, con el desembarco de cocolos, para el trabajo de las haciendas. Es como si una multitud de cinocéfalos vinieran a hacer acto de presencia, con sus muecas y gañidos en esta ciudad del trabajo.619 El gobernador de San Pedro de Macorís, Pedro María Rubirosa (hijo), confirmaba lo dicho por el corresponsal. En un informe enviado al secretario de Estado de Interior expresaba que San Pedro de Macorís era visitada por los inmigrantes ingleses de manera espontánea. Agregaba juicios de valor acorde con las reacciones de rechazo que la presencia de los braceros inmigrantes causaba en algunos sectores. Para el gobernador no eran favorables porque finalizada la zafra se llevaban los ahorros a su país, razón por la que no era conveniente fomentar una inmigración que estuviera sujeta a un salario.620 En 1912 hubo manifestación de rechazo público contra los antillanos a su arribo al puerto de San Pedro de Macorís. Godfren A. Fisher, de la embajada del Reino Unido en la República Dominicana, en comunicación del 27 de noviembre de 1915, informó al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, que en 1912 había arribado la goleta Eagle a San Pedro de Macorís, procedente de Anguila, con un grupo de obreros antillanos destinados a trabajar en la industria azucarera. El «Lo de Mosquitisol». Listín Diario, año XXXIV, núm. 10, 221 del 9 de junio de 1923, p. 3. 620 R. Driaze. «Memoria que al ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración». Santo Domingo, 1911. Secretaría de Estado de Agricultura. Libro C# 420. AGN. 619

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diplomático afirmaba que fueron recibidos con una demostración de hostilidad por parte de los nativos. Este comportamiento contra los británicos antillanos también alarmó al gerente que los había contratado. Para tranquilizar a quienes protestaban, fue necesaria la intervención del ministro de Interior e Inmigración. Sobre el incidente, Fisher alegó que era la manifestación de mayor violencia contra los ingleses antillanos que había sucedido desde que él estaba en el país. Esa afirmación sugiere que sucedieron otras manifestaciones con anterioridad. El diplomático atribuía incidentes de este tipo a tres razones, en las que introducía su propio prejuicio contra los inmigrantes. En la primera, sustentaba el criterio de que los braceros no aparentaban ser de mejor clase que los nativos; la segunda, la existencia de prejuicios de los obreros locales contra sus pares inmigrantes, y, la tercera, aludía a la discriminación que se tenía contra ellos por ser negros.621 El incidente fue comentado en el Listín Diario, y aclaraba que se había enterado por varias La Hoja Suelta que circularon en la ciudad oriental. Había intereses contrarios a la inmigración de los braceros y, de ser posible, deseaban que fuera eliminada. Habría quienes aspiraban a que los dominicanos sustituyeran a los inmigrantes británicos, pero hacer realidad esas aspiraciones era algo remoto porque no acudía a los cañaverales un número suficiente de dominicanos que remplazara a los inmigrantes.622 Mientras más antillanos arribaban al puerto, más rechazo se generaba contra ellos. Otra agresión parecida a la de 1912 se produjo en 1916, cuando un grupo intentó oponerse a que los braceros fueran empleados por National Archives. Londres, Colonial Office, 318/335. Despacho de A. Fisher de noviembre de 1915 dirigida a su cancillería. 622 «Los cocolos». Listín Diario, 25 de noviembre de 1915, año XXVII, núm. 7950, 1. 621

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los centrales. Como consecuencia de ese incidente, resultaron sometidos a los tribunales los súbditos James Charles, Emmanuel Smith, William Benjamín y John Rodgers.623 El hecho de que los agredidos hayan sido los llevados ante la justicia, en vez de a los agresores, ponía en evidencia el grado de descalificación que tenían en la sociedad los braceros antillanos. Los males sociales eran atribuidos a los extranjeros, a quienes se criminalizaba. Un factor que se sumaba a la condena contra ellos era su condición de afrodescendientes, que los situaba al mismo nivel que los haitianos. El Listín Diario reprodujo una información aparecida en La Hoja Suelta de San Pedro de Macorís: diez braceros extranjeros, por lo tanto, sospechosos, habían sido detenidos por la policía. Con la intención de culpar al forastero, los migrantes eran catalogados de rateros y ladrones que afligían a la desvalida sociedad.624 Ante cualquier accidente en que los inmigrantes antillanos británicos resultaran las víctimas, aun cuando ocurriera en el recinto laboral, sus nombres no eran publicados para informar a los lectores, sino que se despachaba la información sin mayores detalles. El desprecio por ellos se expresaba silenciando sus nombres, incluso si se veían involucrados en algún hecho trágico, como sucedió en el lugar conocido como Vuelta del Diablo, al chocar dos embarcaciones; la que estaba cargada de gasolina se hundió y murieron ahogados tres inmigrantes. La presión social orientada al blanqueamiento de la sociedad difundida en las comunicaciones oficiales condicionó al Central Romana. Esta empresa, en los primeros B. Pichardo. «Memoria que al Honorable Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores». Gaceta Oficial, 22 de julio, 1916, núm. 2725. 624 Listín Diario, 12 de agosto de 1916, año XXVIII, núm. 8186, 8. 623

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años de sus operaciones, intentó cumplir con lo requerido por la élite con respecto a contratar obreros con el perfil étnico afín a lo deseado. La empresa había solicitado al Poder Ejecutivo permiso para introducir 200 braceros desde Puerto Rico, acción que aplaudió Mario de la Concepción porque se ajustaba a la exigencia de blanqueamiento. Exhortaba a los centrales de Macorís a imitar lo hecho en La Romana.625 Hubo voces que trataron de justificar, con argumentos jurídicos, una posición contraria a los extranjeros, aun cuando esto no era posible desde las mismas bases legales. En el proceso de discusión de una reforma a la Constitución, se emitieron opiniones en este sentido. En 1914, Emiliano Tejera era partidario de privar de los derechos civiles a los extranjeros residentes en el país cuando en sus países de origen se negasen los mismos derechos a los dominicanos.626 El Listín Diario, un medio de difusión que había sido tan hostil con los inmigrantes, se opuso a la mezquina posición del jurista. El editorial del Listín Diario comentó el proyecto de reforma a la Constitución que disponía, en el artículo 60, título II, el respeto a los derechos individuales. En la Constitución vigente, el Estado garantizaba los derechos inherentes a la persona humana, pero el proyecto había modificado el término humano por dominicano. Por tanto, en lo referente a los derechos de las personas, acorde con la declaración de los derechos humanos, se producía un retroceso. Eso lo hizo notar el editorialista al afirmar que el país podía ser visto como poco apropiado para que los extranjeros decidieran establecerse.627

«Aplauso al Romana». Listín Diario, 23 de noviembre de 1916, año XXVIII, núm. 8254, p. 8. 626 «Nativos y Extranjeros». Listín Diario, 19 de febrero, 1914, año XXV, núm. 7419, p. 1. 627 «Nacionales y Extranjeros». Listín Diario, 19 de marzo de 1914, año XXV, núm. 7440, 1. 625

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Otro aspecto relacionado con el ámbito constitucional era el derecho a la nacionalidad. A los hijos de inmigrantes antillanos británicos se les negaba la posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana, aunque nacieran en el territorio nacional. Se alegaba que, por sus costumbres, esto no era posible.628 Julio Acosta, que había sido cónsul dominicano en Puerto Rico, fue el autor de esa idea, sumada al ofensivo discurso contra los inmigrantes. En la misma fuente citada abundó en expresiones como «todas las inconveniencias étnicas», «un mal», la ciudad de San Pedro de Macorís y los ingenios «están infectados por la plaga de cocolos», ellos son «indigentes que vagan de un lugar a otro», «pronto desertan del trabajo cuando se les emplea en algo que requiere continuidad», «los hijos de esos indigentes, los herederos de tanta miseria», «no aportan nada bueno», «traen todo lo malo de su estado semi-primitivo», «dan a la patria hijos que no serán jamás útiles». Con gran menosprecio, hubo quien los calificó como parásitos. El ingeniero Octavio A. Acevedo, que realizaba labores de corresponsal para el Listín Diario en San Pedro de Macorís, los comparó con «bichos» que necesitan los ingenios de caña,629 como una plaga negra e invasora. Se llegó a criminalizarlos, a colocarlos en una condición humana inferior. Ese discurso legitimó las prácticas de exclusión. Se pretendía enfocarlos como personas practicantes de una cultura inferior, con la intención de establecer distancia entre ellos y «los otros», la población residente. No era de extrañar que el uso de tantos adjetivos de descalificación llevara a la violencia contra los braceros. «La constitución y la inmigración de haitianos y cocolos». Listín Diario, 11 de septiembre de 1918, año XXX, núm. 8794, 3. 629 «Notas del Puerto de S. P. de Macorís». Listín Diario, 14 de noviembre de 1912, año XXIV, núm. 7037, p. 2. 628

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Con el propósito de criminalizar a los antillanos británicos no hubo límite de espacio para difundir los mensajes; se llegó incluso a malinformar a la opinión pública. Un incidente ocurrido en el central San Luis, en las cercanías de la ciudad capital de la República, proporcionó la ocasión. El redactor explicó que un obrero había agredido sin motivos a Ángel Vicioso Polanco, y que los ingleses antillanos, compañeros del agresor, se dieron a la fuga. El autor, Herman Luis Emilio, fue perseguido y aprehendido por el joven Arturo Guerra, quien lo entregó a las autoridades. Según el redactor, era el mismo que con otro compañero había matado a una señora enferma en el central Consuelo de San Pedro de Macorís, a bastante distancia de San Luis, con el propósito de quitarle sus pertenencias. Luego sitúa al culpable en otro sitio no muy cercano y con la intención de cometer una agresión más grave al portar un arma de fuego. Le atribuía haber apuñalado a un electricista en el central Consuelo y también haberle dado un tiro al dueño de la fonda del propio central.630 Como puede apreciarse, resultaba difícil que esos acontecimientos fueran ejecutados por una sola persona; muy inverosímil que un inmigrante antillano contratado por un ingenio azucarero dejara de cumplir su compromiso laboral y cometiera esos delitos, pues sería inmediatamente repatriado. Esa falta de objetividad, exaltada por el prejuicio contra los afrodescendientes inmigrantes antillanos británicos, infiltró las opiniones del líder obrero Eugenio Kunhardt con respecto a los braceros. En un artículo de su autoría, Kunhardt expuso su punto de vista ante el anuncio de introducir 5,900 obreros procedentes de las Antillas inglesas. Decía que el obrero dominicano, antes de iniciar el trabajo, 630

«El suceso de San Luis». Listín Diario, 12 de agosto de 1916, año XXVIII, núm. 8168, p. 5.

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solicitaba el modo de pago, mientras que los antillanos no lo hacían. Con esta afirmación silenciaba que los antillanos recibían contratos que fijaban el pago, lo cual les dejaba poco margen de maniobra. Entendía que el país estaba sumido en la miseria y que la entrada de esos obreros sería perjudicial. Para contrarrestarlo, solicitaba que personas decentes y honradas protestaran. Exhortaba a la unión de voces que incluyera a políticos y personas de ciencia para oponerse.631 Con ese fin organizó, el domingo 3 de septiembre de 1916, una reunión de repudio contra la inmigración de los 5,900 ingleses antillanos solicitados por los dueños de centrales.632 El corresponsal, solidarizándose con la posición del líder obrero, se opuso a que «una raza sin condiciones como la cocola invada nuestros pueblos»; ellos «dejan su semilla negra y sus malas costumbres que nos humillan y nos avergüenzan; la tan odiada como denigrante inmigración cocola».633 Igual actitud asumió Kunhardt, tres años más tarde, al afirmar con desdén, en 1919, que los cocolos y haitianos eran «menos civilizados, inferiores etnológicamente».634 Una posición distinta adoptó Mauricio Báez en 1946.Liberado de los prejuicios de Kunhardt, dirigió una exitosa huelga en los centrales azucareros de la región oriental, a la que se integraron antillanos y haitianos. Sin proponérselo, Kunhardt servía a los intereses de las élites, dado que el ingreso de los 5,000 braceros que promovían los dueños de centrales beneficiaba económicamente solo a la

«Alerta obrero». Listín Diario, 18 de agosto de 1916, año XXVIII, núm. 8173, 5. 632 Listín Diario.6 de septiembre de 1916, año XXVIII, núm. 8189, 5. 633 «De San P. Macorís. Sobre la inmigración cocola». Listín Diario, 18 de octubre de 1916, año XXVIII, núm. 8225, 7. 634 Justicia, 10 de noviembre de 1919, p. 10. Citado por Humberto García. De la Central Guánica al Central Romana, p. 446, nota 166. 631

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administración estatal de entonces. El secretario de Agricultura e Inmigración viajó a San Pedro de Macorís a ponerse de acuerdo con los administradores de centrales para que cada unidad aportara RD$2,000 al Estado por el permiso de entrada de los braceros.635 La llegada de los obreros no garantizaba a los dueños de ingenios que pudieran disponer de ellos de manera permanente durante toda la zafra. Hubo personas que se dedicaron a subcontratarlos para la industria azucarera de Cuba. El revuelo que causó la promoción de esa idea fue comentado despectivamente por el Listín Diario, calificándolos «como la nube de negros cocolos» cuya entrada al país representaba gasto de millones de pesos.636 El lenguaje peyorativo para referirse a los inmigrantes no se limitaba a la prensa, también era común en las comunicaciones de los funcionarios. El secretario de Estado de Agricultura, en septiembre de 1923, ordenaba a sus subordinados cobrar RD$50 a los pasajeros de «raza inferior» según establecía la ley. Esa «raza inferior» eran los negros y asiáticos.637 Ese discurso, que se mantuvo contra los inmigrantes angloparlantes, reflejaba los conflictos que vivía internamente la sociedad dominicana, como destacó Martínez-Vergne.638 Era la frustración de la élite, puesta de manifiesto en su interés por introducir población caucásica europea y su decepción ante la llegada de personas cuyos ascendientes eran africanos.639 «5.000 cocolos por $14.000». Listín Diario, 6 de octubre de 1916, año XXVIII, 8215, p. 8. 636 «La Inmigración en Cuba». Listín Diario, 1 de octubre de 1919, año XXXI, núm. 9110, p. 4. 637 Archivo General de la Nación. Secretaria de Estado de Agricultura. 19191923. Caja 2. No. 601555. 638 T. Martínez-Vergne. Ob. cit., 188. 639 P. Bryan. «La cuestión obrera…», p. 61. 635

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Tal como los hombres recibieron agresiones verbales, las mujeres británicas antillanas fueron también objeto del rechazo más contundente. En las ciudades portuarias se originó un discurso que hacía sospechosas a las migrantes de portar enfermedades tan dañinas como las de los hombres. Así lo puso de manifiesto Martínez-Vergne en la citada investigación.640 Las autoridades catalogaron a la prostitución como el principal propagador de enfermedades, y colocaron a las mujeres extranjeras en el centro de ese problema sanitario. Nunca fue vista la prostitución, tal como planteó Martínez-Vergne, como «la devastadora aflicción para las mujeres pobres» […], «porque la necesidad las obligó» en una sociedad que no les ofrecía oportunidades de educarse, de trabajar para respetar su honra, sino que eran vistas como las culpables del mal y de ese modo deseaban que fueran vistas quienes creaban esa narrativa. Sin embargo, el discurso difundido en los medios de comunicación contra los inmigrantes británicos antillanos fue más fuerte que su impacto en la realidad. Desde los medios de prensa se intentaba crear una opinión de rechazo por razones de xenofobia. En La Romana, donde residieron cientos de inmigrantes en los sectores de Brooklyn, Tocones y Fortuna, la convivencia entre dominicanos, británicos antillanos y haitianos nunca generó un clima de aversión de unos hacia los otros, al menos de forma pública. Sobre ese particular de manera categórica así lo afirmó en una entrevista Sidney Allen.641 Lo que más bien sucedía era una incomprensión cultural de la élite dominicana hacia ellos más no así de los obreros en el central o los residentes en los barrios hacia los británicos antillanos. Y esa 640 641

T. Martínez-Vergne. Ob. cit., pp. 278-279. Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Sidney Allen en su casa en La Romana, 27 de marzo de 2014.

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incomprensión era sentida por los inmigrantes como rechazo. Se trataba de burlas por los usos culturales diferentes. La experiencia de Ruth Andrew de Melo ilustra este sentir: sus compañeras de escuela la mofaban por la forma como la peinaba su madre y las conversaciones en inglés que sostenía con su hermana.642 Entre sus compañeras de escuela suscitaban reacciones de sarcasmo el que hablara inglés y tuviera peinado diferente. Una de las opiniones opuestas a los braceros argumentaba que las ganancias obtenidas por ellos eran enviadas al exterior y no la gastaban en el territorio nacional. Como solución a ese reclamo, William L. Bass propuso que los braceros se radicaran en el país junto a sus familiares y, de esa manera, sus ganancias también se quedarían en el territorio nacional.643 Otro tema por el que se criticó la presencia de los braceros fue el laboral. Se pretendía impedirles la entrada, alegando que así mejoraría las condiciones laborales del obrero dominicano. El abanderado de esa idea fue el diputado Emilio Bobadilla, quien al presentar en el Congreso un proyecto de ley con el objetivo de fomentar otro tipo de inmigración expresó: […] al obrero que en la única industria que su deficiente, o mejor dicho, nula capacidad productiva le permite realizar su trabajo muscular para procurarse el sustento […], defendiéndole de la competencia del obrero extranjero, y elevando por este procedimiento su jornal, ponerle Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Ruth Andrew de Melo en la oficina del Colegio Episcopal de La Romana, 17 de diciembre de 2014. Doña Ruth nació en La Romana. Su madre era de Saint Kitts y su padre de Antigua. Por ambos progenitores recibió los patrones formativos de los inmigrantes ingleses que la hace voz autorizada para referirse a la convivencia interna del grupo. 643 El Cable, 5 de noviembre de 1893. 642

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tal vez en condiciones de acumular mediante el ahorro, modesto capital para aplicar asociado a su trabajo independiente, y producir nuevas riquezas. […] Cuando el obrero que viene a la concurrencia con el obrero dominicano trae por su contacto con éste enseñanza ventajosa, ejemplo de sobriedad, economía, limpieza y moralidad, gana inmediatamente el país porque, adquiridos por el labriego indígena nuevos conocimientos en el arte de producir, hábitos de economía y sobriedad, su condición se transforma y dirige su actividad en sentido productivo y moralizador. […] Las grandes haciendas de caña que tienen asiento en el país, buscan en la baratez de la mano de obra, la economía de la producción; pero al importar obreros de raza inferior, no solo dificultan al indígena el acceso al salario, sino que aportan gérmenes de deplorables costumbres […]. Para restringir la inmigración de esos perniciosos elementos de desmoralización os propongo que votéis con urgencia el proyecto de ley…644 Ese proyecto, que no fue aprobado con el texto original, proponía a las empresas contratantes de personal extranjero que solicitaran permiso al Poder Ejecutivo. La oficina encargada de aprobar las solicitudes sería la Secretaría de Agricultura e Inmigración. El interesado debía expresar el número de braceros que contrataría, su raza, procedencia y qué puestos ocuparían. Si de manera voluntaria llegaba algún extranjero en busca de trabajo, debía obtener del gobernador de la provincia un documento con informaciones 644

Congreso Nacional. «Presidencia del diputado A. Acevedo». Santo Domingo, Gaceta Oficial, 7 de enero, 1911, año XXVIII, No. 2155.

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tales como su filiación y el tipo de faena que iba a realizar. Los obreros extranjeros no aceptados debían pagar una fianza de RD$30.00 a la administración de Hacienda que los devolvería cuando el trabajador abandonara el territorio nacional pasados los cuatro meses de zafra; en adición, debía pagar RD$20.00 al gobernador. La misma ordenanza penalizaba a los dueños de fincas, fábricas o industrias con el pago de RD$30.00 de multa si empleaban braceros que no cumplían con los requerimientos anteriores. Similar rechazo a esta ley manifestó el editorial del Diario de Macorís, que calificaba a los inmigrantes británicos antillanos de «competencia de baja estofa», «cocolaje», «peonada barloventina», que «perjudica étnicamente el mejoramiento de nuestra sociedad», gente «indeseable desde todos los puntos de vista», «negros de primitivas costumbres africanas»; «verdaderas rémoras del ideal de mejoramiento étnico», «indeseable inmigración cocola». El periódico también incitaba a la violencia contra ellos.645 Retirada la Infantería de Marina de los Estados Unidos, el tema racial persistió en las intervenciones que se hacían sobre los braceros cocolos. En 1925, el secretario de Agricultura, Rafael A. Espaillat, en sus memorias presentadas al presidente Vásquez, calificaba la migración como funesta para el país; según él, era una sedimentación de raza negra. La señalaba como el producto de la invasión temporal de braceros laborales en la caña que llegaban como bandas de golondrinas. La veía como un mal necesario, porque si era suspendida, entonces los campesinos dejarían de producir víveres porque tendrían que laborar en los ingenios. Coincidía en este punto con Bonó, quien había planteado en décadas anteriores su oposición a que se enrolara al 645

Editorial. Diario de Macorís, año XXXVIII, núm. 11,879, del miércoles 29 de junio de 1927, 1.

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campesino en los trabajos de la factoría azucarera. La misoginia de Rafael Espaillat se puso de manifiesto cuando planteó no ser partidario de que se introdujeran mujeres, con lo que pretendía evitar la nacionalización de la raza, cuya mezcla no convenía. Finalmente proponía la expulsión de los delincuentes e inútiles, amparados en la indiferencia de gobiernos anteriores. El inspector general de inmigración, Domingo Álvarez, informaba de un censo que se haría con el propósito de identificar a los braceros inmigrantes.646 En 1926, Luis F. Vidal defendía la presencia de los inmigrantes antillanos británicos y haitianos.647 En una evaluación del tema, planteó que la inmigración contenía dos posibilidades. Una de orden racial, según la cual las autoridades deseaban poblar el campo con personas caucásicas, y la otra de carácter industrial. Los inmigrantes tenían presencia en suelo dominicano debido a la «escasez e incompetencia del bracero dominicano». En su defensa del obrero inmigrante agregó que el poco consumo era una manifestación de prudencia, porque debía ahorrar para sostenerse cuando regresaran a su hogar, donde no tendría la posibilidad de disponer de oportunidades laborales. Con el advenimiento del general Rafael Trujillo Molina, tuvo entre sus ejes ideológicos el mejoramiento de la sociedad por medios raciales.648 Su narrativa se mantuvo al nivel del discurso de la exaltación de lo hispánico. Debido a esa estrategia, prestó atención a discursos similares en otras latitudes geográficas. Esto se puso de manifiesto cuando fue

Rafael Espaillat. «Memoria que al Honorable Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración». Gaceta Oficial, 31 de octubre, 1925, año LI, núm. 3695. 647 L. F. Vidal. Ob. cit., pp. 5 y 34. 648 La ascendencia haitiana del general Trujillo por parte de su madre lo disuadió de llevar el tema a lo biológico como hubiera pretendido. 646

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convocado el congreso de eugenesia y homicultura celebrado los días 23 al 25 de noviembre de 1934 en Buenos Aires, evento al que el Estado envió como representantes a Osvaldo Loudet y Max Henríquez Ureña.649 Las publicaciones de rechazo contra los inmigrantes británicos antillanos en la prensa llegaron a generar acciones de violencia. Varios casos se saldaron con hechos trágicos. Víctimas del discurso promovido por las élites y de las acciones de los militares fueron los esposos Griffin. Cyril Griffin nació en Parham, Antigua, el 10 de agosto de 1889, y salió de su tierra natal el 15 de noviembre de 1929. Su esposa, Marie Germonine Griffin, nació en Mahaut, Dominica, el 15 de agosto de 1885. Era portadora del pasaporte No. 2245, expedido por las autoridades de Antigua el 24 de junio de 1920, isla de la que salió en 1935. Residían en San Pedro de Macorís, en la calle 21, del Barrio Sur. El 10 diciembre de 1935 la señora Griffin, como consecuencia de diferencias con una vecina, fue agredida por soldados dominicanos. A causa de los maltratos corporales, perdió un embarazo de dos meses. Los militares involucrados eran el raso Alejandro Díaz Camilo y el cabo Federico de Jesús Reyes. Los dos fueron degradados y sometidos a la acción del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Ese tribunal condenó al raso, el 21 de mayo de 1936, a un año de prisión por violación de domicilio, prisión ilegal y maltratos físicos. El cabo fue sentenciado a seis meses de prisión. Los agraviados exigieron una compensación económica, que fue rechazada por las autoridades. Para negarla se alegó que, en el momento de producirse los hechos, los 649

«Decreto 1074. Designación de los Sres. Dres. Max Henríquez Ureña y Osvaldo Loudet para representar a la República en la Segunda Conferencia de Eugenesia y Homicultura, en Buenos Aires». Gaceta Oficial, 26 de septiembre, 1934, año LV, núm. 4720.

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soldados no estaban actuando bajo instrucciones superiores, y que la señora Griffin no recibió lesiones permanentes.650 El 17 de septiembre de 1936, William A. Elders, encargado de negocios interino de la embajada del Reino Unido, comunicó a las autoridades dominicanas la solicitud de indemnización en favor de Marie Griffin por los daños causados, ascendente a 150 libras esterlinas. En el documento hacía constar el punto de vista de la misión diplomática en la que apoyaba el reclamo de la señora Griffin. Las autoridades de la embajada, en comunicación del 14 de noviembre de 1936, hicieron saber a la cancillería dominicana la responsabilidad de la administración gubernamental en el atropello de que fue objeto Marie Griffin. En ese documento, el Gobierno del Reino Unido informaba el retiro de la reclamación que había presentado en favor de la agredida mujer. En la nota 67, los ingleses expresaban el interés de que el gobierno dominicano respetara los derechos de los extranjeros y apoyaba que fuera retirada la demanda de indemnización a favor de los perjuicios sufridos por Marie Griffin.651 A. S. Paterson comunicó el 26 de abril de 1937 que el Estado dominicano denegó la solicitud de indemnización. Otra víctima mortal de la política selectiva de inmigración, que generaba el odio contra ellos, fue James Alexander Smith, asesinado la noche del 12 de octubre de 1934 por el soldado Telésforo García. Por este hecho García fue condenado el 21 de diciembre de ese año en el juzgado de primera instancia del Seibo al pago de RD$100.00 Luego la corte de apelación de Santo Domingo lo condenó a dos años de Ciryl Griffin tuvo en riesgo su vida en dos ocasiones y se le impusieron multas ascendentes a RD$8,75. Una de las veces lo detuvieron con su mujer y un hijo menor de edad, y a su mujer le negaron las atenciones médicas y le sustrajeron 50 dólares. 651 National Archives. Londres, Foreign Office, 140/27. 650

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prisión correccional por crimen voluntario y al pago de los costes. Ante la insatisfactoria condena de RD$100.00 de multa, la cancillería inglesa solicitó un castigo más severo y una compensación económica para los familiares. Las dos reclamaciones fueron atendidas por los tribunales.652 La muerte de Smith fue consecuencia del prejuicio que se había extendido contra los inmigrantes antillanos británicos. En el documento citado se expuso que una persona denominada Bolo Velenciano hizo una denuncia al jefe del departamento del Ejército nacional en La Romana. Según el denunciante, en los matorrales había visto a una persona que sospechaba era algún criminal. El jefe militar ordenó la captura del sospechoso, que tuvo como fatal desenlace la muerte de Smith. La cancillería inglesa solicitó una compensación de 500 libras esterlinas. El 8 de junio de 1936, el Foreign Office autorizó a su funcionario, W. A. Elders, de la embajada en Santo Domingo, que aceptara la compensación ofrecida por el presidente Trujillo.653 El 24 de ese mismo mes el funcionario Elders transmitía al comisionado de las Islas Vírgenes Británicas, en Tortola, que el Estado dominicano daba una indemnización de US$2.500.00 por el asesinato de James Smith en octubre de 1934. La beneficiaria final del dinero fue su madre, Augusta Fahie. Otro súbdito agraviado fue Timothy Caines, por el que se solicitó la suma de 250 libras. Había sido herido por un cabo del ejército en marzo de 1935, en la ciudad capital. La compensación que recibió ascendió a RD$1,250.00. Todas las compensaciones del Estado dominicano las realizó bajo el concepto de que eran una prueba de benevolencia, y no como compensaciones de carácter legal o moral.

652 653

National Archives. Londres, Foreign Office, 371/18702. National Archives. Londres, Foreign Office, 140/26.

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James Alexander, fue otro inmigrante antillano británico víctima de esa política discriminatoria. Fue asesinado a principios de 1901 en San Pedro de Macorís. Era nativo de St. Vicente. Tres años antes de su muerte trabajaba en el central Porvenir. El suceso en que perdió la vida se produjo después de tener controversias con una persona a causa de un cuchillo y unas tijeras que se había encontrado. El propietario las reclamó y al momento de la devolución el jefe de policía, que estaba presente, le llamó vagabundo a James Alexander. Su reacción fue de protesta y por ello fue arrestado. En un acto insólito, fue puesto bajo la custodia de un civil armado para que lo condujera al recinto policial. Al poco tiempo, el civil le disparó al corazón alegando que el detenido pretendía escapar. El asesino fue juzgado por el tribunal de primera instancia, que lo absolvió por considerar que había actuado en defensa propia. Posteriormente, el Estado dominicano pagó RD$5,000 de indemnización en respuesta a las presiones hechas por las autoridades inglesas.654 La narrativa en contra de los inmigrantes británicos antillanos quedó tan enraizada que, en años posteriores, hubo literatos que lo asumieron en sus relatos. En Batey, novela de Tarquino Donastorg, se presenta a uno de esos inmigrantes como persona carente de solidaridad, indolente, ruin y vago, ante la imprevista tarea de ayudar a extinguir un incendio en el cañaveral. Lo dibujó el autor en actitud de evadir responsabilidades, de ocultarse en la habitación de un barracón. El autor ajusta cuentas con el desdichado y escurridizo inmigrante haciendo que el capataz le propine varios planazos.655 En otra novela, titulada Con el diablo en el 654 655

National Archives. Londres, Foreign Office, 371/18702. T. Donastorg. Batey. Imprenta Lockhart, San Pedro de Macorís, 1972, p. 63.

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cuerpo, el autor, Rafael Darío Durán, expuso la propensión aventurera de los antillanos británicos. En el argumento, Adolfanfo Stanley, oriundo de St. Kitts, dejó a su mujer para irse a la selva venezolana, donde fue mordido por un crótalo que le produjo la muerte. Ese personaje era el abuelo de Josua Stanley Capellán, protagonista del relato, quien siguiendo el sendero de su antepasado se fue a Cuba, donde vivió episodios altos y bajos de su vida. Quería conocer al escritor estadounidense Ernest Hemingway, pero sufrió una decepción cuando logró el encuentro con el célebre Nobel de literatura. A partir de ese momento su vida transitó por senderos de aventura con la conocida cantante La Lupe.656 Nunca alcanzó una meta de prosperidad en su vida. La solución a la dependencia del mercado laboral insular angloparlante no se resolvería en aquellos años. Al contrario, adquiriría mayores dimensiones en los tiempos por venir para los dueños y administradores de ingenios, que continuaron contratando inmigrantes antillanos británicos, aunque paulatinamente daban cabida en sus nóminas a los haitianos. Estas circunstancias servían de combustible a la inteligencia trujillista que, para entonces, construía los mitos fundacionales del Estado dominicano.657 Como enemigo externo seleccionaron a los afrodescendientes haitianos y dentro de esa nación al segmento de población más pobre. Por analogía racial con los británicos antillanos como se ha visto se le había aplicado en la prensa. Entre los prominentes creadores de la narrativa se destacaron

R. D. Durán. Con el diablo en el cuerpo (novela). Editorial Gente, Santo Domingo, 2008. 657 A. L. Mateo. Mito y cultura en la Era de Trujillo. Ediciones de Colores, Santo Domingo, 1993, p. 140. 656

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Manuel A. Peña Batlle,658 Joaquín Balaguer,659 Carlos Sánchez i Sánchez,660 entre otros. Las expresiones de rechazo a la otredad asumidas por los intelectuales del régimen de fuerza no hicieron mención directa a los inmigrantes antillanos británicos, pero sus consideraciones sutilmente los incluían. Se referían de manera abierta a los negros descendientes de africanos y migrantes, características que tenían los obreros insulares.661 En 1942, Peña Batlle, aludiendo factores étnicos, catalogaba al haitiano como de raza africana, estar mal alimentado, portador de numerosos vicios, transmisores de enfermedades y con deficiencias fisiológicas endémicas.662 Este intelectual, al servicio de la dictadura trujillista, clasificaba a los afrodescendientes como una molestia porque se constituían en un obstáculo al interés de blanqueamiento.

Manuel A. Peña Batlle. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo. Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado, secretario de Estado de Interior y Policía. 659 Joaquín Balaguer fue subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, embajador en las Repúblicas de Argentina y México. En su queja contra los haitianos culpabilizó a la política exterior colonial española por los tratados bilaterales firmados en 1680 en Nimega, y en 1795 en Basilea, que reconocieron la presencia francesa en el occidente de la isla, dando con ello origen al problema racial llamado Haití. El autor, asumiendo el mismo concepto valorativo de Gobineau, no concebía la pigmentación de la piel como un problema, más bien centró su inquietud en factores de la eugenesia en los que también alude a los cocolos por su condición de afrodescendientes. 660 Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, cuyo libro era usado como texto para los estudiantes. 661 Las manifestaciones de desprecio que eran publicadas en la prensa lo dejan por sentado. 662 M. A. Peña Batlle. El sentido de una política. La Nación, Ciudad Trujillo, 1943, p. 13. 658

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Sánchez i Sánchez adoptó las bases de los discursos anteriores de etnia y raza. Creía necesario bajar el número de negros, a quienes concebía de baja extracción racial y anímica, por lo que debían ser sustituidos por un patrón moral y de civilización superior.663 En Balaguer, la idea de eugenesia ocupaba una posición central en su discurso, tendente a fortalecer uno de los mitos de la nacionalidad dominicana de los que hizo referencia Andrés L. Mateo. Le daba trascendencia al valor físico de la raza y la manera como ejercía influencia en lo degenerativo, las costumbres, las fallas patológicas y las enfermedades, entre otros males.664 En diversas páginas, el funcionario trujillista emitió valoraciones negativas contra los afrodescendientes. Eran usadas expresiones como «raza inferior», «progresivo retroceso de la raza», «detención de la penetración africana» y «nación inferior».665 A los pocos años de ser publicado el estudio de Balaguer, el antropólogo Lèvi-Strauss desmintió esas ideas. Afirmó que no existía diferencia entre las razas. Los seres humanos representaban una unidad biológica y solo se distinguen entre sí por las diversas prácticas culturales.666 Las opiniones sobre la inmigración en el siglo XX no se alejaron del tema étnico y continuaron la tendencia iniciada en la anterior centuria. Quienes hicieron pública su posición fueron categóricos al afirmar que se continuara incentivando la llegada de extranjeros blancos, con quienes se pretendía equilibrar el numeroso arribo de trabajadores afrodescendientes desde

C. Sánchez i Sánchez. Curso de derecho internacional público americano. Editora Montalvo, Ciudad Trujillo, 1943, pp. 103-113. 664 J. Balaguer. La realidad dominicana. Semblanza de un país y de un régimen. Imprenta Ferrari Hermanos, Buenos Aires, 1947, p. 125, nota 50. 665 Ver páginas 15, 111, 112 y 113 del citado libro de J. Balaguer. 666 C. Lèvi-Strauss. Raza y cultura. Ediciones Cátedra, Madrid-La Habana, 1996, p. 108. 663

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Haití. Francisco J. Peynado sugería que con los inmigrantes blancos se colocaría una barrera biológica frente a la nación haitiana.667 José Ramón López, en la celebración por el Día de la Raza, participó con un trabajo titulado: «¿Cuáles medios serían más factibles para encausar una corriente española a Santo Domingo?».668 Era recurrente en utilizar a los migrantes europeos como valla de contención ante el «otro», como proponía Francisco J. Peynado. La defensa de los intelectuales al servicio del trujillismo respecto a ese tema reforzó el interés que otras administraciones gubernamentales tuvieron por captar población blanca. Esto se reflejó en la política diseñada en relación con los refugiados europeos. El discurso de los ideólogos del régimen de fuerza hace pensar más en una opción por las doctrinas biologistas, debido a su abierta oposición contra los afroantillanos, en especial los haitianos pobres, que en una cuestión cultural. En el periodo estudiado, los empresarios compartieron igual propósito de contratar población europea o hispana precedente de Puerto Rico y Cuba sin mucho éxito. Esto no les dejó alternativa que no fuera aceptar obreros afrodescendientes en número elevado de las Antillas británicas. En el próximo capítulo se estudiarán el destino donde fueron; los lugares donde fijaron residencia. Igualmente, se les examinará para conocer aspectos de su perfil social, así como las reacciones provocadas por su presencia en la sociedad dominicana.

J. D. Balcácer (Ed). Papeles y escritos de Francisco J. Peynado (1867-1933). Prócer de la Tercera República. Vol. I, Fundación Peynado Álvarez, Santo Domingo, 1994, p. 22. 668 J. R. López. Más escritos dispersos, T. III, pp. 333-338. 667

LOS INMIGRANTES ANTILLANOS BRITÁNICOS EN LA INDUSTRIA AZUCARERA DE SAN PEDRO DE MACORÍS Y LA ROMANA La industria azucarera El principal destino laboral al que llegaron los inmigrantes afrodescendientes fue la industria azucarera de San Pedro de Macorís y La Romana. Por ello, en este capítulo serán estudiadas sus actividades en este sector productivo Al momento de estallar la guerra de los diez años, funcionaban en Cuba 1,158 centrales azucareros. La contienda llevó a algunos de los inversionistas a trasladarse a Santo Domingo. Entre ellos se encontraban Carlos Loynaz, quien en 1872 realizó la primera siembra de caña en Puerto Plata, a orillas del río San Marcos, y construyó un ingenio azucarero.669 Joaquín M. Delgado, en 1874, fundó el primer ingenio de vapor, que denominó La Esperanza, en las inmediaciones de la capital. Enrique Lamar instaló, en San Carlos, el ingenio La Caridad, y Juan Amechazurra fundó en 1876 el

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O. Inoa. Azúcar, árabes, cocolos y haitianos. Editora Cole, Santo Domingo, 1999, p. 96.

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ingenio Angelina.670 En la historiografía dominicana suscitaba interés precisar quién desarrolló primero la producción de azúcar con medios mecanizados. Roberto Marte, citando un documento de ultramar del Servicio Histórico Militar de Madrid, afirmó que en la República Dominicana el cubano Joaquín Delgado había sido el primero en producir azúcar con utensilios movidos por vapor.671 Orlando Inoa ha opinado que ese mérito le correspondió a Carlos F. Loynaz, igual parecer tiene José del Castillo.672 En todo caso dicha proeza le tocó a un cubano. Otros centrales fundados por cubanos, donde posiblemente se usó tecnología traída de la mayor de las Antillas, fueron inventariados por Del Castillo en el trabajo antes citado. Varios de ellos se establecieron en San Pedro de Macorís como, por ejemplo, El Consuelo, erigido por la firma Paró-Solaun en 1882; Juan Amechazurra construyó el Angelina; Santiago Mellor creó el Porvenir; Juan Fernández de Castro fomentó el Cristóbal Colón. En 1882 casi todos los centrales tenían algún grado de tecnificación con excepción de ocho, como refirió Marte.673 El Angelina usaba máquina horizontal de 16 ½ pulgadas de diámetro por 3 ½ pies de golpe, un tren jamaiquino y un tren Merechal. El Porvenir tenía una máquina horizontal de 18 pulgadas de diámetro por 3 pies de golpe, aparato de triple efecto, 4 centrífugas Weston, 4 calderas, 6 defecadoras y 3 clarificadoras.674 Sánchez, J. J. Ob. cit., pp. 29 y 43. R. Marte. Cuba y la República Dominicana…, p. 395, nota. 98. 672 José del Castillo Pichardo. «La formación de la industria azucarera dominicana entre 1872 y 1930». Clío 169, año 74, enero-junio 2005, núm. 169, p. 22. 673 Roberto Marte. Cuba y la República Dominicana…, p. 433, nota. 190. 674 Gobierno Dominicano. «Apéndice anexo a la memoria del Secretario de Estado de Justicia, Fomento e Instrucción Pública. No. 4. Estadística agrícola e industrial». Gaceta Oficial, 17 de junio de 1882, año XI, BNPHU, núm. 418. 670 671

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Obreros laborando en el empaquetado de caña destinada al Ingenio Cristóbal Colón. Fuente: Archivo General de la Nación: Área de fotografías-Materiales especiales.

La presencia de los primeros capitalistas cubanos motivó al presidente Ignacio María González a dar facilidades a quienes desearan instalar sus empresas agroindustriales en suelo dominicano. Detrás de los cubanos se establecieron los siguientes inversionistas estadounidenses: Santa Fe Plantation and Sugar Company, propietaria del ingenio Santa Fe; Sugar Company, de New York, con capital de 700,000 dólares, construyó o el ingenio Consuelo. La General Industrial Company of Santo Domingo poseía el ingenio Angelina; The Porvenir Sugar Company tenía en su débito el ingenio Porvenir; también el borinqueño Jorge Juan Serrallés poseía del ingenio Puerto Rico. De acuerdo con Andrés Ramos Mattei, este último central había sido instalado como consecuencia de la crisis de los precios que afectó en los años 80 del siglo XIX a la industria azucarera de Puerto Rico.675 Dichas empresas habían llevado a la República Dominicana 675

A. Ramos Mattei. «La emigración puertorriqueña hacia el Caribe: 18991901». Historia y Sociedad 3, 1990, pp. 60-77, 64.

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Maquinarias del Ingenio Colón donde laboraban cocolos. Fuente: Colección privada.

locomotoras, vías férreas, electricidad y telégrafos, entre otros elementos de progreso. El arribo de las inversiones repercutió en el incremento del área sembrada y en el uso de la tecnología. La fertilidad de la tierra fue resaltada en su informe de 1871 por los congresistas estadounidenses que visitaron el país para investigar si la población deseaba la anexión a Estados Unidos, como querían los presidentes Buenaventura Báez y Ulysses Grant. Los legisladores vieron que la caña sembrada en algunas zonas no necesitaba resembrarse durante varios años y permitía varios cortes.676 Esos dos 676

Los comisionados observaron: En muchas partes de Santo Domingo, la caña no necesita volver a sembrarse o replantearse por muchos años. En E. Rodríguez Demorizi (editor). Informe de la comisión de investigación de los E. U. A. en Santo Domingo en 1871. Editora Montalvo, 1961, p. 78.

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Casa de máquinas en el Ingenio Cristóbal Colón. Fuente: Archivo General de la Nación: Área de fotografías-Materiales especiales.

factores tropezarían con la dificultad de la escasez de la mano de obra local. Los inversionistas extranjeros demandaron grandes extensiones de tierra, que compraron a los hateros y a un elevado número de pequeños propietarios. Juan J. Sánchez, testigo de la época en que la inversión extranjera llegó al país, se refirió a la superficie en tareas sembradas de caña. El ingenio Angelina tenía 7,675 tareas; Puerto Rico 9,500; Porvenir 14,921; Cristóbal Colón 9,000; Quisqueya 8,200; Santa Fe 15,000 y Consuelo 24,100.677 A esas extensiones se sumaban las tierras de los colonos, que demandaban un número aún mayor de obreros. La disponibilidad de asalariados fue un gran problema para los dueños y administradores. Sánchez

677

Juan J. Sánchez. Ob. cit., pp. 46-54.

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Taller de mecánica en el Ingenio Cristóbal Colón. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

se refirió al bajo número de obreros que laboraba en la zona agrícola, en comparación con la proporción de las tierras sembradas. El número de trabajadores por ingenio era el siguiente: Angelina tenía 511 obreros, el Puerto Rico 600, el Porvenir 300, Cristóbal Colón 450, Quisqueya 300, Santa Fe 600 y Consuelo 700. El escaso resultado en las políticas de atraer colonos europeos hizo que las administraciones gubernamentales dejaran en manos de los inversionistas la solución del problema, tal y como hemos explicado en capítulos anteriores. Una de las debilidades de la industria azucarera dominicana era el tipo de azúcar que producía. Abad, testigo de la época, afirmó que los centrales no refinaban el producto, sino que quedaba en la escala más inferior de la tabla holandesa, que establecía cuatro tipos de azúcares. La incapacidad de ofrecer un producto de superior calidad los

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Locomotoras de los ingenios operadas por los cocolos. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Alejandro Paulino.

situaba en aprietos cuando bajaban los precios en el mercado mundial.678 Debido a la condición de ocupar uno de los últimos puestos entre los productores a escala internacional, buscaban de modo desesperado obreros que trabajaran por los bajos salarios que les permitieran permanecer en el mercado. Lo anteriormente expuesto puede ser una de las causas por las cuales los dueños de ingenios pagaban bajos salarios. Ese requerimiento supeditaba el empleo de obreros a la aceptación de la oferta salarial de los centrales. Años después de iniciada esa tendencia, Calderón Martínez analizó sus alcances y, de varias conclusiones, llegó al menos a una

678

J. R. Abad. Reseña general geográfico-estadística. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1993, pp. 319-320.

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Construcción del muelle del ingenio Consuelo. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

reveladora: tener que pagar más bajos salarios679 facilitaba la extracción de un mayor plusvalor por parte de los inversionistas. Era una situación que perjudicaba a todos los que empleaba dicha industria, fueran nacionales o extranjeros. Hasta la instalación de los centrales azucareros, las élites gobernantes no habían sido capaces de introducir en el país el progreso material como era asumido entonces. La fundación de esas industrias provocó opiniones a favor y en contra. Bonó estaba entre quienes repudiaban la 679

R. Calderón Martínez. «El movimiento obrero dominicano, 1870-1978». En P. González Casanova (Coord.), Historia del movimiento obrero en América Latina, México, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Vol. I. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México, 1984. 253-357. Es inexacto afirmar que la presencia de los obreros extranjeros imposibilitó «el proceso formativo del proletariado nacional, más aún por tratarse de inmigrantes de lengua y cultura diferentes…». Queda patente el prejuicio frente al otro.

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presencia de los ingenios. Argumentaba que la adquisición de las tierras arruinaría a los campesinos y provocaría un grave perjuicio a la producción agrícola, que era la base de la subsistencia de las ciudades. La inversión —entendía—, destruía los conucos, el ganado, la crianza de corral, bases de la manutención campesina.680 Los redactores de El Eco de la Opinión, en cambio, se manifestaron de manera favorable al considerar que la presencia de los centrales contribuía a forjar la base del progreso material.681 Hostos estaba entre quienes defendían esta inversión porque los resultados positivos que dejaban eran superiores a los negativos enumerados por Bonó. En 1884, Hostos realizó un balance de factores negativos y positivos. Asumió como negativos que la instalación de los centrales, en el sur y en el este, había propiciado el abandono por parte de los campesinos de los predios agrícolas para convertirse en obreros de la producción industrial a gran escala. Como consecuencia, el mercado interno se había reducido y habían bajado las exportaciones e importaciones, especialmente en las dos citadas regiones, contrario a lo que sucedía en el Cibao, donde había mayor concentración de personas y se destacaba la producción de cacao, café y tabaco, impulsada por pequeños propietarios. Otro aspecto positivo que resaltó Hostos fue la creación de empleo a nivel nacional: 5,500 jornaleros nacionales, 500 extranjeros y unos 200 técnicos especializados, que con sus salarios adquirían otros bienes y generaban dinamismo en la economía.682 E. Rodríguez Demorizi. Papeles de Pedro F. Bonó. Para la historia de las ideas en Santo Domingo. Editora del Caribe, 1964, p. 281. 681 El Eco de la Opinión. 10 de mayo de 1879, p. 1. 682 E. M. Hostos. «Falsa alarma. Crisis agrícola». En E. Rodríguez Demorizi, Hostos en Santo Domingo. Vol. I. Academia Dominicana de la Historia, 1939, pp. 159-176. En adelante, E. Rodríguez Demorizi, Hostos en Santo Domingo.

680

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En ese sentido, el mismo Calderón ha afirmado, en otra de sus conclusiones, que la culpa de esos bajos salarios se debía a la presencia en esa industria de los braceros procedentes de las islas inglesas. En su análisis dejó fuera la influencia que ejercían otros productores en el mercado mundial, que contribuían a la baja del precio del azúcar y, a su vez, a la depresión de los salarios, con los problemas sociales que esto provocaba, como lo había advertido Bonó.683 Los administradores y dueños de centrales eran conscientes de que sus productos debían competir con otros en los mercados internacionales. También tenían presente los fundamentos de la economía clásica vigente en aquellos años. La producción era posible por la combinación de los factores tierra, trabajo y capital. Los factores trabajo y tierra, para dicho postulado, eran asumidos como generadores de riqueza. Basados en esa idea las autoridades exigieron a los inversionistas de centrales que dieran participación a colonos dominicanos en la siembra de caña. Dentro de esa posibilidad, Domingo del Monte era partidario de la siembra intensiva de la caña para incrementar las ganancias.684 La otra combinación posible para generar riqueza consistía en la implementación de la tecnología y la reducción del número de obreros. Los industriales llevaron a la práctica ambas ideas. En el inventario de centrales e ingenios hecho por el Estado en 1882, uno de ellos ubicado en San Pedro de Macorís, el Porvenir, cumplía con el requerimiento de extender el área sembrada a favor de los colonos. De las 3,600 tareas plantadas para la molienda, 2,400 pertenecían a colonos.685 E. Rodríguez Demorizi. Papeles de Pedro F. Bonó…, 1964, p. 281. Gobierno Dominicano. «Costos de azúcar. Costos y productos». Gaceta Oficial, 19 de diciembre de 1877, año IV, BNPHU, núm. 202. 685 Gobierno Dominicano. «Apéndice anexo a la memoria del Secretario de Estado de Justicia, Fomento e Instrucción Pública. No. 4. Estadística 683 684

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Los dueños de centrales y colonos se beneficiaban con el trabajo de dominicanos y extranjeros, y constituían una unidad para dar empleo a los braceros independientemente de su origen. En el siglo XX los hacendados continuaron la práctica de ofrecer una parte importante de la cosecha. Héctor Luis Martínez encontró que, en 1922, había más de ochenta colonos en San Pedro de Macorís que entregaban su producción a los dueños de centrales azucareros.686 Cuando descendían los precios en el mercado mundial, claro está, se reducía la ganancia. Por tanto, culpar de los bajos salarios a uno de los sectores que integraban la oferta laboral era una falta de objetividad de quienes tenían ese planteamiento. La incapacidad de la industria de ofrecer un producto final con la variedad requerida en el mercado internacional, como lo había planteado Abad, se puso de manifiesto a principios del siglo XX con los bajos precios, lo cual pasó a ser una amenaza para los productores. El presidente Juan Isidro Jimenes intervino en defensa de los productores azucareros; su punto de vista se desprende de su informe, presentado en las cámaras legislativas el 27 de febrero de 1903, en el que exponía la delicada situación que atravesaba ese sector de la economía debido a los reducidos precios en el mercado mundial. Para solucionarla propuso la firma de un tratado de reciprocidad con los Estados Unidos de Norteamérica que permitiera la entrada de la producción de azúcar dominicana a ese mercado con el pago de un bajo arancel.687 agrícola e industrial». Gaceta Oficial, 17 de junio de 1882, año XI, BNPHU, núm. 418. 686 H. L. Martínez. San Pedro de Macorís en el renacimiento de la industria azucarera dominicana, 1870-1930. Dirección General de la Feria del Libro, 2006, p. 76. 687 Gobierno Dominicano. Mensaje que el Presidente de la República presenta al Congreso Nacional, en su sesión inaugural de la legislatura

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La propuesta presidencial coincidía conla tesis defendida por William Bass, dueño del central Consuelo, que de manera insistente solicitaba que se formalizara el acuerdo entre las dos naciones porque beneficiaría a los productores nacionales de azúcar.688 Mientras se prestaba atención a los productores reiteradamente, los braceros no encontraban defensores influyentes. Tuvieron que pasar alrededor de sesenta años, desde la fundación de los ingenios, antes que se desatara la primera huelga de la cual se tiene registro.689 El presidente Jimenes manifestó interés por la sugerencia de Bass, y elaboró una propuesta propia, pero esta no llegó a entrar en vigor. Sin las ventajas que les daría el tratado, los dueños de centrales se expandieron, pero no se propusieron elevar la calidad del producto en la escala holandesa. Esa condición se prolongó por muchos años. Uno de los pioneros en resolver ese problema fue William L. Bass, quien invitó a sus colegas a fabricar azúcar blanco para formar una asociación con esos fines.690 Cuando los precios eran favorables, los dueños de centrales hacían poco caso a la necesidad de elevar su efectividad, pues no siempre tenían facilidad de contratar personal técnico especializado para ello. Y el que tenía las condiciones, como los cocolos, era objeto de maltrato.

ordinaria del año 1900. Gaceta Oficial, año XXVII, 3 de marzo de 1900, BNPHU, núm. 1332. 688 W. L. Bass. Reciprocidad. Exposición presentada al Gobierno de la República Dominicana. Imprenta La Cuna de América, Santo Domingo, 1902. 689 De la investigación de Cassá sobre la organización de los obreros se desprende que, durante un largo tiempo, de 1880 a 1920, el sindicalismo estaba en fase inicial y los inmigrantes ingleses tuvieron papel protagónico en ese proceso. R. Cassá. Movimiento obrero y lucha socialista en la República Dominicana (Desde los orígenes hasta 1960). Fundación Cultural Dominicana, 1990, pp. 68-88. 690 Listín Diario, 29 de junio de 1917, p. 2.

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Casa de máquinas de la Hacienda Consuelo de William L. Bass. Fuente: Archivo General de la Nación: Área de fotografías-Materiales especiales.

El 13 de agosto de 1904, el presidente Carlos Morales Languasco le comunicó al gobernador de San Pedro de Macorís la queja de Lucas Silfa, en el sentido de que la administración del central Quisqueya causaba daños con el reclutamiento de trabajadores.691 Aunque la información del presidente no especificaba cuál era el tipo de daño, la acción emprendida por quienes dirigían ese ingenio iba en perjuicio de los obreros en los centrales. Por ese motivo, el inspector general de agricultura en San Pedro de Macorís informaba, en 1808, que en el ingenio Consuelo todos los trabajadores eran inmigrantes angloparlantes, puesto que con más facilidad podían ser empleados en las actividades productivas.692 A. R. Hernández Figueroa (Comp.). Documentos del Gobierno de Carlos F. Morales Languasco 1903-1906. Archivo General de la Nación, Vol. CCJIII, 2015, p. 188. 692 Gobierno Dominicano. «Memoria que al ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración». Imprenta de J. R. Vda. García, 1909, 137. 691

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Las expansiones que realizaron los centrales en esos años sugieren la expectativa de mejores precios que tenían los administradores. En 1905, el ingenio Quisqueya aumentó el área para la siembra de caña a 2,500 tareas —es decir, 1,580,000 tareas—, y preparaba 2,250,000 tareas adicionales. Extendió las vías férreas en 2,000 metros. El ingenio Consuelo añadió 640,000 tareas más a las que tenía y preparaba 1,280,000 tareas adicionales. También el central Santa Fe añadió 140 hectáreas a las que cultivaba.693 Las condiciones resultaban tan favorables a los industriales azucareros que fueron fundados, por aquellos años, dos nuevos centrales con el amparo oficial. En 1911 le concedieron permiso a la South Porto Rico Sugar Company para que instalara el Central Romana como una de sus empresas subsidiarias.694 En 1916 fue autorizada la Macoris Sugar Company para que construyera un central azucarero en Las Pajas, cerca de Hato Mayor, con oficinas en San Pedro de Macorís.695 Los responsables de este central eran Gaetano Bouchet, antiguo empleado del central Consuelo, Ramón Reyes, Francisco Brugal, Juan Martín Santoni y Rafael Corso, entre otros. Juan Martín Santoni lo administraría.696 Las dos empresas eran de capital estadounidense y se beneficiaron de la Ley de Franquicias Agrícolas de 1911, promulgada por la administración de Ramón Cáceres.697 Amparados en esa ley,

Gobierno Dominicano. «Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los Despachos de Fomento y Obras Públicas. Santo Domingo». Gaceta Oficial, año XXII, 15 de abril de 1905, BNPHU, núm. 1589. 694 Gobierno Dominicano. «Poder Ejecutivo». Gaceta Oficial, año XXIX, 15 de mayo de 1912, BNPHU, núm. 2296. 695 Gobierno Dominicano. «Poder Ejecutivo». Gaceta Oficial, año XXXII, 26 de agosto de 1916, BNPHU, núm. 2735. 696 Listín Diario, 11 de octubre de 1916, año XXVIII, núm. 8220, 8. 697 Gobierno Dominicano. «Poder Legislativo». Gaceta Oficial, año XXVIII, 8 de julio de 1911, BNPHU, núm. 2207. 693

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varios de los centrales establecidos continuaron ampliando sus instalaciones. El ingenio Santa Fe extendió su vía férrea en cuatro kilómetros;698 el Cristóbal Colón lo hizo en 4,812 metros;699 el Central Romana prolongó la suya en 31 kilómetros y 4 metros;700 el ingenio Consuelo ampliaba su extensión en 1,981 metros701 y agregaba 4 kilómetros y 132 metros a su vía férrea.702 Al Central Romana se le autorizó a construir un puente de acero sobre el arroyo Mucarabón y añadir 2 kilómetros y 13 metros y 8 kilómetros y 23 metros a su extensa vía férrea;703 el Porvenir volvió a ser autorizado para ampliar en 11 kilómetros y 27 metros su vía férrea.704 En 1926, a los ingenios Quisqueyana, Central Romana y Cristóbal Colón se les permitió incrementar sus vías férreas en 10 kilómetros y 58 metros, y13 kilómetros y 5 kilómetros con 125 metros, respectivamente.705 Poco antes de finalizar la década de los años 20, el Quisqueya amplió en 3 kilómetros su

Gobierno Dominicano. «Poder Ejecutivo». Gaceta Oficial, año XXXII, 23 de agosto de 1916, BNPHU, núm. 2734. 699 Gobierno Dominicano. «El jefe interino del gobierno militar de la República Dominicana». Gaceta Oficial, año XXXIV, 31 de julio de 1918, BNPHU, núm. 2929. 700 Gobierno Dominicano. «El jefe interino del gobierno militar de la República Dominicana». Gaceta Oficial, año XXXVI 10 de abril de 1920, BNPHU, núm. 3106. 701 Gobierno Dominicano. Gaceta Oficial, 2 de junio de 1920, año XXXVI, BNPHU, núm. 3121. 702 Gobierno Dominicano. «Decreto núm. 28». Gaceta Oficial, año L, 27 de septiembre de 1924, BNPHU, núm. 3580. 703 Gobierno Dominicano. «Decreto núm. 22». Gaceta Oficial, año L, 13 de septiembre de 1924, BNPHU, núm. 23576. 704 Gobierno Dominicano. «Decreto núm. 198». Gaceta Oficial, año LI, 22 de julio de 1925, BNPHU, núm. 3666. 705 Gobierno Dominicano. «Decretos núms. 201, 205 y 228 para el Quisqueya, Central Romana y Cristóbal Colón, respectivamente». Gaceta Oficial, año LII, 17 de abril de 1925, BNPHU, núm. 3743. 698

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vía férrea;706 el Central Romana le añadió 7 kilómetros 617 metros a la suya y el ingenio Porvenir 3 kilómetros.707 La instalación del Central Romana en 1911 tuvo, en la región, varias repercusiones, pero una de las más trascendentes fue la generación de puestos de trabajo, cuya cantidad superó al de todas las empresas relacionadas con actividades agrícolas e industriales que habían funcionado en la localidad hasta entonces. Incluso, fue mayor al empleo generado por la refinería de petróleo del cubano Enrique Dumois, que funcionó a finales del siglo XIX.708 Cuando la empresa petrolera inició sus actividades disparó la oferta laboral. Entonces su nómina la integraban 80 obreros, de los cuales 3 eran estadounidenses, 14 dominicanos, 12 puertorriqueños, 14 cubanos y 37 angloparlantes de las islas caribeñas.709 El central azucarero provocó en La Romana mayor demanda laboral por el aumento del volumen de los capitales invertidos. Para la instalación de la factoría, en 1918 destinó $550,000 dólares e incorporó a la actividad agrícola otras porciones de tierra.710 En 1932 estas abarcaban 380,740 tareas sembradas de caña, lo que incidió en la ampliación de la oferta laboral con la llegada de más personas para trabajar en las actividades agrícolas e industriales.711 Esto repercutió en el rápido crecimiento de la población en La Romana. Dos años antes de que fuera fundara la empresa azucarera, en Gobierno Dominicano. «Decreto núm. 1002». Gaceta Oficial, año LIV, 6 de octubre de 1928, BNPHU, núm. 4016. 707 Gobierno Dominicano. «Decreto núm. 1020». Gaceta Oficial, año LIV, 7 de noviembre de 1928, BNPHU, núm. 4025. 708 R. Jarvis Luis. La Romana, origen y fundación. Dirección de la Feria del Libro, 2006, pp. 179-199. 709 «La Romana». Listín Diario, 25 de agosto de 1897, 2. 710 H. García Muñiz. De la Central Guánica al Central Romana…, p. 288. 711 Ayuntamiento de La Romana. 1932-1933. Legajo 4389. 706

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Ingenio Angelina, una de las unidades que empleaba cocolos. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

1909, los residentes en las zonas urbana y rural ascendían a 2,316 habitantes.712 Ocho años más tarde, en 1919, el presidente del ayuntamiento informaba que solo la población urbana ascendía a 3,670 personas.713 Casi duplicó la que había en 1909. En San Pedro de Macorís y en La Romana se concentró el mayor número de centrales, que atrajeron poblaciones de diversos puntos del territorio nacional y desde otras islas del Caribe. La gran importancia de los centrales radicaba en la capacidad de producción instalada, avanzada tecnología, extensión de tierras sembradas de caña y la cantidad de obreros nacionales y extranjeros empleados. Héctor Luis Martínez refirió que los centrales Angelina, Consuelo, Cristóbal Colón, Porvenir, Quisqueya y Santa Fe, entre 1913 y 712 713

V. Alfau Durán. Ob. cit. Ayuntamiento de La Romana. 1916-1920. Legajo 4368.

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1916, habían dado empleo estacional a 19,918 braceros extranjeros.714 Con la instalación de la industria azucarera en San Pedro de Macorís y La Romana quedó claro que el abastecimiento de mano de obra dependía, casi en su totalidad, del exterior. Los capitales, la tecnología, los obreros calificados y el elevado número de braceros que usaba eran extranjeros. Hostos lo había observado en 1884, cuando se refirió al desarrollo de esta industria. Afirmó que de los 6,000 jornaleros que empleaba la industria azucarera, 500 eran extranjeros.715

Condiciones laborales, jornada, sistema de pago y tiempo muerto La producción de la industria azucarera, marcada por la temporalidad, fue uno de los componentes que incidió directamente en la condición laboral de los braceros, quienes debían abandonar el país al finalizar el tiempo de zafra. Esta situación los desconectaba de la realidad del país. Con el transcurso del tiempo un elevado número de migrantes permaneció en el territorio nacional lo cual favorecía a los dueños de centrales azucareros porque se incrementaba las reservas de mano de obra para la siguiente zafra, lo cual influía en el mercado laboral con una oferta excesiva de mano de obra que contribuía a mantener los salarios bajos. El sistema de contratación usado por los reclutadores de las empresas radicadas en San Pedro de Macorís no permitía al futuro bracero conocer el central donde desarrollaría su trabajo. Los que iban destinados al Central Romana, en cambio, constituían la excepción, dado que este ingenio hacía el contrato de los braceros sin asociarse con otros, a diferencia de 714 715

H. L. Martínez. Ob. cit., p. 115. E. Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 160.

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los de San Pedro de Macorís que lo establecían en conjunto y luego se repartían a los braceros cuando llegaban al país. La jornada laboral en los centrales azucareros tenía una duración de doce horas diarias, que podía extenderse por más tiempo, incluso hasta la noche durante el invierno en la zona rural.716 La jornada y las condiciones laborales fueron descritas en una obra de ficción muy cercana a la realidad. En Los enemigos de la tierra, novela de Andrés Francisco Requena, narra la dura realidad de las extensas y extenuantes jornadas laborales de los obreros agrícolas. El protagonista, Martín Román, caminaba acompañado de Lorenzo López en horas de la madrugada en busca de trabajo cuando vio a numerosos angloparlantes y haitianos que se dirigían a los cañaverales a cortar caña con sus machetes. Eran las primeras horas en que se insinuaba la luz del sol en el campo de caña.717 Las largas jornadas que sufrían los obreros duraron hasta mediados de la década de los años 40, con el permanente acecho de accidentes laborales, cuyos saldos en ocasiones eran la pérdida de vidas o lesiones permanentes. En 1910 el ingenio Consuelo la locomotora núm. 4, que arrastraba cuatro vagones cargados de piedra, en los que iban numerosas personas, se descarriló en una curva cercana al muelle. Hubo veintidós lesionados y murió Tomás Jakson.718 Otro accidente se produjo en 1911 en el ingenio Cristóbal Colón, donde fue atropellado por una locomotora el inmigrante Brayan.719 Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Jean Etiene Lewest en su casa de La Romana, 8 de agosto de 2015. En adelante entrevista con Jean Etiene. 717 A. F. Requena. Los enemigos de la tierra. Editora de Santo Domingo, 1976, p. 90. 718 «De San Pedro de Macorís». Listín Diario, 26 de agosto de 1910, año XXII, núm. 6359. 719 «De San Pedro de Macorís». Listín Diario, 23 de mayo de 1911, año XXII, núm. 6585. 716

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Los migrantes carecían de un seguro laboral que les permitiera enfrentar situaciones trágicas o de emergencia. No recibían remuneración cuando dejaban de asistir al trabajo por justificados motivos de enfermedad. Asimismo, se les solía hacer deducciones salariales con diversos alegatos.720 A la carencia de atenciones médicas se le sumaba la insuficiencia de hospitales. Una muestra de las precarias condiciones en las que estaban los que arribaron al país durante el siglo XIX la suministró el cónsul Cohen a las autoridades de Londres en 1884. Reportaba la existencia de ingleses que habían ofrecido su fuerza laboral en los centrales de San Pedro de Macorís y después de envejecer caían en la indigencia.721 Solicitaba que se destinara fondos de la Secretaría para las Colonias con el propósito de pagar una cuota a cada uno de los dos hospitales de la caridad donde eran atendidos. A finales del siglo XIX no había cambiado el panorama. El 4 de septiembre de 1899 el vicecónsul del Reino Unido, H. H. Gosling, reportó a Londres que los centrales azucareros no proporcionaban asistencia médica a los braceros enfermos, razón por la cual con frecuencia acudían al consulado buscando ayuda económica para ser atendidos. El funcionario solicitaba a su cancillería disponer de 10 libras por persona para apoyar a esos casos. Al mes de haber enviado su informe, el 24 de octubre del mismo año, desde la Colonial Office autorizaban al cónsul a dar asistencia médica a braceros procedentes de Tortola, St. Kitts y otras posesiones caribeñas. La insuficiencia de hospitales en San Pedro de Macorís y en La Romana motivó a Wors Kenny, Wilson y Kanne 720 721

Entrevista con Jean Etiene. National Archives. Londres, Colonial Office, CO 318/275.

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a gestionar la instalación de un hospital para los braceros isleños.722 Esta iniciativa logró materializarse.723 En el ingenio Porvenir prestaba servicios un solo médico quedaba los primeros auxilios. Los casos más graves los refería a las Hermanas de la Caridad, que tenían un hospital en la ciudad de San Pedro de Macorís.724 Otro factor adverso era el concerniente al salario. Los centrales usaban un procedimiento de pago por medio del cual llegaba muy poco dinero a manos de sus empleados. Consistía en la entrega de un vale equivalente a una nota de crédito por el monto del dinero ganado. Con el uso de esos vales, el Central Romana, durante el periodo de tiempo muerto, suministraba bienes básicos a los obreros, como harina, arroz, azúcar, manteca, carne, leche, pan, entre otros, para descontárselo en la zafra venidera. Se creaba de esta manera un círculo vicioso que perjudicaba a los asalariados.725 Este sistema nocivo al obrero fue descrito en 1940 en la novela Over, de Ramón Marrero Aristy, donde la ficción y la realidad se funden para explicar lo qué sucedía.726 Los vales, token y fichas eran combinados con otras modalidades de pago. Este sistema obligaba a los obreros a un endeudamiento forzoso. Roberto Cassá llegó a identificar su uso en

«Eco de la Prensa. San Pedro de Macorís». Listín Diario, 1 de diciembre, 1916, año XXVIII, núm. 8261, p. 5. 723 «Del Ingenio Consuelo». Listín Diario, 18 de diciembre de 1919, año XXXI, núm. 9176, p. 6. 724 Circular del Comité de las Indias Occidental, jueves 29 de mayo de 1919, Vol. XXXIV, núm. 539, 1 y 2. En National Archives. Londres, Colonial Office, 318/349. En adelante Circular del Comité. 725 Entrevista de Rafael Jarvis Luis con Sidney Allen en su casa en La Romana, el 27 de marzo de 2014. Falleció en 2015. 726 R. Marrero Aristy. Over. 10.a Ed. Ediciones de Taller, 1980, pp. 45-46. 722

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etapas iniciales del capitalismo vinculado al sector agrario.727 Este autor expuso que el rechazo provino de los comerciantes porque eran afectados por el control monetario ejercido desde los ingenios. El medio al que estos recurrieron para hacer público su descontento fue las Cámaras de Comercio. El pago mediante el uso de vales dejaba escaso dinero en manos de los obreros, que gastaban poco en los establecimientos comerciales. En 1940 las autoridades gubernamentales emitieron nuevas leyes con respecto al pago que las empresas azucareras hacían a sus obreros. Establecieron que este debía efectuarse cada sábado y en moneda de curso legal. En cuanto al pago mediante el sistema anterior o por otro método, solo podrían utilizarse como obligaciones al portador, pero luego debían ser pagados en efectivo por los patronos. Quienes incurrieran en infracciones serían multados con RD$100 a RD$1.000.728 Esa ley beneficiaba muy poco a los intereses de los braceros. Los precios de los productos que consumían continuaban bastante elevados. En 1949, el ayuntamiento de La Romana emitió una ordenanza que fijaba los precios de algunos productos de consumo masivo con el propósito de evitar que se convirtieran en objeto de la especulación comercial. Los precios establecidos se reflejan en la tabla 4.1.

R. Cassá. Movimiento obrero y lucha socialista…, pp. 356-359. En adelante, Movimiento obrero. 728 Gobierno Dominicano. Ley 223 sobre pago de los jornales y salarios por las Empresas Agrícolas. Gaceta Oficial, 28 de febrero de 1940, año LXI, BNPHU, núm. 5420. 727

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Tabla 4.1. Productos de consumo masivo y sus precios en 1949 Productos en 1949

Precios

La libra de ajo

0,40

La libra de arroz de primera

0,14

La libra de arroz corriente

0,13

La libra de arroz de segunda

0,12

La libra de arenque ahumado

0,08

La libra de bacalao

0,34

La libra de batatas

0,02

La libra de chocolates

0,40

La libra de carne de res de mesa

0,16

La libra de carne de cerdo

0,26

La libra de carne de gallina

0,24

La unidad de huevos

0,04

La libra de harina de maíz

0,06

La libra de harina de trigo

0,14

La botella de leche de vaca

0,07

La libra de pescado

0,25

La lata de salsa de tomates

0,15

Fuente: Gobierno Dominicano. Ordenanza Ayuntamiento Romana, Gaceta Oficial, 3 de diciembre de 1949.

Un aspecto que afectó a los británicos antillanos desde sus primeros días de arribo fue el de los lugares donde eran hospedados. Ese tema se puso de manifiesto a principios de 1919, cuando el administrador de St. Kitts-Nevis envió a Mr. K. S. Lockhart a inspeccionar los lugares donde los obreros antillanos británicos estaban trabajando en San Pedro de Macorís. El emisario visitó los ingenios Consuelo, Santa Fe, Porvenir y Angelina. The West India Committee

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Circular publicó un informe de su visita, en el cual explicaba que los braceros eran alojados en dos tipos de lugares: los solteros iban a casas de madera, con dimensiones de 70 a 80 pies de largo y 15 de alto, construidas sobre pilares de hormigón armado o de madera que las separaban de la tierra y divididas en seis o siete habitaciones donde se alojaban cuatro personas en cada una. Las viviendas donde residían los casados, al parecer en mejor ubicación, las construyeron cerca de la carretera y tenían un huerto en la parte trasera.729 Los dos tipos eran llamados barracones y, en su interior, carecían de servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable, baño y retrete. En los lugares donde estaban ubicadas dichas viviendas no existían suficientes escuelas donde los niños pudieran estudiar. De acuerdo con The West India Committee Circular, el ingenio Consuelo tenía una escuela con menos de cinco maestros. La administración de la empresa había auspiciado una asociación de beneficio mutuo para mejorar la estadía de los obreros. A las condiciones desfavorables descritas se sumaba la discriminación por razones étnicas, religiosas y de nacionalidad. Se añadían las limitadas condiciones de trabajo; las de mayor trascendencia, aquellas que fueron propuestas desde el Estado. La ley de dominicanización del trabajo, que limitó a un 30 % los obreros extranjeros que las empresas privadas podían emplear, lo cual afectó de manera significativa la actividad laboral de los obreros angloparlantes. El 17 de noviembre de 1934, W. A. Elders comunicó al doctor Arturo Logroño, secretario de Relaciones Exteriores, su reacción ante la citada ley. Dio la cifra del número de inmigrantes británicos antillanos afectados en uno de los departamentos 729

The West India Committee Circular. Vol. XXXIV, 29 may, 1919, No. 539, pp. 1 y 2. En National Archives. Londres, Colonial Office, 318/349.

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de un solo central,730 donde quedaron sin trabajo 321 hombres que llevaban varios años laborando. Esto se aprecia en la siguiente tabla. Tabla 4.2. Personas afectadas por la Ley de Dominicanización del trabajo en el Central Romana en 1934 Personas

Años

202

Fuente: National Archives. Londres, Foreign Office, 371/17529. Comunicación de W. A. Elders al doctor Arturo Logroño.

El recorte de las plazas laborales perturbaba el proceso de producción y la productividad en los ingenios. Por ese motivo sus dueños tuvieron una reunión con el secretario de Trabajo, en la que propusieron que la ley rebajara en cinco años de un 70 % a un 50 el porcentaje de dominicanos que debían emplear. También solicitaron pagar salarios iguales a los extranjeros y a los empleados dominicanos en la medida en que, tanto dominicanos como extranjeros, fueran competentes; y, de igual manera, no aplicarles la ley a empleados extranjeros con cinco años o más de residencia en el país, a los casados con dominicanas, ni a los que llevaran diez años viviendo en el territorio y tuvieran hijos dominicanos. La misión diplomática usó la relación comercial entre Santo Domingo y Londres como pieza de cambio en las negociaciones acerca de la ley. Los intereses comerciales 730

National Archives. Londres, Foreign Office, 371/17529. Comunicación de W. A. Elders al doctor Arturo Logroño.

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hicieron ceder al Gobierno dominicano, consciente de que Londres era el mayor comprador de la azúcar producida en el país y que el arroz, el producto más consumido por la población de la isla caribeña, provenía de la India, territorio bajo ocupación británica. Estos factores disuadieron a los funcionarios gubernamentales a la modificación de la Ley. En diciembre de 1935, A. S. Paterson, de la representación diplomática del Reino Unido, le comunicó a Elías Brache, ministro de Relaciones Exteriores, que exceptuara de la aplicación de la ley a las personas que residieran en el país dos años antes de su promulgación y a los casados con mujer dominicana o tuvieran hijos dominicanos residiendo en el territorio. Esas peticiones, en ocasiones, ocasionaron puntos de vista contrapuestos entre los funcionarios involucrados en su aplicación. Las autoridades consulares, por su parte, tuvieron que aplicar estrategias en distintas ocasiones para alcanzar resultados favorables a los intereses de los ingenios azucareros y sus trabajadores extranjeros, sobre todo cuando las decisiones que se pretendían revertir o los objetivos que se querían lograr involucraban a los empresarios. Con la finalización de la zafra se iniciaba el tiempo muerto. Durante este período se realizaban distintos trabajos en la unidad agroindustrial como reparación de las maquinarias, limpieza de las instalaciones industriales, desyerbo, siembra, entre otros. Dado que era limitado el periodo para la realización de esas actividades laborales, estas proporcionaban ingresos limitados; por esa razón los obreros se veían impelidos en desempeñar labores ajenas a las que desarrollaban en esas unidades productivas. A causa de ello, ejercían oficios aprendidos en sus lugares de origen, sobre todo en las ciudades,731 según se verá. 731

Sidney Allen ejercía la pesca con nasa y nylon. Luego vendía los peces muchas veces a crédito.

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Reclamaciones y acciones reivindicativas Los reclamos de los braceros antillanos británicos en los centrales azucareros tuvieron como propósito principal el aumento salarial y la reducción de las horas de trabajo. También se movilizaron por factores de orden político cuando, en 1923, marcharon contra el colonialismo inglés y se detuvieron frente a la residencia del reverendo Archibal Henry Beer, vicecónsul del Reino Unido en San Pedro de Macorís. Existían dos razones por las cuales los obreros exigían mejoras salariales. La primera era la necesidad de los dueños de centrales de pagar salarios más bajos para mantener una rentabilidad superior a la de otros competidores en el mercado mundial; la segunda, el atraso tecnológico de esa industria.732 Las inconformidades de los braceros inmigrantes se pusieron de manifiesto durante varios años del siglo XX. A principios de esa centuria, en fecha aún no precisada por el autor de este trabajo, fue paralizada la molienda en el ingenio Santa Fe.733 En abril de 1911, en la colonia Laura del central Angelina, paralizaron la molienda durante varios días en solicitud de aumento salarial. Hubo incendio en los cañaverales, y cerca del lugar donde se produjo la quema fueron apresados tres angloparlantes antillanos, a quienes se les acusó del hecho.734 Parece que los obreros descontentos no obtuvieron lo demandado. Martínez-Vergne atribuyó ese fracaso a que los huelguistas no tuvieron el apoyo de sus pares dominicanos. Estos últimos estaban al tanto de que la presencia de los extranjeros reducía los salarios y limitaban su capacidad de R. Cassá. Movimiento obrero, pp. 47-48. J. del Castillo. La inmigración de braceros azucareros…, p. 38 y nota 175. O. Inoa. Azúcar. Árabes, cocolos y haitianos, p. 111. 734 «Huelga en el Angelina. Los cocolos piden aumento». Listín Diario, miércoles11 de abril de 1911, año XXII, núm. 6551, 3. 732 733

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negociación con los dueños y administradores del central.735 Ese argumento fue expuesto por algunos líderes obreros dominicanos y causó mucho daño a los reclamos reivindicativos de todos los trabajadores. La exigencia de los braceros antillanos británicos coincidió con la creación de la Sociedad. Parece que esa institución también fue denominada la Asociación. Con el nombre Sociedad Miguel Ricart, gobernador de San Pedro de Macorís, denominó a la institución creada para agrupar a los obreros dominicanos con el propósito de exigir mejores salarios. Dicha entidad oponía resistencia a la entrada de los braceros británicos en territorio dominicano. Uno de los objetivos de quienes la fundaron era impedir la reducción de salarios por la oferta excesiva de obreros. Lejos de lograr su propósito, la existencia de la Sociedad influyó en el fracaso del reclamo realizado por sus pares extranjeros. Orlando Inoa, apoyado en documentos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía, comentó sobre una tentativa de huelga a finales de 1914 en la colonia La Sierra, del ingenio Porvenir, impulsada por braceros antillanos. Inoa afirma que en los cañaverales hacía propaganda una comitiva de la Sociedad. Esta institución obrera se oponía a dicho movimiento reivindicativo. Al año siguiente, los braceros antillanos volvieron a reclamar al no haber logrado sus reivindicaciones el año anterior. Las autoridades acusaron a William Douglas Henry (Jacobo) de ser promotor de la huelga y procedieron a su encarcelamiento.736 A finales de ese mismo año 1915 hubo otra huelga en la colonia El Jagual, en la cual, al parecer, participaron inmigrantes británicos porque las autoridades detuvieron a tres de ellos bajo la acusación de ser los promotores del paro laboral.

735 736

T. Martínez-Vergne. Ob. cit., p. 186. O. Inoa. Azúcar. árabes, cocolos y haitianos, pp. 111-112.

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Los bajos salarios a los obreros suscitaron opiniones coincidentes. Según José Ramón López, tenían implicaciones que repercutían en alejar la «inmigración deseada». A su vez, incidían en la degeneración de la raza por llegar al país quienes no eran deseados y, con su presencia, debilitaban la capacidad del pueblo para una práctica moral.737 En la misma tesitura se expresóel editorialista del Listín Diario al reconocer que, debido a la baja salarial, los inmigrantes potenciales preferían irse a Cuba, donde incluso muchos dominicanos contemplaban la posibilidad de emigrar como jornaleros.738 La representación diplomática y consular del Reino Unido analizaba los salarios de los braceros. A estos les pagaban de 17 a 15 centavos la tonelada de caña cortada. El máximo que podía cortar la mayoría de los obreros era tres toneladas al día, lo cual limitaba el ingreso a 50 centavos diarios. La misma fuente planteaba que, en comparación, en Puerto Rico se pagaba $1.50 por iguales actividad y rendimiento.739 A finales de mayo de 1919, una publicación de San Kitts informaba que el sueldo para el trabajo de campo era de $1.10 y que se pagaba una bonificación del 15 % sobre los ingresos al final de cada cultivo. En las fábricas los trabajadores no calificados ganaban de $1.00 a $2.00 diarios por la limpieza de calderas y maquinarias. De esta manera, el trabajador tenía la oportunidad de compensar $2.00 o más por día.740 «Salarios y habitaciones». Listín Diario, 28 de abril de 1914, año XXVI, núm. 7772, p. 4. Sus opiniones las expuso en un artículo de una revista, que fue comentado por el editorialista del Listín Diario. 738 «Jornales». Listín Diario, 4 de abril de 1917, año XXVIII, núm. 8363, p. 4. 739 National Archives. Londres, Foreign Office, 371/19788. 740 National Archives. Londres, Colonial Office, 318/349. Circular del Comité de las Indias Occidentales. Jueves 29 de mayo de 1919, Vol. XXXIV, núm.539, pp. 1 y 2. 737

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Los braceros inmigrantes, en su propósito de obtener mejores salarios, hallaron en las filas de sus pares dominicanos a los más tenaces opositores. En agosto de 1916, el líder obrero Eugenio Kunhardt publicó un manifiesto en la prensa contra sus colegas antillanos británicos. Estimaba perjudicial la inmigración de esos obreros, y en actitud abiertamente racista veía como nocivos a los culíes e indios, contra quienes también estaba dirigido el comunicado. Apeló a los intelectuales para que se unieran al rechazo de esos inmigrantes.741 Su interés de involucrar a los intelectuales se debía al acceso que en ese momento tenían en la prensa y la influencia que ejercían sobre la población a causa del rol que estaban desempeñando en la lucha contra el ocupante estadounidense. Sus ataques racistas subieron de tono en 1919, en un discurso pronunciado ante el Congreso Obrero Panamericano, celebrado el 7 de julio en Nueva York. En esa ocasión afirmó que, frente a los dominicanos, los haitianos y antillanos británicos eran «menos civilizados, inferiores etnológicamente».742 Quienes evaluaron posteriormente el proceder de Kunhardt reprobaron sus palabras. Fue calificado como persona con estrechez de miras por su decisión de dividir a los obreros y por su actitud racista.743 Otra persona resaltó su empeño de hostilizar a sus pares inmigrantes en coincidencia con los dueños de ingenios, que eran los beneficiarios del trabajo de obreros dominicanos y extranjeros.744 «¡Alerta, obrero! ...». Listín Diario, viernes 18 de agosto de 1916, año XXVIII, núm. 8173, 5. 742 Justicia, 10 de noviembre de 1919, p. 8. En H. García Muñiz. De la central Guánica al Central Romana…, p. 446, nota. 166. 743 R. Cassá. Movimiento obrero, 107. 744 M. del J. Pozo. «Historia del movimiento obrero dominicano 1900-1930» (II). Realidad Contemporánea. Año I, núms. 3-4, julio-septiembre, octubre-diciembre, 1976, pp. 25-77; 33. 741

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Después de esa huelga, la condición de vida de los obreros no había mejorado. El periódico Listín Diario, en un editorial de febrero de 1919, se hacía eco de esa situación al comentar el bajo salario que percibían los braceros.745 Debido a ese problema no resuelto se produjeron más huelgas. La siguiente se produjo a finales de 1919 o principios de 1920. Harry A. Franck, viajero estadounidense que estuvo en el país en esos años, durante su recorrido por la zona rural de la región oriental advirtió que el mayor número de huelguistas procedía de las Antillas menores. Ellos alegaban que el arroz costaba 25 centavos la libra, el azúcar 18 centavos y que pagaban un chelín por el lavado de una camisa, gastos que excedían sus salarios.746 En marzo de ese mismo año el Listín Diario reportó que la Yunque Federation and Company promovió una huelga de braceros ingleses en el central Consuelo. Celebraron asambleas en las que un carpintero procedente de La Romana animó con sus discursos a los huelguistas.747 El gobierno militar actuó con contundencia. El 27 de abril de 1920 fue expedida la orden número 10 del Departamento de Agricultura e Inmigración que expulsaba del país a Benjamín Young y a Charles Lake, acusados de promover huelgas en el central Angelina.748 Esa exigencia de salarios más altos estuvo condenada al fracaso. Las acciones de Kunhardt habían propiciado la «El salario del bracero». Listín Diario, 3 de febrero de 1919, año XXX, núm. 8911, p. 4. 746 H. A. Franck. «Andando por las indias occidentales». En B. Vega. Los primeros turistas en Santo Domingo. Editora Taller, 1991, p. 223. Como se vio anteriormente, era necesario que cortaran más de un carretón de caña por día para obtener el ingreso de subsistencia. 747 «La huelga del Consuelo». Listín Diario, 15 de marzo de 1920, año XXXI, núm. 9244, p. 1. 748 Archivo General de la Nación. Secretaría de Estado de Agricultura. 1920. Legajo c501. 745

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división de los obreros debilitándolos e hizo más fuertes a los dueños de ingenios. La experiencia que tuvieron los jornaleros antillanos británicos a partir de esa experiencia provocada por se constituyó en referente para sus acciones futuras. Con posterioridad, estos mostraron poco entusiasmo en dirigir o integrarse en las huelgas ocurridas en el sector azucarero con la excepción de la huelga de 1946. A partir de las lecciones de los años 20, canalizaron sus inquietudes por la vía de su representación consular. Con el advenimiento a la presidencia de la república del general Rafael Trujillo Molina en 1930, continuaron presentando sus inquietudes por la vía diplomática, lo cual en más de una ocasión trascendió los límites de los ingenios azucareros. Protestaron por leyes, decretos y resoluciones emitidos desde el Estado que afectaban sus intereses. La nueva manera de poner de manifiesto su inconformidad involucró a un grupo más heterogéneo de inmigrantes antillanos británicos. Uno de esos momentos de malestar general se produjo en los primeros meses de iniciada la administración trujillista, por la manera en que el régimen exigía el pago de los tributos. En junio de 1930, H. Cambell Wright, de San Pedro de Macorís, en comunicación dirigida a W. H. Gallienne, encargado de Negocios de la Legación británica, se quejaba de varios maltratos a los obreros antillanos británicos. Igualmente denunció los apresamientos y ofensas de que eran objeto sus conciudadanos por el hecho de no haber pagado el impuesto de residencia. Esa situación colocaba a quienes no habían cumplido con ese requerimiento a la puerta de ser deportados después de una larga permanencia en la cárcel. En 1934, un grupo de La Romana, integrado por J. H. Franklin, Charles H. Hoofe, Joseph Vorlak y Todman, solicitaron protección al rey Jorge, y el mismo año A. D. Silva, desde la ciudad de La Romana, denunció el daño

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que la Ley de dominicanización del trabajo causaba a sus conciudadanos.749 Las comunicaciones citadas motivaron a las autoridades de la Legación del Reino Unido a solicitar informaciones al vicecónsul Beer, radicado en San Pedro de Macorís. La respuesta enviada por él puso en claro varios aspectos que explicaban por qué algunos inmigrantes se quejaban ante la deficiente protección que les brindaba. Beer afirmaba haber cumplido la tarea de aconsejar a todos los inmigrantes sobre la conveniencia de obtener los permisos exigidos por las autoridades, y opinaba que era imposible ejercer sus actividades informativas porque no disponía de un registro con los lugares de residencia de cada uno de los miles de inmigrantes antillanos. En una sorprendente actitud, Beer justificó el trato discriminatorio dado a estos, alegando no ser los únicos en recibirlo. Sería de mucho interés poder consultar los reportes de otros cónsules a sus cancillerías sobre el particular para determinar si tenían el mismo punto de vista de su colega del Reino Unido. En uno de los informes del anexo se describe de manera detallada la agresión física a Robert Francis en el muelle, donde fue baleado a punto de perder la vida a causa de la herida. La motivación resultó de ese incidente tuvo como epicentro lo económico. Durante la ocupación estadounidense se exigía a los inmigrantes el pago de 25 centavos para normalizar su estadía en territorio dominicano, debían adquirir un sello en las oficinas de Rentas Internas por ese valor y colocarlo en la tarjeta de inmigrante. Así quedaba solucionado el problema. En la administración de Horacio Vásquez, de 1924 a 1930, parece que no se continuó con esa práctica, la cual se reinstauró en 1930. A partir de ese año se

749

Las comunicaciones pueden ser consultadas en el anexo.

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produjo un incremento de RD$2.75 con respecto al pago que se hacía durante la ocupación estadounidense. Esa suma representaba un aumento muy brusco para el salario que percibían los braceros, y era bastante elevado para quienes estaban desempleados; si eran sorprendidos sin haber realizado el pago, los apresaban. Lo deprimente de todo esto consistía en la opinión desafortunada de Beer sobre el particular. Este diplomático llegó a justificar la estancia prolongada en prisión de los trabajadores. La manera en que había visualizado el problema lo llevó a afirmar que el castigo a los inmigrantes británicos era merecido y no contravenía la Constitución de la República. Los administradores de ingenios y los colegas de Beer acudieron a la Carta Magna. Esta, en su artículo 12, rechazaba el apremio corporal por deuda, cuyo origen no fuera el fraude o la infracción a las leyes penales. Decía que sin la orden escrita de un funcionario judicial competente la detención no podría realizarse. También establecía que toda persona detenida tenía que ser presentada ante un juez a las cuarentaiocho horas de su detención o debía ser puesto en libertad, y que todo detenido sin causa o sin formalidades legales debía ser liberado de manera inmediata a su propio requerimiento o de cualquier persona.750 Sin embargo, ninguno de los derechos previstos se había aplicado en favor de los inmigrantes. Las cartas comentadas ponen en evidencia la precariedad en la defensa de los británicos residentes en el país de parte de su representante consular. Por su condición de obreros extranjeros, eran el eslabón más débil en la escala laboral de los centrales azucareros. 750

Gobierno Dominicano. Constitución de la República Dominicana. Santo Domingo, Gaceta Oficial, año LV, 18 de agosto de 1934, Biblioteca Central Pedro Mir, núm. 4710.

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Atendiendo a razones de orden político, muy diferentes a motivaciones reivindicativas, un número indeterminado de braceros se afiliaron a la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro y Liga de Comunidades Africanas (The Universal Negro Improvement Association & African Communities League, UNIA-ACL). Esta institución había sido creada por Marcus Mosiah Garvey en Jamaica; en el barrio neoyorquino de Harlem abrió su local y desde donde se extendió a otros lugares como la República Dominicana.751 En varios países del Caribe se fundaron sedes.752 La de San Pedro de Macorís tenía el número 26 y allí tanto los hombres como las mujeres disfrutaban de iguales derechos. Sus actividades estaban muy relacionadas con las iglesias Episcopal y Metodista Africana, y en conjunto integraban un grupo de instituciones que ayudaban materialmente a las personas negras mediante actividades humanitarias y caritativas. Miembros pertenecientes a las instituciones antes mencionadas realizaron una marcha en las calles de San Pedro de Macorís; entre sus organizadores se contaba al reverendo Phillips, de la Iglesia Metodista Africana. El evento puso de manifiesto la diferencia entre los sentimientos religiosos y anticolonialistas de Phillips y las posiciones de Beer.753 Esa diferencia entre los dos dignatarios religiosos H. García Muñiz y J. L. Giovannetti. «Garveyismo y racismo en el Caribe». Caribbean Studies. Vol. 31, año 1. January-June, 2003, pp. 139-211 y 203, nota 32. En adelante, H. García Muñiz, J. L. Giovannetti. «Garveyismo». 752 En Santiago de Cuba fue fundado un capítulo el 20 de febrero de 1920. S. Estévez Rivero. «El movimiento garveyista en Santiago de Cuba (19201935)». Del Caribe 41 (2003), pp. 71-75. 753 Existe disparidad con respecto al mes que se produjo la marcha. Rafael Jarvis Joseph afirmó que fue en agosto. Humberto García y Giovannetti dicen que ocurrió en septiembre. Ambos coinciden en que se llevó a cabo en 1921. R. Jarvis Joseph. «The Black Star Line y Marcus Garvey en San Pedro de Macorís». Centro de Cultura Hispánico, 1996, p. XI (mimeografiado). Wheaton, citando una correspondencia de Beer con el doctor 751

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tuvo dolorosas consecuencias para los antillanos británicos. La convocatoria a la marcha en fecha cercana al mes de agosto le daba una carga simbólica. En ese mes se cumplía el aniversario de la abolición de la esclavitud en las colonias del Reino Unido. Esa efeméride recordada por los antillanos británicos no le resultaba agradable a Beer por sus prejuicios. En la carta que dirigió al doctor Gray, el 19 de agosto de 1921, citada por Wheaton, expresó: El negro aún más que la persona blanca, aprende mucho mejor por lo que puede ver. Su mente es absolutamente «infantil». Sus acciones y sus pensamientos no son tan buenos como los de nuestro hijo Kenneth. Cuando yo digo esto, quiero decir, por supuesto, el promedio de ellos… Si fueran niños uno podría darles un pao-pao, pero ya que son adultos, uno tiene que estar siempre regañándoles y mientras más uno los regaña, más parece gustarles.754 Las palabras de Beer exponían su aversión por los obreros antillanos británicos, sentimientos transferibles al reverendo Phillips dado que este era originario de la isla de St. Thomas.755 Pero había otros factores que se sumaban a la relación poco amistosa de Beer con respecto a Phillips. Este última tenía simpatías por Marcus Garvey, líder admirado por un número elevado de obreros, mientras que Beer lo detestaba. En lo que respecta al tema religioso, hubo disputa entre ellos a causa de los feligreses. Varios de los devotos

Gray, del 12 de septiembre, afirmó que se realizó el 31 de agosto. En P. E. Wheaton. Triunfando sobre las tragedias. Historia centenaria de la Iglesia Episcopal Dominicana, 1897-1997. Editora Educativa Dominicana, 1997, p. 128. 754 P. E. Wheaton. Ob. cit., p. 127. 755 G. A. Lockward. El protestantismo en dominicana. Editora Educativa Dominicana, Santo Domingo, p.308.

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habían abandonado la iglesia episcopal de Beer para irse a la africana de Phillips, acción que molestó a Beer en su condición de vicario de la provincia y capellán de los antillanos británicos. Quienes se fueron a la iglesia africana tenían razones para hacerlo porque en los oficios religiosos los negros, por lo general, debían recibir la eucaristía después de los blancos. Al respecto Wheaton afirmó: Normalmente, la gente blanca comulgaba primero y luego la gente de color. Las prácticas no eran «reglas» de Wyllie sino que resultaron de los «sentimientos» raciales por parte «de algunos miembros de la colonia [blanca]». Thomas Jones recuerda una ocasión cuando Wyllie «rompió» esta costumbre y administró el cáliz primero a Jones y a su esposa, y luego al Juez Round y a su hija. Pero, en otros momentos «cuando, por ejemplo, el Rvdo. Beer celebraba la misa en ausencia de Wyllie, él insistiría en la regla, tal como la practicaba en San Pedro de Macorís».756 Resultaba intolerante para Beer que se produjera un reclamo público de los negros antillanos en los momentos en que pretendía asumir el puesto de vicecónsul del Reino Unido en San Pedro de Macorís. Debía ser incómodo para él semejante protesta, aún más viniendo de quienes consideraba infantiles y sin capacidad de pensar, sujetos que por su ineficiencia debían ser regañados permanentemente. Todo el prejuicio del cual era portador se activó con la osada acción de sus connacionales. Dos factores simbólicos se conjugaban en la marcha: la osadía de cuestionar el pasado de esclavitud y el liderazgo de su colega rival. Quienes marchaban portaban la bandera

756

P. E. Wheaton. Ob. cit., p. 155.

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del Reino Unido y se detuvieron frente a Beer para arrojarla al suelo y pisarla.757 El 3 de septiembre, cerca del mediodía, Beer tuvo una reunión con el encargado militar del distrito de Macorís y con el comisario de la policía de aquella localidad. En ella fue tomada la decisión de aplicar acciones punitivas contra quienes marcharon y también contra el local de la UNIA. Si no hubiera existido una maquinación contra la marcha de agosto, las autoridades habrían reaccionado ese mismo día reprimiéndola; pero como fue planeada, la agresión se ejecutó varios días después, y las consecuencias también se sintieron posteriormente. La primera acción se produjo cuando la Infantería de Marina de Estados Unidos agredió a los inmigrantes congregados en el local de la UNIA el 7 de septiembre. En el momento de la acción violenta había mujeres, niños y ancianos en el local que igualmente fueron agredidos. Otra consecuencia de la intimidación de Beer hacia los migrantes fue la expulsión del país de varias personas; entre ellas D. E. Phillips, William J. Butler, Charles E. Henry, J. T. Car, J. N. Halley y Jaime Cooks, de colonias inglesas, y J. N. Hall, de colonia holandesa. Todos residentes en la ciudad de San Pedro de Macorís. Fueron acusados de agitadores, de representar un peligro para la paz y la tranquilidad de la República, y de incumplir el artículo 7 de la Ley de Inmigración vigente,758 según el cual: «El derecho del extranjero La versión se basa en la fuente narrativa de Alberto Byas, obtenida por dos autores en momentos diferentes. J. C. Mota Acosta. Los cocolos en Santo Domingo. Editora Taller, Santo Domingo, 1977, p. 42, y H. García Muñiz y J. L. Giovannetti. «Garveyismo», p. 158. Rafael Jarvis Joseph informó que la marcha se detuvo frente a la casa del reverendo Beer, mientras las otras versiones sostienen que fue frente al consulado inglés. Parece que en la residencia funcionaba la oficina viceconsular. 758 «Orden No. 79». Gaceta Oficial, Santo Domingo, 23 de noviembre de 1921, año XXIX, BNPHU, núm. 3275. 757

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de vivir en el país conlleva la obligación de observar una conducta irreprochablemente moral y legal. En caso de infracción a esta obligación podrá ser expulsado del país, sin más formalidad que la probanza de la infracción».759 En la ciudad de La Romana hubo simpatizantes del movimiento de Marcus Garvey. La falta de un local, como sí lo tenían en San Pedro de Macorís, dificultó su difusión y arraigo entre los cocolos asentados allí. El férreo régimen del general Trujillo impedía cualquier disenso político en la sociedad dominicana. La escasez de bienes traídos desde el exterior por los efectos de la guerra mundial (1939-1945), la penuria que vivía la población y el anhelo de los obreros por obtener mejores salarios, los motivaron a reclamar sus derechos. La primera ocasión de manifestar esa inquietud durante la administración trujillista se produjo en enero de 1942, cuando intentaron hacer una huelga en el Central Romana para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias y el aumento de salario. Habían transcurrido ya cerca de veinte años del último intento de huelga con respecto al emprendido por los asalariados. Los obreros antillanos británicos en ese momento no tuvieron el mismo rol de vanguardia como sucedió en los años 20, pero no permanecieron al margen de esa lucha. Ismael Paulino, uno de los participantes en el evento de 1942, al ser entrevistado reportó que entre los dirigentes hubo inmigrantes procedentes de las Antillas del Reino Unido.760 Tampoco en esta ocasión se obtuvieron las demandas. En 1945, la condición de la clase obrera se había deteriorado aún más con respecto a los años anteriores. La prensa publicó la difícil situación en que vivían los trabajadores a «Congreso Nacional. Ley de Inmigración». Gaceta Oficial, 11 de mayo de 1912, año XXIX, BNPHU, núm. 2295. 760 R. Cassá. Movimiento obrero, pp. 407-408. 759

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los pocos años de la fallida huelga de 1942. La Opinión expuso que en el muelle del Central Romana los capataces de bodega de las embarcaciones obtenían la suma de $3.90 y los peones $2.71 en labores hechas un domingo, cuando se pagaba ligeramente más alto que los demás días.761 Ante el notorio deterioro económico y social que tenían los obreros hubo quienes defendieron a los centrales azucareros contra los reclamos de mejoría de la situación salarial. Esto se puso de manifiesto cuando Eustaquio Céspedes enumeró los beneficios percibidos por la clase trabajadora, en polémica con el periódico El Combate. Para él lo principal lo constituían las bodegas de expendio de comestibles, con las que los centrales combatían la especulación de los establecimientos comerciales en medio de la Guerra Mundial; vendían la carne a 7 centavos la libra. Expuso también se beneficiaban con el transporte debido a que los centrales suministraban vagones a los campesinos para el acarreo entre la factoría y sus colonias. Decía que de ese modo ahorraba al país gasolina, neumáticos y aceite. En adición a eso en los mismos vagones eran transportados los víveres a lugares distantes y los vendían a precios un poco más elevados que el costo. El block de hielo de 40 libras lo vendían a 30 centavos, y a un centavo la libra al detalle.762 La redacción de El Combate replicó sin mucho argumento, pero con una verdad contundente: que del dinero pagado cada semana por los centrales Santa Fe y Romana los obreros no se quedaban ni con un 25 %.763 «Situación de los muelleros en La Romana». La Opinión, 2 de noviembre de 1945, año XXIII, núm. 5827, 4. 762 Debido a las elevadas temperaturas en los países tropicales, el hielo se constituye en artículo de primera necesidad entre la población de escasos recursos para enfriar especialmente el agua de tomar. 763 «Réplica a El Combate». La Opinión, 8 de diciembre de 1945, año XXIV, núm. 5858, p. 4. 761

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El despojo que hacían a los obreros los centrales azucareros con el sistema de bodegas había sido denunciado en 1924. El Listín Diario publicó la queja de las asociaciones de comerciantes sobre el tema. A ellos les causaba perjuicio la competencia comercial de las unidades comerciales de los ingenios.764 Ese mismo año Luis de Padilla D’Onis publicó un folleto en el que exponía la manera como era producido el despojo de los centrales en perjuicio de los obreros. E identificó los centrales de la región oriental entregados a esa práctica: Romana, Consuelo y Santa Fe.765 Resultaba tan rentable esa modalidad de negocio que el general Rafael Trujillo Molina al iniciar en 1930 su administración gubernamental se dedicó a vender productos monopolizados por las bodegas de los centrales. En 1934 fue prohibido el pago con fichas, vales, tarjetas y certificados a los jornaleros y artesanos, a menos que fuera en papel moneda. La única excepción posible era el anticipo de jornal, que el emisor de los vales cambiaría por dinero, fijada una fecha para el desembolso.766 Las bondades atribuidas a los centrales por Eustaquio Céspedes no eran suficientes para satisfacer las demandas de reducción de la jornada laboral y de aumento salarial para los trabajadores. Era evidente que todo aquello beneficiaba más a los centrales que a los obreros, porque al hacer uso del transporte se aseguraban un flujo de obreros desde la zona rural donde la situación económica era más «Los centrales azucareros prosiguen pagando con vales a sus empleados y braceros». Listín Diario, 29 de abril de 1924, año XXXV, núm. 10, 488, p. 1. 765 L. de Padilla D’Onis. Alrededor de la crisis. Imprenta La Provincia, Santo Domingo, 1924, pp. 37-43. 766 Gobierno Dominicano. Ley 740 sobre el pago de jornales, salarios o sueldos, con fichas, vales, etc. Gaceta Oficial, año LV, BNPHU, núm. 4710, 18 de agosto de 1934. 764

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deprimente en momentos en que la guerra mundial hacía peligrar la llegada de nuevos braceros desde las Antillas menores. La diferencia entre Eustaquio Céspedes y El Combate puso en relieve la existencia de un problema ocasionado por las bodegas aún no resueltos hasta ese momento y que se continuó practicando hasta el 1950 final que abarca esta investigación. Padilla D’Onis afirmó que los comerciantes de La Romana se habían quejado en los tribunales por la práctica comercial de las bodegas, pero que el reclamo no prosperó. Ese sistema ponía de manifiesto lo dicho por Oscar Zanetti, en el sentido de que el obrero no podía considerarse un empleado libre a causa de las condiciones laborales a las que era sometido en los centrales. Por consiguiente, no podía tener un consumo libre de lo devengado, como sucedía con el sistema de los vales.767 La condición de consumidor no libre que tenía el bracero, como apuntaron Oscar Zanetti y Alejandro García, se había agravado por los efectos de la guerra mundial. Nuevos líderes obreros, con una percepción diferente a la que tuvo Kunhardt en años anteriores, iniciaron el proceso de aglutinar a sus compañeros para exigir mejores salarios y la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas diarias. En la unión de los obreros nacionales y extranjeros estuvo una de las claves del éxito de la huelga realizada en 1946 en los centrales azucareros de la región oriental, en la que exigían varias reivindicaciones. La huelga dejó como resultado inmediato la reducción de la jornada laboral a 8 horas y aumentos salariales, lo cual constituyó una significativa conquista exigida por los obreros durante décadas. Diversos decretos aprobaron las reivindicaciones de 767

O. Zanetti y A. García. United Fruit Co.: un caso de dominio imperialista en Cuba. Editora de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, p. 222.

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los huelguistas.768 Como saldo trágico, durante el paro se produjo el asesinato en La Romana de los líderes gremiales Héctor Porfirio Quezada (Negrita) y Julio Aníbal García Dikson (Blanquita), entre otros.769 En San Pedro de Macorís, por motivos de la represión, Mauricio Báez tuvo que asilarse en la embajada de México, y fueron perseguidos Justino José del Orbe y otros dirigentes obreros, como expusoel encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en reporte al Departamento de Estado.770 En la demanda de los inmigrantes británicos por mejores salarios intervinieron de algún modo los representantes diplomáticos. En el desenlace, mediaron directamente las autoridades de las islas desde donde emigraban. Esto sucedió cuando el requerimiento de los administradores de «Gobierno Dominicano. Decreto 3286 que aprueba la Tarifa de Salario Mínimo para los trabajadores del Muelle y del Puerto de La Romana». Gaceta Oficial, año LXVII, del 18 de enero de 1946, BNPHU, núm. 6382; «Gobierno Dominicano. Decreto 3291 que aprueba la Tarifa de Salario Mínimo para los trabajadores ferrocarrileros del Ingenio de La Romana». Gaceta Oficial, año LXVII, del 19 de enero de 1946, BNPHU, núm. 6383; «Gobierno Dominicano». Gaceta Oficial, año LXVII, del 23 de enero de 1946, BNPHU, núm. 6385; «Gobierno Dominicano. Decreto 3313 que aprueba la Tarifa de Salario Mínimo para los trabajadores de factoría del Ingenio de La Romana. Gobierno Dominicano». Gaceta Oficial, año LXVII, del 30 de enero de 1946, BNPHU, núm. 6388; «Gobierno Dominicano. Resolución 194 del Comité Nacional para regular los salarios constituido y funcionando regularmente». Gaceta Oficial, año LXVII, del 4 de mayo de 1946, BNPHU, núm. 6436, y «Gobierno Dominicano. Resolución 17/46 del Comité Nacional para regular los salarios constituidos y funcionando regularmente». Gaceta Oficial, año LXVII, del 13 de julio de 1946, BNPHU, núm. 6472. 769 R. Cassá y R. Jarvis Luis. «El sindicato unido de La Romana: Caso límite de las luchas obreras en los años 60». En Academia de Ciencias de la República Dominicana. Anuario de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Año XX-Volumen XII, 1995, pp. 265-319, 273. 770 B. Vega. Los Estados Unidos y Trujillo. Colección de documentos del Departamento de Estado y las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Año 1946. Tomo I. Fundación Cultural Dominicana, 1982, pp. 216-218. 768

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ingenios por contratar braceros obtuvo la atención de las autoridades gubernamentales después del asesinato de un número indeterminado de haitianos en 1937, situación que los dejaba sin la posibilidad de obtener obreros de esa nacionalidad. El 26 de octubre de ese fatídico año del asesinato de los haitianos, A. S. Paterson reportó a Anthony Eden en Londres sus conversaciones de ese día con el ministro de Justicia, el cual le hizo saber reveladoras informaciones: como el conflicto que se había generado con Haití por la violación de la ley de inmigración. Debido a eso la administración trujillista había planteado ponerle fin a la migración de afrodescendientes ante el temor de que la República Dominicana se transformara en una república de negros en dos o tres generaciones. A lo anterior agregó Paterson que idéntica objeción aplicaban a los británicos isleños por el color de la piel. No así a los puertorriqueños, que eran bienvenidos porque los percibían como blancos, situación que les facilitaba el proceso de asimilación a la sociedad dominicana. El ministro informó al diplomático que la decisión de la administración gubernamental de rechazar los permisos adicionales para la entrada de obreros haitianos o británicos solicitados por las empresas azucareras para la cosecha anual de seis meses no pondría en peligro los compromisos de azúcar con el mercado del Reino Unido. Por tanto, le aseguró que las empresas no serían perjudicadas en su capacidad de producción. También le comunicó al diplomático que el azúcar comprado por el Reino Unido no tendría merma, razón por la que solicitaba la contribución inglesa para que continuara el envío de braceros que cada año ingresaban al país para ganarse la vida en la industria azucarera.771

771

National Archives. Londres, Foreign Office, 371/20634.

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En mayo de 1944 el ministro dominicano de Relaciones Exteriores le preguntó al señor Andrews, de la Legación del Reino Unido en Santo Domingo, qué sería necesario para que permitieran la salida, desde las posesiones del Reino Unido, de 5,000 británicos antillanos para trabajar en la industria azucarera. En esas circunstancias de desprestigio internacional para el país por la muerte de haitianos y de extrema precariedad para los obreros de los ingenios, fue que las autoridades y dueños de centrales insistieron en solicitar los obreros antillanos británicos. Para entonces el Reino Unido desarrollaba una política ajena a los intereses de los industriales dominicanos con respecto a sus nacionales. Como expresó Patrick Bryan, en los lugares donde se habían desplazado, los obreros antillanos se constituyeron en el talón de Aquiles de la arrogancia británica.772 Con el fin del conflicto bélico en Europa, los gobernantes británicos deseaban ponerle término a esa situación y actuaron en consecuencia. Como primer paso enviaron al asesor laboral Harri a explorar las condiciones que se ofrecían a los solicitados obreros. Harri era doctor en Derecho, considerado como experto en temas laborales. Viajó auspiciado por la gobernación de Jamaica, institución a la que rindió el informe de su visita a la República Dominicana. Estuvo en el país del 20 de julio al 2 de agosto de 1944. Se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores varias veces, con la Asociación de Productores de Azúcar y visitó los centrales Consuelo, Ozama, Central Romana y Santa Fe. Su informe puede dividirse en dos partes. La primera tiene las propuestas que hizo a los industriales interesados en contratar los obreros y la segunda su opinión con respecto al tema.

772

P. Bryan. «En torno a la recepción de los cocolos…», p. 10.

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En la primera parte del documento Harri proponía que se hicieran contratos individuales; los contratantes serían los trabajadores y los ingenios azucareros. Los términos debían ser suscritos o garantizados por el Gobierno dominicano, pero el ministro de Relaciones Exteriores explicó que eso era innecesario, ya que la legislación estipulaba específicamente la responsabilidad del Gobierno de supervisar los términos de cualquier contrato que se llevara a cabo en el territorio nacional. Aconsejaba que el tiempo del contrato, por primera vez, se extendiera por seis meses, y que se iniciara el 1.o de enero. Propuso ventajosas condiciones para los obreros. Planteó que el transporte, la repatriación y el derecho a tratamiento médico fueran gratuitos. Los empresarios debían cubrir seguro de riesgos y accidentes en el mar. Otro beneficio sería un día de descanso cada siete días. Fue introducida una cláusula que estipulaba que el obrero no debía sufrir trato discriminatorio por motivos de raza, credo, color o nacionalidad. Asimismo, en los días que no trabajara por razones ajenas a su voluntad debía recibir un ingreso de 50 centavos por día laborable; proponía eliminar los impuestos de inmigración o residencia hasta un límite de 75 lb de equipaje para uso particular, y que los salarios se pagaran semanal o quincenalmente. De ese dinero se descontarían 15 centavos diarios para asignarlos a los familiares. Los miembros de la Asociación de Productores de Azúcar se comprometerían a alentar y proporcionar todas las facilidades posibles para el ahorro voluntario de los obreros. El dinero obtenido de esa operación debían enviarlo a los gobiernos coloniales. Las tasas salariales por tonelada de caña cortada, antes de la guerra y hasta enero de 1940, eran de 17 a 18 centavos, pero para la cosecha de 1940 aumentaron entre 25 y 30 centavos, y estas continuaban vigentes. Harri propuso tasas muy superiores a las que se estaban pagando; para la primera

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tonelada pedía 45 centavos, para la segunda 55 centavos y para la tercera 80 centavos. Para cañas más difíciles de cortar sugirió tarifas de 50, 60 y 85 centavos respectivamente Harri determinó que las tarifas propuestas marcaban la línea límite que aceptarían los obreros británicos antillanos. Eran muy superiores a las que en esos momentos pagaban los industriales. Consciente de esa situación, en su informe expresó: «Considero las tasas que sugerí como cifras mínimas por debajo de las cuales no se debe tener en cuenta ninguna otra oferta».773 A su vez dio a conocer lo que él consideraba era la impresión que había causado en los empresarios su propuesta: «Los miembros de la Asociación consideran que las tasas, más los gastos relacionados con el pago de subsidio familiar, dietas, subsidio de subsistencia, transporte y otros gastos, son más de lo que la industria puede soportar».774 Para cerrar de manera elegante las conversaciones con Harri, los empresarios alegaron no poder establecer oferta definitiva en ese momento, ya que desconocían el costo del transporte de los obreros desde las colonias a la República Dominicana. Solicitaron tres semanas para meditar sobre el tema. A esa solicitud, Harri expuso lo que pensaba en la segunda parte del informe: …que los trabajadores jamaiquinos no sean enviados a la República. Con respecto al envío de trabajadores de colonias distintas de Jamaica a la República, solo puedo sugerir que la situación general expuesta en este Informe se presente ante los Gobernadores interesados, quienes tomarán sus propias decisiones.775 CO 141/1885. Ídem. 775 Ídem. 773 774

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[…] Creo que es improbable que los productores de azúcar ofrezcan tasas salariales que fueran aceptables para los trabajadores en cualquier colonia británica antillana. Cito a continuación la sugerencia que me hizo confidencialmente un miembro de la Asociación: «La Asociación preferiría importar mano de obra haitiana, que es muy barata e implicaría bajos costos de transporte, mientras que el Ministro y el Gobierno por razones políticas, están en contra de traer haitianos a la República Dominicana». El informe de Harri generó el cruce de varios telegramas entre los gobernadores de las colonias interesadas. El gobernador de Jamaica envió el 12 de agosto de 1944 uno confidencial. El documento fue recibido por los gobernadores de Barbados, las Windward Islands y el secretario de Estado. De todos esos documentos, el que remitió el gobernador de Barbados al ministro de la Legación en Santo Domingo fue el más ilustrativo para explicar por qué no resultaba apropiado enviar a los obreros británicos. Le decía que en esa isla se pagaba 72 centavos por tonelada larga de caña cortada como valor mínimo. Esto incluía el transporte de la caña cortada desde el campo.776 Apoyado en archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Bernardo Vega dedujo que en esos años los centrales azucareros estaban moliendo por debajo de su capacidad por falta de obreros haitianos. A la solicitud de 5,000 obreros, las autoridades del Reino Unido no aceptaron los bajos salarios ni las deplorables condiciones de vida a que serían sometidos. De modo que a partir de esa fecha dejaron de trabajar en la República Dominicana.777 776 777

CO 141/18485. B. Vega. Trujillo y Haití. El complot contra estimé. Vol. IV (1946-1950). Fundación Cultural Dominicana, 2009, p. 66.

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La visita del doctor Harri coincidió con otra situación relacionada directamente con los obreros antillanos. Las autoridades del Reino Unido no solo decidieron no continuar con el envío de nuevos obreros, sino que hicieron lo posible por repatriar a los que estaban en el país. Como consecuencia de la Guerra Mundial el colonialismo retrocedió y el Reino Unido se propuso mejorar las condiciones materiales de los habitantes de sus colonias caribeñas. Desde finales del siglo XIX lo había intentado, pero sin mucho éxito. El Informe Moyne en 1938 explicaba las causas de la decadencia socioeconómica de las colonias. Coincidía con las recomendaciones que había hecho en 1897 la Comisión Real, en el sentido de diversificar la producción agrícola. Según Bulmer-Thomas, el Informe Moyne exponía la necesidad de crear un fondo para ayudar a las colonias con el fin de paliar la pobreza de sus habitantes.778 Al parecer las recomendaciones de la Comisión Real de 1897 no habían sido tan efectivas porque persistió la miseria de los obreros en las colonias. Con la escalada de la guerra contra Alemania a partir de 1940 se agravó la indigencia de miles de personas en sus territorios caribeños. Las autoridades intentaron cambiar la situación. No solo de aquellos que allí residían, sino también de quienes habían emigrado a la República Dominicana, Cuba y Haití. Para solucionar el problema de sus emigrantes, las autoridades del Reino Unido aplicaron dos soluciones. La primera lo aliviaba a corto plazo y consistía en asistir con RD$3 o RD$4 mensuales a 400 ancianos enfermos en edad de jubilación. La segunda tenía el propósito de solucionarlo de manera definitiva. Pretendía repatriar a las personas que habían cumplido la edad de jubilación que residían en Cuba,

778

V. Bulmer-Thomas. Ob. cit., p. 260.

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Santo Domingo y Haití. Para alcanzar esa meta, el secretario de Estado para las Colonias dirigió el 20 de febrero de 1948 una comunicación confidencial a los gobernadores de las posesiones en el Caribe solicitándoles aceptaran el regreso a sus territorios de los británicos retirados y los enfermos.779 Las dos estrategias fueron aplicadas a los inmigrantes británicos residentes en San Pedro de Macorís y La Romana. En comunicación del 6 de marzo de 1948 desde Santo Domingo al subsecretario Ernest Bevin en Londres, R. D. Maesey informó que se cumplía con el pago de asistencia a los necesitados. Era consciente de que la cantidad de dinero por persona solucionaba pocos problemas a quienes lo recibían. Propuso dos alternativas, aumentar el dinero o repatriarlos a sus respectivas islas.780 Sin embargo, no resultaba tan fácil llevar a cabo la repatriación. En comunicación del 8 de abril de 1948, sin firma identificada, uno de los funcionarios de la Legación reflexionaba en el sentido del estremecimiento que había causado en muchos de los candidatos a ser repatriados la noticia de la posibilidad de retornar después de treinta años de haber salido de sus países. Ante esta posibilidad, se puso de manifiesto el nivel de inserción en la sociedad dominicana de muchos de ellos. En la comunicación antes citada se comentó que los industriales apoyaban la idea del retorno de los obreros no rentables que lo desearan. Pero no se comprometieron a realizar ningún aporte económico ni a facilitar algún medio material para aliviar la penuria de quienes habían rendido labores en sus factorías por más de veinte años. Williams T. Hennessy, del Central Romana, era uno de los abanderados de esa idea.

779 780

CO 369/3962. CO 369/3962.

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Ante el dilema que ocasionó la negativa de muchos británicos a repatriarse, R. D. Maesey informó el 10 de abril de 1948 al Departamento Consular del Foreign Office que el Seguro Social dominicano se haría cargo de quienes deseaban quedarse. La mayoría vivía en las afueras de los centrales. Al parecer no tenían otros lugares donde residir. Debido a situaciones como la recién descrita, las autoridades en el Reino Unido decidieron que se efectuara la repatriación de todos modos. W. D. Sweaney, desde Londres, explicó el 5 de mayo de 1948 a M. E. Vibert, en La Habana, que el objetivo principal del plan de repatriación era evitar una excesiva carga para el tesoro respecto a la manutención de los enfermos y ancianos en Cuba, Santo Domingo y Haití, que dependían de ayuda proporcionada por el Reino Unido.781 La irrevocable decisión de repatriación puso de relieve otro problema que no se había tomado en consideración. Stanley Gudgeon, funcionario de la Legación, en una comunicación dirigida a Bevin, subsecretario del Colonial Office, le reiteró la percepción de Maesey acerca del problema de los antillanos británicos viejos y enfermos que con el paso del tiempo crecían en número; muchos eran los que se presentaban en la oficina para solicitar la ayuda económica, razón por la que debía tomarse una decisión al respecto. A su comentario añadió que la mayoría de los que estaban en esas condiciones habían llegado muy pequeños y no sabían si tenían familiares o amigos vivos en sus países, y además manifestaban su negativa a dejar el país. A las dificultades anteriormente enumeradas se le sumó otra, real o imaginaria. La sospecha de que las autoridades dominicanas presentaban obstáculos para la salida de las

781

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personas que deseaban marcharse. El gobernador de las islas de Sotavento le informó al secretario de las colonias que las personas repatriadas opinaban que existían barreras para la repatriación por la aplicación de normas que implicaban a los niños legítimos e ilegítimos.782 Por otro lado, algunos repatriados afirmaron que el principal problema estaba en la insuficiencia de transporte. Por las quejas parece que existían diferentes inconvenientes, entre ellos el hecho de que muchos no deseaban marcharse. Un informe de la Legación para la cancillería en Londres decía que en 1946 el balandro Victoria había arribado a puerto dominicano y que las autoridades no permitieron desembarcar a ningún pasajero.783 Ese hecho dio fuerza a las declaraciones de unos antillanos de St. Kitts, que plantearon a su administrador las dificultades que se les imponían para retornar a República Dominicana. Esas declaraciones originaron que el administrador comunicara esa preocupación a los funcionarios en Londres. Estos, a su vez, exigieron a su representación diplomática que investigara el tema. En Santo Domingo llegaron a la conclusión de que las autoridades dominicanas no obstaculizaban las repatriaciones de personas, ancianas o enfermas. La mayor dificultad era generada por la falta de medios de transporte. Las tarifas aéreas desde la capital dominicana a varias posesiones del Reino Unido en el Caribe eran bastante elevadas para los salarios de los obreros como puede apreciarse en la tabla 4.3. A cada costo de los boletos debía agregársele la suma aproximada de RD$10.00, que era el impuesto de la tarjeta de identidad que debía pagarse como permiso de salida.784 CO 152/538/3. CO 152/538/3. 784 CO 152/538/3. 782 783

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Tabla 4.3. Tarifas aéreas desde Santo Domingo a posesiones británicas caribeñas País

Costos en pesos dominicanos

Jamaica

53.17

San Cristóbal

59.59

Antigua

66.00

Barbados

90.75

Trinidad

90.75

Granada

90.75

Santa Lucía

90.75

Guyana Británica

132.93

Honduras Británica

135.67

Bermudas

173.07

Bahamas

103.77

Fuente: National Archives. Londres, Colonial Office, 152/538/3.

El Estado dominicano había creado el seguro social con el propósito de socorrer a los obreros retirados, aunque no se dejaba sentir en los beneficiarios. El 19 de octubre de 1949, desde la Legación en Santo Domingo, Stanley Gudgeon comentó a Ernest Bevin que no esperaba del sistema de seguridad social dominicano ninguna ayuda para los británicos porque todo quedaba en agradecimientos y nada en metálico.785 Esa deficiencia interna se hacía aún más notable porque el Estado dominicano no había respondido a los requerimientos de la OIT para formar parte de ese organismo.786 Eran muy escasas las facilidades médicas de las que disponían los obreros. Las condiciones de las viviendas eran 785 786

CO 152/538/3. CO 141/18485.

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estrechas e insalubres. Algunas empresas tenían su propio hospital y otras solo pequeños dispensarios móviles. La falta de medios materiales, los bajos salarios y el interés del Reino Unido en mejorar las condiciones de sus nacionales residentes en sus colonias del Caribe determinaron que se suspendiera el envío de obreros a la República Dominicana. Aun cuando pudieran viajar, por una u otra vía, la situación se presentaba difícil para muchos. En las islas no deseaban recibir a miles de personas incapacitadas, envejecidas y ausentes desde hacía treinta años. Las mujeres en ese proceso tuvieron que enfrentar situaciones mucho más graves. Las que llegaron de las islas fueron incluidas en las pensiones. Las dominicanas casadas con británicos repatriados quedaron desamparadas.787 En la sección de migración se registraron mujeres, pero muy poca participación directa tuvo el sector femenino en las labores de la industria azucarera. No obstante, resulta indudable el rol que las mujeres tuvieron dentro del grupo de inmigrantes; también en las tareas del hogar, contribuían con el presupuesto familiar realizando trabajos como lavandera y planchadoras; tenían talleres de costura dentro de sus casas, bordaban, tejían; elaboraban diferentes productos para vender en las calles, como dulces y alimentos; hacían de enfermeras, y mantenían la cohesión dentro de la familia. Por tanto, sus días discurrían entre diversas actividades.788

Protección consular a los inmigrantes antillanos británicos Los representantes diplomáticos del Reino Unido, en varias ocasiones, impulsaron acciones para proteger a los 787 788

CO 369/3962. «Ruth Herrera. Herencia cocola». Listín Diario, 8 de diciembre de 1996, p. 8.

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inmigrantes antillanos británicos ante las autoridades gubernamentales dominicanas. A veces esa defensa se hacía por requerimiento de los obreros, cuando sentían que sus derechos eran lesionados o porque las autoridades promulgaban decretos y leyes que los afectaban. En ese proceso los obreros, que esperaban soluciones más expeditas a sus reclamos, presentaron algunas quejas recriminando a los funcionarios consulares. Las intervenciones a favor de los obreros antillanos se incrementaban en la medida que aumentaba su número en las ciudades objeto de estudio. El 17 de marzo de 1916, B. Pichardo, de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, ponía al corriente al encargado de Negocios de la embajada del Reino Unido acerca del mensaje enviado por Miguel Ricart, gobernador de San Pedro de Macorís, al secretario de Estado de Interior y Policía, J. B. Peynado, sobre el súbdito británico William Douglas Henry (Jacobo).789 El gobernador informaba que a fines de 1915 se había fundado, en San Pedro de Macorís, una sociedad de propaganda en favor del bracero dominicano. Este hecho había producido algunos conatos de huelga a partir del momento en que la entidad comenzó a desplegar su trabajo. Los obreros antillanos se sumaron a las reclamaciones de sus pares dominicanos, exigiendo aumento salarial. Estas acciones provocaron el arresto de varios obreros, entre ellos William Douglas Henry (Jacobo), acusado de perturbar el trabajo de la Colonia de la Sierra en el ingenio Porvenir. En adición a esto, el dueño de la colonia, G. H. Georg, solicitó su reembarque a St. Kitts tan pronto como fuera posible. Esta información fue ratificada por uno de los funcionarios de la embajada del Reino Unido en Santo Domingo quien, el 25 789

William Douglas Henry era de St. Kitts. Se decía que tenía una conducta irreprochable.

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de noviembre de 1916, confirmó a su cancillería que Henry había sido acusado de fomentar el descontento entre los obreros del ingenio Porvenir y aguardaba en una cárcel el momento deser deportado. El 7 de enero de 1917, el vicecónsul medió ante las autoridades para su puesta en libertad y su regreso al trabajo, tras haber convencido a G. H. Georg de ello. Henry no estuvo satisfecho con la forma en que el representante consular había manejado su caso, razón por la que deseaba tener una comunicación directa con el gobernador, quien había ordenado su deportación. Por su inconformidad, afirmó que los franceses estaban bien protegidos por su vicecónsul, que era uno de los productores de caña en la zona.790 William Douglas Henry ponía de manifiesto la percepción que otros antillanos británicos tenían acerca de la débil defensa que recibían de sus representantes consulares. Era posible que los obreros no estuvieran informados de muchos de los reclamos que hacían sus representantes diplomáticos ante las autoridades dominicanas. Un ejemplo de esto sucedió cuando Arthur Henderson, funcionario del Foreign Office, exploró la posibilidad de que fueran extraditados quienes cometieran crímenes contra ciudadanos del Reino Unido. Frente a tan desconcertante consulta, la reacción de las autoridades dominicanas fue de rotunda negativa. La hicieron por vía de Elías Brache, hijo, secretario de Relaciones Exteriores, en comunicación fechada el 13 de marzo de 1930. En respuesta al encargado de Negocios de la embajada del Reino Unido, el funcionario dominicano le informó que las leyes del país no prohibían la extradición de un nacional en correspondencia con lo regulado por las leyes internacionales, pero puntualizaba que un Estado sin

790

CO 318/342.

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tratado bilateral de ese tipo no estaba obligado a entregar sus nacionales para que otro país los juzgara.791 Otra de las gestiones realizadas por los representantes consulares fue la de W. A. Elders. Este visitó la oficina de inmigración el 29 de marzo de 1930 y conversó con el inspector Julio Sánchez sobre las consecuencias del impuesto que se estaba cobrando a los inmigrantes. Centraba su enfoque en el hecho de que varios obreros antillanos habían afirmado que resultaron apresados por no haber pagado los RD$3.00 del impuesto de inmigración exigido por las autoridades de manera inmediata. La respuesta del inspector se centró en que los extranjeros debían pagar cada año, entre mayo y mayo, y solo se librarían de ese pago si se naturalizaban. El inspector Julio Sánchez también le comunicó al diplomático que, durante la administración gubernamental de Horacio Vásquez, de 1924 a 1930, no se había cobrado el impuesto, pero que a partir de ese año se haría. Es necesario detenerse en tres aspectos de la conversación. El primero está relacionado con el periodo que intentaban cobrar las autoridades —de mayo-mayo—, lo cual resultaba una contrariedad porque, por lo general, ese cobro se realizaba en enero o diciembre, para lo cual se preparaba con anticipación a quienes debían hacerlo. El segundo aspecto también guarda relación con el tiempo, puesto que, durante la administración de Horacio Vásquez, 1924-1930, no se cobró el impuesto. Habían transcurrido al menos seis años en que no se exigía que los inmigrantes realizaran el pago, razón por la que se desentendieron de esa obligación. El tercero tenía que ver con el monto que debía pagarse; el último pago, que se realizó durante la ocupación del país por la infantería de marina estadounidense, fue de 25 centavos

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por cada año. Cuando se retomó el pago, este fue elevado a RD$2.75, y se exigía de manera inmediata. Como era de esperar, esa decisión generó dificultades a los inmigrantes antillanos británicos. Los problemas que se suscitaron fueron atendidos por los cónsules del Reino Unido. El 29 de mayo de 1930, el cónsul W. H. Gallienne le escribió al ministro de Relaciones Exteriores, comentándole que la ordenanza emitida por las autoridades de inmigración del Estado dominicano exigía a los súbditos británicos residentes y domiciliados en el país cumplir con una cuota de RD$3.00 al momento de entrar en el territorio nacional, y que el nuevo impuesto elevaba la cuota a RD$6.00. Gallienne se refería a una variable no contemplada hasta entonces: los braceros eran contratados por una zafra, por lo general esta duraba seis meses, y los ingenios iniciaban esta labor entre finales de noviembre y los primeros días de enero, de manera que, si un bracero arribaba al país en noviembre o diciembre, y regresaba a su país en fecha similar al mismo año de retorno, se le cobraba dos veces el impuesto por una jornada contratada. Esa duplicidad en el cobro de un impuesto era lo que el cónsul reclamaba a las autoridades. En su comunicación, el cónsul expresó sorpresa por la manera como estaban procediendo las autoridades dominicanas con respecto al cumplimiento del impuesto de inmigración y sus consecuencias; comentaba que no habían divulgado para conocimiento general los nuevos requerimientos puestos en vigencia. Pero las detenciones arbitrarias de braceros antillanos británicos, por no cumplir con el impuesto, continuaron, como si la comunicación entre los funcionarios diplomáticos no hubiera sucedido. El 22 de julio de 1930, un funcionario de la embajada británica comunicó al secretario de Relaciones Exteriores dominicano que las autoridades en San Pedro de Macorís

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continuaban deteniendo a los braceros antillanos. Del 26 de junio al 14 de julio habían sido apresados John Royals, Nathaniel Negal, Alberto Richardson, Tom Broon, Félix Morouse, Teófilo Thadous, Valentín Martínez, Josef Stanley, Tobat Mills, Melvin Jeffers y Samuel Lorans. La represión de las autoridades dominicanas contra los braceros incrementó los temores en otros miembros de esa población. Esto se desprende de la respuesta dada el 4 de julio de 1930 por W. H. Gallienne, de la embajada británica, a H. Cambell Wright, residente en San Pedro de Macorís; el diplomático le informó que estaban haciendo lo necesario para evitar la detención, excesiva en tiempo y en número de personas, sobre todo de aquellos que no podían pagar el tributo reclamado de manera inmediata por las autoridades dominicanas.792 Uno de los propósitos de ese esfuerzo era tratar de cambiar el periodo del cobro que, de acuerdo con las autoridades nacionales, debía realizarse de mayo a mayo de cada año. Esta solicitud fue atendida. El 22 de diciembre de 1930, el presidente Trujillo emitió el Decreto 72, que estableció el nuevo tiempo de vigencia del impuesto, que sería del 1.o de enero al 31 de diciembre.793 Con ese decreto se resolvió el tema de la fecha y la situación que se había creado. Aún quedaban cuestiones por solucionar. Incluso fue necesario que transcurriera más de un año para que se pusiera de manifiesto otra aristadel mismo problema, que provocó reacciones violentas por parte de los obreros. Al año siguiente, los representantes diplomáticos del Reino Unido continuaron las negociaciones con las autoridades

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CO 140/17. «Rafael Trujillo Molina. Decreto No. 72 del Poder Ejecutivo estableciendo que la validez de los permisos de inmigración se contará del 1° de Enero al 31 de Diciembre». Gaceta Oficial, año LVI, 27 de diciembre de 1930, BNPHU, núm. 4314.

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dominicanas sobre el cobro del impuesto establecido en la ley de inmigración. El 17 de marzo de 1931, el encargado de negocios de la embajada británica, en una nota, comunicó a la cancillería dominicana que a los inmigrantes antillanos británicos se le cobraba dos veces al año el impuesto de RD$3.00, y que la suma de RD$6.00 resultaba muy elevada en proporción a los ingresos de un bracero. El incumplimiento conllevaba el arresto, durante el cual el imputado debía realizar trabajos forzados en fincas que eran propiedad de Trujillo, y si quedaba vivo después de cumplir la pena le esperaba la deportación. En la respuesta a R. G. Goldie, encargado de negocios de la embajada del Reino Unido, Rafael Estrella Ureña, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, le comunicó, el 12 de mayo de 1931, que el Decreto 72 establecía el procedimiento para el cobro del impuesto. Lo presentaba como la buena voluntad del presidente para la solución del problema. La respuesta de Estrella Ureña no aportaba nada concreto. Los funcionarios de la embajada estaban preocupados por la suerte de sus nacionales, porque eran llevados a prisión y luego, al salir, deportados, lo cual sumaba mayor presión económica en sus lugares de procedencia. En el peor de los casos, los braceros antillanos podían morir en las fincas de Trujillo. Por esos motivos insistían en el tema del impuesto. En febrero de 1932 informaban que el impuesto se le aplicaba al cabeza de familia, a la esposa y también a los hijos. A eso se le sumó el pago de un nuevo impuesto cada año, el de la cédula de identidad o documento nacional de identidad. El vicecónsul del Reino Unido en San Pedro de Macorís puso de manifiesto la preocupación que había suscitado en los inmigrantes antillanos el impuesto exigido por la ley de inmigración. Los que trabajaban en el ingenio Porvenir sentían desconfianza porque se les descontaba de nómina. Si les resultaba elevado el monto a quienes eran contratados

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por seis meses y luego retornaban a su lugar de origen, se les hacía mucho más difícil a quienes ya estaban radicados en el país, entre ellos puertorriqueños, haitianos y antillanos británicos. Estos inmigrantes eran sorprendidos por las autoridades y, dado que el descuento era por nómina, no tenían la manera de probar que habían realizado el pago. Ese procedimiento los colocaba en una situación desesperada, cerca de la cárcel o en el camino de la expulsión, conforme lo establecía el artículo 6 de la Ley 279. Era un escenario en el que quedaban sujetos a un estado denigrante para la condición humana.794 A las ordenanzas, incluyendo la relacionada con la cédula, se añadieron otras complicaciones. Desde la embajada británica lo hicieron saber, en comunicación del 5 de febrero de 1932, a John Simon, del Foreign Office de Londres. A partir de esa comunicación los contactos aumentaron entre funcionarios de diversas embajadas y los consulados afectados. El cónsul de la embajada del Reino Unido se entrevistó con el ministro haitiano, el cónsul estadounidense, el de España, el de Francia y el de Italia. Todos alegaron, ante las autoridades dominicanas, la violación de los tratados internacionales por parte de las leyes. El secretario de Relaciones Exteriores, en nota verbal al representante del Reino Unido, le comunicó que ese planteamiento sería atendido por la administración, tomando en consideración las objeciones de los cónsules de los países mencionados. Algunos de los funcionarios de la embajada británica eran partidarios de que las negociaciones con las autoridades dominicanas se hicieran sobre la base del intercambio comercial entre las dos naciones. Para entonces, el mayor volumen de las exportaciones e importaciones dominicanas

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dependía del mercado británico. Francia y el Reino Unido absorbían la mayor parte de las exportaciones.795 El arroz, uno de los bienes principales de la dieta del dominicano, procedía de la India, territorio controlado por el Reino Unido.796 De modo que los niveles de dependencia económica entre la República Dominicana y el Reino Unido eran altos. En 1932 las cifras que manejaban en la embajada británica establecían que el 43.36 % de las exportaciones llegaron al mercado del Reino Unido o a algunos de sus territorios. Al siguiente año, 1933, fue del 29.56 %. Las otras naciones que asumían volúmenes importantes de las exportaciones dominicanas eran los Estados Unidos y Francia, con cerca del 20 %. Esta cifra se encontraba aún muy lejos de las del Reino Unido. De manera que quienes eran partidarios de conducir las negociaciones en esa dirección tenían sólidos argumentos. Las autoridades de la embajada británica plantearon a los superiores del Foreign Office una estrategia de presión inmediata sobre las autoridades dominicanas. Propusieron suspender el envío de obreros a la República Dominicana; en consecuencia, instruyeron al encargado de Negocios que solicitara a los gobernadores de Barlovento, Sotavento, Barbados, Trinidad y Tobago y Jamaica, detener la salida de braceros a Santo Domingo. La orden se emitió a través de un telegrama fechado el 10 de marzo de 1932 y los gobernadores accedieron a lo solicitado.797 En la perspectiva inglesa, el detonante del problema lo había causado el artículo 6 de la Ley núm. 279, por el poder que otorgaba a las autoridades para agredir a los inmigrantes de la manera como se estaba

CO 371/15840. CO 140/24. 797 CO 140/23. 795 796

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llevando a cabo.798 Ese tratamiento no lo podían tolerar los diplomáticos ingleses porque implicaba un ataque a los derechos del hombre y del ciudadano. La estrategia del Reino Unido había logrado llamar la atención de las autoridades dominicanas, lo cual se puso de manifiesto el 19 de marzo de 1932, cuando Max Henríquez Ureña, secretario de Relaciones Exteriores, le informó por escrito a uno de los funcionarios de la embajada del Reino Unido que los braceros antillanos británicos no pagarían el impuesto de RD$6.00, pero sí el permiso de residencia según lo aprobó el general Trujillo. Este cambio brusco se debió, entre otros factores, a la suspensión de la salida de braceros dictada por el gobernador de Trinidad y Tobago. La decisión afectaba a los dueños de ingenios quienes, a través de sus representantes diplomáticos, ejercieron presión al gobierno para que desestimara la Ley núm. 279, causante de la controversia. La embajada del Reino Unido centró su interés en la eliminación de la ordenanza, pero no contó con el apoyo de otras misiones diplomáticas. En informe de uno de los diplomáticos británicos a su cancillería explicaba que sus colegas de otras naciones perjudicadas se habían reunido para debatir el tema de la inmigración y los efectos en sus connacionales. Resaltaba que Francia no formó parte de la iniciativa porque había cerrado la cooperación con sus pares en ese y otros asuntos, y se abstuvo de participar activamente en el proceso. Las autoridades dominicanas respondieron satisfactoriamente a la presión ejercida por los diplomáticos extranjeros. El 16 de mayo de 1932, en el más fino lenguaje de cancillería, Max Henríquez Ureña le comunicó a R. G. Goldie, encargado de Negocios de la misión del Reino Unido, la buena

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voluntad de la administración de Trujillo hacia su majestad y hacia los otros gobiernos en la solución del problema suscitado por la Ley núm. 279, del 3 de febrero de 1932. Max Henríquez Ureña calificó de conciliadora la actitud gubernamental al aprobar la nueva Ley núm. 338, del 27 de abril de 1932, que sustituyó a la anterior núm. 279. La nueva ordenanza era muy razonable con respecto a la que sustituía, porque excluía a la mujer casada y a los menores del pago de los impuestos de migración, pero aún estaba lejos de satisfacer los reclamos de los cónsules británicos.799 La solución solicitada pretendía excluir las penalidades impuestas por el artículo 6 de dicha ley, el cual calificaba de delito su incumplimiento y como consecuencia condenaba a prisión de 3 a 6 meses, o multas no menores de RD$100.00 ni mayor de RD$200.00, o las dos penas a la vez, a quienes fueran condenados por su incumplimiento.800 Con la Ley núm. 338 quedó solucionado el problema en lo jurídico, pero no cesó el interés de las autoridades por cobrar a los extranjeros el tributo de inmigración de una u otra manera. La insistencia de los cónsules logró que las autoridades emitieran la Ley núm. 1119 que de alguna manera disfrazaba su intención. Esta ley favorecía a quienes el 16 de febrero de 1935 tuvieran por los menos tres años de residencia continua en el país.801 Pero los remanentes de otras ordenanzas sobre los inmigrantes continuaron enrareciendo el ambiente durante algún tiempo. «Congreso Nacional. Ley 279 que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial, año LVIII, 3 de febrero de 1932, BNPHU, núm. 4435. 800 National Archives. Londres, Foreign Office, 371/15840. 801 «Congreso Nacional. Ley 1119 modificación del artículo segundo de la ley de Dominicanización del trabajo del 4 de agosto de 1936». Colección de Leyes. Imprenta J. R. Vda. García, 1937, pp. 103-104. 799

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Mientras los diplomáticos buscaban solucionar las situaciones creadas por las diferentes leyes y decretos de migración, otra cosa bien distinta ocurría con los obreros en los ingenios de San Pedro de Macorís, y con los empleados de las oficinas públicas de esa ciudad. Beer, en su condición de vicecónsul, recibió una carta del administrador del ingenio Porvenir, fechada el 23 de mayo de 1932, denunciando las condiciones que sufrían algunos obreros. Citó el caso de los hermanos Phipps, quienes habían sido apresados el día anterior, acusados de no portar la cédula. Otras personas también habían sido apresadas por igual motivo.802 La exigencia de ese documento añadió calor al tema de la inmigración; por consiguiente, se incrementó la presión ejercida por los cónsules sobre las autoridades dominicanas. En medio de esas circunstancias, resultó estimulante para los obreros la emisión de la Ley núm. 338, en abril de 1932.803 Esta ley contemplaba que los residentes en el país por un tiempo mayor a veinte años quedarían exentos del impuesto y se les exigiría realizar el procedimiento probatorio de su estadía ante un notario público. Ese requerimiento era manejable, aunque resultara incómodo y molesto para un obrero sometido a cumplir jornadas laborales tan extensas como las de entonces. Al parecer, las autoridades policiales continuaban deteniendo a los inmigrantes exigiéndoles tener al día el impuesto. Como era de esperar, esto provocó una reacción de enfado entre los obreros, como detalla uno de los informes consulares. En un reporte del 24 de mayo de 1932, el

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National Archives. Londres, Foreign Office, 140/23. «Congreso Nacional. Ley 338 que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial, año LVIII, 27 de abril de 1932, BNPHU, núm. 4465.

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vicecónsul Beer informó a R. G. Goldie sobre Scarff, administrador del ingenio Porvenir, quien, en la mañana de ese día, le había solicitado ayuda para sofocar un tumulto de cuarenta o cincuenta británicos y un número mayor de haitianos. Reclamaban la devolución del dinero descontado por la ley de inmigración. Al perecer una de las fórmulas sugeridas para el cobro era apoderar a los ingenios azucareros como agentes de retención del impuesto. Dado que los obreros eran requeridos para el pago por las autoridades policiales, dedujeron que el dinero no había sido transferido al Estado, razón por la cual reclamaron ante la oficina del ingenio de manera un tanto violenta. Dos de los líderes habían mostrado machetes ante el administrador, según Beer, y respondieron de manera grosera a la exhortación de calma. Alegaban tener más de veinte años residiendo en el país y exigían la retribución del dinero descontado para pagar el impuesto. Los obreros apoyaban su reclamo en la Ley núm. 338, del 27 de abril de 1932, la cual determinaba, en su tercer artículo, párrafo uno, la exoneración del pago del impuesto a quienes tenían veinte años de residencia ininterrumpida con una conducta irreprochable. El problema se resolvía si el administrador les aseguraba la devolución del dinero pagado, pero no lo hizo. Beer, en una inexplicable decisión, los remitió a la oficina de migración para que hicieran allí sus reclamaciones.804 La Ley núm. 247, aprobada el 9 de diciembre de 1931, obligaba a toda persona mayor de 18 años residente en el país a obtener el documento de identidad, cuyo costo ascendía a RD$1.00, con vigencia de un año, del 1.o de enero al 31 de diciembre.805 Debía sumársele el costo de una foto, cuyo 804 805

CO 140/23. «Congreso Nacional. Ley 247 que declara obligatorio la «Cédula Personal de Identidad». Año LVII, 30 de diciembre de 1931, BNPHU, núm. 4424.

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monto oscilaba entre RD$3.00 y RD$4.00. Se ponía como fecha límite el 15 de febrero de 1932 para portar el documento. Consideraban residentes a los extranjeros que permanecieran en el país por más de treinta días. Quienes no cumplieran con lo mandado, podían ser castigados con pena de prisión de quince días y RD$5.00 de multa. En enero de 1932, el presidente Trujillo emitió el decreto 333, que encargaba a los administradores de los ingenios exigir el pago del impuesto de la cédula a los inmigrantes empleados por ellos.806 Esa ordenanza llamó la atención de los representantes diplomáticos en defensa de sus nacionales, con el mismo ahínco con que exigieron la cesación del pago del impuesto por la ley de inmigración. Esto generó un nutrido cruce de comunicaciones entre el representante consular en San Pedro de Macorís, los funcionarios de la embajada británica en la capital dominicana y los del Foreign Office en el Reino Unido. En ellas definieron estrategias para negociar. Uno de los funcionarios de la embajada del Reino Unido, R. M., propuso a sus compañeros atraer a otros representantes consulares extranjeros afectados con el fin de crear un frente común de presión ante las autoridades dominicanas. Fiel a su idea de aglutinar personas, R. M. solicitó a Beer conversar con Kilbourne, administrador del ingenio Consuelo, para involucrarlo por los daños causados a la industria azucarera. En su comunicación, R. M. aseguraba a Beer haberle adjuntado una circular de Domingo Álvarez, director general de la Oficina de la Cédula, dirigida al tesorero municipal de San Pedro de Macorís, instruyéndole que no exigiera a los 806

«Poder Ejecutivo. Decreto 333 del Poder Ejecutivo que encarga a los Administradores de factorías industriales del pago del impuesto de la Cédula Personal de Identidad». Gaceta Oficial, año LVIII, 30 de abril de 1932, núm. 4434.

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obreros extranjeros el pago por el documento personal.807 Pero la circular del director general de la Oficina de la Cédula al tesorero era letra muerta. Ninguno de los dos podía impedir los atropellos de miembros de los cuerpos armados y el acoso a los braceros por el cobro. Existía una ley y un decreto a los que ellos, como empleados de la administración pública, estaban supeditados. En la documentación consultada, había una orden del presidente de la República mandando a los funcionarios que se abstuvieran de exigir el pago de la cédula personal a los braceros de factorías industriales de procedencia extranjera que hubieran cumplido con el impuesto exigido por la Ley de Inmigración núm. 279.808 Frente a esa estratagema administrativa, la estrategia propuesta por R. M. estaba dando resultados favorables. El propósito de eliminar el pago y las consecuencias punitivas acarreadas por su incumplimiento se obtuvo cuando se emitió la Ley núm. 331, el 26 de abril de 1932, que exoneró de ese pago a los braceros cuya introducción y permanencia fuera bajo contrato, durante el periodo comprendido entre el 1.o de diciembre y el 31 de julio del año siguiente.809 El 24 de mayo de 1932, Beer le informó a R. G. Goldie haber obtenido información del Departamento Legal del central Consuelo relacionada con el pago de la cédula. Llegó a la conclusión de que el problema radicaba en las diversas interpretaciones dadas a la ley por las autoridades de San Pedro de Macorís. Eso quedó confirmado cuando el inspector de inmigración de la ciudad no pudo decirle con claridad cuáles eran los pasos que se debían seguir con respecto a la National Archives. Londres, Foreign Office, 140/23. CO 140/23. 809 «Congreso Nacional. Ley 331 que agrega un párrafo al artículo 10 de la Ley No. 247». Gaceta Oficial, año LVIII, 30 de abril de 1932, núm. 4461. 807 808

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exención de impuestos en el caso de las personas con veinte años de residencia.810 Al problema generado por el cobro de la cédula se sumó el de inmigración, y ambos repercutieron en las islas de Sotavento. Como reacción, disminuyó el flujo de obreros británicos hacia la República Dominicana desde algunas de las posesiones del Reino Unido, como quedó explicado ut supra, pero no fue el final de esa migración. Una solución para enfrentar esta disminución fue la adoptada por los centrales Santa Fe y Romana, que propusieron pagar los impuestos de entrada, salida y repatriación de los braceros contratados por ellos. Informado de esa decisión, el gobernador de las islas de Sotavento con asiento en Antigua afirmó, en diciembre de 1932, haberlo publicado en el boletín de las islas para conocimiento de quienes desearan continuar emigrando a Santo Domingo.811 Estas informaciones ponen en evidencia que después de esos años el flujo de inmigrantes antillanos británicos continuó hacia la República Dominicana. Sin embargo, aún estaba lejos de solucionarse los cobros de impuestos a los braceros. El 25 de marzo de 1933, Beer le comunicó a H. E. Slaymaker, encargado de Negocios de la embajada, la necesidad de sostener una posición con respecto al tema porque las autoridades de San Pedro de Macorís interpretaban la Constitución a su antojo, según sus conveniencias. Era partidario de pedirles a las autoridades una rebaja de RD$3.00 en el pago anual del impuesto. En cuanto al cobro del impuesto de migración, los centrales continuaban fungiendo como agentes de retención, lo cual facilitaba mucho el proceso.

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Esa situación, por supuesto, permitía a las autoridades obtener el dinero y controlar a los inmigrantes. Pero el problema se agravaba porque en ese esquema quedaban fuera personas no empleadas en los ingenios azucareros, y ello generaba una preocupación adicional en el vicecónsul, dado que algunos no podrían pagar los RD$6.00 exigidos por las autoridades, incluyendo a aquellos que estaban desocupados. Teniendo eso en consideración se preguntaba: «¿Cómo podía una familia que vivía en concubinato, probablemente con cuatro o más hijos, desembolsar 12 dólares en un solo pago si ni siquiera conseguían 25 centavos de dólar al día para vivir?». Sugería como solución que los braceros efectuaran el pago en tres mensualidades sucesivas de RD$2.00. Para llevar el control proponía que se habilitara una tarjeta similar a la cédula, a la cual se le colocaría un sello del inspector de inmigración para hacer constar el pago de cada mes, como signo probatorio del cumplimiento del compromiso. Si algún migrante estuviera en condiciones de pagar los RD$6.00 de una vez, debía exigírsele que lo hiciera. Y a quienes pagaran a plazos se les debía sumar el importe de 25 centavos adicionales a la suma total. Esa sugerencia por parte de Beer no era razonable porque la ley no contemplaba una suma mayor de RD$6.00 con respecto al pago parcial. El vicecónsul se refería a los residentes de las ciudades, que se dedicaban a la venta de mercancías, alimentos y oficios particulares. Ellos contribuían con sus actividades a dinamizar la economía, como lo expresaron los comerciantes. Resaltaba que los años de estadía de esas personas habían producido una asimilación natural entre dominicanos y antillanos. Por esos motivos, comentaba, que, aunque existía en las autoridades una predilección por las personas blancas, había una mayor población de negros dominicanos que contribuía al proceso de asimilación.

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No solo Beer se sumó a esos prejuicios, como se desprende de la comunicación con H. E. Slaymaker de marzo de 1933. Los funcionarios de la embajada eran conscientes del sentimiento contra los inmigrantes y lo comentaron más de una vez.812 Tenían noticias de los abusos perpetrados por los policías, soldados y funcionarios civiles. Eran manifestaciones del prejuicio racial por su condición de personas afrodescendientes. Los diplomáticos hablaban sobre las expresiones injuriosas de los soldados hacia los inmigrantes cuando los detenían, llegaban hasta el maltrato físico, como sucedió con María Griffin y James Smith, entre otros. La ley de dominicanización del trabajo, promulgada el 2 de noviembre de 1934, y que entraría en vigor el 1.o de enero de 1935, perjudicaba a los centrales, aunque a unos más que a otros.813 El reglamento ordenaba a las empresas presentar ante la Secretaría de Trabajo, en un plazo de treinta días a partir del 18 de octubre, una relación del personal empleado, indicando el nombre, la categoría y la posición que ocupaba, de igual manera la remuneración devengada, así como la nacionalidad. Además, debían informar cualquier cambio que se produjera, especificando el nombre, la categoría, el sueldo y la nacionalidad. Las empresas que no cumplieran serían sometidas a la justicia. Finalmente, la Dirección General de Inmigración recomendaría al presidente de la República si procedía la autorización solicitada por la empresa para contratar obreros extranjeros, y si la

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CO 371/19788. «Congreso Nacional. Ley 597 ordenando que toda persona física o moral, y toda empresa que ejerza en la República actividades comerciales, industriales o agrícolas, estará obligada a colocar dominicanos en proporción no menor del setenta por ciento del personal que utilice». Gaceta Oficial, año LVI, 12 de noviembre de 1933, BNPHU, núm. 4623.

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Obreros en labores en el Ingenio Cristóbal Colón. Fuente: Archivo General de la Nación: Área de fotografías-Materiales Especiales.

proporción requerida se correspondía con lo estipulado en lo dictado por la ley.814 Entre las industrias azucareros más afectadas por la Ley núm. 597 y su reglamento estaba el Central Romana porque el mayor número de su personal técnico procedía del extranjero. El ingenio Cristóbal Colón fue de los menos perjudicados, ya que en las labores esenciales de la producción contrataba a dominicanos y en el corte de la caña empleaba mayor número de obreros antillanos puesto que la ley no exigía limitar el personal en esa actividad. Las negociaciones sostenidas por los industriales con las autoridades en 814

«Rafael L Trujillo. Reglamento para la aplicación de la Ley sobre empleo de dominicanos en proporción no menor del setenta por ciento», Gaceta Oficial, año LV, 20 de octubre de 1934, BNPHU, núm. 4727.

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defensa de sus intereses, en cierta forma llevaban implícitas los intereses de los obreros porque les resultaba conveniente mantenerlos empleados. La reacción de W. A. Elders ante la Ley núm. 597 fue casi inmediata. El 2 de febrero de 1935 le comunicó a John Simon, en el Foreign Office, sobre su reunión con Arturo Logroño, secretario de Relaciones Exteriores, en la cual expuso la preocupación y los efectos perjudiciales de la ley en la población de inmigrantes antillanos británicos. Como ejemplo de esos efectos, citó el caso de 110 empleados, en el departamento de molinos del Central Romana, que fueron despedidos.815 Por consiguiente, los empresarios emprendieron un gran activismo frente a las autoridades para solucionar el problema en el cual quedaban incluidos los obreros. Para trazar la estrategia frente a la Ley núm. 597, los administradores de los centrales se reunieron el 8 de noviembre de 1934 para fijar su posición. Con ese propósito Brewer, del ingenio Consuelo, se había reunido el día 6 con Garrido, ministro de Trabajo. Posteriormente lo hizo Luis Vidal, administrador del ingenio Colón. El funcionario encargado de los temas de trabajo, después de reunirse por separado con algunos empresarios, lo hizo con todos juntos el 22 de ese mismo mes; su objetivo era alcanzar un consenso con respecto al reglamento complementario de la ordenanza.816 Los cálculos hechos por la embajada británica acerca de los obreros empleados por la industria azucarera local, arrojaron la cifra de 80,000 personas al año en tiempos de cosecha y 40,000 durante el tiempo muerto.817 Los industriales sabían que reducir a la proporción establecida en la Ley CO 371/18700. «Importante reunión en la Secretaría de Trabajo hoy». La Opinión, 22 de noviembre de 1934. 817 CO 371/15840. 815 816

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núm. 597 los dejaría sin valiosos obreros para garantizar las labores en los ingenios. Conscientes de la imposibilidad de hacer una zafra sin obreros extranjeros, pidieron excluir de la categoría de extranjeros a quienes tuvieran cinco años viviendo de manera ininterrumpida en el país, y estuvieran casados con dominicanas y con hijos de esa nacionalidad.818 Incluso, prepararon un proyecto de ley con estos puntos para presentarlo a las autoridades. El 4 de diciembre dirigieron una carta al ministro de Trabajo en la cual expresaron su posición. Favorecían la preparación de técnicos dominicanos para desempeñar labores en los centrales azucareros y de esa manera cumplir con la ley de dominicanización del trabajo. Afirmaban que, en sus nóminas, el 50 % del personal era dominicano. Expusieron estar de acuerdo con el propósito de la ley, aunque rechazaron la idea de reducir el número de empleados extranjeros a un 30 %, puesto que resultaría imposible manejar la industria sin ellos por sus habilidades técnicas, sus conocimientos y su larga experiencia. Era imposible sustituirlos por dominicanos que no tenían la preparación para esas actividades. Los empresarios solicitaron un plazo de cinco años para cumplir a plenitud con lo exigido por el régimen. En ese plazo las autoridades pretendían que se igualaran los salarios entre dominicanos y extranjeros, ya que estos recibían salarios superiores. En cambio, los industriales solicitaron eliminar de la ley las categorías, porque las diferencias provenían del grado de preparación técnica de unos y otros. Resaltaron como única salida para hacer la zafra la potestad reservada al presidente de la República para conceder permisos cuando fuera necesario aumentar la cantidad de extranjeros por encima del límite del 30 %.

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El hecho de que la propia ley otorgaba al presidente de la República la potestad de autorizar el empleo de un número mayor de extranjeros era una muestra de la imposibilidad de aplicarla como estaba concebida; por esa razón pidieron introducir en el reglamento la facultad del presidente para autorizar la ampliación del empleo de los extranjeros en cada zafra. El 27 de enero de 1935 todos los administradores de haciendas azucareras se reunieron con el presidente de la República, y en ese encuentro expusieron sus ideas.819 Varios empresarios manifestaron su opinión a Beer sobre la Ley núm. 597. A su vez, él informó a W. A. Elders de las conversaciones con Kilbourne, uno de los representantes del sector azucarero. Kilbourne aseguró que algunos de sus colegas eran partidarios de aumentar la proporción de migrantes a 50 %, y no un 30 % como lo establecía la ley. En la comunicación Kilbourne le explicó a Elders que en el ingenio Consuelo los obreros antillanos británicos trabajaban el 60 % en las instalaciones y llegaban al 100 % en el departamento de Marina.820 Proyectándose al futuro, Beer intuyó que la aplicación de la ley tendría repercusiones en los pueblos y bateyes de Santa Fe, Consuelo y Porvenir, en los cuales descendería el número de inmigrantes antillanos. Para revertir esa «Reunión de los azucareros». Listín Diario, 28 de enero de 1935. Quienes estuvieron presentes fueron, por la Compañía Azucarera Boca Chica, W. L. Fox; por la Compañía Azucarera Dominicana, E. I. Kilbourne; por el Ingenio Santa Fe, Wm. T. Hennessy; por la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, Emilio V. Venegas; por el Central Romana, E. L. Klock; por la Compañía Anónima de Inversiones Inmobiliarias, Emilio V. Venegas; por la Puerto Plata Sugar Company, S. R. Ginsberg; por el Cristóbal Colón, L. F. Vidal; por la Compañía Agrícola Dominicana, C. D. Ridgway, Jr., y por el ingenio Porvenir, James C. Scarff. También estuvieron presentes los licenciados Julio Ortega Frier, Troncoso Sánchez y Manuel Arturo Peña Batlle. 820 CO 140/25. 819

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tendencia propuso establecer, como lo había sugerido antes, negociaciones entre los gobiernos del Reino Unido y la República Dominicana. De ser esto posible, entendía que se debía fortalecer la posición de la embajada en las negociaciones a favor de los intereses de los obreros antillanos. Algunos administradores de centrales eran partidarios de esa moción, como W. T. Hennessy, administrador del ingenio Santa Fe. Entre las medidas que se evaluaban para negociar con la administración gubernamental estaba la de exigir la aplicación de la ley de dominicanización de manera global, y no por departamentos. Se pusieron de acuerdo en reducir el número de obreros empleados de 70 a 60 %.821 Llegaron a sugerir, incluso, un porcentaje aún más bajo de 50 %, que consideraban una proporción razonable.822

Batey de la Hacienda Consuelo de William L. Bass, uno de los que propuso contratar cocolos. Fuente: Archivo General de la Nación: Colección Roberto Cassá.

821 822

CO 140/25. CO 371/17529.

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Las presiones de los administradores de los centrales involucrados en las negociaciones, unidas a la ejercida por los representantes consulares, inclinaron la decisión fuera de la posición gubernamental. A inicios de 1935, fue aprobada la Ley núm. 837 con carácter de urgencia, en sustitución de la anterior núm. 597. La nueva propuesta excluía de la aplicación a los extranjeros con un mínimo de cinco años de residencia continua y casados con nacionales. También a quienes demostraran un mínimo de diez años de residencia ininterrumpida y tuvieran hijos dominicanos. Daba facultad al presidente de la República para que concediera permisos por un año a braceros extranjeros en una proporción mayor a lo estipulado por la ley.823 La promulgación de la núm. 837 dejaba en situación favorable a los empresarios y, por extensión, a los obreros extranjeros. De esta manera, faltaban muchos años para que las palabras premonitorias de Beer se cumplieran. La actitud abiertamente conciliadora del régimen con los administradores de los ingenios azucareros se puso de manifiesto con la aprobación de la Ley núm. 837. Uno de los factores influyentes fue la administración gubernamental, que cambió su política exterior con Haití, de donde procedían obreros empleados en dicha industria. Esa apertura hacia los industriales se hizo extensiva a los obreros extranjeros de otras nacionalidades, gracias a esa nueva ley de inmigración menos polémica que la anterior. Para quienes desearan obtener el permiso de permanencia no se hacía diferencia de categoría, de raza ni de monto a pagar. Fijaba en RD$6.00 el importe por el permiso de entrada y de permanencia. A los braceros interesados en residir en territorio dominicano de manera definitiva se les rebajaba 823

«Congreso Nacional. Ley 837 de Dominicanización del trabajo». Gaceta Oficial, año LVI, 16 de agosto de 1935, BNPHU, núm. 4766.

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el impuesto a RD$4.00, y a quienes entraran contratados por una zafra se lo rebajaban a RD$3.00. Exoneraba del pago a hombres y mujeres residentes en el país durante cinco años, a quienes hubieran contraído matrimonio con nacionales, y a quienes residieran durante diez años y tuvieran hijos dominicanos.824 El 10 de enero de 1935, uno de los diplomáticos británicos informaba a su cancillería sobre el interés del presidente de la República de cerrar las relaciones comerciales con Inglaterra porque deseaban favorecer el trato comercial con los Estados Unidos. Pero esa ruptura no se produjo tan rápido. Las autoridades del Reino Unido opinaban que los funcionarios dominicanos se opondrían a un acuerdo con los estadounidenses. Al menos así pensaban en la Junta de Comercio en Londres. Para alcanzar su meta, introdujeron en las negociaciones todas las variables ventajosas a sus intereses. Una de ellas fue presionar por la legislación laboral de la República Dominicana, calificada de opresiva. A esta situación se añadió el temor de que los obreros británicos de las Indias Occidentales fueran reemplazados por haitianos. Conscientes de esa amenaza, perjudicial a los nacionales de las colonias británicas, como había sucedido durante la ocupación del país por la Infantería de Marina, el Gobierno haitiano comenzó a maniobrar para hacer realidad el temor de los británicos y en 1934 continuaban haciéndolo. Durante el régimen de Trujillo se empeñaron en mejorar el transporte por tierra para hacer más eficiente su oferta laboral a la República Dominicana. Esta se acercaba o alejaba según las relaciones del general Trujillo con el mandatario haitiano del momento. 824

«Congreso Nacional. Ley 739 de inmigración». Gaceta Oficial, año LV, 18 de agosto de 1934, BNPHU, núm. 4710.

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Los funcionarios de la embajada británica enviaron comunicaciones para persuadir a los gobernadores coloniales de no poner obstáculos en el camino de la contratación de trabajadores antillanos por parte de los hacendados dominicanos; de esta manera pretendían contrarrestar la competencia.825 Los esfuerzos para la continuidad del flujo de obreros antillanos británicos a San Pedro de Macorís y La Romana se aprecian en la comunicación de William A. Elders, encargado de negocios interino, del 28 de julio de 1934, al gobernador de las islas de Sotavento con asiento en Antigua, que puede verse en el anexo de este trabajo. Los funcionarios diplomáticos en la embajada británica percibían como principal obstáculo en las negociaciones el impuesto de RD$6.00 al año, establecido a partir de septiembre de 1934 en la ley de inmigración. Lo consideraban elevado y abusivo para los obreros temporales. Por esa causa, el encargado de Negocios notó una clara tendencia antiextranjera por parte del Gobierno dominicano. Existían razones para que los funcionarios del Reino Unido pensaran de esa manera. En octubre de ese año 1937, se produjo la muerte a tiros de James Smith a manos de un soldado dominicano; este acontecimiento fortaleció la posición de quienes advertían esa tendencia. El soldado fue juzgado en los tribunales, y el encargado de Negocios fue llamado en dos ocasiones para presentar nuevos alegatos. Esa acción dejó en más de uno la impresión del poco interés de la justicia dominicana en resolver el caso. En un documento interno se opinaba acerca de la ineficiencia del Gobierno en castigar al homicida. Ese sentimiento partía de la impunidad en los delitos por ataques a otras personas físicas o bienes de extranjeros.826 825 826

CO 371/17528. CO 371/18699.

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Las normas dictadas por la administración trujillista en 1935 para obtener mayor control de la sociedad contribuían a incrementar la imagen negativa del trato dado a los extranjeros. Se involucró a la policía nacional en una tramitación que correspondía a la Dirección General de Migraciones, y en lo adelante se encargaría de informar el número de personas, la nacionalidad, el nombre de la embarcación de arribo, entre otros datos.827 La administración gubernamental británica clasificaba como grave el efecto de la Ley núm. 597 y el Decreto 1088 sobre los súbditos antillanos. En documentos internos, comentaron sobre las restricciones impuestas a la libre admisión de inmigrantes, pero habían evitado su carácter retroactivo en perjuicio de quienes ya se encontraban en su territorio. Comentaban las modificaciones introducidas por la Ley núm. 837 del 12 de febrero de 1935, las cuales no mejoraban la situación de los antillanos residentes en el país o de los que se habían casado con mujeres de su misma nacionalidad. Debido a esa razón, opinaban que las atenciones a sus connacionales no podían compararse con el trato favorable dado a los ciudadanos dominicanos en Inglaterra y sus colonias en materia de empleo. A. S. Paterson reiteró el alegato anterior el 19 de junio de 1935, dirigiéndose a Jacinto B. Peynado, secretario de Estado de Relaciones Exteriores. A modo de ejemplo, citó las restricciones dictadas por las autoridades inglesas para la entrada en su territorio después de la guerra de 1914 a 1918. Sin embargo, estas no eran aplicadas a quienes residían con anterioridad al conflicto, de modo que quienes estaban en el país contaban con derechos adquiridos, que fueron

827

Archivo General de la Nación. Dirección General de Migración. 1935. Legajo 6-4/026398. Año 1936.

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respetados. En el Reino Unido, cuando a un extranjero se le autorizaba a permanecer por un periodo de cuatro años, se le liberaba de cualquier restricción o interferencia con respecto a su derecho al empleo. Se lamentaba Paterson de lo poco que habían hecho las autoridades para mejorar la situación de quienes ya residían y ostentaban las categorías 4 y 5 del artículo 2 de las modificaciones a la ley de dominicanización del trabajo. Los beneficios otorgados no dependían solo de la duración de la residencia, sino también de ciertas condiciones conyugales y domésticas, incluidos los casados con mujeres de su propia nacionalidad. Del mismo modo, la discreción concedida por el artículo 3 al presidente, se limitaba a la cuestión de los permisos anuales a jornaleros, pero no contemplaba a los artesanos que laboraban por cuenta propia. Por lo antes descrito, los diplomáticos británicos opinaban que el trato otorgado a sus conciudadanos en la República Dominicana no se correspondía con el recibido por los dominicanos en el Reino Unido y en las colonias británicas caribeñas. También opinaban sobre el trato comercial favorable dado a la República Dominicana por el Reino Unido, que por muchos años había sido el principal comprador de sus exportaciones, una razón adicional para mejorar las estipulaciones de esa legislación reciente.828 Paterson transmitió a Peynado las instrucciones del secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Su Majestad, uno de los arquitectos de la política exterior de su país. Por ello, esperaba encontrar la disposición de fijar una fecha temprana para realizar la convocatoria legislativa que

828

El comercio dominicano dependía del mercado inglés. Las exportaciones a ese mercado, en 1931, eran el 31 %; en 1932, 43,4 % y en 1933 representaba el 29,5 %.

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consideraría la enmienda de la ley con el fin de favorecer a los inmigrantes antillanos británicos con un tratamiento de reciprocidad y equidad.829 Los reclamos de los funcionarios de la embajada del Reino Unido no fueron los únicos en favor de los inmigrantes antillanos británicos. Los administradores de los centrales azucareros también ofrecieron su punto de vista en relación con el tema. Inmigrantes se habían expresado mediante cartas y visitas a los representantes diplomáticos, como pudo verse en el apartado anterior y en el anexo. En medio de esas disquisiciones, los administradores de la South Porto Rico Sugar Co. comunicaron al vicecónsul en San Pedro de Macorís la forma favorable como trataban a los obreros británicos en sus haciendas. A quienes contrataban les proponían 17 centavos por tonelada de caña cortada. También estaban dispuestos a sufragar el impuesto de RD$3.00 por derecho de inmigración a cada uno de las Antillas británicas. La oferta de los hacendados era una reacción a las quejas de los obreros, a sus reclamaciones y acciones reivindicativas. La South Porto Rico Sugar Co. pretendía congraciarse con la embajada británica para asegurarse el suministro de jornaleros.830 En el comercio del azúcar, la dependencia dominicana al mercado del Reino Unido permaneció por varios años. El 19 de diciembre de 1940 continuaba y se puso en evidencia en un informe enviado desde la embajada británica al secretario de Relaciones Exteriores, vizconde Halifax. Se le informó que la industria azucarera constituía el mayor aporte económico a los ingresos del país y que su más importante comprador era el Reino Unido. Debido a ese motivo, desde 829 830

CO 140/25. CO 140/25.

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la cancillería dominicana se solicitó la buena voluntad de las autoridades británicas para obtener precios preferenciales del azúcar, lo que ayudaría a mantener el empleo de miles de inmigrantes antillanos británicos en suelo dominicano. En 1939, las autoridades del Ministerio de Alimentos del Reino Unido adquirieron 326,000 toneladas de azúcar dominicano a precio preferencial. A la vez solicitaban mantener mejores precios para el año 1941.831 Apoyados en las leyes emitidas hasta entonces, las autoridades del Reino Unido llegaron a la conclusión de que la política tradicional en materia de inmigración se había orientado a fomentar la llegada de personas blancas. Esa tendencia causó problemas a los estadounidenses y a los británicos; a los primeros, porque eran los inversores en la industria azucarera y los dejaría sin obreros; a los segundos, porque les impediría enviar a sus obreros a trabajar a la República Dominicana. Esas afirmaciones quedan confirmadas con el memorando de las autoridades británicas inserto en el anexo. En uno de sus párrafos, el documento alega: «La política tradicional de este país en materia de inmigración ha sido alentar la inmigración de blancos y todas las leyes anteriores han dado un énfasis claro a dicha política».832 Como consecuencia de las continuas notas de protesta de los representantes diplomáticos británicos, las autoridades gubernamentales dominicanas cedieron en algunos casos. Con respecto a la Ley núm. 597 decidieron exonerar del impuesto de inmigración a extranjeros, incluyendo mujeres, personas con veinte años de residencia ininterrumpida, y quienes estuvieran casados con nacionales de 831 832

CO 371/24211. CO 140/23.

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la República Dominicana con diez años residiendo en el territorio.833 Estas fueron conquistas obtenidas por los representantes diplomáticos en su voluntad de proteger a los ingleses antillanos.

833

Archivo General de la Nación. Dirección General de Migración. Año 1932. Libro 3. núm. 412344.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y VIDA COTIDIANA DE LOS INMIGRANTES ANTILLANOS BRITÁNICOS

Después de estudiar a los inmigrantes antillanos en las actividades laborales, principal motivo de su llegada a la República Dominicana, en el presente capítulo se abordan aspectos de su cotidianidad. Serán estudiadas las organizaciones sociales y educativas que fundaron, así como la participación y el desenvolvimiento dentro de las diferentes instituciones donde se congregaban. También se resalta el papel destacado de las logias oddfélicas dentro de este grupo de inmigrantes, la iglesia anglicana y las novedosas sociedades de socorro mutuo que sirvieron para suplir necesidades básicas no cubiertas en ese momento por la sociedad de acogida. Las situaciones analizadas en este apartado muestran que la incidencia de los bajos salarios percibidos por los inmigrantes británicos antillanos motivó en ellos la práctica de administrar muy bien su escasa economía, razón por la cual utilizaron diferentes estrategias de ahorro y de manejo de dinero extra a sus salarios habituales. Las cooperativas financieras utilizadas para estos fines fueron el san y las sociedades benéficas de ayuda mutua.

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Especialmente el san era una forma de ahorro del grupo de inmigrantes con un número determinado de participantes. A cada miembro se le asignaba una fecha en la cual percibiría todo el dinero aportado por los demás miembros, lo cual permitía al beneficiario el manejo de sumas de dinero poco usuales y mayores a las devengadas en los salarios semanales. Por otro lado, el fallecimiento de cualquiera de los integrantes de la colectividad era un acontecimiento social importante. De manera solemne, se rendían honores al difunto, no solo de parte de los familiares y allegados, sino también de los miembros de la sociedad a la cual perteneció. En esa ocasión, hacían acto de presencia vestidos de manera formal y se integraban con cánticos, oraciones y otros rituales que se extendían por varios días. La inserción de la mayor parte de los inmigrantes se produjo de manera anticipada a través de la oferta laboral dentro de la sociedad receptora, y gracias a ello realizaron importantes aportes para el desarrollo de la región donde residieron. El reconocimiento mutuo con los lugareños de parte del grupo de inmigrantes contribuyó a la concepción de estrategias para la supervivencia, principalmente a través de las sociedades de Odffellows y de ayuda mutua, las cuales veremos con amplitud en la parte correspondiente. La convivencia y el correr del tiempo propiciaron un largo proceso de asimilación en la sociedad receptora que modificó usos y costumbres de ambas partes y armonizó las marcadas diferencias producidas principalmente por el idioma, lo cual es señalado también en el análisis. La importancia y variedad de los aportes de la comunidad de inmigrantes en la sociedad de acogida son expuestas en la presente investigación. Se destacan las acciones organizativas y las contribuciones laborales, culturales y culinarias, entre otros aspectos. Estudiaremos la manera como se produjo el proceso de inserción, integración

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y asimilación de los inmigrantes en la sociedad receptora, poniendo de manifiesto elementos contraproducentes, como el rechazo y el racismo contra ellos. También se señalan los medios empleados por los inmigrantes y los nacionales para reconocerse mutuamente. Finaliza con un recuento descriptivo de su legado en las ciudades donde residían.

Formas de organización: Logias, iglesias y sociedades de socorro mutuo La vida cotidiana del grupo de inmigrantes antillanos británicos en el territorio dominicano tiene sus antecedentes en sus islas natales. Se trata de una población que pasó a la condición de campesinado cuando fue abolida la esclavitud durante la primera mitad del siglo XIX. Este fue un proceso determinante porque en esa etapa se forjaron las raíces profundas de su cultura, tal y como lo apunta David Watts.834 Sin embargo, como no hubo una pérdida significativa de la cultura originaria ni tampoco en la sociedad receptora, se generó una circularidad cultural, como lo propuso Peter Burke.835 Para Burke, esto se pone de manifiesto cuando se produce el encuentro de una cultura autóctona con una extranjera, y durante el proceso de adaptación surgen matrices capaces de retornar incluso al lugar de origen de cada una. Normalmente quienes emigran practican en la sociedad de acogida lo aprendido en la sociedad de origen. Esto nos lleva a observar situaciones cotidianas que conectan a los recién llegados entre sí, como advirtió José Moya al describir las asociaciones de los inmigrantes.836 En sus tierras D. Watts. Ob. cit., p. 564. P. Burke. «Algunas reflexiones sobre la circularidad cultural». Historia Social, núm. 60, 2008, p. 139. 836 J. C. Moya. «Las asociaciones de inmigrantes: en búsqueda de pautas históricas globales». Historia Social, núm. 70, 2011, p. 13. 834 835

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La tradición popular se manifestaba en la calle con el baile del Buey. Fuente: National Archives: CO 1096/411.

Las fiestas populares del Buey, traídas por los inmigrantes, eran parte de la celebración. Fuente: National Archives: CO 1069/411.

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de origen, los inmigrantes antillanos habían creado instituciones para responder a demandas sociales y solucionar problemas del diario vivir. En la sociedad de acogida, dichas instituciones se constituyeron en espacios en el que los inmigrantes desplegaron sus actividades.837 En las logias, iglesias, asociaciones religiosas y sociedades de socorro mutuo se tejieron las más diversas formas de relaciones personales, formales e informales; sobre todo la sociabilidad, de acuerdo con Chapman Quevedo.838 Eran instituciones que funcionaron en lugares públicos y privados donde se reunían las personas sin previo aviso ni agenda. Se formaron de diversos tipos: clubes, círculos, agrupaciones con fines reivindicativos, logias masónicas y oddfélicas. Aunque algunas llegaron a tener locales propios, otras ejercieron sus acciones en lugares públicos como plazas, cafés, tabernas, pulperías, la casa de uno de ellos para jugar dominó y en el entorno familiar. Yeo, por su parte, identificó formas de asociaciones que denominó intermitentes y continuas. Calificó como intermitentes aquellas que funcionaban en talleres o en la calle. Consideró como continuas las originadas en las organizaciones obreras o en las sociedades de socorro mutuo.839 Estas, para desarrollarse, necesitan de estructuras sociales. J. C. Moya. «Las asociaciones de inmigrantres…»; P. González Bernaldo de Quirós. «Sociabilidad y opinión pública en Buenos Aires: socorro mutuo y prevención subsidiada a comienzos del siglo XX». Revista de Indias, Vol. LXXIII, núm. 257, 2013, pp. 157-192; F. Torres Pérez. «Espacios públicos, sociabilidad y nuevos vecinos inmigrantes. Zainak, 32, 2003, pp. 1025-1044; W. A. Chapman Quevedo. «El concepto de sociabilidad como referente del análisis histórico». Investigación & Desarrollo, Vol. 23, núm. 1, enero- junio, 2015, pp. 1-37 838 W. A. Chapman Quevedo. Ob. cit., p. 9; M. Agulhon. «Clase obrera y sociabilidad antes de 1848». Historia Social, núm. 12, invierno 1992, 146. 839 S. Yeo. «¿Qué es la historia de la cultura popular?». Historia Social, núm. 10, primavera-verano, 1991, p. 161. 837

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Banda de música Angelina del Ingenio Colón integrada por braceros. Fuente: Colección privada.

Como planteara Chapman, apoyado en J. Poblete, la sociabilidad se produce entre los sectores de élite y también en los subalternos.840 En su condición de sectores subalternos, el asociacionismo influyó en los inmigrantes antillanos británicos hasta llevarlos a crear instituciones capaces de agruparlos para conversar en su idioma y practicar algunas de las normas sociales de sus lugares de origen. Visto desde otra perspectiva, los migrantes se asociaban con el interés de controlar las instituciones donde ellos mismos pudieran realizar actividades de ocio liberados de prejuicios raciales. Pretendían disponer de lugares donde 840

J. Poblete. «Lectura de la sociabilidad y sociabilidad de la lectura: la novela y las costumbres nacionales en el siglo XIX». Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, núm. 52,2000, pp. 12-13. Citado por W. A. Chapman Quevedo. Ob. cit., p. 11.

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recrearse de manera libre.841 Con ese propósito, algunas fueron un tanto cerradas en la admisión de los miembros y otras no exigían demasiados requisitos de inscripción. Una de las instituciones democráticas y a la vez rigurosas en la aceptación de miembros eran las logias. En ellas hubo integrantes de diferentes clases sociales, procedentes de diversas actividades laborales y miembros de iglesias. A continuación, es estudiado su origen y la manera cómo funcionaban.

Logias Peter Ogden, procedente del Reino Unido, fue quien viabilizó la introducción del oddfelismo en Estados Unidos de América. El 6 de enero de 1843, con miembros de la iglesia Mother A. M. E. Zion Church de New York, empezó a funcionar la primera logia de este tipo en el continente americano; desde allí pasó a otros lugares. Se atribuye a Henry C. C. Astwood el haber traído el oddfelismo a la República Dominicana. El 8 de diciembre de 1885, varias personas organizaron la Logia Flor del Ozama.842 Un ejemplo de práctica democrática de los antillanos británicos fue la fundación de la Logia Industria 3551 el 26 de diciembre de 1892 en San Pedro de Macorís, en la cual admitieron amplia participación de dominicanos.843 En el Reino Unido, la orden de los Oddfellows era calificada como una sociedad benéfica para apoyar a los desvalidos, socorrer a las viudas y dar sustento a los

P. Wheaton. Ob. cit., p. 50. Pennyfeather, O. R. «Reseña histórica del odfelismo». Hoja suelta, s/l, s/e, 2004. 843 A. Peña. «Los cocolos son amantes de las iglesias y las logias». El Siglo, sábado 27 de octubre de 1990, año 2, No. 489, 12. 841 842

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Braceros con sus familiares en una actividad social. Fuente: Colección privada.

huérfanos.844 La institución se extendió con este fin a las posesiones británicas del Caribe. El 21 de marzo de 1894, cuando la situación económica no era favorable para los residentes en las colonias, Edward W. Brabrooh, del Colonial Office, propuso el establecimiento de sociedades amistosas en Antigua para poner en práctica sus objetivos. Las asociaciones fundadas dependían del Estado y sus miembros eran voluntarios. Después de la abolición de la esclavitud suministraban medicinas, hospitalización, médicos y enfermeras a los más necesitados. Desde sus inicios hubo interés de extenderlas a todas las islas caribeñas gobernadas por el Reino Unido. Aunque se sustentaban en una ley general, las sociedades en cada isla debían adaptarse a la legislación 844

Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo-Americana, tomo XXXIX. Madrid, Espasa-Calpe, 1964, 683.

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local.845 Lo más significativo fue que dieron respuesta a la calamitosa situación social. Estas instituciones vigentes en las islas británicas resultaron reproducidas en San Pedro de Macorís y en La Romana con fines similares. Los antillanos ingleses se integraron en principio a la Logia Industria, pero pocos años después de fundada se produjeron conflictos entre ellos y los miembros dominicanos; por esta razón, los extranjeros procedieron a retirarse y, en 1908, fundaron la Logia Experiencia 7674. Durante muchos años sus actividades se celebraban en inglés.846 En 1943 fue creada otra logia, denominada Oddfellows de San Pedro de Macorís.847 Cada logia tenía su reglamento interno que regulaba los ritos, el comportamiento de los miembros, la manera de utilizar los enseres para los rituales, el tipo de uniforme que debía ser usado en cada ceremonia, la forma de llevar las finanzas y el monto de la cuota por cada miembro. La intención de crear ese tipo de institución en La Romana se evidenció desde los tiempos iniciales de la inmigración de antillanos británicos. Félix María Piña, presidente de la corporación edilicia romanense, emitió una certificación el 4

CO 152/193. Sociedades amistosas. Algunos de los miembros fundadores eran Harrce Moore, Albert Gumbs, Henry Sheen, Hipolit Richardson, Huberrt Scudrigne, Rafael Hughes, Frank Thomas, Joseph Gibbs, Elias Williams, Emile Meyers, Andrew S. Thomas, George G. Gibbs, Joseph Inks, Joseph Jeffrs, Alexander Webb, Wilmert Quinn, Saverin Sallidds, Charles Carump, Joseph Dugmerny, Ezekiel O’Neal, William Shennerrey, Alexander Penney, Ernest George, Joseph Kirtinince, James Evan, Henry Eavios, Hames O. Daniel, Paul Emilius Greey, Edward Pierce, James Thomas, Isaac Pilgrim, Adolph Russell, Charles Burton, Charles E. Frances, Arten Dogharte, William E. Gumst y Gaston Orcell. 847 «Gobierno Dominicano. Decreto 1293 que concede la incorporación de la Resp. Logia Industria No. 3551, de Odd Fellows, de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial, 26 de agosto de 1943, BNPHU, núm. 5962. 845 846

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de noviembre de 1920 en la cual informaba que ante su despacho se había presentado Daniel Lewis, de nacionalidad inglesa, portador de credenciales del concejo ejecutivo de una sociedad de mutuas mejoras de afrodescendientes, que lo acreditaba para formar una sucursal en la ciudad. Lewis, en la correspondencia enviada a las autoridades edilicias, se presentó con la categoría de chairman.848 El elevado número de personas procedentes del Caribe inglés eran candidatos para integrarla. En La Romana funcionó la Respectable Lodge Pearl of La Romana con los números 18 y 10968. Su lema era «Amistad, Amor y Verdad». La integraban inmigrantes antillanos británicos, cuyos aportes, de RD$1.00 mensual por cada miembro, conformaban sus finanzas. La condición de pertenecer a la institución otorgaba varios beneficios a los familiares. Por ejemplo, en caso de muerte de alguno de los socios, la ayuda consistía en RD$150, otorgados a la familia para el funeral; si fallecía un hijo menor de 5 años recibían RD$5; si se trataba de un asunto de enfermedad, daban una cuota diaria para su manutención, que variaba según el tiempo de permanencia del convaleciente. El importe era de 80 centavos durante los dos primeros meses de recuperación, 50 centavos diarios del tercer al cuarto mes y 40 centavos diarios del cuarto al quinto mes. Los familiares recibirían RD$60.00 si fallecía el enfermo, y a la esposa le daban RD$15.00. Esta logia dejó de funcionar por la desaparición física de los miembros fundadores. Por lo general, la directiva de las logias estaba integrada, aproximadamente, por quince miembros. Estaba compuesta por el noble grande, el vicegrande, el secretario, el secretario de actas, el tesorero, el digno abogado, el pano de padres, el primer pano de padres activos, los asistentes del noble 848

Archivo General de la Nación. Interior y Policía. Ayuntamiento de La Romana. Legajo 4374.

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grande que son dos, los asistentes del vicegrande, que también son dos, un custodio, un capellán y un guardián.849 La membrecía podía estar integrada por hombres, mujeres y jóvenes. Internamente tenían grupos o ramas. La edad indicada para pasar de la rama juvenil a la rama mayor era después de los 18 años cumplidos. Daban mucha importancia a la rama juvenil, formada por hijos y nietos de los Oddfellows; en ellos depositaban la continuidad de la organización. Las esposas, las hermanas, las hijas y las madres constituían la rama femenina o Cámara de Ruth. Un factor característico de esas organizaciones femeninas consistía en admitir hombres como miembros de dichas cámaras, mientras estaba vedado a las mujeres participar en las cámaras de los hombres. Las funciones eran similares, pero añadían otras, como cuidar a los enfermos, puesto que un importante número de sus miembros eran enfermeras. Otro aspecto importante era el rango de edad de los potenciales candidatos. La edad máxima para ingresar a la logia era 60 años, y quienes solicitaban su incorporación debían demostrar solvencia moral, integridad, no tener conflictos ni antecedentes judiciales. La logia funcionaba como institución fraterna grupal, orientada a resaltar valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto hacia los mayores, el trabajo, la honestidad, entre otros. Su labor pedagógica estaba encauzada a educar a sus miembros en lo espiritual y moral, y fomentar actos de solidaridad entre los asociados.850 Estaban avocados a forjar

Entrevista de Rafael Jarvis Luis con el ingeniero Virgilio Calderón, en la Logia Experiencia No. 8,7674 inc. en San Pedro de Macorís, 18 de junio de 2014. En lo adelante, Entrevista con el ingeniero Calderón. Otros aspectos de las interioridades de este tipo de instituciones se fundamentan en las informaciones obtenidas en la entrevista. 850 Enciclopedia Universal Ilustrada. 849

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en sus integrantes la condición de ser buenos como hermanos, hijos, vecinos, padres y esposos. Los fundamentos conceptuales se sustentaban en la Biblia. Aunque lo religioso ocupaba un importante espacio, esas ideas no generaban diferencias ni fanatismo.851 Durante el régimen del general Rafael Trujillo, el Estado dominicano emitió una ley que podía afectar a las sociedades creadas por los antillanos británicos. Impuso que las asociaciones formadas por dominicanos y extranjeros no gozarían del beneficio de la legalización si sus estatutos establecían jerarquías, atributos o privilegios derivados de la nacionalidad de los asociados.852 La oficialización, en 1943, de la logia de Oddfellows, de San Pedro de Macorís, es sugerente con respecto a cómo esa ordenanza influyó en esa organización. La mayor cantidad de puestos de dirección fueron ocupados por dominicanos, que eran los menos experimentados en ese tipo de entidades, traídas al país por los inmigrantes británicos. A partir de la mencionada ley, se debilitó internamente hasta desaparecer. Otro ejemplo data de 1908, cuando los inmigrantes quedaron en minoría y optaron por el retiro de la Logia Industria y fundar la Logia Experiencia.

Iglesias Una expresión de la diversificación institucional es la variedad de asociaciones religiosas de los antillanos británicos en tierra dominicana. Ellas revelaban la distancia entre la religión practicada por la sociedad de acogida y la asumida

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Entrevista con el ingeniero Calderón. «Gobierno Dominicano. Ley 9, igualdad de derechos estatutarios a los dominicanos y extranjeros para que las asociaciones puedan obtener su incorporación». Gaceta Oficial, 5 de octubre de 1938, BNPHU, No. 5226.

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por los inmigrantes, tal y como lo afirmó Moya.853 Las iglesias protestantes de raíces anglosajonas, entre ellas la episcopal, la moraviana, la bautista y la metodista, se caracterizaban por involucrarse en los problemas sociales y en las actividades de beneficencia. En los países de donde procedían, especialmente Estados Unidos de América, jugaron un rol importante en la lucha social posterior a la abolición de la esclavitud, y más adelante en la batalla por la reivindicación de los derechos civiles de los afrodescendientes. Desde muchos años antes de llegar a la República Dominicana realizaban actividades oscilantes entre lo espiritual y lo material. Después de la emancipación, aprobada oficialmente por el Reino Unido en 1833, vino la tarea de alfabetizar a los esclavos liberados y dotarlos de otros aprendizajes, especialmente técnicos. La vida de los libertos estuvo desde un principio muy relacionada con las acciones de las iglesias. Los inmigrantes antillanos británicos tenían muy bien enlazados sus vínculos con las iglesias en sus territorios de procedencia. Eso facilitaba las filiaciones entre las oleadas de inmigrantes de los primeros años con respecto a quienes arribaban al país posteriormente. Los moravianos intentaron mantener vínculos entre sus fieles en los puntos de destino; así lo expusieron en el sínodo que celebraron en Barbados en el año 1879. La falta de recursos económicos limitó ese propósito y solo se pudieron realizar visitas trimestrales de un ministro misionero radicado en St. Thomas.854 La misión comprometida con los inmigrantes antillanos británicos de manera permanente fue la iglesia episcopal. El 8 de agosto de 1897 se estableció una comunidad con reuniones regulares en la ciudad de San Pedro de Macorís.855 Su J. C. Moya. Ob. cit., p. 21. G. A. Lockward. El protestantismo en Dominicana, pp. 304-305. 855 P. E. Wheaton. Ob. cit., pp. 27 y 31. 853 854

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primer responsable fue el reverendo Benjamín Isaac, natural de St. Croix, Islas Vírgenes, quien fundó la congregación Santísima Trinidad. Quienes han escrito la historia de la iglesia protestante en la República Dominicana discrepan en afirmar el momento en que se inició la actividad de los episcopales en el país. Para George Lockward, empezó en San Pedro de Macorís con el reverendo Benjamín L. Wilson en los primeros años del siglo XX.856 Para William Wipfler, fue en 1918 y tuvo el apoyo de la Infantería de Marina de Estados Unidos. El responsable de la misión era el reverendo William Wyllie.857 En La Romana comenzó con el reverendo George Enoch Moore, el cual, por falta de recursos, pasó a los moravianos, que habían construido un templo de piedra y comenzado sus actividades en 1915. En noviembre de 1904, los moravianos celebraron un sínodo en la capital de Antigua, St. John, en el que dieron a conocer, con carácter de urgencia, una solicitud de los ingleses antillanos establecidos en la República Dominicana. Pedían fundar una iglesia moraviana allí. Los solicitantes se comprometieron a dar apoyo económico al proyecto; con esa oferta se iniciaron las gestiones en febrero de 1905. Fueron designados para la tarea Edward B. Foster, de Antigua, y el reverendo William Allen, de St. Croix, quienes crearon una iglesia con orientación moraviana en San Pedro de Macorís.858 En lo adelante se abrieron misiones en los poblados donde estaban instalados los ingenios azucareros cercanos a la ciudad de San Pedro de Macorís. En agosto de 1907, el reverendo John A. D. Bloise, de St. Kitts, instauró oficialmente G. A. Lockward. El protestanstismo en Dominicana, p. 314. W. Wipfler. Poder, influencia e impotencia. La Iglesia como factor sociopolítico en República Dominicana. Ediciones CEPAE, 1980, 75. 858 G. A. Lockward. El protestantismo en Dominicana, pp. 304-305. 856 857

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la iglesia moraviana. En 1909 ya habían construido una capilla en Angelina y en marzo de 1911 fue inaugurado un templo con 147 miembros.859 Las diferentes misiones religiosas protestantes fundaron escuelas para impartir enseñanza a cambio de una cuota. En un primer momento estaba dirigida a los hijos de los estadounidenses residentes en la ciudad. Para incluir a los hijos de inmigrantes antillanos británicos afrodescendientes y a los hijos de dominicanos se crearon instituciones educativas. En San Pedro de Macorís funcionó la escuela parroquial San Esteban, con George Hodge, Edward Jones, Selvin Lucas, Caines Thomas y Faulkner como profesores; todos procedentes de islas del Caribe. En el ingenio Santa Fe, en 1920, funcionó la escuela Santa Cruz, fundada por James Clement, natural de Trinidad. En el ingenio Porvenir fue erigida la escuela San Marcos.860 En La Romana, el colegio Todos los Santos de la misión episcopal, y la escuela de la Iglesia Evangélica Dominicana, bajo la dirección de José Espada Marrero.861 Los guías espirituales de las congregaciones protestantes en San Pedro de Macorís evidenciaban diferentes criterios, los cuales repercutieron en la feligresía. Varios componentes se pusieron de manifiesto. Entre los inconvenientes puede citarse la desconfianza.862 Esta se reflejaba en negar la oportunidad de pertenecer al clan y ser oficiantes espirituales a los hijos y nietos de los inmigrantes caribeños británicos. Tuvieron que pasar muchos años antes de ver a un dominicano como pastor de una iglesia integrada por británicos.

Ibídem, pp. 306-307. P. E. Wheaton. Ob. cit., pp. 134-135. 861 George A. Lockward. El protestantismo en Dominicana, pp. 304-305. Ibídem, pp. 306-307; 321 y 371. 862 Mientras el Dr. Samuel Guy Inman tenía confianza en los dominicanos, William Wyllie no la tenía. 859 860

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Dentro del cerrado círculo de conductores religiosos hubo partidarios de fortalecer la misión pastoral amparados en la Infantería de Marina de los Estados Unidos. El reverendo W. W. Wyllie defendía, según sus palabras, el «rol civilizador» de esa fuerza militar. Eso se desprende de su carta remitida al doctor Gray, comentada por Wheaton en su citado libro.863 Aquel pastor les atribuía a las botas militares un «rol civilizador» cuando, en verdad, cometían actos de barbarie, sobre todo en poblaciones orientales del país.864 El reverendo W. W. Wyllie sostenía la idea de segregar al grupo de inmigrantes británico-antillanos, disponiendo que los blancos se sentaran de un lado y los negros del otro. Consecuente con ese pensamiento segregacionista, también suministraba la eucaristía primero a los blancos y luego a los negros. Esa práctica generó manifestaciones de repudio por parte de un amplio segmento de feligreses.865 Ante las acciones de protesta públicas, se aplicó la represión y la posterior expulsión del país de varios inmigrantes caribeños británicos. Sin embargo, miembros de diferentes denominaciones reaccionaron abrazando las ideas de redención de las afrodescendientes impulsadas por Marcus Garvey.866 El repudio de mayor repercusión contra la segregación racial tuvo lugar en San Pedro de Macorís durante la marcha, descrita en capítulos anteriores, en la cual estuvo involucrado el reverendo Archibal Henry Beer. Su participación proyectó dos elementos de carácter simbólico, uno religioso

Citada por P. E. Wheaton en su obra citada, p. 88. F. S. Ducoudray. Los «gavilleros» del este, una epopeya calumniada. Editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1976. 865 George A. Lockward, Ob. cit., pp. 316-317. 866 R. Rosario. Identidades de la población de origen jamaiquino en el Caribe costarricense (segunda mitad del siglo XX), Cocolo Editorial, Santo Domingo, 2015, pp. 135-137 863 864

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y otro político. Para apreciarlo en toda su dimensión se debe tener en consideración que Beer era partidario de la práctica discriminatoria del reverendo W. W. Wyllie contra los afrodescendientes. Los dos tenían mayor jerarquía en la congregación episcopal que sus colegas George Alexander McGuire, de Antigua, relacionado con la Orthodox Church, y Osvald T. Basden, de las Islas Turcas y Caicos, presentes en San Pedro de Macorís y quienes opusieron resistencia a la práctica de los dos prelados.867 Se han dado dos interpretaciones al repudio contra Beer. La primera la expuso el propio Beer en una carta dirigida a un superior religioso de Estados Unidos;868 la segunda se formuló muchos años después de esos hechos, en el marco de una entrevista al profesor Alberto Byas.869 Según la versión del reverendo, quienes marchaban llevaban la bandera británica invertida y, a su paso frente al consulado, el vicecónsul Beer les ordenó enderezarla. Los integrantes de la marcha si bien lo hicieron, al llegar al local de la United Negro Independence Association la arrojaron al suelo y la pisaron. La versión del profesor Byas, en cambio, sostiene que la bandera fue arrojada al suelo y pisoteada ante

George Alexander McGuire había sido capellán de Marcus Garvey, en la ciudad de New York. Osvald T. Basden, quien ocupó el puesto de ministro durante algún tiempo en San Pedro de Macorís, tuvo una actividad fecunda en los ingenios Santa Fe, Angelina y Cristóbal Colón. En su actitud de apertura hacia los dominicanos propició la celebración de la primera misa en español. Como respuesta de los superiores, se le impuso un castigo que consistió en privarlo de realizar oficios religiosos. Ambos desplegaron amplias acciones entre la feligresía de inmigrantes antillanos ingleses y se ganaron el respeto y el cariño de las personas. 868 Carta de Beer al Dr. Gray del 12 de septiembre de 1921, citada por P. E. Wheaton. Ob. cit., pp. 127-129. 869 A. Peña. «Marcus Garvey, el gran defensor de los negros, es admirado apasionadamente por los cocolos». El siglo, año 2, núm. 483, sábado 20 de octubre de 1990, p. 12. 867

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el propio Beer. Las dos versiones también difieren en la fecha precisa de la marcha. El reverendo Beer la fijó el 31 de agosto de 1921, y el profesor Byas el 2 de septiembre de ese mismo año. Pero las dos coinciden en tener a la bandera y a la marcha como eje central del problema. Es preciso destacar dos aspectos. Primero, en la marcha estuvo el reverendo Phillips, oponente de las prácticas segregacionistas de Beer. Y, segundo, para entonces Beer fungía como vicecónsul del Reino Unido y ministro episcopal. De manera que quienes participaron en la marcha tenían, al menos, dos razones para manifestarse en contra de él. La primera, repudiar a un reverendo segregacionista; la segunda, rechazar una potencia colonialista representada por su persona. Estos hechos revelaron varios elementos con respecto a los antillanos británicos. El más importante de todos fue su rebeldía contra la segregación. Como se trató de una manifestación celebrada en una fecha muy cercana a la emancipación de la esclavitud en el Reino Unido (23 de agosto de 1833), podía interpretarse como un símbolo contra el colonialismo inglés y como reflejo de la conciencia anticolonialista de los inmigrantes. La versión de Byas es creíble por dos razones. En primer lugar, es poco convincente que el reverendo Beer pudiera enterarse de un hecho sucedido dentro de un local donde él no estaba. En segundo, la represión llevada a cabo por las autoridades policiales y militares varios días después del suceso pone de manifiesto la elaboración a posteriori de un plan con fines punitivos. Al vicecónsul le molestó lo sucedido en su presencia. En su comunicación, Beer informó al doctor Gray sobre la consulta que le hicieron las autoridades para emprender acciones contra quienes marcharon. Por los resultados de las actuaciones de la policía, se deduce la anuencia de Beer a la agresión y sus consecuencias. El 3 de septiembre, a las 8:30 de la noche, la fuerza pública,

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integrada por 16 dominicanos y 2 infantes de la Marina estadounidense, incursionó en el local de la UNIA. Arrestaron al reverendo Phillips, a varios líderes de la organización, y mujeres y niños en compañía de sus padres. Una de las consecuencias de esa incursión fue la deportación de Phillips. Beer, amparado en el uso de la fuerza del Estado, logró expulsar del país a un colega opuesto a la segregación que él practicaba. La represión propinó un duro golpe a quienes sacaron la cabeza en condición de dirigentes y atemorizó a mujeres y a niños. Aparentemente él fue quien salió ganando. Wheaton, en una apreciación más realista, destaca el triunfo moral de los afrodescendientes.870

Sociedades de socorro mutuo Los inmigrantes antillanos británicos crearon en la República Dominicana asociaciones mutualistas inspiradas en las de Europa y Estados Unidos. Desde mediados del siglo XX, en el ámbito local, fue una intención motivada, sobre todo, por la ausencia de servicios públicos básicos, como el de seguridad social, y por la necesidad de dar asistencia a los inmigrantes. Los afiliados contribuían con una cuota, la cual podía ser diaria, semanal o mensual; a cambio, recibían asistencia médica y hospitalaria, suministro de medicamentos, servicios funerarios y un espacio de entierro en el cementerio. Las sociedades de socorro mutuo basaron su funcionamiento en principios de asistencia económica, similar a los usados por las logias. Eran instituciones que ofrecían seguridad social a sus miembros años antes de creada la Caja del Seguro Social. La falta de informaciones sobre estos organismos no permite realizar un análisis amplio de su funcionamiento interno. 870

P. E. Wheaton. Ob. cit., pp. 132 y 177.

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Hemos podido establecer algún rastro, basado en los testimonios del entorno familiar de personas que fueron dirigentes mutualistas. Los integrantes de la Sociedad Buena Samaritana crearon una cooperativa, a la cual pagaban una cuota para ayudar a sus miembros en caso de enfermedad o muerte. Sistemas similares los hubo en otras partes del Caribe, inclusive en islas hispanohablantes, como Cuba.871 Las sociedades fundadas por inmigrantes antillanos británicos estaban abiertas al universo de obreros, sin que ninguno quedara excluido por su procedencia. La asociación de las personas obedecía a un proceso natural, en tanto por su condición de obreros mantenían contacto físico y humano en el trabajo y en los barrios donde habitaban, y entre todos compartían un destino común.872 Aunque de modo mayoritario los inmigrantes estudiados pertenecían a la clase obrera, eso no excluía a personas de la clase media. En estas sociedades también eran admitidos dominicanos porque, a mayor cantidad de miembros, más crecía el monto recaudado para asistir a los necesitados,873 asegurando de esa manera el bienestar de los integrantes. Sin embargo, casi siempre escaseaban los fondos para operar. C. Naranjo Orovio. Del campo a la bodega...; C. Naranjo Orovio y Vanni Petinnà. «Un nuevo orden: inmigración y prejuicios sociales en Cuba, 1900-1930», Ob. cit., pp. 95-145. 872 Sobre el asociacionismo entre los inmigrantes hay una extensa literatura. A manera de ejemplo veáse: P. González Bernaldo de Quirós. «El “momento mutualista” en la formación de un sistema de protección social en Argentina. Revista de Indias, Vol. LXXIII, núm. 257, 2013, p. 160; M. Agulhon. Ob. cit., p. 142. A. Carrasco Martínez. «Un modelo para el estudio de las formas de sociabilidad en la Edad Moderna: las clientelas señoriales». En Mélanges de la Casa de Velázquez. Tomo 30-2, 1994, pp. 117-129. 873 Entrevista del autor con Ruth Andrew de Melo, en la oficina del Colegio Episcopal de La Romana, el 17 de diciembre de 2014. 871

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Las asociaciones de ayuda mutua aparecieron preferentemente en los espacios citadinos, al parecer porque las condiciones de esos lugares eran propicias. Funcionaron varias en diversos lugares de San Pedro de Macorís. Una relación de ellas la ofrece el trabajo de Rafael Jarvis Joseph.874 Los nombres de otras pudieron haberse perdido para siempre, sobre todo por quedar a merced de la memoria de los descendientes de los inmigrantes que convivieron con ellas. En la tabla 5.1 se nombran algunas con datos sobre sus fechas de fundación. La sociedad Porvenir admitía a cualquier trabajador del ingenio Porvenir que tuviera buena moral. Al momento de evaluar la solicitud de un candidato, tres bolas negras eran suficientes para rechazarlo. Los candidatos podían ser hombres y mujeres. La suma para hacerse miembro ascendía a RD$1 y la cuota a 10 centavos semanales. La asistencia económica era un punto central. Cuando uno de los miembros se enfermaba, recibía 3 dólares para consulta médica. Se le daban 2 dólares y 0.25 centavos semanales durante las primeras tres semanas, y 1 dólar y 0.25 durante las siguientes tres semanas. Si la enfermedad continuara, la Junta Asesora determinaba la asignación. Solo a partir de los tres meses cumplidos de hacerse miembro, el candidato entraba en pleno derecho de disfrute de los beneficios antes mencionados. La evidencia para comprobar quién estaba enfermo era investigar; si la persona no podía asistir a su empleo diario, debía presentar un certificado médico.

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El nombre de las sociedades en San Pedro de Macorís es tomada de Rafael Jarvis Joseph, «The Black Star Line y Marcus Garvey en San Pedro de Macoris», V-VII.

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Tabla 5.1. Sociedades de inmigrantes en la provincia de San Pedro de Macorís Lugar

Nombre de la institución año

Ingenio Consuelo

La Sociedad Mutualista de la Juventud 1918 (Young Man and Women Trial Association) La Excelsis (Exelcis Benevolent Association) La Energética (Energectic Benevolent Association) La Sociedad Consuelo de Socorro Mutuo875 La Siglo XX (Twentieth Century 1918 Lend a Hand Association) La Buena Samaritana (Guild of the Good Samaritan) Even Live Benevolent Association (Santa Fe Benevolent Association876 La Porvenir Friendly Union Association877 La Unión de Amigos (Friendly Union Benevolent Association) Lugar no especificado Eton Benevolent Association Inc., 1922 Mellodrama Benevolent Association, 1923 All Seen Benevolent Association 1939 Saint Gabriel Benevolent Association

Ingenio Angelina Ingenio Cristóbal Colón Ingenio Santa Fe Ingenio Porvenir

Fuente: Rafael Jarvis Joseph. «The Black Star Line y Marcus Garvey en San Pedro de Macoris».

El fundador de esta institución fue Bienvenido Santos. La directiva estaba integrada de la siguiente forma: Eugenio Díaz, presidente; Jorge Van Grieken, secretario; Bienvenido Santos, tesorero. Los vocales fueron: León N. Van Grieken, Diego Fuentes, Ulises Botello, Emilio de los Santos, Aníbal Fuentes y Gumersindo Gutiérrez. En ese momento la sociedad tenía 22 miembros. El corresponsal del Listín Diario calificaba en 1919 a la Sociedad de Socorro Mutuo de Consuelo como una institución muy activa y sin descansar en sus labores de impulsar el progreso. El número de asociados aumentaba. La directiva de la Sociedad cedió un salón en el que fue establecida una escuela nocturna para la enseñanza de obreros. «De Consuelo», Listín Diario, lunes 14 de julio de 1919, p. 7. 876 Fue fundada la Sociedad Benévola Santa Fe. Leonel Charles y Alfredo Caines fungían como presidente y secretario permanente, respectivamente. 877 Fundada el 26 de junio de 1927 y presidida por James Francis. Tenía como lema: «Llevad las cargas de los unos a los otros». La directiva 875

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Quienes se enfermaban por actos considerados inmorales, como ingesta de alcohol, enfermedades venéreas o heridas por riñas, no tenían derecho a gozar de esos beneficios. En caso de fallecimiento, se auxiliaba al pariente más cercano con 20 dólares. Los miembros debían observar normas muy estrictas. Tenían que participar de manera regular en las reuniones. Dos ausencias consecutivas sin previa excusa se multaban con 10 centavos. La impuntualidad se multaba con el mismo monto económico. Se establecía la línea de conducta que debían observar en las reuniones y fuera de ellas. Podían recibir préstamos de parte de la Sociedad cuando lo aprobaran dos tercios de una junta general. No le prestaban dinero a ninguna persona que se pusiera voluntariamente en manos de la justicia. Las reuniones se celebraban todos los domingos a las 4:00 p. m., y las extraordinarias se convocaban si el presidente lo consideraba. En cuanto a las fiestas, el 26 de junio se hacía una procesión con motivo del Día de Gracias para conmemorar la fundación de la Sociedad. Los miembros debían marchar uniformados. El incumplimiento de esa norma se penalizaba con 2 dólares. Con iguales características funcionaron sociedades en La Romana desde los primeros años del siglo XX. En la estaba compuesta por cinco personas. En ausencia del presidente, ese puesto lo asumía el vicepresidente. Entre las funciones del principal directivo estaba presidir todas las reuniones y velar porque se desarrollaran con decoro; también tenía responsabilidad de vigilar los fondos económicos y los desembolsos. Los otros miembros que integraban la directiva eran: el vicepresidente, cuya responsabilidad principal era supervisar a los miembros enfermos para que recibieran los cuidados apropiados; el tesorero llevaba los registros de ingresos y gastos; el secretario atendía las comunicaciones y supervisaba el trabajo del tesorero; el capellán, que debía invocar a Dios al inicio y final de las reuniones; el guardián, quien tenía que vigilar el salón para que estuviera limpio y en orden antes de cada reunión, velaba el mobiliario y le reportaba directamente al presidente. El mandato de la directiva terminaba al año de ser electa.

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siguiente tabla pueden apreciarse los nombres y años de fundación de algunas de ellas. Tabla 5.2. Sociedades de inmigrantes en la ciudad de La Romana Nombre

Año

Sociedad Buena Samaritana

1918

Sociedad Confraternización878

1933

Sociedad Experiencia núm. 3

1942

Fuente: Rafael Jarvis Luis. La Romana, origen y fundación. Ediciones Ferilibro, 2006, 282-293.

Desde el sector oficial hubo intentos por parte de las autoridades para volver más dominicanas las instituciones creadas por los inmigrantes antillanos británicos. En esencia, lo deseado era introducir mecanismos de control estricto sobre esas personas. En algunos casos, ese objetivo fue logrado. En 1938, el Estado dominicano emitió una ordenanza que reglamentó las asociaciones fundadas por dominicanos y extranjeros, las cuales no gozarían del beneficio del reconocimiento estatal cuando sus estatutos establecieran jerarquías, atributos o privilegios derivados de la nacionalidad de los asociados.879 Las sociedades de los inmigrantes antillanos británicos eran tan circunscritas que, en muchos casos, se extinguieron con la muerte de sus últimos miembros, tal y como sucedió con la Logia Perla de La Romana.

Esta sociedad la integraban dominicanos, haitianos, puertorriqueños y antillanos británicos. 879 «Gobierno Dominicano. Ley No. 9 igualdad de derechos estatutarios a los dominicanos y extranjeros para que las asociaciones puedan obtener su incorporación». Gaceta Oficial, Año LIX, 5 de octubre de 1938, BNPHU, núm. 5226. 878

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Inserción, integración y asimilación de los inmigrantes antillanos británicos en las sociedades estudiadas La inserción social de los extranjeros se produce en condiciones de desigualdad jerárquica con respecto a los nativos.880 Esa afirmación de Martín Díaz adquiere carácter de axioma en el caso del grupo de inmigrantes estudiado. A la posición de desventaja enunciada, se sumaron otros componentes que hicieron más lento el proceso de inserción. De los inconvenientes identificados, ocupó un lugar cimero el discurso de las élites intelectuales, que alimentaban el rechazo a cualquier inmigración distinta a la europea, como ya se ha analizado con anterioridad. Otros escollos, quizás reales o imaginarios, colocaban en posición ventajosa al nativo frente a los antillanos británicos, como el idioma, la religión, el color de la piel y el prejuicio. Existía un modelo ideológico y cultural diverso entre la comunidad de inmigrantes y los nativos, cuyas raíces tenían orígenes bien diferenciados por ser unos colonizados por españoles y otros por anglosajones, lo cual generaba matrices culturales, como afirmara Andrés Sarbín en referencia a otro caso similar. Las matrices históricas parten de situaciones distintas. Mientras los inmigrantes procedían de lugares con economía de plantación que explotaba intensivamente al trabajador y que aún eran colonias, la sociedad receptora partía de otras premisas: una economía basada en el hato ganadero y un país independiente.881 Factores importantes para considerar en el análisis. E. Martín Díaz. Procesos migratorios y ciudadanía cultural. MERGABLUM, 2003, pp. 48-49. 881 A. Serbin. «Proceso etnoculturales y percepciones mutuas en el desarrollo de las relaciones entre el Caribe de habla inglesa y la América Latina». Anales del Caribe. Centro de Estudios del Caribe, núms. 4-5, 1984-85, p. 113. 880

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Al momento de su arribo a San Pedro de Macorís y La Romana, los inmigrantes británicos antillanos no conocían el idioma español, y eso complicó su inserción. En ocasiones, por la necesidad de socializar, realizaban algunos sacrificios, como recorrer grandes distancias para reunirse con sus paisanos y, de esa manera, compartir, conversar y recordar vivencias, en un intento por superar el aislamiento idiomático. En los primeros años de su arribo, Sidney Allen se desplazaba al batey Cacata, una comunidad rural, distante seis kilómetros de la ciudad de La Romana, donde residían varios de sus amigos.882 Entre los factores que Ruth Andrew enumeró como elementos de interposición para que su padre pudiera insertarse en la sociedad de San Pedro de Macorís estaban el idioma y el color de su piel.883 La comunicación en inglés los convertía en figuras atípicas, pero a su vez los hacía atractivos para los administradores y dueños de ingenios, quienes casi siempre eran oriundos de los Estados Unidos. Esto fue paulatinamente superado en la medida que adoptaban el idioma de los nacionales. La integración tomó más tiempo; situación similar a como se comportó en otras comunidades con más factores comunes entre sí, como afirmó Martín Díaz para un caso dentro del territorio de España.884 La práctica de la religión protestante en un medio donde se profesaba el catolicismo también contribuyó al rechazo. Incluso hubo persecuciones contra inmigrantes protestantes alentadas por católicos. En julio de 1921, el Listín Diario reseñó uno de los sermones del sacerdote Pérez Sánchez. Según el redactor, el prelado declaró: «No es Entrevista con Sidney Allen. Entrevista con Ruth Melo. 884 E. Martín Díaz. La emigración andaluza a Cataluña. Identidad cultural y papel político. Fundación Blas Infante, 1992, p. 37. 882 883

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de haber un solo dominicano que preste su apoyo a estos reformadores de la doctrina santa de Cristo; quienes so pretexto de favorecer a los necesitados, proporcionándoles escuelas, etc. etc., llevan al corazón de los incautos el veneno de sus perniciosas enseñanzas».885 En La Romana, en 1928, el pastor Espada Marrero, con otros miembros de su congregación, fueron encerrados en la cárcel, acusados de profanar el templo católico. No probada la acusación, fueron liberados.886 Al paso del tiempo, los británicos antillanos pudieron vencer los escollos que impedían su inclusión en la sociedad dominicana de entonces. Se sabe que la marginación de los extranjeros se produce cuando son estigmatizados y discriminados. En los discursos de exclusión intervienen factores como el temor por parte del excluido y el odio del excluyente, en ese proceso interviene el contraste de culturas no iguales. La diferencia cultural entre el grupo de inmigrantes estudiado y la sociedad receptora fue resaltada muchos años después de haberse producido ese encuentro intercultural. En su novela Los enemigos de la tierra, Andrés Requena describió a los diferentes grupos de extranjeros que participaban en juegos de azar en las inmediaciones de los ingenios, sin mencionarlos antillanos británicos. Se centró de manera reiterada en el juego de azar y en cada una de las veces los dejó afuera.887 De esa manera, aludió, en un nivel subliminal, a la educación recibida por esos inmigrantes en el hogar, donde se les enseñaba a extender el dinero ganado y no dilapidarlo en actividades inciertas. «En defensa de la Religión y de la Iglesia». Listín Diario, 18 de julio de 1921. 886 W. Wipfler. Ob. cit., p. 79. 887 A. F. Requena. Ob. cit., p. 96. 885

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Martín Díaz propone no separar al inmigrante del contexto donde se produce el proceso migratorio. Esto permite entender que, si se realiza la inserción social de los inmigrantes o su acogida —entendiendo el concepto de «acogida» como integración social—, varios aspectos de la sociedad de salida resultaban similares a los de la sociedad de llegada.888 En ese sentido, no tendrían mayores dificultades para insertarse, porque procedían de islas situadas en el Mar Caribe, con clima, vegetación y orografía similares. Con respecto al mercado laboral, lo tenían previamente asegurado, dado que eran contratados antes de arribar, razón por la cual la inserción laboral y social tenía posibilidades menos adversas. Otro elemento de rechazo en la sociedad de acogida fue el color de la piel del grupo de inmigrantes británicos antillanos. Se les estigmatizó identificándolos con una fuerte connotación antagónica. Igual como se había hecho con los haitianos. Se les denominó «cocolos», adjetivo contentivo entonces de una pesada carga despectiva en la sociedad dominicana. Esa designación, promovida por los articulistas en los periódicos, autores de un violento y denigrante trato, fue asumido por un creciente número de personas no pertenecientes a esas capas sociales. Sin embargo, difundir ideas de rechazo basadas en características como el color de la piel, ponía en evidencia el contrasentido defendido por quienes las sustentaban, ya que en la República Dominicana entre los inmigrantes británicos antillanos y la mayoría de los dominicanos no existen diferencias por gradación del color de piel que permitan considerar a unos distintos de los otros. 888

E. Martín Díaz. Procesos migratorios y relaciones interétnicas en Andalucía: una reflexión sobre el caso del poniente al meriense desde la antropología social. Junta de Andalucía-Consejería de Asuntos Sociales-Dirección General de Acción e Inserción Social, Sevilla, 1999, p. 13.

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La distancia que podía existir entre ellos se sustentaba en prácticas culturales, razón por la cual hubiese sido más consecuente para quienes se oponían a esa migración resaltar estas diferencias y así impedirles su articulación en la sociedad de acogida.889 Es posible que los defensores del discurso de rechazo esperaran obtener esos efectos. Los sectores dominantes, en ocasiones, usan esa estrategia para intentar empequeñecer la cultura del otro con el propósito de despojarlo de su identidad y de esa manera explotarlos con mayor facilidad. Pero esa no fue la opinión expresada por quienes los rechazaban. Como sostuvo Emma Martín Díaz, esa era más bien una forma de estigmatizar a los inmigrantes, etiquetándolos culturalmente como los «otros». Quienes sustentaban la idea de la exclusión caían en una trampa. Ya se sabe, a modo general, que los países receptores demandan oficios no calificados, rechazados por la población nativa. Paradójicamente, mientras determinados articulistas exponían sus argumentos de repudio contra los británicos antillanos, en la práctica estos inmigrantes eran los que acometían los trabajos calificados como «labores sucias», rechazados por los nativos. Por tanto, algún grado de inserción lograban a través del trabajo. Claro, se trataba de una operación de doble vía, porque esto podía provocar también acciones que se sumaran a los prejuicios contra los inmigrantes británicos y, de esa manera, alejarlas posibilidades de inserción. Los factores negativos emanados de las situaciones imaginarias o reales no impidieron con el tiempo el avance en la inserción social. Las condiciones se fueron dando poco a poco, de manera natural. Algunas actividades de los inmigrantes ingleses aportaban soluciones particulares a

889

Ibídem, p. 28.

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deficiencias del Estado y de los grupos dominantes y terminaron beneficiando a los habitantes de la sociedad de acogida. La respuesta que les dieron a problemas como los de la salud, la educación, la subsistencia y la comunicación, facilitando su acceso a los diferentes grupos del país y a otros extranjeros, fue favoreciendo su asimilación a la sociedad dominicana. En otro orden, la manera como se articulan las políticas promotoras de las migraciones con las necesidades de las entidades económicas influyó en el proceso de inserción social de los inmigrantes. El Estado pudo realizar una importante función en ese proceso, aplicando políticas orientadas a esos fines. Esto se había puesto en práctica a finales del siglo XIX, cuando los centrales azucareros necesitaron obreros y la administración del general Ulises Heureaux facilitó la entrada de los caribeños afrodescendientes contratados. Y aunque parezca paradójico, el régimen trujillista también hizo su contribución cuando suavizó la legislación para quienes se habían casado con dominicanas, habían procreado hijos y residían en el país por diez años. La intervención del Estado tiene mucha importancia en el trato entre los nacionales y los extranjeros en el sentido de fortalecer o debilitar las relaciones entre unos y otros. En la República Dominicana, la Ley núm. 485 modificó el artículo 19 del Código Civil para permitir que la mujer dominicana casada con algún extranjero pudiera adquirir la nacionalidad de su marido, siempre que las leyes del país de este lo aceptaran y fuera consignado en el acta de matrimonio.890 La inserción en la sociedad del grupo de inmigrantes estudiado se llevó a cabo gracias a los perfiles ocupacionales. 890

«Congreso Nacional. Ley No. 485, que modifica el Art. 19 del Código Civil. (Nacionalidad de la mujer dominicana casada con extranjero). Gaceta Oficial, año LXV, 19 de enero de 1944, BNPHU, núm. 6023.

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Sobre todo, de los oficios realizados en los poblados, fuera de los ingenios, para satisfacer requerimientos particulares del comercio y de la población de acogida en particular. La preparación que demostraban en los diferentes oficios demandados los presentaba como capital humano útil ante la sociedad. Zimmer plantea que existen diferencias entre los migrantes y los nacionales en cuanto a los niveles de participación, pero con el tiempo tienden a parecerse en el comportamiento. Aquellos inmigrantes residentes en las zonas urbanas están en mejores condiciones para sumarse a las actividades de la comunidad con mayor rapidez que los residentes en zonas agrícolas. Coloca a los urbanos como primeros candidatos a insertarse.891 El medio natural donde ha vivido la persona tiene influencia en su identidad, y si arriba a otra identidad muy parecida a la de partida eso facilita la integración a ella. Como San Pedro de Macorís y La Romana eran ciudades costeras, con elevados números de paisanos, se sintieron en un ambiente muy parecido al de la sociedad de partida. Con el paso del tiempo, el grupo de inmigrantes antillanos británicos se absorbió a las comunidades estudiadas. Pero asimilarse a un medio conlleva tres conceptos que deben ser tomados en consideración, como lo propone Eisenstadt. El primero es la aculturación, el segundo la adaptación y el tercero la asimilación. La aculturación se relaciona con el aprendizaje, por parte del inmigrante, de los nuevos roles, normas y costumbres. La adaptación resulta válida para inmigrantes con desajustes sociales en el país de origen, pero capaces de asumir una actitud no dañina en la nueva sociedad, o sea, se regeneran. La asimilación hace referencia a la 891

B. G. Zimmer. «Participation of Migrants in Urban Structures. American Sociological Review, Vol. 20, April, 1955, pp. 218-224; 219.

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dispersión del grupo de inmigrantes, que se manifiesta en la no concentración en un punto determinado de la esfera económica, política, cultural o ecológica, y en la pérdida de su identidad y la adopción de la del medio de acogida.892 En el grupo de inmigrantes estudiado, salvo algunos elementos, como adoptar el idioma y algunas normas, no se produjo ningún otro de los fenómenos propuestos por Eisenstadt. Un aspecto destacable es el relativo a la diferencia entre los migrantes del primer grupo con respecto a los de segunda generación, quienes se enfrentan al aprendizaje de nuevas funciones y transformaciones de valores primarios y, de manera particular, a la participación en acciones no propias de la esfera social. Sobre la experiencia de los migrantes del primer grupo con respecto al segundo en el acercamiento a la sociedad de acogida, Martín Díaz entiende que se desarrolla un proceso de asimilación e integración que pasa por la desidentificación cultural de origen como necesario paso para la segunda generación.893 Nunca lo refiere para la primera generación. Esto fue exactamente lo ocurrido con los miembros del primer grupo de inmigrantes estudiado. Para Milton Gordon, la asimilación contempla cambios de patrones culturales. Son indicadores de ese proceso la asunción de determinadas instituciones de la sociedad receptora, como clubes, matrimonios mixtos a gran escala, sentido de pertenecer al nuevo lugar.894 Algunos de esos patrones fueron adoptados por el grupo de inmigrantes, mientras otros han sido enunciados por el mismo autor,

S. N. Eisenstadt. The Absorption of Inmigrants. A Comparative Study Based Mainly of the Jewish Community in Palestine and the State of Israel. Greenwood Press a Division of Williamhouse-Regency, 1975. 893 E. Martín Díaz. La emigración andaluza a Cataluña…, p. 10. 894 M. Gordon. Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origen. Oxford University Press, New York, 1964, p. 71. 892

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como prejuicios, discriminación y conflicto de valores que permanecieron vigentes por más tiempo. De la propuesta de Gordon se deduce la existencia de indicadores más o menos evidentes con los que se puede medir la asimilación del grupo de inmigrantes antillanos británicos a la sociedad receptora. Es posible determinar el número de matrimonios, con quiénes se casaron y cuáles eran las nacionalidades de los testigos de las ceremonias. Pero resulta un tanto complicado precisar hasta dónde entendían los inmigrantes su pertenencia al lugar de acogida. De igual modo no sería tan fácil apreciarlos niveles de prejuicio entre los antillanos británicos y los nacionales, ni tampoco los grados de discriminación o los conflictos de valores entre ellos. La respuesta a algunas de las variables puede explicarse desde la perspectiva del proyecto de vida propuesto por los miembros del grupo de antillanos británicos. Estos, como ya sabemos, oscilaban entre lo transitorio y lo permanente. El proyecto permanente implicaba dar respuesta a cómo podía insertarse. Mientras el transitorio a cómo podía subsistir. Esto da cabida a una tercera posición concerniente a los familiares provenientes de las diferentes Antillas menores que dependen del cabeza de familia. Según Gordon la asimilación del grupo de inmigrantes estudiado se produjo, pero en un tiempo largo, principalmente en el ámbito cultural. La asimilación es un proceso mutuo de integración, que se da cuando existen diferencias étnicas y raciales. Opera esencialmente en los aspectos señalados por Gordon, como cambios de los patrones culturales propios por los de la sociedad receptora y viceversa, penetración a gran escala en los círculos, clubes e instituciones de la sociedad receptora y matrimonios mixtos.895 895

La presencia femenina en la vida del inmigrante determina el arraigo de estos al lugar de acogida.

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Los registros de matrimonio entre 1911 y 1944 atestiguan la aparente lenta inserción del grupo de antillanos británicos con los habitantes del lugar. De 88 mujeres británicas antillanas registradas en matrimonio, dos lo hicieron con dominicanos. De 174 hombres británicos antillanos, 17 se casaron con mujeres dominicanas. Es posible que un número mayor de uniones no estuviera consignado en los registros. En 52 uniones no se especifica la nacionalidad de la novia. Otro indicador que puede exponer la lenta inserción son los testigos de esos matrimonios. En el caso de las mujeres británicas solo actuó un dominicano como testigo, y en el de los hombres hubo un solo testigo dominicano. Puede que este número aumente, dado que hay 233 testigos cuya nacionalidad se desconoce. A todo esto, se debe agregar aquellas relaciones no registradas por las autoridades. Un indicador del proceso de acercamiento o arraigo de los antillanos británicos en La Romana lo da la posesión de solares en 1922. El universo de inscritos para ese año ascendía a 1,755 personas y los antillanos británicos eran 86; es decir, el 5 % de los registrados.896 Otro indicador del arraigo es el número de los que se dedicaron a la actividad comercial. En 1934 fueron registrados tres personas en este tipo de actividad; una de ellas era Lilian Donahue, propietaria de una fonda con seis sillas. Los otros eran Archibald Henry de Brossard, copropietario junto a Enrique Castillo, de un estadio de boxeo, y Juan Sini con un puesto de venta de mercancías y leche.897 El aporte de los inmigrantes antillanos británicos repercutió en el hábitat dominicano de forma positiva, Archivo General de la Nación. Interior y Policía. Ayuntamiento de La Romana. Asiento de solares. Libro 4426. Año 1922. 897 Archivo General de la Nación. Interior y Policía. Solicitud de patentes comerciales. Ayuntamiento de La Romana. 896

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especialmente en las ciudades de San Pedro de Macorís y La Romana. Esto se percibe en el hecho de que una parte de sus prácticas fueron asimiladas por los dominicanos como propias. La unión de elementos traídos por los inmigrantes con los de acogida generó una nueva manera de percibir el entorno y contribuyó al desarrollo de las áreas donde se asentaron.

CONCLUSIONES

Dos factores incidieron en el proceso migratorio de los antillanos británicos a la República Dominicana, uno de orden externo y otro de orden interno. El primero está relacionado con varios acontecimientos ocurridos en el escenario internacional, como el interés del Reino Unido por desplegar una política comercial en el continente americano y la consiguiente suscripción de tratados con diversos países, incluyendo la República Dominicana. Esto, a su vez, ofreció a los súbditos británicos la opción de establecerse en aquellos países, y a los libertos la ocasión de emigrar de las posesiones caribeñas inglesas, en las cuales había un gran número de desempleados. Otros factores externos fueron la guerra de independencia cubana, la guerra de secesión y la guerra franco-prusiana. El primer acontecimiento destruyó ingenios, el segundo disminuyó la oferta azucarera interna estadounidense y el tercero contribuyó a elevar los precios mundiales por la pérdida de los campos de remolacha. Todos influyeron en el alza de los precios del azúcar, e impulsaron a los productores azucareros cubanos y estadounidenses a invertir capitales en la República Dominicana, entre otros países de la región. El segundo factor, de orden interno, agrupa diversas causas que hicieron posible el proceso migratorio de los antillanos británicos. El propio presidente González concedió

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facilidades a los inversionistas extranjeros interesados, lo cual dio origen a la industria azucarera moderna, y en consecuencia provocó la demanda de obreros con determinados niveles técnicos y disciplina en el trabajo. La necesidad de importar obreros caribeños contrastó con el interés de las élites por atraer al país población europea que materializara la idea del desarrollo y el progreso. Asimismo, la poca disposición de los escasos migrantes europeos y de los campesinos dominicanos a sumarse a las labores de la industria azucarera fue un factor de preocupación para los dueños de ingenios, quienes recurrieron a obreros de otras latitudes. En el Caribe insular oriental les esperaba un contingente de reserva, especialmente en las posesiones del Reino Unido. La explicación de este escenario responde al problema que guió nuestra investigación. Esos inmigrantes, por su condición de afrodescendientes y por ser obreros, no fueron bien recibidos por la élite ni por algunos miembros del sector laboral. Como una manifestación de rechazo les asignaron el apelativo despectivo de «cocolos». Posteriormente, ese prejuicio se manifestó en los intelectuales. En los que escribían en la prensa existía la propensión de presentar la sociedad dominicana como si estuviera compuesta por personas blancas, y trataban de persuadir a los lectores de ello. Esta visión reforzaba el discurso contra los inmigrantes afroantillanos, y se mantuvo durante los ochenta años que cubre esta investigación, incluso ha permanecido en etapas posteriores. Tras un breve repaso de la economía dominicana quedó manifiesta su dependencia de los productos agrícolas provenientes del exterior. Esta situación continuó después de 1874, cuando fueron fundados los ingenios azucareros. Incluso aumentó porque la producción no solo era vendida fuera del país, sino que el grueso de sus obreros procedía de otras latitudes y consumía algunos comestibles traídos de

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Europa por resultar, paradójicamente, más baratos que los nacionales. A partir de la última década del siglo XIX, los Estados Unidos alcanzaron mayor influencia en la economía mundial como compradores y posteriormente como inversionistas; en la República Dominicana introdujeron capitales en los ingenios azucareros, firmaron un tratado de libre comercio e iniciaron la adquisición de productos nacionales. Quienes administraron el Estado dominicano durante el siglo XIX deseaban atraer colonos europeos, como los que habían llegado a Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y Cuba. Esperaban aumentar el porcentaje de población blanca y al mismo tiempo deseaban que esta población se estableciera como elemento de progreso frente a la población negra haitiana. Impulsaron diversas estrategias para lograr ese propósito, incluyendo la promesa de obsequiar tierras y facilitar préstamos. En ese siglo el resultado fue muy pobre porque no arribó la cantidad deseada de inmigrantes blancos. La excepción a esa regla de blanqueamiento aconteció durante la administración de Ulises Heureaux, quien dio facilidades a los ingenios para la entrada de afrodescendientes como obreros sin un soporte jurídico muy claro. Quienes comentaban el fallido propósito de atraer población blanca se limitaban a exponer la necesidad de revertir el fracaso ofreciendo a los posibles migrantes europeos la garantía de la nacionalidad. Pero de manera contraria al deseo de los gobernantes y las élites, esa población no ingresó al país en los números deseados; por ello, tanto el sector público como el privado fracasaron. Por el contrario, la población de afrodescendientes procedentes del Caribe sí entraba, y dentro del grupo llegaban antillanos británicos. Esto se hizo claro desde la segunda mitad del siglo XIX; por ejemplo, en el censo de 1871, en la ciudad de Puerto Plata, el número mayoritario de extranjeros era afrodescendientes de las posesiones del Reino Unido.

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Desde sus colonias en el Caribe continuaron llegando personas para trabajar en la industria azucarera durante todo el período estudiado. El mayor número de inmigrantes antillanos británicos residente en la República Dominicana ascendió aproximadamente a 10,000 personas. Ni el Estado dominicano ni el consulado del Reino Unido en el país asentaron el nombre, la dirección, la edad, el sexo, la isla de origen, el estado civil y el centro de trabajo de los primeros en arribar. El censo de 1920 arrojó que había más de 5,000 personas de esa procedencia en el territorio, el 78 % residía en San Pedro de Macorís y La Romana y presentaba un elevado índice de masculinidad. Durante la ocupación militar estadounidense cambió la opinión y se creó un soporte jurídico más beneficioso a la entrada de afrodescendientes para satisfacer la demanda laboral de los ingenios azucareros cuyos capitales procedían de Estados Unidos. Esa apertura hacia los inmigrantes sufrió una brusca transformación con el advenimiento de la dictadura del general Trujillo. Uno de los primeros actos de su gobierno consistió en usar la presión fiscal en la política migratoria como forma de detener el volumen de extranjeros que ingresaba al país; los más afectados por esta estrategia fueron los afrodescendientes de diversas nacionalidades. Esa situación generó reacciones defensivas de los representantes diplomáticos de varias naciones ante las autoridades dominicanas. La presente investigación expuso la actitud adversa hacia los inmigrantes británicos junto a la dependencia comercial al mercado inglés de la República Dominicana. Ambos factores fueron advertidos por el Reino Unido para variar su política migratoria y recomendar en el futuro el cese de la migración de sus súbditos. También hubo reacciones a los proyectos migratorios implementados desde el Estado y el sector privado. Para algunos, la prioridad estaba en poblar el territorio sin

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detenerse en consideraciones sobre el aporte de capital de quienes llegaran. Consideraban que la simple presencia de personas repercutiría en la demanda inducida. Otros coincidían en la predilección por el origen europeo de los inmigrantes. Con raras excepciones, serían bienvenidas las personas de otras procedencias. La política migratoria del Reino Unido encajó perfectamente con la demanda de braceros antillanos británicos solicitada por los hacendados dominicanos. También se mostró que el flujo de los inmigrantes fue creciendo cada año, desde las primeras décadas del siglo XX hasta su notable incremento durante la ocupación estadounidense. Ese flujo aumentó cuando se incorporaron mujeres requeridas por sus esposos, hijos o padres radicados en la República Dominicana. Con el transcurrir del tiempo aumentaron los inmigrantes que desearon establecerse en el país. En 1920 las solicitudes o permisos de permanencia se elevaron a 2,861 personas. Ese mismo año se extendieron 705 autorizaciones a familiares. Siete años después, en 1927, los extranjeros favorecidos se quintuplicaron a 15,494 personas. Cada año también crecía el número de antillanos británicos que fijaba residencia el país. Los migrantes lograron insertarse en la sociedad hasta formar una comunidad de residentes permanentes. Uno de los medios que viabilizó ese proceso en La Romana fue el matrimonio con hombres y mujeres del país. En 1920, el 87 % de los 401 hombres británicos eran solteros y el 92 % tenía entre 16 y 45 años. Para ese mismo año, el 79 % de las 121 mujeres británicas eran solteras, de ellas el 47 % estaba en edades de 16 y 40 años. En un análisis similar encontramos que, en 1941, en San Pedro de Macorís, los solteros representaban el 94 % y los casados el 6 %. Entre las mujeres, el 87 % eran solteras y el 13 % casadas. En La Romana, el 97 % eran solteros y el 3 % casados. Con respecto a las mujeres, el 14 % eran solteras,

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un 79 % estaban casadas y el 6 % eran viudas. Estas cifras aportaron significativos indicios para definir la composición del grupo de inmigrantes que migró y se estableció en estas provincias. En 1933, algunos hombres y mujeres tenían más de 15 y 20 años residiendo en el país, varios de ellos desempeñaban labores fuera de la industria azucarera. Se describió también cuáles eran los componentes del contrato para la búsqueda de obreros, firmado entre los hacendados y sus representantes, cuál era el procedimiento para traerlos desde sus islas de origen, quién pagaba los viajes, cuáles eran los puertos a los que arribaban y la manera cómo eran distribuidos laboralmente al llegar a su destino, cómo se componía cuantitativamente el flujo de inmigrantes y en qué lugares fijaron residencia. Para entonces, San Pedro de Macorís y La Romana eran ciudades con características muy particulares donde podían radicarse. Un aspecto de interés de la investigación fue determinarlas islas desde donde procedían los migrantes y en qué porcentaje llegaban. De los residentes en La Romana, el primer grupo provenía de Anguila, seguido por el de Antigua. En San Pedro de Macorís la mayoría llegó desde las Islas Vírgenes, seguido por los que vinieron de Saint Kitts. Este escenario con numerosos afrodescendientes alimentaba el prejuicio y el rechazo por parte de la élite. Pero hubo opiniones diferentes, como las del empresario William Bass, quien defendió las razones por las que los empresarios azucareros preferían contratar inmigrantes antillanos; las principales eran conocimiento técnico y la honradez que mostraban los trabajadores británicos. Hasta ahora se desconoce si los intelectuales adversos a los migrantes angloantillanos elaboraron teorías biologistas, aunque hubo quien se empecinó en borrar el componente afrodescendiente de la población. En 1947, se intentó demostrar por medios científicos que la mayor parte de los dominicanos eran blancos. Esa concepción fomentaba el ideario hostil a lo

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haitiano, que era reforzado con ataques a los antillanos británicos, algunos de los cuales desembocaron en desenlaces fatales más de una vez. Por ejemplo, la agresión física de un miembro del ejército en San Pedro de Macorís contra María Griffin hasta hacerla perder un embarazo, y el asesinato de James Smith en La Romana a manos de un militar. En lo laboral soportaron condiciones muy adversas. Tenían que cumplir jornadas diarias de doce horas de trabajo, y hasta más, durante seis días de la semana. Eran frecuentes los accidentes laborales, en ocasiones con lesiones y pérdidas de vidas humanas. Durante gran parte del período comprendido entre 1870 y 1950 los centrales no proporcionaban asistencia médica a los obreros. Fue a partir de 1916 que cambió esa situación. A las desfavorables condiciones laborales se sumaban los procedimientos restrictivos con los que les pagaban sus salarios. Usaban vales, aceptados únicamente en los establecimientos del ingenio donde estaba empleado el obrero. Allí la cantidad y peso de los productos se medía de forma inexacta en perjuicio del trabajador. A finales del período estudiado las autoridades gubernamentales dictaminaron la prohibición de ese sistema de venta. Ante las insuficiencias higiénicas, la insalubridad, la falta de servicios básicos en los lugares donde vivían, las restringidas formas de pago y los bajos salarios, los migrantes canalizaron sus inconformidades en huelgas. Estas acciones reivindicativas estaban orientadas a mejorar su situación económica y social. En consecuencia, sus líderes fueron expulsados del país. Los inmigrantes también hicieron sentir sus reclamos políticos en San Pedro de Macorís; influidos por las ideas de Marcus Garvey, tomaron posición al lado del movimiento de la negritud y contra el colonialismo inglés. En ocasiones fue necesaria la protección del consulado y del Foreign Officce para impedir maltratos y abusos contra ellos.

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Como consecuencia del asesinato en suelo dominicano de un número indeterminado de haitianos en 1937, las relaciones entre los dos países se tornaron tensas durante años. Ese hecho acentuó el prejuicio contra haitianos en el discurso oficial y generó un ambiente desfavorable para el país en el plano internacional. En 1944, las autoridades dominicanas solicitaron al Reino Unido el envío de 5,000 obreros antillanos británicos, propuesta que fue denegada. A partir de esa fecha cesó la emigración de antillanos británicos a la República Dominicana. La presencia de esos inmigrantes trajo consigo aportes a la sociedad dominicana en diferentes aspectos, muchos de los cuales, a causa de su gran impacto, se han perpetuado en el tiempo y han impregnado nuevas características a la población de las zonas en donde se asentaron. Su legado puede ser calificado de muy positivo, tanto en el ámbito de la cultura material como del espiritual. 898 Las redes familiares y las agrupaciones de asistencia creadas por los antillanos británicos fueron asimiladas por la población de acogida, que con posterioridad fundaron instituciones similares. La necesidad de encontrarse y organizarse fue satisfecha con la creación de entidades como las logias de Oddfellows y las sociedades de socorro mutuo, que al mismo tiempo se constituyeron en puntos de apoyo económico, de servicios de salud, soporte cultural y guía familiar. Asumieron también el esfuerzo educativo y preservaron los valores del grupo. Sus puertas estuvieron abiertas a los dominicanos que solicitaran ingresar en ellas. Las iglesias protestantes, como la episcopal, la moraviana, la bautista y la metodista se caracterizaron por involucrarse en los problemas sociales y en las actividades benéficas.

898

Martínez-Vergne. Ob. cit.

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Uno de sus representantes, el reverendo Phillips, dirigió una de las primeras marchas de protesta contra los maltratos segregacionistas en las calles de San Pedro de Macorís, llevada a cabo en agosto (de 1921), mes simbólico para la abolición de la esclavitud en el Reino Unido. A su vez, los prelados de la iglesia ortodoxa George Alexander McGuire, procedente de Antigua, y Osvald T. Basden, oriundo de las Islas Turcas y Caicos, se convirtieron en abanderados de la oposición a la segregación, y se sumaron ala intensa labor social realizada en los ingenios Santa Fe, Angelina y Cristóbal Colón. Igualmente propiciaron el acercamiento y la apertura hacia los dominicanos, uno de cuyos gestos fue la celebración de la primera misa de rito anglicano en español. La valorización de estas instituciones a favor del discurso de la negritud contribuyó al reconocimiento de los derechos de las personas de color y a un cambio de actitud hacia ellos. La instalación de los inmigrantes antillanos británicos de forma permanente en el país los llevó a involucrarse en la educación de sus hijos dentro de los hogares porque consideraban que era el punto de partida para ascender en la vida. Sus valores personales ejercieron influencia en el entorno laboral y social. Eran reconocidos por su alto nivel de disciplina, el orden y la responsabilidad dentro de sus áreas de trabajo, gracias a la manera en que eran formados en sus hogares, siguiendo estrictas normas de trabajo y cortesía según las reglas de urbanidad. A ello se sumaba la solidaridad para con sus coterráneos y amigos. Estos valores permitieron a los núcleos familiares superar las dificultades estando lejos de sus lugares de origen, y destacarse en los proyectos individuales y colectivos. El fallecimiento de un familiar o amigo era ocasión de manifestaciones de respeto y la solidaridad para con los familiares; se hacían ceremonias, acompañadas de himnos funerarios.

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La educación era atencionada por las familias. Fuente: National Archives: CO 1069/411.

El aporte cultural de los inmigrantes antillanos británicos repercutió en el hábitat dominicano de forma positiva, especialmente en las ciudades de San Pedro de Macorís y La Romana. Esto se aprecia en las costumbres que fueron asimiladas por los dominicanos como propias hasta integrarlas al imaginario social. Entendido este proceso como apropiación de gustos, valores, creencias y conductas del grupo de inmigrantes que conforman, de manera orgánica, una cultura.899 La fusión de hábitos y costumbres traídos por los inmigrantes con los de acogida generó una nueva manera de percibir el entorno. La presencia de los inmigrantes antillanos británicos con todas sus peculiaridades contribuyó al desarrollo de las áreas donde se asentaron y propiciaron el nacimiento de esa nueva cultura. 899

E. Díaz. «¿Qué es el imaginario social?». http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/2107_15066.pdf

ANEXOS

FO 371/17528 No. 709/2.3/34. 28 de Julio, 1934. Señor, Tengo el honor de informar a Su Excelencia que el empleo de antillanos británicos en las haciendas azucareras en la República Dominicana es un asunto en el que esta Legación ha despertado considerable interés, tanto desde el punto de vista de los beneficios que se obtienen para las islas que brindan los trabajadores, y también el trato que reciben en las fincas, y de las autoridades locales. En la última comunicación mencionada cabe señalar que se ha producido una considerable improvisación y, por lo tanto, parece deseable que se fomente esta salida para los trabajadores excedentes de las islas y que no se conceda ninguna excusa a los propietarios de fincas para que empleen haitianos, que ya se usan en cantidades bastante grandes, en preferencia a los indios occidentales británicos. 2. En general, se reconoce al antillano británico como trabajador más eficiente, pero a veces se obtienen más fácilmente los servicios del haitiano, con poca o ninguna dificultad para experimentar su transporte barato de ida y vuelta, y los costos de esta naturaleza en el día de hoy es un elemento de consideración para los gerentes de fincas. 3. En las preguntas de las consultas realizadas en las oficinas de los ingenios azucareros se presentaron denuncias de demoras en las islas para transportar a los trabajadores 433

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reclutados para el trabajo de la temporada; se afirmó que en algunos casos las demoras que, por supuesto, representan dinero para las haciendas, parecían irracionales y que podían reducirse al mínimo en gran medida mediante arreglos locales más eficientes. 4. Si bien una isla fue especialmente mencionada a este respecto, parece que valdría la pena que los métodos vigentes en todas las islas de las que se reclutan los trabajadores estén dirigidos a la pronta manipulación y el envío de los hombres, y al despacho de los mismos. Vapores con la posible demora de hacer después de su llegada. Esto sería muy apreciado por las haciendas azucareras, y tendería a hacer que favorezcan el reclutamiento de antillanos británicos. 5. En caso de conmoción, puedo agregar que la Oficina Colonial ha expresado a través de la Oficina Exterior el deseo de comunicarme directamente con Su Excelencia sobre este tema, y me gustaría aprovechar la oportunidad para mencionar que si desea alguna recomendación sobre la manera en que las fincas podrían ayudar, estaré encantado de informarle sobre sus sugerencias y, en general, de brindarle mi máxima cooperación. Tengo el honor de ser, Señor, El siervo obediente de Su Excelencia, W. Elders. H. M. Chargé d’Affaires ad. En t. A su Excelencia el Gobernador de las Islas de Sotavento. Antigua.

Carta 1 COPIA San Pedro de Macorís, 26 de junio, 1930.900 Don W. H. Gallienne, Encargado de Negocios de Su Majestad Británica. La Legación Británica, Santo Domingo. Señor: lo saludo con la estima y respeto que corresponde a vuestro señorial oficio y con una confianza extrema que no vacilará. En cuanto súbdito leal a la Corona, con ardiente sangre roja de patriotismo, humildemente apelo a usted en el nombre de la humanidad en relación a las Leyes de Inmigración de este país, en tanto ellas afectan a los desamparados súbditos de la Corona británica residentes en este país. Sin duda usted es consciente de que las Leyes de Inmigración discriminan la mano de obra británica y con ese propósito una característica especial de la Ley que afecta a los inmigrantes es que aquellos que desean ser residentes permanentes en este país deben procurarse de permisos permanentes, lo cual es naturalmente la Ley de este país. Pero año tras año esos pobres desamparados son arrojados en prisión cuando no pueden comprar su residencia, sin un 900

FO 140/23. NAL.

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estatus definido para ser deportados, además del maltrato que ellos sufren y el cual es un abuso al honor y prestigio de la Corona británica en esta época. Estimado Señor, cuando el estado político y financiero del país está causando una gran preocupación, [¿] no podría usted intervenir para asegurarse que quienes están detenidos para ser deportados sean provistos con transporte a sus hogares en vez de languidecer indefinidamente en las prisiones de esta república [?]. [¿] No podría usted intervenir para que ese maltrato cesara, aunque sea por razones humanitarias [?]. La indolencia del representante consular para este distrito y el descuido de vuestro predecesor en la capital son a la presente materia de una fuerte queja al Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a la falta de protección a los súbditos británicos en Santo Domingo.901 Con todo, vuestra autoridad no sería sobrepasada por un último apelo que no es sino el de mí mismo, un simple súbdito de la Corona que pese a ello es audaz en cuanto a lo concerniente a la causa de la humanidad y al bien común de mis compatriotas. Por favor, preste atención a las atrocidades que ocurrieron en Macorís hace unos días y note bien cómo esas autoridades defenderán los derechos de los británicos en los hechos. Que quede claro por cuánto tiempo los súbditos británicos deberían permanecer en espera de juicio en relación al Permiso de Permanencia y también cuánto tiempo [correspondería] a los que están detenidos para deportación. Ruego permanecer su sincero servidor (Firmado) H. Cambell Wright Calle Cementerio No. 10 San Pedro de Macorís.

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Subrayado en el original.

No. 67 [Sello del 2 de julio de 1930] En respuesta a la queja de un tal “Cambell Wright” remitida por la Legación Británica. Ciudad de Santo Domingo. R. D. con fecha 28 de junio de 1930 y carta n.º 81. Legación. Señor, Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación n.º 81, con fecha 28 de junio de 1930, en la que me remite la carta (una copia) “Queja de un tal ‘H. Cambell’”de San Pedro de Macorís. R. D. Me propongo dar respuesta una a una a todas las consultas planteadas en la carta. A saber, La carta plantea lo siguiente: a. En relación a las Leyes de Inmigración de Santo Domingo para los no residentes. b. Que las Leyes de Inmigración son discriminatorias contra los súbditos británicos. c. El encarcelamiento de súbditos británicos que no han podido sacar un Permiso para este año. d. La duración del periodo pasado en prisión por los que han cometido la falta antes de que se realice un juicio. e. Las atrocidades en Macorís contra súbditos británicos.

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RESPUESTAS Con respecto a: A. Todos los súbditos británicos fueron aconsejados de procurarse “Permisos” como lo señala el “Aviso” adjunto. B. El vicecónsul británico de Macorís pasó mucho tiempo aconsejando a la gente, casi seis semanas atrás, la necesidad de procurarse tal permiso. Que él mostró el “Aviso” adjunto en un lugar visible en su oficina y también habló repetidamente sobre el mismo en la Iglesia Episcopal. C. Las Leyes de Inmigración de Santo Domingo no son más discriminatorias contra los trabajadores británicos de lo que lo son contra [los de] algún otro país. D. Todas las personas (independientemente de su nacionalidad) están siendo persuadidas a procurarse el susodicho Permiso. La queja subyace en el hecho que hasta ahora el “PERMISO DE PERMANENCIA”, como emitido por el GOBIERNO MILITAR de los EE.UU. desde los años 1920 a 1923 (incluido), era tenido como válido. El poseedor de tal documento solo tenía que comprar un sello de 25 centavos de Renta Interna, y este era puesto en el documento y firmado por el Inspector de Inmigración local. Sin embargo, esto ha sido cambiado desde que las autoridades estadounidenses dejaron la isla. La [nueva] ordenanza —o al menos la promulgación de ella— fue puesta en efecto el año pasado.

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Este problema se ha dado todos los años y correspondencia pasada mostrará cuántos problemas ha tenido el vicecónsul cada año en relación con esta materia. Las personas saben que tienen que sacarlo [el Permiso]. Ellas tienen la esperanza de poder continuar sin él. En apoyo a lo dicho, hice mía la tarea de ir a la Oficina de Inmigración y apelar contra el cobro de tres dólares y me encontré con esta respuesta: Los funcionarios de Inmigración me mostraron los sellos de 17 personas —de 20 que habían abordadas—, cada sello de un valor de tres dólares. De seguro hay varios a quienes les falta el dinero para procurarse el sello, pero la mayoría ha tenido un buen tiempo para hacerse del dinero suficiente y conseguir uno. Admitimos que las cosas son bastante duras para mucha gente y si el precio podría ser rebajado, ayudaría a muchos que son pobres. Ya que nosotros no hacemos las leyes, tenemos que observar que no se ha dado ninguna injusticia. E. En lo referente al lapso de tiempo que una persona es encarcelada antes de que se le dé una audiencia ante el juez. Es cierto que el procedimiento de las Cortes es muy lento, pero las Cortes simplemente están llenas de casos en espera de juicio. Si algo puede ser hecho para acelerar el juicio de estos desafortunados, sería apreciado. F. En cuanto a las ATROCIDADES. La semana pasada, martes 24 de junio, en el muelle dominicano ocurrió un caso muy desagradable y desafortunado, en donde un sujeto británico de nombre “Francis” fue maltratado.

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Estoy investigando el caso [el nombre del hombre es Robert Francis de Antigua. B. W. S.]. De lo que FRANCIS me cuenta (el hombre está aún en el hospital), el martes él se encontraba en el muelle esperando zarpar a St Kitts y Antigua en una embarcación dominicana. Un guardia ordenó a Francis de mostrar su Permiso. Él no poseía uno y, “según su declaración”, solicitó autorización para ir por su maleta, que estaba al alcance de su mano, para tomar el dinero y comprar uno. El guardia no lo consintió y le ordenó acompañarlo. El guardia le habló bruscamente y lo abofeteó. El hombre no entendió qué dirección seguir. Luego, el guardia nuevamente lo agredió. El súbdito británico tomó al guardia por el brazo. Se sucedió una pelea y, todavía me queda la duda si el súbdito británico derribó primero al guardia al suelo. Con lo cual el guardia se enfureció y cogió su cuchillo y apuñaló al hombre en varias partes, y otros dos guardias acudieron a la escena y se sumaron a la trifulca, un guardia deliberadamente puso un cartucho en su rifle y disparó a quemarropa en el hombro (derecho) del británico. El hombre cayó inconsciente y fue llevado al hospital local. Él está recuperándose. He entrevistado al fiscal sobre el caso, también he hablado con el médico del hospital y él me dará un informe sobre las heridas. He ido varias veces al hospital a visitar al hombre. La cosa rara en todo este asunto es que, si bien muchos se sintieron indignados en relación a los hechos, nadie

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vino a verme y darme información. He escuchado varias historias, pero ninguna concuerda. Ayer desde mi púlpito he lanzado un apelo “a cualquier persona que vio realmente el hecho para que se acerque y me lo cuente”, de modo que yo pueda tener alguna evidencia corroborativa. También he entrevistado a los Inspectores de Inmigración y les informé que, si bien ellos no son responsables de lo que el guardia hizo, nosotros vemos el incidente con mucha desaprobación. Las autoridades de inmigración no simpatizan con tales acciones, sin embargo, declaran que el Negro derribó al guardia. Estoy tratando de verificarlo y no es tarea fácil. Tan pronto como tenga una información definitiva, me comunicaré con ustedes sobre esta materia. Si yo hubiera seguido el consejo de mucha gente que hablaba en demasía, probablemente hubiera tenido los recursos para hacer que la Guardia ponga en prisión a varios otros transeúntes inocentes como testigos. Esto habría significado más problemas de los que ahora tenemos. Como he dicho antes, estoy tratando de recoger los hechos reales y está demostrándose que es una tarea difícil obtener un recuento coherente. Tengo suficiente evidencia de que el hombre ha sufrido (y con toda probabilidad sin una justificación real). El hombre fue tratado brutalmente. Espero que en unos pocos días yo pueda recopilar un claro recuento de los acontecimientos.

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Lo enviaré tan pronto como me sea posible. En espera de su consejo sobre este asunto. Tengo el honor de ser, Señor, Su obediente servidor, [Firma y sello de A. H. Beer, Vicecónsul británico] Don W. H. Gallienne. Encargado de Negocios de Su Majestad Británica Legación Británica Ciudad de Santo Domingo. R.D.

COPIA. (A 957/511/20) La Romana República de Santo Domingo Calle No. 1 Este y Oeste Casa No. 94 28 de noviembre de 1934 A Vuestra Majestad Británica Rey Jorge, London Inglaterra Nosotros los abajo firmantes súbditos británicos le enviamos nuestras peticiones como británicos que viven en esta República y están sufriendo por la falta de protección. Vuestra Majestad entenderá que nosotros no podemos ganarnos la vida decentemente en las varias islas en las que nacimos, teniendo que viajar a diversos lugares y encontrando muchas adversidades y maltratos en las manos de aquellos de quienes dependemos. Por lo tanto, apelamos a Vuestra Majestad por algún tipo de protección. Debido a que no podemos ganarnos la vida adonde nacimos, teniendo que ir de un lugar a otro y ser un problema para otros gobiernos, estamos solicitando a Vuestra Majestad de sacarnos y enviarnos fuera de estos lugares a alguna parte de África que esté bajo la protección de la Corona inglesa. Nosotros estamos padeciendo la situación más desventajosa. 443

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Los que entre nosotros tienen una pequeña casa, están siendo despojados de ella. Estamos muriendo de hambre, cualquier pequeño trabajo a efectuarse debe ser dado a los nacionales. Ningún trabajo para los ingleses que fueron traídos a Santo Domingo, desde sus diferentes islas, por los plantadores azucareros. Somos dejados a padecer de hambre. Estamos solicitando nuevamente a Vuestra Majestad, en el nombre del supremo Dios, sacarnos de este país. Nosotros los abajo firmantes le suplicamos continuar siendo vuestros humildes servidores, J. H. Franklin Charles H. Hoofe Joseph Vorlak Mrs. Todman

La Romana, Santo Domingo, República Dominicana, 15 de diciembre de 1934. Señor, Debido a la gravedad de la situación de desempleo en esta República, me siento obligado a informarle el crítico estado en que los británicos están viviendo. La legislación de esta República ha puesto en vigencia una nueva Ley, la misma que ha causado que la falta de empleo entre los trabajadores inmigrantes británicos sea un asunto de muy seria relevancia. Desde la puesta en ejecución de la nueva Ley, que niega a la mayoría de trabajadores británicos el ser empleados en este país, miles de británicos están desempleados. Por la razón de que al presente solo se está empleando 30 % de trabajadores extranjeros, mientras que 70 % de mano de obra local está siendo utilizada en todos los departamentos. En consecuencia, los británicos están sufriendo seriamente por la falta de empleo. Incluso las centrales azucareras, a cuyas expensas la mano de obra británica ha sido traída a este país, están obligadas por Ley a emplear solo 30 % de trabajadores extranjeros, lo que entonces ocasiona que los ciudadanos británicos sean despedidos de manera permanente. Esperando que usted dé a este asunto su más seria atención antes de que la situación se haga mucho más grave.

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Respetuosamente…, (Firmado) A. D. Silva. (Súbdito británico) Al honorable Señor Philip Cunliffe-Lister Secretario de Estado para las Colonias, Londres, Inglaterra.

COPIA (a 5519/511/20) A. D. Silva, La Romana, R. D.902 10 de enero de 1935 Señor, Espero que sea del agrado de Vuestra Majestad el recibir esta comunicación enviada por uno de vuestros leales súbditos del gran Imperio Británico. Habiendo trabajado muchos años con la duda de que si un súbdito británico, después de una situación de expatriación, puede recuperar su anterior estatus político, le pido gentilmente de ser iluminado sobre esta materia, de modo que quizás yo pueda sacar algún provecho, así como también algo positivo para otros súbditos británicos que viajan lejos de sus hogares hacia tierras extranjeras. He sabido que en este país súbditos británicos cometen indefectiblemente un acto de expatriación al servir a este Gobierno en calidad de soldados y deseo saber si ellos aún tendrían el derecho a la protección del Gobierno británico. En casos en los cuales el ciudadano británico corre algún peligro, ¿quién entonces renuncia a su compromiso de lealtad? Otra cosa para la cual solicito la gentil ayuda de Vuestra Majestad es respecto al sufrimiento que los británicos están 902

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atravesando en esta república debido a la falta de empleo. Aunque ellos inmigraron a esta isla para trabajar en las plantaciones de azúcar: debido a la presente situación política de este Gobierno, los británicos están siendo sacados del trabajo, lo que causa padecimiento entre ellos. Muy recientemente ha entrado en vigencia una nueva ley para prohibir el uso de 70 % de mano de obra extranjera, de modo que aquí la mayoría de los trabajadores británicos están sin empleo. Esperando que la difícil presente condición que existe entre los británicos pueda suscitar la más profunda simpatía de Vuestra Majestad hacia sus súbditos de aquí. Resto como su más obediente y leal servidor, (Firmado) A. D. Silva Súbdito británico Su Excelsa Majestad Rey Jorge V de Inglaterra London, Inglaterra

[Folio 263] [Sello: Oficina del secretario privado. Buckingham Palace, 16 de abril de 1935.903 Esta carta no ha sido respondida] Central Romana La Romana República Dominicana 13 de marzo de 1935 1. A Vuestra Excelsa Majestad 2. Señor, Con la presente tengo el honor de anexar una declaración para vuestra consideración y compasiva solución. 3. Soy un nativo de Antigua y fui un miembro de la Policía de las Islas de Barlovento de Vuestra Majestad y he servido en varios países de las Antillas Británicas como Barbados, Antigua, Montserrat, San Kitts y finalmente Dominica. 4. Me retiré del servicio por una salud disminuida y estoy en pensión desde el 24 de junio del año de 1921. 5. Llegué a esta isla en fecha 22 de enero de 1922 y las cosas no son nada lucrativas en esta isla y más especialmente cuando aquí, en este momento, se está promulgando de reciente una nueva ley. 903

FO 140/23. NAL.

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6. Esta ley ha tenido un fuerte efecto sobre las personas de las Islas de Barlovento y Sotavento que han inmigrado aquí. 7. La ley consiste en que el 70 % de la mano obra empleada sea nativa y el 30 % británica, y ello provoca que miles de británicos queden desempleados en esta isla, tocando a la puerta de central en central y que además mecánicos de diversa clase no puedan obtener ningún tipo de empleo. 8. Por eso estamos padeciendo y experimentando severas carestías y dificultades de toda clase, tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos. Deberemos ser compadecidos como gente que pertenece al más grande y poderoso Imperio de la Tierra, y a este grupo de personas leales a su país y su Rey debería permitírseles estar en tal extrema necesidad día tras día, especialmente en un país extranjero, mezclado entre una tribu latina que no muestra ninguna benevolencia, al punto tal que uno de nuestros compatriotas británicos ha sido asesinado en el acto de un tiro, inocentemente, sin cometer ningún crimen ni ofensa. Ningún cónsul lo representó y hasta ahora no se ha rectificado ninguna sentencia para retribuir a su familia. Es muy posible que antes Vuestra Majestad pueda no haber estado al tanto de los sufrimientos de sus súbditos británicos en esta isla y yo, siendo un súbdito británico, estoy obligado a desahogar nuestro lamento a nuestro propio Rey para que alivie nuestra aflicción y haga que seamos repatriados a nuestros respectivos hogares lo más pronto posible, antes de que esta situación se agrave. 9. También pongo a consideración de Vuestra Majestad que los británicos, tanto hombres como mujeres, se encuentran en mucho riesgo aquí como consecuencia

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de tener que pagar anualmente $6.00/100 por un documento de inmigración y, en adición a lo anterior, los hombres $1.00/100 por otro documento llamado Road Tax. Si esas leyes son infringidas en todas partes la pena es el encarcelamiento y el maltrato de grave naturaleza. Sinceramente oro para que Vuestra Majestad preste sin vacilar su importante y más valiosa asistencia a los súbditos de su Imperio. Dejo este asunto enteramente en las manos de Vuestra Majestad quien estoy absolutamente seguro vindicará nuestra causa para el bien de la humanidad como también lo hicieron sus predecesores de tiempos pasados con sus súbditos en momentos difíciles de necesidad, como lo son estas horas y días extenuantes en una tierra extranjera. Tengo el honor de ser el suplicante más humilde de Vuestra Excelsa Majestad. [firmado] William H. Francis

[Folio 264] 13/3/35 P.D. He hecho que un marinero del barco a vapor K[¿?]borough le envíe esa carta en Inglaterra debido a que las autoridades postales en esta isla no permiten que se embarquen desde Santo Domingo cartas de esta clase por miedo a una denuncia, de otro modo desde hace mucho yo le habría informado ya desde antes estas circunstancias. William Henry Francis Central Romana La Romana Santo Domingo, R.D.

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FO 140/23 Islas de Sotavento. Casa de Gobierno, Antigua diciembre de 1932. Tengo el honor de acusar recibo de su telegrama del 13 al instante, me informa que, con sujeción a la aprobación, la prohibición de la importación de mano de obra temporal para los ingenios Santa Fe y La Romana se ha planteado, que esos ingenios están dispuestos a pagar todos los impuestos de entrada, salida, y la repatriación de los obreros, y para informarle de que su telegrama ha sido publicada en el Boletín de las islas de sotavento para información general. Tengo el honor de ser Señor, Su obediente servidor, Gobernador.

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FO 140/23 MEMORANDUM La teoría de la ley es materialmente diferente de la de las leyes anteriores sobre el tema, en el sentido de que todos los extranjeros (sin distinción de sexo), con ciertas excepciones menores, están sujetos a los impuestos y las penas previstas por la ley. (Nota para las excepciones párrafos (a), (b) y (c) en el Artículo 1, el párrafo al Artículo 2 y el párrafo al Artículo 4). La política tradicional de este país en materia de inmigración ha sido alentar la inmigración a este país de blancos y todas las leyes anteriores han dado un énfasis claro a dicha política. Se observará que esta ley pone a los blancos exactamente en la misma clase que los cocolos, los haitianos y todos los demás excepto los chinos y los nativos negros de África. Aparte de esto, hay ciertas características de esta ley que sin duda causarán grandes problemas a las Legaciones estadounidenses y británicas y que en un futuro muy cercano. Esto debido a la presencia en este país de un gran número de puertorriqueños y cocolos en este país. Los puertorriqueños entraron como ciudadanos estadounidenses y los cocolos en virtud de las excepciones previstas en la Ley de inmigración anterior y la «Ley de Franquicias Agrarias» de 1911. El problema al que me refiero no surgirá con respecto a los puertorriqueños y cocolos que son empleados actuales de los ingenios azucareros, sino a aquellos que, si alguna vez trabajan, dependen del mercado laboral general. 454

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Antes de los últimos dos años, este mercado general era suficiente para atender a todos debido, en gran medida, a las obras públicas muy extensas llevadas a cabo durante la ocupación de Militar en los Estados Unidos y los años siguientes. Los problemas que surgirán serán a causa de lo siguiente: Muchos de los puertorriqueños y cocolos no podrán pagar los $6.00 por el “permiso de permanencia” previsto por el par. 2 del Artículo 1, ni para pagar su propia deportación según lo dispuesto en el Artículo 6. En consecuencia, estarán sujetos a la virtual esclavitud que trabaja en las Colonias Agrícolas del Gobierno según lo dispuesto en el mismo Artículo 6.

A 8236/1012/20. INMEDIATO. S. W. 1.

9 de diciembre de 1932.

Señor. Con referencia a una carta de este Departamento del 22 de noviembre, A 7693/1012/20. El Secretario Sir John Simon me indica que transmita por este medio que se presente ante el Secretario de Estado de los Coloniales una copia de un telegrama fechado el 7 de diciembre del Encargado de Negocios de Su Majestad en Santo Domingo con respecto a la inmigración de mano de obra a ese país. 2. Sujeto a la concurrencia del Secretario para la concurrencia del Secretario Sir Philip Cunliffe-Lister, Sir John Simon propone autorizar al Sr. Coldie por telégrafo para instruir a los Gobernadores Coloniales interesados a que levanten el embargo a la inmigración de mano de obra a Santo Domingo en lo que respecta a la admisión de los cuatro mil trabajadores mencionados. 3. En vista de la necesidad de una respuesta inmediata, debo pedir que, si no hay objeciones, las opiniones de Sir Philip Cunliffe-Lister se comuniquen por teléfono a este Departamento. Yo soy, Señor, Tu Siervo obediente, (firmado) D. V. Kelly. El Subsecretario de la Oficina Colonial. 456

Cuestionario

¿Me concede esta entrevista para uso académico? ¿Dónde nació? ¿En qué fecha nació? ¿Cuál es su nombre? ¿Quiénes eran sus padres? ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿Qué lo motivó a viajar a la República Dominicana y no a otro sitio? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde abordó la embarcación? ¿Fue contratado allá por una empresa dominicana? ¿Quién pagó el viaje? ¿Recuerda el nombre de la embarcación en que viajó? ¿Qué rol jugaron las autoridades de su isla con respecto a los documentos como pasaporte? ¿Qué tiempo duró la travesía? ¿Cómo era la vida en esos días? ¿Qué alimentos consumían y cuántas veces al día? ¿Más o menos cuántas personas calcula usted que viajaban en la embarcación?

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¿Venían únicamente hombres? ¿Cuántas mujeres y niños? ¿Dónde se casó? ¿Con quién se casó? ¿Cuándo se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Sabía un oficio? ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde trabajó? ¿Cuántos días a la semana trabajaba? ¿Cuántas horas al día trabajaba? ¿Cuántos le pagaban donde trabajaba? ¿Cómo influyó el que usted hablara inglés? ¿Cómo reaccionaron sus compañeros obreros dominicanos? ¿Y los vecinos? ¿Cómo juzga esas relaciones? ¿Cómo se relacionaban los inmigrantes con los dominicanos? ¿Se sintió discriminado? ¿En tiempo muerto, qué hacían? ¿Cómo educaban a los hijos? ¿Perteneció a la logia? ¿Perteneció a la Iglesia? ¿Cómo eran resueltos los problemas de salud? ¿Viajó para quedarse o regresar a su isla de origen?

BIBLIOGRAFÍA Documentos oficiales Asiento de actas del ayuntamiento de La Romana. 19211923. Legajo No. 4422. Ayuntamiento de La Romana. Legajo 4374. Correspondencia de 1926. Ayuntamiento de La Romana. Legajo 4415. Ayuntamiento de La Romana. 1916-1920. Legajo 4368. Ayuntamiento de La Romana. 1932-1933. Legajo 4389. Ayuntamiento de La Romana. Asiento de solares. Libro 4426. Año 1922. Ayuntamiento de La Romana. Libro 4426. Año 1922. Ayuntamiento de La Romana. Libro 20. Años 1920-1921. Ayuntamiento de La Romana. Libro 7. Letra A. Años 1906-1911. Ayuntamiento de La Romana. Solicitud de patentes. 1937. «Bases para los contratos con los inmigrantes canarios que vengan a República Dominicana».Gaceta Oficial, núm. 533 (18 de octubre de 1884). BEST, T. A. V. Acting Governor. 12th. August, 1918. Antigua. Núm. 9 of 1918.

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REPÚBLICA DOMINICANA (5 de septiembre de 1896). Ministerio de Estado de Interior y Policía. «Documentos anexos a la Memoria de Interior y Policía. Gobernación del Distrito de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial,Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (9 de abril de 1898). Consulado (Génova). «Consulado General de la República Dominicana en Génova». Gaceta Oficial, núm. 1233. REPÚBLICA DOMINICANA (3 de marzo de 1900). Presidente (1899-1901: Jimenes. «Mensaje que el presidente de la República presenta al Congreso Nacional, en su sesión inaugural de la legislatura ordinaria del año 1900». Gaceta Oficial, núm. 1332. REPÚBLICA DOMINICANA (17 de marzo de 1900). Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública. «Memoria que al ciudadano Presidente constitucional de la República presenta el Secretario de Estado en los despachos de Justicia e Instrucción Pública». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (31 de marzo de 1900). Gobernación de San Pedro de Macorís. «Memoria que al Ministro de lo Interior y Policía presenta el Gobernador de San Pedro de Macorís, 1900». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (18 de mayo de 1901). Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio. «Memoria que al ciudadano presidente de la República presenta el Secretario en los despachos de Hacienda y Comercio». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (12 de marzo de 1904). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto Propuesta del Estado para inmigrantes». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (1 de octubre, 1904). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto que concede establecimiento de compañía de teléfono en SPM». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (15 de abril de 1905). Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas. «Memoria que al ciudadano presidente de la república presenta el Secretario de Estado en los despachos de Fomento y Obras Públicas». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (29 de abril de 1905). Secretaría de Estado de Correos y Telégrafos. «Memoria que al ciudadano Presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los despachos de Correos y Telégrafos». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (11 de noviembre de 1905). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto del PE que reglamenta la inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (28 de marzo de 1906). Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas. «Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el Ciudadano Secretario de Estado de Fomento y Obras Públicas. Año de 1906». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (28 de abril de 1906). Suprema Corte de Justicia. «Sentencias de la Suprema Corte de Justicia». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (23 de mayo de 1906). Ministerio de Estado de Interior y Policía. «Documentos anexos a la memoria del Ministro de lo Interior y Policía. Memoria del Gobernador del distrito de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (3 de octubre de 1906). Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. «Documentos anexos a la Memoria de Relaciones Exteriores. Anexo 12». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (20 de marzo de 1907). Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas. «Memoria

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que al ciudadano Presidente de la República presenta el Ciudadano Secretario de E. en los despachos de Fomento y Obras Públicas». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (11 de mayo de 1909). Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración. «Memoria que al ciudadano presidente de la República presenta el Secretario de Estado en los despachos de Agricultura e Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (7 de enero de 1911). Congreso Nacional. Cámara de Diputados. «Acta de la Cámara de Diputados». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (7 de enero, 1911). Congreso Nacional. Cámara de Diputados. «Presidencia del diputado A. Acevedo». Gaceta Oficial, año XXVIII, núm. 2155. REPÚBLICA DOMINICANA (4 de marzo de 1911). Presidente (1906-1911: Cáceres). «Mensaje que el ciudadano Presidente de la República presenta al Congreso Nacional en su 3ra. Legislatura Ordinaria». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (9 de marzo de 1912). Presidente (1911-1912: Victoria). «Mensaje que el Ciudadano Presidente de la República presenta al Congreso Nacional en su Legislatura Ordinaria de este año». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (11 de mayo de 1912). [Leyes, Decretos, etc.]. «Ley de inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (16 de octubre de 1912). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución del Poder ejecutivo autorizando a The Central Romana (Incorporated), a construir líneas telefónicas y ferroviaria». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (29 de diciembre de 1912). Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración. «Memoria del S de E. de Agricultura e Inmigración». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (1913). Oficina del Controller y Receptor General de las Aduanas. Summary of Comerce Dominican Republic for 1913. Impreso por Gibson Brohers, Washington. REPÚBLICA DOMINICANA (1913). Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración. Memoria que al Ciudadano Presidente de la República presenta el ciudadano Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración. Imp. Escobar y Cía., Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (9 de agosto de 1913). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resoluciones del Congreso Nacional: autorizando al Poder Ejecutivo a vender terrenos al Sr. Van Allen Harris». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (27 de agosto de 1913). Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. «Memoria de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (22 de julio de 1916). Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. «Memoria que al Honorable presidente de la República presenta el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (15 de agosto de 1916). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución de la cámara de Diputados aprobando el contrato de acueducto en S.P.M». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (23 de agosto de 1916). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto del Poder Ejecutivo que autoriza ampliaciones en el Ingenio Santa Fe». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (26 de agosto de 1916). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto que autoriza la fundación del Ingenio Las Pajas». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (21 de octubre de 1916). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto que aprueba el contrato celebrado entre el Honorable Ayuntamiento de La Romana y Alsina y Planas para establecer el suministro eléctrico». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (31 de julio de 1918). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto que autoriza al Ingenio Colón ampliar su vía férrea». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (18 de septiembre de 1918). [Leyes, Decretos, etc.]. «Aprobando una Resolución del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, votada en su sesión del 19 de Agosto de 1918». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (25 de septiembre de 1918). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución del Jefe del Gobierno Militar concediendo exequátur al Sr. Pascual Santoni para que pueda ejercer las funciones de Agente Consular de la República de Haití en la Romana». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (9 de noviembre de 1918). [Leyes, Decretos, etc.]. «Orden Ejecutiva 224 del Gobierno Militar ordenando la construcción del muelle de S.P. de Macorís por la Oficina de Obras Públicas». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (26 de febrero de 1919). [Leyes, Decretos, etc.]. «Orden Ejecutiva No. 259 reglamentando todo lo relativo a entrada y salida de los braceros al país». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (27 de septiembre de 1919). [Leyes, Decretos, etc.]. «Se concede exequátur al señor Max Bellantte como cónsul de Haití en San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (24 de diciembre de 1919). [Leyes, Decretos, etc.]. «Orden Ejecutiva 372 que se relaciona con la entrada en el país de inmigrantes que no sean de la raza caucásica». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (24 de enero de 1920). [Leyes, Decretos, etc.]. «Orden No. 5 de la Secretaría de Agricultura e Inmigración que se relaciona con la entrada en el país de los inmigrantes de la raza de color». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (27 de marzo de 1920). [Leyes, Decretos, etc.]. «Orden Ejecutiva 431 que enmienda el artículo 87 apartado 2 de la Orden Ejecutiva 197 que se refiere a inmigración de braceros». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (10 de abril de 1920). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resoluciones del Gobierno Militar autorizando a The Central Romana Incorporated y The Barahona Company Inc., a construir varios ramales de líneas férreas con sus puentes, desviaderos y estaciones correspondientes». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (20 de junio del 1920). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución del Jefe de Gobierno por las cuales autoriza a The Barahona Company Inc. y Consuelo Sugar Company a ensanchar sus ferrocarriles particulares». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (17 de julio de 1920). [Leyes, Decretos, etc.]. «Orden No. 26 del Departamento de Agricultura e Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (9 de febrero de 1921). [Leyes, Decretos, etc.]. «Concede exequátur al señor Clement Celestin, para que pueda ejercer las funciones de cónsul en SPM con jurisdicción en La Romana». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA, (5 de marzo de 1921). [Leyes, Decretos, etc.]. «Orden No. 55 de la Secretaría de Agricultura e Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (10 de septiembre de 1921). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución de la Secretaría de Estado de Agricultura é Inmigración 76». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (19 de noviembre de 1921). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución del Jefe del Gobierno en la cual autoriza a la Compañía Anónima de Inversión Inmobiliaria a construir un ferrocarril». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (23 de noviembre de 1921). [Leyes, Decretos, etc.]. «Orden de la Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración No. 79». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (8 de abril de 1925). [Leyes, Decretos, etc.]. «Naturalización». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (31 de octubre, 1925). Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración. «Memoria que al Honorable Presidente de la República presenta el Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración». Gaceta Oficial, año LI, núm. 3695. REPÚBLICA DOMINICANA (17 de abril de 1926). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decretos 201, 205, 228». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (1927) [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretosy Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y ejecutivo de la República Dominicana, tomo primero. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1927). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto No. 123 del Congreso Nacional sobre inmigración». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes legislativo y ejecutivo de la República Dominicana, tomo primero. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1927) [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretosy Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y ejecutivo de la República Dominicana, tomo segundo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo.

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REPÚBLICA DOMINICANA (1927). [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo cuarto. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1927). [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo quinto. Imprenta Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1928). [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo sexto. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1928). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto No. 1298 creando Juntas de Fomento». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo sexto. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1928). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto No. 1466 de la C. L. suprimiendo las Juntas de Fomento, creadas por D. del P. E. fecha 6 de Julio de 1874». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo sexto. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1928). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución del C. N. aprobando la concesión otorgada por el P. E. en fecha 13 de marzo de 1888 a los Sres. Montandon Descombes y Cía., fundadores de la colonia de inmigrantes extranjeros “La Evolución”, en terrenos de Sabana de la Mar». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo undécimo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo.

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REPÚBLICA DOMINICANA (25 de agosto de 1928). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 996 que completa la reglamentación destinada a asegurar al Departamento de Inmigración la obtención oportuna de datos referentes al servicio de estadística migratoria». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (6 de octubre de 1928). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1002 y 1003, que autoriza a The Central Romana Inc., a construir con destino al transporte de sus productos y propiedades una prolongación de la línea férrea que tiene en operación». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (7 de noviembre de 1928). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1020 que autoriza al Ingenio Porvenir, C. por A. a que construya una prolongación de la línea férrea que tiene en operación». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA [Ley 1029]. «Ley 1029 Exoneración del pago de los impuestos y derechos a los individuos de nacionalidad extranjera alistados en el Ejército Nacional que soliciten su naturalización». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración. Memoria correspondiente al año 1928, que al ciudadano Presidente de la República presenta el Sr. Rafael A. Espaillat, Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración. Imprenta de J. R. Vda. García, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929) [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la la República Dominicana, tomo séptimo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1837 del G. P. creando en cada común una Junta de artes y oficio». Colección de Leyes, Decretos y

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Resoluciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo séptimo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929) [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto No. 1853. Creando una Junta de Agricultura en cada cabecera de municipio». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo séptimo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Ley 1548]. «Ley No. 1548 sobre la concesión gratuita de los terrenos del Estado». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo séptimo.Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Ley 1780]. «Ley No. 1780 de inmigración». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la la República Dominicana, tomo séptimo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto No. 1939 del P. E. sometiendo ante el Consejo de guerra á los conspiradores».Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo octavo. Imprenta del Listin Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto No. 1975 del P. E. abrogando el de 30 de Mayo de este año sobre conspiradores». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo octavo. Imprenta del Listin Diario, Santo Domingo.

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REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo noveno.Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Ley 2290]. «Ley 2290 que crea en cada común o cantón una Junta de agricultura e industria». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo noveno. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución No. 2666 del C. N. confiriendo al General Ulises Heureaux, Presidente de la República, el título honorífico de “Pacificador de la Patria”. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo décimo.Imprenta del Listin Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la la República Dominicana, tomo undécimo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la la República Dominicana, tomo décimo segundo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución No. 2981 del V. P. de la R., en ejercicio de la Presidencia, concediendo al Sr. F. C. de Castro la exoneración de los derechos de puerto para los buques que dedique al transporte de inmigrantes». Colección de Leyes,

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Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo, tomo decimo segundo. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución 3069 del C. N. disponiendo que los Ayuntamientos de la República, á fin de dar cumplido efecto á la atribución 9° sobre fomento e inmigración del país, de sus rentas generales, con exclusión de las de patentes, separen un 5 %, para atraer la inmigración». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanados de los poderes Legislativo y Ejecutivo, tomo décimo segundo.Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución 3394 del P. E. Autorizando al Sr. Francisco Leonte Vásquez, á establecer una colonia de inmigrantes en los terrenos llamados “San José de Coca”, situados entre la ciudad de Santo Domingo y la de San Pedro de Macorís». Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanandos de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la República Dominicana, tomo décimo tercero. Santo Domingo: Imprenta del Listín Diario. REPÚBLICA DOMINICANA (1929). [Leyes, Decretos, etc.]. Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones emanadas de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la la República Dominicana, tomo décimo tercero. Imprenta del Listín Diario, Santo Domingo. REPÚBLICA DOMINICANA (22 de junio de 1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1163 que concede la incorporación al Centro Recreativo Español, de la Ciudad de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (22 de junio de 1929). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1164 que concede la incorporación

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a la Liga Femenina Protectora de la Infancia de la Ciudad de S.P. Macorís». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (27 de diciembre de 1930). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 72 del Poder Ejecutivo estableciendo que la validez de los permisos de inmigración se contará del 1ro. de enero al 31 de diciembre». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (7 de enero de 1931). [Ley 42]. «Ley 42 que prohíbe el empleo público a los extranjeros, sean administrativos o municipales». Gaceta Oficial, año LVII, núm. 4318. REPÚBLICA DOMINICANA (30 de diciembre de 1931). [Ley 247]. «Ley 247 del 30 de diciembre de 1931 que declara obligatorio la “Cédula Personal de Identidad”». Gaceta Oficial, año LVII, núm. 4424. REPÚBLICA DOMINICANA (3 de febrero de 1932). [Ley 279]. «Ley 279 que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (30 de abril de 1932). [Ley 331]. «Ley 331 del 26 de abril de 1932 que agrega un párrafo al artículo 10 de la Ley No. 247 del 29 de diciembre de 1931». Gaceta Oficial, año LVIII, núm. 44461. REPÚBLICA DOMINICANA (14 de mayo de 1932). [Ley 338]. «Ley 338 del 10 de mayo de 1932 que fija los impuestos que deberán pagar todos los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial, año LVIII, núm. 44465. REPÚBLICA DOMINICANA (23 de noviembre de 1932). [Ley 386]. «Ley 386 del 12 de noviembre de 1932 que exige a toda persona que salga del país para el extranjero

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estar provista de un certificado de salud y vacunación». Gaceta Oficial, año LVIII, núm. 4522. REPÚBLICA DOMINICANA (3 de diciembre de 1932). [Leyes, decretos, etc.]. «Resolución 413 del Congreso Nacional que aprueba la Convención sobre la Condición de los extranjeros». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (21 de diciembre de 1932). [Ley 430]. «Ley 430 ordenando que toda persona que salga del país para el extranjero deberá estar provista de un certificado de su estado de salud y de vacunación, de conformidad con las exigencias de los diferentes Consulados establecidos en el país». Gaceta Oficial, núm. 4532. REPÚBLICA DOMINICANA (15 de marzo de 1933). [Ley 463]. «Ley 463 que modifica la Ley 426 que fija los impuestos que deberán pagar los individuos de nacionalidad extranjera para entrar o residir en la República Dominicana». Gaceta Oficial, año LIX, núm. 4556. REPÚBLICA DOMINICANA (10 de mayo de 1933). [Ley 497]. «Ley 497 del 19 de abril de 1932 que exige a los extranjeros que soliciten su naturalización, enviar junto con su solicitud la suma de $30.00». Gaceta Oficial, año LIX, núm. 4572. REPÚBLICA DOMINICANA (2 de noviembre de 1933). [Ley 597]. «Ley 597 del 31 de octubre de 1933 ordenando que toda persona física o moral, y toda empresa que ejerza en la República actividades comerciales, industriales o agrícolas, estará obligada a colocar dominicanos en proporción no menor de setenta por ciento del personal que utilice». Gaceta Oficial, año LVI, no. 4623. REPÚBLICA DOMINICANA (4 de noviembre de 1933). [Ley 585]. «Ley 585 del 1 de noviembre de 1933 que autoriza a la Secretaría de Estado de lo Interior, Policía, Guerra y

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Marina para poder cancelar el permiso concedido a cualquier individuo de nacionalidad extranjera para entrar o residir en el país, y ordenar su expulsión». Gaceta Oficial, año LIV, núm. 4623. REPÚBLICA DOMINICANA (4 de noviembre de 1933). [Ley 587]. «Ley 587 que fija el impuesto que deberá pagar toda persona física o moral que solicite autorización para fijar su domicilio en la República Dominicana». Gaceta Oficial, año LVI, núm. 4628. REPÚBLICA DOMINICANA (18 de agosto de 1934). [Leyes, Decretos, etc.]. «Ley sobre el pago de jornales, salarios o sueldos, con fichas, valores, etc.». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (18 de agosto de 1934). [Ley 739]. «Ley 739 del 11 de agosto de 1934 de Inmigración». Gaceta Oficial, año LV, núm. 4710. REPÚBLICA DOMINICANA (18 de septiembre de 1934). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1052 del 5 de septiembre de 1934 sobre emisión de sellos de rentas internas para el impuesto de inmigración». Gaceta Oficial, año LV, núm. 4716. REPÚBLICA DOMINICANA (19 de septiembre de 1934). [Leyes, Decretos, etc.]. «Reglamento de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (26 de septiembre, 1934). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1074 designación de los Sres. Dres. Max Henríquez Ureña y Osvaldo Loudet para representar a la República en la Segunda Conferencia de Eugenesia y Homicultura, en Buenos Aires». Gaceta Oficial, año LV, núm. 4720. REPÚBLICA DOMINICANA (16 de febrero de 1935). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1218 del 12 de febrero de 1935 sobre aplicación de la ley sobre Dominicanización del Trabajo». Gaceta Oficial, año LVI, núm. 4766.

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REPÚBLICA DOMINICANA (16 de febrero de 1935). [Ley 837]. «Ley 837 del 12 de febrero de 1935 sobre Dominicanización del trabajo». Gaceta Oficial, año LVI, núm. 4766. REPÚBLICA DOMINICANA (6 de noviembre de 1935). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1427. Permiso a The Central Romana, Inc. Para utilizar braceros extranjeros hasta la proporción de setenta por ciento». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (16 de noviembre de 1935). [Ley 1042]. «Ley 1042 que adiciona al artículo 11 de la ley sobre Cédula Personal de Identidad». Gaceta Oficial, año LVI, núm. 4853 (27 de noviembre de 1935). REPÚBLICA DOMINICANA (7 de diciembre de 1935). [Ley 1050]. «Ley 1050 derogación de la Ley 1042 sobre expedición de cédula personal de identidad a extranjeros». Gaceta Oficial, año LVI, núm. 4856. REPÚBLICA DOMINICANA (25 de diciembre de 1935). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1463 Permiso al Ingenio Cristóbal Colón para utilizar braceros hasta la proporción de setenta por ciento». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (2 de enero de 1936). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1778 Autorización al Ingenio Angelina para utilizar braceros extranjeros hasta la proporción de setenta por ciento». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (15 de enero de 1936). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1457 Permiso al Ingenio Porvenir, C. por A., para utilizar braceros extranjeros hasta la proporción de setenta por ciento». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (4 de abril de 1936). [Ley 1083]. «Ley 1083 Naturalización condicional de inmigrantes». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (24 de octubre de 1936). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1688 Autoriza al Ingenio

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Santa Fe, C. por A. a utilizar braceros extranjeros hasta la proporción de setenta por ciento». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (28 de noviembre de 1936). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1741 Autoriza al Ingenio Porvenir, C. por A. para utilizar braceros extranjeros hasta la proporción de setenta por ciento». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (27 de enero de 1937). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1798 del 20 de enero de 1937 sobre emisión de sellos para inmigración». Gaceta Oficial, año LVIII, núm. 4990. REPÚBLICA DOMINICAN (11 de junio de 1937). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1906 Aplicación a la empresa azucarera Cristóbal Colón, C. por A. del impuesto a las empresas azucareras que proceden al desalojo de masas de agricultores o de familias establecidas en sus terrenos». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (14 de julio de 1937). [Ley 1342]. «Ley 1342 del 10 de julio de 1937 obliga a todo extranjero a inscribirse en un registro a cargo de la Dirección General de Inmigración». Gaceta Oficial, año LVIII, núm. 5048. REPÚBLICA DOMINICANA (14 de julio de 1937). [Ley 1343]. «Ley 1343 Obligación para todos los extranjeros de inscribir sus nombres en un registro a cargo de la Dirección General de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (15 de septiembre de 1937). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1989 Autorización a The Central Romana, Inc., para utilizar braceros extranjeros hasta la proporción de 40 %». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (13 de noviembre de 1937). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 2038 Autorización al Ingenio Santa Fe, C. por A. para utilizar braceros extranjeros hasta la proporción de cuarenta por ciento». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (4 de diciembre de 1937). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 2047 del 13 de noviembre de 1937 de impresión de sellos de inmigración». Gaceta Oficial, año LVIII, núm. 5100. REPÚBLICA DOMINICANA (25 de diciembre de 1937). [Ley 1441]. «Ley 1441 prórroga por seis meses para el plazo que la ley 1343, del 1ro. de julio de 1937, establece para la inscripción de extranjeros en el registro que debe llevarse en la Dirección General de Inmigración, y modificación del artículo dos de la expresada ley». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (26 de octubre de 1938). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 63 Autorización al Central Romana, Inc., para emplear braceros extranjeros». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (3 de diciembre de 1938). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 87 Autorización al ingenio Porvenir, C. por A. para emplear braceros extranjeros». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (28 de diciembre de 1938). [Ley 48]. «Ley 48 Modificación al artículo 11 de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (28 de diciembre de 1938). [Ley 51]. «Ley 51 del 23 de diciembre de 1938 de Dominicanización del trabajo». Gaceta Oficial, año LIX, núm. 5258. REPÚBLICA DOMINICANA (11 de marzo de 1939). [Ley 85]. «Ley 85 Admisión en el país de personas de la raza semítica». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (17 de abril de 1939). [Ley 95]. «Ley 95 de Inmigración del 14 de abril de 1939». Gaceta Oficial, año LX, núm. 5299.

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REPÚBLICA DOMINICANA (9 de mayo de 1939). [Ley 105]. «Ley 105 del 5 de mayo de 1939 que restablece en toda su fuerza y vigor de la Ley 1343, del 10 de julio, 1937, relativa a la inscripción de extranjeros». Gaceta Oficial, año LX, núm. 5308. REPÚBLICA DOMINICANA (28 de febrero de 1940). [Ley 220]. «Ley 220 Exención del pago de impuesto a las personas físicas o morales autorizadas para fomentar la inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (28 de febrero de 1940). [Ley 223]. «Ley 223 sobre pago de los jornales y salarios por las Empresas Agrícolas». Gaceta Oficial, año LXI, núm. 5420. REPÚBLICA DOMINICANA (6 de marzo de 1940). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 579 impresiones de sellos de inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (29 de junio de 1942). [Leyes, Decretos, etc.]. «Ley que establece un recargo de 10 % sobre el valor de los billetes de pasajes para el exterior». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (24 de abril de 1943). [Ley 263]. «Ley 263 que pone a cargo de la Policía Nacional el registro de extranjeros (Modifica el artículo 4 de la Ley 1343)». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (10 de agosto de 1943). [Ley 354]. «Ley 354 que modifica un apartado del artículo 3 de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (11 de agosto de 1943). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1316 que modifica el Reglamento de Inmigración en lo relativo a estadía temporal de extranjeros». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (26 de agosto de 1943). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1293 que concede la incorporación de la Resp. Logia Industrial». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (19 de enero de 1944). [Ley 485]. «Ley 485 que modifica el artículo 19 del código civil. (Nacionalidad de la mujer dominicana casada con extranjero)». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (10 de febrero de 1944). [Ley 496]. «Ley 496 que modifica el apartado e) del artículo 9 de la Ley de Inmigración, estableciendo una escala para el pago de la renovación de los permisos de residencia». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (26 de febrero de 1944). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1733 que autoriza una emisión de sellos para la aplicación de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (22 de abril de 1944). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 1856, que autoriza el acceso a los Registros Centrales de la Cédula Personal de Identidad al funcionario encargado de Registro de Extranjeros». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (1945). Comisión para el Estudio del Informe de la Brookings Institution sobre la Colonización de Refugiados en la República Dominicana. Capacidad de la República Dominicana para absorber refugiados. Dictamen de la Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo. Editora Montalvo, Ciudad Trujillo. REPÚBLICA DOMINICANA (16 de mayo de 1945). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 2546, que concede la incorporación a la sociedad de socorro mutuo “Consuelo”, Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial, año LXVI, núm. 6256. REPÚBLICA DOMINICANA (13 de septiembre de 1945). [Ley 990]. «Ley 990 sobre cédula personal de identidad». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (22 de diciembre de 1945). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 3213 que crea e integra el comité Nacional Pro Inmigración Hebrea». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (18 de enero de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 3286 que aprueba la tarifa de salarios mínimos para los trabajadores del muelle y del puerto de La Romana». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (19 de enero de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 3291 que aprueba la tarifa de salario mínimo para los trabajadores ferrocarrileros del Ingenio de La Romana». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (23 de enero de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 3295 que aprueba la tarifa de salario mínimo para los trabajadores mecánicos del Ingenio de La Romana». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (25 de enero de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 3183 que reforma nuevamente el inciso 2 de la sección 11 del Reglamento de Inmigración 279». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (30 de enero de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 3313 que aprueba la tarifa de Salarios Mínimo para los trabajadores de factoría del Ingenio de La Romana». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (2 de marzo de 1946). [Ley 1123]. «Ley 1123 que modifica varios artículos de la Ley 1024, sobre salario mínimo, del 18 de octubre de 1945». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (10 de abril de 1946). [Ley 1144]. «Ley 1144, que refunde en un solo y modifica a la vez los artículos 1 y 2 de la Ley 508, de julio 25 de 1941, sobre escala de impuestos para la obtención de la naturalización dominicana». Gaceta Oficial.

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REPÚBLICA DOMINICANA (4 de mayo de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución 194 del Comité Nacional para regular los salarios que fija y reglamenta el salario mínimo que debe pagarse a los trabajadores de los Ingenios Consuelo, Quisqueya y las Pajas de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (13 de julio de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Resolución 17/46 que fija la tarifa de salario mínimo, que trabajan día, semana o mes del Ingenio Porvenir en San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (15 de agosto de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 3680 que concede incorporación a la sociedad Benévola Santa Fé, de San Pedro de Macorís». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (30 de agosto de 1946). [Ley 1235]. «Ley 1235 que agrega un nuevo párrafo al artículo 1ro. De la Ley que modificó la de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (26 de octubre de 1946). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 3873 que agrega un acápite a la sección 13 del Reglamento de Inmigración 279». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (16 de julio de 1947). [Ley 1475]. «Ley 1475 que agrega un párrafo al apartado e) del artículo 9 de la Ley de Inmigración 95». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (6 de marzo de 1948). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto 4966 que autoriza la impresión de sellos para la aplicación de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (17 de marzo de 1948). [Ley 1665]. «Ley 1665 que modifica el artículo 17 de la Ley de Inmigración 95». Gaceta Oficial.

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana

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REPÚBLICA DOMINICANA (8 de noviembre de 1948). [Ley 1831]. «Ley 1831 que modifica el artículo 5 de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (26 de enero de 1949). [Ley 1910]. «Ley 1910 que amplía el artículo 7 de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (12 de abril de 1949). [Ley 1973]. «Ley 1973 sobre servicios extra de los Inspectores de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (3 de diciembre de 1949). [Leyes, Decretos, etc.]. «Ordenanza 19. El Ayuntamiento de la común de La Romana». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (24 de julio de 1950). [Ley 2455]. «Ley 2455, que vincula al Procurador General de la República en la aplicación de la Ley de Inmigración». Gaceta Oficial. REPÚBLICA DOMINICANA (1955). Secretaría de Estado de Trabajo y Economía. Dirección General del Servicio Nacional de Pesas y Medidas. Tablas oficiales, Dirección General del Servicio Nacional de Pesas y Medidas. Santo Domingo: Ciudad Trujillo. REPÚBLICA DOMINICANA (27 de abril de 1967). [Leyes, Decretos, etc.]. «Decreto urgente». El Monitor. núm. 86. REPÚBLICA DOMINICANA (1975). Primer censo nacional de la República Dominicana, 1920. 2.a Ed. Editora de la UASD, Santo Domingo. Secretaría de Estado de Agricultura. 1918-1920. Secretaría de Estado de Agricultura. 1918-1921. Secretaría de Estado de Agricultura. 1919-1923. Caja 2. No. 601555. Solicitud de patentes comerciales. Ayuntamiento de La Romana.

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Entrevistas Entrevista con Sidney Allen en su casa de La Romana, 27 de marzo de 2014. Entrevista con el ingeniero Virgilio Calderón, en la oficina de la Logia Experiencia, núm. 8,7674 Inc., en San Pedro de Macorís, 18 de junio de 2014. Entrevista con Maud Anthony en su casa de La Romana, 16 de diciembre de 2014. Entrevista con Ruth Andrew de Melo en la oficina del Colegio Episcopal de La Romana el 17 de diciembre de 2014. Entrevista con Jean Etiene Lewest en su casa de La Romana el 8 de agosto de 2015. Entrevista con Telesforo Alexander Isaac Francis, obispo emérito de la Iglesia Episcopal Anglicana, en su residencia, Santo Domingo, el 11 de septiembre de 2017.

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ÍNDICE ONOMÁSTICO

A Abad, J. R. 98, 246, 306, 307, 311, 495 Abbott, Agustin 72 Abbott, Elizabeth 55 Acevedo, A. 290 Acevedo, Octavio A. 284 Acosta, Julio 284 Agulhon, M. 389, 404, 495 Albert Batista, Celsa 84, 235, 507 Albert, Charles 84 Alfau del Valle, Vetilio 21, 22 Alfau Durán, V. 256, 259, 317, 488, 495 Alfonseca, Juan Bautista 192 Allen, Sidney 119, 120, 209, 229, 288, 321, 326, 410, 494 Allen, William 398 Almoina, José 194 Almonte, B. 197, 201 Alonso, Martín 117, 495 Álvarez Aybar, Ambrosio 194 Álvarez, Domingo 292, 367 Álvarez Leal, F. 109, 495 Álvarez Nazario, Manuel 117, 495 Álvarez Perelló, J. de Js. 495 Amechazurra, Juan 185, 301, 302 Anderson, Christine 16 Andrew de Melo, Ruth 289, 404, 410, 494

Andrews 345 Angulo Guridi, Alejandro 201, 495 Anthony, Maud 226, 494 Appleton, Jaime 119 Aracena, S. 496 Araquistain 259, 507 Arce Medina, Juan 194 Astwood, Henry C. C. 391 B Bacigalupo, Kathia Hanza 17 Báez, Buenaventura 96, 98, 102, 104, 105, 137, 304 Báez Evertsz, Franc 28, 99, 100, 176, 496 Báez, Mauricio 286, 343, 489 Balaguer, Joaquín 298, 299, 496 Balcácer, J. D. 203, 300, 496 Bambirra, Vania 101, 496 Basden, Osvald T. 401, 429 Bass, Alexander 25, 111 Bass, William L. 25, 26, 27, 111, 184, 185, 277, 289, 312, 313, 376, 426, 489, 496 Baud, M. 110, 496 Bayer, O. 200, 496 Beaconsfield 83 Bean, Henry L. 148

521

522 Beer, Archibal Henry 208, 222, 223, 327, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 375, 377, 400, 401, 402, 442 Beer, Elsie 208 Beer, Kenneth 208 Bellande, Max 128 Benians, E. A. 83, 86, 498 Benjamín, William 282 Bermúdez, Luis A. 187 Bernar 494 Bernard, L. 96, 512 Berroa, B. 241 Bevin, Ernest 350, 351, 353 Bickham Sweet-Escott 460 Billini 140, 199, 496, 497 Billini, Ángela P. de 189 Billini, Francisco Gregorio 139, 190, 195, 196, 197, 201, 202, 237 Billini, Hipólito 177, 178, 244, 497 Billini Vda. Aristy, Guadalupe 189 Blackman, Courtney N. 82, 85, 497 Blanco Díaz, Andrés 140, 497 Blandino, Enrique A. 151 Bloise, John A. D. 398 Bobadilla, Emilio 289 Bobea, Pedro A. 154, 155 Boin, J. 100, 102, 257, 497 Boivin, M. 498 Bonaparte, Napoleón 230 Bonaparte, Thomas Fitzhugh Morenga 208 Bonetti, M. 100, 498 Bonito, Justo Cuño 16 Bonó 291, 309, 310 Booth, Charles 59 Botello, Ulises 406 Bouchet, Gaetano 314 Boyer, Jean Pierre 234 Brabrooh, Edward W. 392 Brache hijo, Elías 326, 356 Brache, L. P. 144 Brayan 319 Brea, Antonio 180

Rafael Jarvis Luis Brewer 373 Brook 77 Broon, Tom 217, 359 Bruce, Charles 61, 83, 498 Brugal, Francisco 314 Bruton, W. E. 92 Bryan, Patrick 115, 214, 215, 230, 287, 345, 498 Bucher, Gaetán 25 Bulmer-Thomas, V. 47, 64, 65, 349, 498 Bunge, Mario 34, 498 Burgos, Federico 254 Burke, Peter 387, 498 Burton, Charles 393 Butler, James R. M. 83, 86, 498 Butler, William J. 338 Byas, Alberto 119, 120, 338, 401, 402, 489 Byas, Susana 119, 498 C Cabral, Manuel del 122 Cabral y Luna, José María 104, 105, 135 Cáceres, Ramón 125, 127, 161, 314 Caines, Alfredo 406 Caines Thomas 399 Caines, Timothy 295 Calcaño, Francisco 151 Calderón 396 Calderón Martínez, R. 307, 308, 310, 499 Calderón, Virgilio 494 Calvo, Raylin 17 Cambell Wright, H. 332, 359, 436, 437 Campo, J. 151 Camps Jiménez, Miguel de 16 Canevaro, Armando 156 Capdevila, L. 163, 215, 499 Cardoso, Fernando Henrique 101, 499 Car, J. T. 338

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana Carrasco Martínez, A. 404, 499 Carreño, N. 100, 499 Carrington, C. E. 83 Carump, Charles 393 Casas Sandoval, F. 499 Cassá, Roberto 22, 31, 100, 197, 201, 312, 321, 322, 327, 330, 339, 343, 499, 500 Castillo, Enrique 418 Castillo, José del 25 Castillo Pichardo, José del 124, 127, 129, 212, 302, 327, 500 Castillo, Ramón 151, 152, 238, 241, 245 Castro, A. 500 Castro, Francisco D. 144, 243 Cayuela, J. G. 133, 512 Celestin, Clement 128 Céspedes, Eustaquio 340, 341, 342 Chailloux Laffita, Graciela 118, 500 Chapman Quevedo, W. A. 389, 390, 501 Charles, James 223, 282 Charles, Leonel 406 Christophers, Herbert 191 Claypole, W. 46, 501 Clement, James 399 Codrington, John 42 Cohen, L. 254, 320, 489 Cohen, Robín 48, 501 Concepción, Mario de la 283, 490 Cooks, Jaime 338 Cordero Michel, Emilio 15, 30 Cordero Michel, José R. 131, 174, 501 Cordero, Walter 124, 500 Cordero y Bidó, Teófilo 153, 189 Corso, Rafael 314 Cowley 42 Crane, R. F. 501 Crespo Solana, A. 47, 498 Cristo 411 Cruz Ayala, Herman 194 Cuello, Federico 17

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Cunliffe-Lister, Philip 446, 456 Curiel, Salomón 180 D Daniel, Hames O. 393 Dasent, William 223 Davis, Josefina 16 Davis, Peter John 16 Deerr, N. 47, 48, 501 Delgado, Joaquín M. 301, 302 Delgado, Martín 182 Deschamps, Eugenio 197, 201, 249, 254, 501 Díaz Camilo, Alejandro 293 Díaz, Eugenio 406, 430 Díaz, Rafael 192 Disraeli, Benjamín 83 D. M. 179 Dogharte, Arten 393 Dollot, L. 501 Domingue, Michael 104 Domínguez Charro, Francisco 122 Domínguez, Jaime de Jesús 101, 113, 502 Donahue, Lilian 418 Donastorg, Tarquino 122, 296, 502 Donghi, T. H. 502 Driaze, R. 280 Ducoudray, F. S. 400, 502 Dugmerny, Joseph 393 Dumois, Enrique 182, 183, 253, 257 Durán, Rafael Darío 122, 297, 502 Dyde, B. 46, 49, 53, 61, 502 E Eavios, Henry 393 Eden, Anthony 344 Eisenstadt, S. N. 415, 416, 502 Elders, William A. 164, 294, 295, 324, 325, 357, 373, 375, 379, 434 Engels, F. 44, 510 Engo, J. 155 Espada Marrero, José 399, 411 Espaillat, Rafael A. 214, 291, 292

524 Espaillat, Ulises Francisco 113, 114, 138, 139, 194, 195, 196, 502 Estay, José 152, 153 Estévez Rivero, S. 502 Estrella Ureña, Rafael 360 Evan, James 393 F Fahie, Augusta 295 Faletto, Enzo 101, 499 Faulkner 399 Febles, Miguel 238 Feliú, Vicente 187 Feliz, A. 502 Fernández, A. 503 Fernández de Castro, Juan 302 Fernández y González, Manuel 248, 258, 259, 503 Ferreira, Bartolomé 236 Ferry, Teófilo 250 Figuereo, Wenceslao 122, 123, 141, 146, 147, 148, 183, 184, 187 Fisher, Godfren A. 280, 281 Flores Collazo, M. M. 46, 503 Flores, Rosario 17 Fontana, Josep 35, 503 Font, M. 133, 512 Foster, Edward B. 398 Fowle, Samuel A. 148 Fox, W. L. 375 Frances, Charles E. 393 Francis, James 406 Francis, Robert 223, 333, 439, 440 Francis, William Henry 451, 452 Franck, Harry A. 331, 503 Franklin, J. H. 332, 444 Frelinghuysen, F. J. 112 Frías, F. 503 Frías Gálvez, Antonio 122 Friedheim, Ehiers 187 Friedheim, Hugo 185, 186 Friedländer, H. 124, 503 Fuentes, Aníbal 406 Fuentes, Diego 406

Rafael Jarvis Luis Fuller, B. H. 129, 161 Furtado, Celso 101, 503 G Gallego, J. A. 503 Gallienne, W. H. 164, 332, 358, 359, 435, 442 Galván, Delfín 180 Galván, M. de J. 112 García, Alejandro 30, 96, 133, 342, 512, 520 García Arévalo, Manuel A. 16 García Dikson, Julio Aníbal (Blanquita) 343 García, Dionisio 152, 240 García, J. G. 105, 504 García, José Francisco 106 García Lluberes, A. 250, 504 García Muñiz, Humberto 21, 27, 29, 31, 118, 119, 205, 206, 286, 316, 330, 335, 338, 504 García, Telésforo 294 Garden, Peter 223 Garrido, Juan 236, 373 Garvey, Marcus Mosiah 40, 335, 336, 339, 400, 401, 427, 507 Gautier de Vidal, Octavia 189 Gautier, M. M. 144, 242 Geffrard, Fabre 104 George, Ernest 393 Georg, G. H. 355, 356 Geraldino, Laura H. viuda 248 Gibbs, Adolphus 223 Gibbs, George G. 393 Gibbs, Joseph 393 Ginsberg, S. R. 375 Giovannetti, J. L. 335, 338, 504 Giovannetti Torres, Jorge L. 21, 23 Gobineau, Conde de 276, 298, 501 Godfrey, Everett D. 148 Goldie, R. G. 360, 363, 366, 368 Gómez, Adalgisa 18 Gómez, L. 100, 504 Gómez, regidor 210

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana González Bernaldo de Quirós, P. 389, 404, 504 González Casanova, P. 308, 499 González, F. Colom 97, 511 González, Ignacio María 104, 105, 106, 135, 136, 303, 421 González, R. 113, 504 González-Ripoll, M. D. 47, 498 González Tejera, Natalia 17 Gordon, Milton 416, 417, 504 Gosling, H. H. 320 Grant, Ulysses 304 Gray, Kenneth 336, 400, 401, 402 Greey, Paul Emilius 393 Grenni, Héctor 17 Griffin, Ciryl 294 Griffin, Cyril (Ver Griffin, Ciryl) 293 Griffin, María 371, 427 Griffin, Marie Germonine (Ver Griffin, María) 293, 294 Gros, R. A. 180 Grullón, Eliseo 141, 235 Gudgeon, Stanley 351, 353 Guerra, Arturo 285 Guerra, Ramiro 64, 136, 505 Guerrero, C. 99 Guerrero, José G. 118, 505 Guerrero Mosquera, Andrea 17 Guerrero Sánchez, José 23 Guha, Ranahit 35, 36, 503, 505 Guillermo, Cesáreo 139, 197 Gumbs, Albert 393 Gumst, William E. 393 Gutiérrez, Gumersindo 406 H Haddnal, John 52 Hake 52, 53 Hall, D. 42, 505 Halley, J. N. 338 Hall, J. N. 338 Halperin Donghi, T. 503 Harri 345, 346, 347, 348, 349

525

Harris, Van Allen 257 Hazard, Samuel 98, 460, 505 Hemingway, Ernest 297 Henderson, Arthur 356 Heneage, Charles 52, 53 Hennessy, Williams T. 350, 375, 376 Henríquez, Enrique 180 Henríquez, Ildefonso 180 Henríquez Ureña, Max 293, 363, 364 Henríquez Ureña, P. 505 Henry, Charles E. 338 Henry de Brossard, Archibald 418 Henry, William Douglas (Jacobo) 328, 355, 356 Hernández Figueroa, A. R. 313, 505 Hernández, J. 505 Hernández, T. 505 Hernández, Teófilo 219 Herrera, C. A. 129, 505, 506 Herrera Carassou, R. 33, 506 Herrera, Ruth 354 Heureaux, Ulises 110, 111, 112, 113, 123, 125, 126, 128, 140, 141, 147, 150, 156, 188, 191, 251, 253, 414, 423, 507 Hill, Robert 21 Hitler [Adolf] 171 Hobsbawm, Eric 34, 506 Hodge, George 399 Hoetink, H. 119, 506 Hollis, K. C. 219 Hoofe, Charles H. 332, 444 Hostos, E. M. 198, 309, 318, 506 Huerta Sanabria, Milagros 18 Huffington, F. C. 187 Hughes, Rafael 393 Humpany, H. 73 Hungría Morel, R. 506 I Inks, Joseph 393 Inman, Samuel Guy 244, 248, 259, 399, 506, 507

526 Inoa, Orlando 215, 301, 302, 327, 328, 506 Insanally, Annete 23 Irish, James 223 Isaac, Benjamín 398 Isaac Francis, Telesforo Alexander 494 Isaac, George 223 J Jacob Descombes, Enrique 179, 180 Jacob Descombes, Juan Bernardo 179, 180 Jacob, Joseph 223 Jakson, Tomás 319 James Rawlings, Norberto 21, 28, 122, 506 Jarvis Joseph, Rafael 335, 338, 405, 406, 507 Jarvis Luis, Fello 18 Jarvis Luis, Rafael 21, 22, 28, 29, 30, 120, 147, 209, 226, 229, 235, 288, 289, 316, 319, 321, 343, 500, 507 Jarvis Luis, Ramón 18 Jarvis, Samuel 124 Jeffers, Melvin 217, 359 Jeffrs, Joseph 393 Jimenes, Juan Isidro 311 Jiménez, M. J. 144 Jiménez, Olga 16 Johnson, G. C. 88 Johnston, H. J. M. 78, 231, 507 Jones, Alberto 23 Jones, Edward 399 Jones, Thomas 337 Jorge, rey 332, 443 Jorge V 448 Julia, J. J. 259, 507 Julien, L. 107, 142, 197 K Kanne 320 Kelly, D. V. 456 Kenny, Wors 320

Rafael Jarvis Luis Kent, Charles 223 Khoury Ramírez, M. del C. 519 Kilbourne, E. I. 367, 375 Kinght, M. 124, 507 Kirtinince, Joseph 393 Klock, E. L. 226, 375 Knapp, H. S. 128 Kunhardt, Eugenio 285, 286, 330, 331, 332, 342 L Lacoste, Y. 99, 507 Lake, Charles 331 Lamarche García, Manuel 159 Lamar, Enrique 301 León, Lea M. de 189 León, Reri M. 180 Le Riverend, J. 507 Lesseps, Ferdinand de 112 Levine, B. 68, 509 Lèvi-Strauss, C. 299, 507 Lewest, Jean Etiene 209, 319, 320, 494 Lewis, Daniel 394 Linares, M. 100, 507 Liverpool 77 Livingstone, Grace 17 Lluberes, Manuel de Jesús 252 Lluberes Navarro, A. 114, 115, 507 Lluberes, Pedro A. 253 Lockhart, K. S. 323 Lockward, George A. 336, 397, 398, 399, 400, 508 Logroño, Álvaro 246 Logroño, Arturo 325, 373 López, José Ramón 26, 178, 195, 203, 247, 248, 278, 300, 329, 491, 508 López Nieves, Luis 24 López-Penha, Haim H. 194 López Romero, Paulo César 17 Lorans, Samuel 217, 359 Lora, Quisqueya 17 Loudet, Osvaldo 293

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana Lowes, Susan 63, 508 Loynaz, Carlos F. 178, 301, 302 Lozano, Wilfredo 31 Lucaciu, E. 192 Lucas, Selvin 399 Luis Emilio, Herman 285 Lupe, La 297 Luperón, Gregorio 104, 105, 106, 109, 111, 139, 199 M Macfie 86 Maesey, R. D. 350, 351 Magnus, M. 61, 508 Mahan, A. T. 80, 508 Malaret, A. 509 Maldonado, José 242 Malthus, T. Robert 78, 231, 509 Mansfield, Juan B. 187 Marchena Fernández, Juan 15 Marín, Pedro 253 Marrero Aristy, Ramón 121, 321, 509 Marriott, John 81, 509 Marshall, Dawn 68, 82, 509 Marshall, P. J. 65, 509 Marte, Roberto 98, 110, 302, 509, 513, 517 Martín Casares, A. 46, 503 Martín Díaz, Emma 409, 410, 412, 413, 416, 509 Martínez, Héctor Luis 311, 317, 318, 510 Martínez, Valentín 217, 359 Martínez-Vergne, Teresita 118, 235, 287, 288, 327, 328, 428, 510 Marx, Karl 44, 510 Mateo, Andrés L. 297, 299, 510 McGuire, George Alexander 401, 429 Medrano Despradel, J. M. 95 Mejía, Félix E. 180 Mejía, J. T. 107, 141, 142, 143, 189, 190, 276

527

Mellor, Santiago W. 186, 187, 302 Merewether, E. M. 510 Meriño, Fernando Arturo de 108, 125, 141, 241, 242, 251, 510 Merrill, Gordon C. 60, 90 Meyers, Emile 393 Mieses, José 180 Mills, Tobat 217, 359 Mintz, S. W. 137, 510 Miura Andrade, José María 16 Moisés 196 Molina, J. M. 144 Moliner, M. 510 Monción, Benito 147 Montandon, C. A. 179, 180 Montedeoca, Francisco 151 Monte, Domingo del 310 Montes de Oca, E. 190 Moore, George Enoch 398 Moore, Harrce 393 Morales Languasco, Carlos 157, 160, 192, 243, 313 Morales, Mercedes 17 Morel, Juan Bautista 250, 251 Morillo, Andrés 17 Morouse, Félix 217, 359 Morrell, W. P. 49, 81, 510 Moscoso Puello, Francisco E. 121, 230, 510 Mota Acosta, Julio César 122, 338, 387, 389, 397, 510 Mota, Oscar 17 Moya, Casimiro N. de 147 Moya, José 387 Moya Pons, Frank 15, 98, 125, 511 N Nadal Walcot, Adolfo 26 Nanita, Abelardo 180 Naranjo Orovio, Consuelo 18, 22, 48, 96, 133, 134, 160, 404, 511, 512, 513 Nazario, Álvaro 117 Negal, Nathaniel 217, 359

528 Newson, Linda 16 Nisbet, R. 103, 133, 513 Ntsame Ondo, Daly 17 Núñez Cedeño, Rafael 118, 120, 492 O Ogden, Peter 391 Olwig, Karen Fog 63 O’Neal, Ezekiel 393 Opatrný, J. 133, 511 Orbe, Justino José del 343 Orcell, Gaston 393 Orrego, F. 133, 514 Ortega Frier, Julio 375 Ortiz, Daniel D. 151 P Padilla D’Onis, Luis de 341, 342, 513 Pagani, Micaela L. de 189 Palés Matos, Luis 24 Palomino, Ricardo 110, 513 Pastor, Robert A. 85, 497 Patel, D. 51, 513 Paterson, A. S. 294, 326, 344, 380, 381 Patín Maceo, Manuel A. 116, 117, 513 Paulino, Ismael 339 Payán Núñez, Heriberto 253, 513 Pelúcia, Alexandra 17 Pemberton, John 223 Pemberton, Thomas 223 Penney, Alexander 393 Pennyfeather, O. R. 391, 513 Pension, William 223 Penson, César Nicolás 180 Peña, A. 391, 401, 492 Peña, Ángela 119 Peña Batlle, Manuel Arturo 298, 375, 513 Peña, Manuel de 176 Percival, William 223 Perea-Gohar, Carmen 16

Rafael Jarvis Luis Perea-Gohar, Ramses 16 Pereira, Isidoro 180 Pereyra, Dinorah 18 Pereyra Rondón, Pedro 18 Pérez, A. 151 Pérez, Alegría 16 Pérez, Andrés 180 Pérez, Pedro A. 153, 241 Pérez, Ramona P. de 189 Pérez Sánchez 410 Pérez Tostado, I. 513 Petinnà, Vanni 133, 160, 404, 512 Peynado, Francisco J. 300, 514 Peynado, Jacinto B. 169, 171, 355, 380, 381 Phillips, D. E. 335, 336, 337, 338, 402, 403, 429 Phipps, hermanos 365 Pichardo, B. 282, 355 Pichardo, V. 243 Pierce, Edward 393 Pilgrim, Isaac 393 Pimentel, Pedro Antonio 104, 105 Pina Chevalier, Plinio B. 194 Piña, Félix María 393 Pion Valleverdu, Arturo E. (Samuel) 253, 513 Piqueras, J. A. 511, 512 Piqueras, José A. 23 Platt, Tristán 16 Poblete, J. 390 Podmore, W. 82, 514 Ponce de León, Santiago 180, 196, 492 Pou Pimentel, Carlos 180 Pozo, M. del J. 330, 514 Prats, Francisco 180 Puig-Samper, M. A. 133, 514, 516 Pyle, Douglas C. 91, 514 Q Quezada, Héctor Porfirio (Negrita) 343 Quinn, Wilmert 393

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana Quintero Rivera, Ángel 24 Quiroz, A. 133, 512 R Ramos Mattei, Andrés 303, 514 Ravenstein, E. G. 33, 514 Read, Bonifacio 241 Requena, Andrés Francisco 122, 319, 411, 514 Rey, Carter 89, 208, 209, 211 Reyes, Federico de Jesús 293 Reyes, Pablo 147 Reyes, Ramón 314 Ricart, Luis J. 254 Ricart, Miguel 355 Richardson, Alberto 217, 359 Richardson, B. C. 50, 54, 67, 85, 515 Richardson, Hipolit 393 Richiez Acevedo, F. 515 Richiez Docoudray, Francisco 253, 254 Ridgway Jr., C. D. 375 R. M. 367, 368 Robert, James 223 Robert, Jeffers 223 Robottom, J. 46, 501 Rocha, Julián de la 180 Rodgers, John 282 Rodney, Walter 23 Rodríguez, Aralis 17 Rodríguez Braun, C. 79, 517 Rodríguez, C. A. 112, 515 Rodríguez Demorizi, Emilio 98, 189, 195, 198, 199, 250, 304, 309, 310, 318, 501, 506, 515, 517 Rodríguez Jiménez, J. C. 100, 516 Rodríguez Objío, Mariano 148, 149 Rojas, T. 135, 516 Romney Carty, Arthur 92, 208 Roque, José R. 180 Rosa, Antonio de la 105, 516 Rosario, Reina 400, 516 Rosas, Claudia 17 Ros, Salvador E. 29

529

Round, Robert 216, 337 Roxburgh, T. Laurence 89 Royals, John 217, 359 Rubio Durán, Francisco Antonio 16 Rubirosa (hijo), Pedro María 280 Ruiz, R. 133, 514, 516 Russell, Adolph 393 Rust, Herbert B. 243 S Sallidds, Saverin 393 Sánchez Alonso, B. 516 Sánchez, Eladio 211 Sánchez i Sánchez, Carlos 298, 299, 516 Sánchez, José G. 23 Sánchez, Juan J. 85, 302, 305, 516 Sánchez, Julio 164, 357 Sánchez Ramírez, J. 249, 516 Sang Ben, Mu Kien Adriana 15, 111, 517 San Miguel, Pedro 114, 118, 516 Santamaría, A. 96, 512, 513 Santamaría García, A. 48, 511 Santana, Maritza 18 Santana, Pedro 95, 102, 105 Santana, Rafael 250, 251 Santoni, Juan Martín 186, 187, 314 Santoni, Pascual 128 Santos, Bienvenido 406 Santos, Emilio de los 406 Santos, Roque 18 Sarbín, Andrés 409 Sardá de Pellerano, Juana 189 Sarmiento, D. F. 517 Saymaker 223 Scarff, James C. 366, 375 Schomburgk, Robert Hermann 96, 250, 517 Scudrigne, Huberrt 393 Serbin, A. 409, 517 Serrallés, Jorge Juan 303 Serulle Ramia, J. 100, 102, 257, 497 Sheen, Henry 393

530 Shennerrey, William 393 Show, Thomas 253 Silfa, Lucas 313 Silva, A. D. 332, 446, 447, 448 Simon, John 166, 167, 361, 373, 456 Sini, Juan 418 Sinning, Edgar Rey 17 Slater, Mary 43 Slaymaker, H. E. 216, 221, 222, 369, 371 Smith, Adam 78, 79, 101, 517 Smith, Emmanuel 282 Smith, James Alexander 294, 295, 296, 371, 379, 427 Snowden, Thomas 128, 130, 161, 162, 214 Soler, Antonio F. 187 Sosvilla y González, Andrés 140 Stanley, Adolfanfo 297 Stanley, Avelino 18, 121, 517 Stanley Capellán, Josua 297 Stanley, Josef 217, 359 Stuart, Robert 109, 110, 517 Sweaney, W. D. 351 T Tavares, Aurelio de J. 176 Tejera Bonetti, E. 158 Tejera, Emiliano 283, 517 Thadous, Teófilo 217, 359 Thomas, Andrew S. 393 Thomas, Frank 393 Thomas, James 393 Thomasset, Henri 132, 142, 145, 146, 198, 199, 518 Todman 332, 444 Tolentino Dipp, H. 109, 518 Tolentino Rojas, V. 518 Torres Pérez, F. 389, 518 Troncoso de La Concha, M. L. de J. Manuel 193 Troncoso Sánchez, Jesús María 194, 375

Rafael Jarvis Luis Troncoso T., Manuel de J. 243 Trujillo Molina, Rafael L. 22, 28, 130, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 194, 215, 217, 218, 224, 225, 227, 292, 295, 332, 339, 341, 359, 360, 363, 364, 367, 372, 378, 396, 424, 518 U Ugarte 259, 507 Uribe, J. A. 133, 514 Utrera, C. de 249, 516 V Van Grieken, Jorge 406 Van Grieken, León N. 406 Van Kamper, H. 254 Vasconcelos, José 259, 507 Vásquez, Francisco Leonte 158, 188 Vásquez, Horacio 163, 164, 193, 203, 214, 248, 260, 291, 333, 357 Vásquez Monge, E. 518 Vásquez, Soraida 18 Vega Boyrie, Bernardo 15, 16, 199, 244, 331, 343, 348, 506, 518 Vega Boyrie, Wenceslao 112, 518 Velenciano, Bolo 295 Vélez Canelo, R. 100, 516 Venegas, Emilio V. 375 Verney, Harry 86 Vibert, M. E. 351 Vicini Burgos, Juan Bautista 162, 214 Vicini, los 27 Vicioso Polanco, Ángel 285 Victoria, Eladio 127, 128, 129, 131, 160 Vidal, Luis F. 127, 202, 292, 373, 375, 518 Villalona Sosa, O. 519 Villalona, Teany 17 Vorlak, Joseph 332, 444

Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana W Warfield, R. M. 213 Watts, David 387, 519 Watts, Francis 63, 68, 519 Webb, Alexander 393 Webster, C. K. 519 Weinberg, G. 103, 133, 519 Wesslau 52, 53 Wheaton, P. E. 335, 336, 337, 391, 397, 399, 400, 401, 403, 519 Wheeler, Benjamin 208 White 42 Whitney, Robert 118, 500 Williams, Charles 223 Williams, Elias 61, 79, 393, 519 Wilson 320 Wilson, Benjamín L. 398 Winter, Eduardo 243 Wipfler, William 398, 411, 519

531

Wolf Abrams, Edward 251 Woodward, E. L. 51, 59, 519 Wos y Gil, Alejandro 183 Wyllie, William 337, 398, 399, 400, 401 Y Yankelevich, P. 133, 512 Yeo, S. 389, 520 Young, Benjamín 331 Z Zacek, N. 520 Zafra, Juan Bautista 134 Zamudio, G. 133, 516 Zanetti, Oscar 30, 342, 520 Zapata, Juan 26 Zetterlaund, Oloff 252, 253 Zimmer, B. G. 415, 520

Esta primera edición de Inmigrantes de las Antillas británicas en la República Dominicana: Cocolos en San Pedro de Macorís y La Romana se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editora FR Multiservicios, SRL, Santo Domingo, República Dominicana, en el mes de octubre de 2024.