Instituto de Estudios Ambientales IDEA - Sede Manizales
Junio de 2019
ambiental boletín
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Doscientos años de regresiones rurales en Colombia
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Doscientos años de regresiones rurales en Colombia
GONZALO DUQUE ESCOBAR Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales Fotografía. Yesid Campos. Survival.
Para descargar el boletín en color: Http://idea.manizales.unal.edu.co/boletin-ambiental.html
Las dinámicas en la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia, caracterizada por un Gini del 0,88 (Oxfam 2016) como medida de una inequitativa distribución, en lugar de haberse reducido en las últimas décadas, crece gracias a una historia de reformas agrarias fallidas, a la violencia de los últimos cincuenta años y al despojo de tierras que aún continúa. Cerrar esta brecha de desigualdad es llevar la paz a un país donde un millón de hogares campesinos que viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar y, en el que el 1 % de las fincas de mayor tamaño son latifundios que acaparan el 81 % de la tierra colombiana, según Oxfam (2018). En una retrospectiva, tras la colonización antioqueña del siglo XIX, existieron conflictos entre colonos y concesiones, y entre aparceros y latifundistas, según Albeiro Valencia Llano (1990). Y una vez terminada la Guerra de los Mil Días (1899-1902), aunque continúa el proceso colonizador hasta mediados del siglo XX, vienen las leyes de tierras de 1936 y de 1944, la creación del Incora en 1962 (Ley 135 de 1961 y Ley 1ª de 1968 que la modifica), la Ley de Amnistía de 1982, la Ley 30 de 1988 y la Ley 160 de 1994, todas con un espíritu progresista a diferencia de la Ley Zidres de 2016 que, en lugar de fortalecer la economía campesina soportada en un modo de producción rural artesanal, al crear y desarrollar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, acentúa su problemática para fortalecer la agroindustria.
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menos del 2 % de la producción mundial, falta mayor participación en el mercado de productos con alto nivel de demanda, como maíz, aceite de soya, cítricos, y frutas tropicales. En cuanto al cultivo del café, su crisis se refleja en una participación del 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), por ser un producto que no ha desarrollado su valor agregado transformándolo mediante un beneficio directo para los productores.
En las dos últimas décadas, de la superficie agropecuaria del país estimada en 42,5 millones de hectáreas, han sido despojadas 6,6 millones equivalentes al 15 %. En cuanto al uso del suelo en Colombia, de conformidad con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), en 2016 el área cultivada era de 5,1 millones de hectáreas contra 37,4 destinadas para la actividad ganadera. El relevo generacional en el campo requiere que sean los jóvenes campesinos quienes creen empresas rurales que cuenten con la infraestructura productiva adecuada, transferencia de tecnología, vías de conectividad, redes de comercialización que aseguren el mercado, sistemas de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) eficientes, formación, capacitación e investigación contextualizadas, y un sistema de salud confiable.
Como evidencia de la brecha de desarrollo entre las fuerzas productivas, de los medios urbanos y el agro colombiano, entre 1970 y 1996 el Producto Interno Bruto agropecuario aumentó en promedio 3,3 % por año, con tendencia decreciente; al tiempo que el PIB total entre 1970 y 1996 tuvo aumentos siempre mayores, llegando su promedio al 4,1 % anual, así: 5,4 % en los años setenta, 3,5 % en los ochenta y 4,5 % en lo corrido de los noventa. No obstante, según el DANE, en 2018 cuando el PIB de Colombia creció 2,7 %, el sector agropecuario (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y caza) participó con 2 %.
En el anterior contexto, entre otros factores que inciden en la nueva ruralidad colombiana, tenemos las cadenas agroalimentarias: salvo en palma de aceite y en cacao, donde el país aporta poco
El tortuoso camino del agro
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Aunque la hazaña de la Independencia prometió la tierra para la tropa, otorgándoles Bonos de Tierras, y pese a que la Ley 61 de 1874, que admitía el principio de la adjudicación de baldíos nacionales a los cultivadores, favoreció no solo la colonización organizada sino al colono aislado, también es cierto que se ha exaltado la gesta de la colonización como una hazaña histórica, olvidando que el mismo establecimiento, tras la destrucción de las actas de las Comisiones Agrarias, la redención de los bonos territoriales que terminaron en manos de especuladores, y el otorgamiento de concesiones, generó los instrumentos jurídicos para que la élite criolla capitalista, creara empresas, controlara,
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monopolizara y explotara tierras, y se expropiaran baldíos ocupados por agricultores o pequeños ganaderos que vieron perdido su trabajo.
Imagen 1: Embera-Chamí. Fuente: Espacios Vecinos
cantidad de tierras, y se les permitió a los terratenientes exportar de manera independiente. Pero, con las reformas, los ánimos de hacendados y esclavistas se fueron caldeando: vendrían las guerras, y con ellas, la Constitución Política de 1886 que propiciaría el conflicto de la cruenta Guerra de los Mil Días, a partir de la cual detonan las exportaciones de café provenientes de las nuevas haciendas capitalistas de Antioquia y el Eje Cafetero.
Tras la hegemonía liberal (1850-1876), además de decretarse la manumisión de los esclavos, las principales reformas se dieron en el ámbito agrario para romper con el pasado colonial y enrutar al país por la vía de un desarrollo capitalista: los resguardos pasaron a manos de particulares y del Estado, razón por la cual, los indígenas debieron trabajar en las haciendas, se liberaron trabas que impedían el comercio de una importante
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Si entre 1938 y 1951 casi no hubo avances en la alfabetización de la población, durante el Gobierno del Frente Nacional (1958-1970), aunque se logró reducirla, la educación rural tuvo menor cobertura que la urbana. En 1938, el analfabetismo de la población entre 7 y 14 años que en los medios urbanos era del 38 %, en las zonas rurales llegaba al 67 %. Más adelante, entre 1951 y 1990 la población urbana del país pasó del 38 al 70 %, al tiempo que la brecha educativa entre ciudad y campo se amplió al crecer la diferencia de 2 años en 1950 a 3,4 años en 1995. Según Salomón Kalmanovitz y Enrique López Enciso (2005), a lo largo del siglo XX el analfabetismo se fue reduciendo, al pasar de cerca del 70 % al 8 %.
Aunque la Constitución Política de 1886 definía la propiedad de la tierra como un derecho natural, gracias a la Reforma de 1936 que redefinió dicho derecho como “una función social que genera obligaciones”, se crearon las bases para la adopción de una legislación especial que tratara el problema de la tenencia de la tierra abordado en la Ley 200 de 1936; no obstante, por razones políticas que frenaron las reformas liberales, el propósito de esta Ley de Tierras que intentó hacer propietarios a los campesinos que cultivaban terrenos que no les pertenecían, no alcanzó a materializarse. Posteriormente, las políticas de sustitución de importaciones y el proteccionismo keynesiano contribuyeron a impulsar y a modernizar la agricultura en Colombia desde mediados el siglo XX.
el despojo de tierras e impedir la construcción de la Paz de Colombia, puesto que, en la cosmovisión del campesino, la tierra como factor productivo y vínculo cultural es un bien fundamental e inalienable.
La nueva ruralidad Si a partir de los procesos de paz de los años ochenta y noventa del siglo XX, con la reforma a la Carta (1991) que define a Colombia no solo como un Estado de Derecho sino también como Estado Social, en lugar de ponerle límite a los monopolios y oligopolios con la libre competencia, se dio un proceso de reconcentración de la actividad económica; y así, el país haya pasado de una democracia representativa y clientelista a otra más participativa en la que se democratizaron los procesos de descentralización, apareció el voto de opinión y se implementó el acceso a la justicia, el país no logró poner en cintura la corrupción, con lo cual, el gasto público, por no haber conseguido ser factor de desarrollo económico y de equidad social, mantendrá postrado el campo. Dado que, el 77 % de la tierra del país está en manos del 13 % de los propietarios y el 30 % le pertenece al 3,6 % que son latifundistas, si las políticas para el campo, en lugar de democratizar la tierra y de fortalecer la economía rural, solo se orientan a mitigar la pobreza sin poner freno a los procesos caóticos de colonización y dinámicas de migración campo-ciudad, se agravará la estructura concentrada de la propiedad y terminará desconociendo un derecho fundamental de la cultura campesina al favorecer
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Imagen 2. Indice de ruralidad en Colombia- Magnet - Xataka
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En suma, por no haber logrado una reforma agraria en 200 años de creada La República, ni haberse modernizado el Estado colombiano durante las dos décadas del Frente Nacional y la Asamblea Constituyente de 1991, también ahora, pese al acuerdo de paz para ponerle fin al conflicto de los últimos cincuenta años que produjo más de doscientas mil muertes, con la violencia implementada por nuevos actores armados, sumada a la desaparición sistemática de líderes sociales y a las trabas políticas al proceso de paz, el desplazamiento en Colombia, que acentúa la inequidad en la tenencia de la tierra, es quizás el mayor lastre que ha impedido el desarrollo del campo
• Colonización, fundaciones y conflictos agrarios. Albeiro Valencia Llano (1994) Imprenta Departamental de Caldas. Manizales. • Defender al pueblo es defender la paz. Defensoría del Pueblo (2017) Vigésimo Cuarto Informe del Defensor del Pueblo de Colombia. Colombia. • Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. Antonio Paz Cardona / Mongabay Latam (2018) Semana sostenible. Colombia. • Umbra: la Ecorregión Cafetera en los mundos de Samoga. Duque-Escobar, Gonzalo (2019) U.N de Colombia.
Fuentes • Aspectos de la agricultura colombiana en el siglo XX. Salomón Kalmanovitz y Enrique López Enciso (2005) Fondo de Cultura Económica, Bogotá).
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En dicho panorama, según la Defensoría del Pueblo (2017), de 7,7 millones del desplazamiento forzado ocurrido desde 1985, el 6,2 % proviene de comunidades indígenas y el 21,2 % de afrocolombianas, con lo cual, la mayor afectación recae sobre campesinos, puesto que, el 80 % de los propietarios de la tierra en el país son minifundistas, toda vez que las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de menos de 0,5 hectáreas representan el 70,4 % del total de UPA, según el Censo Nacional Agropecuario.