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ISSN 2711-2586

Revista de Análisis de Coyuntura

EL NUEVO TOPO #1

2019 Apoyan Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Programa Gestión de Proyectos División de Acompañamiento Integral Dirección de Bienestar Sede Bogotá

EL NUEVO TOPO Número 1- 2019 // ISSN 2711-2586 Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Sede Bogotá

rectora

/ Dolly Montoya Castaño

vicerrector de sede

/ Jaime Franky Rodríguez

director bienestar sede bogotá la revista de análisis de coyuntura “el nuevo topo” es un espacio en el que los interesados y las interesadas en la coyuntura política de colombia, tienen la oportunidad de compartir con la ciudadanía en general, su aproximación a determinado hecho coyuntural. lo anterior, desde la adopción de una postura analítica frente al acontecer diario de la política colombiana

el observatorio de análisis de coyuntura “ el nuevo topo ” es un grupo estudiantil de la facultad de

derecho , ciencias políticas y sociales de la universidad nacional de colombia , que busca ofrecer a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general , bases científicas y analíticas de la coyuntura política regional , nacional e internacional ; proporcionando documentos sistemáticos , concisos y didácticos que pretenden informar sobre las variaciones del momento actual de la política , yendo tras la huella de la bestia .

/ Oscar Arturo Oliveros Garay

jefe de acompañamiento integral

/ Zulma Edith Camargo Cantor

coordinador programa de gestión de proyectos pgp

/ William Gutierréz Moreno

decano facultad de derecho , ciencias políticas y sociales

/ Hernando Torres Corredor

directora bienestar facultad de derecho , ciencias políticas y sociales

/ Floralba Torres Rodríguez comité editorial dirección

/ Prof. Pedro Elías Galindo León contacto del grupo

/ Yara Elizabeth Rueda Celín

/ObservatorioNuevoTopo

/ Luisa Fernanda Becerra Luna / Ronal Iván Murcia Páez / Cristián Nicolás Quintero Mesa / Daniela Quiñonez Cardona / Farid Camilo Rondón Raigoza / Julie Vanessa Suárez Cortés

eltopoun@gmail.com @elnuevotopo_un @NuevoTopo

universidad nacional de colombia

Sede Bogotá

Edificio Uriel Gutiérrez Sede Bogotá www.unal.edu.co proyectoug_bog@unal.edu.co /gestiondeproyectosUN

pgp.unal.edu.co

issuu.com/bienestarbogotaun Las ideas y opiniones presentadas en los textos de la siguiente publicación son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan

necesariamente la opinión de la Universidad Nacional de Colombia. impresor

coordinador

eltopoun_bog@unal.edu.

/ GRACOM Gráficas Comerciales

comité editorial

au tores y au toras

/ Luis Humberto Hernández / Linda Yulieth Correa Grisales / Cristian Nicolás Quintero Mesa / Daniela Quiñonez Cardona / Julie Vanessa Suárez Cortés / Nelson González Sánchez / Sofía Quintero Cristancho / Christian Mauricio Pinilla / Ronal Iván Murcia Paéz / Farid Camilo Rondón Raigoza / Luisa Fernanda Becerra Luna / Yara Elizabeth Rueda Celin / Vanesa Estefanía Ospina Ramírez / Juan Pablo Torres-Henao fotografías

/ Jairo Nicolás Bernal Usama / Cristian Nicolás Quintero Mesa / Daniela Alejandra Correa Grisales corrección de estilo pgp

/ Verónica Barreto.

diseño y diagramación pgp

/ Alejandro Sepúlveda @algaferal

Revista de Análisis de Coyuntura

EL NUEVO TOPO

Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo” edición no . i

/ 2019

Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Cronología

pg. 8

Presentación

pg. 10

La coyuntura: El patito feo de la ciencia política

Luis Humberto Hernández

pg. 12

Linda Yulieth Correa Grisales

pg. 22

Cristian Nicolás Quintero Mesa,

pg. 32

COYUNTURA POLÍTICA

Desafíos para la incorporación del enfoque de género en la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Lecciones desde Perú Reconocimiento del medio ambiente como víctima del conflicto armado en Colombia: Un camino para su reparación

Daniela Quiñonez Cardona y Julie Vanessa Suárez Cortés

pg. 40

Violencia y cultivos de uso ilícito en Tumaco durante la implementación del acuerdo de paz (2016-2019)

Nelson González Sánchez y

El año de la “Nueva meremelada”: Una breve cronología

Christian Mauricio Pinilla

pg. 46

Ronal Iván Murcia Páez

pg. 52

Una gestión pública estéril: ¿Hacia dónde vamos?

Sofía Quintero Cristancho

RETOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2022

pg. 62

Farid Camilo Rondón Raigoza, Luisa Fernanda Becerra Luna y

Asunto: Crónica de una muerte anunciada. El Plan Nacional de Desarrollo

Yara Elizabeth Rueda Celin

PANORAMA DE LAS ELECCIONES REGIONALES DE 2019

pg. 74

Vanesa Estefanía

pg. 80

Juan Pablo Torres-Henao

Ospina Ramírez

¿Una salida del limbo? Elecciones regionales de 2019 en Barbosa, Antioquia La FARC en sus primeras elecciones regionales

PRESENTACIÓN

l Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo” es un proyecto estudiantil de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, que busca ofrecer a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general bases analíticas de la coyuntura política regional, nacional e internacional, proporcionando documentos sistemáticos, concisos y didácticos que pretenden informar sobre las variaciones del momento actual de la política, yendo tras la huella de la bestia. En este sentido, el objetivo de “El Nuevo Topo” es reivindicar el análisis de coyuntura como una metodología fundamental para el análisis político y se enmarca dentro de la misión de la universidad: “Contribuir a la elaboración y resignificación del proyecto de Nación”. “El Nuevo Topo” se constituye por la motivación de los estudiantes que cursaron la asignatura Análisis de Coyuntura durante el periodo académico 2017-3, impartida por el profesor Luis Humberto Hernández. Dicha clase confirió elementos metodológicos y teóricos necesarios para el aprendizaje, enfocándose en la coyuntura como herramienta fundamental para la labor del politólogo. Dada la inexistencia de un grupo especializado en el análisis de la coyuntura política en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, emerge la necesidad de consolidar un espacio que tenga como finalidad informar de manera rigurosa y académica no solo a la comunidad universitaria, sino

también a la ciudadanía en general, de manera que se logren procesos de construcción de ciudadanía crítica y activa. Así, con el apoyo de los profesores Luis Humberto Hernández y Pedro Elías Galindo León, el observatorio nace en 2018 bajo el nombre de “El Nuevo Topo”, como una metáfora de este animal, cuya principal característica es escudriñar más allá de la superficie. Con relación a lo anterior, surge la idea de fomentar la publicación periódica de artículos de carácter investigativo y de divulgación que utilicen el análisis de coyuntura como su método principal, con el fin de interpretar y hacer accesible el conocimiento a la sociedad. Ello se condensa en la Revista de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”. La publicación de este primer número condensa las ideas del observatorio, las cuales se orientan bajo el espíritu del grupo hacia el análisis del gobierno de Iván Duque, teniendo en cuenta otros elementos de la coyuntura política del país. En consecuencia, son tres las líneas trabajadas: análisis de coyuntura política, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y elecciones regionales. Como introducción a la labor del proyecto estudiantil, la revista es presentada por nuestro profesor Luis Humberto Hernández, conocido entre sus estudiantes como ‘el profe ‘Lucho’ con el artículo “La coyuntura: el patito feo de la ciencia política”. Allí, el docente busca reivindicar el análisis de coyuntura como un método fundamental para el análisis político, a través de un ejercicio

el nuevo topo

sin formato, es decir que rompe con el esquema clásico académico, pues como él mismo afirma, podemos hacer uso de diarios, poemas, música y cartas, entre otras formas de expresión. Sin embargo, desde su ontología política, el análisis de coyuntura reconoce que se requiere realizar todo un ejercicio complejo y transdisciplinario de estudio de la vida y el presente. El primer apartado de esta edición gira en torno al análisis de la coyuntura nacional, resaltando los temas relacionados con la gestión del gobierno de Iván Duque. Los artículos tienen como principal punto de encuentro la obtención de la paz en el país, a partir de miradas múltiples a las problemáticas que conlleva la implementación del Acuerdo de Paz. Por otro lado, también se encuentra una contribución desde la parte más política del gobierno, a partir de un texto que revisa la “mermelada” en la actual Presidencia, que se reclamaba independiente de esta. Y cierra desde un análisis tecnocrático sobre la nueva gerencia pública y sus repercusiones en el país. El segundo apartado se posiciona en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo. En este se ubica un texto que desde una perspectiva crítica analiza el plan, por medio del método cuantitativo presente en el análisis de contenido, haciendo aseveraciones cualitativas respecto a la prospectiva del plan. En tercer lugar, sobre las elecciones regionales se tienen dos escritos, uno analizando desde la corrupción en los municipios el problema de la

elección popular, teniendo como caso de estudio Barbosa (Antioquia), y el otro en sintonía con las actuales demandas en lo referido al proceso de paz, el cual observa los movimientos electos de los desmovilizados de las Farc. Con orgullo y placer, este observatorio presenta el primer número de su revista y extiende la invitación a las nuevas generaciones, expertos, académicos, servidores públicos, periodistas, analistas, líderes y lideresas sociales, y en general a la ciudadanía, a acompañarnos en este largo proceso de reflexión y construcción de país mediante la generación de textos, imágenes y videos que evidencien distintas opiniones, percepciones, análisis y apreciaciones sobre los hechos del momento actual. La revista pretende convertirse en un amplio y matutino ejercicio de deliberación, discusión y participación en el cual desde disímiles posturas y enfoques se examinen los sucesos que van ocurriendo en nuestro país, y se consolide por consiguiente un espacio fructífero para la construcción de soluciones que hagan frente a las necesidades y demandas en Colombia.

LA COYUNTURA: EL PATITO FEO DE LA CIENCIA POLÍTICA Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Buda

La forma moderna del destino es la política. Napoleón

Luis Humberto Hernández Profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. Codirector del Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”.

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Pretexto

a coyuntura o el momento actual –presente– de las relaciones de un sistema político y su análisis no es objeto de mayor consideración por parte de la academia. Su trato disciplinar es marginal, pues no forma parte de los planes de estudio de las ciencias sociales, cuando más una asignatura electiva cursada por algún estudiante despistado a quien le urge para graduarse, o, en el mejor de los casos, por un militante de izquierda interesado aún en la educación popular. Esta fue una actividad común hasta los años noventa, pero que entró en desuso a raíz de la crisis del socialismo real, con el discurso del fin de la historia y del neoliberalismo. Por demás, es una herencia analítica del marxismo que les permitió a actores políticos como Lenin, Mao, Fidel, entre otros, hacer el análisis concreto de las situaciones concretas –necesario para el éxito de sus revoluciones–, realizado al calor de los debates ideológicos sostenidos con sus copartidarios, bajo el pretexto de quién realizaba el análisis correcto de las relaciones de fuerza en cada momento determinado, es decir, de quién comprendía mejor la coyuntura política, quién levantaba la mejor consigna, quién diseñaba la mejor táctica para la acción y, en consecuencia, de quién se hacía al consentimiento de las masas y el derecho hegemónico de conducirlas. Esos son en conjunto los objetivos políticos prácticos del análisis de coyuntura. Pero también se comprendía como un ejercicio fundamental en los análisis teó-

ricos, históricos y socioeconómicos del fenómeno humano, en los que podemos destacar a Marx con El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, considerado un texto clásico del análisis de coyuntura; los Cuadernos de la cárcel, de Antonio Gramsci; Cataluña en la España moderna, de Pierre Vilar, y El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II o Las estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible, del historiador Fernand Braudel, un autor no marxista, cofundador de la Escuela de los Annales, entre otros. En ese marco, es nuestro interés reivindicar la coyuntura como la herramienta fundamental del análisis político, en cuyo efecto reconsidera las predisposiciones ontológica, epistemológica, axiológica y metodológica de la ciencia y el arte de la política. Contexto La emergencia de una situación crítica –o crucial– se acompaña de renacimientos de posibilidades que en su momento habían sido obliteradas, como improntas que, luciendo trajes novedosos, se hacen presentes para protagonizar los nuevos escenarios. La emergencia de las energías limpias a partir de los años setenta, la crisis ambiental y la revolución de las comunicaciones, con la difusión del internet en los años ochenta del siglo XX, ponen al orden del día la noción local del espacio, el presente del tiempo, la vida y el lenguaje, inaugurando para el siglo XXI una nueva fase civilizatoria de dimensión planetaria en la historia de la humanidad (Hernández, 2018). Esa situación nos hace

reconocer que, como seres humanos, somos seres biológicos, vida y psique, y que acontecemos en el lenguaje (Maturana, 1997a), que pensamos globalmente y vivimos la experiencia localmente. La difusión a gran escala de las comunicaciones nos hace evidente el tiempo presente como fundamento ontológico de nuestra existencia, pues estar interconectados significa “vivir en tiempo real”, constituido en una necesidad casi que maniática. Como que existimos o somos si y solo si en tiempo presente, pues en la conjugación pasada fuimos, y en la futura seremos solo una posibilidad. Un presente objetivo y cambiante, como señala Humberto Maturana: Los seres vivos existimos en el presente, la biosfera existe en el presente, el cosmos existe en el presente, en un presente cambiante [...] existimos en el ocurrir de los procesos, y nosotros observadores existimos en particular en el presente de la distinción de procesos en los que nos distinguimos a nosotros mismos. (Maturana, 1997a, p. 10)

Esta perspectiva nos hace entender por qué desde siempre los seres humanos “en todo momento y en relación a las más variadas situaciones hacemos su análisis, conscientes o no, queriendo o no” (Souza, 1973, p. 1), ya sea para salir de la casa, asumir un trabajo, una responsabilidad, etc., y así tomar decisiones basados en una evaluación de la situación presente y en relación con sus intereses y necesidades, que no es otra cosa que un análisis cotidiano de la coyuntura, que por elemental

no deja de ser sustantivo en nuestras vidas, y por qué no, la razón misma de nuestra existencia. Es un objeto per se de los estudios etnometodológicos que, como lo ilustra Norbert Elías (2012), expresan y reproducen la dinámica de las relaciones de poder en una etapa determinada. En el ámbito académico, la más novedosa corriente de la denominada Historia del Presente señala: “Pero el tiempo real de toda historia es el presente, porque la acción, el actuar, no puede estar constitutivamente más que en el presente” (Aróstegui, 2004, p. 63). En relación con la disciplina que nos convoca, la política, “el historiador se preocupa, a propósito del pasado –como el político a propósito del presente–” (Vilar, 1981, p. 81). Presente desdeñado por el criterio de la episteme científica social vigente que considera “la práctica imposibilidad de construirla por la falta de documentos, inexistencia de ‘perspectiva temporal’ adecuada e implicación personal del historiador” (Aróstegui, 2004, p. 21) y, en consecuencia, lleva a considerar el análisis de la coyuntura como el patito feo de la ciencia y el arte de la política. El texto La realidad política comprende un flujo sistémico permanente de acciones de poder ejercidas sobre la vida, que en el siglo XIX resulta “una suerte de estatalización de lo biológico, […] que hace del ‘derecho de vida y muerte’ uno de los atributos fundamentales de la soberanía. […] algo que yo llamaría una biopolítica de la especie

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humana” (Foucault, 1976, pp. 192, 195). Ese poder se hace presente de manera dispersa en la red difusa de interacciones de nuestra praxis de vida, localizado y personalizado en “esos innumerables pequeños focos que van desde un jefecillo, un guarda de viviendas populares, un director de prisiones, un juez, un responsable sindical, hasta un redactor jefe de periódicos” (Foucault, 1992, p. 84), como micropoderes multiversos. Una concepción reticular del poder que critica a aquella acepción moderna, reducida y centralizada en el Estado-aparato y sus instituciones de democracia liberal y socialista real, alrededor de los cuales gira el estudio de la ciencia política oficial. Mantener o cambiar un orden de poder establecido, o institucionalizado, se constituye en el objetivo político de los sujetos que obran en calidad de actores; sujetos políticos que reconocen que el poder se mantiene o cambia en su praxis presente: la coyuntura, razón de ser de su oficio y existencia. Ese objetivo da cuenta de la tensión permanente que acusan o caracterizan esas relaciones, que al devenir en conflicto como discusión polémica puede derivar en la confrontación bélica, caracterizada por eliminar la palabra, en consecuencia con la negación del uso de la razón, dando validez al principio según el cual, cuando las razones se empatan, la fuerza decide. En tanto proceso, ese objetivo se realiza como una deriva sistémica compleja e hipercompleja, multicausada por la acción dinámica y recíproca de los más variados factores naturales y sociales, necesarios –ciertos y predecibles–, o aleatorios –inciertos

e impredecibles–, de la mano de la acción de la voluntad del poder humano que responde a las necesidades, intereses, creencias, valores y posibilidades individuales y colectivas diferentes, opuestas, contradictorias y antagónicas de sus protagonistas, que dan cuenta del nivel de tensión presente y su posible resolución. Esa descripción o definición ilustra la dificultad para comprender la realidad, “la cuestión más importante que la humanidad tiene frente a sí en este momento” (Maturana, 1997b, p. 11), para nada predeterminada, aunque previsible en algunas de sus tendencias estructurales, que en el caso de la realidad política nos resulta de sinigual consideración, por hacer evidente que el estado de los hechos que observamos, padecemos y disfrutamos en un momento determinado se corresponden y dependen en buena parte con el grado de protagonismo que comportemos como actores. Así, políticamente y ante la historia, somos altamente responsables de nuestro propio destino individual y colectivo. En nuestro criterio, esa realidad política puede ser comprendida teóricamente y asumida prácticamente como actor político (estadista al decir de Kissinger) o como analista de la política, desde cuatro enfoques básicos: Los intelectuales analizan las operaciones de los sistemas, los estadistas los construyen. […] el analista puede elegir el problema que desee estudiar, mientras que los problemas de los estadistas se los imponen. El analista puede dedicar todo

el tiempo que juzgue necesario para llegar a una conclusion clara; para el estadista, el desarrollo abrumador es la presión del tiempo. El analista no corre riesgos. Si sus conclusiones resultan erróneas, podrá escribir otro tratado. Al estadista solo se le permite una conjetura, sus errores son irreparables […] El estadista debe actuar basado en evaluaciones que no pueden demostrarse en el momento en que las está haciendo. (Kissinger, 1974, p. 22)

Así pues, somos a la vez actores y autores analistas que ofician en perspectiva funcional o rebelde (crítico) respecto al orden establecido. Funcional, por parte de quien detenta el poder, con el objetivo de mantenerlo y en consecuencia sostener y proyectar el orden que regenta. Rebelde (como actor) y/o crítico (como autor), por parte de quien pretende asumir el ejercicio del poder e instaurar un nuevo orden. En ambos casos obliga la lectura holística del Estado que presenta las correlaciones de poder en todos los niveles de vida territoriales: internacional, nacional y local, en sus dimensiones económica, social, político-jurídica, ideológica, cultural, sicológica y ambiental (que involucra lo metereológico y cósmico)1 , para prospectar sus posibles escenarios futuros, con base en los cuales 1 El sustantivo femenino coyuntura –un concepto de vieja data venido de la anatomía– está compuesto etimológicamente del latín cum “con” y juntura, que quiere decir “unión” o “articulación”. El historiador Pierre Vilar la define como “el conjunto de las condiciones articuladas entre sí que caracterizan un momento en el movimiento global de la materia histórica [...] se trata de ‘todas’ las condiciones, tanto psicológicas, políticas y sociales como de las económicas o meteorológicas” (Vilar, 1981, p. 81).

el funcional diseña las políticas públicas requeridas en su acción gubernamental, y el rebelde propicia las condiciones tácticas que le permitan la instauración del nuevo orden de relaciones que se propone. Es innegable que un actor –estadista o rebelde– es necesariamente un analista, y que un analista –funcionalista o crítico– no es necesariamente un actor; y si este último se puede confesar exento para la acción politica, aquel no puede desconocer la historia del sistema social, la ciencia y el arte de la estrategia y la táctica afines a la guerra y la retórica, fundamentales en su praxis. También es indiscutible que el rebelde o crítico, una vez asume el ejercicio del poder, obra en razón funcionalista. La praxis y los discursos de los actores y autores, presentes en su acción política coyuntural, se constituyen en el objeto de estudio de la historia política, la sociología política, la economía política, la antropología política, la filosofía política, la psicología política, la cultura política, las relaciones internacionales, etc., para responderse cómo, dónde, por qué, para qué y bajo qué condiciones esos sujetos políticos hicieron lo que hicieron o dejaron de hacerlo, cuya respuesta objetiva les obliga a ponerse en el momento y las condiciones objetivas (bajo las cuales) y subjetivas (por las que) actuaron, (Collingwood, 1974), es decir, reproduciendo el investigador en el presente lo que igualmente había sido presente en su momento para los actores y autores políticos, y acudiendo para su efecto a la memoria dejada por los testigos de coyuntura. Todo ello les perimitirá inferir:

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[…] la disposición estructural necesaria para que sus interacciones recurrentes ocurran, la plasticidad estructural en el dominio de sus interacciones, y la estructura inicial que les permite conservar la organización y adaptación mientras que sus estructuras cambian bajo sus interacciones recurrentes. (Maturana, 1997a, p. 52)

Eso por cuanto la coyuntura no es ajena a la estructura del sistema social, dado que es su manifestación como fenómeno, en un momento determinado. En otras palabras, la coyuntura es el estado actual que presenta una estructura en su disposición –o dialéctica– de mantenimiento o cambio. Esta observación reconsidera la visión clásica marxista de reducir las coyunturas a los momentos cruciales, “de crisis revolucionarias”, de acuerdo con el carácter de articulación y movimiento que designa, pero que oblitera el de momento actual donde aquellos igualmente no cesan. Eso nos permite considerar que el análisis de la coyuntura es el análisis de la estructura en el momento actual, se presente o no una situación crucial. De otra parte, la actual transición –o coyuntura– civilizatoria por la que atravesamos como humanidad pone en otros términos la praxis del rebelde y su crítica de las armas como condición para el logro de su objetivo de transformar el mundo, con base en una gran revolución a la usanza de la francesa y sus réplicas burguesas, que llevaron a la toma de poder, a la clausura a partir del siglo XVIII de la hegemonía de los Estados despóticos o monárquicos y, en consecuencia, a

la instauración de las democracias representativas liberales y socialistas reales. Dicha transición tercia por la construcción de nuevas relaciones de poder a partir de lo local, con base, entre otras cosas, en la gestión de las energías limpias ancladas localmente y en el reconocimiento del cuerpo como la unidad básica bioterritorial, que habilitan y requieren para su uso, protección y defensa del ejercicio de una democracia participativa, cogestionaria y autogestionaria activada por prosumidores procomunes colaborativos (Rifkin, 2014). Esas relaciones operan, pues, como pequeñas revoluciones cotidianas individuales y colectivas, tejidas en red, y terminan consolidando una nueva forma de correspondencias de vida (Estado), requeridas por la nueva fase civilizatoria. Y esa situación exige al protagonismo del nuevo rebelde que critique el uso de las armas y la transformación de la estructuras desde fuera del sistema, para actuar con su arma crítica desde dentro de las instituciones del poder en funcionamiento. Así, obrando como sujeto democrático (Laclau, 2008), demandará el reconocimiento de sus derechos en el ejercicio del ordenamiento de las nuevas formas de relacionamiento de la vida social que se van constituyendo o territorializando localmente. Esta condición nos resulta sugestiva, pues, de acuerdo con el espiritu de la época civilizatoria actual que pone al centro la defensa de la vida, critica el uso de la violencia como la condición sine qua non para la transformación social, que sin negar la crítica y la rebeldía como condiciones transformadoras, requiere poner en juego otros

discursos, medios y tácticas. En ese mismo sentido, es imperativa la apertura al cuestionamiento de la guerra misma y la concepción moderna del monopolio del uso legítimo de la violencia por parte de los Estados, que son en realidad un aparato liberal y socialista. Los discursos sobre el estado de la coyuntura presentados por autores o actores (que comprende también asesores y copratogonistas) revisten el carácter generalizado del informe descriptivo, analítico y propositivo, sin un formato de presentación formalizado, que puede ser una carta, un ensayo, un cuento, un diario, un acta, una memoria, un boletín, un texto de oratoria, una relacion de cuentas, un registro, un poema, un secuencial de imágenes audiovisuales, etc. A manera de colofón, no sobra señalar que en Colombia un buen número de instituciones y corporaciones públicas y privadas como el Banco de la República, el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la Contraloría, Ecopetrol, la Unidad de Planeación Minero Energética, la Policía Nacional, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Le Monde Diplomatique, entre otras, informan periódicamente, a través de sus publicaciones, sobre el estado de sus particulares análisis de coyuntura. Entretanto, en las instituciones universitarias, estos no son validados como opción de grado.

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Referencias Aróstegui, J. (2004). La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid: Alianza. Collingwood, R. (1974). Idea de la historia. México: Fondo de Cultura Económica. Elías, N. (2012). El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México: Fondo de Cultura Económica. Foucault, M. (1976). Genealogía del racismo. La Plata, Argentina: Altamira. Foucault, M. (1992). Microfísica del poder. Madrid: Piqueta. Hernández, L. H. (2018). Crisis civilizatoria, energías límpias y gestión local. Ciencia Política, 13(25), 127-145. Kissinger, H. (1974). La diplomacia. México: Fondo de Cultura Económica. Laclau, E. (2008). La razón populista. México: Fondo de Cultura Económica. Maturana, H. (1997a). La objetividad. Un argumento para obligar. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo. Maturana, H. (1997b). La realidad: ¿objetiva o construida? II. Fundamentos biológicos del conocimiento. México: Anthropos. Rifkin, J. (2014). La sociedad de coste marginal cero. Buenos Aires: Paidós. Souza, H. J. de (1973). ¿Cómo hacer un análisis de coyuntura? Recuperado de: http://bit.ly/2YKgTCH Vilar, P. (1981). Iniciación al vocabulario del análisis histórico. México: Crítica.

COYUNTURA POLÍTICA

¡Basta ya! Cortesía: jairo nicolás bernal usama

DESAFÍOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN. LECCIONES DESDE PERÚ

Linda Yulieth Correa Grisales Politóloga y especialista en Justicia, Víctimas y Construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto (Gidetepp) y del Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”.

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Introducción

a firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, Acuerdo Final) suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP implicó la creación de una serie de instituciones que materializaran lo acordado, especialmente el punto 5 de la agenda de negociaciones en lo concerniente a las víctimas. Dicha institucionalidad se pensó como todo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), o lo que es lo mismo: de justicia transicional. Igualmente, dicho acuerdo reconoce como parte de sus principios la incorporación de un enfoque de derechos, y de manera particular, de los enfoques territorial, diferencial y de género. Estos últimos como instrumentos para garantizar la igualdad y como medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados. Dentro de ese sistema integral, la verdad es uno de los derechos fundamentales, por cuanto responde a la necesidad y al derecho de las víctimas al “[…] esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) […]” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2014, p. 3) cometidas por los actores del conflicto armado. En términos de los mecanismos para materializar dichos derechos se encuentran aquellos de carácter no judicial, dentro de los que principalmente destacan las comisiones de la

verdad. En particular, en Colombia se ha optado por la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Por otro lado, el conflicto armado ha dejado un alto saldo de víctimas, donde uno de los desafíos ha sido su registro y cálculo, aunque se han hecho esfuerzos para ello. Dentro de dichos trabajos de cálculo se ha logrado evidenciar que una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado han sido las mujeres. La Unidad para las Víctimas reporta que de los casi ocho millones y medio de víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), aproximadamente el 49,73% son mujeres, es decir, cuatro millones doscientas mil mujeres víctimas (Unidad de Víctimas, s. f.). Lo anterior sin descontar los múltiples informes de entidades del Estado, la academia y organizaciones sociales que reportan cómo las mujeres han sufrido impactos diferenciados y desproporcionados en medio de la guerra que las han dejado en una situación de completa desprotección y les ha valido el reconocimiento de la Corte Constitucional y de otros instrumentos normativos nacionales, como sujetos de especial protección y objeto de acciones afirmativas que contribuyan al goce y ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y en el marco del conflicto armado, a una reparación efectiva. Teniendo en cuenta, en primer lugar, la relevancia de las comisiones de la verdad y en el caso de Colombia la preeminencia que tendrá la CEV, y en segundo lugar, las dimensiones del fenómeno de

victimización de las mujeres en el marco del conflicto armado, vale la pena preguntarse: ¿Cuáles son los desafíos que tendrá la CEV como mecanismo extrajudicial de verdad dentro del SIVJRNR en la incorporación del enfoque diferencial de género, especialmente en lo concerniente a las mujeres y qué recomendaciones se pueden hacer? Pocas comisiones de la verdad en el mundo han optado por tratar el tema del género frente a las violaciones de derechos humanos o han incorporado un enfoque diferencial específico de género en sus investigaciones o relatos (Nesiah, 2006, p. 7). Sin embargo, los estudios que lo han hecho se constituyen en experiencias que pueden aportar modelos o pautas para la CEV en Colombia, debido a las similitudes de los impactos diferenciados de las violaciones de los derechos humanos sobre las mujeres. Algunas de esas experiencias se evidencian en países como Guatemala, Sudáfrica, Islas Salomón, Kenia, Liberia, Marruecos, Sierra Leona, Timor-Leste y Perú (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2014, p. 7). De este modo, considero que dicho enfoque diferencial de género es ineludible y completamente pertinente para la CEV, el cual debe materializarse en una serie de pautas que tomen como base los aportes internacionales en la materia, que aquí se pretenden recomendar o recoger a partir del caso peruano. De acuerdo con lo que ha consignado la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú (CVR), las mujeres representan en conjunto cerca del 20% de las víctimas del conf licto armado

interno. Las más afectadas son aquellas entre 10 y 39 años (Reátegui et al., 2004, p. 52). En términos territoriales, nos encontramos con que el 82,7% de las mujeres víctimas pertenecen a zonas rurales y que el 17,29% corresponden a cascos urbanos. Esto quiere decir que la violencia contra las mujeres se ejerció en lo fundamental contra las campesinas, indígenas, pobres y de escasos niveles educativos. La CVR también encontró que el 81,02% de las víctimas mujeres eran quienes tenían como idioma nativo el quechua, y que el restante 18,98% tenían como idioma nativo el castellano (Reátegui et al., 2004). La CVR ha identificado múltiples formas de tortura, tratos crueles e inhumanos contra las mujeres. Igualmente, ha señalado que existió violencia de género en el marco del conflicto armado interno, dado que en particular la violación sexual se practicó contra las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres. El derecho a la verdad y las comisiones de la verdad El derecho a la verdad, de acuerdo con los estándares internacionales de justicia transicional, es considerado como uno de los derechos fundamentales que tienen las víctimas directas o indirectas de graves violaciones de los derechos humanos o infracciones graves al DIH. En concreto, este derecho incluye el “conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias especí-

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ficas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación” (Sánchez, 2013, p. 23). Si bien el derecho a la verdad es en primer lugar un derecho individual, también tiene una importante dimensión colectiva en el sentido de que lo encontrado debe difundirse ampliamente entre la sociedad, con el fin de evitar que las violaciones se repitan. “Es el derecho de la sociedad a acceder a un relato histórico sobre las razones por las cuales sucedieron tales crímenes atroces” (Sánchez, 2013, p. 24). Por otro lado, el derecho a la verdad se constituye como una condición para la garantía de los demás derechos fundamentales de las víctimas –la justicia y la reparación–, pues solo con el conocimiento de los responsables de las violaciones o infracciones podrá ejercerse un castigo y otorgarse una reparación. Ahora bien, respecto de la materialización de este derecho, de acuerdo con Sánchez (2013), la verdad puede garantizarse a través de tres mecanismos: la “verdad judicial” (obtenida a través de procesos judiciales formales), la “verdad extrajudicial institucionalizada” (como espacios institucionales creados para la reconstrucción histórica de hechos) y los ejercicios de verdad no oficiales (provenientes de organizaciones de la sociedad civil). Es en el segundo escenario donde se sitúan las comisiones de la verdad como mecanismo extrajudicial. Estas comisiones también tienen un importante enfoque centrado en las violaciones graves de los derechos humanos, es decir que, en general, se dedican a “[…] investigar crímenes como la tortura, la desaparición forzada, los asesinatos

extrajudiciales, el desplazamiento forzado y la violencia sexual. […]” (González y Varney, 2013, p. 15), sin excluir los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, además de investigar delitos económicos o de corrupción como parte del contexto de violencia presentado. Su periodo de investigaciones, comúnmente, cubre amplios lapsos, lo cual, a pesar de lo lamentable que es evidenciar el ejercicio de la violencia durante tanto tiempo en un país, les permite identificar los patrones históricos de violencia y violaciones sistemáticas. Finalmente, las comisiones de la verdad deben tener un enfoque centrado en las víctimas, ya que estas son su primera fuente de información, y por lo general tienen el mandato legal de asegurar el bienestar de las víctimas. Por último, es pertinente mencionar que las comisiones de la verdad cumplen un papel fundamental en el objetivo de la reconciliación nacional, aunque, dependiendo de su enfoque, este propósito se ha entendido de distintas maneras: Se debe entender que la reconciliación consiste en un largo proceso social que ninguna comisión de la verdad puede lograr con independencia de otras medidas ni en un periodo de tiempo muy limitado. En el mejor de los casos, las comisiones pueden contribuir a crear mejores condiciones para la reconciliación al promover reformas institucionales y cambios en la cultura política de un país, y al restaurar la dignidad de aquellos más afectados por la violencia. (Centro Internacional para la Justicia Comunitaria, 2013, p. 16)

El enfoque diferencial de género y su incorporación en las comisiones de la verdad Es pertinente partir de la siguiente premisa: un enfoque diferencial es tanto una forma o marco de análisis como una guía para la acción social y política, que sirve para identificar y reconocer las diferencias que como seres humanos tenemos en razón del género, la identidad sexual, la etnia, la edad, la situación de salud, entre otras categorías, y para identificar y reconocer las implicaciones de estas diferencias en términos de poder, condiciones de vida y formas de ver el mundo: A partir del reconocimiento de las diferencias y sus implicaciones, el enfoque diferencial busca la transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica. Busca la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la perspectiva de los derechos humanos (Montealegre y Urrego, 2010, p. 12).

El enfoque de género es una categoría de análisis, producto de reflexiones teóricas y prácticas políticas que evidenciaron la “[…] necesidad de visibilizar y reivindicar la diversidad cultural, social e histórica que fundan especialmente las relaciones de género [...]; proviene también del análisis de las formas de subordinación y exclusión, y de la transformación de las dinámicas de estas relaciones” (Montealegre y Urrego, 2010, p.

13). Este enfoque tiene como objeto de interés las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres o entre lo masculino y lo femenino, y permite identificar oportunidades y necesidades diferenciadas en esa relación. Igualmente, es una categoría que: • Permite visibilizar la asignación diferenciada de roles y tareas en virtud de las categorías de sexo, género o preferencia. • Revela las diferencias entre oportunidades y derechos que siguen a esta asignación. • Evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias. • Se hace cargo de la vinculación entre cuestiones de género, raza, religión, edad, creencias políticas, etc. • Se pregunta por los impactos diferenciales de las leyes basadas en estas asignaciones diferenciales y de relaciones de poder. • Determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos necesario. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, p. 64) • En perspectiva de derechos humanos, busca el reconocimiento político de las diferencias y la transformación de las inequidades a partir de la inclusión. Si bien es cierto que el enfoque de género no reconoce únicamente los derechos de las mujeres, su origen se halla en las relaciones desiguales entre ambos sexos, denunciadas por distintos actores a nivel internacional y sus antecedentes normativos buscaron en primera instancia proteger los dere-

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chos de las mujeres. Lo anterior quiere decir que el enfoque de género no excluye de su análisis y de su acción política a otros actores que, en términos de análisis de una perspectiva de género y con la ayuda de otros conceptos diferenciadores, además del género (sexo, identidad de género, orientación sexual, relaciones de género, igualdad, discriminación sexual, entre otros), han sido históricamente discriminados por ser diferentes, como lo es el caso de la comunidad LGBTI. A pesar de este reconocimiento, este ensayo ha querido enfatizar en lo concerniente a las mujeres como sujetos políticos que históricamente, y aún hoy en día, siguen siendo vulneradas en sus derechos y tratadas de manera diferencial en los conflictos armados, como en el caso de Perú y Colombia. Lo anterior no quiere decir que otros sujetos políticos que pueden ser recogidos en el enfoque diferencial no hayan sufrido impactos diferenciados del conflicto y que sus derechos no hayan sido vulnerados. ¿Cómo puede incorporarse el enfoque diferencial de género en las comisiones de la verdad? No existen fórmulas universales para garantizar la inclusión efectiva del enfoque diferencial de género en las comisiones de la verdad. Nesiah parte de este reconocimiento señalando: Abordar el trabajo de género en comisiones de la verdad podría ser mucho más fácil con un manual de “cómo hacerlo,” que provea una lista

de cosas por hacer con tareas definidas tales como asegurar un número específico de comisionadas mujeres y de mujeres dentro de las personas funcionarias de la Comisión, brindar opciones de audiencias privadas, incluir un módulo de sensibilización con respecto al género en las sesiones de entrenamiento y convocar una audiencia sobre el tema de género. Sin embargo, los temas son complejos. El tratamiento de la violación de derechos humanos basadas en el género requiere un análisis y una estrategia específica para cada situación (2006, p. 3).

A pesar de lo anterior, y gracias a la experiencia internacional, sí es posible identificar algunas ventajas y desventajas en el proceso de incorporación del enfoque diferencial de género. Históricamente se han desarrollado al menos tres alternativas para incorporar el enfoque de género en las comisiones de la verdad: i) incorporación del tema de género como tema de fondo en todas las actividades, desde la selección hasta la capacitación de personal, por ejemplo en Ghana, donde “el tema de género había sido incorporado al trabajo de la Comisión a través de sus prácticas de contratación” (Nesiah, 2006, p. 4), pero el género no fue una herramienta analítica que guiara el trabajo de la comisión; ii) incorporación del enfoque de género mediante la creación de una unidad especial a la cual se le asigna exclusivamente una tarea enfocada en género, como en Perú, donde se creó una unidad especial que se encargó de las responsabilidades operativas del

trabajo relacionado con el tema de género, lo criticable fue que “la unidad de género era el único brazo de la comisión que prestaba atención a los temas de género día tras día” (Nesiah, 2006, p. 5), y iii) un enfoque que trate al género como un tema global, así como un área con un enfoque específico, frente a lo cual algunos señalan que la comisión del país vecino también avanzó en algo, por cuanto su informe final “ofrece una visión importante de cómo las estructuras y las ideologías de género moldearon la historia de los derechos humanos en el Perú” (Nesiah, 2006, p. 5). Pero definitivamente un país que ha tenido el “enfoque combinado” ha sido Timor-Leste:

su incorporación en las comisiones de la verdad, de acuerdo con Nesiah (2006), debe ser transversal a todos los aspectos de la comisión, desde la definición, interpretación e implementación de su mandato, pasando por el nombramiento y la selección de comisionados, el entrenamiento y las capacitaciones, las relaciones con grupos de mujeres y feministas fuera de la comisión, e incluso con los medios de comunicación, hasta la toma de declaraciones, las audiencias, la elaboración del informe final y las recomendaciones.

La Comisión contaba con un equipo creativo y comprometido con el tema de género, una estrecha cooperación con grupos importantes de mujeres por fuera de la Comisión y el respaldo de la ONU en las políticas de contratación y en otras áreas claves, (Nesiah, 2006, p. 69)

El hecho de que la CVR haya contado con un enfoque de género y que haya dedicado capítulos específicos a narrar y analizar las violencias ejercidas contra las mujeres responde en parte a una reivindicación histórica planteada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú, que había denunciado que la violencia contra la mujer se constituía en un tema “abordado de manera individual y en el marco del análisis de otras violaciones a los derechos humanos, sin darle un tratamiento específico (Asociación Pro Derechos Humanos [Aprodeh] 2005, p. 90). Otro aspecto que cabe mencionar es que, en el imaginario social, incluso en las víctimas, la violencia contra la mujer y en concreto la violación sexual aparece como un evento colateral, naturalizado y sin ninguna significación especial. En consecuencia, la CVR buscó cuestionar y, por ende, desnatura-

A pesar de las bondades de este enfoque o alternativa combinada, no podría establecerse que este sea el mejor para todos los países; los cálculos de cómo incorporar el enfoque diferencial de género deben versar sobre temas tan variados como recursos económicos limitados, luchas políticas y líneas de responsabilidad de la comunidad; la posición o la afiliación política, el grupo étnico, la ubicación regional, la sexualidad, la religión o la clase socioeconómica (Nesiah, 2006, p. 6). En todo caso, el tema de género y el análisis de

El enfoque diferencial de género en la Comisión de la Verdad del Perú

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lizar estos imaginarios, precisamente visibilizando y denunciando la violencia contra las mujeres. De la misma manera, la CVR ha resaltado el hecho de que las mujeres se organizaron para resistirse a los subversivos, a los agentes del Estado, pero sobre todo para denunciar los hechos victimizantes que sufrieron tanto ellas como sus familias. Por otro lado, en términos operativos y metodológicos, vale la pena señalar que la CVR creó una unidad especial encargada de todos los temas de género tanto en términos de la redacción de los informes como de la convocatoria a las audiencias, y en general aspectos logísticos requeridos para recoger la información que se consignó en dos capítulos del informe que se concentran exclusivamente en visibilizar y contar las violencias de género. No obstante, esta división del trabajo trajo una consecuencia negativa y es que, en la mayoría de los capítulos del informe, los temas de género pasan desapercibidos (Nesiah, 2006). A pesar de ello, la comisión logró llevar a cabo audiencias públicas sobre género consultando con otros grupos a favor de los derechos de la mujer. La decisión de incluir una unidad de género especializada en estos temas fue positiva, ya que la violencia sexual, así como otras modalidades de violencia, fue tratada en profundidad en el informe final, aunque hubo algunas críticas por la falta de transversalidad en todo el informe: Al final del periodo de la comisión, se llevó a cabo un proceso post facto para estudiar el material desde una perspectiva consciente del tema

de género e incorporar un análisis de género en donde fuera relevante. Dentro de los parámetros de lo que se podía lograr en esa etapa, este fue un proceso exitoso. Sin embargo, el estudio del material con una perspectiva consciente del tema de género hizo evidentes omisiones y deficiencias graves en áreas tales como la toma de declaraciones y las investigaciones. (Nesiah, 2006, p. 5)

De acuerdo con lo anterior, algunas feministas peruanas inconformes con el trabajo de la Unidad de Género y de la comisión en este aspecto, señalaron lo infortunado que fue el hecho de no aprovechar esta oportunidad para […] dilucidar los patrones de género de las violaciones de derechos humanos, comprender las diferentes formas en que las mujeres peruanas figuraban en la historia de derechos humanos de la nación, iniciar un diálogo nacional sobre las condiciones que facilitaban los abusos contra la mujer y utilizar dicho trabajo para poner en marcha una reforma institucional y lograr un respaldo político más amplio para mejorar el acceso de la mujer a la justicia en la prevención y la reparación de las violaciones de derechos humanos. (Nesiah, 2006).

Conclusiones y recomendaciones La CEV colombiana ya ha iniciado su mandato, el cual tendrá una duración de tres años, y ha anunciado de qué se tratará la incorporación

del enfoque de género. En líneas generales, y de acuerdo con lo previamente observado aquí, parece que la CEV en Colombia va por buen camino, pues se propone incorporar el enfoque combinado del que nos hablaba Nesiah (2006). En primer lugar, en su página oficial se señala que este será un elemento transversal en todos los ámbitos de trabajo de la comisión, mediante la creación de un grupo especializado “[…] de género que contribuye con tareas de carácter técnico, de investigación y preparación de encuentros de la verdad con enfoque de género, así como la coordinación con organizaciones y plataformas de mujeres, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales” (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2018). Frente a esto, su Informe de gestión 2018 señala que la transversalización del enfoque será una estrategia institucional que permeará todos los espacios y actividades, con el fin de integrar acciones que reconozcan las experiencias, las necesidades y los intereses diferenciales de mujeres y hombres, y así impulsar la igualdad de género y la eliminación de las históricas brechas que han socavado la vida de las mujeres y las personas LGBTI. En este sentido, las garantías que otorga la CEV se encuentran sustentadas tanto en la normatividad internacional como nacional, con la alusión a la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995 y a los artículos del Decreto 588 de 2017, el cual regula el trabajo de la Comisión de la Verdad.

A primera vista, pareciera preocupar que en el trabajo del grupo especializado de género quede delegada la responsabilidad de llevar a cabo todas las tareas atinentes a la incorporación del enfoque, tal como ocurrió en Perú. Sin embargo, una de las primeras advertencias del informe es que el grupo solo garantizará la transversalización, sin ser el directamente responsable de su incorporación. Igualmente, es importante resaltar que la Comisión de la Verdad ya ha contado con el apoyo de las experiencias de la Comisión de la Verdad del Perú, mediante los aportes de la abogada de su equipo jurídico, Julissa Mantilla, resumidos a continuación: • Incorporar la perspectiva de género en las investigaciones sobre derechos humanos, a fin de evitar que resulte incompleta y con prejuicios, mediante el principio de no discriminación, el derecho a la igualdad y el principio de debida diligencia, con el fin de erradicar los estereotipos de género. • Mirar más allá de las experiencias previas, incorporando además del enfoque de género en lo concerniente a las mujeres, también lo concerniente a la población LGBTI, “que es algo que la comisión de la verdad del Perú no alcanzó a desarrollar a profundidad, solo algunos casos aislados” (Comisión de la Verdad, 2018). • Aprovechar los avances de la justicia transicional en el mundo y el sistema integral que posee Colombia después de la firma del Acuerdo Final.

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• Tratar de entender la continuidad de la violencia contra las mujeres, basada en la discriminación, y responder “¿qué pasó con los niños y niñas nacidos de la violación sexual en el conflicto armado? ¿Dónde están? ¿Cómo están?” (Comisión de la Verdad, 2018). • Interseccionalidad del enfoque diferencial de género, con los enfoques de curso de vida y discapacidad (que es como los ha nombrado la CEV de Colombia) y con el enfoque étnico y las dimensiones individuales y colectivas de la violencia. • Lograr que la sociedad en su conjunto entienda que la violencia de género es una situación que afecta a toda la sociedad y que no es un problema exclusivo de las mujeres, o algo normal o aislado, como ya mencionamos que se pensaba en el Perú y lo cual fue uno de los hallazgos de su comisión. • Adicionalmente, es fundamental que la CEV adopte algunas de las siguientes medidas como complemento a su enfoque: • Articular de lo pedagógico, lo comunicativo y lo participativo de la comisión mediante la interlocución con organizaciones del movimiento social de mujeres y feminista, con mujeres víctimas no organizadas y con el movimiento social LGBTI, la academia, los mecanismos de cooperación internacional y el SIVJRNR. • Reconocer, analizar y visibilizar los patrones de victimización o de violencias basadas en género. • Establecer una interlocución directa y no aislada con los otros grupos de trabajo e investigación de la CEV, con el fin de unificar metodologías, cate-

gorías conceptuales, preguntas de investigación, hipótesis y su integración en el informe final. • Propender por el enfoque territorial, con el fin de promover la participación de las organizaciones de los movimientos sociales ya mencionados en todo el territorio nacional, así como identificar de manera clara las zonas del país donde la violencia de género afectó más a las mujeres, visibilizando las estrategias usadas y los tipos de violencia, tal y como lo hizo la Comisión del Perú. Ello permitirá aportar al principio y al derecho de no repetición del sistema integral colombiano. Finalmente, la Comisión de la Verdad en Colombia deberá tener en cuenta el documento La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, 2013), como un hito de resistencia y de memoria, iniciativa de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Esta tarea no será difícil, toda vez que dos de los comisionados de la actual Comisión de la Verdad en Colombia hicieron parte de este ejercicio: Alejandra Miller y Carlos Martín Beristaín.

Referencias Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) (2005) «Warmikuna Yuyariniku». Lecciones para no repetir la historia: Violencia contra la mujer durante el conflicto armado interno. Selección de textos del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Recuperado de: http://bit.ly/2YOw9ie Comisión de la Verdad (2018). “Las mujeres han roto el silencio: hablan, lloran, cantan, gritan, escriben, marchan y protestan”: Julissa Mantilla. Recuperado de: http://bit.ly/2RPAuAi Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (2003). Informe final. Tomo VI, Sección cuarta: los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Capítulo 1: Patrones en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos humanos, 1.5. La violencia sexual contra la mujer. Recuperado de: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/ Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas (2013). La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Ruta Pacífica de las Mujeres. Recuperado de: http://bit.ly/2EdcOOf Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2014). Derecho a la verdad en las américas. Recuperado de: http://bit.ly/34nhL1D) Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2018). Informe de gestión 2018. Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Recuperado de: http://bit.ly/2snNLFk Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2014). Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de género en relación con la justicia de transición: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperado de: http://www.refworld.org/docid/55c88ef04.html

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González, E. y Varney, H. (2013). En busca de la verdad. Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz. Recuperado de: http://bit.ly/2PfWsuq Montealegre, D. M. y Urrego R, J. (2010). Enfoques diferenciales de género y etnia. Serie Acción sin daño y construcción de paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/652 Nesiah, V. (2006). Comisiones de la verdad y género: Principios, políticas y procedimientos. Bogotá: ICTJ. Recuperado de: http://bit.ly/2Plr1z3 Presidencia de la República de Colombia. (5 de abril de 2017). Decreto 588 de 2017. DO: 50.197. Recuperado de: http://bit.ly/2LSOPYH Reátegui, F. (ed.) (2004). Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pontificia Universidad Católica. Perú. Lima: Comisión de Entrega de la CVR. Sánchez, N. C. (2013). ¿Qué es la justicia transicional? Bogotá: Defensoría del Pueblo. Recuperado de: http://bit.ly/38x05nkSuprema Corte de Justicia de la Nación. (2013). Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad. México D. F.: Poder Judicial de la Federación - México Unidad de Víctimas (s. f.). Mujeres y conflicto armado. Recuperado de: http://bit.ly/34iUH3G

RECONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE COMO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: UN CAMINO PARA SU REPARACIÓN

Cristian Nicolás Quintero Mesa Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”.

Daniela Quiñonez Cardona Politóloga y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”.

Julie Vanessa Suárez Cortés Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”.

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l presente artículo desarrolla el análisis de cinco de los modos en que se configuró la victimización del medio ambiente durante el conflicto armado colombiano, ejercicio del cual resultan una serie de recomendaciones y sugerencias para la reparación de este sujeto de derechos en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, expresadas a modo de conclusión. El primer modo consiste en los ataques que se realizaron al medio ambiente como una estrategia dada por los grupos armados, legales e ilegales, en medio del conflicto armado, a partir de masacres o daños a estructuras, como oleoductos que dejaban a su paso “pozos de agua contaminados, cultivos quemados, […] suelos envenenados y animales sacrificados, todo […] dado por válido para obtener una ventaja militar” (Organización de las Naciones Unidas, s. f., párr. 1). Dentro de estas situaciones podemos mencionar los ataques a oleoductos que han sido realizados por grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes desde 1986 hasta el año 2004 ya habían ocasionado el derrame de por lo menos 3 millones de barriles de petróleo en el departamento de Arauca, afectando con ello principalmente a los ríos, caños y ciénagas de la zona (Marín y Cajiao, 2015, p. 40); además, resulta importante no perder de vista que acciones de este tipo fueron en muchas ocasiones estrategias para “incrementar el apoyo social y demostrar poderío militar mediante acciones de bajo esfuerzo militar” (Marín y Cajiao, 2015, p. 38), razón por la cual estos ataques han sido muy

comunes en medio del conflicto armado. “Solo en 2018 se registraron [según Ecopetrol] 107 ataques contra los dos principales oleoductos en el país: 89 atentados a Caño Limón Coveñas, 16 a la línea del Trasandino y dos a la infraestructura en Casanare” (Colprensa, 2019, párr. 16). Por otra parte, las acciones cometidas por grupos paramilitares también ocasionaron daños ambientales en situaciones como los enfrentamientos con pescadores de zonas como el Magdalena Medio y el Chocó, que se oponían a prácticas como la pesca con explosivos por parte del grupo armado, la cual ocasiona contaminación y escasez de especies. Igualmente, se dieron masacres como la de El Limón (La Guajira), a donde llegaron cerca de 200 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2002, “lanzaron cilindros y rockets contra la población civil e incendiaron 15 viviendas” (Rutas del Conflicto, s. f., párr. 1), provocando con ello el desplazamiento de sus habitantes y daños ambientales que dejaron convertida a la vereda en un pueblo fantasma. Estos ataques a los territorios y la escasez de recursos naturales que dejaban a su paso privan a los campesinos de las zonas afectadas de fuentes importantes de bienestar, ocasionando la desestabilización de su entorno, por lo que se ven obligados a iniciar procesos de desplazamiento (Márquez, 2001, pp. 13-14), otra estrategia más para obtener una ventaja militar en medio del conflicto. El segundo modo se relaciona con la denominada “enfermedad holandesa”, la cual establece que en una región donde predomine económica-

mente el sector primario de la economía habrá alto desempleo. En nuestro caso, es uno de los determinantes del conf licto armado. Entre las actividades financiadoras del conflicto podemos encontrar al narcotráfico y toda su cadena de producción, como uno de los principales configuradores de afectación medioambiental, junto con la minería ilegal y los efectos nefastos que esta genera en fuentes hídricas, así como actividades lícitas que afectan la biodiversidad, entre ellas la ganadería y el monocultivo, que han sido usados para lavar activos, acaparar tierras o simplemente financiar grupos armados. Al respecto, Rodríguez, Rodríguez y Durán (2017, citando al Departamento Nacional de Planeación [DNP]), señalan que, “en buena parte, el escenario geográfico del conflicto armado han sido las regiones que tienen un alto valor ambiental para Colombia” (p. 25). Por tal motivo, los esfuerzos por construir una paz estable y duradera deben atacar estructuralmente las actividades que permiten la financiación de grupos armados ilegales y, al tiempo, vulneran al medio ambiente. El tercero se refiere a la responsabilidad estatal, donde hay que decir que el impacto del conflicto armado hacia el medio ambiente no es producto solamente de los grupos armados ilegales, sino que además las respuestas del Estado al conf licto también han afectado los ecosistemas del país. Entre las actividades que desatan este fenómeno se encuentra la fumigación de cultivos de uso ilícito por medio de aspersión aérea con uso de glifosato. Al respecto, Rodríguez

et al. (2017, citando a Ministerio de Justicia y ODC) indican: Entre 1994 y 2000 se asperjaron, en promedio, 50.000 hectáreas por año. Entre 2001 y 2006 este promedio subió a 126.000. Entre 2005 y 2014 se asperjaron cerca de 1.100.000 hectáreas. Esto da un aproximado de 1.965.000 hectáreas fumigadas en 20 años (p. 30).

Lo anterior ha generado afectaciones a fuentes hídricas, cultivos de alimentos y por ende la salud de los habitantes de zonas fumigadas, y asimismo ha posibilitado la deforestación, puesto que se siembran los cultivos en lugares diferentes a los fumigados mediante la tala de bosques. El cuarto modo de victimización es el daño moral a los ecosistemas; es decir, las transformaciones que el conf licto provocó en las cosmovisiones de las poblaciones de Puerto Torres (Caquetá) con relación a los árboles de tamarindo, ceiba, palmeras, pipirigallo y a animales como el bocachico, las babillas, el bagre, el pato yuyo, entre otros. En esta vereda, por ejemplo, tras la llegada de las AUC, se hizo cada vez más notoria el vínculo entre las palmas características del paisaje de la región con la existencia de fosas comunes (Puentes, 2018, párr. 6). Asimismo, destaca el caso de los Montes de María, donde el tamarindo y el pipirigallo se convirtieron en íconos de las masacres de El Salado y Las Brisas, y en símbolos de la tortura y la desaparición (Puentes, 2018, párr. 8). Igualmente, se

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vio afectada la relación de las comunidades ribereñas con caudales como el del Magdalena, el Cimitarra, el Cauca, el Catatumbo o el Atrato, anteriormente concebidos como fuentes de vida, que pasaron a estar asociados con la muerte, la impunidad y el no cumplimiento de rituales mortuorios como la cristiana sepultura. Finalmente, una quinta forma de victimización es la destacada por las comunidades étnicas, que consiste en la desprotección del medio ambiente como consecuencia de los bombardeos y enfrentamientos. Estas modalidades de violencia, según indican las comunidades, generan que espíritus protectores de los animales y las plantas se marchen y dejen de cumplir sus labores de cuidado. De manera similar, señalan la desarmonización producida por la ocurrencia de homicidios en territorio sagrado. La comunidad wiwa, por ejemplo, indica que “por esta violencia nuestros padres espirituales que viven en el agua, los árboles, las plantas y las piedras ya se sienten muy poco” (Ruiz, 2017, p. 86). De lo anterior resultan la inestabilidad y el desequilibrio en territorios como el de la línea negra, cuyo grado de conexión y trascendencia define el equilibrio del territorio de toda la humanidad, tratándose de una afectación de nueve dimensiones al medio ambiente. De ahí que concebir la vulneración del medio ambiente en el marco del conflicto armado colombiano exige, además, la inclusión de conceptos tales como encantos, jaï o espíritus protectores.

Tareas para la reparación del medio ambiente en Colombia Resulta pertinente en el escenario del posacuerdo, primero, encaminarnos hacia el fortalecimiento de un marco jurídico que permita avanzar en el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos. Destacamos el avance alcanzado con el reconocimiento de derechos al río Atrato, la Amazonía y el Páramo de Pisba (Eslava, 2019, párr. 8), pero, dadas las numerosas afectaciones a fuentes hídricas y a zonas de reserva forestal ocasionadas por el conflicto armado, este reconocimiento requiere ser ampliado. Tal declaración, además, parte por dejar de ver al medio ambiente únicamente como un factor por el cual se desencadena el conflicto o simplemente como un actor indirecto, pues, como se ha mostrado en el presente artículo, son varias las formas en las que los ecosistemas y territorios han sido víctimas directas (Londoño y Martínez, 2015, p. 17). Es amplio el abanico de acciones cometidas tanto por grupos armados ilegales como legales mediante las cuales se ha buscado financiación o ventajas militares, sin tener en cuenta las condiciones de los territorios y los contextos de las comunidades, que ostentan una manera particular de relacionarse con la fauna, la flora, los ríos y las especies. En cumplimiento de lo anterior, es necesaria la gestación de canales de comunicación sólidos con los verdaderos conocedores de los grados de afectación a la naturaleza en medio del conflicto: las

comunidades. De estos debe resultar la formulación de estrategias de reparación y protección al medio ambiente que vaya de la mano con las costumbres y actividades productivas de estas poblaciones, sin reincidir en la vulneración de los ecosistemas. Por otro lado, es preciso que el Estado asuma su responsabilidad y su rol como uno de los actores vulneradores de los derechos del medio ambiente durante el conflicto armado. De este modo, deberá emprender la significativa labor de repensar la viabilidad de estrategias de intervención como la aspersión aérea y avanzar en la formulación de mecanismos basados en la reparación y la protección de los ecosistemas. A lo anterior se anuda la protección de los defensores y defensoras de derechos ambientales, un factor que escapa a la extensión y al interés de este trabajo, pero que –insistimos– debe ser una prioridad para el Estado, pues Colombia fue en 2018 el segundo país con más muertes de defensores ambientales en todo el mundo, con un total de 164 asesinatos (El Tiempo, 2019). Esta cifra muestra el elevado nivel de conflictividad y los numerosos actores armados que confluyen alrededor de la explotación del medio ambiente, en detrimento de comunidades étnicas y minorías que elevan su voz de protesta frente al extractivismo y la guerra.

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Referencias El Colombiano (27 de enero de 2019). El medioambiente: la otra víctima del ELN. Recuperado de: http://bit.ly/2LQSCWu El Tiempo (30 de julio de 2019). Colombia, el segundo país más peligroso para proteger el medioambiente. Recuperado de: http://bit.ly/35jWozt Eslava, G. (2019). Naturaleza: ¿víctima del conflicto? Recuperado de: https://www.dejusticia.org/naturaleza-victima-del-conflicto/ Londoño, M. C. y Martínez, L. J. (2015). El medio ambiente, otra víctima del conflicto armado colombiano actual. Recuperado de: http://bit.ly/38Djjrl Marín, I. y Cajiao, A. (2015). El ELN y la industria petrolera: ataques a la infraestructura en Arauca. Recuperado de: http://bit.ly/2rLXh5h Márquez, G. (2001). Medio ambiente y violencia en Colombia: una hipótesis. Análisis Político, 44, 58-76. Recuperado de: http:// www.idea.unal.edu.co/publica/docs/mambient_econm.pdf Organización de las Naciones Unidas (ONU) (s. f ). Día para la Prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados, 6 de noviembre. Recuperado de: http://bit.ly/2RQM1PE Pacifista (7 de junio de 2019). La JEP reconoce a la naturaleza como víctima del conflicto. Recuperado de: http://bit.ly/2EgAcKt Puentes, J. (18 de diciembre de 2018). Víctima naturaleza: el conflicto también nos cambió el paisaje. Semana Rural. Recuperado de: http://bit.ly/2rHRi1h Rodríguez, C., Rodríguez, D. y Durán, H. (2017). La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo. Bogotá: Dejusticia. Ruiz, D. (2017). El territorio como víctima. Ontología política y las leyes de víctimas para comunidades indígenas y negras en Colombia. Revista Colombiana de Antropología, 53(2), 85-113. Rutas del Conflicto (s. f.). Masacre de El Limón, La Guajira. Recuperado de: http://rutasdelconflicto.com/node/11161

VIOLENCIA Y CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN TUMACO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ (2016-2019)

Nelson González Sánchez Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia.

Sofía Quintero Cristancho Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Proyecto de Élites Parlamentarias en América Latina (PELA Colombia) de la Universidad de Salamanca en 2018.

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Evolución de la violencia y los cultivos de uso ilícito en Tumaco 2016-2019

res años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, uno de los puntos más críticos de la implementación es el tema de cultivos ilícitos, cuya cantidad ha tendido al alza en los últimos años y se ha concentrado en las zonas más marginadas del país. Allí, los programas encaminados a la sustitución voluntaria han tenido diversas dificultades para ser implementados, entre las cuales se encuentran la ausencia de articulación con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la incertidumbre en las poblaciones, el aumento de la inseguridad y la ocupación de los antiguos territorios de las FARC por parte de otros actores al margen de la ley. Teniendo en cuenta tal contexto, el presente artículo pretende analizar las tendencias de la violencia y los cultivos de uso ilícito en el municipio de Tumaco, Nariño, durante la implementación del Acuerdo de Paz1. Así, el texto se compone inicialmente de un breve recuento sobre los principales hechos; posteriormente, se realiza un diagnóstico de los actores y sus intereses, para finalmente realizar la construcción del escenario actual de cara al gobierno de Iván Duque, proponiendo recomendaciones y conclusiones. 1 Esto justificado en que Tumaco es el municipio con más hectáreas de coca sembradas en el país (UNODC, 2018) y el municipio con más líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo (Datasketch, s. f.).

Tras la firma del Acuerdo de Paz se esperaba que los territorios más abandonados se coparan con la diversidad de la oferta estatal. En municipios como Tumaco se proyectaba, entre otras cosas, la implementación de medidas de seguridad, la Reforma Rural Integral (RRI) y el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). No obstante, tras la salida de las FARC, tanto la cabecera urbana como el área rural del municipio se han convertido en escenarios en disputa por diversos actores armados que pretenden controlar el negocio del narcotráfico. En Tumaco, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2018), se cuenta con cerca de 20.000 hectáreas sembradas de coca, lo cual lo convierte en el municipio con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito en el territorio nacional. Este contexto ha llevado a que desde 2016 los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco hagan presencia en la zona. El primero se relaciona con el Frente Oliver Sinisterra, que surgió como disidencia de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC y ha sido liderado por individuos como ‘Cachi’, ‘Guacho’ y ‘Fabián’. El segundo se relaciona con las Guerrillas Unidas del Pacífico, que surgieron como disidencia del Frente 29 de las FARC y fueron lideradas por ‘David’ y ‘Don Y’. Estos grupos han incentivado el cultivo de coca y los ataques a los líderes del PNIS, además de des-

plazamientos por causa de enfrentamientos entre ellos y con otros grupos que hacen presencia en la zona, tales como Gente de Orden, La Empresa, la Organización Sicarial del Pacífico, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Negritos y la Columna Gaula y Nuevo Grupo. Durante 2016 y 2017, el país ignoró lo acontecido en el municipio, a pesar del aumento de 147 homicidios a 213 de un año a otro (Policía Nacional, s. f.). Esto cambió entre marzo y abril de 2018, cuando se conoció que tres miembros del diario ecuatoriano El Comercio fueron secuestrados y asesinados por el Frente Oliver Sinisterra al mando de ‘Guacho’ (Fiscalía General de la Nación, 2018). De inmediato, el Gobierno nacional fortaleció la Fuerza de Tarea Hércules, ubicando más de 9.000 efectivos, con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho, que generó claras tensiones con el Gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Adicionalmente, entre los sucesos de movilización ciudadana se destaca la multitudinaria marcha de más de 40.000 personas contra la violencia, que tuvo lugar el 27 de abril de 2018. Tras la muerte de ‘Guacho’ en diciembre de 2018, se desató una guerra entre el Frente Oliver Sinisterra y ‘Contador’, quien hoy se reconoce como el narcotraficante más grande del Pacífico colombiano. Esto generó que los homicidios en el municipio llegasen hasta 249 en 2018 (Policía Nacional, s. f.). Ahora bien, según el Gobierno nacional, los cultivos en Tumaco se redujeron en más de 3.000 hectáreas, lo que podría tener dos explicaciones:

por un lado, la implementación del PNIS, que incluyó a 16.450 familias, de las cuales el 91% han cumplido con lo acordado (FIP, 2019)2; por otro lado, la erradicación forzosa liderada por el Ministerio de Defensa Nacional e impulsada por la presión del Gobierno de los Estados Unidos, la cual ha jugado un papel fundamental en la deslegitimación del Gobierno colombianos en los municipios vinculados con el programa. Intereses de los actores presentes en Tumaco (2016-2019) Frente al tema de cultivos ilícitos en Tumaco, es posible señalar tres grandes intereses contrapuestos, comprendiendo que existen diferencias entre los proyectos estratégicos de los actores agrupados en cada uno de estos. En primer lugar se encuentra el interés de reducir los cultivos de uso ilícito, en donde inicialmente aparece el Estado, que cuenta con la oportunidad de profundizar el PNIS3, además de perfeccionar las acciones de erradicación 4. Entre las amenazas está el control territorial que ejercen los grupos armados y los límites constitucionales para avanzar con el plan de aspersión aérea. Adicionalmente, se cuenta con los cultivadores vinculados al PNIS, cuyas oportunidades son limitadas, pues dependen de las 2 Esto a pesar de que 13.351 familias han sido suspendidas del programa, de las cuales Tumaco concentra 3.735 (FIP, 2019). 3 En cabeza de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y la Consejería para la Estabilización y la Consolidación.

4 En cabeza del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas.

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garantías e incentivos estatales generados por la implementación efectiva del programa; esto sin olvidar las constantes amenazas –y ataques– por parte de los grupos que buscan mantener y perfeccionar el negocio del narcotráfico. En segundo lugar está el interés de mantener los cultivos e incluso aumentarlos, donde claramente se encuentran los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona, quienes tienen la oportunidad de movilizar sus recursos económicos, armados y de milicianos para generar presiones sobre las poblaciones y la fuerza pública, con el fin de ejercer control territorial. Su principal amenaza es el Estado, que, por un lado, puede profundizar en la implementación del PNIS y reducir los cultivos5 y, por otro, puede continuar aumentando el pie de fuerza, los operativos, las capturas y el desmantelamiento de laboratorios. En tercer lugar está el interés de conseguir la paz, no como simple ausencia de guerra, sino como el fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de los actores históricamente marginados, quienes deberán vincularse con las economías lícitas y mejorar sus condiciones de existencia para evitar la repetición de los elementos catalizadores y perpetuadores del conflicto. En este se encuentran principalmente las 14.900 familias comprometidas con el PNIS y la implementación integral del Acuerdo de Paz. Sus amenazas son diversas, pero vale la pena señalar dos primordiales: la presión de los grupos armados ile-

gales para continuar con los cultivos de uso ilícito6 y la falta de voluntad del Gobierno nacional para transformar el territorio con oferta de bienes y servicios públicos que trasciendan la seguridad. Es así como aparecen contrapuestas las respuestas y expectativas de estos actores, donde las posibilidades parecieran escasear para las familias vinculadas al programa de sustitución como resultado de la pugna entre el Estado y los grupos ilegales. Mientras el Estado colombiano pierde legitimidad en el territorio como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos y de las acciones represivas de las Fuerzas Armadas, las zonas cocaleras como Tumaco padecen el recrudecimiento de las relaciones establecidas frente a los nuevos controles de las rutas del narcotráfico, en donde la violencia retoma un papel fundamental.

5 Generando, probablemente, una mayor conflictividad en el territorio en tanto las familias entrarían en tensión con los grupos armados que pretenden mantener la alta cantidad de cultivos ilícitos.

6 No es por nada que Tumaco es el municipio del país con más líderes sociales asesinados (27) desde la firma del Acuerdo (Datasketch, 2019).

Escenario actual del gobierno de Iván Duque y conclusiones La implementación del Acuerdo de Paz en lo referente a cultivos ilícitos encuentra en este Gobierno limitaciones tanto coyunturales como provenientes de la misma formulación del PNIS. A pesar de la amplia acogida del programa en el municipio de Tumaco como en el resto del país, es necesario resaltar que su posición geoestratégica, históricamente marginada, ha dificultado una implementación integral que considere los riesgos

que para las comunidades implica asumir un programa sin la seguridad, la asistencia y el acompañamiento necesarios. De ahí que uno de los grandes desafíos radique en afrontar el aumento de violencia de la cual son víctimas las familias vinculadas, además de proporcionar un acompañamiento integral donde estas encuentren la posibilidad de articular sus nuevos productos a las lógicas de oferta y demanda del mercado nacional e internacional. Adicionalmente, la poca voluntad de la actual administración y los cuestionamientos frente a la continuidad y financiación del programa agravan las posibilidades con las que cuentan las comunidades. Lamentablemente, el gobierno Duque cuenta con una comprensión militarista y simple del Acuerdo y los problemas territoriales, lo que se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Política de Defensa y Seguridad y la Política de Paz con Legalidad. Bajo esas condiciones, el escenario futuro no es muy alentador, en tanto las políticas gubernamentales profundizan la conflictividad y rompen la poca confianza de las comunidades en la institucionalidad. De ahí que la principal recomendación es realizar una implementación real y articulada del Acuerdo de Paz, aun cuando las condiciones no parezcan favorables, pues de nada servirá continuar con el PNIS si no se profundiza en la RRl. Con esta articulación se fortalecerían los proyectos de autogestión en la transformación de los territorios, robusteciendo la legitimidad institucional y las capacidades para la construcción de una paz territorial estable y duradera. Lograr esto es fundamental para garantizar unas condiciones óptimas con las que estas comunidades logren un desarrollo alternativo, lejos de los cultivos de uso ilícito. En este aspecto, resulta entonces necesario buscar soluciones desde la institucionalidad para asegurar, además de todo lo anterior, unas condiciones efectivas para tales fines, pues de lo contrario las comunidades, por negligencia estatal o por presiones de los actores armados, reactivarán sus cultivos y continuarán perdiendo la poca confianza que les queda en el Estado y su capacidad para implementar el Acuerdo de Paz.

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Referencias Datasketch (2019). Líderes sociales. Recuperado de: http://lideres-sociales.datasketch.co/ Fiscalía General de la Nación (2018). Identificados cuerpos de los tres integrantes del cuerpo periodístico del diario el comercio de Ecuador asesinados. Recuperado de: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/ crimen-organizado/identificados-cuerpos-de-los-tres-integrantes-delequipo-periodistico-del-diario-el-comercio-de-ecuador-asesinados/ Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2019). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? Desafíos, dilemas actuales y la urgencia de un consenso. Bogotá: FIP. Policía Nacional de Colombia (s. f.). Estadística delictiva; homicidios. Recuperado de: https://www.policia.gov.co/grupoinformaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva UNODC (2018). Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017. Bogotá: ONU.

EL AÑO DE LA “NUEVA MERMELADA”: UNA BREVE CRONOLOGÍA

Christian Mauricio Pinilla Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia.

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na vez cumplidos los primeros doce meses del gobierno de Iván Duque, han sido numerosos los análisis vistos en la prensa y en los espacios académicos acerca de su desempeño, de las promesas y los logros de la administración que prometió gobernar sin la utilización de cuotas y prebendas burocráticas, o como se diría popularmente: gobernar sin “mermelada”. Con dos discursos dio inicio la administración de Iván Duque: uno muy polémico y revanchista, a cargo del entonces presidente del Congreso, Ernesto Macías, y otro bastante conciliador y constructivo (como suelen hacerlo quienes triunfan en los procesos electorales). No obstante, ambos coincidieron en plantear el inicio del nuevo gobierno como una oportunidad para superar los problemas de corrupción en las entidades públicas, entre ellos el de la “mermelada” en su acepción política. ¿Qué fue de ese propósito? La conocida frase “Solo el tiempo lo dirá” pudo ser la respuesta en aquel entonces. ¿Y qué nos ha dicho el tiempo? Un pequeño repaso a algunos de los acontecimientos de los últimos doce meses (y algunos días más) puede darnos cierta claridad al respecto.

asuma las riendas de este ministerio, el hecho de que el decidido apoyo de Botero a la campaña de Iván Duque le significara un nombramiento automático y sus polémicas declaraciones acerca de la criminalización de la protesta social pusieron en duda su idoneidad en el cargo. Diciembre de 2018 La abogada Claudia Ortiz fue designada como directora de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), tras el frustrado intento de otorgarle la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a que no cumplía con los requisitos técnicos para el cargo. No obstante, tampoco era apta para encabezar la ADR (debido a la falta de documentos oficiales que certificaran su experiencia en áreas afines a la ADR), por lo que presentó una declaración juramentada que avalaba su supuesta experiencia como asesora independiente en trabajos afines, en lugar de certificaciones oficiales, como se le exigiría a cualquier otra persona. Pese a las obvias inconsistencias en el nombramiento, asumió sus funciones. Enero de 2019

Agosto de 2018 Como se venía anticipando, Guillermo Botero (expresidente de Fenalco), fue nombrado Ministro de Defensa, lo que le significó varias críticas al ejecutivo. Aunque ninguna ley prohíbe que una persona sin experiencia en el sector de la defensa

En una serie de comunicados en la red social Twitter, el representante a la Cámara David Racero denunció una serie de nombramientos del gobierno de Iván Duque (44 para ser más exactos), relacionados por marcadas irregularidades, por incumplimiento de requisitos, cuestionamientos

personales por temas de corrupción y demás. De todos ellos, resaltamos algunos muy dicientes: Andrés Parra Beltrán (cuñado del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla) y Clara Elena Parra Beltrán (esposa del mismo ministro) recibieron importantes nombramientos. Él como Subgerente de Estructuración del Fondo de Adaptación, y ella como Alta Consejera Presidencial para el Sector Privado y la Competitividad. Ubeimar Delgado recibió la postulación para encargarse de la Embajada en Suecia, pese a que no certificó el manejo del idioma inglés, que es un requisito indispensable para asumir el puesto. Juan Camilo Valencia, hermano del senador del Centro Democrático Santiago Valencia, recibió la Embajada de Indonesia sin hacer parte de la carrera diplomática. Resalta en los trinos el representante Racero que el hecho de tener una vinculación política, económica o ideológica con el partido de gobierno parece ser un requisito para acceder a un cargo de libre nombramiento. Marzo de 2019 Tras dar votos decisivos para la salvación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, los senadores Luis Eduardo Díazgranados y Arturo Char, del partido Cambio Radical, fueron señalados por Germán Vargas Lleras (jefe de esa colectividad) de recibir prebendas para votar a favor del proyecto. En el caso de Díazgranados, según Vargas Lleras, el gobierno le estaría entregando la

dirección de la Aeronáutica Civil (aunque al final la asumió el abogado Juan Carlos Salazar Gómez, quien no tiene relación directa con Díazgranados), mientras que la recompensa de Char sería la Consejería para las Regiones, que quedó en cabeza de Karen Abudinen, cuota de la casa Char: Abudinen ha sido cercana al clan Char y ha trabajado en varias oportunidades en la Alcaldía de Barranquilla. Trabajó como secretaria de Gestión Social durante la alcaldía de Elsa Noguera y como secretaria de Educación durante la segunda administración de Alejando Char. (El Tiempo, 1 de abril de 2019).

Abril de 2019 Se planteó mediante una nota de la revista Semana (1 de mayo 2019) que pudo existir un ofrecimiento de prebendas a la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que se retirara del recinto del Senado durante la votación de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lo paradójico es que Martínez había asegurado que votaría en contra de las objeciones. Así lo consideraba también Aurelio Iragorri, director del Partido, quien había dado esa instrucción. Varios congresistas le aseguraron a Semana que ella habría sido beneficiada, a última hora, con cuotas burocráticas. En particular, que el Gobierno de Iván Duque había designado como

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su representante ante el Consejo Directivo de Cormacarena, al ingeniero civil Orlando Barbosa Villalba, adscrito a la casa política de Maritza Martínez. (Semana, abril 2019).

El nombramiento de Barbosa habría ocurrido solo cuatro días antes de la trascendental votación en el Senado (Decreto 734 del 26 de abril de 2019). Mayo de 2019 El senador Antonio Sanguino denunció la existencia de un decreto que estaba listo para recibir la firma del Presidente de la República (Bonilla, 15 de mayo de 2019). En este se habilitaba a los aspirantes a ocupar cargos diplomáticos en calidad de provisionales para demostrar su experiencia por medio de declaración juramentada ante notaría. Si bien esto no era una medida para nombrar funcionarios en propiedad, abriría la puerta para evadir los requisitos técnicos que este tipo de puestos exigen (como en el caso de Claudia Ortiz). Algo a lo que Sanguino llamó “la mermelada diplomática del Gobierno Duque”. Junio de 2019 En una nota del portal La Silla Vacía, el periodista Jerson Ortiz (21 de junio de 2019) habla de los hermanos Lozada como beneficiarios de cuotas burocráticas durante el gobierno Duque. Se trata de tres hermanos: Jaime Felipe, Daniel Julián y Juan Sebastián. El primero es representante a la Cámara por el Partido Conservador

(que apoyó la campaña de Iván Duque a la Presidencia y fue defensor de sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP). Daniel Julián fue nombrado como asesor de despacho de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y Juan Sebastián recibió un contrato de asesoría en el Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacional por 18 millones de pesos y la renovación de otro con el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de las TIC, por 55 millones. Julio de 2019 Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se promulgó el Decreto 450 de 2016, mediante el cual se abría la convocatoria pública para la elección del Fiscal General de la Nación, en espera de lograr un poco más de transparencia en el proceso (planteaba que para conformar la terna que se enviaría a la Corte Suprema los candidatos debían inscribirse a una convocatoria pública, cuya lista sería divulgada. Además, debían superar una entrevista previa). Sin embargo, ese decreto fue derogado por el presidente Iván Duque, argumentando que los procedimientos de elección están establecidos en la Constitución Nacional y no pueden modificarse por un decreto. Esto, al igual que otros cambios en relación con los requisitos para la designación de funcionarios, le valieron numerosas críticas al Gobierno, más aún cuando está en la obligación de elegir al reemplazo del cuestionado exfiscal Néstor Humberto Martínez.

A lo largo de estos primeros meses se han dado a conocer muchos ejemplos similares a los anteriores (para mencionarlos todos haría falta extender este artículo en demasía). Claro está, el intercambio de favores burocráticos ha sido una tradición de la política colombiana a lo largo del siglo XX, una práctica que no podría cambiar en un solo gobierno. La historia reciente prueba que no hay un debate más trillado en Colombia que comprobar cómo el ejecutivo encontró la fórmula idónea para influir en las decisiones del Congreso, deformando de paso el sistema político con las prácticas clientelistas. El reparto de ayudas a los legisladores o la opción de permitirles intervenir en la aprobación de partidas presupuestales, que tuvo nombre propio: los auxilios parlamentarios. Una manera expedita de limitar la independencia de los poderes públicos utilizando políticamente los recursos del Estado. (El Espectador, 2018)

Sin embargo, al revisar algunos de los hechos recientes, queda claro que Iván Duque, contrario a lo que promulga, ha estado permitiendo, por obra o por omisión, que la “mermelada” se afiance durante su administración. Hemos sido testigos, no de una desaparición de este método para ganar gobernabilidad y fomentar la corrupción, sino de su nueva versión, una menos visible, menos escandalosa ante la opinión pública (dado que se reparte en pequeñas porciones a la misma vez, y solo entre

un grupo selecto), una en la cual la “mermelada” se acumula solo en el centro de la tostada. La realidad tras un año de gobierno es lamentable, aunque no sorprendente; la concentración de la “mermelada”. Esta no solo se da en el Congreso (donde suele repartirse), sino en los cargos de libre elección, donde prima precisamente el clientelismo sobre los méritos, y el elaborado discurso del 7 de agosto de 2018 que da en la retina como un ejemplo más de las promesas incumplidas y la deleznable estructura de relación entre los agentes de la política colombiana. La que fue es, y seguirá siendo, aparentemente, una lucha por la botella de mermelada que ostenta el gobierno de turno, solo que en este caso la riña es entre afines al ejecutivo. El interés detrás de todo esto pareciera ser el de copar la mayor cantidad de instituciones posibles con personal afecto a un sector político particular, cosa que eventualmente podría llevarnos a una concentración del poder y un secuestro de las instituciones públicas. Quizás sea un análisis un tanto fatalista, pero no por ello irreal, pues la concentración del poder político, como nos ha enseñado la historia, suele acompañarse de un aumento exacerbado de la corrupción.

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Referencias Bonilla, D. (15 de mayo de 2019). Denuncian “Mermelada diplomática” en el Gobierno Duque. Caracol Radio. Recuperado de: https://caracol. com.co/radio/2019/05/15/politica/1557924240_777251.html El Espectador. (19 de febrero de 2018). La eterna “mermelada” de la política colombiana. Recuperado de: http://bit.ly/38CMavR El Espectador. (31 de marzo de 2019). Vargas Lleras se va lanza en ristre contra el gobierno Duque y lo acusa de dar “mermelada”. Recuperado de: https://www. elespectador.com/noticias/politica/vargas-lleras-se-va-lanza-en-ristre-contrael-gobierno-duque-y-lo-acusa-de-dar-mermelada-articulo-847853 El Heraldo. (7 de agosto de 2018). Lea aquí el discurso completo de Ernesto Macías durante la posesión presidencial. Recuperado de: https://www.elheraldo.co/politica/lea-aquiel-discurso-completo-de-ernesto-macias-durante-la-posesion-presidencial-528161 El Tiempo. (1 de abril de 2019). ¿Quiénes son los funcionarios señalados por Vargas Lleras? Recuperado de: http://bit.ly/2YmOSB4 El Tiempo. (5 de julio de 2019). Duque tumba decreto de convocatoria pública para elegir Fiscal. Recuperado de: http://bit.ly/2DSLN2j Ortiz, J. (21 de junio de 2019). Otro caramelo del Gobierno Duque para la familia de ‘Pipe’ Lozada. La Silla Vacía. Recuperado de: https://lasillavacia.com/sillasur/otro-caramelo-del-gobierno-duque-familia-pipe-lozada-72194 Presidencia de la Republica. (2018). El Pacto por Colombia / Discurso de posesión del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Recuperado de: http://bit.ly/2EaXZM3 Semana. (16 de noviembre de 2016). Las nuevas lentejas. Recuperado de: https://www. semana.com/confidenciales/articulo/mermelada-burocratica-termino-politico/364961-3 Semana. (28 de diciembre de 2018). Claudia Ortiz, el nombramiento de último minuto de Duque. Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/ claudia-ortiz-el-nombramiento-de-ultimo-minuto-de-duque/596426 Semana. (1 de mayo de 2019). ¿Un puesto para senadora de la U estuvo a punto de revivir las objeciones? Recuperado de: https://www.semana. com/nacion/articulo/la-u-revive-objeciones-a-la-jep/611850

UNA GESTIÓN PÚBLICA ESTÉRIL ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Ronal Iván Murcia Páez Politólogo y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Observatorio de Análisis de coyuntura “El Nuevo Topo”.

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l presente documento presenta el análisis de un conjunto de hechos que son determinantes para el futuro y para el momento actual colombiano; corresponde a uno de los aspectos más coyunturales del primer año de gobierno de Iván Duque Márquez: el manejo y la gestión que le han dado los jefes (ministros) a los sectores gubernamentales de transporte, seguridad, hacienda, justicia e interior de Colombia1. Este análisis coyuntural tiene como propósito el planteamiento o perfilamiento de escenarios que pueden ocurrir en el futuro inmediato del país; se trata de hacer una prospectiva con base en la lectura de los hechos actuales que han causado escándalos y polémicas en la opinión pública y que, por consiguiente, no solo han debilitado el enclenque camino de aprendizaje de gobierno de Duque, sino también el bienestar de los colombianos y colombianas. La pregunta que guía el texto es: ¿Cómo el método de análisis de la coyuntura permite plantear estrategias de acción frente a los posibles escenarios de Colombia en los sectores gubernamentales de transporte, seguridad, hacienda, justicia e interior, teniendo en cuenta la gestión de los ministros de Iván Duque durante su primer año de mandato? Este análisis de coyuntura se estructura a través de tres momentos: en primer lugar, se contextua1 Se eligieron los sectores nacionales que más escándalos y problemas han presentado durante el año de gobierno de Duque. Se reconoce que otros sectores también han tenido importantes dificultades, sin embargo, se prefieren solamente estos cuatro por su impacto mediático.

liza la situación que resulta problemática en materia de gestión y manejo de las carteras mencionadas. En un segundo momento, siguiendo a David Bermúdez, se establecen aspectos que propone en su metodología para el análisis de la coyuntura. En el tercer apartado, a través de predictibilidad aplicada desde la prospectiva, que proponen tanto Hernández como Godet, se establecen cuatro escenarios, entendidos como una descripción específica de una posible situación futura marcando un despliegue determinado de hechos y se describen algunas conclusiones del ejercicio. Los escenarios se grafican a través de un plano cartesiano donde el eje X corresponde a la variable de buen gobierno, y el eje Y a bienestar de la población colombiana. Cabe resaltar que el texto asume que los asuntos aquí tratados se enmarcan en procesos sistémicos; por lo tanto, reconoce la necesidad de un abordaje holístico, en el cual tener en cuenta la complejidad resulta indispensable. 1. Si en un lado llueve, por el otro no escampa Este documento posee una percepción crítica del manejo y la gestión de los Ministros de Duque en los sectores de Transporte (Ángela María Orozco), Defensa (Guillermo Botero), Interior (Nancy Patricia Gutiérrez), Hacienda (Alberto Carrasquilla) y Justicia (Gloria Borrero/Margarita Cabello). De forma general, se puede afirmar que el primer año de mandato de Duque, es un año poco productivo y más que de aprendizaje, se evidencia

improvisación y disociación interna de un gabinete gubernamental, que no ha sabido sortear los retos en materia de gestión de los problemas públicos que demanda nuestro país y ha tenido faltas graves en materia de negociación y concertación política. Los ministros mencionados han sido responsables de hechos que han marcado grandes fracasos para el gobierno de turno, más allá de la afinidad política con el presidente Duque, los errores de gestión de estos sectores representan puntuales tropiezos al bienestar de la población colombiana y a cada uno de los procesos de desarrollo y progreso. Lo anterior pone en riesgo recursos económicos, técnicos, humanos e institucionales. Hoy la percepción de la opinión pública en todos los rincones del país apunta hacia la sensación de estancamiento y nulo avance. Todo ello acompañado de recesión económica, aumento del desempleo, devaluación de la moneda, disminución de la capacidad adquisitiva de los colombianos, retorno de los hechos violentos, aumento de la inseguridad, asesinatos extrajudiciales, escándalos de corrupción, choque entre las ramas del poder, obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, entre otras vicisitudes que configuran el oscuro panorama actual.

el gobierno de Uribe Vélez, puntualmente el escándalo por los llamados bonos agua2, sino por los desaciertos en su gestión actual, vinculados principalmente con iniciativas de aumento de imposiciones tributarias y de eliminación de subsidios a los servicios públicos, la creación de más subvenciones al sector privado empresarial, el progresivo aumento de la tasa de desempleo, entre otros. Este último, de manera puntual, evidencia que sus estrategias de gestión no están teniendo los efectos esperados, porque sus fórmulas y su propuesta macroeconómica no son aplicables a la realidad colombiana (Asuntos Legales, 2018).

Hacienda y Crédito Público - Alberto Carrasquilla

2 De acuerdo con la denuncia del senador Robledo, Carrasquilla habría incurrido en la violación del Código Disciplinario, que prohíbe a exfuncionarios asesorar en asuntos en los que participaron mientras ejercían sus funciones, lo cual habría pasado en Konfigura, empresa del Ministro, que asesoró la emisión de los bonos agua, creados en la pasada administración de Carrasquilla para financiar a municipios que quisieran y pudieran financiar obras de agua y alcantarillado a una tasa de UVR+11 a 19 años. Si bien se realizaron en el Congreso las respectivas sesiones de Moción de Censura al Ministro, no se alcanzaron los votos para censurarlo y continúa actualmente en su cargo como jefe de cartera.

Este puede ser considerado por muchos como el ministro más polémico de este gabinete, no solo por los controvertidos hechos protagonizados durante su estancia en el mismo cargo durante

Interior - Nancy Patricia Gutiérrez En buena parte de los asuntos y desde varios f lancos su gestión ha sido criticada, y no es de esperarse otra reacción, ante las faltas que ha cometido frente a los compromisos con varios sectores políticos y sociales. Sectores del brazo político del Presidente, es decir, del Centro Democrático, han cuestionado su gestión en el trámite de asuntos correspondientes a las banderas y propósitos que se persiguen desde ese espectro político; el hundi-

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miento de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP fue considerado por muchos de ellos como responsabilidad de la Ministra. Desde otros sectores políticos se le cuestiona por su falta de compromiso con el trámite de los proyectos anticorrupción que ocasionaron su ruina en el pasado periodo legislativo, ello a pesar del compromiso que tenían con el país después de la consulta popular anticorrupción y los acuerdos con todos los sectores políticos. Las cosas tampoco le han salido bien a la hora de negociar con los sectores sociales, muestra de eso es el sinsabor que queda aún en la Minga Indígena del suroccidente del país (El País, 2019). Justicia y del Derecho - Gloria Borrero / Margarita Cabello La imposibilidad de concretar caminos hacia una efectiva reforma a la justicia, que haga frente a la congestión y a los escándalos de corrupción es una de las principales muestras de que la gestión de estas dos burócratas ha sido infructuosa. Las demandas en materia de hacinamiento carcelario y los constantes roces entre las altas cortes y el ejecutivo muestran que desde esta cartera no se ha podido controlar los retos en la materia. Ante las presiones y la falta de victorias tempranas, se relevó a Borrero, no obstante, no se ha visto un cambio significativo con la llegada de Cabello. Tanto es el descontento en esta área, que hasta los mismos dirigentes del Centro Democrático culparon a Borrero de ser otra de las responsables del declive de las objeciones a la JEP (El Tiempo, 2019).

Defensa Nacional Guillermo Botero En esta área el entorno negativo no merma, la lista de acontecimientos polémicos y de muestras de una cuestionable gestión es colosal. Se puede destacar de forma general, la reactivación de fenómenos violentos, el fortalecimiento de grupos armados ilegales y el resurgimiento de los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, el recrudecimiento de las tasas de inseguridad, y los escándalos por las estrategias de gestión por resultados a la hora de evaluar el accionar militar y otros fenómenos de corrupción en el sector. El panorama de seguridad en el país durante este último año indiscutiblemente ha empeorado, todos los días aumenta el número de líderes y lideresas sociales asesinados y Botero no hace mucho por frenarlos (Portafolio, 2019). Transporte - Ángela María Orozco Aparte de un estancamiento en materia de mejoramiento del transporte en el país y de facilitar la comunicación interna de las regiones, se ha cuestionado a la ministra Orozco por la improvisación y el descuido gubernamental con la situación de la vía Bogotá - Villavicencio. En términos generales, no se tomaron a tiempo medidas efectivas para controlar la crisis social y económica que desataba el cierre de la vía en la población de los municipios circundantes y de

las economías ligadas a esta, ni tampoco se han generado los escenarios propicios para garantizar soluciones puntuales. Sumado a lo anterior, recientemente la Ministra se ha visto involucrada en un gran escándalo ligado a la indebida y anticipada negociación del pago de intereses y multas a bancos del Grupo Aval, en medio de las diferencias legales en la contratación de la Ruta del Sol II. Finalmente, los recursos públicos no serán depositados en las cuentas de terceros, ya que el tribunal de arbitramiento declaró la nulidad total del contrato, pero ello no disminuye el descontento que se genera por el manejo del tema (Semana, 11 de agosto de 2019). 2. Desde que se hicieron las excusas, todo el mundo queda bien Línea de tiempo Teniendo en cuenta que la mayoría de los aspectos y hechos abordados en el apartado anterior corresponden a tendencias de la gestión de los ministros y que dichos acontecimientos se entrelazan unos con otros, la ubicación de cada uno en un gráf ico no tendría el aporte metodológico esperado, puesto que se perdería la lógica de tendencia de cada sector. Por lo tanto, solo se menciona la ubicación temporal de los eventos, que inician con la posesión de Iván Duque el 7 de agosto de 2018 y van hasta el 20 de agosto de 2019.

Ubicación de actores Identificación de intereses de los actores - Diagnóstico de la correlación de fuerzas Actor 1: Duque y sus ministros de Seguridad, Hacienda, Interior, Transporte y Justicia. Los actores que apoyan a este actor 1 son los sectores políticos que se han declarado seguidores del Gobierno, buena parte de los medios tradicionales de comunicación, el sector empresarial (Luis Carlos Sarmiento), el Grupo Aval y los demás actores f inancieros, hacendados y grandes ganaderos. Su proyecto político es intentar retomar las banderas del expresidente Uribe Vélez en términos de su estilo de seguridad democrática y de aplicar los criterios neoclásicos a la economía nacional, haciendo uso de discursos de derecha. Sus principales intereses se ven abocados en el beneficio de las grandes empresas del sector privado, tanto nacionales como internacionales, el sector financiero y los grandes acumuladores de capital. Al diagnosticar la fuerza de los actores se identifica gran capacidad para aglutinar militantes y votantes que simpatizan con sus ideas políticas, a pesar de sus errores de gestión y de ser un obstáculo claro para el interés común de los colombianos; este actor y los actores que lo apoyan cuentan con gran incidencia geográfica y sectorial, pero poca preparación estratégica interna.

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Actor 2: Sectores políticos de oposición, medios de comunicación críticos, movimientos sociales, ciudadanos colombianos. Entre los actores que lo apoyan se destacan algunas instituciones internacionales, el Procurador General de la Nación, algunos magistrados de las altas cortes, la JEP, medios de comunicación internacionales como el New York Times o The Economist, columnistas, periodistas, líderes y lideresas sociales, entre otros. Su proyecto político va encaminado hacia consolidar el proceso de paz, disminuir la violencia y la desigualdad en el país, procurar por la justicia y la garantía de los derechos consagrados a nivel constitucional, fortalecer la convivencia social y la democracia. Entre sus intereses está acabar con la corrupción, la violencia y la pobreza del país. Al diagnosticar la fuerza de los actores se identifica un número considerable de simpatizantes de otras ideas políticas lejanas a las del gobierno de turno. Poseen una notable incidencia geográfica y sectorial, aunque poca preparación estratégica interna y homogeneidad ideológica. No se han podido consolidar intenciones para aunar esfuerzos ni la creación de alianzas para llevar a cabo su proyecto político. Tendencias en la correlación de fuerzas de una coyuntura Tendencia 1 El actor 1, a pesar de sus errores de gestión y debido a sus apoyos y recursos, mantiene su estéril y nociva administración de las carteras analizadas, mientras que el actor 2 no logra consolidar las

alianzas ni las acciones para mejorar la situación del país y contener las consecuencias del manejo y gestión del actor 1. Tendencia 2 El actor 1 posee más problemas en su gestión en las carteras analizadas, y consecuentemente lo marginan hacia el cambio de las lógicas hasta ahora implementadas y al cambio de estrategias. Por su parte, el actor 2 consolida los procesos de alianza y preparación estratégica que facilitan la presión al actor 1 y la reorientación de los asuntos más espinosos del país. 3. ¿Por dónde va el agua al molino? Construcción de escenarios A manera de conclusión del ejercicio y antes de presentar los escenarios construidos, es indispensable reflexionar sobre el panorama gris que hoy día existe en Colombia. Pareciera que nos estamos viendo obligados a retornar a los tiempos de La Violencia, mientras la pobreza y el desempleo siguen aumentando. El Gobierno y en general todos los sectores políticos deben trabajar orientados al bienestar de todos los colombianos y en la superación de los males que históricamente hemos vivenciado. Hoy, 200 años después de la Independencia, valdría la pena reflexionar sobre la necesidad de crear pactos sociales dirigidos a la convivencia y el progreso social, basados principalmente en acuerdos y en trabajo colectivo, donde se respete y reconozca la otredad como un interlocutor válido.

FUTURO INMEDIATO DE COLOMBIA

EJE Y: BIENESTAR DE LOS COLOMBIANOS

No hay mal que por bien no venga

Los ministros señalados continúan con prácticas y estrategias de gestión en las carteras mencionadas, pero el nivel de bienestar de los colombianos empieza a mejorar.

A todo marrano le llega su nochebuena

Los jefes de las carteras no soportan sus errores de gestión y las consecuencias los obligan a modificar su rumbo. Los actores que han cuestionado la gestión presionan armónicamente.

No todo lo que brilla es oro...

El que parte y reparte se queda con la mejor parte

Los perfiles de los ministros y la novedad de tener un presidente joven no garantizan una buena gestión; las cosas empeoran tanto en la administración de las cartesras como en el bienestar del país.

Los ministros analizados corrigen sus errores de gestión e implementan otras estrategias; sin embargo, no mejoran las condiciones de bienestar de los colombianos porque las causas son más estructurales.

Figura 1. ¿Por dónde va el agua al molino? Fuente: Elaboración propia.

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Referencias Asuntos: Legales (24 de octubre de 2018). Fiscalía abrió investigación preliminar contra Carrasquilla por los ‘bonos agua’. Recuperado de https:// www.asuntoslegales.com.co/actualidad/fiscalia-abrio-investigacioncontra-el-ministro-carrasquilla-por-los-bonos-agua-2785625 Bermúdez, D. (s. f.). Metodología para Análisis de Coyuntura, Serie: Escuela de Paz y Transformación de Conflictos. México: Serapaz. El País (12 de agosto de 2019). Ministra del Interior llega al Cauca para reunirse con indígenas del Cric. Recuperado de: https://www.elpais.com.co/colombia/ ministra-del-interior-llega-al-cauca-para-reunirse-con-indigenas-del-cric.html El Tiempo (16 de mayo de 2019). Se va la MinJusticia Gloria M. Borrero; la reemplaza Margarita Cabello. Recuperado de https://www.eltiempo.com/justicia/ investigacion/renuncio-la-ministra-de-justicia-gloria-maria-borrero-362668 Godet, M. (1993). De la anticipación a la acción. Manual de Prospectiva y estrategia. Barcelona. Marcombo. Recuperado de https://administracion.uexternado.edu.co/ matdi/clap/De%20la%20anticipaci%C3%B3n%20a%20la%20acci%C3%B3n.pdf Portafolio (18 de mayo de 2019). ‘No existe ninguna directriz para incrementar el número de bajas’. Recuperado de https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ mindefensa-habla-sobre-denuncia-de-falsos-positivos-del-nyt-529689 Semana (11 de agosto de 2019). El coletazo de Odebrecht luego del veredicto arbitral. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/el-coletazode-odebrecht-finalmente-el-tribunal-de-arbitramento-se-pronuncio/627412

RETOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2019-2022

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional sede Bogotá. (2019) Cortesía: cristian nicolás quintero mesa

ASUNTO: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Farid Camilo Rondón Raigoza Politólogo y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”.

Luisa Fernanda Becerra Luna Politóloga y estudiante de la Especialización en Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”.

Yara Elizabeth Rueda Celin Politóloga y estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Observatorio de Análisis de Coyuntura “El Nuevo Topo”.

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Bogotá, 7 de agosto de 2019

Apreciado Iván Duque Márquez Presidente de la República de Colombia Cordial saludo.

a presente se motiva por su aniversario en la Presidencia de la República de nuestro país, en un esfuerzo para superar su época de aprendizaje y para que empiece a consolidar una ruta de gobierno, por ello escribimos esta carta. No obstante, bajo los parámetros académicos que a las estructuras del gobierno le han faltado, hemos querido desde un análisis de contenido evaluar la hoja de ruta que usted ha propuesto para este periodo de cuatro años. Le entregamos los resultados. Estimado Presidente, estos años son desalentadores y no fijan con claridad un punto de finalización de su periodo de aprendizaje. Nos preocupa demasiado el hecho de que notamos una desarticulación y desestructuración en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, siendo paradójico dadas las dimensiones no cumplidas del pacto nacional que usted plantea, y resulta contrario a los postulados dictaminados en este documento. Como colombianos, es doloroso evidenciar las problemáticas que se profundizan actualmente en el país, las cuales van desde la fragmentación del tejido social a partir del asesinato de líderes sociales, así como el orgullo y la polarización política han frenado avances como el proceso de paz. Recuerde su compromiso y aplíquelo, su presidencia está “motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas en prejuicios del pasado”. Señor Presidente, Colombia necesita “soluciones y no agresiones”, haga honor a su palabra.

En este orden de ideas, los tres pilares que usted propone en su fórmula mágica están trastocados, la legalidad más el emprendimiento no da más equidad. En este caso, el orden de los factores sí altera el resultado, sobre todo desde la perspectiva desde la cual usted entiende estos conceptos reflejados en el desarrollo de los tres pactos rectores de su hoja de ruta. Su plan de desarrollo se para desde una perspectiva positivista, enmarcada en el paradigma de conocimiento “objetivo” que, per se, es excluyente, dado que evade realidades no acordes con su planteamiento. Las implicaciones de esto es que deja por fuera situaciones como las vivenciadas por muchas regiones colombianas, desconociendo a su vez propuestas alternativas y divergentes a lo históricamente planteado para el desarrollo del país. Usted cree que, teniendo un paso a paso (lineal), asegura el resultado a la equidad, desconociendo la complejidad inmersa en el contexto colombiano. Presidente, no basta garantizar las mismas “oportunidades”, dado que la diversidad de condiciones es un factor que determina que no todos logren el resultado que usted espera. Por ejemplo, al primer pacto (denominado pacto por la legalidad) usted les da una fuerte preponderancia a palabras que no se encuentran dentro de las principales de los otros pilares. Destacan seguridad, justicia y defensa, que son nombradas 179, 144 y 1261 veces, respectivamente (figura1), lo cual deriva en el hecho de que el sector o actor encargado de encaminar este pacto sea el Estado. La población a la que se dirige no se encuentra delimitada, dado que se habla de instituciones y de personas. El pacto tiene una orientación problemática, ya que se sitúa por la atracción de las personas a la “legalidad”, poniendo como principal aliciente la expansión institucional, pero eludiendo la cantidad compleja de relaciones que 1 Los números de palabras que se presentan a continuación se obtuvieron mediante el cálculo efectuado de los tres primeros pactos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, por separado, a través del programa Atlas.ti.

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defensa

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se desarrollan en la confluencia entre el Estado y la sociedad. Asimismo, el enfoque es ambiguo y difuso, ya que no se genera una coherencia entre el sector internacional, defensa y justicia, al agruparlos en un mismo entorno.

país

sistema

Figura 1. Las veinte palabras más usadas en el pacto por la legalidad. Fuente: Elaboración propia.

En el segundo pacto (denominado pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad) se puede observar que usted dota de protagonismo a las palabras empresas, comercio y productividad, mencionadas 136, 94 y 76 veces, respectivamente (figura 2). Lo anterior está ligado al hecho de que el sector preponderante en el cual se centra este pacto es el mercado, siendo los empresarios los principales actores en la consecución de los objetivos planteados. El desarrollo y la innovación se entienden en torno al aumento de la competitividad de las regiones y su consecuente productividad económica, sujetando estas dinámicas al posible desarrollo empresarial del país y el incremento de la competitividad de los productos en el campo internacional.

seguridad

rural

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comerci o empresas

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Ahora bien, la delimitación de la población a la cual usted dirige el pacto no es unidireccional, dado que habla de empresas, instituciones, entidades y mercado. Sin embargo, en este pacto puede resultar problemática su simplificación de la triada relacional entre Estado-sociedad-mercado, puesto que no es claro el rol de las comunidades ni de la sociedad civil en la participación en este sector. De hecho, cuando menciona conceptos como industria (61), turismo (62) y rural (76), lo central lo fundamenta en la metodología de gestión por resultados y la gestión administrativa de los diversos sectores y servicios presentes en los territorios. Lo anterior no es malo per se, lo cuestionable es la evasión de otras variables sociales, de vital importancia en la consecución de estos objetivos.

sistema

Figura 2. Las veinte palabras más usadas en el pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad. Fuente: Elaboración propia.

En el tercer pacto (denominado pacto por la equidad) es el que mayor dota de contenido social al Plan de Desarrollo. En este sentido, las principales palabras son social, educación y salud, que se mencionaron 480, 426 y 416 veces, respectivamente (figura 3), dando a entender que estas dos últimas son los sectores predomi-

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política

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social

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nantes en los que se centran sus acciones para alcanzar la equidad que se propone. No obstante, a diferencia del pacto número uno, no se puede afirmar con claridad qué actores son los encargados de esta materia, puesto que el Estado y el Gobierno pierden protagonismo en las palabras encontradas. Lo que usted sí define es la población a la que se dirigen estas estrategias. Así, se resaltan las palabras población (260), niños (213), familias (191), hogares (190) y niñas (187). Esto explica su lema de “primero los niños y las niñas”, donde la niñez se amplía hasta la adolescencia, y a la familia se le otorga un rol de corresponsabilidad del bienestar de sus integrantes. Además, es importante resaltar que la equidad a la que usted hace referencia es una equidad de oportunidades, en la que solo se les debe dar a las personas que las necesiten o las merezcan.

Figura 3. Las veinte palabras más usadas en el pacto por la equidad. Fuente: Elaboración propia.

La fórmula que usted plantea parte de supuestos erróneos. La equidad no se encuentra con una expansión del Estado basado en datos cuantitativos y un emprendimiento que solo favorece al sector

privado. Esta no puede ser exclusiva de unos sectores ni depender de los resultados de la economía y de la seguridad de los colombianos. Por el contrario, es la que favorece el resto de procesos y lleva a una reestructuración de la sociedad. Tiene invertida la fórmula, señor Presidente; favorecer a los grandes sectores no lleva a una mejora en la sociedad, sino que se proyecta en un aumento en la desigualdad (a pesar de un posible crecimiento económico). Los tiempos han cambiado, no deje que su orgullo lo haga retroceder a políticas correspondientes a sus antecesores. El país se ha transformado y sus demandas son diferentes. No caiga en los errores del pasado, no edifique un Estado extraño ante los ojos de unas regiones abandonadas, corresponda con los esfuerzos sociales y con posterioridad abra la puerta a las empresas y a las Fuerzas Militares. En relación con lo anterior, el Desarrollo (una de las principales palabras del pacto, con 3.8052 menciones a nivel general) que usted propone desde su fórmula se encuentra en contradicción con los intereses nacionales. Este está articulado a un modelo fracasado en el país y que no intermedia con las realidades territoriales. Peca usted, al igual que sus antecesores, de ver una Bogotá que se debe extender desde San Andrés hasta Leticia, prueba de ello es la relevancia y peso que le da a la capital en comparación a conceptos como territorial, y a las mismas regiones, ya que menciona Bogotá lo menciona 488 veces, mientras que la palabra territorial está 636 veces. Marca una gran diferencia si tenemos en cuenta que Bogotá solo representa, aproximadamente, el 16%3 de los habitantes en el país. Otro punto de relevancia son las palabras Pacto (4.221) Nacional (4.171), que faltan a su etimología y conexión. En un primer 2 Los números de palabras que se enseñan de ahora en adelante son el resultado del cómputo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en su totalidad, por medio de Atlas.ti. 3 Cálculo realizado con base en las cifras del censo nacional de 2018 (DANE, 2018). Colombia: 44.164.417 habitantes; Bogotá: 7.181.469 habitantes.

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momento, existe una total desconexión con las necesidades regionales, y por el contrario se implementa una visión nacida en la capital, la cual apunta a que la solución a sus problemáticas es la integración al mercado nacional y el orden central (de nuevo cayendo en el error de la fórmula planteada). Las regiones no deben ser subyugadas al mercado de las grandes urbes, y la legalidad del centro del país no responde a las demandas territoriales. Igualmente, es poca la relevancia que se les da a temas de ruptura nacional como la paz (mencionada 213 veces), a pesar de ser la bandera del gobierno anterior y motivo de debate a nivel nacional e internacional, siendo relegada a un ámbito terciario y no se encuentra dentro de la ecuación de los territorios.

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Figura 4. Las veinte palabras más usadas en todo el Plan de Desarrollo. Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a este nivel general, es muy importante destacar la concepción que usted posee de los siguientes conceptos, que se repiten constantemente en el devenir de su plan. La palabra seguridad es fundamental en el pacto uno; no obstante, su significado se encuentra compaginado hacia el desarrollo de una mirada

amplia de la seguridad, la cual se ve limitada en el orden institucional al no tener Colombia las capacidades para desarrollarla. Del mismo modo, al ser un concepto amplio, usted no tiene claridad sobre las políticas que va a tomar; por el contrario, se podría presentar un proceso de securitización , el cual puede llevar al desarrollo de políticas militaristas. La justicia la define desde un enfoque punitivo y el establecimiento de condenas. La evaluación de esta no tiene en cuenta variables cualitativas, sino que se basa en la gestión por resultados de orden cuantitativo, lo cual no representa las necesidades reales de la sociedad colombiana. La palabra productividad es clave para entender la orientación dispuesta en el segundo pacto. Su significado está relacionado fuertemente con la visión de desarrollo que posee este gobierno, orientada a acelerar el crecimiento económico. Esto muestra el reduccionismo de su plan, el cual tiene como centro lograr un crecimiento de las cifras y mejora de los indicadores, sin que esto signifique un desarrollo real y material. Las palabras educación y salud son las destacadas según el análisis del pacto de equidad; sin embargo, son distintos a los atributos por los que este las propende. Por un lado, se refiere a la universalización de la educación preescolar y la superación de las disparidades en cobertura y calidad entre las zonas urbanas y rurales, y también alude a la calidad y cobertura universal del servicio de salud, resaltando que sea sostenible financieramente. Por otro lado, los atributos que defiende son los relacionados con el mercado, por lo que se infiere que, para alcanzar el bienestar y superar la desigualdad, se debe acceder a mayores ingresos y estar inmerso en los mercados de trabajos formales, y predomina la eficiencia. Bajo lo expuesto, consideramos que el futuro del país para el 2022 es gris. Lo que mal comienza mal termina, y el pacto solo refleja los errores del pasado en un nuevo gobierno, sigue siendo el mismo perro con diferente collar, no existe una solución y por lo tanto se

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agudizarán los problemas sociales. Usted está matando a la gallina (o más bien a la palomita) de los huevos de oro; siendo el proceso de paz una oportunidad única, prefirió frenarlo para mejorar sus réditos políticos en corto plazo. Amanecerá y veremos el futuro de Colombia, el cual no promete salirse de las dinámicas actuales, sino que afronta un recrudecimiento de la violencia, un aumento del desempleo y una reactivación económica que solo ha funcionado en la cabeza de su Ministro de Hacienda. Recuerde, señor Presidente, quien mucho abarca poco aprieta, y usted no ha podido dar soluciones a ningún sector del país. De buenas intenciones está hecho el camino al infierno, no basta mencionar la descentralización, las regiones y el territorio, pretender “enseñarlos” a un buen hacer o formas adecuadas de “acción y organización social” implica que usted desconoce la capacidad que tienen estos para proponer soluciones a sus propias problemáticas y manejos de sus contextos. Imponer es contraproducente. Así nos despedimos, recordando que quien no escucha consejos no llega a viejo (ni termina de forma efectiva su mandato presidencial). Escuche a su pueblo y recuerde que el diablo es puerco. Atentamente, Tres topos preocupados por su país.

Referencias Departamento Nacional de Planeación. (2019). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación

Barichara, Santander . Cortesía: daniela alejandra correa grisales (2017)

PANORAMA DE LAS ELECCIONES REGIONALES DE 2019

¿UNA SALIDA DEL LIMBO? ELECCIONES REGIONALES DE 2019 EN BARBOSA, ANTIOQUIA 1

Vanesa Estefanía Ospina Ramírez Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.

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arbosa, en el departamento de Antioquia, es un municipio ubicado al norte del Valle de Aburrá y uno de los que conforma el Área Metropolitana. Al igual que en todo el país, este se encuentra inmerso en una coyuntura electoral por cuenta de las elecciones regionales. No obstante, una serie de eventos acaecidos desde el 2016 tienen hoy a este territorio en una situación desfavorable de gobernabilidad, lo cual ha predeterminado un discurso que predica la “salvación” del municipio por parte de los seis candidatos que se disputan la Alcaldía. Este artículo hace un breve análisis de coyuntura de las elecciones de 2019 a la Alcaldía de Barbosa. El municipio de Barbosa no es ajeno a las dinámicas agitadas de las jornadas electorales, donde cada candidato se arma de argumentos basados en sus balances de la anterior administración y presenta propuestas que vislumbran lo que sería su agenda futura. Sin embargo, saliendo de esa actuación predecible, este municipio presenta la particularidad de que la contienda electoral actual está marcada por la nefasta experiencia presente, que ha dado como resultado la captura de su alcalde en octubre de 2018 (Carmona, 2018). Ante el detrimento del patrimonio, el municipio sufrió graves consecuencias que se reflejaron en el aumento de la inseguridad y el desempleo2 y en la pésima gestión administrativa del Hospital San 2 Según la Gran Encuesta Metropolitana de El Colombiano e Invamer de 2018, las cifras de desaprobación ciudadana en materia de seguridad, salud y empleo para el municipio de Barbosa son 8%, 37% y 25%, respectivamente (El Colombiano, 2018).

Vicente de Paul, que generó protestas y desorden público el pasado mes de enero (Caracol Radio Medellín, 2019). Todo este caos que se ha ido gestando en el municipio ha sido acogido como una oportunidad para los candidatos a la Alcaldía por el periodo 2020-2023, que se han presentado a sí mismos como la solución a todos los problemas del territorio, enarbolando las banderas de la transparencia y la eficiencia. En las elecciones de 2015, con 8.591 votos, fue elegido como alcalde Édison García Restrepo, avalado por el Partido de la U (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2015). García, abogado de la Fundación Universitaria Luis Amigó, contaba con una amplia experiencia en el sector público en el vecino municipio de Girardota y en la Gobernación de Antioquia, y ejerció como concejal de Barbosa en los dos periodos anteriores a su mandato (Alcaldía de Barbosa, 2019). Con la firme idea de derrotar la corrupción que impregnaba a las instituciones del territorio barbosano3, se posesionó en el cargo, para ser capturado tres años después junto a su esposa y demás integrantes de su gabinete por los delitos de “concusión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación y amenazas” (Semana, 2018). El arresto de García fue tan estruendoso, que ni siquiera su propio par3 En la coyuntura electoral de 2015 fue tristemente célebre el caso de Reinaldo Cataño Tobón, un funcionario de la Alcaldía que entre 2011 y 2015 se apropió de dineros públicos mientras se desempeñó como técnico liquidador. Fue capturado en diciembre de 2015 y sentenciado a siete años de prisión en 2016 (Fiscalía General de la Nación, 2016).

tido presentó una terna para definir su reemplazo. Entonces, la contadora Alina Restrepo fue designada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, como la nueva alcaldesa encargada (Restrepo, 2019). Hoy, ante un panorama de tensa calma y con una gestión más bien prudente de Restrepo, la disputa electoral se da entre seis candidatos: Édgar Augusto Gallego Arias, Fran Esteban García Gaviria, Víctor Antonio Graciano Ramírez, Juan David Rojas Agudelo, Álvaro Rinaldi Martínez y Jaime León Vanegas Vélez (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019). Las candidatas a la Alcaldía de Barbosa brillan por su ausencia, un hecho normalizado en este territorio que se ha caracterizado históricamente por la baja (o nula) participación política de las mujeres4 , denotando obstáculos en la inclusión de la mujer en los escenarios de elección popular, arraigados en varias conductas: El tener una cultura política predominantemente patriarcal, el poco apoyo que los partidos políticos dan a la formación y capacitación de lideresas, las barreras a la hora de conseguir financiación para las campañas, y la violencia relacionada con el ejercicio de la política, son obstáculos que 4 En las elecciones de 2015 solo hubo una candidata, Liliana Estrada, entre cinco postulados y fue la menos votada, con solo 685 votos (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2015). Las elecciones de 2011, al igual que las presentes, no tuvieron ninguna postulación de candidatas mujeres; para esa ocasión se presentaron cinco candidatos (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2011).

desincentivan y limitan a las mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones. (Misión de Observación Electoral, 2018, p. 17)

Es menester resaltar que tres de los candidatos fueron funcionarios públicos de Barbosa en el periodo pasado: García fue Secretario de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, mientras que Rojas y Graciano pertenecieron al Concejo Municipal (Correa, 2019). García y Graciano se presentaron mediante la inscripción de firmas de un grupo representativo de ciudadanos, con sus movimientos “Transformando el territorio” y “Manos limpias por Barbosa”, respectivamente. Los demás recibieron avales por los partidos políticos: Vanegas por Cambio Radical, Rinaldi por el Centro Democrático, Rojas en coalición entre el Partido Conservador y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, y finalmente Gallego, que es el candidato de la coalición “Barbosa social para volver a creer”, entre el Partido Liberal, la ASI, MAIS, el Partido Alianza Verde y el Movimiento Colombia Renaciente (Correa, 2019). Adicionalmente, tres de estos candidatos ya son reconocidos por sus postulaciones previas a la Alcaldía de Barbosa. En las elecciones de 2015, Gallego, Vanegas y Rinaldi también hicieron campaña con el aval de otros partidos: el primero también tuvo el apoyo de una coalición (pintoresca y heterogénea) entre el Centro Democrático, la ASI, Opción Ciudadana, el Partido Alianza Verde y el Partido Conservador

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(Augusto Gallego Alcalde, 2015, min. 0:15-0:20), el segundo representó al Partido Liberal y el último recibió el aval del MAIS (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2015). Pese a las distintas orientaciones políticas, avales y demás, todos los candidatos insisten en la idea de la gestión transparente, la lucha contra la corrupción y la devolución de la confianza en las instituciones. De los mencionados, Gallego y García parecen ser los candidatos más opcionados para posesionarse en la Alcaldía de Barbosa, debido a su reconocimiento por parte de los habitantes del municipio. No obstante, habrá que esperar unas semanas más para que el debate se agudice y se sepa a cabalidad hacia dónde se inclinará la balanza. Según la mayoría de los barbosanos que fueron encuestados para este estudio5, hay una tradición de “guerra sucia” en cada periodo electoral, donde salen a relucir todo tipo de fake news sobre los candidatos, que son finalmente en las que se basa la población para decidir su voto (Semillero de Investigación Estado y Política, 2019). De lo anterior, solo quedan unas preguntas para concluir: ¿Barbosa podrá salir del insoportable limbo en el que se encuentra? ¿Podrá restablecerse el orden institucional y social con la elección del nuevo alcalde? ¿Se repetirá la his5 Investigación inédita no publicada realizada en el marco del semillero de investigación “Estado y Política” de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Se realizó una encuesta anónima de cinco preguntas a cien participantes, donde se indagó sobre las tendencias de las campañas electorales en el municipio en los últimos dos comicios.

toria? En prospectiva, el panorama es incierto por varias causas. Primero, dado que los candidatos no han incursionado en la administración pública desde un alto cargo, se carece de una referencia previa, y aún si existiera, no sería garantía de una adecuada gestión del alcalde electo, como el mismo caso lo revela. La similitud de los programas, así como de sus banderas políticas, tan solo demuestra la adopción de una estrategia electoral cliché en la política colombiana por parte de los candidatos, pero que resulta atractiva para el electorado ante la coyuntura. Por último, el nuevo alcalde debe asumir el reto de la administración eficiente de los recursos públicos ante el evidente detrimento actual, considerando las condiciones preestablecidas en esta materia: Barbosa es el municipio con menor categoría en el Área Metropolitana6; por tanto, los recursos que recibe por parte de la Nación son sustancialmente bajos respecto a sus vecinos del Valle de Aburrá, escenario que podría poner en vilo la agenda social del posesionado.

6 Según los lineamientos de la Ley 617 de 2000, todas las entidades territoriales deben estar categorizadas anualmente en función de su población e Ingresos Corrientes de Libre Destinación. De esto depende la distribución de recursos (Contaduría General de la Nación, 2019).

Referencias Alcaldía de Barbosa (2019). Despacho del alcalde. Recuperado de: http://www.barbosa.gov.co/NuestraAlcaldia/ Dependencias/Paginas/Despacho-del-Alcalde.aspx Augusto Gallego Alcalde. (26 de julio de 2015). Programa de Gobierno Barbosa Social, Educada, Competitiva y Humana. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=z7pL8EfWJ6k Caracol Radio Medellín (11 de enero de 2019). En Barbosa protestaron por situación del Hospital San Vicente de Paul. Recuperado de: https://caracol. com.co/emisora/2019/01/11/medellin/1547229740_078469.html Carmona, C. (18 de octubre de 2018). Por tres delitos deberá responder el alcalde de Barbosa (Antioquia). RCN Radio. Recuperado de: https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/por-tres-delitosdebera-responder-el-alcalde-de-barbosa-antioquia Contaduría General de la Nación (2019). Categorización de departamentos, distritos y municipios. Recuperado de http://bit.ly/2YS2qVH Correa, S. (31 de julio de 2019). Así quedó el panorama electoral en Barbosa. El Colombiano. Recuperado de: https://www.elcolombiano.com/elecciones-2019/ estos-son-los-candidatos-a-la-alcaldia-de-barbosa-2019-CA11331003 El Colombiano (10 de septiembre de 2018). Ciudadanos evalúan gestión de alcaldes del Valle de Aburrá en encuesta de El Colombiano. Recuperado de: https://www.elcolombiano.com/multimedia/infografias/encuestade-el-colombiano-2018-alcaldes-del-valle-de-aburra-KA9301279

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Fiscalía General de la Nación (15 de abril 2016). Condenado exfuncionario de la Alcaldía de Barbosa (Antioquia) por crear nómina falsa. Recuperado de: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-exfuncionariode-la-alcaldia-de-barbosa-antioquia-por-crear-nomina-falsa/ Misión de Observación Electoral (2018). De la participación a la representación efectiva. La participación política de las mujeres en Colombia. Bogotá: MOE. Recuperado de: http://bit.ly/2PEiIgv Registraduría Nacional del Estado Civil (2011). Resultados finales de Alcaldía. Elecciones 30 de octubre de 2011. Recuperado de: https://w3.registraduria.gov.co/escrutinio/resultados Registraduría Nacional del Estado Civil (2015). Elecciones 25 de octubre de 2015. Resultado del escrutinio. Recuperado de: http://bit.ly/36pSvZG Registraduría Nacional del Estado Civil. (2019). Infocandidatos 2019. Inscripción de candidatos (4 de agosto 2019). Barbosa. [Aplicativo]. Recuperado de: https:// wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2019/infocandidatos2019.php Restrepo, V. (1 de febrero de 2019). Alcaldía de Barbosa: un enredo que nadie quiere. El Colombiano. Recuperado de: http://bit.ly/36AtMSR Semillero de Investigación Estado y Política (2019). Documento de investigación inédito. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.

LA FARC EN SUS PRIMERAS ELECCIONES REGIONALES 1

Juan Pablo Torres-Henao Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos y candidato a Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia.

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Introducción

l próximo 27 de octubre de 2019, por primera vez en su historia, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) participará en unas elecciones regionales. Esta contienda electoral, además del carácter inédito para este partido político, contiene elementos a tener en cuenta: i) su participación, a diferencia de las elecciones para el Congreso de la República, no tendrá ninguna salvaguarda (acceso garantizado, independientemente de los votos obtenidos, a curules en las corporaciones colegiadas); ii) tendrán lugar a un año del ejercicio parlamentario por parte de los congresistas de la FARC, y iii) ocurren en medio de un alto nivel de incumplimiento en cuanto a la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) por parte del gobierno de Iván Duque. Teniendo presente los elementos señalados, este artículo busca involucrar en el análisis de coyuntura elementos de la historia del tiempo presente que otorguen más herramientas para buscar analizar y comprender el escenario concreto al cual se enfrentará esta organización política producto del Acuerdo Final. Así, se trae a colación, en primer lugar, la experiencia electoral en las regiones de la Alianza Democrática M-19 y Esperanza, Paz y Libertad (partido político conformado producto de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación), con el ánimo de contar con un referente comparativo que permita identificar

posibles comportamientos electorales. Segundo, destacar los departamentos y municipios donde tendrá participación electoral la FARC y analizar su proyección política a partir de distintas variables: municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), operación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y ubicación de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Finalmente, se abordan los serios desafíos, internos y externos, que experimenta esta organización política al aspirar al poder local. Experiencias previas: el caso de Alianza Democrática M-19 y Esperanza, Paz y Libertad Si bien cada proceso de paz posee sus particularidades, es posible, con la distancia histórica actual, valorar las experiencias de los procesos de reintegración política de dos de las organizaciones insurgentes a inicios de la década de 1990: M-19 y EPL y extraer de ellas herramientas para el análisis. Sin detenernos mucho en este aparte, puede señalarse, siguiendo los planteamientos de Daniel Pécaut (1999), que la participación electoral de la AD M-19 constituyó, al menos en relación con las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, una expresión fugaz de opinión, la cual se desvaneció en las contiendas posteriores. Apunta el sociólogo francés que las dificultades electorales

de este partido político pudieron responder, entre otras razones, a que i) el M19 como organización guerrillera no procuró apuntalarse en un determinado territorio; ii) no buscó relacionarse de manera orgánica con las luchas sociales de los territorios donde hacía presencia; iii) como partido político naciente no se dotó de orientaciones generales sobre el quehacer político a espera de “golpes de opinión”, y, iv) bajo la pretensión de forjar un consenso democrático, cooptó personajes ajenos a la alternatividad en la política y adoptó prácticas ligadas a los partidos tradicionales. Esto explicaría por qué en el nivel regional y local no lograron resultados importantes, mientras que en lugares con un mayor peso de la opinión pública, como las ciudades capitales, pese a hechos que impactaron su imagen pública como la toma del Palacio de Justicia, su proyección política, al menos para sus dirigentes a título personal, fue más exitosa. Mientras tanto, en el caso de Esperanza, Paz y Libertad, Pécaut (1999) sostiene que representó la más difícil situación para lograr una reintegración política exitosa, debido a que i) gran parte de sus dirigentes e integrantes de base no optaron por la desmovilización; ii) se encontraron al dejar las armas ante la ausencia de un proyecto político y la pérdida de la cohesión interna, y iii) se encontraban ubicados en territorios donde eran objeto de la presión de los grupos paramilitares y la competencia de las FARC-EP por las bases sociales. Su fracaso en la reintegración política adquiere concreción al verse Esperanza, Paz y Libertad obligada a ligarse como fuerza de apoyo a la AD M-19.

Caracterización de la aspiración por el poder local de la FARC Para las elecciones regionales a celebrarse el próximo 27 de octubre, el partido político FARC participará con candidatos y candidatas propias en 24 de los 32 departamentos y 90 de los 1.122 municipios registrados en el DANE. Este partido político no tendrá candidatos a ninguna gobernación, restringiéndose a una disputa política por asambleas departamentales, alcaldías, concejos municipales y juntas de acción local. Según indica la Registraduría Nacional del Estado Civil (2019), la participación en asambleas departamentales con candidato propio se encuentra en los siguientes departamentos: Departamento

Nro. de candidatos

Antioquia

Córdoba

Guaviare

Nariño

Quindío

Santander

Tolima

Vichada

Total

Tabla 1. Participación en asambleas departamentales con candidato propio. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

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En relación con las alcaldías, indica la Registraduría Nacional del Estado Civil que la distribución es la siguiente: Departamento

Nro. de candidatos

Antioquia

Toledo

Atlántico

Usiacurí

Bolívar

Cartagena

Cauca Cundinamarca Magdalena Santander

Caldono Patía Venecia Fundación Plato Floridablanca Málaga

Tolima

Planadas

Valle del Cauca

Buenaventura

Vichada

Cumaribo

Total

Tabla 2. Participación en alcaldías con candidato propio Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Donde más se identifica una participación con candidatos propios es en los aspirantes a concejos municipales: Antioquia: Anorí (3), Bello (3), Campamento (3), Chigorodó (3), Dabeiba (3), Itagüí (1), Ituango (6), Medellín (5), Mutatá (3), Remedios (3) y Toledo (3). Arauca: Tame (13). Atlántico: Barranquilla (1), Campo de

la Cruz (5), Ponedera (6), Sabanalarga (3) y Soledad (1). Bogotá: Bogotá (16). Bolívar: Cantagallo (1), Montecristo (3) y Santa Rosa del Sur (6). Caquetá: Florencia (1) y La Montañita (4). Cauca: Caldono (7). Cesar: Manaure (8). Chocó: Bojayá (1) y Medio Atrato (1). Córdoba: Tierralta (6). Cundinamarca: Facatativá (1), Soacha (1) y Venecia (3). Guaviare: San José del Guaviare (2). Huila: Algeciras (1). Meta: Puerto Rico (5), Uribe (4) y Villavicencio (3). Norte de Santander: El Carmen (1), El Tarra (1), San Calixto (7). Quindío: Armenia (5), Circasia (1) y Génova (1). Risaralda: Pueblo Rico (3). Santander: Bucaramanga (5), Charalá (1), Cimitarra (1), Girón (1), Lebrija (1), Málaga (8), Palmar (6), Sabana de Torres (1), San Gil (1), Socorro (1) y Vélez (2). Sucre: Chalán (2) y San Pedro (1). Tolima: Planadas (2) y Rovira (1). Vichada: Cumaribo (13). Para un total de 202 candidatos propios a los concejos municipales (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019). Los departamentos y los municipios en los que decidió participar el partido político FARC para estas elecciones regionales de 2019, salvo contadas excepciones, corresponden a municipios que se encuentran dentro de los 170 objeto de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) acordados en el Acuerdo Final, municipios donde en las elecciones al Senado de la República 2018 obtuvieron el 29% de su votación (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018). A su vez, en muchos de ellos opera el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de

Uso Ilícito (PNIS) y en no pocos tiene lugar el proceso de reincorporación económico y social a través de la oferta pública brindada precariamente por el Gobierno nacional. Estos tres aspectos, vistos en conjunto, pueden jugar, de saberse aprovechar, un importante papel en la potenciación de las candidaturas, dado que constituyen en sí mismos propuestas de futuro y reivindicaciones ya instaladas en las poblaciones, que requieren, eso sí, un decidido impulso, así como un enriquecimiento con otras propuestas y reivindicaciones que superen lo contenido en el Acuerdo Final. Sin embargo, no puede desconocerse que, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Antioquia y Meta, la presencia de grupos armados al margen de la ley, tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparrapos, Grupos Residuales de FARC, ELN y reductos del EPL, pone en un altísimo riesgo a los candidatos, como también a sus posibles votantes, lo cual potencialmente puede afectar de manera considerable en los resultados que este partido político obtenga. Desafíos irreductibles El primer aspecto que resulta evidente es que estas elecciones, las primeras regionales en las que participará el partido político producto del Acuerdo Final, ocurren en el marco de su implementación, que ha sido bastante restringida. Solamente en el plano de lo concerniente al punto dos, Participación política, existe un gran

rezago en el cumplimiento de lo pactado, fundamentalmente en lo que concierne a la reforma política y la reforma electoral, hundida y modificada ampliamente en el Congreso de la República, respectivamente (Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, 2019). Siendo esto así, no cabe duda de que en el estado actual de cosas, las FARC-EP se incorporó a un sistema político y un sistema electoral profundamente excluyente, colmado de clientelismo y corrupción, aspectos que, al presentarse en mayor medida en las elecciones regionales, supondrá para la FARC una verdadera encrucijada: participar electoralmente conservando sus principios y encontrarse en amplia desventaja frente a los partidos políticos que apelan a delitos electorales para hacerse con sus triunfos o jugar bajo las reglas del sistema y comportarse como los partidos políticos garantes del statu quo en las regiones. Cabe señalar que, a diferencia de la experiencia recorrida por el M-19, las FARC-EP contó con una importante presencia territorial que las convirtió en un actor protagónico en las luchas sociales. No obstante, dicho capital político se encuentra ampliamente amenazado hoy en día por factores externos tales como la problemática implementación del Acuerdo Final y la considerable afectación de su imagen pública por décadas de encontrarse inmersas en un conflicto armado degradado. Si bien esta última puede incidir en mayor medida en escenarios donde prima el voto de opinión, de querer proyectarse como una fuerza política en las principales ciu-

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dades, este partido político deberá iniciar un proceso de reconstrucción de confianzas, tanto en regiones donde posee influencia política como en aquellas donde recientemente ha iniciado o reiniciado su trabajo político. A su vez, y pese a las grandes diferencias, el partido político FARC asiste a estas elecciones regionales en una coyuntura que guarda similitudes con lo experimentado por Esperanza, Paz y Libertad en cuanto a los factores internos. Primero, habiendo transcurrido más de dos años de implementación del Acuerdo Final, exintegrantes de las FARC-EP se apartaron de la voluntad colectiva de paz, siendo, como lo ha informado la Fiscalía General de la Nación (2019), los principales perpetradores de actos de violencia contra integrantes del partido político FARC. Segundo, las dificultades en la implementación del Acuerdo Final han minado la cohesión interna de esta organización, a tal nivel que históricos dirigentes se han apartado del proceso de paz y no pocos militantes de base, entre ellos exguerrilleros, han optado por hacer una vida lejos del partido político. Tercero, y para concluir, si bien el Acuerdo Final puede ser visto como un programa de acción política, el partido político FARC corre el riesgo de sufrir de un autismo político que le impida ir más allá de este y en efecto dotar su eslogan “Una nueva forma de hacer política” de prácticas, principios y valores que contribuyan a impedir que Colombia, una vez más como sociedad, pierda la oportunidad de trabajar en la profundización de la democracia.

Referencias Fiscalía General de la Nación (2019). Fiscalía logra histórico esclarecimiento en crímenes contra excombatientes de las Farc. Recuperado de: https://www.fiscalia.gov. co/colombia/seccionales/fiscalia-lograhistorico-esclarecimiento-en-crimenescontra-excombatientes-de-las-farc/ Pécaut, D. (1999). Prólogo. En J., Zuluaga y R., Peñaranda (Eds.), De las armas a la política. Santa Fe de Bogotá: Tercer Mundo. Registraduría Nacional del Estado Civil (2018). Elecciones 2018. Recuperado de: https://elecciones.registraduria.gov. co:81/elec20180311/resultados/99SE/ BXXXX/DSE99999.htm Registraduría Nacional del Estado Civil (2019). Infocandidatos 2019. Recuperado de http://bit.ly/36yKvFN Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (2019). Sexto informe de verificación de la implementación del acuerdo final de paz. Recuperado de: http://bit.ly/2PAgnDi

El primer número de la revista el nuevo topo se terminó de imprimir en las instalaciones de GRACOM Gráﬁcas Comerciales ubicada en la Ciudad de Bogotá, Colombia en la carrera 69 K nº 70-76 en el mes de febrero de 2020, después de un fin de año que vio una de las movilizaciones sociales más grandes que ha visto la historia de Colombia. El tiraje es de 300 ejemplares en papel bulky. Las familias tipográﬁcas usadas fueron: Adobe Caslon Pro Utopia Std Roboto Condensed

Número 1

Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Revista de análisis de coyuntura el Nuevo Topo nro. 1