Cristián Araya Berroeta cristian.araya@induambiente.cl
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ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS
PLÁSTICO CIRCULAR
Abrimos este espacio destacando las iniciativas público-privadas que han permitido un crecimiento constante de la valorización de residuos plásticos en la industria nacional.
9 a 42
ACTUALIDAD
LA LEY CONTRA LOS INCENDIOS
En plena temporada de incendios forestales, especialistas analizan los aportes y las carencias del proyecto de ley que pretende fortalecer la prevención de estos siniestros.
44 a 49
PESCA
DE PROA A POPA
En nuestra sección destacada abordamos los avances en la gestión ambiental y la producción limpia de la actividad pesquera industrial, en especial en las embarcaciones.
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ACUICULTURA
SALMONICULTURA
Las empresas salmoneras han ido ampliando el uso de energías renovables, con beneficios para sus procesos y el medio ambiente. Revise ejemplos, trabas y posibles soluciones.
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LAS BARRERAS ACÚSTICAS
Conozca los factores que determinan la eficiencia de las pantallas usadas para controlar el ruido, así como sus aplicaciones y opciones de optimización.
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OLORES EN TRATAMIENTO
Las tecnologías y normas para el control odorífero en plantas de tratamiento de aguas servidas son los pilares del artículo que inicia este apartado sobre olores y ruido.
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TRATAMIENTO DE AGUA
EXPLORACIÓN
LA ÓSMOSIS EN LAS CALDERAS
¿Cómo optimizar el funcionamiento del proceso de ósmosis inversa en el tratamiento de agua de alimentación para calderas? Un experto entrega recomendaciones.
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MINERÍA SUSTENTABLE
“AMIGABLE”
La inteligencia artificial y los drones, entre otras nuevas tecnologías, están ayudando a reducir el impacto ambiental y social en esta etapa crucial de la actividad minera.
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PORTADA
El mar es una fuerza poderosa Y los acantilados son sus prisiones. Las olas chocan contra las rocas Y el viento aúlla a través de los árboles.
El mar es un lugar hermoso Y los acantilados son sus centinelas. Ellos vigilan las rocas y las olas Y protegen la tierra del mar. Yonatan Bravo
SECCIONES
Editorial 7
En Pocas Líneas 78-79
Seguridad y Salud 86-87
Bitácora 88-89
Agenda 90
Quién es Quién 91
Entretención 92
Pulso Empresarial 93-95
Cultura 96
COLUMNISTAS:
José Luis Navajas 24
Pablo Méndez 37
Hernán Durán 43
Claudio Zaror 49
Arturo Brandt 53
Flavia Liberona 67
Patricio Fernández 71
Los extremismos no ayudan
Afines de enero, en un seminario organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Biobío, en Concepción, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, realizó una serie de declaraciones que causaron revuelo y, de paso, volvieron a poner en la palestra la falsa dicotomía entre el resguardo del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico.
En el estilo frontal que lo caracteriza, el arquitecto primero aseguró que parte de la reconstrucción tras los incendios urbano-forestales de 2024 en Viña del Mar fue paralizada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) luego de constatar la presencia de un belloto del norte, especie protegida en nuestro país. “Están paralizadas por el activismo ambiental, fanáticos ambientales en el gobierno que tienen paradas viviendas de reconstrucción porque encontraron un árbol. Tenemos un Hospital del Cáncer parado 18 meses porque encontraron un nido de lauchas”, fueron sus palabras.
Luego fustigó al Consejo de Monumentos Nacionales, señalando que “no vamos a aceptar que nos tranquen hospitales o viviendas para tener hallazgos en bodegas”. Y remarcó estas ideas con una lámina en su presentación que decía: “No vamos a aceptar que las víctimas de la catástrofe pasen inviernos sin casa por un árbol protegido, un roedor protegido o un posible hallazgo arqueológico”
Esto generó una dura confrontación con uno de los asistentes, que se identificó como académico y cuestionó sus dichos, a quien Poduje contestó: “Si le dan más importancia a los árboles que a las personas, a ustedes los vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”. Horas y días después, por cierto, surgieron críticas desde diversos sectores, entre ellas, una carta abierta suscrita por un centenar de académicos de varias universidades que lo acusaron de menospreciar la evidencia científica, décadas de investigación en ordenamiento territorial, gestión de riesgos y planificación urbana. Y el futuro secretario de Estado tuvo que seguir explicando y justificando sus declaraciones durante varios días más.
La descripción de este episodio bien vale la pena porque muestra que las posturas extremas y confrontacionales no ayudan a asumir las tareas importantes con la responsabilidad necesaria para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Y esto vale para todas las partes, porque es cierto que existen casos en que algunas condiciones ambientales o hallazgos arqueológicos han paralizado o retrasado de manera exagerada proyectos relevantes para el país, lo que no es aceptable. Pero tampoco se puede caricaturizar ni amplificar estas situaciones, poniendo al cuidado del medio ambiente en oposición al bienestar social o al crecimiento económico, ya que está más que demostrado que esos pilares están entrelazados y es necesario equilibrarlos para asegurar una buena calidad de vida para las personas que sea sustentable en el tiempo.
Para eso, se requiere contar con una gobernanza adecuada y dialogante, capaz de escuchar, entender y consensuar posturas para encontrar soluciones sostenibles y de largo plazo a las distintas problemáticas. Incluso cuando se trate de atender emergencias como lo es una reconstrucción luego de una catástrofe.
Esa actitud es la que debieran tener quienes ejercen el poder, sea cual sea su color político. Más aún cuando hay importantes nudos que es necesario desenredar en materia ambiental, como son la agilización de los procesos de evaluación de los proyectos de inversión sin descuidar el resguardo del entorno natural y humano (asunto que es parte de una iniciativa legal para fortalecer la institucionalidad ambiental que hoy se discute en el Congreso), y la definición de sitios prioritarios para la conservación de la naturaleza por parte del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proceso ya ha generado discrepancias con algunos sectores productivos, entre otros temas.
Es de esperar que las nuevas autoridades asuman el liderazgo en esas y otras tareas sin extremar posturas y con la altura de miras necesaria para armonizar el cuidado ambiental y social con el crecimiento económico, beneficiando así al país en su conjunto.
ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS
Los avances y desafíos en la valorización de los desechos plásticos industriales y de los residuos farmacológicos, las opciones para afrontar las carencias de infraestructura para la disposición final de la basura domiciliaria y las competencias laborales que se requieren para avanzar hacia la economía circular son algunos temas que tratamos en las siguientes páginas.
PLÁSTICO CIRCULAR
Gracias a la Ley REP y otras iniciativas público-privadas, las tasas de valorización de residuos plásticos en la industria siguen creciendo sostenidamente.
Foto: Comberplast
En envases y embalajes. En componentes para la industria y en insumos de construcción. Y también en electrodomésticos y en artículos electrónicos. En esas y otras muchas aplicaciones son parte esencial las resinas plásticas, materiales sintéticos que constituyen la base para la producción de plástico. Las más utilizadas en Chile son polietileno (PE), polipropileno (PP) y policloruro de vinilo (PVC).
En nuestro país, su reúso se ha incrementado en los últimos años en porcentajes que superan los dos dígitos. De hecho, el Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Potenciando la demanda de resinas plásticas recicladas” –desarrollado entre 2021 y 2024 y que logró certificar 21 instalaciones de 19 empresas de toda la cadena de valor del plástico– se saldó con un crecimiento histórico del 43% en el uso de resinas recicladas en productos plásticos.
El APL permitió avanzar efectivamente en la cuantificación y caracterización de las condiciones de calidad, origen y manejo de las resinas plásticas recicladas a nivel de empresas que las producen y empresas transformadoras que las utilizan, además de difundir esta información hacia sectores potencialmente demandantes.
Fruto de la iniciativa público-privada, los sectores pesquero, acuícola, agrícola y de mobiliario urbano han sido los que más han aprovechado este material valorizado.
VALORIZACIÓN AL ALZA
Protagonista principal del citado APL fue la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile (Asipla), que ratifica con cifras la importante alza en la valorización de residuos plásticos en nuestro país. Magdalena Balcells, su gerenta general, comenta que “según nuestro 4º Estudio de Reciclaje y Valorización de Plásticos en Chile, entre 2022 y 2024 esta práctica creció un 19%, pasando de 106.870 a 127.177 toneladas, lo que equivale a una tasa de reciclaje del 10,3% considerando un consumo aparente de 1.238.360 toneladas de plástico en 2024”
Del total valorizado, el 62% correspondió a PE, el 20% a PP y el 14% a PET. Además, el 88% de las resinas recicladas se originaron en los sectores industrial y comercial, el 57% de las cuales provino de envases y embalajes. El 12% restante fue aportada por los hogares. El reporte midió por primera vez el impacto de la Ley REP: en 2024 se reciclaron 78.657 toneladas de envases y embalajes plásticos, de las cuales 63.982 fueron industriales/co-
merciales y 14.675 domiciliarios, con una tasa total de reciclaje de 13% en este sector. Reveló, asimismo, que la instalación de dos plantas Bottle to Bottle (de reciclaje de botellas PET usadas), debido a la implementación de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (Ley PUSU), generó un fuerte incremento en la demanda local de residuos de botellas plásticas, provocando un alza de 64% en la importación de PET reciclado (rPET) en 2024 respecto de 2023.
1 Guía para aumentar la reciclabilidad de los envases y embalajes desarrollaron recientemente los Pactos de los Plásticos de México, Colombia y Chile. Esto, a través de su diseño con un solo material.
“Los residuos plásticos de origen industrial presentan mejores condiciones para su recuperación y valorización que los domiciliarios”.
Alejandra Kopaitic, directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile
Junto con destacar los niveles de reciclaje que arrojó el último estudio de Asipla, especialmente a partir de envases y embalajes, “dado que son flujos más homogéneos y trazables”, Alejandra Kopaitic, directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) de Fundación Chile, resalta que el país, en paralelo, “ha fortalecido su capacidad técnica instalada con más infraestructura de lavado, procesamiento y producción de resinas recicladas, así como con un mayor número de empresas valorizadoras”
Agrega que el PCP ha contribuido directamente a estos avances, “impulsando el trabajo colaborativo entre empresas productoras, gestoras, valorizadores y recicladores de base. A través de proyectos específicos por sector, el Pacto ha desarrollado iniciativas orientadas a mejorar el diseño de envases y embalajes, de modo que sean reciclables; fomentar su recolección, y potenciar mercados finales que les permitan tener una segunda vida al final de su uso, todo ello en línea con el cumplimiento de las metas de la Ley REP”.
GRANDES DIFERENCIAS
A diferencia de los residuos plásticos industriales –que llegan limpios, separados y listos para reciclar–, “los domiciliarios suelen venir mezclados con materia orgánica, lo que reduce su calidad y eleva los costos de tratamiento.
Aunque las personas separen en origen, estos residuos deben pasar por plantas de pretratamiento y clasificación, ya que los distintos tipos de plásticos no se valorizan juntos. Todo esto complejiza su recuperación. De hecho, entre 2022 y 2024 su valorización cayó un 22%, bajando de 18.740 a 14.675 toneladas”, afirma la representante de Asipla.
La especialista del PCP, en tanto, explica que los residuos plásticos de origen industrial presentan mejores condiciones para su recuperación y valorización que los domiciliarios, “gracias a que los procesos productivos son controlados, más homogéneos y tienen una trazabilidad más clara que facilita su gestión y reciclaje”
Añade que estas tasas de recuperación de plástico significativamente más bajas en los hogares son hoy uno de los principales cuellos de botella del sistema REP. “Esto se debe a múltiples factores: desinformación sobre las materialidades reciclables, desconocimiento de los puntos de entrega, barreras de acceso a sistemas de recolección e, incluso, a baja motivación y hábitos poco consolidados”, sostiene. Respecto a incentivos y brechas en este nicho de mercado, Balcells asegura que el
ECONOMÍA
reciclaje industrial de plástico existe en Chile hace muchos años, incluso antes de que existiera la Ley REP, “puesto que es una oportunidad de negocio y, además, genera beneficios ambientales al aprovechar un residuo y darle una nueva vida. Hoy, esa regulación obliga a los productores a financiar sistemas que aseguren la recuperación de un porcentaje de los residuos que generan, siendo el principal incentivo para estructurar este mercado”
Para Kopaitic, “Chile cuenta hoy con capacidad instalada relevante para la valorización de plástico. Se ha invertido y se ha aumentado la recolección, aunque existen brechas territoriales y técnicas, especialmente en sectores productivos que operan en zonas alejadas de las plantas valorizadoras”
Expone también que, a nivel industrial, hay limitaciones en la demanda por resinas recicladas. “Para un transformador es más competitivo usar resina virgen, a no ser que el cliente final exija que contenga material reciclado”, indica.
SOLUCIONES INNOVADORAS
Los plásticos son aliados clave del desarrollo sostenible en múltiples sectores. Así lo plantea la principal ejecutiva de Asipla, quien menciona algunos ejemplos: “En la minería, los tubos plásticos permiten transportar agua desalada hasta las faenas, mientras que las membranas plásticas ayudan a reducir pérdidas por evapora-
“Los plásticos bien diseñados, usados responsablemente y gestionados correctamente al final de su vida útil, tienen un enorme potencial de circularidad”.
Magdalena Balcells, gerenta general de Asipla
Los residuos plásticos reciclados se someten a procesos como selección, triturado, lavado, secado y extrusión del material.
ción. En agricultura, existen múltiples aplicaciones -muchas con contenido reciclado- que optimizan el uso del agua y protegen los cultivos. Y las cajas para berries, que se usan en exportaciones, se fabrican hoy a partir de botellas recicladas. Y en la salmonicultura, gracias a embalajes plásticos livianos y eficientes, es posible exportar productos frescos por vía aérea, reduciendo peso, volumen y huella ambiental”
Destaca también que cada vez más mobiliario urbano se fabrica casi completamente de residuos plásticos. “Y en infraestructura vial, minería y construcción se están incorporando crecientes porcentajes de materia prima reciclada, aprovechando el enorme potencial de circularidad de este material”, detalla.
En el PCP, por su parte, valoran que cada vez más envases plásticos cuenten con diseños completamente reciclables, incorporando materiales que históricamente han sido problemáticos para el sistema. Además, resaltan un proyecto en la agroindustria que lidera el sistema de gestión Campo Limpio: “Lo que se busca es la desclasificación de envases de ácido fosfórico como residuos peligrosos, por lo que actualmente no se pueden valorizar, terminando muchos de éstos en el medio ambiente o tratados de manera inadecuada. Por eso, envases de este tipo se están sometiendo a un proceso de triple lavado, probándose a través de análisis que están por fuera de los límites de toxicidad, pudiendo ser valorizados”
En Inproplas, empresa pionera en el reciclaje y valorización de plásticos en Chile, ponen de relieve las innovaciones tecnológicas que se han introducido en el reciclaje de polipropileno. Comentan en un artículo que “gracias a la clasificación avanzada, la mejora en los procesos de peletización y el reciclaje químico, esta práctica ha alcanzado un nuevo nivel de eficiencia y calidad. Estas tecnologías permiten a las industrias producir PP reciclado con características similares al material virgen, lo que expande las posibilidades de su reutilización en aplicaciones más exigentes. Esto es particularmente relevante en sectores como el alimentario y el médico, donde la pureza del material es crítica para cumplir con los estrictos estándares de calidad y seguridad”
BOLSAS, MACETEROS…
Apuntando a casos concretos de valorización de residuos plásticos, la empresa Cambiaso, por ejemplo, mensualmente recolecta más de 1.000 toneladas de plástico de las industrias pesquera, agrícola y retail en Chile. Este material lo recicla en pellets de polietileno que utiliza para fabricar bolsas de aseo.
Foto: Comberplast
Foto: Comberplast
Gracias al desarrollo tecnológico, el plástico reciclado (transformado generalmente en pellets) es cada vez de mejor calidad.
El proceso incluye la selección, triturado, lavado, secado y extrusión del plástico, garantizando un producto final 100% reciclado.
Los Pescadores Industriales del Biobío, en tanto, impulsan proyectos de economía circular desde el 2020, reciclando hasta hoy insumos plásticos muy utilizados en la pesca industrial. Así, mascarillas, maxisacos y capas usadas son convertidas en nuevos productos –como bandejas, maceteros, basureros y regalos corporativos– para su empleo en plantas de proceso o para actividades con sus comunidades vecinas.
FORTALECER RECOLECCIÓN
Para el PCP, uno de los grandes desafíos para aumentar las tasas de valorización de los plásticos “es fortalecer la cadena de recolección, entendiendo que el sistema funciona solo si todos los eslabones avanzan de manera coordinada. Ya se han impulsado proyectos piloto que prueban modelos de trabajo conjunto entre recicladores, municipios y sistemas de gestión para plásticos de difícil recuperación o que actualmente no cuentan con un mercado final”, afirma Alejandra Kopaitic.
La ejecutiva también aboga para que se siga avanzando en el marco regulatorio, “ya sea a través de destrabar la normativa que impide o dificulta la circularidad o de nuevas regulaciones que establezcan obligaciones para avanzar en este sentido”
Por último, manifiesta la importancia de reforzar los procesos de logística inversa, incluyendo el uso de envases reutilizables, lo que, además, reduce la huella ambiental por transporte. Y llama a fomentar el empleo de material reciclado en la fabricación de nuevos envases de este tipo.
REMEDIO PARA LOS RESIDUOS
Aunque a paso lento, la gestión adecuada y valorización de los residuos farmacológicos domiciliarios exhibe algunos progresos en Chile.
Deben ser muy pocas las personas en Chile que no hayan consumido alguna vez diclofenaco o ibuprofeno para aliviar algún malestar de salud. Más aún con la costumbre arraigada que tenemos de automedicarnos.
Esos dos fármacos son antiinflamatorios no esteroideos de gran potencia para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. Dado su amplio uso, no fue sorpresivo que un estudio publicado en 2025 en la revista científica Chemosphere revelara que ambos remedios están presentes en altas concentraciones en las aguas residuales que provienen de los hogares del territorio nacional. Esto, por su eliminación inadecuada o por formar parte de las excretas humanas.
Para agravar el problema, las tecnologías convencionales utilizadas hoy en día en las plantas de tratamiento de aguas servidas no destruyen este tipo de medicamentos –cuyos componentes se caracterizan por su
persistencia, bioacumulación y toxicidad–, por lo que sus fragmentos o trazas terminan vertiéndose en ríos y mar.
REGULACIÓN APLICABLE
Clasificados como contaminantes emergentes, estos residuos no están afectos a regulaciones específicas que faciliten su control universal.
Para la Fundación Ecofarmacovigilancia Chile –que se encarga de promover la adecuada gestión de los residuos medicinales– “su manejo está bastante al debe a nivel nacional, ya que, si bien se reconoce a los fármacos como residuos peligrosos, no hay una regulación que actúe frente a todos ellos. Esto, se debe a que en Chile existen dos tipos de residuos medicinales que se categorizan según su origen: los institucionales y los domiciliarios”
Los primeros son aquellos que proceden de hospitales, clínicas, la-
2.450 Kilos de medicamentos vencidos o en desuso recibieron entre enero y noviembre de 2025 las farmacias del Dr. Simi adheridas a la iniciativa Punto Desecha Seguro. Tal cantidad es un 67% más que lo recolectado en 2024.
boratorios, farmacias o centros de investigación, mientras que los domiciliaros se generan en los hogares. “Provienen de personas que están o estuvieron en un tratamiento con fármacos y que desechan los medicamentos sobrantes, ya sea por término del tratamiento o falta de adherencia. Ambos contaminan igual”, indican en la entidad.
Agregan: “La diferencia radica en que sí existe normativa para los residuos farmacéuticos institucionales, denominados Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS). Además, el Decreto 148 –Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos (Respel)– regula el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos peligrosos a nivel industrial y, en general, a aquellos que presentan riesgos para la salud o el medio ambiente. En ambos casos se reconoce a los medicamentos como altamente contaminantes considerando las moléculas activas que causan las intoxicaciones, sin embargo, la regulación solo aplica para residuos institucionales”
Por su parte, la Ley REP responsabiliza a fabricantes e importadores de medicamentos de organizar y financiar la gestión de residuos de sus envases y embalajes, incluyendo también los de tipo domiciliario, pero sin contemplar de manera especial a los fármacos. “Esta ley no considera el actuar de las moléculas activas de los medicamentos que, al ser desechados, contaminan el suelo, llegan a cuerpos de agua y contaminan el aire, afectando gravemente a los animales, plantas, vida marítima y a nosotros mismos”, señalan en la Fundación.
Los “Puntos Verdes Acción Planeta” aportan al reciclaje de medicamentos en desuso o vencidos.
Farmacias del Dr. Simi en algunas ciudades invitan a eliminar medicamentos vencidos o en mal estado de forma segura.
Héctor Rojas, presidente de la Asociación Gremial de Farmacias Independientes (AFFI Chile), aclara que todas las farmacias en nuestro país están obligadas por ley a cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto 148, dado que son consideradas establecimientos de atención de salud según la normativa vigente. La fiscalización de su cumplimiento corresponde al Instituto de Salud Pública.
No obstante, comenta también que “en Chile no existe una normativa específica que obligue a las farmacias a recibir medicamentos vencidos o en desuso provenientes de particulares. Aunque algunas de éstas han implementado, de manera voluntaria, programas de recolección de fármacos, habilitando puntos de desecho seguro”
A su juicio, para que se logre un impacto positivo significativo en este ámbito, “es necesario contar con un marco nacional coordinado por el Ministerio de Salud en conjunto con otras entidades competentes. En este contexto, nuestra asociación participará en mesas de trabajo con el Ministerio del Medio Ambiente y Corfo, a través de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con el objetivo de explorar mecanismos de colaboración que permitan desarrollar e implementar campañas efectivas orientadas a promover la correcta disposición de medicamentos”
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA
Justamente para fomentar una adecuada gestión de los remedios a través de la educación, concientización y aporte de soluciones, Ecofarmacovigilancia Chile ha implementado la iniciativa Puntos Verdes Acción Planeta, para avanzar en el reciclaje de medicamentos en desuso o vencidos, y también ofrece e impulsa charlas, talleres y campañas en colegios, universidades y comunidades.
Concretamente, desde 2025, la Fundación, en colaboración con FEM-
SA y Coactiva, ha instalado 20 contenedores en sucursales de farmacias Cruz Verde de la Región Metropolitana. Los residuos medicinales son recolectados y enviados a la planta de Coactiva en Tiltil, donde son triturados e incinerados a altas temperaturas para su valorización energética en el proceso de producción de cemento.
“En este proyecto también hemos enfrentado obstáculos por la falta de financiamiento y de normativas, ya que no hay forma de regular los residuos farmacológicos de manera específica, por lo que hemos tenido que adaptarnos a normas existentes que no definen claramente esta problemática”, señalan.
En la organización recuerdan que han existido otras iniciativas privadas para recolectar residuos medicinales –como la de GSK con la eliminación de inhaladores o los Puntos Celestes de Salcobrand–, no obstante, ninguna perduró por brechas económicas y legales.
Aseguran, además, que “se han generado programas estatales, proyectos y políticas públicas en la materia, sin embargo, son de corta duración o no abarcan todo este fenómeno, por lo que se ha tornado difícil ir generando un cambio de paradigma sobre las consecuencias de una mala gestión de medicamentos y su inadecuada disposición final debido a que no se ha priorizado este problema”
MÁS INICIATIVAS
Otra contribución relevante en el área realizan las Farmacias del Dr. Simi a través del proyecto ambiental Punto Desecha Seguro, que invita a la población a eliminar medicamentos vencidos o en mal estado de forma segura, gratuita y responsable en locales de la compañía en Santiago, Talca, Constitución, Cauquenes y Valdivia. Allí se reciben comprimidos, cápsulas, jarabes, cremas, pomadas, supositorios, anticonceptivos y blíster incompletos.
A su vez, Farmaloop, una innovadora startup chilena, ha sido pionera en la aplicación del modelo de economía circular en el campo farmacéutico. Su propuesta consiste en ofrecer medicamentos con menos de 6 meses para su expiración a pacientes que los necesitan a precios significativamente más bajos. “Esto aporta a reducir el desperdicio de remedios y a su consumo más sostenible. Nuestra farmacia selecciona cuidadosamente estos productos para asegurarse de que sigan siendo efectivos y seguros hasta su fecha de vencimiento”, afirman en la empresa.
En diciembre pasado, en tanto, quedó constituida la empresa LVM Hydrogel, que impulsa un modelo pionero de producción de compuestos activos para la industria farmacéutica a partir de recursos naturales chilenos y subproductos revalorizados mediante economía circular.
La iniciativa contempla, inicialmente, la producción de materias primas de alta calidad derivadas de residuos de la industria pesquera, con la visión de expandirse a nuevas fuentes sostenibles presentes en el territorio nacional. Los compuestos producidos en sus instalaciones se destinarán a laboratorios de formulaciones farmacéuticas y cosméticas.
Por su parte, Paula Santana, doctora en biotecnología y académica del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chile, lidera desde 2023 un proyecto de alcance internacional para desarrollar medicamentos a partir de descartes de la industria acuícola-pesquera, específicamente vísceras de moluscos (ostiones), pieles de pescados (trucha arcoíris) y otros restos. Con estos residuos pretende crear biofármacos –medicamentos cuyo principio activo es de origen biológico– capaces de responder con más eficiencia a desafíos médicos como el cáncer, promover la reducción de los desechos y fomentar la economía circular. “Lo genial del proyecto es que haremos un aporte científico reutilizando subproductos de una industria que genera muchos descartes”, aseguró la experta en una entrevista.
DISPOSICIÓN CRÍTICA
En Chile, el 20% de los residuos domiciliarios se dispone en sitios que cumplieron su vida útil y otro 21% llega a depósitos que caducarán en menos de cinco años, alerta un estudio reciente. ¿Cómo enfrentar esta carencia?
En los últimos años, el impulso decidido al reciclaje se ha tomado la agenda de la gestión de los residuos en nuestro país, en especial de la mano de la implementación de la Ley 20.920 que fomenta esta práctica y establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), en línea con el tránsito hacia una economía circular. En buena hora, porque avanzar en estas materias es absolutamente necesario para el desarrollo sostenible.
Sin embargo, es importante tener presente que todo esto implica una transformación cultural que tomará muchos años y que, más allá de los esfuerzos que se hagan, siempre quedará un porcentaje importante de la basura que no se valorizará y terminará yendo a un sitio de disposición final.
Sobre ese escenario, también es fundamental contar con la infraestructura adecuada para confinar esos desechos. Y ese es un aspecto en que, igualmente, existen carencias bien preocupantes, tal como lo advierte el estudio “Radiografía de los residuos domiciliarios en Chile”, desarrollado por la consultora Kyklos con apoyo de la Asociación Chile-
na de Municipalidades (ACHM).
Ese informe, elaborado con datos de 2023 y publicado a mediados del año pasado, revela que el 20% de dichos residuos -lo que equivale a 1,5 millones de toneladas- se dispone en rellenos sanitarios que ya cumplieron su vida útil, mientras que otro 21% se lleva a instalaciones que caducarán en menos de cinco años.
Detalla que las regiones de Coquimbo, Los Ríos y Magallanes son las más afectadas, ya que no cuentan con sitios de disposición final vigentes y todos sus residuos se destinan a depósitos caducados, generando un perjuicio directo a comunidades que deben convivir con malos olores, filtraciones y otros impactos ambientales.
El documento también destaca que la falta de infraestructura obliga a los municipios a gastar en logística y transporte el 73% de su presupuesto en gestión de residuos, lo que equivale a 475 millones de dólares anuales. Caso emblemático es el de Ancud, en la región de Los Lagos, donde cada camión debe recorrer 1.266 kilómetros para trasladar la basura hasta Los Ángeles, en la región del Biobío.
RAZONES ESTRUCTURALES
¿Qué razones explican la carencia de infraestructura para la disposición final apropiada de los residuos domiciliarios?
Andrea Cifuentes, gerente de economía circular en Kyklos, plantea que esto responde a una combinación de factores estructurales. “En primer lugar, existe una dependencia histórica de los rellenos sanitarios como solución casi única, sin una planificación territorial de largo plazo que considere el crecimiento urbano, los cambios en los patrones de consumo y el aumento sostenido en la generación de residuos. A esto se suma la complejidad de los procesos de evaluación ambiental y de obtención de permisos, que pueden extenderse por muchos años, generando incertidumbre para inversionistas públicos y privados. En paralelo, los municipios, que son los responsables directos de la gestión de los residuos domiciliarios, presentan limitaciones financieras, técnicas y de escala, lo que dificulta anticiparse al cierre de instalaciones o desarrollar soluciones alternativas de manera oportuna”, apunta.
Además, indica que hay un componente social relevante: la oposición territorial a nuevos proyectos de disposición final, muchas veces asociada a desconfianza, falta de información y experiencias negativas previas, lo que termina restringiendo aún más las opciones disponibles.
Desde la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la ACHM, que preside el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, comparten el diagnóstico descrito y agregan que también ha existido una “inversión histórica insuficiente en infraestructura de disposición final, particularmente fuera de las grandes áreas metropolitanas”. Además, advierten que la alta dependencia del modelo de disposición final, con bajos niveles de valorización y separación en origen, incrementa la presión sobre los rellenos existentes. Y ponen énfasis en que los municipios “no siempre cuentan con los recursos, herramientas ni atribuciones suficientes para anticiparse a este tipo de crisis”
Una visión más amplia entrega el Dr. Marcel Szantó, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y reconocido especialista en gestión de residuos. En primer lugar, señala que, pese a ser complejos de diseñar y operar, los rellenos sanitarios han sido aprovechados “por ser una tecnología capaz de soportar, sobrevivir y solucionar un problema sanitario a un costo económico muy bajo”. Luego, subraya que dentro de América Latina y el Caribe, algunos países como Chile han tenido avances notables en la disposición final de residuos sólidos urbanos que “no se aprecian por la falta de indicadores reales. Los únicos datos certeros con que se cuenta hoy responden a esfuerzos que hace la Academia y organismos como la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo). El resto de los estudios emergen solo ante la contingencia”
Asimismo, advierte que los municipios quieren resolver la carencia de infraestructura lo más rápido posible, lo que resulta imposible porque “la implementación de un relleno sanitario requiere, desde la selección del terreno y todos los estudios exigidos, a lo menos 7 u 8 años antes de iniciar su operación”
Enseguida, Marcel Szantó sostiene que la principal razón que explica la insuficiencia de instalaciones adecuadas para la disposición final “es la absoluta falta de planes de gestión”, que debieran considerar de forma intensiva la participación ciudadana y la educación que, a su juicio, es la clave para el éxito de cualquier iniciativa que busque abordar esta problemática y mitigar la generación de residuos.
Añade que “la crisis de infraestructura para la gestión de residuos en Chile responde a los problemas estructurales sociales y administrativas que impiden o frenan los proyectos, como los tiempos de tramitación que pueden alcanzar los 8 años. En segundo lugar, la fuerte resistencia de la comunidad, muchas veces mal informada, pues solo se ha mostrado a los residuos sólidos, como un problema del municipio”
El académico también menciona otras barreras que advierte para la
La falta de planificación a largo plazo y la oposición ciudadana son algunos factores estructurales que explican la carencia de rellenos sanitarios, dice Andrea Cifuentes.
gestión y cierre de los rellenos sanitarios: “Falta de instrumentos de gobernanza, sistemas de financiamiento inadecuados, desigualdad en la estipulación del servicio, dependencia de equipos importados, limitaciones de capacidad técnica, sector informal relevante”
También pone énfasis en que es necesario que la comunidad reconozca que este servicio tiene un costo, al igual que el abastecimiento de agua o de electricidad. Y debe tomar conciencia de que la gestión integral de residuos es uno de los grandes retos que enfrentan los gobiernos centrales y locales, las empresas y la sociedad en general. “Incrementos del volumen y de la variedad de tipos de residuos, precisan encontrar soluciones que faciliten su recolección, transporte, tratamiento y disposición final, conformando planes de gestión cuyo objetivo sea valorizar y minimizar, y solo el rechazo llevarlo a disposición final”, concluye.
ESTRATEGIAS, LEY REP Y MÁS
En el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) valoran el estudio desarrollado por Kyklos y la Asociación Chilena de Municipalidades, y aseguran que son “conscientes” de los desafíos que existen en esta materia en el país. “Es por eso que, en agosto de 2025, como Gobierno, presentamos la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, documento elaborado fruto de un esfuerzo intersectorial liderado por la Subdere, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud”, señalan.
Añaden que esta herramienta está enfocada en reducir la generación de residuos, incrementar su valorización, garantizar un manejo adecuado y una correcta eliminación de los residuos no reciclables, minimizando los impactos en la salud pública y el medio ambiente.
Esta Estrategia “es un importante paso en la ruta hacia una economía más circular, en la que su propósito es orientar los esfuerzos tanto del nivel central como de los gobiernos regionales y los municipios respecto al manejo de los residuos municipales, fracción que corresponde a alrededor de la mitad de los residuos que se generan en el país y cuyo manejo depende principalmente de la acción estatal”, indican.
Luego detallan que, a nivel local, están apoyando la elaboración y actualización de planes estratégicos regionales y comunales de gestión de residuos, incorporando una mirada de economía circular basada en la prevención. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el “Plan Sectorial de Mitigación del Ministerio de Salud, Sector Residuos”, y con una mirada de planificación estratégica que también recoge el proyecto de ley que promueve la valorización de los residuos orgánicos y fortalece su gestión a nivel territorial, ingresado al Congreso en agosto de 2023.
Sobre ese escenario, desde el MMA destacan las acciones concretas que han impulsado para disminuir la cantidad de residuos domiciliarios que
terminan en rellenos sanitarios y así reducir la presión sobre esta infraestructura:
• Implementación de la Ley REP que gradualmente llevará el “camión del reciclaje” al 80% de los hogares de Chile, retirando puerta a puerta los envases de materiales reciclables, fortaleciendo su valorización y aminorando los residuos que van a disposición final.
• Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), que representan cerca del 50% de la “bolsa de basura” domiciliaria. Este instrumento establece metas claras: “Valorizar el 30% de los residuos orgánicos municipales al año 2030 y el 66% al año 2040, promoviendo soluciones como el compostaje domiciliario, comunitario e industrial, la digestión anaeróbica y la recuperación de nutrientes. Esto no solo reduce el volumen que llega a rellenos sanitarios, sino que además disminuye emisiones de gases de efecto invernadero y permite devolver materia orgánica a los suelos”, resaltan en el MMA.
• Proyecto de ley que fomenta la valorización de los residuos orgánicos, a través de la instauración de obligaciones para el manejo diferenciado de estos desechos, el fortalecimiento de la planificación y la gobernanza de su gestión y la adopción de medidas para reforzar el cobro de las tarifas de derechos de aseo municipal. Esta iniciativa legal está en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
• Estrategia Nacional para Prevenir y Reducir las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (ENPDA) al 2040, que busca articular los esfuerzos para lograr dicho objetivo y mejorar la seguridad alimentaria, de modo de reducir los impactos ambientales que se producen cuando los residuos alimentarios llegan a los rellenos sanitarios, y avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles desde el diseño y la producción hasta la distribución y el consumo. Al respecto, en el MMA recuerdan que el estudio de caracterización de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables generados a nivel municipal en Chile, publicado por la Subdere en 2024, muestra que en promedio los residuos orgánicos comestibles representan un 28,8%. “Esperamos que durante el primer semestre del 2026 se desarrolle la consulta pública de la ENPDA”, acotan.
• Proyectos de compostaje a escala comunal para valorizar residuos orgánicos. Desde el año 2025, el Ministerio del Medio Ambiente, con el apoyo del BID y el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible y otras
fuentes de financiamiento, ha impulsado 18 iniciativas municipales de este tipo, en 9 regiones del país.
Desde el MMA concluyen: “El desafío de fondo es cambiar el modelo, dejando atrás un esquema lineal que pone el foco en extraer-producir-consumir-desechar. Hoy debemos avanzar hacia una economía circular que reduzca la generación de residuos y priorice la reutilización y valorización. Seguiremos trabajando, en conjunto con los territorios, para impulsar una economía circular que prevenga la generación de residuos, cuide la naturaleza y mejore la calidad de vida de las personas”
INICIATIVAS VALORADAS
Varias de las iniciativas públicas mencionadas son valoradas por los especialistas consultados, quienes también destacan algunos esfuerzos privados que pueden ayudar a enfrentar las carencias de infraestructura para la disposición final de residuos domiciliarios y advierten algunas dificultades para aprovechar esos avances.
Andrea Cifuentes, por ejemplo, señala: “Se observan iniciativas relevantes, aunque todavía insuficientes para la magnitud del desafío. Desde el ámbito público, la implementación progresiva de la Ley REP debiese comenzar a desviar flujos de residuos valorizables fuera de los rellenos sanitarios, lo que en el mediano plazo podría reducir la presión sobre la infraestructura de disposición final. Sin embargo, el efecto de esta Ley también depende de un cambio cultural en los vecinos, tanto a nivel domiciliario como industrial, para que la cadena de valor funcione”.
En paralelo, subraya los esfuerzos de asociatividad municipal, impulsados en parte por la Asociación Chilena de Municipalidades, que buscan generar soluciones compartidas, optimizar costos y profesionalizar la gestión.
Con relación a esto, desde la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la ACHM aseguran que esta Asociación ha asumido este desafío “como una prioridad país. En ese marco, estamos impulsando y apoyando varias líneas de acción complementarias. Por una parte, hemos fortalecido nuestro rol articulador para promover soluciones asociativas, como rellenos sanitarios y centros de tratamiento de carácter intercomunal o regional, que permitan economías de escala y una gestión más eficiente. Asimismo, estamos trabajando
La operación de rellenos sanitarios seguros y modernos es indispensable, ya que siempre habrá residuos que no se podrán valorizar, remarcan en Consorcio Santa Marta.
activamente en la incidencia normativa y legislativa, levantando la necesidad de modernizar el marco regulatorio, agilizar los procesos de evaluación ambiental sin debilitar los estándares y asegurar mecanismos de financiamiento más estables para la infraestructura sanitaria”
De igual modo, destacan su apoyo a los municipios en la implementación de la Ley REP, el fomento de la separación en origen, el compostaje y otras formas de valorización, “entendiendo que reducir la cantidad de residuos que llegan a disposición final es clave para extender la vida útil de la infraestructura existente”
Por otra parte, en Kyklos resaltan también el aporte privado, como son las “inversiones en plantas de pretratamiento, clasificación y valorización, así como pilotos de tratamiento de fracciones orgánicas, que son clave considerando que los residuos biodegradables siguen representando una parte muy relevante de la fracción domiciliaria”
Más allá de los avances públicos y privados señalados, Andrea Cifuentes advierte que todas esas iniciativas aún operan de forma fragmentada y requieren mayor articulación territorial y regulatoria para que tengan mayor impacto.
Desde Consorcio Santa Marta, empresa que opera uno de los principales rellenos sanitarios del país ubicado en la Región Metropolitana, también valoran las diversas políticas, estrategias y programas enfocados en la reducción y valorización de los residuos que se encuentran en marcha, relevando en particular la Ley REP, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) y la Hoja de Ruta para un Chile Circular 2040 que define metas e iniciativas para avanzar hacia un modelo de economía circular en los próximos años. No obstante, al mismo tiempo, comentan: “Si bien estas iniciativas representan avances significativos, siguen siendo insuficientes, fragmentadas y
Marcel Szantó indica que la participación ciudadana y la educación son claves en cualquier iniciativa que busque mejorar la gestión de los residuos.
avanzan más lento que el crecimiento de la generación de residuos” Enseguida, enfatizan que frente a esta realidad, “la existencia y operación de rellenos sanitarios seguros, modernos y robustos que manejen adecuadamente los residuos continúa siendo indispensable para el país, dado que siempre existirá una fracción de residuos que no podrá ser valorizada (realidad incluso bajo modelos altamente circulares). Bajo esa mirada, es fundamental destacar que nosotros (infraestructura esencial) somos parte de la solución. Contamos
Elier González plantea que Chile está en una posición favorable para convertir los rellenos sanitarios en “parques ambientales”.
con instalaciones seguras, eficientes y preparadas para asegurar la continuidad del servicio y el cuidado del medio ambiente. Nuestro rol es esencial para evitar un eventual colapso de la infraestructura existente y los impactos ambientales, sanitarios y sociales que ello llevaría. Mientras exista una fracción no valorizable, la infraestructura de disposición final segura es crítica, ahí somos parte directa de la solución como iniciativa privada para enfrentar esta problemática”.
En relación con esto último, el Dr. Marcel Szantó opina, a su vez, que “está claro que los rellenos sanitarios o vertederos no desaparecerán, sin embargo, en la era del desacople de la generación de residuos, serán sitios de disposición que solo recibirán rechazo inerte proveniente de plantas de segregación o la industria del reciclaje”. Sin embargo, al mismo tiempo comenta que si bien esta práctica se promueve porque es favorable para el medio ambiente, su avance depende de la viabilidad económica. “La comunidad debe considerar el costo de un programa de reciclaje, así como la disponibilidad de los mercados recuperados. No existen en países emergentes suficientes recursos para hacer el reciclaje una opción económicamente viable”, asegura.
TRABAS Y SOLUCIONES
Considerando todo el panorama descrito por los especialistas, queda claro que más allá de los esfuerzos para avanzar hacia una economía que genere menos residuos, seguirá siendo muy necesario contar con la infraestructura apropiada para la disposición final de los desechos no valorizados. ¿Qué problemas hoy existen en Chile para desarrollar nuevos sitios apropiados para aquello y cómo se podrían abordar?
A partir de su experiencia como empresa que gestiona y opera este tipo de instalaciones, en Consorcio Santa Marta indican que “la aprobación y construcción de un relleno sanitario tiene barreras ambientales, sociales, técnicas, económicas y regulatorias que retrasan de manera significativa su materialización”. Agregan que la dificultad más relevante es la resistencia social permanente por parte de las comunidades cercanas, “que aún asocian estos proyectos a botaderos, basurales, vertederos, sin reconocer que hoy son obras de ingeniería complejas, diseñadas para asegurar un manejo adecuado de los residuos con altos estándares ambientales”. Y señalan que dicha resistencia “deriva en extensos procesos de participación y en la oposición a la instalación de infraestructura sanitaria”.
En ese contexto, aseguran que la aprobación y construcción de un relleno sanitario en Chile pueda tardar entre 10 y 12 años, “un plazo que supera el ritmo al que estos sitios están llegando al límite de su vida útil, generando un riesgo real del sistema”.
Luego plantean que “si existiera menor complejidad y mayor celeridad en los procesos de evaluación ambiental, sería posible transitar con mayor agilidad hacia modelos de economía circular, asegurando al mismo tiempo la infraes-
Parques ambientales
En Veolia, otra empresa gestora de residuos domiciliarios que maneja sitios de disposición final, también subrayan el rol clave que cumplen los rellenos sanitarios en Chile, destacando que el alto estándar de esta infraestructura en nuestro país nos pone en una posición favorable para evolucionar hacia una nueva etapa en la gestión de residuos: los parques ambientales.
Así lo explica Elier González, director general en Chile y Perú de la compañía: “Un parque ambiental es un modelo que incorpora, dentro de un mismo complejo, distintas soluciones para el tratamiento de residuos: clasificación de materiales, compostaje de fracciones orgánicas, aprovechamiento energético y disposición final controlada. Esta integración permite optimizar la logística, reducir traslados innecesarios, disminuir costos operativos y extender la vida útil de la infraestructura existente, transformando un costo estructural en una oportunidad ambiental y económica para los territorios”
Añade que la experiencia internacional demuestra que este modelo funciona y aporta a la descarbonización, descontaminación y regeneración de los recursos naturales. “En América Latina y Europa, estos complejos producen energía a partir de biogás, valorizan residuos orgánicos y generan combustibles alternativos, todo bajo una lógica integrada donde cada etapa del proceso alimenta a la siguiente. Son soluciones probadas, eficientes y replicables”, asegura Elier González.
Luego remarca que en Chile los rellenos sanitarios ya cuentan con infraestructura, equipos técnicos especializados y conocimiento operativo para avanzar hacia el desarrollo de parques ambientales. Y que para eso se requiere colaboración y coordinación entre empresas, municipios y autoridades; marcos regulatorios que faciliten la innovación y permitan implementar mejoras en tiempos acordes a los desafíos actuales; y el involucramiento ciudadano para lograr una mejor separación de los residuos en el origen y una mayor conciencia sobre el valor de los residuos.
tructura sanitaria para manejar la fracción de residuos que inevitablemente no logra ser valorizada y debe ser dispuesta de manera segura en lugares autorizados como el relleno sanitario Santa Marta”. Añaden que simplificar y acelerar dichos procesos “no significa relajar estándares, sino agilizar los procedimientos manteniendo las mismas exigencias ambientales que se establecen en los instrumentos normativos”
En esa misma línea, remarcan que para avanzar en soluciones sostenibles para la gestión de residuos domiciliarios “el primer paso es reconocer a los operadores de infraestructura sanitaria como actores esenciales del sistema, complementarios (no sustituidos), independiente de las iniciativas orientadas a la valorización”
Concluyen que mientras las barreras mencionadas no se reduzcan y los operadores de los rellenos sanitarios no sean considerados como parte estratégica de la solución, “será difícil transitar hacia modelos de economía circular, asegurar infraestructura oportuna y garantizar continuidad a un sistema sanitario que requiere planificación a largo plazo”
En la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Asociación Chilena de Municipalidades suman como traba relevante el factor financiero, “ya que el desarrollo, operación y cierre de rellenos sanitarios requiere inversiones muy significativas, que superan ampliamente las capaci-
dades presupuestarias de la mayoría de los municipios si no existe un apoyo decidido del nivel central”, apuntan.
Desde su mirada, avanzar en soluciones a esos problemas requiere un cambio de enfoque sistémico. “En primer lugar, es fundamental transitar desde una lógica centrada en la disposición final hacia una gestión integral de residuos, donde la prevención, la reducción y la valorización sean los ejes principales. En segundo término, se necesita una política nacional de infraestructura para residuos, con planificación de largo plazo, financiamiento asegurado y criterios técnicos claros para la localización de instalaciones, de manera de evitar que cada proyecto se aborde de forma aislada y reactiva. Asimismo, es clave fortalecer los procesos de participación temprana y diálogo territorial, generando confianza con las comunidades y transparencia en la información, lo que puede reducir significativamente los conflictos socioambientales”, postulan.
Además, consideran indispensable robustecer las capacidades municipales, tanto técnicas como financieras, y avanzar hacia modelos asociativos respaldados por el Estado, entendiendo que la gestión de residuos es un problema estructural que requiere soluciones colectivas y de largo plazo.
La falta de una visión de largo aliento también es relevada por el Dr. Marcel Szantó como una dificultad para mejorar la infraestructura sanitaria y la gestión de los residuos. Frente a eso, señala que “la planificación territorial, los planes de ordenación de territorio, los planes de orientación de vertido, con proyecciones a 30 o 50 años, representan una correcta ecuación”
Por su parte, Andrea Cifuentes coincide en que las principales dificultades para ampliar la infraestructura de disposición final son, por una parte, territoriales y sociales: “Cada vez es más complejo encontrar localizaciones que cumplan con las condiciones técnicas y que, al mismo tiempo, cuenten con aceptación social. La percepción de riesgo ambiental, los impactos en la calidad de vida y la pérdida de confianza en la fiscalización estatal generan una fuerte resistencia a este tipo de proyectos”, asegura.
Al igual que otros especialistas, advierte que existen barreras normativas y de planificación, “ya que los instrumentos de ordenamiento territorial no siempre están alineados con las necesidades actuales de infraestructura sanitaria. A ello se suma la incertidumbre económica, considerando que los modelos de negocio de las plantas de tratamiento y disposición de residuos requieren horizontes largos y volúmenes relativamente estables, en un contexto donde, correctamente, se busca reducir la disposición final y aumentar la valorización”.
La gerente de economía circular de Kyklos indica que superar las trabas mencionadas “exige actuar en varios frentes de manera coordinada. Por una parte, es indispensable reducir de forma sostenida la cantidad de residuos que llegan a disposición final, acelerando la valorización de orgánicos, fortaleciendo el reciclaje efectivo y asegurando que la implementación de la Ley REP se traduzca en resultados reales”, dice.
Añade que, al mismo tiempo, se requiere una planificación territorial de largo plazo, a escala regional o macrozonal, que permita anticipar el cierre de instalaciones, definir oportunamente zonas aptas para infraestructura sanitaria y evitar soluciones de emergencia. “Este proceso debe ir acompañado de mayor transparencia, participación temprana de las comunidades y un fortalecimiento de la fiscalización, como condiciones habilitantes para reconstruir confianzas”, acota.
Además, considera clave fortalecer la gestión pública local, dotando a los municipios de mayores capacidades técnicas y promoviendo esquemas de colaboración público-privada que aseguren estándares ambientales exigentes, continuidad operativa y modelos económicamente viables.
“En definitiva, el desafío no se limita a construir nueva infraestructura, sino a ordenar y anticipar el sistema de gestión de residuos en su conjunto, articulando a los distintos actores y equilibrando criterios técnicos, económicos y sociales para avanzar hacia soluciones sostenibles en el tiempo”, concluye.
José Luis Navajas Gerente General Grupo EBI Chile
Centros integrales, la base circular para Chile
La economía circular en Chile enfrenta hoy un desafío estructural: avanzar desde la recolección y disposición de residuos hacia modelos integrales de tratamiento que permitan generar valor ambiental, social y energético. Para lograrlo, no basta con optimizar lo existente; se requiere transformar la infraestructura y la forma en que los residuos se gestionan, incorporando soluciones técnicamente robustas y económicamente sostenibles. Desde la experiencia de EBI Chile –parte de un grupo canadiense con más de 65 años de trayectoria– hemos comprobado que los centros de tratamiento de residuos deben evolucionar hacia centros integrales, capaces de articular múltiples soluciones en un solo ecosistema operativo. Esto implica complementar la recolección selectiva con segregación avanzada, fortalecer el reciclaje, incorporar valorización orgánica mediante compostaje, y aprovechar el potencial energético de los residuos a través de la captura y uso del biogás, ya sea para generación eléctrica o inyección a redes de gas existentes.
A ello se suma el reúso de aguas servidas tratadas para fines operacionales, contribuyendo a una gestión hídrica más eficiente y resiliente, especialmente relevante en contextos de escasez. Asimismo, un centro integral debe asegurar la disposición final segura y controlada de la fracción restante, solo después de haber evaluado todas las alternativas de valorización técnica y ambientalmente viables.
Este enfoque también exige incorporar de manera transparente el factor económico. Existen soluciones altamente sofisticadas desde el punto de vista tecnológico, pero cuyos costos pueden resultar inviables para una implementación local y masiva. La economía circular requiere modelos que equilibren desempeño ambiental, impacto social y costos razonables.
A diferencia de modelos centrados exclusivamente en la reconversión paisajística de rellenos sanitarios, nuestra aproximación pone el foco en la función productiva, energética y comunitaria de la infraestructura, con soluciones diseñadas según la realidad de cada zona. Chile necesita ampliar con urgencia su capacidad local de tratamiento mediante infraestructura ambiental crítica, diseñada para operar de forma segura, eficiente y con estándares internacionales. La correcta implementación de la Ley REP y el avance efectivo de la economía circular dependen, en gran medida, de contar con centros capaces de integrar valorización, energía, agua, educación ambiental y disposición final segura en un solo modelo operativo.
En EBI Chile creemos que la economía circular no se decreta ni se importa: se construye junto a la comunidad. Con conocimiento técnico, experiencia internacional y presencia en las regiones, apostamos por centros integrales que transformen los residuos en energía, recursos, empleos verdes y confianza social, habilitando un desarrollo sostenible concreto y medible para el país.
COMPETENCIAS CIRCULARES
¿Qué avances y desafíos presenta el desarrollo de las capacidades técnicas y profesionales para impulsar la economía circular?
Un requisito esencial para transitar hacia la economía circular es que las empresas cuenten con personas capacitadas para asumir los distintos retos que plantea esta transformación en el modelo productivo.
¿Cuánto ha avanzado Chile en esta tarea?
A juicio de Ximena Rivillo, directora ejecutiva de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, “el avance ha sido significativo, especialmente en los últimos años, donde distintos sectores productivos han comenzado a incorporar la economía circular como parte de sus estrategias de sostenibilidad y productividad, como construcción, servicios y suministros de gas, agua y electricidad, por ejemplo”
Añade que observan un interés creciente por contar con capital humano preparado para enfrentar estos nuevos desafíos, lo que se refleja en la creación de distintos perfiles ocupacionales relacionados con este tema. Luego sostiene: “Aún queda camino por recorrer, pero existe una base sólida y un ecosistema que avanza coordinadamente para distinguir y valorar las competencias que se requieren para transitar desde modelos lineales hacia uno circular, con foco en la eficiencia y la gestión de residuos y la innovación”
De manera similar, Manuel Farías, director de educación técnica y trayectorias formativo laborales de Fundación Chile, opina que nuestro país “ha logrado avances en la instalación de capacidades para la economía circular, aunque siguen existiendo brechas significativas. La Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 marcó un punto de inflexión al proyectar cerca de 100 mil empleos verdes al 2030 y 180 mil al 2040, dando una señal clara sobre el tipo de talento que el país debe formar. La Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) y otras regulaciones ambientales han reforzado esta tendencia, impulsando la demanda por nuevas competencias técnicas asociadas a la circularidad”.
Agrega que algunos sectores productivos muestran avances más visibles que otros. Y detalla: “En residuos y reciclaje, la brecha entre lo que se genera y lo que efectivamente se valoriza está impulsando la búsqueda de perfiles especializados asociadas a la ley REP. En construcción, el manejo de residuos de obra y demolición exige capacidades en clasificación, tratamiento de materiales y diseño de procesos más circulares. La agroindustria avanza en la valorización de subproductos y el uso eficiente de recursos; mientras que en minería el motor del cambio es la escasez hídrica y la transición hacia operaciones más bajas en carbono”
A su vez, Francisco Rojas, subgerente de estrategia circular en el sistema de gestión ReSimple, señala que en líneas generales, “hoy existe en Chile un marco favorable para seguir acelerando la transición hacia la economía circular: tanto el mundo público como el privado han ido alineando prioridades, y eso se traduce en un ecosistema más activo, con capacidades en expansión y un campo laboral en crecimiento, desde lo regulatorio y lo técnico hasta la operación en terreno”.
En ese contexto, destaca que “la implementación de la Ley REP ha sido un punto de inflexión, porque empujó a profesionalizar la gestión de residuos y a desplegar capacidades en cumplimiento, trazabilidad y operación, particularmente en envases y embalajes, retail, consumo masivo y alimentos. Un aspecto clave ha sido el fortalecimiento del trabajo con gestores y municipios, que cumplen un rol decisivo en la cadena de recolección y valorización y hacen posible que el sistema funcione a escala territorial”
Y plantea que, con esa base más robusta, el siguiente paso es “profundizar la circularidad con ecodiseño, valorización de mayor valor y nuevos modelos de negocio, abriendo una etapa de innovación y sofisticación del mercado”
PERFILES Y CAPACIDADES
La transición hacia la economía circular requiere de diversas competencias que se han ido asociando a perfiles laborales específicos para respon-
La implementación de la Ley REP ha llevado a profesionalizar la gestión de los residuos, señala Francisco Rojas.
der a las necesidades del mercado. ChileValora ha estructurado algunos de éstos, considerando capacidades fundamentales para avanzar en el diseño, implementación y seguimiento de modelos circulares.
Ximena Rivillo indica: “En los perfiles de economía circular asociados a la Ley REP, las competencias evaluadas son de planificación, recolección, clasificación y ejecución de procesos para el correcto reciclaje de materiales. En los perfiles del sector energético, relacionados con las energías renovables –que colaboran con la economía circular al generar menos residuos–, las competencias evaluadas van en la línea de la instalación, mantención y operación de las soluciones de acuerdo a la normativa vigente”
Agrega que, hasta ahora, unas 4.500 personas han sido evaluadas y certificadas en perfiles vinculados directamente a las áreas mencionadas. La autoridad detalla que en el Catálogo Nacional de Perfiles Laborales de ChileValora están vigentes los siguientes perfiles: Reciclador/a de Base, Reciclador Avanzado y Reciclador/a de Base de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, correspondientes al sector Servicios; a los cuales se suman los relacionados a la instalación, mantención y operación de paneles fotovoltaicos en el sector Suministro de Gas, Electricidad y Agua. “Todos ellos han sido construidos en conjunto con los sectores productivos y responden a necesidades reales de la industria. Lo que prima en ChileValora es el diálogo social, nuestro directorio lo componen representantes de la CPC (Confederación Ximena Rivillo destaca que se han creado distintos perfiles ocupacionales relacionados con la economía circular.
Manuel Farías indica que el foco está en desarrollar competencias que permitan operar bajo modelos productivos más sostenibles.
de la Producción y del Comercio), la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), las Pymes y el Estado, lo que le entrega validez al trabajo que realizamos”, resalta.
Ximena Rivillo comenta, además, que junto con la Fundación Chile están desarrollando perfiles relacionados con la economía circular en el área de construcción y demolición, los cuales permitirán a ese sector “adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias, mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia obras más sostenibles y con estándares internacionales”.
Agrega que ChileValora también busca responder a los desafíos de la empleabilidad en tiempos de cambios tecnológicos, ecológicos y sociales desde una perspectiva laboral que va más allá del sector energético o la preservación ambiental, considerando asimismo las experiencias y propuestas de países de América Latina y Europa para avanzar en los retos que impone la transición justa hacia una economía desacoplada de combustibles fósiles y que resguarde la naturaleza.
Por su parte, Manuel Farías indica que en la transición hacia la economía circular están apareciendo perfiles ocupacionales “mucho más híbridos que los tradicionales, personas que manejan conocimientos técnicos con manejo digital, criterios ambientales y comprensión regulatoria. Pero más que pensar en cargos nuevos, el foco está en desarrollar competencias que permitan operar bajo modelos productivos más sostenibles”
Añade que esto se refleja en diversos sectores, como los relacionados con la gestión de agua donde se requieren modelos de uso más eficientes construidos desde el diálogo entre las comunidades, la agricultura e industria; o en el área energética, en que la tendencia es a la descarbonización; y también en el manejo de los residuos, donde la economía circular es clave como concepto integral en las comunidades y en los sectores industriales.
El representante de Fundación Chile apunta que a esto se suman las “competencias verdes”, las cuales “no se limitan a gestionar recursos de forma eficiente u operar procesos más limpios, sino que abarcan habilidades más amplias: integrar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones, impulsar soluciones innovadoras, trabajar de manera colaborativa y utilizar herramientas digitales para apoyar modelos circulares. Este enfoque, recogido en el Marco de Competencias de Talento Verde, es clave para que las empresas puedan avanzar en sus transformaciones”.
Manuel Farías advierte que la circularidad exige personas con mirada sistémica, capaces de innovar y de trabajar de manera colaborativa entre distintos actores. “Y ahí todavía tenemos una brecha, ya que el sistema formativo todavía no ofrece, en la escala que se necesita, programas que integren todas
estas dimensiones. Si queremos acelerar la transición, formar este tipo de talento es tan importante como avanzar en tecnologías o regulación”, sentencia. Desde ReSimple, en tanto, Francisco Rojas sostiene que, considerando la experiencia de la Ley REP, “el desafío es avanzar desde una lógica de cumplimiento hacia una gestión estratégica de la circularidad, lo que ha ido configurando perfiles cada vez más especializados. Destacan, por una parte, quienes tienen experiencia en el dominio normativo y capacidad de articular información compleja; los profesionales en trazabilidad y gestión de datos, fundamentales para asegurar control, reporte y mejora continua; y los gestores de economía circular, capaces de integrar estos principios en la estrategia de las empresas. A ello se suman los facilitadores territoriales, un rol clave para conectar operación, municipios, gestores y comunidades, y asegurar que el sistema funcione en el territorio. De manera transversal, este nuevo ecosistema demanda competencias en visión sistémica, coordinación público-privada, análisis económico y gestión del cambio, elementos centrales para consolidar y escalar la circularidad en Chile”
En ese contexto, enseguida, resalta el aporte del sistema de gestión del que forma parte: “ReSimple se ha consolidado como un actor habilitador del ecosistema REP y de la economía circular en Chile, contribuyendo a que una política pública compleja se traduzca en capacidades reales y sostenibles. Desde su experiencia en estos primeros años de implementación, ha demostrado que la circularidad no se construye sólo desde la norma, sino desde la articulación efectiva entre empresas, territorio y ciudadanía”
Francisco Rojas detalla que ReSimple impulsa soluciones que permiten a las empresas pasar del marco regulatorio a la ejecución práctica, “estableciendo procesos de trazabilidad y estándares operacionales que fortalecen el control, el reporte y el cumplimiento. A ello se suma un trabajo permanente de articulación territorial con municipios, gestores y recicladores, clave para el funcionamiento del sistema a escala local”
Y añade que ese despliegue “se complementa con un foco sostenido en educación ambiental, entendiendo que una práctica de reciclaje informada y transversal en la ciudadanía es condición esencial para avanzar hacia una economía cada vez más circular”
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Otro aspecto fundamental para crear las competencias necesarias para la economía circular es que existan instituciones preparadas para formar, evaluar y certificar esas capacidades.
En relación con esto último, Ximena Rivillo subraya: “Hoy contamos con más de 20 centros acreditados para ejecutar procesos de evaluación y certificación en perfiles asociados a la economía circular. En ChileValora aseguramos la calidad mediante un sistema de acreditación y supervisión robusto, que exige altos estándares técnicos, administrativos y éticos a cada entidad. Además, llevamos a cabo procesos permanentes de auditoría, seguimiento y levantamiento de información, que garantizan que las evaluaciones se desarrollen con rigor técnico, independencia y enfoque en la mejora continua”
A juicio de Manuel Farías, en tanto, los avances en esta área son aún insuficientes: “Hoy estamos frente a un desafío que involucra tanto a las instituciones formativas como a los propios sectores productivos. La transición hacia la economía circular requiere competencias, perfiles ocupacionales y profesionales que aún no están plenamente instalados en el país. En Chile se han dado pasos en esta dirección, pero aún estamos lejos de la escala que exige la transición hacia la economía circular. Es cierto que algunos centros de formación técnica, universidades e institutos profesionales han comenzado a incorporar contenidos y programas vinculados a economía circular, y eso muestra que el tema ya está entrando en la agenda formativa. Sin embargo, cuando uno mira las metas de la Hoja de Ruta Chile Circular 2040, la capacidad instalada sigue siendo limitada”
Sobre ese escenario, el especialista advierte que la solución no recae
Articulación multisectorial
ChileValora trabaja con un amplio espectro de actores del ámbito público y privado para impulsar la economía circular. Ximena Rivillo subraya que esta articulación multisectorial es clave “porque permite integrar competencias comunes y también aquellas específicas para cada rubro”. La directora ejecutiva de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales explica: “El trabajo se realiza en los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales (OSCL), mesas que integran representantes de los empleadores, de las y los trabajadores y el Estado, para construir una visión conjunta de acuerdo a las necesidades de todos los estamentos involucrados en el ámbito laboral. Entre los sectores con los que realiza este trabajo están los relacionados a la gestión de residuos y reciclaje, servicios ambientales y sanitarios, municipalidades y gobiernos regionales, empresas mineras y de construcción”.
solo en las instituciones que proveen la oferta de competencias, como las entidades de educación superior o las OTEC, “que deben hacer los esfuerzos para integrar de manera transversal el desarrollo de talento verde. La otra parte de la ecuación está en la demanda; esto significa que las empresas y sectores productivos deben ir incorporando paulatinamente estas prácticas en sus procesos, a fin de ser más rentables social, económica y ambientalmente”
Añade que la Ley REP ayuda a ese proceso porque establece la obligatoriedad de declarar el destino de los residuos, pero para que esto se traduzca en capacidades reales, “debe ir acompañado de incentivos que fomenten la adopción de prácticas circulares y, especialmente, la contratación de personas con formación en economía circular, eficiencia energética o eficiencia hídrica. En suma, traccionar los talentos verdes desde la demanda y no solo desde la oferta como tradicionalmente sucede”.
MÁS DESAFÍOS
El director de educación técnica y trayectorias formativo laborales de Fundación Chile remarca que para que nuestro país “desarrolle realmente las capacidades que exige la economía circular, hay desafíos que van más allá de lo que hoy entendemos como formación tradicional”
El primer reto -dice Manuel Farías- se relaciona con la escala: “Tenemos iniciativas valiosas, pero todavía no alcanzan para formar y certificar a las decenas de miles de técnicos y profesionales que necesitaremos en los próximos años”
El especialista señala que otro desafío es actualizar los programas y formar a quienes forman. “Sin modernizar la formación y sin fortalecer a los docentes, será difícil responder a lo que hoy están pidiendo los sectores productivos, que demandan conocimientos técnicos, competencias verdes y manejo de nuevas tecnologías. Esto requiere coordinación: las empresas, instituciones educativas, Estado y sociedad civil deben trabajar juntos para que la innovación, la reconversión productiva y la formación de talento ocurran al mismo tiempo”, afirma.
Manuel Farías recalca, finalmente, que es importante reconocer el potencial beneficio que este cambio tiene para las comunidades y organizaciones económicas de menor tamaño. “La eficiencia energética, la eficiencia hídrica y la economía circular abren oportunidades concretas para generar desarrollo local, desde la generación de energías renovables domiciliarias o comunitarias, hasta los servicios sanitarios rurales y los emprendimientos asociativos de reciclaje. Estas experiencias no solo aportan a la sostenibilidad, sino que también permiten crear inclusión económica en un modelo de desarrollo más humano y fundado en soluciones basadas en la naturaleza”, concluye.
OPTIMICE EL RECICLAJE
Conozca las innovaciones con que FOR REC mejora el tratamiento y valorización de residuos electrónicos y paneles fotovoltaicos.
Texto y fotos: FOR REC
El crecimiento exponencial del sector electrónico y fotovoltaico en las últimas dos décadas está generando la necesidad urgente de abordar la gestión de los residuos tecnológicos. Los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) representan una categoría en constante aumento, que incluye equipos domésticos e industriales hoy esenciales en la vida cotidiana, pero igualmente complejos de tratar al final de su ciclo de uso.
Según la clasificación italiana, estos residuos se dividen en cuatro categorías principales (R1, R2, R3, R4), que comprenden dispositivos como frigoríficos, grandes electrodomésticos, pantallas, equipos informáticos y pequeños electrodomésticos. Su reciclaje es fundamental, no solo por la presencia de sustancias peligrosas como mercurio, plomo y cadmio, sino también por la recuperación de materiales valiosos como oro, cobre y aluminio, reduciendo así la dependencia de los recursos naturales.
A este escenario ya complejo se suma hoy el desafío creciente de los paneles fotovoltaicos que han llegado al final de su vida útil. La expansión global de las instalaciones solares, acelerada desde el año 2000, implica un aumento progresivo en la cantidad de paneles que deben ser tratados. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estiman que para 2050 se desecharán más de 80 millones de toneladas de módulos fotovoltaicos, lo que hace imprescindible desa-
FOR REC provee sistemas altamente eficaces para optimizar la gestión de residuos eléctricos y electrónicos.
Las soluciones a medida de FOR REC maximizan la recuperación de materiales desde paneles fotovoltaicos en desuso.
rrollar tecnologías específicas para su reciclaje y recuperación de materiales.
PROCESOS INNOVADORES
En los últimos años, la evolución tecnológica en el sector del reciclaje ha experimentado un avance significativo, orientándose hacia soluciones capaces de optimizar todas las fases del tratamiento de los residuos electrónicos: desde la selección inicial, pasando por la trituración controlada, hasta la separación avanzada de las distintas fracciones.
En este contexto se inserta la actividad de FOR REC, empresa italiana especializada en el diseño y producción de máquinas e instalacio-
nes industriales para el tratamiento de residuos. La empresa ha desarrollado sistemas altamente eficaces para la gestión de todas las categorías de RAEE, con tecnologías diseñadas para garantizar la máxima atención a la calidad de las fracciones separadas, una elevada eficiencia operativa y la máxima fiabilidad de los procesos, asegurando así un tratamiento conforme a los estándares más avanzados del sector.
El proceso de reciclaje de RAEE según la tecnología FOR REC se articula en varias etapas: una primera selección manual para garantizar la idoneidad de los materiales; la apertura de los aparatos mediante trituradores con cuchillas especiales diseñadas para preservar la integridad de los componentes recuperables; una reducción del material en fracción gruesa y, posteriormente, una trituración final automatizada a 30 mm. El material así procesado se somete después a sistemas avanzados de separación, con el objetivo de aislar de manera eficiente los metales ferrosos, no ferrosos y los plásticos. Esta metodología permite maximizar la valorización de los componentes, reduciendo al mínimo el rechazo.
El reciclaje de los RAEE R1 –en particular, frigoríficos y equipos que contienen gases refrigerantes y aceites– requiere tecnologías aún más especializadas. FOR REC cuenta con un importante know how en el tratamiento de frigoríficos, gestionando la planta de reciclaje más grande del mundo, capaz de procesar hasta 120 unidades por hora en una única línea. El proceso incluye la descontaminación inicial de los componentes que contienen sustancias peligrosas, la trituración controlada, la separación de metales y la molienda afinada de las fracciones residuales, utilizando sistemas de aspiración y filtración que garantizan la recuperación de los CFC (clorofluorocarbonos) y la inertización del poliuretano mediante compactación y peletización.
PANELES FOTOVOLTAICOS
La creciente necesidad de tratar grandes cantidades de paneles fotovoltaicos desmantelados ha impulsado el desarrollo de líneas específicas capaces de gestionar un proceso de reciclaje complejo y articulado. FOR REC es líder del sector gracias a su amplia experiencia en el desarrollo de soluciones a medida que maximizan la recuperación de materiales y minimizan la generación de rechazo. Estas soluciones no son estandarizadas, sino adaptadas a los tipos de paneles a tratar y a las necesidades productivas de cada cliente, garantizando una elevada flexibilidad operativa.
El proceso dedicado al tratamiento de paneles fotovoltaicos desarrollado por FOR REC integra diversas etapas: una primera fase de laceración con selección manual de conectores y cableados; un precribado de las fracciones inertes; la trituración mediante equipo de cuatro ejes; la separación de metales magnéticos mediante imanes específicos; la separación de metales no magnéticos mediante corrientes parásitas; y finalmente, la limpieza del plástico para eliminar los residuos inertes restantes. Este enfoque permite recuperar materiales como aluminio, vidrio, metales ferrosos, metales no ferrosos y plástico con altos niveles de pureza y calidad.
ECONOMÍA CIRCULAR DE LA ENERGÍA
La combinación de normativas más estrictas, la expansión del mercado del reciclaje y la innovación tecnológica está contribuyendo al nacimiento de una nueva cadena industrial dedicada a la gestión del fin de vida de los equipos electrónicos y de los paneles fotovoltaicos. Las soluciones avanzadas desarrolladas por FOR REC representan un elemento clave en esta transición, ya que favorecen una reducción significativa de los rechazos especiales, disminuyen la extracción de materias primas y aumentan el valor económico derivado de la recuperación de materiales reciclables.
El futuro de la gestión de los RAEE y de los módulos fotovoltaicos no reside únicamente en su correcto tratamiento, sino en el fortalecimiento de tecnologías capaces de cerrar el ciclo de los materiales, apoyando la transición hacia un modelo industrial plenamente sostenible. En un mercado que exige eficiencia y máxima valorización de los recursos, FOR REC destaca por su capacidad de proporcionar no solo máquinas, sino soluciones de ingeniería completas. El enfoque de la empresa permite transformar lo que para muchos representa un costo de eliminación en una fuente estable y rentable de ingresos.
Afrontar residuos cada vez más complejos es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Elegir un socio tecnológico como FOR REC significa dotarse de las herramientas más avanzadas para afrontar este reto, contribuyendo activamente a la construcción de una economía verdaderamente circular y garantizando a la empresa una ventaja competitiva duradera.
Descubra las máquinas para el reciclaje de RAEE diseñadas por FOR REC en: www.forrec.es
Precisión,
auditabilidad y responsabilidad técnica compartida: pilares fundamentales para el cumplimiento de la Ley 20.920.
Rodrigo Scheel C. Gerente de Operaciones Sostenibles
Por años, la linealidad de “producir, consumir y desechar” fue la norma indiscutida de nuestra economía. Hoy, la Ley 20.920 que establece la responsabilidad extendida del productor (REP) nos obliga a romper ese paradigma, transitando desde una gestión de residuos basada en la eliminación hacia una de responsabilidad compartida y circularidad efectiva. Esta transformación no está exenta de desafíos técnicos y operativos que exigen una mirada dedicada.
Para los productores de productos prioritarios, particularmente en el ámbito de envases y embalajes, la adhesión a un sistema de gestión no puede ser un mero trámite administrativo. La declaración mensual exige mecanismos de actualización continua y, crucialmente, una trazabilidad digital robusta. Según la Resolución Exenta N° 2279, que complementa a la N° 2084, la vinculación del empaque no debe ser una estimación, sino un dato auditable que conecte el movimiento de cada SKU (código de identificación del producto) con su respaldo digital en libros de ventas, compras y packing lists de importación.
La ecuación del cumplimiento se compone de dos cifras críticas: lo puesto en el mercado como denominador (POM) y lo efectivamente recolectado como numerador. Esta última cifra no puede basarse en supuestos; debe provenir de certificados de valorización emitidos por gestores autorizados, cuya validez es el único escudo ante la autoridad. Con la suma colectiva de todos los productores, para ambas cifras (numerador y denominador), se construye la tasa que permite validar la meta de reciclaje. Aquí se desprende la necesidad de la construcción de una política interna de gestión de residuos para respaldar la operación propia, estandarizar la gestión del “patio trasero” como consumidor industrial y definir con precisión las exclusiones permitidas por acciones efectivas de circularidad.
La complejidad del sistema, donde cada producto prioritario –desde los vigentes para envases y embalajes, neumáticos y aceites, hasta los inminentes para aparatos electrónicos y textiles– resulta en un mundo regulatorio en sí mismo, hace indispensable la figura del Encargado/a REP responsable para cada institución. La expe-
riencia internacional demuestra que el éxito de estas normativas se cimenta con altas multas. En Chile éstas llegan hasta 10.000 UTA y ya son una realidad, como lo demostraron las fiscalizaciones de mayo de 2025, poniendo en riesgo a productores de neumáticos y empaques.
La casuística industrial de residuos revela brechas y oportunidades significativas. En el retail, las bolsas de tienda pueden superar el 50% de las emisiones totales de una organización. Por otro lado, acciones de ecodiseño como la reducción de la densidad de empaques ofrece un potencial de 15% a 25% sobre la emisión. Sin embargo, persiste una deuda técnica: faltan los detalles de empaques primarios, secundarios y terciarios en la ficha técnica del SKU.
La esperanza no radica en el miedo a la multa, sino en la eficiencia. Un buen sistema de control de gestión, la reducción en origen y la integración de proveedores confiables resultan claves. La lucha no es por compensar emisiones, sino por eliminar la dependencia de los vertederos a través de la precisión, la trazabilidad y la responsabilidad técnica compartida.
VALORIZACIÓN INTEGRAL
Con centros especializados, Resiter provee soluciones integrales para valorizar residuos orgánicos, con especial foco en los acuícolas.
La industria acuícola enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos históricos: crecer de manera sostenible, cumplir estándares ambientales cada vez más exigentes y responder a una ciudadanía que demanda mayor transparencia y responsabilidad territorial. En ese escenario, la gestión y valorización de residuos dejó de ser un servicio complementario para transformarse en un eje estratégico del negocio.
Con casi 45 años de existencia, Resiter, junto a sus centros de valorización -Calagro, GreenSpot, Natpro, Verdecorp y Afrecor-, ha consolidado un ecosistema de soluciones ambientales capaz de acompañar a la industria del salmón y de procesos acuícolas en todas las etapas de su opera-
ción: desde la gestión de residuos hasta la valorización, el tratamiento especializado y la economía circular.
“Las regiones del sur de Chile se han convertido en un foco de desarrollo relevante y los residuos en algunas de sus actividades productivas comenzaron a ser un problema no solo ambiental, sino también económico. Resiter ha dispuesto toda su energía para entregar una solución a través de tres ejes: gestión y valorización, tratamiento de aguas y waste to energy”, señala Julio Bertrand, CEO de la compañía.
De hecho, la empresa planea invertir más de US$75 millones en centros de valorización de residuos tanto en el norte como en el sur del país.
Centro de valorización Calagro.
GESTIÓN INTEGRAL
Resiter es especialista en la gestión integral de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, ofreciendo soluciones que integran recolección, transporte, tratamiento, valorización y, si es necesario, disposición final segura. Su modelo operacional está diseñado bajo criterios de trazabilidad, cumplimiento normativo y mejora continua, elementos críticos para empresas que operan bajo estricta fiscalización ambiental.
En el contexto acuícola, esto se traduce en la gestión eficiente de residuos de plantas de proceso, lodos, residuos orgánicos, embalajes, materiales plásticos, redes, neumáticos y corrientes especiales, con foco en minimizar la disposición final y maximizar la recuperación de materiales.
“Estamos trabajando con industrias del salmón que han logrado valorizar hasta el 96% de sus residuos, y en un codiseño de modelos de economía circular que se ha traducido en avances significativos en los últimos 4 años”, destaca Alex Bahamonde, gerente de negocios de Resiter Industrial en la zona sur del país.
“Más que gestionar residuos, Resiter transforma pasivos ambientales en oportunidades de valor, contribuyendo activamente a las metas ESG de sus clientes”.
Julio Bertrand, CEO de Resiter
En un trabajo conjunto con las salmoneras, Resiter ha logrado valorizar el 96% de sus residuos.
CENTROS ESPECIALIZADOS
Calagro: Valorización de conchas de moluscos
Aporta una mirada complementaria desde la valorización orgánica y la generación de soluciones para suelos y agricultura. A través del tratamiento y transformación de residuos orgánicos, específicamente conchas de moluscos, contribuye al cierre de ciclos productivos y a la reducción de impactos ambientales.
“En un territorio como el sur de Chile, donde conviven actividades productivas diversas, la articulación entre industria acuícola y soluciones de economía circular resulta clave para fortalecer la sostenibilidad regional”, afirma Rodrigo Alvarado, gerente general de Calagro.
— GreenSpot: Residuos plásticos de salmoneras
Desarrolla soluciones enfocadas al plástico proveniente de la indus-
tria del salmón. Con una gestión ambiental avanzada, apoya a las empresas en el cumplimiento de exigencias regulatorias y en la implementación de estándares superiores a la normativa.
En un entorno donde la trazabilidad y la transparencia son cada vez más relevantes, “contar con operadores capaces de asegurar control operacional y reportabilidad robusta marca una diferencia competitiva”, plantean en GreenSpot.
Natpro: De residuos orgánicos a proteínas
Contribuye con soluciones técnicas e innovación a las industrias salmonera y de animales. A través de las moscas soldado, logra reducir los residuos orgánicos de varias industrias y convertirlos en proteínas para alimento animal. En industrias altamente reguladas como la acuícola, la integración entre operación productiva y gestión ambiental es esencial para reducir riesgos y mejorar desempeño.
Su enfoque permite apoyar a las empresas en la implementación de mejoras que impactan tanto en productividad como en cumplimiento ambiental.
Verdecorp: Compostaje de residuos orgánicos
Ha trabajado por años con la industria de la celulosa, transformando sus residuos en enmiendas agrícolas. Ahora dio un paso más allá y sus cinco plantas ubicadas en el sur de Chile han recibido más de 40 mil toneladas de residuos orgánicos de diversas empresas, las cuales ha convertido en compost para la agricultura.
“La creciente exigencia de mercados globales en materia de trazabilidad y responsabilidad ambiental obliga a las industrias a fortalecer su posicionamiento en sostenibilidad. En ese contexto, Verdecorp se transforma en un socio estratégico para avanzar hacia modelos de negocio más resilientes”, resalta Felipe Ortiz, su gerente general.
Afrecor: Limpieza de lodos y piscinas acuícolas
Complementa el ecosistema del grupo con capacidades técnicas orientadas a soluciones industriales específicas, como limpieza de lodos o piscinas de la industria acuícola, aportando soporte operacional y tecnología aplicada en entornos productivos complejos.
“Su integración con el resto de las filiales nos permite ofrecer respuestas coordinadas y eficientes a desafíos ambientales de alta exigencia técnica”, indican en Afrecor.
ECOSISTEMA INTEGRADO
Julio Bertrand resalta que “la principal fortaleza de Resiter y sus centros de valorización radica en su capacidad de ofrecer una propuesta integral. No se trata de servicios aislados, sino de un modelo articulado que permite a la industria acuícola contar con un solo socio estratégico capaz de abordar múltiples dimensiones ambientales de manera coordinada”.
Este enfoque integrado facilita:
• La reducción de riesgos regulatorios.
• La mejora en trazabilidad y control.
• El cumplimiento de metas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
• La disminución de impactos ambientales.
• Un avance concreto hacia la economía circular.
“En un escenario donde la sostenibilidad ya no es opcional, sino condición para operar y competir en mercados internacionales, contar con aliados estratégicos sólidos se vuelve determinante”, concluye el CEO de Resiter.
SIN MERCADO NO HAY REP
Un mercado inmaduro de subproductos y la carencia de incentivos concretos para su uso son grandes desafíos para cumplir la Ley REP.
El sistema de gestión colectivo Valora Más para neumáticos clase A representa a más del 50% de los importadores del mercado local. Desde que inició su operación ha empujado el desarrollo de una red logística de recolección de la mano con la implementación de plantas de pretratamiento y valorización, ofreciendo desde el segundo semestre de 2025 una cobertura en todas las regiones de Chile.
El Decreto 8 fija como desafío para este año una meta de recolección de neumáticos del 80% y de valorización del 60% respecto de las ventas declaradas por los socios en 2025. Más allá de la complejidad de encontrar las toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU) en un mercado atomizado por todo el territorio nacional, se plantea la interrogante sobre el uso final de los residuos generados posterior al tratamiento.
Un neumático promedio de auto se compone de 43% de caucho, 14% de acero, 14%
de fibras textiles y 28% de negro de carbono, todos materiales viables de reciclarse. El problema de fondo no es la capacidad para su transformación en nuevas materias primas, sino que su baja salida para la elaboración de nuevos subproductos.
En Chile, lograr cerrar el círculo para fabricar nuevos neumáticos es una utopía, dado que el mercado es de importación y la única empresa que los produce localmente exporta gran parte de su producción. En concreto, la venta de residuos de NFU, ya sea para tratamiento mecánico o energético, responde a la demanda de plazas infantiles, multicanchas, sectores industriales como combustible alternativo (muy empujado por la exportación) y algunos otros usos aún a nivel exploratorio (agrícola y construcción), pero que no logran equilibrar la oferta. Si bien existen iniciativas en curso, son proyectos que pueden traer frutos en los próximos años, lo que no está acorde a los tiempos de la ley REP.
Urge generar incentivos para valorizar los insumos recuperados de los NFU.
Para avanzar en sintonía, necesitamos conectar los objetivos de todo el mercado y contar con políticas estatales y estímulos concretos en las compras públicas para lograr, por ejemplo, la sustitución de hormigón o asfalto por caucho.
Las exigencias de la Ley REP requieren con urgencia incentivos para desarrollar el mercado de material reciclado. Es en este aspecto, que hoy representa un gran cuello de botella, donde recae el éxito de dicha política pública.
Nathalia Silva Gerenta General de Valora Más
Pablo Méndez Socio en TM Abogados Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Chile
Desafío ambiental: más política, menos técnica
Apropósito de algunos episodios relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante los últimos meses se ha hablado bastante de que necesitaríamos “más técnica y menos política” a la hora de enfrentar la “permisología”, un neologismo usado para denotar los nudos o cuellos de botella que recibirían los proyectos de inversión en nuestro país.
Más allá del cuestionable uso del sufijo “logía” (más propio del estudio, ciencias o campos de conocimiento) para no hacer alusión sino a problemas de plazos excesivos de tramitación, falta de coordinación estatal y un exceso de burocracia en los trámites; lo que no es cuestionable es la tensión que evidencia nuestra institucionalidad ambiental al día de hoy.
Hoy es, justamente, cuando necesitamos más de la política para solucionar estos problemas.
Hay varios ejemplos que muestran aquello, aunque por ahora podemos mencionar sólo tres. Hoy, cuando en las sociedades actuales el “impacto ambiental cero” no es más que una utopía, como país debemos definir cuáles impactos son aceptables y, lo más importante, en qué lugares lo serán, cuestión que atañe a un conjunto no menor de leyes, como el sistema de áreas protegidas o la Ley Lafkenche por ejemplo.
Del mismo modo, se necesita mayor claridad sobre los requisitos que impone la autoridad mediante guías, instructivos, criterios a proyectos de inversión, y reglas legales claras que impidan su aplicación a procedimientos en curso, entregando seguridad sobre los requisitos aplicables desde el ingreso al SEIA. Algo de esto lo ha abordado la reciente Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, aunque se necesita avanzar con mayor fuerza legislativa.
En fin, resulta inaceptable que cada proceso de impugnación –en teoría con sólo unos cuantos trámites procesales– tarde fácilmente más de tres años sin que existan consecuencias desfavorables claras para la Administración; o que incluso se presenten casos en que la Administración tras una sentencia favorable por parte del tribunal ambiental oponga dificultades para su cumplimiento oportuno.
En síntesis: debemos modernizar nuestro sistema. Pero para ello resulta imprescindible alcanzar un acuerdo transversal como país, similar al que existió en el 2009 cuando se aprobó la denominada –por aquel entonces–“nueva institucionalidad ambiental”.
Hoy, por tanto, más política. La técnica bien podemos dejarla para después.
MÁS ENERGÍA DESDE RESIDUOS
Con un sistema BESS que almacenará la electricidad generada a partir del biogás en su relleno sanitario, Santa Marta elevará su aporte de energía limpia al país.
¿Sabía usted que el relleno sanitario Santa Marta, donde se disponen los residuos domiciliarios que generan más de 3 millones de habitantes de la Región Metropolitana, también abastece de energía a la población? Claro, porque en esa instalación ubicada en la comuna de Talagante, se captura el biogás proveniente de la descomposición de la materia orgánica para transformarlo en combustible y generar electricidad que se in-
yecta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De ese modo, además, se evita la emisión a la atmósfera de metano, un potente gas de efecto invernadero causante del calentamiento global y el cambio climático.
Pues bien, esa valiosa contribución pronto será mayor, ya que la empresa pondrá en operaciones un sistema de almacenamiento de energía en base a baterías (BESS), con lo cual podría aumentar hasta en un 30%
la cantidad de electricidad proveniente de fuentes limpias que entrega, ayudando a fortalecer la seguridad energética del país de manera sostenible.
Así lo destaca Alberto Tagle, gerente general de Consorcio Santa Marta: “Este proyecto es una expresión concreta de cómo la gestión de residuos puede integrarse de manera efectiva a la transición energética del país. No solo mitigamos impactos ambientales, sino que aportamos
soluciones reales a los desafíos del sistema eléctrico y procuraremos seguir avanzando en esta dirección”
SISTEMA BESS
El relleno sanitario Santa Marta lleva más de una década generando energía renovable no convencional desde residuos, dando cuenta de su compromiso con el desarrollo de soluciones sustentables para abordar problemáticas ambientales claves para la sociedad, como son la gestión adecuada de la basura domiciliaria y el abastecimiento energético. Desde la empresa, subrayan que la implementación del sistema BESS viene a fortalecer dicho compromiso, ya que contribuirá a reducir aún más las emisiones, mejorará la estabilidad del sistema eléctrico y potenciará el rol de la infraestructura de residuos como
Alberto Tagle recalca que Santa Marta aporta soluciones ambientales y energéticas al país.
aliada de la transición energética. En términos concretos, esta tecnología permitirá almacenar la electricidad producida (hasta 40 MWh) cuando, por condiciones del mercado eléctrico, no sea posible inyectarla al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), optimizando el uso y entrega de este recurso.
Por razones propias del funcionamiento del SEN, actualmente la operación de la planta de generación de energía de Santa Marta se debe interrumpir durante varias horas al día, y dado que no existe la forma de acumular la electricidad generada, se desaprovechan los beneficios que ésta otorga. “El metano no deja de producirse cuando se detiene la generación eléctrica. Cada hora en que no podemos operar de forma continua, es una oportunidad perdida para reducir emisiones y aumentar la generación de energía limpia, objetivo que el país se ha propuesto. Además, las magnitudes son tan importantes que, a modo de ejemplo, almacenar un flujo de 6.000 metros cúbicos por hora sería prácticamente imposible”, comenta Alberto Tagle.
La implementación del sistema BESS ayudará a resolver esa problemática, ya que se podrá almacenar la energía producida para despacharla al SEN cuando el sistema lo requiera. Esto dará mayor continuidad operativa a la planta generadora, donde la potencia instalada se elevaría desde 20 MW a cerca de 30 MW, y hará más eficiente la gestión ambiental en el relleno sanitario.
Alberto Tagle destaca: “Este no es un proyecto experimental ni una promesa de largo plazo. Es una solución probada a nivel internacional, que involucró una inversión relevante y que está lista para operar y generar beneficios ambientales inmediatos”
El sistema BESS tiene una capacidad de almacenamiento de 40 MWh, permitiendo acumular la energía producida que no se pueda inyectar al SEN.
A su vez, Andrés Derpsch, gerente de desarrollo de la compañía, plantea: “La innovación no está solo en generar energía, sino en gestionarla de manera inteligente, anticipándose a las necesidades del sistema y del país”
Cabe recordar que los sistemas de almacenamiento de energía en baterías han ido tomando relevancia en Chile como una buena solución para evitar los vertimientos de energía renovable que se generan en el Sistema Eléctrico Nacional. De hecho, algunas proyecciones indican que la capacidad instalada de BESS en el país podría alcanzar los 8,6 GW hacia el año 2027, superando ampliamente la meta planteada de 6 GW al 2050. Sobre este escenario, proyectos como el de Santa Marta destacan por responder de manera temprana y efectiva a un requerimiento creciente a nivel nacional.
PERMISOS
Considerando los beneficios señalados, el modelo productivo impulsado por el Consorcio Santa Marta ha sido reconocido en los Circular Awards por su aporte a la economía circular y la transición hacia un desarrollo más sostenible.
Desde la empresa destacan, además, que esta iniciativa consolida su rol como un actor estratégico que aporta a la seguridad energética y a la acción climática en el país, demostrando que una instalación de gestión de residuos –que de por sí corresponde a infraestructura crítica para la ciudad– bien administrada puede contribuir de manera significativa para un futuro más sustentable.
Asimismo, advierten que la pronta entrada en operaciones del sistema BESS de Santa Marta depende de la obtención oportuna de los permisos necesarios. Al respecto, Alberto Tagle señala: “Chile necesita avanzar con mayor decisión en la aprobación de proyectos que son parte de la solución. Agilizar estos procesos no significa bajo ningún punto de vista relajar estándares, sino reconocer el valor estratégico de iniciativas que ya cumplen con altos niveles de exigencia ambiental, y pienso que los organismos y autoridades pertinentes también lo ven de esta manera”
A RECICLAR SIN LÍMITES
Más empresas y hogares se siguen sumando al sistema de gestión de envases y embalajes de ReSimple para dar cumplimiento a las obligaciones que mandata la Ley REP.
El fomento al reciclaje en Chile celebra dos hitos durante marzo: los 10 años de la aprobación de la Ley REP por parte del Congreso y los 30 meses de vigencia de las metas de recolección y valorización de envases y embalajes (EyE), dos de los productos prioritarios que incorpora esa regulación.
Francisco Rojas, subgerente de Economía Circular de ReSimple -el principal sistema de gestión para el reciclaje de EyE en nuestro país-, hace una evaluación de los avances que ha producido la implementación de la Ley REP, especialmente en materia de EyE: “Han sido positivos, permitiendo que la industria y la población visibilicen que es posible extender la vida útil de materiales como envases y embalajes, y de otros productos prioritarios como neumáticos, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, aceites y lubricantes, entre otros. Respecto a los EyE, existe un interés creciente de las empresas por
informar y mostrar a sus consumidores que estos materiales los recuperan y valorizan. De esa forma, activan la industria del reciclaje y el modelo de economía circular que promueve la Ley REP”
El ejecutivo agrega que hoy en día existe la capacidad técnica instalada suficiente para procesar y valorizar con altos estándares los residuos de EyE industriales y domiciliarios.
REPORTE ÚNICO
Solo un poco más de 2.000 empresas integran actualmente un sistema de gestión, quedando fuera otras 15.000 afectas a la Ley REP. De ahí que ReSimple –a través de una constante educación, capacitaciones, webinars, publicaciones y otras herramientas– busque atraer nuevos so-
cios industriales con los cuales generar convenios de colaboración y que sus tasas de recolección y valorización sean incluidas dentro de las metas que fija la Ley REP.
Rojas recuerda que “estos consumidores industriales (que generan residuos de un producto prioritario) tienen dos opciones para informar la gestión de estos residuos: por medio de un sistema de gestión o directamente al Ministerio del Medio Ambiente (D.S. 12, artículo 24). Nosotros queremos que todos esos volúmenes de reciclaje queden bajo el paraguas de un sistema de gestión, o sea, capturar la mayor cantidad de residuos posible y declararlos de manera formal. Ahora bien, hay un porcentaje importante de empresas que no ha optado por ninguna de las dos opciones, lo que hace que una cantidad significativa de residuos quede fuera del sistema REP. Esto puede deberse a que desconocen la normativa o a que no han sido fiscalizadas por la autoridad competente en la materia. En la realidad, este proceso de incorporación de los consumidores industriales a los sistemas de gestión no ha sido tan rápido como se proyectaba cuando partió la implementación de las metas y obligaciones de la Ley REP”.
CATEGORÍA DOMICILIARIA
Elevar los índices de reciclaje de EyE en la categoría domiciliaria presenta desafíos distintos a los del nivel no domiciliario (industrial). Uno de los principales es lograr que estos materiales sean segregados en origen y limpios por la población en los sacos proporcionados por ReSimple. Lo anterior, dado que muchas veces los EyE están en contacto directo con alimentos, productos de higiene y belleza o de otro tipo que los contaminan. Para minimizar ese problema y que se logre una adecuada segregación en origen de EyE, haciendo que las mermas de este material valorizable sean cada vez menores, el sistema de gestión, dentro de sus acciones principales, realiza una educación ambiental continua y permanente hacia la ciudadanía por distintas vías.
Francisco Rojas valora el impacto positivo de la Ley REP.
El especialista plantea que “nuestra estrategia de corto y mediano plazo para este segmento es profundizar la comunicación efectiva en las comunas donde operamos, de manera que la segregación en origen vaya aumentando y con ello lograr que la recolección y valorización de EyE también lo hagan. Es un trabajo lento que requiere el apoyo de los municipios y de revisiones y análisis constantes sobre el comportamiento de los consumidores. De ahí la importancia de una adecuada capacitación para llegar a los niveles esperados de reciclaje”
Pese a las dificultades y al trabajo por hacer, la cobertura de ReSimple a nivel nacional alcanza, al día de hoy, a 2,6 millones de viviendas. Además, mantiene operativas 68 instalaciones de recepción y almacenamiento, así como 3.120 campanas para vidrios en la vía pública, y ha suscrito convenios con 130 municipios.
A juicio de Francisco Rojas, otro reto a superar para que haya un impulso mayor a la economía circular en Chile, es aumentar la capacidad instalada para valorizar los residuos, especialmente para materiales como latas de aluminio, cartón para líquidos y algunas resinas plásticas. En ese contexto, concluye: “Se debe conseguir el financiamiento y realizar las inversiones necesarias para que la Ley REP sea un sistema costo-eficiente”
LEY REP: ANTEPROYECTO DE BATERÍAS
ESTÁ EN CONSULTA PÚBLICA
El Ministerio del Medio Ambiente publicó en el Diario Oficial el anteproyecto con las metas de recolección y valorización para las baterías, uno de los productos priorizados en la Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP). El texto propone incorporar a las baterías que pesen 5 kilos o más y las clasifica en tres categorías: de plomoácido, de iones de litio y otras de distinta composición. En cuanto a las metas, plantea un aumento gradual en el tiempo: para las de iones de litio la valorización comienza en 15% y alcanza un 50% al décimo año; y para las de plomo-ácido parte en 50% y llega a 90% al décimo año. Además, se incorporan incentivos para la “segunda vida” de las baterías reacondicionadas. Hasta el 9 de abril se pueden hacer observaciones al anteproyecto que está disponible en consultasciudadanas. mma.gob.cl.
4.984
Unidades Tributarias Anuales (más de $4 mil millones) es el monto de la multa confirmada para el relleno sanitario Loma Los Colorados (Tiltil), luego de que el Segundo Tribunal Ambiental rechazara la reclamación de la empresa KDM. Esto, por no implementar dos de las tres vías de tratamiento y no eliminar los líquidos percolados según la RCA del proyecto.
REGLAMENTO PARA REUSAR ESCORIAS DE COBRE ENTRÓ EN VIGENCIA
Ya está vigente el Decreto Supremo N° 46/2025 del Ministerio de Salud que establece los requerimientos para autorizar el uso de escoria de cobre bajo condiciones sanitarias verificables, trazabilidad y restricciones claras. Estos residuos se pueden utilizar, por ejemplo, como áridos artificiales en la construcción de pavimentos, en la manufactura de elementos prefabricados y ornamentales, y en otras aplicaciones específicas en espacios abiertos. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que la aprobación del reglamento “constituye un avance significativo para consolidar una industria sostenible, competitiva y con enfoque de economía circular”
LEY DE PLÁSTICOS DE UN
SOLO USO: RIGEN NUEVAS OBLIGACIONES
Con nuevas exigencias para los supermercados y locales de expendio de comida preparada entró en plena vigencia la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, que busca reducir la presencia de estos materiales en el mercado para evitar su potencial contaminante. De acuerdo con lo establecido en la última modificación a esta normativa, ahora los supermercados tienen que ofrecer al menos el 30% de las bebidas en botellas retornables. Además, los establecimientos que comercializan alimentos preparados ya no pueden entregar productos de un solo uso, salvo que sean de madera, papel y/o cartón.
Un nuevo hito en la gestión sostenible de desechos hospitalarios se concretó con la puesta en marcha del primer camión eléctrico de Veolia Chile, que realizó su recorrido inaugural en el marco de la recolección de estos residuos en la Región Metropolitana. La iniciativa forma parte del programa Rebox, que promueve el uso de contenedores reutilizables para elementos cortopunzantes, evitando que los plásticos de un solo uso lleguen a los rellenos sanitarios y reduciendo las emisiones asociadas a su transporte y tratamiento.
GUÍA PARA AUMENTAR LA RECICLABILIDAD DE LOS PLÁSTICOS FLEXIBLES
“Trayectorias hacia los envases monomaterial de plásticos flexibles” se titula una guía desarrollada por los Pactos de los Plásticos de México, Colombia y Chile para apoyar a las empresas en América Latina que buscan un diseño de sus envases y embalajes con mayor potencial de reciclabilidad. El documento destaca que “el paso a envases flexibles monomaterial permite aumentar la probabilidad de recolección, clasificación y reciclado mecánico eficaz de envases de plástico flexible a gran escala. Esto permite tener flujos de materiales menos contaminados (o mezclados), al tiempo que se evitan los residuos de productos”
Gestión de residuos: del servicio municipal al público
Hernán Durán Socio principal de ECOISI
Para entender la política y la normativa para la gestión de los residuos sólidos en el país, es necesario remontarse al año 1970 donde sólo se disponía de una ley con el Código Sanitario en que se mencionaban algunas acciones en la materia que habría que transformarlos en decretos. Fue necesario llegar a 1994 para que surgiera la primera ley nacional sobre medio ambiente que valoraba este tema y que exigía estudios de impacto ambiental para todo su ciclo de vida. Esta ley recién pudo ser aplicada con más profundidad a partir del 2010 cuando se fortaleció la institucionalidad capaz de gestionar y orientar el funcionamiento de todo el ciclo de vida de la gestión de los residuos sólidos. Sin embargo, esos cambios normativos tampoco fueron suficientes.
En el año 2016 se publicó la famosa Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) que permite y fomenta un enfoque de economía circular para su gestión. La REP fue concebida como un instrumento económico para asegurar el financiamiento necesario para la gestión de los residuos, fortalecer la acción privada y la asociatividad entre todos los gestores. Todos puntos necesarios.
Sin embargo, la ley no incluyó la aplicación del principio de quien contamina paga, pilar de la economía de mercado, es decir que cada uno de los usuarios pague por el volumen de residuos que genera. Al igual que lo que se hace con el agua potable y la electricidad, entre otros servicios públicos.
¿Por qué este vacío al no querer considerar la gestión de los residuos como un servicio público más? Con superintendencias, empresas modelo de gestión y sistemas tarifarios que pueda dar señales para su gestión adecuada con su rol regulador en el mercado. Es posible que la respuesta tenga que ver con múltiples factores que van desde la prohibición de que la gestión de los residuos sólidos y sus rellenos sanitarios sean públicos o municipales y que tenga que ser obligatoriamente privada (desde mediados de los 70), hasta el problema político que podría significar tener que pagar por un servicio supuestamente gratuito para la población, pero no para los municipios.
Está demostrado que no es un conflicto pues la gente quiere vivir en un entorno limpio y la tarifa sería muy baja. Tal como en los países que han avanzado en el tema, se requiere una institucionalidad diferente, con una mejor fiscalización en todas las etapas del ciclo de vida. Algo con lo que no discrepa el enfoque de la economía circular; muy por el contrario, la enriquece.
LA LEY CONTRA
Especialistas analizan los aportes y las carencias de la iniciativa que busca fortalecer la prevención de siniestros forestales y rurales.
Veinte personas fallecidas, más de 3.700 viviendas destruidas y sobre 15 mil hectáreas afectadas por el fuego. Ese es parte del desolador balance que dejó el megaincendio que el fin de semana del 17 y 18 de enero arrasó con las localidades de Lirquén, en la comuna de Penco, y Punta de Parra, en Tomé, región del Biobío.
Ese devastador panorama, por cierto, no dejó a nadie indiferente. Y, entre otras cosas, reactivó la suma urgencia en la tramitación del proyecto de ley que busca fortalecer la prevención de incendios forestales y rurales que se han transformado en una amenaza recurrente y creciente para la población y el medio ambiente. De hecho, tras estar 10 meses sin mayores avances en la Comisión de Hacienda del Senado, el 27 de enero pasado, la Cámara Alta aprobó la iniciativa que pasó a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados que tiene programado para el lunes 2 de marzo el análisis de las modificaciones planteadas por
los senadores. En caso de visarlas, el texto podría ser despachado al Ejecutivo para que lo promulgue como ley. Y si hay discrepancias, se generaría una Comisión Mixta para resolver las diferencias.
A continuación, especialistas analizan su contenido, así como los eventuales aportes y deficiencias.
ASPECTOS CENTRALES
En términos generales, la propuesta gubernamental busca establecer un marco regulatorio que refuerza los instrumentos existentes y establece nuevas medidas para reducir el impacto de los siniestros sobre las personas, la infraestructura y el medio ambiente.
En ese contexto, incorpora conceptos como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde los propietarios deberán implementar cortafuegos y medidas para el manejo de la vegetación.
Además, crea un sistema de denuncias, fiscalizaciones, sanciones y un procedimiento ante infracciones de la normativa. El cumplimiento de esas acciones preventivas será fiscalizado por el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), el cual podrá aplicar multas que variarán según la cuantía de las faltas: las graves recibirán una multa de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales (UTM) y las gravísimas tendrán un tope de 3.000 UTM.
En paralelo, la iniciativa legal fomenta la corresponsabilidad ciudadana –con especial enfoque en la preparación de comunidades organizadas–, la educación técnica y propone incentivos para el uso de sistemas de agroforestería para disminuir los riesgos.
Asimismo, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo un procedimiento ágil para incorporar las zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación territorial ante amenazas de desastres.
De igual manera, crea mecanismos de asis-
Foto: Aliro Gascón (AIFBN)
Foto: Aliro
Gascón (AIFBN)
LOS INCENDIOS
tencia técnica para pequeños productores.
En materia institucional, refuerza las capacidades de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y entrega más herramientas al Sernafor para prevenir los incendios. Al mismo tiempo, fortalece la coordinación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) con otros actores públicos y privados que participan en dicha tarea.
También establece patrullajes para prevenir los siniestros intencionales y la labor pericial del SENAPRED para colaborar en las investigaciones pertinentes.
POSIBLES APORTES
Si bien existe un consenso generalizado en la necesidad de sumar herramientas legales para prevenir y mitigar los efectos de los incendios forestales, el contenido de este proyecto de ley ha generado voces a favor que valoran sus propuestas y otras en contra que lo consideran insuficiente.
Jennifer Valpreda, directora ejecutiva de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), por ejemplo, destaca algunos aspectos de la regulación que, a su juicio, pueden ayudar a evitar o mitigar la
Incorporar la interfaz urbano-rural y urbanoforestal en la planificación territorial puede reducir la exposición a los incendios, dice Jennifer Valpreda.
ocurrencia de estos siniestros: “Incorporar la interfaz urbano-rural y en particular urbano-forestal en instrumentos de planificación territorial (planes reguladores, seccionales, etc.) y asociar allí medidas obligatorias de reducción de riesgo, como propone este proyecto de ley, es clave para ordenar el crecimiento, definir estándares de protección y reducir la exposición de viviendas e infraestructura a desastres”. Enseguida, sostiene que “el ade-
cuado diseño y fiscalización de zonas de amortiguación y el manejo preventivo de combustibles (reducción planificada de vegetación combustible) reducirá la velocidad de propagación y la intensidad del fuego cerca de asentamientos”
La ingeniera forestal de la Universidad de Chile y M.Sc. Resources Management and Environmental Studies (University of British Columbia) también releva el rol que tendrá el nuevo Servicio Nacional Forestal en la implementación de esta ley, partiendo por la prescripción de normas técnicas para prevenir los incendios hasta su papel de coordinación y fiscalización. Asimismo, resalta “la clasificación de los territorios según los niveles de ocurrencia de incendios forestales y rurales, distinguiendo entre áreas de amenaza bajo, medio, alto o crítico (esto debe ‘conversar’ con los mapas de amenazas que deberán elaborarse de acuerdo con la ley que creó el SENAPRED). Si bien no se presenta como obligatorio, es relevante que el proyecto de ley menciona que los municipios podrán establecer convenios con el Servicio para la asistencia técnica a los propietarios rurales para el cumplimiento y la fiscalización de las normas”
Por su parte, Gabriela Azócar, investigadora del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2) –entidad que ha estudiado los incendios forestales en Chile, sus impactos y posibles es-
Foto: Rodrigo Parés (AIFBN)
trategias para enfrentarlos–, advierte que “la ocurrencia de incendios de interfaz urbano-rural o forestal no es completamente evitable, especialmente si se consideran, entre otros factores, los efectos que el cambio climático tiene sobre los territorios expuestos a este tipo de fenómenos extremos. La ley de prevención, sin embargo, puede contribuir a reducir tanto la frecuencia como la magnitud de estos incendios”
En ese marco, a su juicio, el proyecto de ley contiene dos aspectos imprescindibles. El pri-
Para Gabriela Azócar, la obligación de establecer planes de manejo forestal y las sanciones al incumplimiento son aportes claves del proyecto de ley.
mero es la necesaria delimitación de zonas de interfaz y de amortiguación. “Las zonas de interfaz corresponden a aquellos territorios en los que viviendas, actividades productivas e infraestructura urbana se entremezclan con vegetación, ya sea matorrales, pastizales, bosques o plantaciones. Es en estas zonas donde existe un mayor riesgo de ocurrencia de incendios, dado que confluyen factores humanos –conductas negligentes, accidentales o intencionales– junto con una alta disponibilidad de material combustible que favorece la propagación del fuego. Delimitar criterios claros para definir las zonas de interfaz urbano-rural permitiría integrarlas en los instrumentos de planificación territorial y, con ello, establecer condiciones específicas de prevención y preparación frente a la ocurrencia de incendios forestales. Las zonas de amortiguación, por su parte, corresponden a aquellas áreas ubicadas entre lo urbano y lo rural que deben mantenerse libres de material combustible. Su función principal es minimizar la propagación del fuego entre zonas habitadas y áreas forestales”, explica.
El segundo aspecto que subraya la Doctora en Sociología es la obligatoriedad de establecer planes de manejo forestal para los propietarios de predios forestales, así como las sanciones
propuestas en caso de su incumplimiento. “Esto contribuiría a reducir la carga continua de combustible –especialmente la alta densidad de las plantaciones– y a promover la implementación de cortafuegos en dichos predios, lo que disminuiría el riesgo de propagación y la magnitud de los daños provocados por los incendios”, plantea Gabriela Azócar.
ASPECTOS A MEJORAR
¿Qué aspectos del proyecto de ley se deberían corregir mejorar?
Desde la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), Jennifer Valpreda, responde: “Hay que corregir desequilibrios para que la ley sea aplicable, justa y efectiva, por ejemplo, evitar una implementación y sobre todo descentralización sin recursos: se asignan responsabilidades relevantes a nivel local (municipios e implementación territorial), pero sin un paquete robusto de financiamiento y fortalecimiento de capacidades explícito. La ejecución de la futura ley debe ser equitativa y no debe mantener el riesgo en comunas con menos recursos. En este sentido, sería muy positivo que a través de esta ley se destinara, por ejemplo, anualmente una proporción del Royalty Minero para actividades de prevención comunitaria e investigación y para fortalecer estrategias locales para prevenir y mitigar incendios forestales. Estos recursos no solo fortalecerían a los municipios, sino que también a las comunidades que de forma autogestionada trabajan la prevención ante incendios forestales. En el mismo contexto, debe asignarse un presupuesto adecuado y suficiente para el funcionamiento del propio Servicio Forestal, para la implementación de la Ley de Bosque Nativo (20.283) y para todos aquellos servicios e instrumentos contemplados”
La directora ejecutiva de AIFBN también considera indispensable que, a través del Ser-
nafor, se establezcan regulaciones más estrictas a la expansión de monocultivos forestales. “La Ley 19.300 (Bases del Medio Ambiente) y su reglamento disponen que proyectos susceptibles de causar impacto ambiental deben entrar al SEIA, lo cual incluye actividades forestales en ciertos contextos. Sin embargo, hasta ahora los proyectos de explotación forestal de gran escala no ingresan a evaluación ambiental porque, pese a su enorme extensión, las condiciones para que sean sometidos son débiles. Históricamente, existe un debate legislativo (vinculado a un proyecto de ley distinto) para someter todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal al SEIA”, recuerda.
Desde el Centro del Clima y la Resiliencia (CR2), en tanto, Gabriela Azócar plantea que conviene reforzar algunos aspectos de la iniciativa, partiendo por dar mayor importancia a la educación y la difusión de información sobre el riesgo de incendios forestales, un componente clave para la prevención. Al respecto propone: “Para fortalecer este punto, la ley debiera articularse explícitamente con la Ley 21.364 que, al crear el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), reorienta la gestión del riesgo de desastres desde una lógica predominantemente reactiva hacia una de carácter preventivo. Los esfuerzos por implementar programas de prevención siguen siendo insuficientes, por lo que resulta fundamental reforzar esta dimensión mediante una mejor vinculación entre los distintos marcos normativos que abordan la gestión del riesgo”
De igual modo, considera necesario reforzar la regulación y sanción de conductas individuales de riesgo, lo cual “se aborda solo de manera marginal. La mayoría de los incendios se origina por negligencia, asociada a faenas dentro de predios forestales o agrícolas, pero también a conductas como el mal manejo de fogatas, la quema de desechos, el tránsito vehicular sobre
La acumulación de basura y material combustible es una conducta negligente que aumenta el riesgo de incendios y debiera ser sancionada.
Foto: CR2
pastizales secos o el arrojar colillas de cigarro mal apagadas. Asimismo, se estima que al menos un 30 % de los incendios tiene un origen intencional, asociado a distintos motivos y actores”, dice. La investigadora del CR2 recuerda, además, que, a raíz del incendio provocado por un turista israelí en 2011 en el Parque Nacional Torres del Paine, en el año 2013 se promulgó la Ley 20.653, que endureció las sanciones para los responsables de incendios forestales en áreas silvestres protegidas, estableciendo penas que pueden ir desde los cinco hasta los veinte años de presidio. “No obstante, estas sanciones no se aplican a quienes originan incendios en cercanías de plantaciones forestales o en zonas de interfaz urbano-rural. En este sentido, la ley representa una oportunidad
69.802 Hectáreas afectadas a causa de 3.817 incendios forestales se habían registrado en la temporada 2025-2026 hasta el 18 de febrero pasado, según la CONAF. La cifra es un 24% más que en el periodo 2024-2025, cuando la superficie quemada a la fecha era de 56.483 hectáreas, a raíz de 4.528 siniestros.
para establecer con mayor claridad sanciones a quienes generen incendios, no solo en áreas protegidas, sino también en territorios habitados y productivos”, sostiene.
CARENCIAS
Una visión mucho más crítica del proyecto de ley tiene la Corporación de la Madera (Corma), cuyo gerente general, Antonio Minte, opina que “así como está, carece de varios aspectos que lo dejan como un instrumento muy débil o simplemente que no cumplirá su objetivo”
Luego sentencia: “Una ley de incendios correctamente construida debe apoyarse en cuatro pilares: prevención, combate, investigación y recuperación. Sin embargo, el proyecto de ley, sólo se hace cargo parcialmente del aspecto de prevención y mitigación”
Enseguida, el ejecutivo detalla las deficiencias que advierten desde la asociación gremial:
Cambio de uso de suelos
Durante el primer trámite del proyecto de ley para regular la prevención de incendios forestales, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó un artículo que prohibía el cambio de uso de suelo en terrenos afectados por estos siniestros, en torno a lo cual se generó un amplio debate. ¿Debiera reconsiderarse una restricción de ese tipo?
El gerente general de Corma, Antonio Minte, expresa el rechazo de la asociación gremial a esa idea: “El que un incendio afecte a un terreno no habilita el cambio de uso. Un bosque quemado, si está en un suelo de aptitud preferentemente forestal o es un bosque nativo, sigue siéndolo, aunque se haya quemado. En consecuencia, y de acuerdo con la legislación vigente, si un terreno que antes estaba cubierto de bosques es afectado por un incendio, no puede ser destinado a un uso distinto del silvoagropecuario. Creemos que, por el contrario, una prohibición como esa traería aparejado un efecto perverso, el cual sería incentivar los incendios intencionales con la finalidad de inmovilizar el uso del suelo”
Opinión opuesta es la que tiene Jennifer Valpreda, directora ejecutiva de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, quien señala que dicha prohibición sí debiera incluirse “porque es una herramienta preventiva frente al ‘incentivo’ a quemas intencionales para habilitar loteos, expansión inmobiliaria o cambios productivos, incluidos los de plantaciones forestales tradicionales y cultivos agrícolas”. En ese contexto, añade que “es fundamental que la información de las áreas quemadas y las solicitudes de cambio de uso de suelo posterior junto a las muy excepcionales autorizaciones que se cursen sean de carácter público, de modo de que se facilite un efectivo control social”
Por su parte, desde el CR2, Gabriela Azócar expone una postura intermedia: “Debieran establecerse restricciones al cambio de uso de suelo en terrenos afectados por incendios forestales como una medida de prevención, pero no una prohibición absoluta. Dichas restricciones debieran asegurar que cualquier modificación en el uso del suelo respete las disposiciones de la ley en materia de zonas de amortiguación, así como las normas ya existentes que impiden la construcción de viviendas o el desarrollo de actividades económicas en zonas de riesgo”. Agrega que una prohibición general limitaría la posibilidad de reconvertir terrenos incendiados en paisajes más resilientes, mientras que “permitir cambios de uso bajo condiciones reguladas podría favorecer la diversificación de usos del territorio, la reducción de la continuidad de la carga combustible y el diseño de configuraciones territoriales que disminuyan el riesgo de propagación de futuros incendios”
Falta de prevención efectiva:
Según Antonio Minte, a esta iniciativa le faltan medidas efectivas para prevenir en el corto plazo la ocurrencia de incendios forestales. “La tecnología disponible nos permite anticipar con hasta cinco días de antelación olas de calor que favorecen la propagación de incendios forestales. Conociendo esa información de antemano, todos los recursos del Estado y de los particulares debieran concentrarse en patrullar las vías de acceso, en los puntos donde históricamente se han iniciado los incendios”, grafica.
Recuerda también que el trabajo preventivo de reducir el combustible a nivel del suelo que durante el verano puede alimentar los incendios, se debe realizar durante todo el año. “Aquí se requiere que la Ley compatibilice el uso de la herramienta de fuego técnico para reducir biomasa, con normativas ambientales que lo prohíben o restringen”, plantea.
El proyecto de ley solo se hace cargo parcialmente de la prevención y mitigación de los incendios, sin abordar otros aspectos claves, critica Antonio Minte.
— Cortafuegos: “Desincentivo económico”
En Corma señalan que el sector forestal está de acuerdo con que el propietario de un terreno en zonas de interfaz urbano-rural y zonas de amortiguación se haga responsable de construir y mantener cortafuegos, pero advierten que si no se considera un apoyo para quienes no puedan costear esta medida (por la que, además, aseguran, perderán superficie productiva), se transformará en un “desincentivo económico” y en un “castigo al propietario” “A esto, se suma, que, de no ejecutar la tarea de cortafuegos, serán multados, lo que se traducirá en no querer tener bosques y vender a quienes sí pueden costear estas actividades, siendo un riesgo de concentración en la propiedad”, añade Antonio Minte.
Despliegue climático preventivo:
Según el gerente general de Corma, los registros históricos muestran que las alertas climáticas son claves para evitar los incendios, pero éstas deben ir acompañada de un “despliegue climático preventivo”. Agrega que hoy hay diversas instituciones públicas (municipalidades, policías y fuerzas armadas), privadas y de la sociedad civil que realizan esta tarea, pero no es algo que esté institucionalizado. “Que se incluya esta responsabilidad en la ley, aseguraría la continuidad de una práctica que hoy ha demostrado eficacia en reducir los riesgos”, sostiene.
Combate nocturno de incendios:
Antonio Minte plantea que el proyecto de ley también debiera fortalecer el combate nocturno, tanto aéreo como terrestre, de los
siniestros. “Ello es necesario porque el 30% de los incendios comienza durante la noche y también en ese periodo es cuando hay mejores condiciones de temperatura y humedad para combatirlos”, dice el ejecutivo.
Acota que hoy no existe seguridad para que las brigadas del SERNAFOR puedan trabajar en la noche, “dejando solo al sector privado, lo que reduce la fuerza de combate en el momento más oportuno. La ley podría asegurar presupuesto y temas laborales para cumplir con este punto” Además, plantea que la iniciativa legal podría mandatar y reducir la complejidad de certificar los aviones y pilotos para el trabajo nocturno contra los incendios, lo cual hoy significa costos muy altos y trámites engorrosos.
— Investigación y persecución:
En Corma sostienen que la propuesta legal “castiga a quien se quema y no a quien quema”. Al respecto, su gerente general afirma que es necesario “entregar herramientas de investigación y persecución a las diferentes policías, de manera tal que se llegue al castigo efectivo de quienes inician los incendios, ya sea por negligencia, pero principalmente para aquellos que actúan con intencionalidad. Esto último ocurre en un alto porcentaje (> 70%) en algunas comunas de las regiones del Biobío y también de La Araucanía”.
En ese contexto, afirma que en este proyecto se debiera entregar de manera explícita a las policías, al Ministerio Público y a los tribunales las facultades intrusivas que, por ejemplo, les entregó la ley sobre robo de madera y que ayudaron a disminuir ese delito en más de un 80%. “Lo anterior se hace especialmente
11 Incendios forestales que han consumido más de mil hectáreas se habían producido en la actual temporada, hasta el pasado 18 de febrero, según la CONAF. El mayor ha sido el denominado “Trinitarias” que arrasó 15.541 hectáreas en la región del Biobío.
necesario si consideramos que el porcentaje de condenas por delito de incendio no llega al 2%, mientras que el estándar OCDE es 10 veces superior (20%)”, apunta.
Recuperación post incendios:
En la asociación gremial recuerdan que la ley no evitará que ocurran incendios, por lo que debiera considerar también herramientas que permitan la recuperación de los propietarios y de las superficies quemadas, contemplando aspectos sociales, ambientales y económicos.
“Las emergencias no terminan con la extinción del incendio, sino que volviendo a dotar de cobertura vegetal aquellas superficies que se han quemado. Si eso no se hace, esos suelos quedan expuestos a otro tipo de emergencias como la erosión, remoción en masa, aluviones y bloqueo de cuencas, algunas de las cuales incluso abastecen de agua para consumo humano”, advierte Minte.
Delimitar criterios claros para definir las zonas de interfaz urbano-rural permitiría integrarlas en los instrumentos de planificación territorial, señalan desde el CR2.
PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS
¿Qué otros aspectos, no incluidos en el actual proyecto de ley, convendría incorporar?
Al financiamiento estructural para la prevención señalado anteriormente, Jennifer Valpreda suma otros temas levantados desde la AIFBN y la red de organizaciones de la sociedad civil que conforman el observatorio de los bosques y políticas forestales Bosquentrama:
• Participación vinculante y gobernanza a nivel territorial, con la constitución de comités/mesas locales de prevención con representación de municipios, bomberos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil (incluyendo redes como Bosquentrama), con atribuciones claras para priorizar medidas, supervisar ejecución y reportar brechas.
• Un sistema nacional de información, monitoreo y alerta con enfoque ciudadano.
• Integrar el monitoreo (incluida información satelital y reporte local) con canales para denuncias y respuesta temprana, con la necesaria instalación de capacidades para prevención, alerta y respuesta por parte de la comunidad, y con adecuada coordinación en tiempo real entre servicios públicos y la comunidad. “Un modelo a seguir es el implementado en Villa Botania en el megaincendio de 2024, en Quilpué”, apunta.
• Asegurar un componente penal robusto, transparencia y capacidades reales de investigación y sanción. Se debe transparentar y facilitar el acceso información sobre las causas de los incendios. Este conocimiento es fundamental para determinar con claridad las medidas de prevención más adecuadas, actualizar políticas y no repetir errores.
Finalmente, Jennifer Valpreda pone énfasis en que el aspecto de fondo más relevante es revisar el modelo de desarrollo forestal chileno. “De seguir existiendo enormes extensiones continuas de monocultivos que homogenizan el paisaje, erosionan los suelos al ser cosechados y consumen enormes cantidades de agua, las medidas que adoptemos seguirán siendo insuficientes. Necesitamos un nuevo modelo forestal, que apunte a diversificación del paisaje, a la participación ciudadana, al establecimiento de verdaderos bosques (diversos en especies y edades), a soluciones basadas en la naturaleza y a mirar a un futuro viable frente a los efectos del cambio climático”, sentencia. Por su parte, Gabriela Azócar señala que además de reforzar la prevención de los incendios forestales, también es indispensable abordar la preparación de las personas y, especialmente, a las autoridades, equipos técnicos y comunidades para que sepan cómo actuar frente a un siniestro que ya se ha iniciado. “La preparación debiera incluir, de manera prioritaria, criterios y protocolos claros de evacuación, con orientaciones tanto para la población afectada como para las autoridades y los equipos técnicos responsables de la toma de decisiones. La evacuación ante incendios forestales requiere planificación territorial anticipada, protocolos diferenciados y sistemas de comunicación oficial redundantes, considerando tanto la imprevisibilidad del fuego como las distintas capacidades, ritmos y decisiones de la población”, detalla. Luego, la investigadora del CR2 advierte que en la legislación vigente no existen definiciones claras al respecto. “Los planes de emergencia frente a incendios se limitan a señalar que las decisiones sobre cómo orientar la evacuación deben adoptarse durante el desarrollo del evento, sin establecer criterios basados en conocimiento y evidencia que permitan respaldar estas decisiones –que suelen tomarse en contextos de alto estrés e incertidumbre–tal como lo exige el principio científico incorporado en el proyecto de ley. La evacuación constituye, por tanto, un ámbito urgente de abordar, y la promulgación de esta ley puede representar un primer paso para avanzar en esta dirección”, concluye.
Claudio Zaror
Profesor Emérito Departamento Ingeniería Química Facultad de Ingeniería Universidad de Concepción
Ordenamiento territorial: tarea prioritaria
El año 2026 se inició con los devastadores incendios forestales que azotaron a las regiones del Biobío y Ñuble, donde comunidades enteras vieron consumirse en las llamas el fruto de décadas de esfuerzo, junto con la irreparable pérdida de vidas humanas.
En Chile, los incendios forestales no son solo consecuencia de altas temperaturas, vientos intensos u otras condiciones climáticas extremas, sino también del modo en que el territorio ha sido ocupado y organizado. La creciente proximidad entre áreas urbanas y extensas zonas de biomasa forestal ha configurado una peligrosa interfaz urbano-forestal que expone a miles de viviendas y familias a un riesgo permanente.
En este contexto, el ordenamiento territorial debiera ser una herramienta central para la prevención de desastres. Nuestro país cuenta con instrumentos de planificación que, bien utilizados, pueden contribuir a equilibrar el desarrollo económico, la protección ambiental y la seguridad de la población. Los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, elaborado por los gobiernos regionales, permiten identificar zonas de alto riesgo de incendios, inundaciones, remociones en masa u otras amenazas, orientando la localización de nuevas urbanizaciones y la priorización de infraestructura de mitigación. A nivel local, los Planes Reguladores Comunales definen directamente dónde y cómo se puede construir, pudiendo prohibir asentamientos en áreas peligrosas, establecer zonas no urbanizables y crear franjas de protección entre viviendas y plantaciones forestales que funcionen como verdaderos cortafuegos. Sin embargo, estos instrumentos han sido utilizados de manera insuficiente y, en la práctica, no han cumplido un rol preventivo eficaz frente a incendios, inundaciones o derrumbes. Entre las razones destacan las presiones de grupos de interés, la escasa incorporación de evidencia científica y de experiencias internacionales, y, lamentablemente, una falta de voluntad política para priorizar el bien común por sobre intereses particulares.
Las proyecciones del cambio climático para Chile son preocupantes, y la ausencia de un ordenamiento territorial robusto solo incrementa la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a estos riesgos.
Tal como señalé hace un año en este mismo espacio, evitar nuevas tragedias exige avanzar con urgencia hacia una amplia convergencia nacional que involucre al mundo privado, la academia y las instituciones públicas, con el fin de construir estándares compartidos para enfrentar este desafío. Ello requiere, además, superar la polarización política extrema, cuyas descalificaciones vacían de contenido el debate público. Solo mediante un esfuerzo colectivo, generoso y transversal podremos imaginar para Chile un futuro más seguro y sustentable, sin que el progreso siga escribiéndose sobre cenizas, dolor y destrucción, en desmedro de las próximas generaciones.
DE PROA A POPA
La gestión ambiental y producción limpia siguen permeando la actividad pesquera industrial, especialmente en las embarcaciones.
Por si no lo sabe, la eslora es la medida longitudinal que se extiende desde la punta de la proa, en línea recta, hasta la popa de una embarcación.
Se lo contamos porque en nuestro país se considera pesca industrial a la actividad extractiva realizada por barcos de “una eslora superior a los 18 metros y con sistemas de pesca tecnologizados, como los de arrastre, palangre y de cerco, que permiten la captura masiva de una amplia variedad de recursos pesqueros. Se realiza en aguas jurisdiccionales por fuera del área de reserva exclusiva para la pesca artesanal (correspondiente a las primeras 5 millas marítimas medidas desde la línea de costa o de las aguas interiores del territorio marítimo nacional)”, precisa la Subsecretaría de Pesca.
Tanto en el Estado como en el sector privado hay consenso respecto al compromiso y avances que exhibe el sector pesquero en el área ambiental. Y partiendo desde la etapa de extracción de los recursos biológicos a través del empleo de flotas industriales.
Sebastián Carvallo, subdirector de Producción Sustentable de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de CORFO, lo reafirma: “En la última década, el trabajo con el sector pesquero industrial ha permitido avanzar en la incorporación de criterios de producción limpia y gestión ambiental en las operaciones, especialmente a través de acuerdos de producción limpia (APL). Estos instrumentos voluntarios han impulsado mejoras en la gestión de residuos a bordo, el uso más eficiente de recursos, la reducción de impactos en los procesos productivos y el fortalecimiento de sistemas de control interno, contribuyendo a una operación más ordenada y trazable. En particular, se ha avanzado hacia enfoques como el ‘cero residuos al mar’, el mejor manejo de insumos y la incorporación progresiva de indicadores ambientales en la gestión de las flotas”
El especialista valora también que el sector esté integrando estándares voluntarios de sostenibilidad y buenas prácticas reconocidas internacionalmente, lo que le ha permitido elevar los niveles de exigencia en la operación y fortalecer la gobernanza ambiental. “En conjunto, estos avances reflejan un proceso de transición gradual hacia modelos productivos más sostenibles, donde la mejora continua, la verificación y la colaboración público-privada juegan un rol clave para reducir impactos y fortalecer la gestión ambiental del rubro”, afirma.
IMPACTO DE APL
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) fue la entidad encargada de coordinar el diagnóstico, implementación y evaluación de conformidad
Sebastián Carvallo valora que el sector pesquero esté integrando estándares voluntarios de sostenibilidad.
del APL “Manejo sustentable de residuos asimilables a domiciliarios en embarcaciones de pesca industrial”, denominado “Cero residuos al mar”, gracias al cual seis grandes empresas de la pesca industrial que operan entre las regiones de Arica y Parinacota-Los Lagos lograron certificar el acuerdo tras acreditar un avance relevante en la disminución de los desechos sólidos generados, especialmente de origen plástico.
“La ASCC entregó la distinción en producción limpia a 66 instalaciones entre embarcaciones de alta mar y artefactos navales de las compañías pesqueras Camanchaca, Camanchaca Pesca Sur, Corpesca, Blumar, Orizon, y PacificBlu, que lograron el 100% de cumplimiento en cada una de las acciones y metas del acuerdo. Según el Informe de Evaluación de Impacto del APL, se verificó una reducción del 33% en la generación de residuos totales del sector, superando con creces la meta inicial del 10%”, destaca Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca.
Una participación importante en la iniciativa público-privada tuvieron los Pescadores Industriales del Biobío, cuyos asociados son las empresas Blumar, Camanchaca, Landes, PacificBlu y FoodCorp. La gerenta de Sustentabilidad de dicho gremio, Monserrat Jamett, expone que “uno de los principales resultados de este acuerdo ha sido la reducción sostenida del indicador de generación de residuos en los barcos, medido como kilos de residuos generados por zarpe por persona, que entre 2019 y 2024 disminuyó en
un 46%. Esto fue posible gracias a la implementación de una serie de medidas operativas, entre ellas el uso de cajas reutilizables para embarcar víveres y de botellas retornables, así como la implementación de máquinas para bebestibles y la dictación de cursos de cocina para incentivar un mejor aprovechamiento de los alimentos”
La ejecutiva considera que en el éxito del APL tuvo mucho que ver el compromiso de las tripulaciones. “Debido a las condiciones propias de la operación pesquera, implementar este acuerdo implicó un tremendo esfuerzo, que incluyó capacitación y un cambio de conductas arraigadas”, asegura.
A su juicio, otro hito relevante para el sector ha sido la recuperación y certificación de pesquerías, siendo el jurel un ejemplo de pesca sustentable. “La pesquería industrial del jurel está certificada con los más altos estándares de la Marine Stewardship Council (MSC) desde 2019, obteniendo su última recertificación a fines del año pasado, lo que confirma que es un recurso manejado con responsabilidad, basado en la mejor ciencia disponible y con estrictos estándares de trazabilidad”, subraya.
Y asegura que la pesca industrial, particularmente la del jurel, es hoy “una actividad que tiene una huella de carbono hasta 60 veces menor que la de la producción de carne de res. Y una huella hídrica que también es muy baja, además de incorporar economía circular en sus procesos”
NUEVOS DESAFÍOS
“Uno de los principales resultados del APL ha sido la reducción sostenida del indicador de generación de residuos en los barcos”, destaca Monserrat Jamett.
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Logros principales del APL de la flota pesquera industrial, certificado en 2022, fueron: reducción del 44% de los residuos generados por zarpe por tripulante y de los envíos de desechos a rellenos sanitarios, y capacitación al 100% de las tripulaciones en materia ambiental.
2024 Año en que la empresa Blumar valorizó el 67% de los residuos provenientes de su flota industrial, principalmente metales y plásticos, y el 51% de los desechos generados en las plantas de procesos.
¿Prioridades actuales? Felipe Sandoval sostiene que hay una tendencia en las empresas pesqueras de seguir avanzando en carbono neutralidad y economía circular.
En la misma línea, desde la ASCC, Sebastián Carvallo manifiesta que luego de la certificación de los primeros APL en el ámbito pesquero, “uno de los principales desafíos es profundizar la incorporación de principios de economía circular en la operación, especialmente en la gestión de residuos, la extensión de la vida útil de los insumos y el fortalecimiento de procesos de valorización.
También será relevante avanzar en una gestión más sistemática de las emisiones de gases de efecto invernadero, promoviendo una mayor eficiencia energética, la incorporación gradual de energías más limpias y una mejor medición de la huella ambiental de la actividad”
En paralelo, resalta la relevancia de que el rubro adopte estándares verificables “que permitan transformar los compromisos ambientales en prácticas operativas concretas, comparables y auditables en el tiempo. Y que siga adaptándose a las nuevas condiciones ambientales de los ecosistemas marinos, fortaleciendo la planificación, el uso responsable de los recursos y la integración de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones productivas”.
Para continuar dando pasos firmes en el área de sustentabilidad, los Pescadores Industriales del Biobío suscribieron en 2025 un nuevo APL enfocado en la gestión del carbono, gestión hídrica, eficiencia energética y economía circular. “Este nuevo acuerdo recoge y da continuidad a las buenas prácticas ya implementadas en el APL de flota, a través de la consolidación de un Manual de Buenas Prácticas que sistematiza las medidas operativas y aprendizajes acumulados durante su ejecución. Asimismo, considera metas asociadas a la mitigación y/o compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, y la implementación de programas de eficiencia energética en las empresas socias”, revela Monserrat Jamett.
Con una mirada más global, la representante de los Pescadores Industriales del Biobío indica que para que el rubro se siga proyectando “necesitamos retomar el largo plazo, la estabilidad y certezas jurídicas que traigan de regreso las inversiones pesqueras, para que todo ello permita consolidar a Chile como una potencia alimentaria”
Arturo Brandt
Profesor Adjunto Global Energy Law and Policy
Vermont Law & Graduate School
Mercado del Carbono: el tamaño sí importa
El Mercado del Carbono constituye una herramienta eficaz en la tan necesaria descarbonización de nuestra matriz energética en varios sentidos: es costo eficiente, atrae inversión ayudando a financiar proyectos que reducen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), promueve nuevas tecnologías y la innovación, genera puestos de trabajo, reduce incertezas regulatorias, etc.
Chile se ha posicionado como un líder en la región en atraer financiamiento climático que permite desarrollar nuevos y más proyectos que reducen GEI. Contamos con la estructura administrativa y legal para seguir avanzando. Ya hemos firmado acuerdos con Suiza, Singapur y Japón que están activamente buscando financiar nuevas iniciativas. Ya tenemos 1.400 millones de dólares en inversión en 22 proyectos de mitigación. A nivel global un 23% de las emisiones globales de GEI se encuentra bajo mecanismos de comercio de emisiones transables.
El artículo 6 del Acuerdo de París autoriza a sus signatarios a cumplir con sus metas de mitigación a través de la compra de créditos de carbono. Y Chile se presenta con un proveedor confiable.
Sin embargo, para seguir avanzando debemos, de cara a la demanda, seguir buscando compradores y generando proyectos atractivos, donde el tamaño ¡sí importa!
De cara a la oferta, se deben desarrollar incentivos para grandes proyectos que efectivamente “muevan la aguja” en temas de mitigación y que presentan dificultades tecnológicas, financieras y regulatorias, como los sistemas de almacenamiento energético con baterías (BESS). Nada sacamos con promover iniciativas del tipo transporte escolar, techos solares o forestación de pequeños propietarios. No tengo nada personal contra proyectos de esa índole, pero por muy interesantes que sean, no son de interés de los grandes compradores y, lo más importante, no generan el impacto significativo necesario en mitigación. Los compradores -y lo digo con la experiencia de más de 20 años en el Mercado del Carbono, con diferentes “sombreros” y clientesbuscan grandes reducciones de emisiones, a fin de poder ser costo-efectivo, cumplir sus metas de mitigación y pagar los costos transaccionales, que son gastos no menores. ¡De este modo todos ganan!
Leamos bien este mercado y así podremos continuar, y por qué no aumentar, nuestra acción climática, promoviendo nuevos proyectos y, lo que es más importante, descarbonizando nuestra economía y mitigando gases de efecto invernadero a nivel mundial. ¡Que la ideología no supere a la evidencia!
Las empresas salmoneras han ido ampliando el uso de energías renovables, con beneficios para sus procesos y el medio ambiente.
¿Sabía usted que en las cercanías de la isla Huar, en la región de Los Lagos, hoy opera una inédita planta solar flotante instalada sobre una jaula salmonera? El proyecto pionero en el país abastece cerca del 40% del consumo eléctrico en un centro de cultivo de la empresa
Mowi Chile y se espera que reduzca unas 350 toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2), equivalente a lo que captura la plantación de 14 mil árboles maduros o más de 12 hectáreas de bosque nativo.
Ese es un buen ejemplo de cómo las energías renovables han ido aumentando su presencia en este sector productivo, generando beneficios para esta industria y el medio ambiente.
Rolf Traeger, director regional de Aysén del Consejo del Salmón, así lo corrobora: “En los últimos años la salmonicultura chilena ha logrado un avance progresivo en la incorporación de energías renovables y soluciones energéticas más eficientes para sus operaciones”
Añade que el Reporte de Impacto Sostenible de la asociación –que se construye con la información que entregan sus miembros–muestra que “cerca de un 47% de la matriz energética de nuestras empresas socias proviene de fuentes renovables, lo que refleja un proceso de transición energética que el sector ha ido integrando de manera sostenida alineado con la sofisticada tecnología de la industria”
Según el ejecutivo, este avance se basa principalmente en tres factores: innovación tecnológica aplicada a las operaciones, la búsqueda permanente de mayor eficiencia productiva y el compromiso de las empresas con los estándares globales de sostenibilidad. Y enseguida, remarca los beneficios que ha traído el uso de energías renovables: “En la región de Aysén, por ejemplo, estas soluciones permiten optimizar procesos y reducir la huella energética en zonas aisladas donde operamos”
APLICACIONES
¿En qué áreas de los procesos productivos salmoneros se están empleando las energías renovables?
El representante del Consejo del Salmón responde: “Se están integrando, principalmente, en los centros de cultivo en agua de mar, donde se concentra una parte relevante del consumo energético del sector, asociado históricamente a sistemas autónomos de generación para operaciones en zonas aisladas”.
Rolf Traeger detalla que su aplicación se enfoca en áreas como los sistemas de alimentación automatizada, donde se utilizan tecnologías de operación remota que optimizan el consumo energético y la gestión en tiempo real. También se están incorporando soluciones solares adaptadas a estructuras flotantes, mejoras en sistemas de oxigenación y monitoreo ambiental energéticamente más eficientes, además de equipamiento de iluminación y control en pontones de cultivo.
Rolf Traeger resalta que el uso de energías renovables ha generado ahorros y favorece la eficiencia y competitividad de las empresas.
mentado proyectos en el sector salmonero, también aportan antecedentes y su visión sobre el tema.
Marco Wiedeerhold, jefe comercial marine de Gasco Soluciones Energéticas, sostiene que, de acuerdo con lo que ha conocido, “las energías renovables se han usado en la industria desde hace varios años, principalmente paneles solares y eólicos, pero en poca cantidad de instalaciones. Para potencias mayores se han instalado paneles solares para uso en piscicultura de tierra y centros de mar, pero pocos”
Agrega que este tipo de energía se está aplicando “para los procesos de mantención de sistemas de respaldo para iluminación y respaldo de baterías”. Y también en “pisciculturas de agua dulce y centros de mar donde se han instalado para el total de los consumos productivos”
Por su parte, Matías Coll, director ejecutivo de SmartClarity, plantea: “Si bien los contratos de energía libre suelen considerar certificados I-REC (instrumento que acredita que una cantidad específica de electricidad se generó con fuentes renovables), existe una gran oportunidad para generar un cambio mediante proyectos fotovoltaicos en plantas productivas. Aunque no se visualiza aún un avance masivo, el sector está cada vez más concentrado en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), incorporando nuevas fuentes energéticas sin descuidar la seguridad del suministro”
El ejecutivo agrega que la mayor oportunidad para evolucionar hacia un suministro renovable está en las plantas de proceso, “donde el uso de frío representa más del 50% del consumo energético. En el caso de los pontones, la transición es más compleja por ser operaciones remotas que dependen principalmente del petróleo, aunque el gas está emergiendo como una alternativa para dicha transición”
Comenta también que su empresa ha desarrollado proyectos exitosos en salmoneras como Multix, Mowi, Invermar y Blumar. “El primer paso es digitalizar la operación para identificar brechas y realizar una gestión detallada. A partir de ahí, se definen cambios hacia fuentes más limpias y seguras, priorizando siempre la continuidad operacional”, acota Matías Coll.
BENEFICIOS MÚLTIPLES
¿Qué beneficios concretos ha traído para las empresas del sector el uso de estas energías más limpias?
“Esta diversificación responde a la necesidad de avanzar hacia operaciones cada vez más eficientes y sostenibles, especialmente considerando las condiciones operacionales propias del sur austral, donde la innovación energética se ha transformado en un factor relevante para la continuidad y modernización productiva”, asegura.
Luego remarca que el uso de energías renovables se está consolidando como parte de la estrategia de modernización tecnológica de las empresas socias del Consejo del Salmón, con foco en incorporar soluciones híbridas en pontones y sistemas operacionales, que permite optimizar el consumo energético en distintas instalaciones en toda la cadena productiva.
Añade que “del total de energía renovable reportada por nuestras empresas, la principal fuente corresponde a energía solar (83%)”, la cual por su versatilidad y adaptabilidad a distintas instalaciones, se ha transformado en una de las palancas más relevantes para acelerar la transición energética del sector.
Anesco Chile es una asociación que representa a proveedores de productos y servicios que desarrollan soluciones de eficiencia energética y autoconsumo, aprovechando muchas veces las energías renovables. En base a su experiencia, representantes de algunas empresas socias que han imple-
Rolf Traeger destaca que son múltiples y van más allá del ahorro de costos. “En primer lugar, hay un beneficio de competitividad internacional; como bien ha señalado nuestra presidenta ejecutiva, Loreto Seguel, la sostenibilidad es hoy nuestro ‘pasaporte’ para estar en las mesas de los consumidores más exigentes del mundo”, dice el director regional de Aysén del Consejo del Salmón. Añade que, en términos operativos, estas energías permiten una mayor estabilidad y eficiencia en los procesos. “En regiones como Aysén, reducir la dependencia de combustibles fósiles disminuye los riesgos logísticos asociados al transporte de combustible en zonas aisladas y mejora la calidad del entorno laboral en los centros de cultivo, al reducir ruidos y emisiones. Además, nos permite avanzar con métricas reales hacia la carbono neutralidad, fortaleciendo la reputación de la salmonicultura como una industria de vanguardia tecnológica”, resalta.
Este último aspecto también es subrayado por Marco Wiedeerhold, quien señala que el principal beneficio es la reducción de emisiones de gases efecto invernadero.
A su vez, Matías Coll entrega algunos datos más concretos: “Desde Smartclarity y eClariti donde nuestra experiencia está más del lado de la demanda, nos enfocamos en la gestión energética y el uso eficiente del agua. En Multix, por ejemplo, hemos logrado reducir anualmente un 10% el consumo energético y más de un 16% el uso de recursos hídricos en procesos y duchas”
Un ejemplo claro de una solución de energía renovable implementada en la salmonicultura chilena, con sus correspondientes beneficios, es la planta solar flotante integrada a un pontón de alimentación que se instaló en una jaula del centro de cultivo que Mowi Chile opera en Isla Huar. “En este caso, se utilizó una jaula circular de 160 metros equipada con 640 paneles monocristalinos, con una potencia instalada de 290 kWp. El sistema opera en modo híbrido con respaldo, conectado a la infraestructura eléctrica del pontón, e incorpora medición de energía entregada (kWh) para asegurar trazabilidad y seguimiento del desempeño. En resultados, el sistema se ha comportado según lo esperado: entre julio de 2025 y enero de 2026 aportó 95.554 kWh, equivalente al 40% aproximado del consumo eléctrico del periodo”, destaca Christian Schäfer, gerente general de AKVA Group Chile, empresa que implementó este inédito proyecto, junto a Alotta Energy y Fjord Maritime.
Ahondando en sus beneficios, el ejecutivo agrega que al comparar esta solución con una operación tradicional basada en diésel, “el modo solar/ híbrido permitió reducir el consumo desde 81.051 L a 43.716 L, equivalente a un ahorro de 37.435 L (-46,2%). En términos ambientales, esto se traduce en una disminución de 99.951 kg de CO2 (Scope 1) en el periodo julio 2025-enero 2026. En lo económico, el beneficio principal es la reducción directa del gasto en combustible y una menor dependencia operativa del generador como fuente principal de energía”
Un proyecto similar está ejecutando AKVA Group Chile con Salmones Austral, el cual consiste “en implementar un sistema de generación solar inte-
Christian Schäfer indica que uno de los mayores desafíos para escalar las energías renovables en la salmonicultura es el espacio disponible en las concesiones.
grado a la infraestructura eléctrica del pontón que se encuentra en el centro, con un enfoque claro: suministro de energía limpia medible y verificable (kWh entregados) y cuantificación del desplazamiento real de diésel. El alcance considera ingeniería de la plataforma flotante y la instalación, integración eléctrica completa, puesta en marcha y un esquema de operación/mantención con seguimiento del desempeño”, informa Schäfer.
Además de ahorrar combustible, el beneficio proyectado en ese caso es establecer un estándar operativo de bajas emisiones para el centro de cultivo: una matriz energética más diversificada, mayor continuidad del suministro y trazabilidad ESG a nivel de sitio basada en datos.
El ejecutivo añade que “al estandarizar la solución, se facilita su replicabilidad en otros sitios con ajustes específicos según las condiciones de cada ubicación”. Frente a esa posibilidad, cabe preguntarse, ¿qué nivel de inversión implican este tipo de proyectos?, ¿ese factor es una dificultad para desarrollarlos en otras empresas del sector? Christian Schäfer responde: “Depende del modelo de contratación e implementación. En un esquema de energía como servicio (pago por energía), la empresa puede evitar una inversión inicial y pagar por los kWh efectivamente suministrados, recibiendo el sistema con operación y mantención aseguradas bajo un marco acordado. Esto suele acelerar la adopción porque la decisión se centra en asegurar una operación estable, con desempeño medible y trazabilidad. La alternativa es la compra del sistema, donde sí existe inversión inicial, pero se capturan beneficios de largo plazo por sustitución de diésel y reducción de emisiones. En ambos casos, lo decisivo para replicar no es solo el costo, sino asegurar desempeño medible, una operación/mantención robusta y una integración eléctrica segura en ambiente marino”
DESAFÍOS Y SOLUCIONES
En relación con las oportunidades que existen para ampliar la aplicación de energías renovables en el sector salmonero, Rolf Traeger comenta: “Vemos un alto potencial en los centros de agua de mar, que concentran una parte significativa del consumo energético del sector y cuya operación depende mayoritariamente del uso de diésel. En el último año ha habido un avance relevante en soluciones tecnológicas orientadas a aprovechar este potencial, varias de las cuales hemos podido evaluar, probar y, en algunos casos, adaptar a nuestros procesos operacionales”
Las energías renovables se están integrando, principalmente, en los centros de cultivo en agua de mar, donde el consumo energético es relevante.
Foto: Consejo del Salmón
Al mismo tiempo, sostiene que la principal dificultad para aumentar el uso de fuentes renovables está asociada al riesgo propio de la innovación. “Al tratarse de nuevas soluciones, existe la posibilidad de que los proyectos necesiten mayores ajustes o tengan problemas en la operación, lo que podría afectar el retorno económico esperado. Para superar este desafío, es clave avanzar en estos proyectos mediante pruebas en terreno y evaluaciones técnicas que permitan reducir estos riesgos antes de escalar las soluciones”, afirma.
Luego, el director regional de Aysén del Consejo del Salmón suma otra traba: “Los riesgos regulatorios, que en algunos casos pueden retrasar o dificultar la ejecución de nuevos proyectos, especialmente cuando los marcos normativos y nudos regulatorios no avanzan al mismo ritmo que la innovación tecnológica que hoy tiene la salmonicultura chilena”. Para abordar esta problemática, considera clave planificar estos temas de manera temprana, mantener un trabajo coordinado con las autoridades y desarrollar proyectos piloto que permitan demostrar técnica y operacionalmente la viabilidad de estas soluciones, facilitando así su aprobación y posterior escalamiento.
Desde la perspectiva de los desarrolladores de proyectos, en tanto, Marco Wiedeerhold sostiene que la penetración de las fuentes renovables aún “es muy baja por lo que hay muchas oportunidades para aumentar su uso”
Y en cuanto a los obstáculos para hacerlo, a su juicio, lo principal es el costo de implementación y la dificultad para firmar contratos de largo plazo (20 años) para modelos ESCO, en los que la empresa de servicios energéticos financia, implementa y garantiza los proyectos, recuperando su inversión a través de los ahorros generados. Esta traba “se podría superar con mejora de costos por eficiencia y subvenciones”, plantea.
Por su parte, Matías Coll postula que “los costos en contratos eléctricos,
cada vez más en las nubes, representan una oportunidad para reemplazar la fuente por una alternativa”. A eso suma la necesidad de las empresas salmoneras de responder a mercados cada día más exigentes y de mostrar estrategias ESG alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Enseguida menciona algunas dificultades para ampliar la presencia renovable en el sector salmonero: “Logísticas remotas sobre todo para los pontones, la seguridad y continuidad del suministro y, muchas veces, incentivos en los operadores y RRHH de las plantas y centros. La forma de superarlos está por el lado de disponer de sistemas diversificados, con sistemas de respaldo BESS (con baterías) y, por supuesto, con una buena planificación energética periódica para ir ajustando la demanda. El tema no va por reemplazar todo a energías renovables sino más bien por el complemento y la diversificación. Un buen precio, eficiente y con seguridad energética. La forma de superar las dificultades va por el lado de una mirada holística”.
Para Chistian Schäfer, en tanto, uno de los desafíos más relevantes para escalar las energías renovables en la salmonicultura es “el espacio disponible dentro de las concesiones. En muchos casos, incorporar infraestructura adicional compite con la operación del centro y obliga a ser muy eficiente en el uso del área. Para superarlo, es clave avanzar hacia criterios y normativas más flexibles y claras que habiliten este tipo de soluciones, considerando que apuntan a reducir impacto ambiental y emisiones. En paralelo, desde lo técnico, existen alternativas de implementación -por ejemplo, configuraciones compatibles con jaulas metálicas- que permiten mantener prestaciones equivalentes minimizando el uso de espacio dentro de la concesión”
Opciones a tener en cuenta para seguir abriendo espacio a una salmonicultura más “renovable”.
OLORES Y RUIDO
Con dos temas de gran interés y, permanentemente en la palestra, abrimos este apartado: sobre la gestión de olores en las plantas de tratamiento de aguas servidas y el control del ruido originado en industrias y autopistas, principalmente, a través de barreras acústicas.
OLORES EN TRATAMIENTO
Conozca las tecnologías y normas que ayudan a controlar el olor en las plantas de tratamiento de aguas servidas en Chile.
Sentir un mal olor es una experiencia desagradable para cualquier persona. Y si se mantiene en el tiempo su calidad de vida sufrirá un gran deterioro. Esto, en la mayoría de los casos, puede deberse a la cercanía de su hogar con un plantel porcino, una instalación pesquera, una fábrica de celulosa o una planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS).
Hoy, por cierto, este tipo de impacto ambiental no le sale “gratis” a la empresa que lo causa: se expone a ser denunciada, fiscalizada y, si la gravedad de la situación lo amerita, a recibir una fuerte sanción.
Por citar un ejemplo, en 2024, el Segundo Tribunal Ambiental aco-
gió la demanda por reparación de daño ambiental interpuesta por un grupo de vecinos de la localidad El Melón en contra de la Municipalidad de Nogales tras constatar altas concentraciones de olor en diferentes unidades de la PTAS de esta comuna de la región de Valparaíso. Los resultados de un informe pericial demostraron que la dispersión de olores desde la instalación alcanzaba valores que superaban los niveles tolerables para la población humana de acuerdo con la normativa de referencia UNE-EN-13725. Esto, considerando que los sistemas de saneamiento de aguas domésticas en Chile no están regulados por un cuerpo normativo específico.
TECNOLOGÍAS EN USO
Según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS), de las 303 PTAS urbanas en funcionamiento hoy en Chile, 81 (27%) cuenta con alguna unidad encapsulada y con sistemas de tratamiento de gases odorantes, todos fiscalizados por el organismo estatal. Las tecnologías más utilizadas son filtros de carbón seguidas por biofiltros, tal como se muestra en la figura 1.
Verónica Vergara, jefa de la Unidad de Aguas Servidas y Riles de la SiSS, resalta que “en Chile existen las tecnologías de abatimiento para los distintos tipos de gases odorantes, en específico para los gases sulfhídricos y amoniacales típicos de las aguas servidas domésticas crudas que se tratan en las PTAS. Lo importante, entonces, es llevar un buen control, mantención y operación de estos sistemas”
Alejandra Hernández, Key Account Manager de Control de Olores en Ecolife, aporta más antecedentes: “Los sistemas de atomización de producto, ya sea como neutralizantes o aromatizantes, también son ampliamente usados en sectores específicos del tratamiento donde se puedan requerir, como en la entrada de agua, prensa de lodo, cloración u otras áreas de las PTAS” .
Para el tratamiento y mitigación de olores, la principal empresa sanitaria del país, Aguas Andinas, ha implementado en la región Metropolitana “diversas soluciones tecnológicas que incluyen el encapsulamiento de unidades de proceso, la conducción de gases odorantes hacia sistemas de abatimiento en altura (mediante extracción forzada y dispersión controlada), y tecnologías de tratamiento específicas como filtros biológicos, filtros de carbón activado y sistemas de lavado químico de gases” , detalla Francisco Javier De Fuentes, director de operaciones de la compañía.
Agrega que tales soluciones “han mostrado resultados favorables, contribuyendo significativamente a la reducción del aporte odorante. A ello se suman medidas operativas orientadas a minimizar la generación de olores desde la fuente, como la gestión del stock de lodos y el monitoreo de variaciones en la calidad del afluente, lo que permite anticipar ajustes en la operación”
¿Por qué solo un porcentaje menor de PTAS ha incorporado tecnologías para el control de olores? Verónica Vergara lo explica: “No es necesario que todas las tengan porque, inicialmente, las PTAS se construyeron alejadas de la población en sectores bajos para poder recibir las aguas servidas domésticas y tratarlas al menor costo posible. Sin embargo, con el paso del tiempo las comunidades se han ido acercando a estas instalaciones y algunas ya están rodeadas por viviendas, lo que ha causado que deban empezar a encapsular las unidades que aportan más gases odorantes e iniciar su tratamiento para evitar que éstos lleguen a las viviendas cercanas”
Para revertir tal situación, la especialista plantea que “se necesita contar con un buen ordenamiento territorial. Para eso, hay que mejorar los planes reguladores de las ciudades o localidades”
Ante la misma interrogante, Hernández señala que “hoy en día este tema lo revisa y controla la SiSS, por lo que no existe un criterio igualitario en todas las zonas y está basado en los reclamos realizados por la comunidad. Esto implica una postura reactiva para dar soluciones, lo que lleva a un constante conflicto con las personas que viven cerca de las plantas”
NORMAS Y ESTRATEGIA
Dado lo anterior, la profesional postula que si existieran normas “cada planta sabría cuánto es lo mínimo que debe cumplir para no afectar el bienestar de las comunidades que la rodean. Ahora bien, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con las SiSS, está trabajando en la actuali-
1Línea telefónica gratuita, denominada “Aló Vecino”, tiene Aguas Andinas a disposición de los vecinos de las biofactorías La Farfana y Mapocho Trebal, y del centro de biosólidos El Rutal, para que dejen registro de la percepción de olores en su sector.
Francisco Javier De Fuentes destaca el empleo, por parte de Aguas Andinas, de tecnologías de tratamiento específicas como filtros biológicos y de carbón activado, y sistemas de lavado químico de gases.
Encapsulamiento de parte de las instalaciones de la estación depuradora de aguas servidas de Aguas Décima, en Valdivia.
zación de la Norma Chilena 3212 (NCh3212), lo que permitirá estandarizar criterios y mejorar la respuesta frente a episodios de olor. Además, el hecho que cada vez más población habite cerca de las PTAS hace indispensable implementar tecnologías, mejorar las prácticas operacionales, tener medidas de control y registro de gases y/o olor percibido, y establecer criterios como unidades permisibles o área de influencia”
En la SiSS destacan que desde el 2009 vienen realizando acciones para contribuir a la gestión adecuada de los olores molestos generados por las PTAS (ver figura 2), “las que han dado muy buenos resultados”, afirma Verónica Vergara. La última iniciativa se relaciona, precisamente, con la actualización de la NCh3212 a través del Instituto Nacional de Normalización (INN). Uno de los aspectos que busca mejorar y reforzar es el control y operación de los sistemas de tratamiento de gases odorantes.
Al respecto, cabe consignar que la última actualización de la Estrategia para la Gestión de Olores (EGO) en Chile, elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente, establece que el tratamiento de aguas servidas es uno de los rubros que requiere un marco regulatorio específico.
Desde Aguas Andinas, Francisco Javier De Fuentes también lo considera necesario y conveniente: “Actualmente se aplican normas internacionales de referencia, por lo que disponer de una regulación nacional permitiría establecer umbrales adecuados a la realidad local, evaluar con mayor precisión el nivel de cumplimiento de las instalaciones existentes, y orientar las medidas necesarias, focalizándolas especialmente en las etapas y unidades de mayor potencial odorante”
De igual manera, Valeria Quintriqueo, ingeniero de ventas control de olores en Ecolife, expresa su acuerdo con la medida: “Una norma que regule a las PTAS permitirá exigirles el cumplimiento a todas ellas y no solo a ese 27% que cuenta con sistemas de control. Avanzar en la actualización de la NCh3212 es otro paso clave, ya que hará posible entregar soluciones concretas y estandarizadas, pudiendo ser, además, una forma de dar respuesta al problema de olores a corto plazo”
Fig. 1: Sistemas de tratamiento de gases odorantes en PTAS
Fig. 2: Gestión SiSS en olores molestos de PTAS
Ord. SiSS Nº 4208/10
Calidad de servicio incluye externalidades negativas por olores.
NCh 3212/2012
PTAS Directrices generales sobre olores molestos.
D.S Nº4/09
Reglamento de Lodos para PTAS.
Ord. SiSS Nº 1807/12
Instruye sobre olores molestos en recolección y PTAS.
Ord. SiSS Nº 3908/19
Instruye informar control de STG en PTAS a través de PRO23.
Decreto S. MOP Nº 419/14
Declara Norma Oficial NCh 3212 para el sector sanitario.
NCh 3212
Actualización en INN.
Res. SiSS
Nº 2304/24
Aprueba instructivo de Programa de Monitoreo de PTAS.
Sistema de mitigación de olores en PTAS por aspersión.
Monitoreo sensorial de olores realizado por un grupo de diez panelistas de manera mensual en los alrededores de biofactorías y PTAS de Aguas Andinas.
OFERTA Y MEDIDAS
Para este mercado, Ecolife cuenta con soluciones de control de olores como biofiltros y filtros de carbón catalítico, así como otras especializadas en las emisiones acuosas. La representante de la empresa añade: “El uso de productos que descomponen sulfuros disueltos es de gran utilidad para las plantas de tratamiento de agua, ya que estos compuestos contribuyen en alto porcentaje al olor percibido. Y si se complementan con sistemas de aspersión de neutralizantes se tratan otros gases generadores de olor”
Aguas Andinas, por su parte, ha desarrollado una estrategia integral de gestión y control de olores que incorpora medidas vinculadas a los procesos internos y a su relación con el entorno. A los sistemas de tratamiento de olores ya mencionados, la sanitaria ha sumado un reforzamiento en la gestión operativa mediante la optimización del manejo de lodos en los procesos de espesamiento y deshidratación para minimizar la generación de olores asociados a su acumulación.
Y para proteger a sus comunidades vecinas, la empresa ha implementado monitoreos sensoriales de olor en los que se utiliza el olfato humano como herramienta de medición. “Entre ellos está el monitoreo continuo de olores que se realiza diariamente en los sectores vecinos a las biofactorías La Farfana y Mapocho Trebal, y al centro de biosólidos El Rutal. Esto, junto con un panel de olores mensual a cargo de un grupo de diez panelistas debidamente calibrados en los alrededores de las biofactorías y algunas PTAS”, detalla Francisco Javier De Fuentes.
Lo anterior responde a un gran desafío que ha debido enfrentar Aguas Andinas: el cambio en los usos de suelo, que ha permitido la construcción de viviendas cada vez más próximas a las plantas de tratamiento, incrementando la sensibilidad y exigencias del entorno.
Otra dificultad a la que hace frente la empresa alude a los cambios en la calidad del agua servida, ya que en ciertos períodos sus biofactorías reciben mayores cargas de compuestos, como sulfatos, que intensifican la generación de olores.
Dentro de sus líneas de acción en este ámbito también están las modelaciones de dispersión de olor, destacando en la biofactoría La Farfana la aplicación de un modelo de dispersión de olor en línea. En la misma instalación está finalizando un proyecto “que considera el encapsulamiento de unidades y la ampliación de la capacidad de desodorización, permitiendo una mayor cobertura y eficiencia en el tratamiento de distintos procesos dentro de la planta”, acota el ejecutivo.
LAS BARRERAS ACÚSTICAS
Sepa qué factores determinan la eficiencia de las pantallas que se usan para controlar ruido, sus aplicaciones y opciones de optimización.
Vivir en las inmediaciones de una autopista o de una línea de metro en superficie tienes sus desventajas. La peor, sin duda, es la exposición a niveles elevados de ruido. Sin embargo, en ciudades como Santiago tal impacto en la calidad de vida ha sido atenuado con la instalación de barreras o pantallas acústicas. Su función es, precisamente, reducir el ruido generado por diversas fuentes, disminuyendo su propagación hacia zonas sensibles.
¿Dónde ofrecen los mejores resultados?
Alejandro Reyman, jefe de proyectos de ingeniería acústica en Proterm, lo indica: “Se desempeñan mejor en los espacios abiertos, ya que el sonido que no bloquea la barrera se disipa en la atmósfera, es decir no vuelve como un sonido reflejado. Actualmente, la reducción máxima de ruido se sitúa entre los 12-15 decibeles (dB) dependiendo de los factores antes señalados”
Añade que, en espacios cerrados, como en interiores de naves industriales, esta solución se debe complementar con la instalación de material absorbente tanto en el techo como en las paredes. “Es que, a diferencia de los espacios abiertos, el sonido se refleja en las paredes y techo generando un campo reverberante, lo que disminuye drásticamente la eficiencia de las barreras bajo esas condiciones”, explica.
Sergio Belfiore, gerente general de Infratek, empresa especializada en el desarrollo de este tipo de proyectos, indica que “las barreras absorbentes o bi-absorbentes son eficaces para mitigar el ruido de autopistas cercanas a zonas residenciales, establecimientos educacionales o centros de salud, donde se requiere una alta capacidad de reducción y disipación del ruido para mantener niveles compatibles con el bienestar y la salud de las personas. Y las barreras reflectantes de metacrilato transparente (PMMA) se usan en viaductos, carreteras, enlaces y zonas donde la visibilidad y la seguridad vial son prioritarias” Plantea, asimismo, que en infraestructura ferroviaria se emplean soluciones mixtas (combinación de módulos absorbentes y reflectantes) para absorber el ruido generado por la locomotora y el contacto de las ruedas con los rieles. Y en túneles el control acústico se complementa con revestimientos absorbentes en portales de entrada y salida, evitando la propagación del ruido por reflexiones internas hacia sectores habitados cercanos. Respondiendo la misma pregunta, Felipe Suárez, gerente de Ingeniería y Proyectos de Delta dB Ingeniería, precisa que las barreras acústicas “suelen implementarse en condiciones donde existe una propagación aérea directa predominante y que requieren atenuaciones mode-
3 Características
fundamentales de las barreras acústicas, como soluciones de control de ruido, destaca Felipe Suárez, de Delta dB Ingeniería: su relación costo-efectividad, flexibilidad operacional y compatibilidad con estrategias combinadas.
radas, es decir, menores a 15 dB. O sea, donde por el programa arquitectónico o trabajabilidad del espacio no es posible realizar cerramientos acústicos u otro tipo de medidas de control; o cuando las fuentes de ruido a tratar son móviles. En términos simples, se emplean para controlar fuentes de ruido en cubierta, tráfico rodado, instalaciones eléctricas o control residual de fuentes de ruido ya tratadas”
FACTORES DE EFICIENCIA
Respecto a su eficiencia, el ejecutivo asegura que el desempeño de estas estructuras “depende fundamentalmente de variables geométricas, espectrales y constructivas. Desde el punto de vista físico, una barrera funciona por la interrupción de la línea de vista acústica y generación de un fenómeno de difracción controlada. Por lo tanto, su eficiencia está directamente relacionada con la altura de la pantalla, distancia relativa entre fuente, barrera y receptor, la longitud de onda predominante del frente de ruido a tratar, y la correcta ejecución de obra, sin fugas ni luces acústicas” Agrega que, en condiciones reales de campo libre, “el rendimiento de una barrera acústica oscila entre 8 y 15 dB, siendo posible atenuaciones mayores con configuraciones es-
Estructura metálica modular de una barrera acústica.
peciales como barreras dobles, coronamientos absorbentes o geometrías optimizadas”. Belfiore, en tanto, afirma que la eficiencia de estas pantallas depende, principalmente, del proyecto de ingeniería acústica y de las condiciones de ruido ambiental que se evalúan en el lugar en que se ejecutará el proyecto.
“Estas condiciones pueden determinarse mediante mediciones in situ en distintos horarios del día o a través de simulaciones acústicas de los niveles de ruido que modelan escenarios proyectados. Este estudio define la posición óptima de la barrera acústica entre la fuente emisora y el r/ eceptor, por lo que la ubicación y distancia relativa entre ambos puntos inciden directamente en la eficiencia del sistema”, especifica el ejecutivo.
Agrega que en su desempeño también influye el diseño geométrico (alto y longitud) y la materialidad, ya que estas soluciones pueden ser absorbentes o reflectantes, según los requerimientos de mitigación. Las primeras -compuestas por materiales de alta densidad como lana de roca, lana mineral o fibra de poliéster- absorben y atenúan la energía sonora incidente, mientras que las segundas redirigen el ruido en dirección opuesta al receptor, evitando su impacto directo.
Alejandro Reyman coincide en que la geometría de una barrera acústica es uno de los factores más críticos a la hora de evaluar su eficiencia, ya que el sonido, al llegar a su borde superior, se dobla hacia abajo, generando la llamada “sombra acústica”. Por eso, los factores clave a considerar son la altura y longitud de la pantalla, su ubicación en relación con la fuente o el receptor, y la frecuencia del
sonido que se requiere atenuar. Sobre su evolución a lo largo del tiempo, el representante de Proterm revela que la búsqueda de un menor impacto visual en entornos naturales como carreteras y otras obras de infraestructura vial, ha consolidado el uso de barreras acústicas transparentes. “En estos proyectos se utilizan preferentemente materiales como policarbonato y metacrilato. El primero se prefiere en proyectos que requieren una máxima resistencia mecánica contra impactos y vandalismo. Y el metacrilato es la opción predilecta cuando la prioridad es la calidad óptica a largo plazo, debido a su excelente transmisión lumínica y su estabilidad frente a los rayos UV”, especifica.
NUEVOS MATERIALES
El ingeniero civil en sonido y acústica agrega que el desarrollo tecnológico de las barreras acústicas está enfocado en “buscar nuevos materiales que sean capaces de responder de mejor manera a las bajas frecuencias sin incrementar la masa de estas estructuras. Se espera que pronto pantallas livianas equipadas con cancelación activa de ruido mediante altavoces, similares a los que hoy se utilizan en audífonos personales, permitan incrementar la reducción del ruido, disminuyendo los costos de construcción y mejorando la eficiencia de las barreras”
Por su parte, Felipe Suárez explica que “la evolución de las barreras acústicas se ha dado principalmente en tres ejes: la optimización de las geometrías, considerando coronamientos curvos que mejoran el desempeño por difracción; el avance en materialidad, que ha logrado el desarrollo de paneles acústicos modulares con una
Su desempeño “depende fundamentalmente de variables geométricas, espectrales y constructivas”, asegura Felipe Suárez sobre estas soluciones.
excelente resistencia a la intemperie; y el avance en ejecución que permite montajes más rápidos y mejor control de tolerancias y fugas”
A su juicio, una oportunidad de mejora para los paneles pasa por “la incorporación de criterios de sostenibilidad y análisis de ciclo de vida. En Delta dB hemos intentado aportar a este camino mediante una ‘construcción racionalizada’, que busca que el dimensionamiento de las barreras acústicas garantice el máximo rendimiento de material y genere la menos cantidad de residuos posible”
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Para satisfacer los requerimientos del mercado, Infratek cuenta en su portafolio con barreras reflectantes (PMMA), absorbentes y bi-absorbentes, mixtas, integradas a sistemas de contención vial y reductores acústicos de altura. “Cada solución es evaluada conforme a las normas aplicables a carreteras e infraestructuras viales, en donde se debe medir el aislamiento acústico frente al ruido de tráfico rodado y la absorción acústica de una barrera frente al espectro del tránsito vehicular o ferroviario”, explica su gerente general.
Proterm, en tanto, se especializa en el diseño de soluciones a la medida, adaptadas estrictamente a las necesidades de cada cliente. “Nuestro proceso comienza con una fase de ingeniería conceptual, en la que analizamos la problemática de fondo para determinar la estrategia de mitigación más eficaz, equilibrando siempre el rendimiento técnico con la optimización de la inversión. Y en términos técnicos, al no ser representantes de ninguna marca de paneles o soluciones acústicas, estamos abiertos al uso de cualquier tecnología que esté disponible en el mercado”, aclara Alejandro Reyman.
A su vez, en Delta dB ofrecen barreras acústicas “como un proyecto de ingeniería integral y no como un producto estándar”. Su diferenciación radica en una modelación acústica predictiva previa que permite proyectar con precisión la atenuación esperada en el o los receptores. “Y en una validación estructural completa, considerando solicitaciones de carga de viento y sísmicas, así como también combinaciones de carga según normativa vigente, lo cual nos permite ofrecer soluciones con una larga vida útil”, asegura Felipe Suárez.
También destaca que la empresa diseña fundaciones y obras civiles asociadas, cuenta con fabricación propia en su maestranza y ofrece un sistema modular de montaje que reduce interferencias operacionales en instalaciones industriales activas.
Flavia Liberona
Directora Ejecutiva Fundación Terram
El SEIA otra vez en cuestión
Hace algunos días, un medio de comunicación nacional informó que más del 70% de los proyectos en calificación dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se encuentran suspendidos. Una cifra significativa, ya que la suspensión implica que el tiempo en que un proyecto permanece en pausa no se contabiliza dentro de los plazos legales de evaluación ambiental.
La suspensión puede producirse en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) y en los estudios de impacto ambiental (EIA), principalmente durante la etapa de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones. En términos generales, corresponde a una solicitud del titular del proyecto destinada a contar con tiempo adicional para responder las observaciones formuladas por los organismos evaluadores. Asimismo, los plazos pueden suspenderse por procesos de consulta indígena o por situaciones excepcionales, como emergencias naturales.
Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 69% de las suspensiones responde a solicitudes de los titulares. Sin embargo, la discusión no se agota en esta cifra. Expertos han señalado que estas pausas no necesariamente obedecen a una estrategia deliberada de los proponentes, sino también al aumento sostenido de las exigencias técnicas y a la dificultad material de abordarlas dentro de los plazos legales ordinarios.
Lo anterior revela una tensión estructural del sistema de evaluación ambiental. Por una parte, proyectos que ingresan sin antecedentes suficientes generan sucesivas rondas de observaciones que prolongan la tramitación. Por otra, la creciente complejidad técnica de las evaluaciones exige mayores capacidades institucionales para procesar eficientemente dicha información. El resultado es un procedimiento que, aun funcionando conforme a su diseño normativo, termina extendiendo significativamente los tiempos reales de decisión.
Hace años distintos sectores empresariales han solicitado mayor celeridad en los procesos de calificación ambiental, mientras organizaciones ciudadanas y servicios públicos advierten que la falta o deficiencia de información presentada dificulta evaluaciones oportunas y técnicamente fundadas. Así, el debate no parece centrarse únicamente en acelerar plazos, sino en mejorar la calidad del ingreso de los proyectos y fortalecer la capacidad evaluadora del sistema.
En un contexto político marcado por el interés en impulsar la inversión y destrabar iniciativas en evaluación ambiental, surge una pregunta inevitable: ¿cómo asegurar que los proyectos ingresen al SEIA con información suficiente y estándares técnicos adecuados, de modo que la evaluación sea simultáneamente rigurosa, transparente y eficiente?
PARA PESCA Y CELULOSA
Conozca opciones para cumplir con las normas de olores para estos sectores, que entrarán en vigor en junio.
En junio próximo, las productoras de harina y aceite de pescado y de alimento para peces, en el sector pesquero, como también las plantas de celulosa en Chile, tendrán que empezar a cumplir con las nuevas normas para el control de olores publicadas en el Diario Oficial en diciembre recién pasado.
Estas regulaciones establecen límites de emisión y exigen a las empresas aplicar medidas para reducir el impacto odorante de sus actividades sobre la población circundante.
¿Cuáles serán las obligaciones más difíciles de acatar?, ¿qué alternativas pueden servir para responder a esas normas?
SECTOR PESQUERO
En lo que respecta al sector pesquero, Daniela Caimanque, profesional
del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), señala que “la norma, establecida mediante el D.S. N° 9/2024 del Ministerio del Medio Ambiente, fija por primera vez en Chile límites de emisión de olor y exigencias de buenas prácticas operacionales para plantas de harina y aceite de pescado y de alimento para peces, aplicables a 32 instalaciones a nivel nacional. En este escenario, el principal desafío para los regulados será cumplir con los límites de emisión de olor, particularmente en aquellas instalaciones que no han incorporado históricamente sistemas de prevención y control de olores, lo que implicará inversiones y ajustes operacionales relevantes para adecuarse a la nueva regulación”
Según la nueva norma –que entrará en vigencia el 17 de junio de 2026–, las fuentes existentes deberán reducir sus emisiones odorantes en un 70% en un plazo de cuatro años, o bien acreditar un impacto igual o inferior a 5 unidades de olor, medido como percentil 98. Para las nuevas
138.000 Personas aproximadamente verán mejorada su calidad de vida gracias a la implementación de la norma de olores del sector pesquero, estiman en el Ministerio del Medio Ambiente.
plantas, en tanto, se establece un límite más exigente de 3 unidades de olor. La representante del MMA destaca que la regulación proporciona un conjunto de alternativas tecnológicas y de buenas prácticas operacionales para prevenir y controlar olores, entre las que destacan “la implementación de sistemas de abatimiento como lavadores de gases, tecnología ultravioleta y ozono, o soluciones combinadas junto con mejoras en el encapsulamiento de procesos, manejo de materias primas, mantención de equipos y control operacional. Adicionalmente, la norma exige mediciones periódicas de la eficiencia de reducción de olor (ERO) y monitoreo continuo de parámetros operacionales, lo que refuerza una gestión integral del olor”.
¿Qué nivel de inversión puede implicar la implementación de estas soluciones?
Daniela Caimanque indica que, según el análisis del impacto económico de la norma, “los costos se concentran principalmente en la reducción de niveles de emisión de olor, a través de la implementación y operación de
Las normas entregan opciones tecnológicas y de gestión para su cumplimiento, señala Daniela Caimanque.
tecnologías de abatimiento, representando cerca del 70% del costo total de cumplimiento, con una inversión del orden de USD 16 millones en valor presente para el sector regulado. A ello se suman costos asociados al monitoreo, reporte y fiscalización. No obstante, el diseño de la norma incorpora gradualidad en los plazos de cumplimiento, permitiendo a las instalaciones planificar sus inversiones de manera progresiva”
CAPTACIÓN DE VAHOS
Como ya se mencionó, la norma para el sector pesquero obligará a las fuentes emisoras a reducir su tasa de emisión de olor (TEO) total en un 70%. Miguel Gatica, Gerente de Ingeniería en Olores de Proterm, plantea que para responder a dicha exigencia, “será relevante contar con un diagnóstico inicial que permita identificar y estimar las emisiones de las unidades emisoras al interior de establecimiento. Esto será clave, porque dependiente de un buen
diagnóstico se definirá el alcance de la inversión (captación de vahos, sistemas de control, mejora de procesos, etc.) para lograr el 70 % de reducción”.
Con respecto a las opciones técnicas para responder a esas exigencias, el especialista comenta que existe una amplia gama de tecnologías, entre las que destacan biofiltros, lavadores de gases, plasmas no térmicos y la inyección de ozono. “La elección de una u otra dependerá el flujo (m3/h), temperatura (°C) y espacio físico que tenga la planta para instalar dichas tecnologías. Para todas ellas es crucial el diseño e implementación de una buena captación de vahos”, advierte.
Miguel Gatica también sostiene que la implementación y fiscalización interna del protocolo de buenas prácticas, sin duda, “ayudará a controlar situaciones que inciden en eventos de olores, como la calidad de materia prima, limpieza de instalaciones, hermeticidad de las captaciones”.
PLANTAS DE CELULOSA
La segunda regulación de olores que entrará en vigor en junio próximo –específicamente, el martes 2– es el Decreto Supremo N° 50 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece límites de emisión de olores y condiciones operacionales para reducir el impacto odorante de las siete plantas de celulosa que operan en Chile, entre las regiones del Maule y de Los Ríos.
La nueva norma hace más estrictos los límites de emisión de compuestos TRS (“Total Reduced Sulfur”, o en español, “Compuestos de azufre total reducido”) para los incineradores y las calderas de poder dedicadas. Además, incorpora exigencias y condiciones operacionales para los venteos y define condiciones para la operación de las lagunas de emergencia. También establece la obligación de contar con monitoreo continuo en línea, una herramienta clave para mejorar la transparencia y la supervisión de las emisiones reales de cada planta.
“Esta normativa corresponde a una segunda actualización de un marco regulatorio que rige desde el año 1999, por lo que el sector cuenta con experiencia en la prevención y control de emisiones de compuestos odoríficos”, explica Daniela Caimanque.
Agrega que, en ese contexto, y considerando los avances alcanzados, los principales desafíos para este rubro serán cumplir con “las exigencias asociadas a las condiciones de operación y al tratamiento de gases de venteo, que corresponden a descargas directas de compuestos odoríficos a la atmósfera por una situación de emergencia y que pueden impactar a la población cercana. Estas disposiciones suponen desafíos técnicos, operacionales y de inversión, especialmente para aquellas plantas que deben adaptar infraestructura existente, optimizar la gestión de compuestos odorantes y robustecer sus sistemas de control, monitoreo y reporte para asegurar el cumplimiento permanente de los nuevos estándares regulatorios”
Daniela Caimanque indica, además, que de acuerdo con el análisis ge-
Un buen diagnóstico para identificar y estimar las emisiones será clave para las empresas, subraya Miguel Gatica.
neral del impacto económico y social de esta actualización normativa, las principales alternativas tecnológicas y buenas prácticas operacionales para cumplir la regulación son “la gestión y tratamiento de los gases de venteo, mediante agentes neutralizantes y scrubbers alcalinos, así como la tecnología de embotellamiento de venteos, que permite evitar su descarga directa a la atmósfera. A estas medidas se suman prácticas operacionales, como el aseguramiento de condiciones estables de operación de los equipos de respaldo, condiciones para la operación de lagunas de emergencia o de regulación y la implementación de sistemas de monitoreo y reporte en línea a la Superintendencia del Medio Ambiente”
Añade que el costo anualizado total de la implementación de estas medidas se estima en USD 262.000, considerando inversión, operación, mantención y monitoreo continuo. La mayor proporción se concentra en la operación de los sistemas para tratar los gases de venteo.
POSIBLES SOLUCIONES
Desde Proterm, Miguel Gatica destaca que para responder a la nueva regulación, las plantas de celulosa deberán combinar soluciones tecnológicas con el fortalecimiento relevante de sus prácticas operacionales. Luego entrega más detalles sobre las opciones a las que las empresas pueden recurrir: “En términos tecnológicos, las principales alternativas están asociadas a la captación y tratamiento de los compuestos odorantes, mediante sistemas de recolección de gases concentrados y diluidos, su combustión en equipos dedicados o existentes, y el tratamiento específico de venteos a través de soluciones como embotellamiento, oxidación térmica o sistemas de lavado de gases”
Asimismo, afirma que será fundamental “optimizar el desempeño de los equipos ya instalados, mejorando condiciones de operación como temperatura, estabilidad del proceso y confiabilidad de los sistemas de respaldo, además de avanzar en el control de fuentes difusas mediante sellado, encapsulamiento y mejoras de diseño en estanques y áreas críticas”
Las
En lo que respecta al monitoreo, el experto resalta que la incorporación o actualización de sistemas de medición continua y de gestión de datos permitirá a las empresas no solo demostrar que cumplen con la norma, sino también anticipar desviaciones y gestionar el riesgo de olores de manera más preventiva.
Y en cuanto a la inversión, comenta que los montos pueden variar significativamente según la brecha existente en cada planta. “Mientras algunas medidas operacionales y de optimización pueden implicar inversiones acotadas, del orden de cientos de miles de dólares, la implementación de sistemas integrales de captación, tratamiento y monitoreo puede requerir inversiones de varios millones de dólares en plantas de mayor tamaño o con mayores desafíos históricos en materia de olores”, apunta.
En este contexto, remarca que las buenas prácticas operacionales –como una mantención preventiva rigurosa, protocolos claros para eventos no rutinarios y la capacitación continua del personal– cumplen un rol clave, ya que permiten maximizar la efectividad de las inversiones y asegurar un cumplimiento sostenido en el tiempo de las regulaciones.
32 plantas de harina y aceite de pescado y de alimento para peces que operan en Chile deberán adaptarse a la nueva norma.
Patricio Fernández
Subgerente Medio Físico
Gestión Ambiental Consultores - GAC
Medio físico, clave en la gestión ambiental
El medio físico, entendido como el conjunto de componentes abióticos del espacio geográfico donde se desarrollan los procesos naturales y las actividades humanas, constituye la base sobre la cual se emplazan los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Su adecuada caracterización y evaluación resulta esencial para cumplir la normativa ambiental y sectorial vigente, así como para la sustentabilidad de las iniciativas de largo plazo.
Nuestro marco normativo establece la obligación de identificar, evaluar y, cuando corresponda, mitigar, compensar o restaurar los impactos ambientales sobre los distintos componentes del medio físico, entre los que se incluyen el clima, la calidad del aire, el ruido, las vibraciones, la luminosidad, los campos electromagnéticos, el paisaje, la litósfera, las áreas de riesgo, los recursos hídricos continentales y marinos, así como los glaciares. Estos análisis deben desarrollarse de acuerdo con el Reglamento del SEIA, las guías metodológicas del Servicio de Evaluación Ambiental y la normativa sectorial aplicable.
Dado que el medio físico sustenta directa o indirectamente las actividades humanas y los ecosistemas, su análisis en Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental debe ser técnicamente riguroso, representativo del área de influencia del proyecto y coherente con criterios de calidad, temporalidad y trazabilidad metodológica. Asimismo, debe considerar su relación transversal con los componente bióticos o socioculturales, así como las crecientes exigencias de las comunidades que habitan los territorios.
En un contexto de cambio climático, los especialistas en medio físico enfrentan exigencias adicionales como el aumento de los riesgos geomorfológicos, las alteraciones del paisaje costero y marino, o el aumento en la erosión del suelo, que se deben incorporar en la evaluación de impactos.
Un análisis incompleto o insuficiente se traducirá necesariamente en mayores observaciones técnicas y de las comunidades, atrasos e incluso el rechazo de proyectos. Por el contrario, un estudio robusto del medio físico fortalecerá la legitimidad técnica del proceso, servirá de soporte a la evaluación del resto de los componentes y reducirá riesgos normativos y legales.
El desafío no es menor. Sin embargo, el uso de herramientas avanzadas como modelaciones numéricas, percepción remota, drones e inteligencia artificial, integradas a metodologías actualizadas, permitirá mejorar la precisión, eficiencia y transparencia de los estudios, contribuyendo a procesos de evaluación ambiental más rigurosos, transparentes y confiables.
BUSES CON MENOS RUIDO
Presentamos los cambios aprobados en la norma de emisión de ruidos para buses de locomoción colectiva urbana y rural.
Con el objetivo de reducir la contaminación acústica y proteger la salud de las personas, especialmente en zonas urbanas con alta exposición a este problema, a fines de diciembre pasado, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó el proyecto que actualiza la norma de emisión de ruidos para buses de locomoción colectiva urbana y rural.
La renovada regulación reemplazará el estándar vigente desde 2002 y, entre sus principales novedades, establece límites de emisión sonora más estrictos, en línea con la evolución tecnológica del parque vehicular; y suma instancias para fiscalizar los buses en operación y mejorar el cumplimiento normativo.
Igor Valdebenito, jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), señala: “En términos generales, esta tercera revisión de la norma mantiene el enfoque de mejora continua y gradualidad: aumenta las exigencias en los límites de emisión, fortalece los mecanismos de control y refuerza su implementación”.
LÍMITES MÁS ESTRICTOS
Como se mencionó, uno de los cambios más relevantes efectuados en la revisión de la norma fue la definición de límites de ruido más exigentes con respecto a la regulación actual. Para eso, se distinguen dos tipos de
buses: los nuevos modelos que se incorporen al parque de locomoción colectiva y las unidades en operación cuya inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se haya solicitado a partir del 7 de abril de 2019.
Los valores establecidos se detallan en las tablas adjuntas.
Límites de ruido para nuevos modelos de buses (Ensayo estacionario)
Tipo de bus Posición Nuevo límite Límite vigente
Liviano Interior 80 dBA 82 dBA
Mediano y pesado
Motor 93 dBA 94 dBA
Interior 77 dBA 82 dBA
*dBA: Decibeles ponderados. Fuente: Ministerio del Medio Ambiente
Límites de ruido para buses en operación (Ensayo estacionario)
Tipo de bus Posición Nuevo límite Límite vigente
Liviano Interior 82 dBA 85 dBA
Mediano y pesado
Motor 94 dBA 95 dBA
Interior 82 dBA 85 dBA
*dBA: Decibeles ponderados. Fuente: Ministerio del Medio Ambiente
¿Estas nuevas exigencias implicarán una mayor inversión para las empresas de transporte?
Igor Valdebenito responde: “Durante la revisión se analizaron las emisiones de ruido del parque de buses correspondiente a nuevos modelos ingresados en los últimos años y de los buses actualmente en operación. Los resultados muestran que dicho parque cumple con las nuevas exigencias propuestas. En ese contexto, no se proyecta una inversión adicional asociada a los nuevos límites”
En ese contexto, el también presidente de la Sociedad Chilena de Acústica asegura que “el principal desafío para las fuentes reguladas será mantener en buen estado los componentes críticos para el control de ruido, como el silenciador, la carrocería, el estado y soporte del motor, y los sistemas de ventilación, mediante un mantenimiento preventivo y correctivo oportuno que actualmente deben realizar para el cumplimiento de la normativa vigente”
MÁS FISCALIZACIÓN
La actualización de la norma también propone nuevas instancias para fortalecer el control de las emisiones de ruido en los buses de locomoción colectiva. Para eso, se habilita la verificación del cumplimiento normativo en los terminales de operación y administración del transporte público, tarea que estará a cargo de fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
“En paralelo, se continuará reforzando el control efectuado en las plantas de revisión técnica, mediante capacitaciones y la optimización de los procedimientos de medición asociados al ensayo estacionario”, añade Igor Valdebenito.
El representante del Ministerio del Medio Ambiente subraya también que la norma se adapta a nuevas tecnologías de propulsión: “En particular, los buses eléctricos quedan eximidos del control de emisiones de ruido
64%
Hasta ese porcentaje de reducción de ruido en el eje Alameda y hasta un 54% menos en el eje Santa Rosa, se registraron durante 2025 con respecto a 2019, según el 2° Informe de Electromovilidad. Esto coincide con la masiva incorporación de buses eléctricos al sistema de transporte público metropolitano que, en febrero, llegaron a 4.088 unidades, representando un 62% de la flota de Red Movilidad.
Igor Valdebenito indica que la actualización normativa pone límites de emisión más estrictos y refuerza el control.
La operación de buses eléctricos ha ayudado a reducir la contaminación acústica.
para buses en operación, dado que esta tecnología no genera el tipo de ruido asociado a la aceleración en reposo, condición necesaria para aplicar el ensayo estacionario”, explica.
ENTRADA EN VIGENCIA
Hasta el cierre de esta edición, esta actualización normativa se encontraba en trámite de firma del Presidente de la República, para luego ingresar a la Contraloría General de la República para su toma de razón. Tras eso se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigencia seis meses después de esa fecha. “Se estima que esto podría ocurrir el año 2027”, indica Igor Valdebenito.
Infratek desarrolla soluciones acústicas integradas para controlar el ruido en autopistas y vías férreas.
Sergio Belfiore Gerente General Infratek Chile
Infratek es la empresa líder en Chile en la ingeniería, suministro e instalación de barreras acústicas en las principales autopistas concesionadas.
En los últimos años, ha participado con éxito en el programa del Ministerio de Obras Públicas, denominado “Buen Vecino”, aportando en las principales concesiones urbanas su experiencia en el diseño de proyectos con soluciones acústicas integradas que han permitido reducir la contaminación acústica. Esto ha beneficiado a más de 300.000 personas, en las comunas donde las autopistas conviven con barrios habitacionales y comunidades.
Estos sistemas de Infratek responden eficientemente y contribuyen
al nuevo concepto de integrar las comunidades con las autopistas, sin perjudicar la calidad de vida.
PROYECTOS DESTACADOS
Infratek realizó en el año 2024 el principal proyecto de mitigación de ruido en autopistas de América Latina, participando en la ingeniería, suministro e instalación de 17 km de barreras acústicas bi-absorbentes en la concesión urbana “Autopista Vespucio Sur”, colocando a lo largo de nueve comunas en Santiago pantallas acústicas de 4, 5 y 6 metros de altura, en colaboración con la empresa italiana Tecnoacustica.
Durante 2025, Infratek ejecutó distintos proyectos a lo largo de todo Chile y también en Uruguay:
• Autopista Vespucio Sur (Grupo Costanera)
• Parque Serrano-Pudahuel, Autopista Vespucio Norte
• Puente Industrial comuna de Hualpén, VIII Región (Aleatica)
• Ruta 78, Autopista del Sol (Santiago-San Antonio) (Sacyr)
• Nueva conexión Autopista Vespucio Norte con Ruta 68 (Ferrovial)
• Ferrocarril Central, Montevideo-Paso de Los Toros (CFCC)
• Autopista Nogales-Puchuncaví (Grupo Puentes)
REFLECTANTES E INTEGRADAS
Infratek cuenta también con otras soluciones de ingeniería acústica, entre ellas las barreras acústicas reflectantes de metacrilato transparente (PMMA) de la empresa europea Polyvantis, que permiten combinar soluciones de mitigación de ruido con soluciones de arquitectura para su integración con el paisaje.
Además, dispone de una tecnología que recién se está incorporando en los proyectos de ingeniería ambiental en Chile, como son las soluciones con barreras integradas, que combinan barreras acústicas con los elementos de seguridad vial. Estas barreras acústicas integradas son cer-
tificadas por la norma europea 1.317-1/2, mediante prueba de impacto real en laboratorios internacionales.
Barrera acústica integrada en autopista Milano-Genova, Italia.
BARRERAS ACÚSTICAS PARA FERROCARRILES
Al igual que las autopistas, las vías férreas son una importante fuente de contaminación acústica para sectores poblados aledaños. Infratek cuenta con una solución ya probada y altamente eficiente para la mitigación del ruido para los nuevos proyectos de trenes urbanos e interurbanos que se están licitando y diseñando en Chile, como los de SantiagoMelipilla y Santiago-Batuco. En los estudios ambientales de estos nuevos proyectos de EFE ya se están empezando a identificar los primeros puntos donde se colocarán barreras acústicas.
Integrar soluciones de control acústico en la infraestructura moderna no solo mitiga el ruido de las ciudades, sino que refleja un compromiso real con la habitabilidad y el desarrollo sustentable.
Infratek sigue aportando innovación y calidad a los espacios urbanos que conviven con las autopistas y ferrocarriles reflejando experiencia y liderazgo en cada participación de proyecto, mejorando la calidad de vida de las comunidades y fortaleciendo la integración entre infraestructura y ciudad.
Para más información, se puede contactar con Infratek Chile a través de:
Barrera acústica reflectante instalada en Puente Peuco, Ruta del Maipo, Santiago-Talca.
ELIMINAR, NO ENMASCARAR
Con tecnologías y servicios a la medida, Ecolife ofrece soluciones que buscan neutralizar efectivamente los olores, sin enmascararlos.
Resolver de manera integral y eficiente las más variadas necesidades de sus clientes, a través de la comercialización de productos de alta tecnología y la entrega de servicios medioambientales y asistencia técnica de primer nivel, en terreno. Ese es el objetivo de Ecolife, empresa del grupo Nicolaides, especialista en el control de olores y derrames.
Así lo declara su gerente, Fabiola Vega, quien destaca que el trabajo de la compañía “se caracteriza por tomar el requerimiento del cliente en terreno y, en conjunto con su equipo profesional, determinar la mejor solución para eliminar los malos olores en el foco de generación, apuntando siempre a la eficiencia, tanto en el consumo de los productos necesarios como en los servicios que lleven a mantener un sistema de mitigación de primer
nivel con altos estándares de disponibilidad, junto a nuestro equipo técnico y comercial”
La compañía inició sus actividades en 2009 desarrollando proyectos de energías renovables y, a fines de 2011, al ser adquirida por Nicolaides, pasó a concentrar todas las actividades del Grupo relativas a energías limpias, cuidado del medio ambiente, neutralización de olores y control de derrames.
“Nicolaides fue pionero en traer a Chile hace más de 20 años soluciones para controlar olores molestos, pero el verdadero aporte a la industria se produce con Ecolife cuando genera un modelo de atención profesional con toda la implicancia técnica, regulatoria y legislativa que ello representa”, señala la especialista.
PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS
La empresa dispone de diversos productos y tecnologías para controlar olores y derrames. Para esto último, tiene una amplia gama de absorbentes hidrófugos y absorbentes orgánicos, “todos con certificación de Directemar, tales como Mangas Boom y Paños Absorbentes, ambos para la contención de derrames de hidrocarburos y otros químicos. Los absorbentes orgánicos corresponden a turba vegetal SPHAG SORB, usada para contener, absorber y limpiar hidrocarburos, aceites, combustibles, diésel, solventes, pinturas, glicol y derrames químicos orgánicos”, detalla Fabiola Vega.
Luego destaca que Ecolife tiene amplia experiencia en la prevención y control de la contaminación odorante. Al respecto, indica que “Chile ha dado un gran paso al clasificar el mal olor como
un agente contaminante. Lo anterior ha significado que las empresas deban abordar eventuales problemas, consecuencia de sus procesos productivos, para evitar generar olores molestos para sus trabajadores o las comunidades circundantes a sus plantas productivas”
Enseguida pone énfasis en que los problemas odoríferos se pueden prevenir: “Si se controlan mejor los procesos, los olores serán solo eventos puntuales, excepciones operativas para las cuales se deberá estar preparado. Algunas industrias han optado por utilizar fragancias enmascarantes, que finalmente causan un efecto ‘boomerang’ en el entorno: si bien logran cubrir en cierta forma y por un tiempo limitado el mal olor, finalmente los olores indeseados se mezclan con el aromatizante, transformándose en una nueva fuente de mal olor”, advierte.
Considerando aquello, Ecolife se ha enfocado en desarrollar soluciones que neutralicen y finalmente eliminen los malos olores de una manera ecológica. “Una de nuestras soluciones más reconocidas en el mercado es la aplicación, a través de sistemas de alta presión y vaporización, del neutralizante Ecosorb. Este producto no enmascara los olores ya que utiliza ingredientes naturales para
neutralizar y eliminar olores industriales, sin que sea necesario usar sustancias químicas agresivas o fragancias como los aromatizantes. Ecosorb es de gran versatilidad y cuenta con una eficacia comprobada, ofreciendo una solución completa y definitiva para olores orgánicos o inorgánicos. Este producto tiene grado alimenticio, su formulación es en base acuosa diseñado para neutralizar los malos olores asociados al tratamiento de aguas, compostaje, rellenos sanitarios, líquidos lixiviados, procesos industriales, procesos petroquímicos y otras actividades. No es tóxico para las personas, ni para la vida acuática y bacteriana. No contiene compuestos orgánicos volátiles detectables y es totalmente biodegradable”, asegura la especialista.
Otro producto destacado es Kurita DO1100, orientado al control de mercaptanos y ácido sulfhídrico en efluentes. Esta solución “neutraliza olores molestos y puede aplicarse de forma continua o en tratamientos puntuales en distintos sectores del proceso industrial”, apunta Fabiola Vega.
SERVICIO INTEGRAL
Los profesionales y técnicos de Ecolife prestan asesoría integral a sus clientes.
Ecolife desarrolla soluciones que neutralizan y eliminan los malos olores de manera ecológica.
La gerente de Ecolife comenta también que la empresa ha incorporado exitosamente la telemetría en todos sus sistemas de mitigación de olores, incluso en los aéreos, controlando así variables como la dirección del viento o los horarios de producción de planta, entre otros factores. “También se controla el nivel de sulfuros en el agua en función del nivel de gases y, en ambos casos, hemos logrado que nuestro sistema ajuste una dosificación de neutralizante, según los parámetros establecidos y programados, permitiendo así un uso eficiente tanto de Ecosorb como Kurita DO-1100. Los beneficios de la telemetría son múltiples: entrega registros y datos para informar a la autoridad sanitaria y a la comunidad, evita la dependencia de una operación manual y reactiva de los equipos, y asegura un funcionamiento preventivo y eficiente en el consumo de recursos”, sostiene Fabiola Vega.
Agrega que para dar una solución integral a sus clientes, Ecolife también ha construido alianzas de primer nivel que le permiten ofrecer soluciones complementarias como biofiltros, medios filtrantes y filtros catalíticos con carbón activado.
“Nuestro servicio se basa en la asesoría desde la determinación del tipo de filtro, hasta la instalación del sistema completo, además del acompañamiento técnico permanente, incluido el recambio de los medios filtrantes si ello fuese necesario. Si alguna empresa desea conocer nuestro trabajo en detalle, basta con que nos solicite una visita para que revisemos juntos el problema y le podamos proponer la mejor solución”, concluye.
SBAP INICIÓ OPERACIONES CON 22 SITIOS BAJO RESGUARDO
El 1 de febrero, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) dio inicio oficial a sus operaciones, con miras a reforzar la conservación y resguardo del patrimonio natural en nuestro país, en medio de la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad. La flamante institución, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, en principio tendrá a su cuidado 22 sitios que conforman el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que considera seis categorías: Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Conservación de Múltiples Usos, Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas y Reservas de Región Virgen. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que este “es un paso histórico para Chile. Este nuevo Servicio viene a fortalecer de manera estructural la protección de nuestra biodiversidad. El SBAP tendrá un rol estratégico en los próximos años, no solo en la conservación del patrimonio natural, sino también en el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, el trabajo con las comunidades y la articulación con los distintos actores productivos” Aseguró, además, que de este modo el país avanzará hacia una mejor gestión de la naturaleza, sus especies, genes y ecosistemas, como resultado de un esfuerzo transversal realizado en los últimos cinco gobiernos.
Por su parte, Aarón Cavieres, director nacional del SBAP, destacó el rol estratégico de esta entidad: “Ahora se consolida en un solo organismo la administración, supervisión, protección y fiscalización de las áreas protegidas terrestres, marinas, acuáticas, tanto públicas como privadas, promoviendo una mirada ecosistémica, científica y participativa”, resaltó. Asimismo, recordó que las competencias del Servicio se extienden más allá de las áreas protegidas y que dispone de diversos instrumentos -como los Paisajes de Conservación y los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE)- que también contribuirán a resguardar la naturaleza y a conciliar la conservación y el desarrollo sostenible del país.
YA RIGEN CAMBIOS EN CRITERIOS Y UMBRALES DE INGRESO AL SEIA
El pasado 21 de enero entró en vigor la modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que actualizó los criterios y umbrales de ingreso a este instrumento de gestión, con el objetivo de hacerlo más eficiente, sin disminuir los estándares de protección ambiental.
Considerando la experiencia acumulada y los avances en otras regulaciones, esta reforma modernizó diversos criterios de ingreso al SEIA de manera que los proyectos de menor envergadura, sin impactos ambientales relevantes, no deban pasar obligatoriamente por dicho sistema, siendo regulados en cambio por otros permisos y normativas sectoriales, como las del Ministerio de Salud o de la Dirección General de Aguas.
Una de las principales innovaciones es la actualización del artículo 2, literal g.1) del Reglamento del SEIA, incorporando criterios diferenciados para modificaciones de proyectos que ya cuentan con resolución de calificación ambiental. De acuerdo con ello, cuando se trate del mismo tipo de proyecto original, se solicitará una nueva evaluación ambiental solo si el cambio genera nuevos impactos ambientales relevantes, lo que se determinará caso a caso. Para eso, de forma preventiva, los titulares de proyectos podrán presentar los antecedentes de su modificación al Servicio de Evaluación Ambiental para que éste verifique que no existen nuevos impactos ambientales relevantes.
Además, se introducen cambios en los umbrales y criterios de ingreso al SEIA para siete tipologías de proyectos: líneas de transmisión eléctrica y subestaciones (letra b), infraestructura de transportes (e), desarrollo urbano o turístico (g), minería (i), explotación/proceso de recursos hidrobiológicos (n), manejo de sustancias peligrosas (ñ) y saneamiento ambiental (o). A modo de ejemplo, la reforma establece que tienen que someterse al SEIA las líneas de transmisión eléctrica de 2 kilómetros o más, y no todas como ocurría antes, lo que permitirá que la evaluación se concentre en los proyectos de mayor envergadura, resaltan desde el MMA.
RÍO MAPOCHO ES DECLARADO HUMEDAL URBANO
El Río Mapocho, en la Región Metropolitana (RM), se convirtió en el ecosistema acuático número 145 a nivel nacional en ser reconocido como humedal urbano y quedar bajo protección oficial en el marco de la Ley 21.202.
La declaratoria abarca 647 hectáreas que se extienden a lo largo de 13 comunas en la RM: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Quinta Normal, Renca, Recoleta, Independencia, Cerro Navia, Pudahuel, Maipú y Padre Hurtado. Esto se suma al área del río ya reconocida como humedal urbano en las comunas de Peñaflor, Talagante y El Monte.
El Río Mapocho es clave para mitigar los efectos del cambio climático. Este ecosistema acuático contribuye a minimizar las inundaciones en invierno y disminuir las altas temperaturas que afectan a la ciudad en verano. Además, brinda espacios a la ciudadanía para conectar con la naturaleza y compartir en comunidad, ya que es un hito geográfico que identifica y otorga sentido de pertenencia a los habitantes de Santiago.
Además permite proteger la biodiversidad de la Región Metropolitana, ya que alberga vegetación ribereña y es hábitat de más de 80 especies, de las que 8 son endémicas, 57 nativas y 16 exóticas. En ese marco, se incluye fauna nativa amenazada, como la rana chilena y el pejerrey chileno, junto a otras especies de interés como el bagrecito y la culebra de cola larga.
CHILE LIDERARÁ NEGOCIACIÓN DE ACUERDO GLOBAL SOBRE CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS
El embajador Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, presidirá el proceso de negociación internacional que busca lograr un acuerdo vinculante para avanzar en la prevención y reducción de la contaminación por plásticos a nivel global. Así lo determinó la votación realizada en Suiza por el Comité Intergubernamental de Negociación, encargado de discutir los elementos que deberá contener este nuevo instrumento, que será el más importante en la materia, tal como lo plantea la resolución aprobada por Naciones Unidas en el año 2022.
Se espera que el futuro instrumento considere todo el ciclo de vida de los plásticos, así como las obligaciones y medidas para prevenir, reducir, reutilizar, reciclar y finalmente eliminar residuos, promoviendo una economía circular. Según Naciones Unidas, el mundo produce 430 millones de toneladas de plástico al año y gran parte tiene un ciclo breve de tiempo, generando consecuencias negativas para los ecosistemas. Se estima que al 2060 la contaminación de este tipo se triplicará si no se toman medidas eficientes.
BUSES ELÉCTRICOS EN TRANSPORTE PÚBLICO DE LA RM LLEGAN AL 62%
Santiago se sigue consolidando como la ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos en su transporte público: ya son 4.088 máquinas que operan con esta tecnología cero emisiones, lo que representa un 62% de toda la flota Red Movilidad que circula en la Región Metropolitana (RM), según el último balance del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Las autoridades destacaron que este avance ha generado claros beneficios ambientales y económicos, al reducir en un 75% las emisiones de material particulado fino (PM2,5) y disminuir hasta un 64% del ruido ambiental en el eje Alameda, además de ahorrar más de 60 millones de litros de diésel.
Al mismo tiempo, subrayaron que en la actual administración la cantidad de buses eléctricos aumentó en un 523%, en relación a marzo del año 2022, cuando había solo 779 unidades funcionando. Y añadieron que se espera alcanzar las 4.400 unidades durante el primer semestre de este año, lo que representaría un 68% de la flota metropolitana.
LA ÓSMOSIS EN LAS CALDERAS
Sepa cómo optimizar el funcionamiento de la ósmosis inversa en el tratamiento de agua de alimentación para calderas.
Arnulfo Oelker Behn Gerente Técnico de Thermal Engineering aoelker@thermal.cl
La calidad del agua de alimentación a calderas es un factor crítico para la confiabilidad, eficiencia y vida útil de los sistemas de generación de vapor.
Impurezas disueltas y en suspensión pueden provocar incrustaciones, corrosión, arrastre de sólidos, pérdidas de eficiencia térmica y fallas prematuras en equipos.
En este contexto surge la ósmosis inversa (RO, por sus siglas en inglés), que corresponde a un proceso de separación por membranas semipermeables que, mediante la aplicación de presión, permite el paso de agua y retiene la mayoría de las sales disueltas, partículas, coloides, bacterias y materia orgánica.
Para el correcto dimensionamiento y selección de un sistema de ósmosis inversa es indispensable contar con la siguiente información básica del agua:
Análisis completo del agua de alimentación, incluyendo sólidos di-
sueltos totales, dureza total, alcalinidad, sílice, hierro, manganeso, cloruros, sulfatos, turbidez, SDI (índice densidad de sal), TOC, temperatura y pH; caudal requerido de permeado, caudal promedio y máximo de agua tratada; calidad objetivo del permeado; recuperación deseada del sistema, la que típicamente fluctúa entre 60% y 85%, dependiendo de la calidad del agua cruda y la tolerancia a la generación de salmuera; y disponibilidad de presión, que se sitúa típicamente entre 8 y 20 bar durante la operación.
El desempeño y vida útil de las membranas de ósmosis inversa dependen en gran medida de un adecuado pretratamiento, que generalmente incluye: Filtración multimedia o de arena, para remover sólidos suspendidos y reducir la turbidez; filtración de cartucho (1–5 micras); dosificación de antiincrustante, para inhibir la precipitación de sales como carbonato de calcio, sulfato de calcio y sílice; ajuste de pH (si es necesario) para optimizar la solubilidad de ciertos compuestos y proteger las membranas; decloración (si aplica), ya que el cloro libre y las cloraminas dañan las
membranas de poliamida, eliminándose con carbón activado o bisulfito de sodio; y ablandadores de agua para reducir el exceso de dureza.
Un típico sistema RO para calderas incorpora una bomba de alta presión, módulos de membranas RO, instrumentación y control; válvulas de control y seguridad; y sistema de limpieza química (CIP), que permite realizar limpiezas periódicas.
EFICIENCIA, OPERACIÓN Y QUÍMICOS
La eficiencia de remoción salina de un sistema RO suele estar entre 95% y 99.5%, dependiendo del tipo de membrana y calidad del agua.
La caída de presión (∆P) a través de las membranas usualmente se encuentra entre 1 y 3 bar en condiciones normales. Y la recuperación del sistema es, por lo general, de 45 a 85%.
La cantidad de salmuera típica es de 15 a 30% para agua dulce, 20 a 40% para agua salobre y 55 a 65% para agua de mar.
La vida útil promedio de las membranas es de 3 a 5 años, aunque puede variar según la calidad del agua de alimentación, eficacia del pretratamiento, frecuencia y calidad de las limpiezas químicas, y condiciones de operación (presión, temperatura y recuperación).
En una planta de osmosis inversa, aparte de los químicos usados para limpieza CIP, suelen emplearse antiincrustante (polifosfonatos o polímeros inhibidores de incrustación), dosificados en línea antes de los cartuchos, para prevenir la precipitación de sales; reductor de oxidantes (bisulfito de sodio), que se dosifica aguas arriba de las membranas para protegerlas contra el cloro y oxidantes; biocida no oxidante, dosificado en pretratamiento, para prevenir el crecimiento microbiológico en pretratamiento y líneas (no debe llegar a las membranas); coagulante/floculante (sulfato de aluminio, cloruro férrico o polímeros floculantes) si el agua es superficial o turbia, dosificado antes de los filtros multimedia; y control pH (si fuera necesario).
Normalmente el pH es de 6.5 a 8.5, aceptándose de 4 a 11, llegando entre 2 y 4 durante limpiezas ácidas (eliminación de incrustaciones) y de 10 a 11.5 durante limpiezas alcalinas (eliminación de material orgánico).
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA QUÍMICA
El mantenimiento de un sistema RO incluye el monitoreo continuo de presión, caudal y conductividad; limpieza química periódica (CIP), típicamente entre 1 y 6 meses, cuando se detecta aumento de ∆P (15 a 20 %) o disminución de flujo de permeado (10 a 15 %); inspección y reemplazo de filtros de cartucho si ∆P sube de 1 bar (filtro nuevo = 0.1 a 0.3 bar), típicamente cada 2 a 4 meses, si el agua es limpia; y verificación de dosificación de antiincrustante y ajuste de pH.
Los productos químicos comunes usados para limpieza (CIP) son ácidos (cítrico o sulfúrico diluido), para remover incrustaciones minerales; detergentes alcalinos (NaOH con surfactantes), para eliminar materia orgánica y biofouling; y biocidas compatibles con membranas en casos de crecimiento microbiológico.
FALLAS, PRECAUCIONES Y PROBLEMAS
Una falla prematura de las membranas es causada, principalmente, por incrustaciones por carbonatos, sulfatos o sílice; ensuciamiento por sólidos en suspensión (fouling); daño químico por cloro u oxidantes; operación a presiones (8 a 15 bar en agua dulce) o temperaturas (ideal 10 a 25 °C) fuera de especificación; y limpiezas químicas inadecuadas o demasiado agresivas.
Se debe proteger el sistema durante paradas prolongadas (mayores
a 72 horas) con soluciones de preservación para evitar biofouling (crecimiento micobiológico). Los productos típicamente usados son metabisulfito de sodio (SBS al 1.0 a 1.5 % p/p y pH de 3 a 6) para detenciones cortas (días o semanas) o formaldehído (0.5 a 1.0 % p/p) para detenciones que se prolongan por semanas o meses.
Los problemas operacionales que se pueden presentar en estos sistemas y sus causas principales son los siguientes:
• Incrustación (Scaling) - precipitación de sales: Provoca un aumento gradual de ∆P y disminución del flujo de permeado. Es causado, generalmente, por pretratamiento insuficiente, dosis incorrecta de antiincrustante, pH muy alto o altas concentraciones de sales (carbonatos y sílice).
• Ensuciamiento por sólidos en suspensión (fouling particulado), que origina un aumento progresivo de ΔP y reducción de caudal, provocado por filtración previa deficiente.
• Biofouling (ensuciamiento biológico): Genera un aumento irregular de ΔP, olores, limo o gel bacteriano en las membranas y pérdida de rendimiento difícil de recuperar con limpieza estándar. Es causado por falta de desinfección previa (cloro/biocida) o largos períodos de paro sin preservación adecuada.
• Daño por oxidación química (cloro u oxidantes), que provoca una pérdida súbita o progresiva del rechazo de sales y aumento del flujo permeado (la membrana “se abre”), que generalmente se relaciona con la presencia de cloro libre, cloraminas u ozono en el agua de alimentación, filtro de carbón activado (GAC) saturado o mal dimensionado, falta de monitoreo de ORP o cloro residual.
El límite crítico para todas las membranas de poliamida para el cloro libre es de 0.00 mg/L (0 ppm) – no detectable y para las cloraminas (NH2Cl / NHCl2) ≤ 0.1 mg/L.
El control se realiza en aplicaciones industriales manteniendo el ORP (potencial redox) por debajo de los 200 mV (idealmente < 150 mV) y realizando mediciones periódicas de cloro libre y cloro total si existe riesgo de cloraminas.
El filtro de carbón activado debe diseñarse considerando un tiempo de residencia (EBCT) mayor a 5-10 minutos, incluir equipos stand by y dosificar un reductor (químico de sacrificio), que típicamente es bisulfito de sodio (SBS, NaHSO3) y cuya dosificación se ajusta considerando como parámetro de control el ORP.
• Ataque químico por pH extremo: Produce una degradación prematura de membranas y pérdida de rechazo, provocado por operar o limpiar fuera del rango recomendado por el fabricante (típicamente pH 4 a 11 en operación; 1-12 en limpieza, según marca).
• Compactación de membranas (alta presión), que genera una reducción permanente del flujo permeado o mayor presión requerida para mantener producción. Ocurre por operar por sobre la presión máxima recomendada, realizar arranques bruscos sin rampa de presión u operar con temperaturas elevadas.
• Fouling orgánico: Produce un aumento de ΔP y caída de flujo y respuesta parcial a limpiezas alcalinas. Es provocado por la presencia de aceites, grasas, surfactantes o materia orgánica disuelta.
• Cavitación o problemas de bombeo.
• Temperatura fuera de rango recomendado de 10 a 25°C.
En definitiva, la ósmosis inversa es una tecnología robusta y eficiente para el tratamiento de agua de alimentación para calderas siempre que se seleccione, diseñe y opere correctamente.
EXPLORACIÓN “AMIGABLE”
Una revisión de las nuevas tecnologías con que se busca reducir el impacto ambiental y social en esta etapa crucial de la actividad minera.
La minería nacional vive tiempos de “vacas gordas”, con una cotización del precio del cobre que ni siquiera los expertos más optimistas se la esperaban. No obstante, sigue enfrentando “desafíos significativos debido al incremento de la demanda y a la desaceleración en la producción”, expresa el documento “La exploración minera en Chile” (2025) de la Sociedad Nacional de Minería.
Uno de los retos es “fomentar la exploración geológica con un enfoque estratégico”, especifica. Esto, considerando que esa actividad minera “tiene un rol clave en la identificación y evaluación de recursos y reservas, siendo esencial para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país”, señala el texto.
Ahí también se precisa que el proceso de exploración geológica comprende diversas etapas: reconocimiento, prospección, exploración preliminar y avanzada. Además, subraya que factores modificantes como el diseño de la mina, aspectos ambientales, tecnológicos y regulatorios influyen en la transformación de recursos en reservas.
Para dimensionar la magnitud de este tipo de labores, por ejemplo, el proyecto “Sondajes mineros de prefactibilidad Las Tejas”, de Vizcachitas Holding, con locación en la comuna de Putaendo (región de Valparaíso), consiste en actividades de prospección minera mediante la ejecución de hasta 350 sondajes de tipo diamantina y aire reverso, los cuales se efectuarán en 73 plataformas nuevas y 51 plataformas preexistentes, en un período de 48 meses.
Dado su alcance y emplazamiento, la aprobación ambiental de la iniciativa recibió seis reclamaciones –relacionadas con deficiencias en el análisis de eventuales impactos sobre el recurso hídrico, flora, fauna, en particular el gato andino, los sistemas de vida y costumbres de grupo humanos, el valor turístico y el patrimonio cultural, entre otras– que fueron rechazadas por el Segundo Tribunal Ambiental en octubre pasado.
IMPACTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las faenas de exploración minera suelen generar externalidades ambientales negativas como las siguientes:
• Emisiones atmosféricas de material particulado y gases debido a movimiento de tierras y el tránsito de camiones y maquinaria por caminos no pavimentados.
• Emisiones de ruido asociadas al uso de maquinaria pesada para el acondiciona-
miento del terreno y tránsito de vehículos.
• Generación de aguas servidas por parte del personal en obra.
• Producción de residuos sólidos domésticos e industriales, así como de lodos de perforación.
Al respecto, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, asegura que “la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), big data, drones y satélites está revolucionando la forma en que se gestionan los impactos ambientales en la exploración”
Manuel Viera plantea que las nuevas tecnologías “están revolucionando la forma en que se gestionan los impactos ambientales en la exploración”.
En concreto, plantea que la IA y el big data “permiten procesar volúmenes masivos de información, lo que reduce el impacto ambiental y la intervención de ecosistemas al acotarse campañas extensas en terreno. Y con la digitalización se monitorean variables ambientales en tiempo real, lo que ayuda a ajustar las operaciones sin detenerlas. Por ejemplo, sensores integrados en equipos registran emisiones, vibraciones y niveles de ruido” Agrega que en la actualidad se están implementando programas de restauración de hábitats y monitoreo hidrológico de largo plazo para proteger la biodiversidad. Además, los residuos sólidos se convierten en materia prima para la construcción o la industria química, reduciéndose así su acumulación.
En el mismo sentido, la Dra. Diana Comte, investigadora titular del Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad de Chile, sostiene que la “incorporación de IA, big data, drones y satélites está disminuyendo las externalidades ambientales de la exploración porque
permiten intervenir menos y mejor: decidir con mayor precisión dónde vale la pena abrir huellas (caminos, plataformas, sondajes) y luego monitorear remotamente los impactos y riesgos para actuar antes de que escalen. Desde el punto de vista de la tecnología de tomografía sísmica, el cambio es pasar de explorar por prueba y error a hacerlo guiado por imágenes 3D del subsuelo”.
PRINCIPALES BENEFICIOS
Para la especialista, lo anterior se traduce en:
• Menos perturbación superficial: Esto lleva a efectuar menos sondajes, caminos y plataformas. La exploración genera externalidades por huella física (accesos, plataformas y movimiento de suelos), polvo, ruido, biodiversidad y uso de agua asociado a campañas (perforación y obras). Y la tomografía sísmica contribuye a reducirlas porque:
- Determina estructuras y propiedades en 3D a profundidad antes de perforar, priorizando blancos más probables.
- En su versión pasiva (ambient noise tomography) puede usar ruido ambiental (viento y actividad humana) para construir modelos 3D sin fuentes activas, lo que reduce la logística, el tránsito y los disturbios.
- En Chile ya hay evidencia científica de que esta tecnología puede apoyar la identificación de recursos profundos con menor impacto ambiental (precisamente por reducir la exploración “a ciegas”). Estudios basados en tomografía de sismos locales
Para la Dra. Diana Comte, “mejor información en profundidad permite intervenir menos en superficie”.
19% De las reservas mundiales de cobre están en Chile, equivalentes a 190.000 kton (miles de toneladas), las mayores a nivel global. Esto, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
se han realizado en distritos como El Abra-Radomiro Tomic-Chuquicamata.
• Menos campañas de terreno (y mejor control): Integración con satélites (InSAR) y drones. En este caso el beneficio ambiental se da en dos capas:
- Satélites: Vigilancia remota y temprana de deformación (relaves, taludes, subsidencia). El InSAR detecta deformaciones milimétricas y tendencias anómalas, complementando instrumentación in situ y ayudando a anticipar fallas o inestabilidades. En Chile hay trabajos específicamente orientados al uso de DInSAR (InSAR diferencial) para estudiar fallas en depósitos de relaves, mostrando su valor como herramienta de monitoreo.
¿Externalidad reducida? Existe menos probabilidad de eventos catastróficos (li beración masiva de sólidos/aguas, daño ecosistémico) y además menos visitas y campañas solo para “ver si algo cambió”
- Drones: Para topografía, volumetría, inspección y monitoreo ambiental fo calizado. Permiten levantamientos de
alta resolución (2D/3D, fotogrametría) para planificar accesos mínimos, evitar áreas sensibles y controlar cambios, lo que reduce idas y vueltas de brigadas y vehículos.
• IA + big data: Optimización de decisiones y reducción en el uso de agua y energía. Aunque parte de esto ocurre más en operación que en exploración pura, en la práctica la misma infraestructura digital (sensores + analítica) se ocupa a lo largo del ciclo minero y reduce externalidades relevantes. Por ejemplo, la tomografía, sumando otros sensores y machine learning, son modelos que combinan velocidades Vp/Vs, geología, geoquímica, magnetismo, alteración y teledetección, principalmente, permitiendo clasificar blancos con mayor precisión y justificar programas de perforación más acotados (menos huella).
PROYECTO EN DESARROLLO
A través del proyecto “Estrategias avanzadas para la exploración de depósitos minerales bajo cobertura de gravas”, que desarrolla en conjunto con investigadores de la Universidad Católica del Norte, el AMTC busca aportar a una exploración más sostenible. “Esto ocurre, casi silenciosamente, antes de que la intervención exista. La lógica es simple, aunque sus efectos no lo son: mejor información en profundidad permite intervenir menos en superficie”, expone la Dra. Diana Comte.
Manifiesta, asimismo, que el uso de tomografía sísmica basada en sismología natural, integrada con geoquímica de minerales indicadores, permite construir imágenes 3D del subsuelo bajo las gravas sin recurrir a campañas extensivas ni a fuentes sísmicas activas. “Esto
La nueva broca diamantina Stingray contribuye a reducir el uso de agua.
cambia el paradigma clásico de exploración bajo cobertura –tradicionalmente más invasivo y con alta incertidumbre– por uno donde las decisiones se toman con evidencia previa, reduciendo la necesidad de abrir caminos, plataformas y múltiples sondajes exploratorios”, señala la investigadora.
Añade que, desde el punto de vista ambiental, el impacto es claro, aunque no siempre visible: menos huella física, de movimiento de suelos, de tránsito de maquinaria y de campañas repetitivas. “Además, al focalizar mejor los blancos exploratorios, se evita intervenir áreas de baja probabilidad geológica, muchas veces cercanas a ecosistemas frágiles o zonas de alto valor ambiental”, afirma.
La Cámara Minera de Chile, en tanto, desde su creación ha abogado por “una minería con total respeto al planeta y a los seres vivos que en ella habitan”, asegura Manuel Viera, quien subraya que “una exploración geológica minera debe reducir al máximo la intervención en el terreno y proteger ecosistemas sensibles; optimizar el uso de agua y energía, priorizando fuentes renovables; implementar sistemas de vigilancia ambiental en tiempo real para detectar y mitigar impactos; involucrar, si corresponde, a las comunidades locales en el proceso; y garantizar transparencia en la información”
DOS INNOVACIONES
Con foco en la eficiencia operativa y la sostenibilidad hídrica, la empresa global de perforación Boart Longyear está introduciendo al mercado chileno y regional su nueva broca diamantina Stingray DHM/Full Face Diamond Bit, desarrollada para operaciones con motor direccional y perforación ciega.
Según la compañía, la broca Stingray representa una herramienta estratégica para empresas contratistas y operadoras que buscan optimizar sus operaciones con mayor velocidad de perforación, durabilidad y menor necesidad de cambios constantes de herramienta, lo que puede traducirse en menor consumo de agua, tiempo de operación e impacto ambiental.
A su vez, Fleet Space puso en el mercado nacional a ExoSphere, una plataforma tecnológica avanzada que utiliza sensores geofísicos conectados a satélites para realizar escaneos profundos del subsuelo, alcanzando hasta siete kilómetros. La firma indica que “la capacidad de obtener modelos tridimensionales del subsuelo en solo algunos días, en vez de meses o años, no solo optimiza el tiempo de exploración, sino que también reduce la huella ambiental de estas actividades”
La exploración moderna tiende a efectuar menos sondajes, caminos y plataformas.
PARA DETECTAR LA FATIGA
Este problema laboral se puede prevenir y controlar hoy en día con múltiples tecnologías de última generación. Detallamos algunos ejemplos.
La estadística es contundente: un 66% de los accidentes laborales fatales está directamente vinculado con siniestros de tránsito, según registros de la Mutual de Seguridad. Asociados principalmente a vehículos de transporte de carga y pasajeros, una de sus causas más comunes es la fatiga, que implica una disminución de la capacidad funcional para realizar una tarea.
De acuerdo al estudio “Fatiga laboral: origen, medida, su relación con los accidentes y las enfermedades profesionales y su prevención”, encargado por la Superintendencia de Seguridad Social y financiado por la Asociación Chilena de Seguridad, este problema –tras medirlo con una herramienta validada en los sectores seguridad, educación y salud– tiene un origen principalmente físico, seguido de causas mentales y emocionales, afectando a cerca del 50% de los trabajadores de esos rubros en niveles medios y altos.
El análisis también corroboró la relación entre fatiga y problemas del sueño, y que tiene entre sus razones primarias la realización de tareas domésticas después de la jornada laboral, menor apoyo social y mayores tiempos de desplazamiento al trabajo. Además, constató su prevalencia entre mujeres, sin diferencias por edad.
“La realización de tareas repetitivas, el trabajo emocional, y la sobrecarga laboral son variables relacionadas previamente con la fatiga. De la misma manera, la satisfacción con el empleo contribuye a disminuir sus niveles, probablemente debido al involucramiento con el trabajo”, agrega el documento. Además, revela que las personas ocupadas que han tenido accidentes, tanto en su lugar de desempeño como en el trayecto, arrojan niveles de fatiga física mayores que quienes no los han sufrido.
TECNOLOGÍA COMO
ALIADA
Para contrarrestar la fatiga laboral, cada vez más empresas están incorporando soluciones tecnológicas. Al respecto, Enrique Calderón, profesor de la especialidad de Prevención de Riesgos de la Universidad Técnica Federico Santa María, en una columna publicada en el portal institucional, especifica que “sistemas de monitoreo en tiempo real, sensores portátiles que advierten condiciones inseguras, plataformas que automatizan la evaluación de riesgos o algoritmos que predicen situaciones de sobrecarga o fatiga laboral, ya no son parte de una utopía futurista: existen, están disponibles y han demostrado eficacia. Pero su implementación masiva en el país todavía tropieza con barreras estructurales como la desigualdad en el acceso digital, la falta de capacitación técnica o la resistencia cultural al cambio”. Grandes empresas, empero, se han hecho cargo del problema a través de la implementación de diversas acciones. Por ejemplo, en Codelco Salvador, durante 2025, se realizaron charlas, mensajes radiales y pausas activas, principalmente, para prevenir, pesquisar y gestionar la fatiga y somnolencia entre los trabaja dores que operan equipos mineros. Esto, dado que son tareas críticas que requieren máxima atención y concentración para la ejecución segura de las labores de carguío y transporte.
Simultáneamente, y con el mismo objetivo, en el último año la operación cuprífera ha incorporado dispositivos tecnológicos en los equipos pesados para una alerta temprana y
Este reloj biométrico detecta y advierte los efectos de la somnolencia o fatiga en las personas.
31,8% De las licencias médicas electrónicas emitidas en 2024 (más de 2,5 millones) fueron por trastornos mentales, muchas de las cuales están asociadas a un alto grado de fatiga laboral.
gestionar las medidas de control para prevenir incidentes.
Otra minera, Las Cenizas, destaca en una publicación interna que esta condición se puede prevenir a través de tecnología predictiva, específicamente con la plataforma Fatigue Risk Management System (FRMS), que permite analizar datos personales y organizacionales para anticipar cuándo, en qué nivel y por qué se generará fatiga. Y que con el uso de inteligencia artificial, modelos biomatemáticos y machine learning es posible identificar variables para monitorear, en tiempo real, el estado de fatiga y alerta de un trabajador.
Particularmente, da a conocer que en los equipos de transporte minero se están empleando sistemas que detectan microsueños y fatiga antes de que el conductor lo note, así como monitoreo de mirada y actividad cerebral mediante smartcaps y sensores, y alertas en tiempo real conectadas a centros de control.
EJEMPLOS DE SOLUCIONES
Consciente que la fatiga laboral es un evento crítico y la causa del 30% de los incidentes de alto potencial para las áreas de seguridad y salud ocupacional de las compañías mineras y de transporte, la empresa Polpo creó SARA FRMS, herramienta de control de la fatiga con una arquitectura estándar de FRMS que permite el análisis, monitoreo y gestión de riesgos específicos de manera automatizada. Opera en base a datos reales de la organización, estableciendo controles críticos, elaborando estándares de desempeño e implementando estrategias que hacen posible detectar a tiempo la presencia de causas que generan agotamiento físico y sicológico de los trabajadores. “En solo un minuto permite detectar el estado de alerta de una persona, descartando cualquier factor que altere su condición de normalidad, ya sea por cansancio, somnolencia, drogas y alcohol, entre otras causas”, indican en la firma.
ÜMA Salud, en tanto, cuenta con AlertAI, un software innovador que utiliza inteligencia artificial para detectar la fatiga laboral. Mediante el análisis de selfies y pruebas de reacción, la herramienta evalúa el estado de alerta de los empleados.
Otra opción es el reloj biométrico que ofrece Careyou para mejorar la seguridad de los trabajadores mineros, del transporte y de la industria en general. Controla riesgos en la conducción y operación de equipos, detectando y advirtiendo los efectos de la somnolencia o fatiga en las personas.
A su vez, TSCOM promociona Optalert como un sistema único de monitoreo en tiempo real, capaz de detectar tempranamente los signos de somnolencia de los conductores de vehículos de trabajo, generando alarmas que advierten el riesgo. “Los algoritmos patentados con ese objetivo están basados en la medición de los movimientos del parpadeo 500 veces por segundo gracias a un sensor ubicado en los lentes del conductor”, indica su descripción. Esto, permite detectar, con al menos 25 minutos de anticipación, un microsueño y las condiciones de fatiga que presenta el operador.
Llega marzo y también los congresos, ferias y otros eventos vinculados a temas de desarrollo sostenible, específicamente a energías renovables, gestión del agua, industria acuícola y agricultura de precisión. Acá más antecedentes.
Congreso de Agricultura de Precisión
AquaSur
El 4° Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión tiene un gran objetivo: contribuir a mejorar la productividad y sostenibilidad de los cultivos de la región. Agendado entre el 15 y 19 de marzo próximos en el hotel Double Tree, en Santiago, congregará a expertos, investigadores, académicos, emprendedores, productores y profesionales de la industria para discutir las últimas tendencias, tecnologías y prácticas en la materia. Incluirá la presentación de trabajos orales, sesión de posters, actividades de networking y salidas a terreno. Conoce más en: www.congresoclap.org
Congreso Acades
Ya se palpita la decimotercera versión de este evento de la industria acuícola, el más grande del rubro en el hemisferio sur que tendrá a la sustentabilidad como uno de sus pilares. Entre el 24 y 26 de marzo, en un recinto de unos 8 mil metros cuadrados, cerca de Puerto Varas, FISA pondrá en escena una muestra ferial donde se expondrán las últimas innovaciones tecnológicas del sector. También contará con un congreso internacional y zonas de networking. Ya confirmaron su participación expositores provenientes desde Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza. Los detalles en www.aqua-sur.cl
Bajo el lema “Agua para crecer”, reunirá a especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de abordar los desafíos que implica el impulso y búsqueda de nuevas fuentes de agua, como la desalación y el reúso de residuos líquidos, para avanzar hacia un Chile más resiliente que garantice la seguridad hídrica para todas las personas y permita retomar el crecimiento económico. Contempla también espacios de networking. Se realizará entre el 17 y 19 de marzo próximos en el centro de convenciones Metropolitan Vitacura, en Santiago. Su página oficial es www.congresoacades.cl
RE + Conosur
Chile será el punto de encuentro de la industria internacional de energías renovables el 25 y 26 de marzo, cuando más de 100 empresas globales sean protagonistas de la primera edición sudamericana de esta plataforma líder mundial en energías limpias. El evento, a desarrollarse en el Centro Cultural Estación Mapocho de Santiago, espera convocar a más de 2.000 personas entre desarrolladores, inversionistas, proveedores de tecnología y legisladores internacionales que se reunirán para explorar oportunidades en energía solar, eólica, almacenamiento, hidrógeno verde y electromovilidad. Más antecedentes en www.replusconosur.com/
Exponor
Siguen los preparativos para esta exhibición internacional de tecnologías e innovaciones para las industrias minera y energética nacional. Con epicentro en Antofagasta, entre el 8 y 11 de junio de 2026, la muestra espera contar con más de un millar de stands. Considera, además, ruedas de negocios con grandes compañías, tres jornadas de networking, seminarios con los temas más relevantes de la industria, charlas técnicas de expositores, visitas a faenas mineras y distintos espacios para innovadores y pymes del rubro. La organiza la Asociación de Industriales de Antofagasta. Información adicional en www.exponor.cl
Francisca Toledo Echegaray
Apartir del próximo 11 de marzo, Francisca Toledo asumirá el mayor desafío de su trayectoria profesional: ser ministra del Medio Ambiente del nuevo gobierno. La avalan su título de ingeniera civil industrial, mención eléctrica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y dos postgrados: un Master of Laws (LLM) en Derecho Regulatorio en la misma casa de estudios y un diplomado en Libre Competencia dictado en la Facultad de Derecho UC.
Con un perfil tanto técnico como político, participó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Primero, entre 2010 y 2014, se desempeñó como asesora ministerial en la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y desde marzo de 2018 hasta junio de 2020 formó parte del equipo de asesores de la Presidencia de la República, para luego asumir como jefa de la División de Evaluación Social de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
También ha ejercido en el sector privado. Su primera experiencia laboral fue en la Cámara Marítima y Portuaria (Camport), en la que fue ingeniera de estudios (2014 a 2017) y luego gerente de estrategia. En tanto que en abril de 2022 se incorporó como investigadora al programa económico del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) para analizar materias relacionadas con recursos naturales, en lo que fue su primera vinculación directa con los temas ambientales. En esa función, le correspondió exponer en el Congreso en ámbitos relacionados con la tramitación ambiental, el proyecto de ley de permisos sectoriales y las capacidades de la Superintendencia del Medio Ambiente. Además, fue representante de LyD en el Consejo Nacional de Escazú, instancia clave en la implementación de ese acuerdo ambiental.
Sobre su vínculo con la gestión ambiental y su nuevo rol, Toledo expone: “He trabajado varios años en regulación e institucionalidad ambiental desde una mirada técnica e institucional. Asumo como ministra con la convicción de modernizar y simplificar los instrumentos y la gobernanza ambiental”.
José Ignacio Vial Barros
Especialización y amplia experiencia en el área ambiental avalan a José Ignacio Vial, abogado que el 11 de marzo asumirá como subsecretario en el Ministerio del Medio Ambiente del próximo Gobierno.
“Mi trayectoria en el Estado, el mundo de la academia y el privado me permite una visión integral: promover un desarrollo sustentable que combine crecimiento y protección ambiental con rigor técnico, sentido de urgencia y diálogo con todos los actores”, señala. Titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un diplomado en Recursos Naturales, mención Energía, de la misma casa de estudios, y un Master en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante, España.
Con 39 años, su trayectoria laboral en el sector público partió en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando entre 2012 y 2014 integró el equipo de Fiscalía en la Superintendencia del Medio Ambiente. Luego, en la segunda administración de dicho mandatario, ejerció como jefe de gabinete del subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, de junio de 2018 a marzo de 2020, y también como abogado del departamento de Juicios e Invalidaciones del Servicio de Evaluación Ambiental, en dos periodos: abril-junio de 2018 y marzo de 2020-agosto de 2021.
En el ámbito privado, en tanto, trabajó en el área Medio Ambiente y Recursos Naturales (2015-2018) del buffet legal Correa Gubbins. Y en 2021 ingresó al estudio Barros Silva Varela & Vigil, como asociado senior en el equipo de Derecho Público, Regulatorio y Ambiental. Allí, hasta su nombramiento, prestaba asesoría en el desarrollo de estrategias legales para proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como también para aquellos que afrontan otros procedimientos administrativos y judiciales, además de asesorar proyectos en el cumplimiento de la regulación ambiental y sectorial.
En este último estudio, resaltan que José Ignacio Vial fue destacado como “Rising Star” por el directorio internacional The Legal 500, en el área ambiental, en los últimos dos años.
Militante de Renovación Nacional y amante de la naturaleza, sus colegas subrayan que se trata de un profesional con rigor analítico y profundo conocimiento de la normativa e institucionalidad ambiental chilena.
Sobre la gestión de residuos en Chile hay abundante información. Por ejemplo, que este sector representa el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país; que, de acuerdo al Reporte Estado del Medio Ambiente en Chile 2025, entre 2015 y 2023 los residuos no peligrosos industriales se mantuvieron como la categoría de mayor generación, con un rango de 9 a 11,4 millones de toneladas; y que los residuos domiciliarios oscilaron, en el mismo periodo, entre 7,2 y 9 millones, produciendo cada habitante, en 2023, un promedio anual de 2,3 toneladas. Sobre este tema, con énfasis en economía circular, trata no solo la primera parte de esta edición, sino también las preguntas iniciales del siguiente interrogatorio. Para no quitarle más tiempo, le traemos a colación el sistema de puntaje: con las 7 respuestas acertadas se gana la ovación del mundo ambiental; con 6 o 5 puntos buenos se puede dar por satisfecho; con 4 buenas debe inquietarse, pero no tanto; y con 3 o menos correctas “repite de curso”. A continuación, el desafío:
1. ¿Cuál es la tasa actual de reciclaje de plásticos en Chile?
2. ¿Cuáles son los denominados residuos medicinales institucionales?
3. En el sector construcción, para el manejo de residuos de obra y demolición, ¿qué perfil laboral se requiere?
4. ¿Qué conceptos incorpora la futura ley que busca fortalecer la prevención de incendios forestales y rurales?
5. ¿Cuáles son las principales tecnologías de abatimiento de gases odorantes en uso en plantas de tratamiento de aguas servidas en Chile?
6. ¿Cuál es la función de las barreras acústicas?
7. ¿Qué tecnologías de última generación están contribuyendo a reducir las externalidades ambientales negativas de la exploración minera?
Solución en página 94
Delegación de industriales del packaging visitará Alemania
Una delegación de representantes de empresas especializadas en packaging viajará a Alemania, entre el 5 y 8 de mayo, para realizar visitas técnicas a fabricantes y centros especializados en soluciones de procesamiento y envasado, con foco en automatización, eficiencia energética y desarrollo de materiales de menor impacto ambiental. El objetivo es conocer en terreno tecnologías que hoy están redefiniendo los estándares industriales en Europa. El eje central de la misión será la participación en Interpack 2026, la feria líder mundial del sector, que se realizará del 7 al 13 de mayo en Düsseldorf. Consultas al e-mail tradefairs@ahkchile.cl
Teck Quebrada Blanca opera con energía 100% renovable
Teck y AES Andes conmemoraron un hito clave para la minería y el sistema energético chileno: la matriz energética 100% limpia y renovable de Teck Quebrada Blanca (QB), una de las más importantes productoras de cobre en el país. Esto es fruto de un proceso iniciado en 2013, cuando ambas compañías firmaron su primer acuerdo para el suministro de energía solar. A partir de 2025, QB solo es abastecida por recursos renovables. El logro fue celebrado en el Centro de Operaciones y Control Remoto de AES Andes ante la presencia del ministro de Economía y Energía, Álvaro García, entre otras autoridades.
Las Salinas cosechó primera biopila de suelo remediado
El proyecto de biorremediación Las Salinas, en Viña del Mar, continúa avanzando a paso firme para la descontaminación del terreno de 16 hectáreas que se ubica frente a la avenida Jorge Montt, con miras a la regeneración urbana de esta área y dando cumplimiento a lo aprobado por la institucionalidad ambiental. Esto, porque después de tres meses desde la instalación de una plataforma con capacidad para seis biopilas de suelo remediado en el área baja del paño sur, en enero se concretó la cosecha de la primera de ellas, lo que evidenció la eficacia de la técnica de biorremediación usada.
Aprueban ampliación de vida útil de Codelco Ministro Hales
La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Antofagasta aprobó de manera unánime el estudio de impacto ambiental del proyecto “Desarrollo Futuro División Ministro Hales”, que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054, con una inversión de US$2.800 millones. Entre los hitos más relevantes del proceso de evaluación destaca la consulta a pueblos indígenas más grande en la historia del SEIA, involucrando a 46 grupos humanos. Con esta aprobación, la faena incrementará su capacidad de extracción y procesamiento para alcanzar una producción de unas 200 mil toneladas de cobre fino anuales.
Respuestas a ¿Cuánto Sabe Ud.?
1. De un 10,3%, equivalente a más de 127 mil toneladas, de acuerdo a datos de Asipla al 2024.
2. Son aquellos que proceden de hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias o centros de investigación.
3. Un perfil con capacidades en clasificación, tratamiento de materiales y diseño de procesos más circulares, principalmente.
4. Incluye, por ejemplo, las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde los propietarios deberán implementar cortafuegos y medidas para el manejo de la vegetación.
5. Filtros de carbón activado, biofiltros y neutralizantes.
6. Reducir el ruido generado por diversas fuentes, como autopistas e industrias, disminuyendo su propagación hacia zonas sensibles.
7. La inteligencia artificial, big data, drones y satélites.
Henkel: primer vehículo eléctrico para área logística
Henkel Chile anunció un nuevo hito en su camino hacia la sostenibilidad: la incorporación del primer vehículo eléctrico para el área de logística, una iniciativa desarrollada junto a su socio estratégico TW. Con este avance, Chile se convierte en el cuarto país de Henkel Latinoamérica en implementar este tipo de solución para su negocio de Adhesive Technologies. El proyecto se enmarca en la estrategia global de la compañía, que recientemente implicó una ampliación de su compromiso Net Zero, cuya meta es alcanzar cero emisiones netas en 2045.
Volvo Chile presenta nuevos camiones Euro VI
Volvo Trucks Chile anunció la incorporación oficial de su nueva generación de camiones con tecnología Euro VI, marcando el inicio de un avance significativo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el parque de vehículos pesados que operan en el país. Más allá de la entrada en vigencia de nuevas regulaciones, la implementación de Euro VI permite mitigar el impacto ambiental del transporte de carga, disminuyendo las emisiones de contaminantes locales, uno de los principales desafíos ambientales del sector.
Concha y Toro refuerza compromiso con la reducción de CO2
En el marco del Día Mundial por la Reducción de CO2, Viña Concha y Toro destacó su compromiso con la acción climática, avanzando con iniciativas concretas para disminuir su huella de carbono tanto en sus operaciones como en la cadena de abastecimiento, en línea con los desafíos globales frente al cambio climático. Desde el año base 2017, la compañía ha reducido su huella en un 24% a 2024. En 2026, impulsará que las demás filiales vitivinícolas se sumen a este compromiso, avanzando hacia una ambición climática común de largo plazo.
Parque Arauco y Copec Flux desarrollarán tres plantas solares
Parque Arauco y Copec Flux firmaron un acuerdo para ejecutar un proyecto fotovoltaico que contempla el desarrollo de tres plantas solares y evitará la emisión de más de 690 toneladas de dióxido carbono al año. El plan involucra inicialmente la instalación de sistemas en dos de los activos de la compañía, ubicados en Calama y Coronel, los que en conjunto generarán más de 1,4 millones de kWh anuales. Las plantas operarán bajo el sistema Net Billing, el cual permite a las empresas autogenerar parte de su energía y devolver a la red lo que no consumen.
Falabella valorizó ropa dañada por incendios
La emergencia provocada por los incendios forestales de enero en la región del Biobío dejó grandes volúmenes de ropa y textiles dañados dispersos en calles y espacios públicos de comunas como Penco y Tomé. Para abordar este impacto y evitar una segunda afectación ambiental, Falabella implementó un operativo de recolección y valorización de más de 9.600 kilos de ropa y calzado dañados, cuyo volumen permitiría cubrir aproximadamente cuatro canchas de tenis completas. La acción buscó impedir que estos residuos terminaran en rellenos sanitarios o microbasurales.
Transelec participa en reforestación
Con la plantación de 571 ejemplares de vegetación nativa xerofítica, especies propias del Norte Chico, Transelec y la Comunidad Agrícola La Cebada, ubicada en la zona costera de la comuna de Ovalle, región de Coquimbo, realizaron un proyecto de reforestación en un sector aledaño a la línea de transmisión que allí opera la compañía. La iniciativa forma parte de un compromiso medioambiental de Transelec con la comunidad.
AGQ www.agqlabs.cl 71
Aguas Andinas www.aguasandinas.cl Tapa 2
AHK
https://chile.ahk.de/es 37
Ambiental y Sectorial www.ambientalysectorial.cl 79
