Comienza la era del corte de césped sin operador.
Silencioso. Autónomo. Listo para la acción.
Diseñado para transformar la forma en que trabajan las empresas de paisajismo.
el
21 de mayo de 2026 CICCP. Calle Almagro, 42. Madrid
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Con la llegada del primer trimestre de 2026, el número 215 de Equipamiento y Servicios Municipales abre el año situando la transformación de los servicios urbanos en el centro del debate. Áreas críticas como la limpieza viaria, la gestión de residuos o la infraestructura verde han dejado de ser meras tareas operativas para convertirse en sistemas cada vez más complejos, donde la presión normativa, el aumento de costes y la digitalización exigen nuevas formas de gestión, en las que convergen eficiencia y sostenibilidad.
En el apartado de reportajes, analizamos la evolución de la recogida de residuos y la limpieza viaria, dos servicios en plena redefinición donde la tecnología, la financiación y el comportamiento ciudadano resultan ya determinantes. En paralelo, abordamos el caso de Castellón, que desarrolla un sistema de limpieza urbana y litoral adaptado a la diversidad del territorio y apoyado en información geolocalizada para optimizar su funcionamiento.
El número incorpora también un análisis sobre la gestión del residuo orgánico en España, marcada por avances desiguales y por la necesidad de ir más allá del cumplimiento legal para abordar un rediseño del sistema. A esto se suma un reportaje sobre playas inteligentes, centrado en su evolución hacia modelos de gestión apoyados en datos y orientados a la sostenibilidad y la mejora del servicio. El bloque se cierra con dos piezas sobre planificación urbana y calidad de vida: una, centrada en la infraestructura verde como factor de salud —y reflejo de desigualdades urbanas—; y otra, en la regeneración del río Huerva en Zaragoza, que evidencia el potencial de la recuperación ambiental como palanca de transformación urbana.
La sección de entrevistas reúne a voces clave del sector, ofreciendo una mirada directa a los principales retos de la gestión urbana: Alfonso Baragaño (ANEPMA); Meritxell Budó (ACM); Lourenço de Sales Sousa (Sotkon); Cristina Vila (Ayuntamiento de Barcelona), Raúl Mérida (Generalitar Valenciana) y Eduardo Rojas (UPV) protagonizan este número.
Completan el número las tribunas de los expertos: José María Hernández de Andrés (ASEJA); Leandro Barquín (Fundación Fórum Ambiental); y Ángela Baldellou y Diana Maján (Madrid 2050).
Todo esto y mucho más en las 200 páginas del número 215 de Equipamiento y Servicios Municipales.
Griselda Romero, responsable de contenidos de Equipamiento y Servicios Municipales
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Contenedores inteligentesPunto limpio y espacio de reutilización
CON DATOS EN TIEMPO REAL
OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y REDUCCIÓN DE LOS COSTES
LEANDRO BARQUÍN FUNDACIÓN FORUM AMBIENTAL
CÉSAR RICO LYMA
ALFONSO BARAGAÑO ANEPMA
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
CRISTINA VILA RUTLLANT AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
IÑAKI VIÑUELA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAISAJISTAS
RAÚL MÉRIDA GENERALITAT VALENCIANA
JOSEP MARIA TOST CONSULTOR EN ECONOMÍA CIRCULAR
ARTURO CALZADO CARMANO RESURJA
MARIANA MAURIÑO ISGLOBAL
EDUARDO ROJAS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
LOURENÇO DE SALES SOUSA SOTKON
ASOCIACIÓN CATALANA DE MUNICIPIOS
ORIOL ILLA ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DE ANDRÉS ASEJA
JOSÉ MARÍA ZAMBRANO SMART CITY CLUSTER
ÁNGELA BALDELLOU COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
DIANA MAJÁN HEXÁGONO BLANCO
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16
EMPRESA
Municipios más sostenibles y resilientes: la apuesta de Veolia por la descarbonización local
18 EMPRESA
Del dato al mantenimiento inteligente: una oportunidad aún infrautilizada en la gestión urbana
22
24
EMPRESA
Servicios urbanos: cuando las promesas no se pueden medir
TRIBUNA
La recogida separada y la tasa de residuos: un reto que exige repensar el modelo desde su raíz
28 EMPRESA
Cuando identificar un contenedor exige algo más que leerlo: RFID certificada y confianza VERIFICABLE en el dato
30 ENTREVISTA
Entrevista a Alfonso Baragaño, presidente de ANEPMA
38 EMPRESA
Torrelodones refuerza la recogida de residuos con tecnología DULE System® de PALVI
40 REPORTAJE
España ante el reto del residuo orgánico: del cumplimiento legal al rediseño del sistema
La gestión eficiente de la energía es crucial para promover el desarrollo sostenible de las ciudades. Optimizar su uso resulta clave para impulsar la competitividad, produciendo energía limpia a precios más reducidos. Avancemos juntos en la transformación ecológica y la descarbonización del planeta apostando por un turismo más responsable con el entorno.
54
EMPRESA
Islas informatizadas de ID&A para una gestión de residuos más eficiente y sostenible
56 EMPRESA
Guadalajara refuerza la recogida textil con 54 contenedores de ropa
58 ENTREVISTA
Entrevista a Lourenço de Sales Sousa, Diretor comercial de Sotkon
66
REPORTAJE
Castellón redefine la limpieza urbana y litoral con un modelo más eficiente, tecnológico y adaptado al territorio
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Los temporales de viento evidencian la vulnerabilidad de los contenedores urbanos
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Kärcher refuerza su compromiso con la excelencia operativa y la atención al cliente
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¿Hacia dónde evolucionan los servicios urbanos?
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Cuando el mobiliario urbano suma valor a la ciudad
102 EMPRESA
Papeleras urbanas de nueva generación: diseño y resistencia para la gestión eficiente del residuo
104
ENTREVISTA
Entrevista a Meritxell Budó, presidenta de la Asociación Catalana de Municipios y alcaldesa de La Garriga
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El Servicio técnico en Hako España
112 TRIBUNA
Redefiniendo el Futuro: Guía de Recomendaciones para la Gestión de la Infraestructura Verde Periurbana
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El robot cortacésped autónomo con el que Kress transformará el mantenimiento de zonas verdes
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ENTREVISTA
Entrevista a Cristina Vila, Gerente del Instituto Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona
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Primavera: el momento clave para reforzar el mantenimiento de las zonas verdes municipales
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EMPRESA
Burgos apuesta por la electrificación para el mantenimiento de sus zonas verdes
REPORTAJE
Ciudades desiguales, salud desigual: el papel de la infraestructura verde en la brecha urbana
Cada entorno tiene sus retos. Desde el desbroce, al barrido, o la limpieza en húmedo, pasando por el esparcido de sal o la retirada de nieve. Una Hako Citymaster equipada con los accesorios adecuados trabajará de forma eficaz en cualquier situación. Con la tranquilidad y el respaldo del Servicio Técnico de Hako España: mecánicos especializados en talleres (Barcelona, Madrid, Valencia) y unidades móviles que cubren todo el territorio y realizan reparaciones in situ para asegurar la máxima disponibilidad de tu Citymaster.
144 EMPRESA
Robots cortacésped Husqvarna Automower®
Profesional: la opción inteligente
146 REPORTAJE
Los ayuntamientos se preparan para integrar la inteligencia artificial bajo el AI Act
158 REPORTAJE
Playas inteligentes: del escaparate tecnológico a la gestión basada en datos
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Control de accesos inteligente: el papel de las pilonas en la ciudad
172 ENTREVISTA
Entrevista a Raúl Mérida, Comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana
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Entrevista a Eduardo Rojas, Universidad Politécnica de Valencia
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Transformar calles en espacios verdes: jardineras urbanas para ciudades
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Madrid 2050: proyectar la ciudad existente
190 REPORTAJE
El río Huerva redefine su papel en Zaragoza como eje de infraestructura verde y transformación urbana
198 DIRECTORIO
Cómo el modelo ESE impulsa la eficiencia energética municipal, reduce emisiones y acelera la implantación de soluciones renovables en el ámbito local
En el marco de la Unión Europea, España tiene la oportunidad de liderar la transición energética, un proceso que exige medidas tangibles para alcanzar resultados efectivos. El objetivo de lograr un 81% de electricidad renovable para 2030, definido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 es clave para una verdadera autonomía energética basada en fuentes renovables y locales. Este cambio requiere que
sostenibilidad, seguridad y competitividad se posicionen como eje de esta transformación nacional y municipal.
Así, los municipios españoles son fundamentales para materializar la autonomía energética de los territorios. La extensa red de más de 8.100 municipios, en su mayoría pequeñas localidades (menos de 5.000 habitantes), tiene la oportunidad de optimizar su gestión energética: reducir su huella de carbono al tiempo que garantizan la eficien-
cia y calidad de los servicios públicos. Para abordar este reto, que requiere de soluciones innovadoras que combinen tecnología avanzada, financiación flexible y operación eficiente, Veolia, líder en descarbonización, economía circular y gestión optimizada de recursos, propone un modelo ESE (Empresa de Servicios Energéticos). Este enfoque está diseñado para optimizar el consumo en infraestructuras como el alumbrado público y los edificios municipales.
Los municipios españoles son fundamentales para materializar la autonomía energética de los territorios
EL ALUMBRADO PÚBLICO, DONDE EMPIEZA LA TRANSFORMACIÓN
El alumbrado público es la palanca de cambio más inmediata, concentrando entre el 40 % y el 60 % del consumo eléctrico municipal. Con 8,8 millones de puntos de luz en España, que representan un gasto de 740 millones de euros (5.300 GWh/año), el potencial de ahorro es evidente. Con un 30-40 % de los puntos de luz renovados, el margen de modernización y mejora contribuyen a una gestión energética municipal más sostenible.
Veolia ofrece soluciones de iluminación exterior mediante modernización tecnológica y telegestión inteligente. Esto garantiza a los municipios una reducción de costes y del impacto ambiental, y una mejora de la seguridad ciudadana con retornos de la inversión de entre tres y seis años.
RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD AL ALCANCE DE LOS MUNICIPIOS
El modelo ESE simplifica este proceso de transformación al transferir a Veolia la responsabilidad asociada a los resultados energéticos. La compañía asume
inversión inicial, operación y mantenimiento, permitiendo a los municipios avanzar en la electrificación, descarbonización y el uso de recursos propios (como renovables o biomasa).
El Ayuntamiento de Umbrete, con 9.400 habitantes, ilustra este modelo. Durante la primera fase del proyecto, renovó 2.310 luminarias a LED y actualizó 42 centros de mando con telegestión, logrando un ahorro energético del 65%.
La confianza generada permitió ampliar el alcance a la gestión integral de 17 edificios municipales, logrando un ahorro adicional del 23%. Posteriormente, en 2024, el municipio incorporó innovación fotovoltaica con la implementación de dos instalaciones de autoconsumo colectivo con una potencia total de 141 kW, generando un ahorro adicional del 41 %.
Las Smart Cities son el destino de los municipios que hoy apuestan por la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación
El resultado de las actuaciones en Umbrete demuestra que la transformación energética municipal es una realidad alcanzable, medible y rentable. La modernización energética es el primer paso hacia ciudades más inteligentes, reduciendo costes y estableciendo las bases de una gestión urbana conectada, donde los datos en tiempo real permiten tomar mejores decisiones, anticipar necesidades y ofrecer servicios públicos de mayor calidad.
Las Smart Cities son el destino de los municipios que hoy apuestan por la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación. El objetivo de Veolia es convertirse en el socio a largo plazo de las Administraciones Públicas, combinando conocimiento técnico, capacidad de inversión y una experiencia contrastada donde las energías renovables y la economía circular trabajen de forma integrada al servicio de los territorios y de las personas que los habitan.
UN CONTENIDO DE VEOLIA
En la gestión de infraestructuras urbanas, tales como el alumbrado público, redes de agua, instalaciones deportivas, edificios municipales o flotas, existe una percepción extendida: faltan datos para mejorar el mantenimiento. Sin embargo, la realidad es otra. La mayoría de los servicios municipales ya registran una gran cantidad de información operativa (órdenes de trabajo, incidencias, tiempos de intervención, consumos o inspecciones, etc.) que permanece fragmentada y sin una explotación sistemática.
Por tanto, el verdadero desafío no es generar más datos, sino transformar los ya disponibles en conocimiento útil para la toma de decisiones. Esta transformación se convierte en una palanca clave para optimizar recursos públicos, especialmente en un contexto de presión presupuestaria y exigencia de eficiencia. Según distintos estudios sectoriales, aunque el 61% de las organizaciones explora el uso de inteligencia artificial en mantenimiento, solo el 27% la ha implementado, y más del 70% aún no utiliza herramientas predictivas. Esta brecha es especialmente relevante en el ámbito
El reto del mantenimiento urbano no es la falta de datos, sino su integración para convertirlos en decisiones operativas eficientes
municipal, donde la complejidad operativa convive con estructuras de datos todavía poco integradas.
PLANIFICAR EN LUGAR DE REACCIONAR
Cada incidencia en un activo urbano — una avería en una bomba de agua, un fallo en una luminaria o una incidencia en climatización— deja un rastro de información: causa, duración, impacto y coste. No obstante, estos históricos rara vez se analizan de forma sistemática. Su explotación permitiría identificar patrones de fallo recurrentes y ajustar los planes de mantenimiento preventivo. Hoy, muchas organizaciones, ya sean privadas o de públicas, siguen
dedicando una parte significativa de sus recursos a intervenciones correctivas, cuando los modelos más avanzados priorizan la anticipación. Aplicado precisamente al entorno municipal, esto significa pasar de actuar ante incidencias a anticipar fallos en activos críticos, mejorando la continuidad del servicio y reduciendo costes asociados a urgencias y paradas.
Los sistemas de gestión de mantenimiento (GMAO) recogen habitualmente datos sobre tiempos de respuesta, reparación o espera de materiales. Sin embargo, su análisis conjunto sigue siendo limitado. Cuando estos datos se cruzan, afloran ineficiencias estructurales como retrasos por falta de repuestos, intervenciones que requieren más tiempo del previsto o dependencias excesivas de determinados perfiles técnicos.
En el ámbito urbano, esta información es clave para dimensionar correctamente los equipos, optimizar contratos de servicios y mejorar los niveles de servicio, es-
pecialmente en servicios externalizados o concesionados.
Aunque los ayuntamientos conocen su gasto global en mantenimiento, no siempre disponen de una visión detallada por activo o instalación. Vincular costes de mano de obra, materiales y tiempo de inactividad permite identificar dónde se concentra realmente el gasto. Este enfoque facilita decisiones estratégicas: desde priorizar la renovación de equipamientos obsoletos hasta redefinir contratos o redistribuir recursos.
A ello se suma otro factor clave: el uso real de los activos. No todos tienen el mismo nivel de utilización, pero a menudo se aplican planes de mante-
La combinación de datos operativos, analítica avanzada e inteligencia artificial está redefiniendo la gestión de activos en las ciudades
nimiento homogéneos. El cruce de datos de uso —horas de funcionamiento, ocupación o intensidad de servicio— permite ajustar la frecuencia de intervención y alinear el mantenimiento con la realidad operativa.
Más allá de los datos estructurados, existe otro activo clave: el conocimiento técnico acumulado por los equipos. Gran parte de este saber permanece
implícito y no sistematizado, lo que genera dependencia de perfiles concretos. Integrar esta información permite avanzar hacia modelos más robustos, donde el conocimiento se convierte en un recurso compartido.
En este contexto, la incorporación de herramientas digitales avanzadas, analítica de datos e inteligencia artificial está permitiendo a muchas organizaciones dar este salto, integrando la información dispersa y convirtiéndola en una base sólida para la toma de decisiones.
Por qué comparar oferta y ejecución sigue siendo el gran reto de los servicios urbanos
En los concursos de limpieza viaria y recogida de residuos, las ofertas están llenas de conceptos que resuenan a buena gestión: eficiencia, modernización, optimización, criterios ambientales y protocolos. Es un servicio ideal: previsible, medible y coherente.
Sin embargo, cuando ese servicio se despliega, la trazabilidad se difumina. Los informes de las contratas rara vez verifican si lo que se dijo, ha sucedido realmente. Y lo más importante, si ha sucedido con la calidad esperada.
CUANDO LA INFORMACIÓN NO PERMITE EVALUAR
Contamos con enormes volúmenes de información que no permiten evaluar el resultado real del servicio.
Las contratas entregan informes de datos: kilómetros recorridos, horas trabajadas, contenedores vaciados, incidencias atendidas, número de conductores, maquinaria utilizada o combustible consumido. Cifras que certifican actividad; pero difícilmente informan de si el municipio está más limpio, si el servicio se ajusta a los estándares comprometidos o si los recursos se utilizan eficientemente.
Es decir, sabemos mucho sobre lo que se hace y poco sobre el resultado.
La tecnología embarcada añade más información: GPS que certifican rutas, dispositivos que registran arranques y paradas o niveles de llenado de los contenedores. Es útil para reconstruir la operativa diaria, pero presenta un límite estructural: se miden acciones, no resultados.
Esta distinción es clave: medir actividad no es medir calidad. Y sin esa diferencia, la evaluación se vuelve imposible.
La consecuencia es que se dispone de informes exhaustivos sobre la ejecución operativa, pero no de herramientas que la compararen con los estándares de los pliegos. La información no responde a cómo está realmente el municipio.
Lo que sucede es que la supervisión se basa en datos de presencia, desplazamientos y acciones, pero no en indicadores que midan su efecto.
La conclusión es simple: no es que el servicio sea incoherente con la oferta, sino que, sin indicadores parametrizados, criterios homogéneos y trazabilidad, no existe forma de demostrarlo.
Esto es un patrón extendido: se adjudican contratos basados en ofertas ambiciosas, pero se evalúa la ejecución con instrumentos que no fueron diseñados para medir la calidad.
Cuando un ayuntamiento pide determinar si la ejecución real coincide con lo comprometido, la respuesta habitual es frustrante: con la documentación disponible, solo puede evaluarse parcialmente la actividad.
Este vacío metodológico impide evaluar la calidad del servicio. La oferta técnica construye un marco exigente; los informes no verifican si se ha materializado. Así, el ayuntamiento no dispone
de un mecanismo fiable para evaluar el desempeño de la contrata.
El problema no es la ejecución; es la ausencia de un sistema que permita medirla.
Para cerrar esa brecha hace falta conectar pliegos, oferta y ejecución mediante datos verificables, criterios homogéneos y una metodología clara. Un sistema que transforme intuiciones razonadas en evidencias objetivas.
Ese es el papel que puede desempeñar MIRA QA|Servicios Urbanos: convertir la comparación entre lo ofertado y lo ejecutado en un proceso transparente, trazable y medible. No para fiscalizar más, sino para gestionar mejor. Para que la calidad deje de ser una suposición y se convierta en un dato.
La recogida separada y la tasa de residuos: un reto que exige repensar el modelo desde su raíz
POR LEANDRO BARQUÍN DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN FÓRUM AMBIENTAL
DDurante la última década, la política de residuos en España ha estado marcada por un consenso ampliamente compartido: la mejora de la recogida separada como instrumento clave para avanzar hacia los objetivos europeos de preparación para la reutilización y reciclaje. Este enfoque ha orientado tanto las decisiones normativas como las inversiones públicas y las estrategias locales.
Sin embargo, la experiencia acumulada por las administraciones y los datos disponibles invitan hoy a una reflexión más profunda. Desde la Fundación Fórum Ambiental, hemos abordado este
análisis en el documento “La recogida separada y la tasa de residuos municipales: un reto excesivo para los ayuntamientos”, con el objetivo de contribuir a
Los niveles de recogida separada en España siguen siendo insuficientes tanto en términos cuantitativos como cualitativos si se comparan con los objetivos normativos
un debate necesario sobre la sostenibilidad real del modelo actual.
Las conclusiones son claras: los niveles de recogida separada en España siguen siendo insuficientes tanto en términos cuantitativos como cualitativos si se comparan con los objetivos normativos. Esta situación no responde únicamente a déficits operativos, sino a un problema estructural más amplio, relacionado con el diseño del sistema y el reparto de responsabilidades entre los distintos actores implicados.
En particular, la mejora de los resultados depende en gran medida de las grandes ciudades, donde se concentra la
Innovación al servicio del medio ambiente
Los ayuntamientos se enfrentan a una ecuación compleja: cumplir objetivos cada vez más exigentes sin erosionar la confianza de la ciudadanía
mayor parte de la población. Esto introduce una desigualdad territorial evidente y evidencia que no todos los municipios cuentan con los mismos recursos ni capacidades para afrontar este desafío. Además, los sistemas de recogida separada de alta eficiencia, si bien han mostrado potencial en determinados contextos, también han generado rechazo social, incrementos de costes y, en algunos casos, desgaste político para los gobiernos locales.
Este último aspecto no es menor. La gestión de los residuos se ha convertido en un ámbito de creciente sensibilidad social. La implantación de nuevos sistemas, el endurecimiento de las exigencias normativas y, especialmente, el incremento de las tasas municipales ha situado esta cuestión en el centro del debate público local. Los ayuntamientos se enfrentan así a una ecuación compleja: cumplir objetivos cada vez más exigentes sin erosionar la confianza de la ciudadanía.
El documento pone de manifiesto que esta tensión tiene una base económica clara. Los costes del sistema de gestión de residuos no han dejado de crecer, impulsados por la necesidad de nuevas infraestructuras, el encarecimiento de los tratamientos y la aplicación de instrumentos fiscales como el impuesto sobre el depósito en vertedero y la incineración. Como consecuencia, las entidades locales se ven obligadas a incrementar las tasas para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio, tal y como exige la normativa.
Sin embargo, este incremento de la presión fiscal sobre la ciudadanía se produce en un contexto socioeconómico complejo, caracterizado por la inflación, las dificultades de acceso a la vivienda y
la incertidumbre laboral. No resulta sorprendente, por tanto, que surjan resistencias y que la gestión de los residuos se perciba, en ocasiones, como una carga adicional difícil de justificar.
A esta situación se suma un elemento clave que, a nuestro juicio, debe situarse en el centro del debate: el actual desequilibrio en el reparto de costes y responsabilidades dentro del sistema. Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) no están asumiendo plenamente el coste de la gestión de los residuos derivados de sus productos, especialmente en aquellos casos en los que estos no se recogen de forma separada. Esta circunstancia desplaza una parte significativa del esfuerzo económico hacia los ayuntamientos y, en última instancia, hacia los ciudadanos.
Este desajuste no solo cuestiona la equidad del sistema, sino que también limita su eficacia. Si los productores no internalizan los costes reales de la gestión de sus productos al final de su vida útil, los incentivos para el ecodiseño, la prevención de residuos y la mejora de la reciclabilidad se reducen considerablemente. En consecuencia, el sistema se ve abocado a actuar sobre los efectos
-la recogida y el tratamiento- en lugar de sobre las causas.
Desde la Fundación Fórum Ambiental consideramos que este enfoque debe ser revisado. La transición hacia una economía circular efectiva requiere un modelo basado en la corresponsabilidad real de todos los actores implicados. En este sentido, el análisis plantea la necesidad de avanzar hacia un esquema de financiación más equilibrado, que distribuya los costes entre productores, usuarios y contribuyentes de manera más justa.
La propuesta de reparto en tercios constituye un punto de partida para este debate: un tercio a cargo de los productores a través de los SCRAP, otro tercio asumido por los usuarios mediante la tasa municipal y el tercio restante financiado a través de impuestos generales, más progresivos. Este enfoque no solo responde a criterios de equidad, sino que también puede contribuir a mejorar la eficiencia del sistema al alinear mejor los incentivos económicos.
Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) no están asumiendo plenamente el coste de la gestión de los residuos derivados de sus productos
En paralelo, resulta necesario redefinir el papel de las entidades locales. Los ayuntamientos deben seguir desempeñando un papel fundamental en la gestión de los residuos, pero es imprescindible ajustar sus funciones a aquellas áreas donde su intervención resulta más eficaz. En este sentido, la recogida separada de biorresiduos se configura como un ámbito prioritario, con un alto potencial de mejora y un impacto directo en la reducción de la fracción resto.
Por su parte, las administraciones autonómicas, estatales y europeas tienen un papel decisivo en la creación de un entorno favorable para la transición. Es imprescindible avanzar en la consolida-
ción de un mercado de materias primas secundarias que reconozca el valor de los materiales reciclados, así como en la implantación de políticas que eviten la competencia desleal de materias primas vírgenes a bajo coste. Asimismo, la estabilidad normativa, la simplificación administrativa y el impulso a la innovación son condiciones necesarias para atraer inversiones y acelerar el cambio de modelo.
No debe olvidarse, además, la dimensión social de esta transición. La aceptación ciudadana es un elemento clave para el éxito de cualquier política pública en materia de residuos. La experiencia demuestra que las medidas percibidas como injustas o desproporcionadas generan rechazo y pueden comprometer su viabilidad. Por ello, la transparencia,
La recogida separada seguirá siendo una herramienta esencial, pero no puede continuar siendo el eje exclusivo de la política de residuos
la comunicación y la pedagogía deben acompañar cualquier proceso de transformación.
En definitiva, nuestro documento plantea una cuestión de fondo: ¿es sostenible seguir apoyando la transición hacia la economía circular sobre un modelo que recae de forma tan intensa en los ayuntamientos? Nuestra conclusión es que no.
La recogida separada seguirá siendo una herramienta esencial, pero no puede continuar siendo el eje exclusivo de la política de residuos. Es necesario avanzar hacia un enfoque sistémico, que actúe sobre toda la cadena de valor, desde el diseño de los productos hasta la gestión final de los residuos.
Solo a través de un reparto más equilibrado de responsabilidades, una financiación más justa y una cooperación efectiva entre todos los actores será posible construir un modelo de gestión de residuos que sea, al mismo tiempo, ambientalmente eficaz, económicamente viable y socialmente aceptable.
La economía circular no empieza en el contenedor. Empieza mucho antes. Y es ahí donde debemos situar el centro de la acción.
La certificación Common Criteria y el marco europeo EUCC consolidan la trazabilidad, integridad y autenticidad del dato en la identificación RFID de contenedores
En la digitalización de la recogida de residuos, es necesario identificar los contenedores en el momento del servicio, registrar el evento con garantías técnicas y proteger el dato de extremo a extremo. Las tecnologías RFID —tanto en baja frecuencia (LF) como en alta frecuencia (UHF)— dotan a cada contenedor de un identificador único
mediante un transponder (TAG). En procesos automatizados, como la recogida o la limpieza mecanizada, el equipo embarcado en el elevador del camión realiza la lectura automática durante el servicio, vincula el evento al contenedor en tiempo real y genera una trazabilidad fiable, base para la auditoría, la optimización del servicio y los modelos de pago por generación (PAYT).
La diferencia la marca la tecnología empleada y las evidencias objetivas de seguridad del producto. Las soluciones RFID implantadas por MOBA han sido evaluadas conforme al estándar internacional Common Criteria (ISO/IEC 15408), lo que implica una evaluación independiente de funciones como la integridad del dato, la autenticidad de la identificación y la resistencia frente a manipula-
ciones en la cadena transponder–equipo embarcado–sistema backend. Estas evaluaciones aportan confianza técnica verificable sobre la captura y transmisión del dato operativo asociado a los servicios sobre contenedores.
Para situar estas garantías, es fundamental distinguir entre seguridad de producto y gobernanza organizativa. En el primer caso, la UE ha adoptado el European Union Cybersecurity Certification Scheme on Common Criteria (EUCC) como marco común para la certificación de productos TIC, basado en Common Criteria. EUCC armoniza la evaluación, emisión y reconocimiento de certificados, incorporando requisitos relacionados con el ciclo de vida del producto y la gestión de vulnerabilidades. Así, la identificación automática de contenedores se aborda mediante perfiles funcionales específicos para los Waste Bin Identification Systems (WBIS), que proporcionan evidencias técnicas independientes de que los datos del servicio se capturan y transmiten con controles de integridad y autenticidad en el nivel del producto tecnológico RFID instalado en el vehículo. En paralelo, y alineada con los requisitos europeos de ciberseguri-
MOBA ha renovado su certificación Common Criteria (CC) en 2025 y hasta 2030, que cubre el WBIS y su integración segura con la plataforma MAWIS
dad para productos con elementos digitales, MOBA ha renovado su certificación Common Criteria (CC) en 2025 y hasta 2030, que cubre el WBIS y su integración segura con la plataforma MAWIS.
En cuanto a la gobernanza organizativa, de forma complementaria, la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2) establece obligaciones de gestión de riesgos, medidas técnicas y organizativas y notificación de incidentes para determinados operadores. NIS2 regula cómo debe gobernarse la ciberseguridad del servicio y de la cadena de suministro. En España, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) actúa en este mismo plano organizativo, complementando —pero no sustituyendo ni siendo equivalente— a la certificación de producto.
Desde el punto de vista operativo, tanto la LF como la UHF son tecnologías válidas de identificación y pueden ser evaluadas como producto bajo esquemas como CC,
si bien su idoneidad depende del proceso. En procesos manuales, como la recogida puerta a puerta, la UHF es habitual por su alcance y rapidez. En procesos automatizados desde el elevador del camión, la LF destaca por su robustez y control del campo de lectura, permitiendo identificaciones consistentes y reproducibles sin intervención del operario, una fiabilidad clave para la resolución de reclamaciones o la facturación basada en el servicio efectivamente prestado.
La identificación RFID se integra de forma nativa en MAWIS U2, plataforma que centraliza los datos, habilita analítica operativa y control de servicios, y evoluciona de manera modular con tecnologías como el pesaje embarcado o la telemática. En conjunto, la combinación de tecnologías RFID adecuadas al proceso, certificación de producto basada en CC bajo el marco EUCC y marcos organizativos como NIS2 y ENS permite operar con datos íntegros, auditables y gobernados, preparados para decisiones fiables y modelos PAYT sostenibles.
LUIS BUSTAMANTE
TEMAS: LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS, MUNICIPIOS
La gestión de residuos y la limpieza viaria atraviesan un momento de profunda transformación, marcado por la presión normativa europea, el incremento de los costes operativos y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles y eficientes. La implantación de nuevas obligaciones, como la recogida separada de biorresiduos o los sistemas de pago por generación, está obligando a los municipios a replantear sus sistemas de gestión, al tiempo que la digitalización y el uso de datos abren nuevas oportunidades para optimizar los servicios urbanos.
En paralelo, las empresas públicas de medio ambiente refuerzan su papel como herramientas clave al servicio de los ayuntamientos para garantizar la prestación de servicios esenciales. Su capacidad de adaptación, su conocimiento del territorio y su orientación al interés general las sitúan en una posición estratégica para liderar la transición hacia una economía circular real, en la que los residuos dejen de ser un problema para convertirse en recursos.
Al frente de este proceso se sitúa ANEPMA (Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente), que agrupa a entidades responsables de la recogida de residuos, la limpieza viaria y otros servicios urbanos en cientos de municipios. En esta entrevista, su nuevo presidente, Alfonso Baragaño, analiza los principales retos del sector, el impacto de la normativa vigente, el avance de la digitalización y el papel que jugarán la analítica de datos y la inteligencia artificial en la evolución hacia servicios más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades de la ciudadanía, así como las líneas de trabajo que marcarán la hoja de ruta de la asociación en los próximos años.
Acaba de asumir la presidencia de ANEPMA en un momento de grandes transformaciones para el sector. ¿Cuáles
considera que serán los principales retos para las empresas públicas de servicios ambientales en los próximos años?
El sector vive una transformación sin precedentes. El principal reto es pasar de ser “gestores de residuos” a ser “gestores de recursos” dentro de una economía circular real, lo que implica no solo un cambio conceptual, sino también operativo y estratégico en la forma en que se prestan los servicios. En este contexto, debemos afrontar una creciente escalada de costes operativos, derivada tanto del encarecimiento de la energía como de la necesidad de incorporar nuevas tecnologías y procesos más eficientes. A ello se suman las exigentes metas de reciclaje y separación marcadas por la Unión Europea y España, que obligan a las entidades públicas a adaptar sus modelos de gestión con rapidez y eficacia.
Todo ello debe abordarse, además, en paralelo a un proceso de transformación digital que resulta clave para mejorar la eficiencia del servicio. El objetivo es avanzar hacia un modelo en el que el servicio sea prácticamente “invisible” para el ciudadano, pero al mismo tiempo impecable en su ejecución, garantizando altos estándares de calidad y sostenibilidad.
Debemos afrontar la escalada de costes operativos y las exigentes metas de reciclaje marcadas por Europa y España
No buscamos el beneficio industrial, sino la eficiencia en el uso del dinero público para ofrecer un servicio de calidad
ANEPMA representa a empresas públicas que gestionan servicios esenciales como la recogida de residuos, la limpieza viaria o los puntos limpios en cientos de municipios. ¿Cómo valora hoy el papel de la gestión pública en estos servicios frente a otros modelos?
La gestión pública ofrece una garantía de resiliencia y compromiso social que es difícil de igualar, especialmente en la prestación de servicios esenciales que deben mantenerse en cualquier circunstancia y con independencia de su rentabilidad económica. A diferencia de otros modelos, no buscamos el beneficio industrial, sino la eficiencia en el uso del dinero público para ofrecer un servicio de calidad, ajustado a las necesidades reales de cada municipio. Este enfoque permite priorizar criterios sociales, ambientales y de servicio público por encima de otros intereses, lo que refuerza el vínculo directo con la ciudadanía. Además, nuestra capacidad de reinvertir el conocimiento adquirido y los recursos generados en el propio municipio nos convierte en una herramienta especialmente ágil y eficaz para que los ayuntamientos puedan cumplir con sus políticas ambientales. Esto facilita la adaptación a nuevos marcos normativos, la implantación de mejoras en los servicios y una mayor coherencia entre la planificación municipal y la gestión operativa.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular está obligando a muchos municipios a acelerar cambios en la gestión de biorresiduos, recogida selectiva o sistemas de pago por generación. ¿Están preparados los ayuntamientos para afrontar esta transición?
Estamos en un momento de adaptación crítica para el conjunto de las administraciones locales. Si bien es cierto que hay municipios muy avanzados, con experiencias consolidadas en recogida selectiva y gestión de biorresiduos, la transición generalizada hacia estos modelos, junto con la implantación de sistemas de pago por generación, supone un esfuerzo técnico y financiero de gran envergadura.
No se trata únicamente de introducir nuevos sistemas de recogida, sino de rediseñar servicios completos, adaptar infraestructuras, incorporar tecnología y, al mismo tiempo, acompañar a la ciudadanía en un cambio de hábitos que no siempre resulta sencillo. En este sentido, los ayuntamientos están realizando un esfuerzo titánico para cumplir con los objetivos marcados por la normativa. Sin embargo, para que esta transición sea realmente efectiva, es fundamental contar con certidumbre jurídica que permita planificar a medio y largo plazo, así como con mecanismos de
apoyo que faciliten su implantación. Sobre todo, es clave evitar que estas nuevas tasas se perciban de forma negativa por parte de la ciudadanía, ya que la aceptación social será determinante para el éxito de estos modelos de gestión.
La digitalización de los servicios urbanos es uno de los grandes ejes de transformación del sector: sensorización de contenedores, optimización de rutas, plataformas de datos… ¿En qué punto se encuentran las empresas públicas en este proceso?
La digitalización ya no es el futuro, es el presente, y se ha convertido en un eje fundamental en la transformación de los servicios urbanos. En este sentido, muchas de nuestras empresas asociadas ya han incorporado herramientas como la sensorización de contenedores o la optimización de rutas a través de plataformas de datos, lo que refleja un grado de avance significativo en el sector.
Nos encontramos en un punto de madurez en el que el dato adquiere un papel central en la gestión. Gracias a estas tecno-
La transición hacia la recogida de biorresiduos y el pago por generación supone un esfuerzo técnico y financiero enorme
logías, es posible conocer en tiempo real el estado de los servicios, anticipar necesidades y ajustar los recursos de manera mucho más precisa. Esto permite evolucionar desde modelos de gestión reactivos, basados en la respuesta a incidencias, hacia modelos predictivos que se anticipan a los problemas antes de que se produzcan. Este cambio supone un salto cualitativo en la eficiencia operativa, pero también en la calidad del servicio que se presta al ciudadano, al optimizar tiempos, reducir costes y mejorar la planificación global de los servicios.
El dato nos permite tomar decisiones en tiempo real y pasar de servicios reactivos a servicios predictivos
En este contexto, ¿cree que los ayuntamientos cuentan con suficiente capacidad técnica y organizativa para aprovechar el potencial de estas tecnologías o todavía existe una brecha importante entre municipios?
Existe una brecha, es innegable. Mientras que las grandes ciudades, a priori, cuentan con una mayor capacidad técnica, organizativa y presupuestaria para implementar soluciones inteligentes, los municipios de menor tamaño encuentran más dificultades para adoptar este tipo de tecnologías y avanzar al mismo ritmo.
Esta diferencia no responde únicamente a una cuestión de recursos económicos, sino también a la disponibilidad de personal cualificado, capacidad de gestión y acceso a herramientas tecnológicas adecuadas. Como consecuencia, el desarrollo de los servicios digitales no está siendo homogéneo en todo el territorio.
En este sentido, la cooperación técnica adquiere un papel fundamental. El impulso de las empresas públicas supramunicipales y el apoyo de las diputaciones resultan claves para facilitar la implantación de estas soluciones, compartir conocimiento y generar economías de escala que permitan avanzar de forma conjunta.
El objetivo debe ser, en última instancia, democratizar el acceso a la tecnología y garantizar que ningún ciudadano reciba un servicio de menor calidad por el hecho de residir en un entorno rural, asegurando así la equidad en la prestación de los servicios públicos.
Foto: J.R. Navarro
Presenciaremos un aumento de plantas de tratamiento de alta tecnología para recuperar materiales que antes iban a vertedero
La gestión de residuos está cada vez más ligada a objetivos europeos de economía circular, reciclaje y reducción de vertido. ¿Qué cambios estructurales cree que veremos en los sistemas de recogida y tratamiento en los próximos años?
Parece que vamos encaminados hacia una progresiva personalización de la recogida. El contenedor dejará de ser un “buzón anónimo” para convertirse en un punto de interacción
directa con el ciudadano, en el que este asuma una mayor responsabilidad sobre los residuos que deposita. Este cambio implica una transformación profunda en la forma de entender los sistemas de recogida, incorporando soluciones que permitan identificar, medir y mejorar los hábitos de separación en origen. De este modo, se refuerza el papel activo del ciudadano dentro del modelo de economía circular. Desde un punto de vista estructural, también presenciaremos un aumento significativo de las plantas de tratamien-
to de alta tecnología, capaces de recuperar materiales que hasta ahora terminaban en vertedero. Estas instalaciones permitirán mejorar las tasas de reciclaje y valorización, optimizando el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos.
En conjunto, estos avances nos acercan de forma progresiva al objetivo de vertido cero, alineando los sistemas de gestión con las exigencias europeas en materia de economía circular y reducción del impacto ambiental.
Otro aspecto clave es la sostenibilidad económica de los servicios. Con el aumento de costes operativos, inversiones en nuevas infraestructuras y exigencias normativas, ¿cómo pueden las empresas públicas garantizar servicios eficientes y financieramente sostenibles?
La clave está en la transparencia y la eficiencia. Es fundamental trasladar al ciudadano que la gestión de residuos tiene un coste real, y que la normativa europea y estatal establece la obligación de repercutirlo de forma adecuada, en línea con el principio de quien contamina paga.
Para garantizar la sostenibilidad económica del sistema, las empresas públicas debemos optimizar procesos mediante la tecnología y buscar economías de escala que nos permitan amortizar las inversiones en infraestructuras necesarias sin comprometer la calidad.
En muchas ciudades también se está avanzando hacia modelos de gestión más inteligentes y basados en datos. ¿Qué papel cree que jugarán la analítica de datos y la
inteligencia artificial en la gestión de servicios como la limpieza viaria o la recogida de residuos?
La inteligencia artificial está llamada a convertirse en el “cerebro” de la limpieza viaria y, en general, de los servicios urbanos. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de información permitirá anticipar situaciones que hasta ahora solo se abordaban de forma reactiva.
En la práctica, esto se traducirá en la posibilidad de predecir picos de suciedad asociados a eventos, condiciones meteorológicas u otros factores, lo que facilitará una planificación mucho más precisa de los servicios. Asimismo, permitirá asignar los recursos allí donde realmente se necesitan en cada momento, optimizando tanto la eficiencia operativa como la calidad del servicio.
Además, estas herramientas harán posible detectar anomalías en los sistemas de recogida antes incluso de que el ciudadano las perciba o las comunique, reduciendo tiempos de respuesta
La analítica de datos convertirá la gestión de servicios urbanos en una gestión inteligente, proactiva y más eficiente
y mejorando la experiencia global. De este modo, la analítica de datos transformará la gestión tradicional en una gestión inteligente y proactiva, basada en la anticipación y en la toma de decisiones informadas, lo que marcará un antes y un después en la prestación de estos servicios.
ANEPMA también actúa como espacio de intercambio técnico entre empresas públicas del sector. ¿Qué papel puede jugar la asociación en la transferencia de conocimiento y buenas prácticas entre municipios?
ANEPMA actúa como un auténtico “hub” de conocimiento dentro del sector público ambiental, facilitando el intercambio continuo de experiencias, soluciones y enfoques entre las entidades que la integran. Este papel resulta especialmente relevante en un contexto de transformación acelerada como el actual. Nuestra asociación permite que una solución innovadora desarrollada en una ciudad pueda ser replicada en otra, evitando duplicidades, reduciendo costes y acortando los tiempos de implantación. De esta forma, se genera un efecto multiplicador que contribuye a elevar el nivel global de los servicios en el conjunto del territorio.
ANEPMA no solo es un espacio para compartir casos de éxito, sino también para poner en común los aprendizajes derivados de proyectos que no han tenido los resultados esperados. Este intercambio honesto de experiencias permite anticipar dificultades, mejorar la toma de decisiones y avanzar con mayor seguridad en la implantación de nuevas soluciones. En definitiva, fomentamos una red de colaboración y solidaridad técnica única en España, que refuerza la capacidad
de las empresas públicas para innovar, adaptarse a los cambios normativos y ofrecer servicios cada vez más eficientes y sostenibles.
Mirando hacia 2030, ¿cómo imagina el futuro de los servicios urbanos de medio ambiente en España y qué papel deberán jugar las empresas públicas en ese nuevo escenario?
Imagino ciudades donde los servicios ambientales estén plenamente integrados en el entorno digital, con modelos cada vez más circulares y orientados a la neutralidad climática. Las empresas públicas evolucionaremos más allá del papel de prestadores de servicios para convertirnos en aliados estratégicos de los ciudadanos y las administraciones en la lucha contra el cambio climático.
De cara a 2030, la gestión pública aspira a consolidarse como un referente en sostenibilidad, innovación y cercanía, combinando tecnología y servicio público.
expendedoras DE bolsas compostables
El municipio ha puesto en marcha una nueva implantación del sistema de recogida bilateral monooperador de carga superior totalmente automatizado DULE System®, desarrollado por PALVI. La actuación se ha realizado a través de la empresa concesionaria del servicio,
URBASER, que confió nuevamente en la firma para la fabricación y suministro de los recolectores.
Se han incorporado cuatro carrozados DULE System®, compuestos por robot
manipulador ALPA-12(25.49)-DG y compactador recolector fijo CFS-20DS de 20 m³, montados sobre chasis Renault D26 WIDE R 6X2 MUNICIP 380 E6.
Estos equipos integran opcionales de última generación orientados a la detección automática de contenedores, así
como a la mejora de la ergonomía y la seguridad del conductor.
El sistema está diseñado para ser controlado por un único operario, que supervisa toda la operación desde la cabina mediante un display táctil y un conjunto de cámaras distribuidas en los distintos elementos del equipo.
La integración tecnológica de los componentes permite una coordinación precisa, facilitando una recogida inteligente, eficaz y completamente automática. Todo ello se traduce en una mejora de los ratios de recogida y reciclaje, contribuyendo a un modelo de ciudad más eficiente y sostenible.
ROBOT ALPA: VERSATILIDAD Y PRECISIÓN
El robot manipulador ALPA-12(25.49)DG permite operar en una misma ruta con contenedores de superficie y soterrados. Fabricado con aceros de alto límite elástico y materiales de elevada resistencia al desgaste, combina fiabilidad y ligereza.
La pinza incorpora sensores que verifican en todo momento la correcta sujeción del contenedor, mientras que los sistemas de control —incluidos distribuidores hidráulicos y encoders— supervisan continuamente el funcionamiento.
El equipo, gestionado mediante un PLC de seguridad, ejecuta el proceso de for-
ma autónoma gracias a datos preconfigurados y a la información recogida en tiempo real.
Entre sus prestaciones destaca la función de auto nivelación, que corrige automáticamente desviaciones en la posición del vehículo respecto al contenedor, así como posibles pendientes longitudinales y transversales. Esta automatización garantiza ciclos de recogida óptimos y minimiza errores operativos.
Los compactadores CFS-20-DS aportan potencia y fiabilidad, asegurando una compactación rápida y eficaz con elevados niveles de fuerza. Su integración con el resto del sistema permite optimizar el rendimiento global del servicio.
El robot manipulador ALPA-12(25.49)-DG permite operar en una misma ruta con contenedores de superficie y soterrados
La implantación permitirá disminuir los tiempos de recogida, así como reducir emisiones, ruido y huella de carbono. Además, contribuirá a una mayor limpieza urbana, una mejor integración de los equipos en el entorno y un servicio más eficaz para los más de 25.000 habitantes de Torrelodones.
Los compactadores CFS-20-DS aportan potencia y fiabilidad, asegurando una compactación rápida y eficaz con elevados niveles de fuerza
Los procesos de fabricación de PALVI, en constante evolución tecnológica, refuerzan la eficiencia operativa del sistema, reducen los costes de mantenimiento y mejoran las condiciones de trabajo de los operarios.
ESPAÑA AFRONTA EL RETO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS CON AVANCES DESIGUALES, PROBLEMAS DE CALIDAD Y UN SISTEMA QUE, EN MUCHOS CASOS, NO HA IDO MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO LEGAL, SIN ABORDAR EL REDISEÑO PROFUNDO QUE EXIGE LA NORMATIVA EUROPEA
España encara un momento decisivo en la gestión de sus residuos. Tras años de retraso y con los objetivos europeos cada vez más cerca, la implantación de la recogida separada de biorresiduos —la fracción orgánica que supone cerca del 40% de la basura municipal— se ha convertido en el principal termómetro del éxito o fracaso del modelo.
El despliegue del contenedor marrón, generalizado en los últimos años al calor de la Ley 7/2022, debía marcar un punto de inflexión. Sin embargo, la realidad muestra un escenario mucho más complejo: avances desiguales, sistemas que no terminan de funcionar y una creciente presión normativa que obliga a acelerar decisiones que durante años se han pospuesto.
En este contexto, la visión de Josep Maria Tost, consultor en economía circular y gestión de residuos y ex director de la Agencia de Residuos de Cataluña, ofrece una lectura clara y directa del momento actual. A partir de sus declaraciones, este reportaje analiza las principales claves del sistema: desde el diagnóstico de una “España a dos velocidades” hasta los problemas de integración del contenedor marrón, la calidad de la recogida, el comportamiento ciudadano, los modelos más eficaces y el papel determinante de la fiscalidad y la política.
El resultado dibuja un escenario en el que la cuestión ya no es si el modelo debe cambiar, sino hasta qué punto las administraciones están dispuestas a asumir ese cambio. Más allá de la tecnología o la normativa, el futuro de los biorresiduos en España parece depender de una variable mucho menos técnica y más decisiva: la voluntad de transformar el sistema en profundidad.
UN DIAGNÓSTICO CLARO:
AVANCE LENTO Y DESIGUAL
El despliegue de la recogida separada de biorresiduos en España ha experimentado avances en los últimos años, es-
El avance en España es todavía demasiado discreto: la recogida separada de biorresiduos sigue siendo una rareza en demasiadas comunidades autónomas.
Josep Maria Tost, consultor en economía circular y gestión de residuos y ex director de la Agencia de Residuos de Cataluña.
pecialmente tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022. Sin embargo, el balance general sigue lejos de ser satisfactorio. “El avance en España es todavía demasiado discreto”, resume Tost, advirtiendo que la recogida separada de la fracción orgánica continúa siendo “una rareza en demasiadas comunidades autónomas”. Su diagnóstico apunta a una realidad estructural: en muchos territorios, los avances no se han producido hasta la obligación legal reciente, y eso se tradu-
ce en una implantación todavía limitada del sistema. Es decir, más que un desarrollo progresivo y planificado, lo que ha existido en gran parte del país es una reacción tardía a la exigencia normativa.
Los datos disponibles confirman esta lectura. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 se recogieron en España 22,4 millones de toneladas de residuos municipales, de las cuales solo 5,4 millones correspondieron a recogida separada. Aunque esta cifra supone un ligero incremento —del 1,8% respecto al año anterior—, sigue siendo insuficiente para cumplir los objetivos europeos, lo que evidencia la distancia existente entre el despliegue del sistema y su eficacia real.
De hecho, uno de los rasgos más característicos del modelo actual es precisamente esa divergencia entre infraestructura y rendimiento. En los últimos años se ha producido un crecimiento significativo de los sistemas de recogida —especialmente con la implantación del contenedor marrón—, pero la captación de materia orgánica de calidad sigue siendo desigual. El sistema, en muchos casos, ha crecido en presencia sin hacerlo al mismo ritmo en resultados.
Este retraso cobra aún mayor relevancia si se sitúa en perspectiva histórica. Tal y como recuerda Tost, desde finales de los años noventa la Unión Europea viene impulsando la reducción del vertido de residuos orgánicos, no solo por razones de gestión, sino por su impacto ambiental. Los biorresiduos constituyen uno de los principales focos de emisión de metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento superior al del CO₂. Pese a este impulso sostenido durante décadas, España “sigue llegando tarde a este reto”.
ESPAÑA A DOS VELOCIDADES: FALTA DE PRIORIDAD Y LIMITACIONES ESTRUCTURALES
Este desarrollo desigual del sistema se traduce en una imagen cada vez más
La gestión de residuos no ha sido percibida como una prioridad política ni como una demanda ciudadana relevante, lo que ha provocado una falta de implicación institucional.
clara: la existencia de una “España a dos velocidades” en la gestión de los biorresiduos. “La realidad lo demuestra claramente”, afirma Josep Maria Tost, que sitúa el origen de esta brecha, en gran medida, en “una falta de voluntad por parte de muchas administraciones locales y autonómicas”.
En su análisis, el problema no es únicamente técnico. Durante años, la gestión de residuos no ha sido percibida ni como una prioridad política ni como una demanda ciudadana relevante, lo que ha derivado en una falta de implicación institucional que ha frenado el desarrollo de modelos más eficaces en amplias zonas del territorio. Pero va un paso más allá: a su juicio, no se trata tanto de una falta de capacidad como de una falta de decisión. “Es, en gran medida, un tema de voluntad política”, apunta.
Para ilustrarlo, recurre a modelos como el catalán, donde el reparto de responsabilidades ha facilitado el desarrollo del sistema: la administración autonómica asume las inversiones en infraestructuras de tratamiento, mientras que los ayuntamientos afrontan los costes operativos. Además, en el caso de los municipios de menor tamaño, las diputaciones ejercen funciones de apoyo en la gestión. Un esquema que, en su opinión, demuestra que el problema no radica tanto en la disponibilidad de recur-
sos como en la prioridad que se otorga a la política de residuos.
A partir de ahí, la brecha territorial se hace evidente. Mientras comunidades como Navarra, País Vasco o Cataluña han logrado consolidar sistemas avanzados —con tasas de separación que en algunos casos superan el 60%—, otros territorios presentan un retraso significativo y un riesgo real de incumplimiento de los objetivos europeos.
En muchos casos, esta diferencia no responde únicamente a condicionantes estructurales, sino también a decisiones estratégicas. Tal y como señala Tost, la recogida selectiva exige mayores costes que el modelo basado en residuos mezclados, lo que ha llevado a que en determinados territorios no se haya priorizado su desarrollo. “No ha habido interés en fomentar la recogida separada”, resume.
Frente a este planteamiento, algunos de los argumentos habitualmente esgrimidos —como la dispersión de la población o la complejidad logística en entornos rurales— son, a su juicio, insuficientes para explicar el retraso. “Son excusas”, afirma, recordando que el marco normativo lleva años definido tanto a nivel europeo como estatal. Desde la aprobación de la Ley de Residuos de 2011, insiste, los objetivos eran conocidos, pero no siempre se han aplicado con el mismo grado de exigencia.
En este sentido, la diferencia entre territorios no responde a enfoques experimentales, sino a distintos niveles de compromiso con el cumplimiento de la normativa. Comunidades como País Vasco, Navarra o Cataluña no han desarrollado estos modelos de forma excepcional, sino porque han asumido como propia la necesidad de cumplir con las directivas europeas y la legislación vigente.
Ni siquiera la introducción de instrumentos económicos ha logrado, por ahora, corregir completamente estas diferencias. La entrada en vigor del impuesto al vertido en 2023 ha encareci-
do la gestión para los municipios que no separan, pero su efecto requiere tiempo para consolidarse. “España ha llegado tarde”, advierte Tost, recordando que países como Dinamarca introdujeron este tipo de fiscalidad ya en los años ochenta, y que en el caso español su eficacia dependerá también de su aplicación real y de que no existan distorsiones entre territorios.
El resultado es un mapa profundamente fragmentado, en el que conviven territorios con sistemas consolidados y otros en fases todavía incipientes. Una brecha que, como plantea Tost, no puede entenderse sin atender al papel de las decisiones políticas. Más que un problema de limitaciones técnicas, concluye, es una cuestión de prioridades.
EL CONTENEDOR MARRÓN: UN DESPLIEGUE SIN REDISEÑO
Para muchos ciudadanos, el contenedor marrón se percibe aún como una carga innecesaria e incomprensible que solo complica su día a día.
La implantación del contenedor marrón en España se ha producido de forma generalizada en los últimos años, pero no siempre ha supuesto un cambio real en el modelo de gestión. Para Josep Maria Tost, este es “sin duda, uno de los principales problemas”: la recogida de la fracción orgánica se ha planteado, en muchos casos, como un cumplimiento legal más que como un rediseño del sistema. “No se ha explicado adecuadamente a la ciudadanía el porqué de la separa-
ción de los residuos orgánicos”, señala. Ni su impacto ambiental, ni su papel en la reducción de emisiones, ni su contribución a mejorar el reciclaje han sido comunicados de forma clara. Como consecuencia, una parte importante de la población percibe el contenedor marrón como “una carga innecesaria e incomprensible”, una obligación que complica su día a día.
Este enfoque está directamente relacionado con el contexto normativo en el que se ha producido su despliegue. La Ley 7/2022 fijó el 31 de diciembre de 2024 como fecha límite para la implantación de la recogida separada de biorresiduos, lo que impulsó su extensión en la mayoría de municipios. Sin embargo, en muchos casos este proceso se ha limitado a la instalación del contenedor físico, sin abordar el rediseño profundo que requiere el sistema.
En este sentido, Tost apunta a cuestiones muy concretas que explican por qué el sistema no está funcionando como debería. Una de ellas es la falta de implantación de islas completas de contenedores. Es decir, no basta con incorporar un contenedor de orgánica de forma aislada, sino que es necesario reorganizar el conjunto de fracciones para facilitar la separación.
Otra carencia relevante es la ausencia de recogidas específicas para grandes generadores. En ciudades medias, señala, resulta difícil entender que no existan circuitos diferenciados para comercios y actividades económicas en fracciones como envases, cartón u orgánica, lo que supone la pérdida de volúmenes muy importantes de residuos que no se separan correctamente.
En este contexto, la diferencia entre añadir un nuevo elemento y transformar el modelo resulta fundamental. Un sistema de recogida solo se considera rediseñado cuando la incorporación de una nueva fracción implica cambios en el conjunto. Sin embargo, en numerosos municipios el sistema anterior se ha mantenido prácticamente sin mo-
dificaciones, lo que reduce de forma significativa el incentivo para separar correctamente.
En la práctica, esto se traduce en situaciones muy claras. Cuando el ciudadano mantiene un contenedor de resto con la misma frecuencia de recogida, cercanía y facilidad de uso que antes, el incentivo para utilizar el contenedor marrón es casi inexistente. El modelo tradicional de contenedores abiertos sigue favoreciendo el anonimato y la mezcla de residuos.
A ello se suma la falta de trazabilidad. En ausencia de sistemas de identificación, el contenedor marrón se convierte con frecuencia en un receptor de residuos mezclados, perdiendo su función de captar materia orgánica de calidad.
El problema, por tanto, no reside únicamente en el contenedor, sino en su integración en el sistema. “No se ha trabajado suficientemente con la ciudadanía”, insiste Tost. No se ha informado ni formado de manera adecuada, y en muchos casos los conflictos políticos a nivel local tampoco han ayudado a generar consenso en torno al modelo. A ello se añade, además, la falta de comunicación sostenida, que resulta clave para consolidar hábitos.
Además, en algunos territorios se ha priorizado la recogida sin asegurar que las instalaciones de tratamiento —como plantas de compostaje o biometanización— estén preparadas para gestionar correctamente los biorresiduos recogidos de forma separada, lo que provoca que parte del material termine en circuitos de tratamiento en masa.
Frente a esta situación, las experiencias que sí han abordado el rediseño del sistema muestran resultados diferentes. Casos como el de la Comarca de Pamplona evidencian que, mediante la implantación de sistemas como los contenedores inteligentes, es posible incrementar de forma significativa la recogida separada y reducir la fracción resto. En estos modelos, el contenedor marrón deja de ser un elemento añadido para
convertirse en una pieza central del sistema. Pero, además, Tost insiste en otro factor decisivo: mucha comunicación, sostenida en el tiempo.
En conjunto, el despliegue del contenedor marrón pone de manifiesto una idea clara: sin rediseño del sistema, sin trabajo con la ciudadanía y sin una implantación adecuada, su funcionamiento se ve limitado. En muchos casos, concluye Tost, acaba convirtiéndose en un nuevo contenedor de fracción resto, debido a la elevada presencia de impropios que impide su aprovechamiento.
CALIDAD E IMPROPIOS: EL GRAN CUELLO DE BOTELLA
Sin
educación no hay milagros: no se pueden instalar contenedores esperando que se llenen por inercia sin campañas educativas sostenidas en el tiempo.
Más allá del despliegue del sistema, uno de los principales retos de la recogida de biorresiduos en España está en la calidad del material recogido. Josep Maria Tost lo resume de forma directa: “sin educación no hay milagros”.
En muchas ciudades, explica, se han instalado contenedores de orgánica esperando que se llenen por inercia, sin campañas educativas sostenidas en el tiempo. Sin embargo, la separación de los residuos orgánicos en origen no es un proceso automático. “Es un paso más allá dentro del reciclaje”, que requiere un nivel alto de conciencia
ambiental. Y ese nivel de implicación, insiste, solo se consigue con tiempo y pedagogía.
Este diagnóstico se corresponde con la realidad técnica del sistema. La presencia de impropios —materiales no biodegradables como plásticos, vidrios o textiles en la fracción orgánica— continúa siendo el principal desafío. Cuando esta contaminación es elevada, no solo encarece los procesos de tratamiento, sino que puede inutilizar el compost para uso agrícola, impidiendo su valorización y dificultando el cierre del ciclo.
Las causas de esta baja calidad responden a varios factores. Por un lado, existe un conocimiento parcial por parte de la ciudadanía: una parte significativa de la población no identifica correctamente la tipología de residuos ni su correcta separación. A ello se suma el uso generalizado de bolsas de plástico, el impropio más habitual. En este punto, Tost introduce una idea clara: con el tiempo, será necesario imponer el uso de bolsas compostables como condición para mejorar la calidad del residuo recogido.
Por otro lado, el diseño del sistema también influye de forma directa. La posibilidad de depositar los residuos en el contenedor de resto facilita que la materia orgánica se mezcle, evitando que el ciudadano tenga que enfrentarse a la separación correcta.
Ante este escenario, Tost insiste en que no existe una única solución. “La clave está en la combinación de medidas”. En primer lugar, información y educación sostenidas en el tiempo. Y, junto a ello, la incorporación de instrumentos económicos y regulatorios que refuercen el comportamiento adecuado.
En este punto, introduce un elemento determinante: la estructura de costes del sistema. Si el vertido resulta más barato que el tratamiento o la recogida separada, el sistema tenderá a favorecer la mezcla. “Si ir al vertedero cuesta 50 y tratarlo cuesta 70, ya sabes dónde irá la
basura”, viene a señalar. Por el contrario, cuando el coste del vertido es significativamente superior —como ocurre en Cataluña, donde puede alcanzar en torno a 120 euros por tonelada frente a los 70 del tratamiento—, los municipios tienen un incentivo claro para mejorar la recogida selectiva.
Las experiencias más avanzadas muestran cómo esta combinación de medidas puede mejorar los resultados. Los sistemas de control de acceso mediante contenedores inteligentes permiten introducir trazabilidad en el uso del sistema y reducir el depósito de residuos mezclados. Del mismo modo, la distribución de materiales —como bolsas compostables o cubos aireados— facilita la correcta separación en origen.
A ello se suma un factor institucional que Tost considera clave: la necesidad de que las comunidades autónomas y el propio Estado refuercen el control sobre el cumplimiento de los objetivos. No se trata solo de fijar metas, sino de velar por su aplicación efectiva e introducir mecanismos de sanción cuando sea necesario, sin esperar a que la presión llegue desde la Unión Europea.
El modelo puerta a puerta incorpora, además, un elemento de control directo, al permitir la inspección visual de los residuos antes de su recogida. En los casos en que se detectan impropios, las bolsas no se retiran y se deja un aviso informativo, generando un proceso de aprendizaje inmediato. A ello se suman iniciativas como las sesiones de buenas prácticas “a pie de contenedor”, que refuerzan la formación y permiten trasladar al ciudadano el impacto de sus errores en el proceso de tratamiento.
En conjunto, la mejora de la calidad de la fracción orgánica recogida exige actuar de forma simultánea sobre la información, el comportamiento ciudadano, el diseño del sistema y los incentivos económicos, incorporando mecanismos que permitan garantizar una separación efectiva en origen.
CIUDADANÍA Y COMPORTAMIENTO:
ENTRE LA CONCIENCIA Y EL DISEÑO
Si no hay conciencia del problema, no hay cambio, y en España no se ha informado suficientemente a la ciudadanía porque no ha sido una prioridad.
El papel de la ciudadanía es un elemento central en el funcionamiento del sistema de recogida de biorresiduos. Para Josep Maria Tost, el origen del problema es claro: “principalmente, de conciencia. Si no hay conciencia del problema, no hay cambio”.
A su juicio, esta falta de conciencia no es casual. “No se ha informado suficientemente a la ciudadanía”, señala, en un contexto en el que la gestión de residuos no ha sido tratada como una prioridad. Sin ese trabajo sostenido en el tiempo, resulta difícil generar hábitos de separación en origen.
La comparación internacional refuerza este planteamiento. Países como Alemania, Bélgica, Italia u Holanda presentan mejores resultados porque llevan años trabajando en esta materia con continuidad, pero también con medidas legales y económicas potentes que acompañan ese esfuerzo pedagógico.
Junto a esta visión, el análisis técnico introduce otro elemento relevante. Existe un debate sobre si los bajos niveles de recogida responden a la falta de concienciación o a un diseño deficiente del sistema. En los análisis más recientes, el comportamiento ciudadano se interpreta como una respuesta directa a la arquitectura del modelo de recogida.
En este contexto, el concepto de “fricción” resulta clave. Cuando el sistema exige más esfuerzo para separar los biorresiduos que para depositarlos mezclados, la tendencia mayoritaria es optar por la opción más sencilla. Esta fricción puede manifestarse de distintas formas: cuando el contenedor marrón es más difícil de abrir que el de resto, cuando se encuentra a mayor distancia o cuando el sistema requiere más pasos para su uso. También existe una fricción menos visible: si el ciudadano no percibe con claridad el destino de los residuos o el sentido de su esfuerzo, la implicación disminuye.
Sin embargo, Tost introduce un matiz importante frente a esta lectura. A menudo, señala, “se utilizan excusas para no cambiar hábitos”. En este sentido, insiste en que la separación en origen “no supone un esfuerzo insalvable”. Argumentos como la falta de espacio, la incomodidad o la ausencia de incentivos responden, en muchos casos, más a resistencias al cambio que a problemas reales. “Nadie se ha muerto por separar la orgánica”, resume de forma gráfica.
Más allá de estas resistencias, Tost apunta a una cuestión de fondo: la falta de comprensión del propio sistema. La clave, insiste, es la concienciación. “¿Todo esto para qué sirve? La gente no lo sabe”, plantea. Sin esa explicación, la separación se percibe como una carga adicional, una tarea más impuesta al ciudadano sin un beneficio claro.
Al mismo tiempo, algunos modelos avanzados muestran cómo el diseño del sistema puede influir directamente en el comportamiento. Sistemas que incorporan mecanismos de identificación o trazabilidad permiten asociar el residuo a un usuario, reforzando la percepción de responsabilidad. En estos casos, el ciudadano entiende que su comportamiento tiene un impacto tanto ambiental como económico.
En conjunto, el análisis de la ciudadanía y el comportamiento pone de manifiesto que la separación de los bio-
rresiduos no depende únicamente de la voluntad individual, sino también de las condiciones en las que se produce. La información, la continuidad en la educación ambiental, las medidas económicas y el diseño del sistema son elementos que inciden directamente en el resultado final.
MODELOS DE RECOGIDA: DEL VOLUNTARISMO AL CONTROL
Los sistemas basados en el voluntarismo no funcionan: los modelos de éxito tienen en común la obligatoriedad de la participación.
El análisis de los modelos de recogida de biorresiduos muestra diferencias significativas en términos de resultados. En este punto, Josep Maria Tost es claro: “el modelo puerta a puerta es, sin duda, el más eficaz”. No se trata de una afirmación teórica, sino respaldada por la experiencia acumulada.
En Cataluña, por ejemplo, la recogida de la fracción orgánica comenzó a implantarse en los años 90 y el modelo puerta a puerta se extendió a partir del año 2000. Actualmente, más de 340 municipios lo aplican con resultados sólidos tanto en cantidad como en calidad del residuo recogido.
Sin embargo, más allá de la comparación entre modelos, Tost introduce una reflexión de fondo. Después de más de tres décadas de campañas de sensibilización, en 2026 sigue habiendo una parte de la población que no recicla. Y la razón, apunta, no es el desconocimiento, sino la falta de interés. “Hay gente que no recicla porque no le interesa”, resume.
En este contexto, el siguiente nivel de estímulo es evidente: el económico. El comportamiento cambia cuando tiene consecuencias directas, del mismo modo que ocurre en otros ámbitos, como el sistema de puntos del carnet de conducir. Es decir, la eficacia del modelo no depende solo de facilitar la separación, sino de introducir mecanismos que la hagan obligatoria o, al menos, ineludible en términos prácticos.
Aun así, Tost introduce un matiz fundamental: no existe una solución única.
“Cada territorio tiene sus particularidades”, señala, por lo que resulta imprescindible disponer de un buen plan local de prevención y gestión de residuos que permita determinar el modelo más adecuado en cada caso.
Más allá de estas diferencias, los sistemas que mejor funcionan comparten un elemento común: la obligatoriedad
de participación. “No funcionan los sistemas basados en el voluntarismo”, insiste. Además, estos modelos permiten aplicar sistemas de fiscalidad más justos, vinculando el comportamiento del usuario con el coste del servicio.
En el contexto español actual conviven tres grandes modelos de recogida, con resultados claramente diferenciados.
El primero es el modelo puerta a puerta, que destaca por su eficacia en la captación y la calidad del residuo. Se basa en la recogida de las distintas fracciones en días específicos frente al domicilio, lo que permite un mayor control sobre la separación en origen. Entre sus ventajas se encuentran la reducción de impropios y la posibilidad de aplicar sistemas de pago por generación. Sin embargo, también presenta limitaciones, especialmente en zonas de alta densidad, donde la logística es
más compleja y la rigidez horaria puede generar dificultades.
El segundo modelo es el de contenedor cerrado o inteligente, que requiere sistemas de identificación —como tarjeta o aplicación móvil— para su apertura. Este sistema introduce trazabilidad en el uso del servicio y se está consolidando como una alternativa eficaz en ciudades medianas y grandes. Su funcionamiento depende de una infraestructura digital adecuada y de un padrón actualizado de usuarios, pero permite mejorar la calidad sin renunciar a una mayor flexibilidad operativa.
El tercer modelo es el contenedor abierto, el sistema tradicional. En este caso, la valoración de Tost es contundente: “es un modelo obsoleto”. En el mejor de los casos, permite alcanzar niveles de recogida selectiva cercanos al 50%, muy por debajo de los objetivos europeos,
que exigen llegar al 65% en 2035. Además, la falta de control favorece el depósito de residuos mezclados, dificultando tanto la calidad como la trazabilidad del sistema.
Los datos más recientes apuntan en la misma dirección. La ausencia de mecanismos de control convierte al contenedor abierto en el punto más vulnerable del sistema, donde se deposita aquello que no se quiere clasificar.
En conjunto, la comparación entre modelos pone de manifiesto una idea clave: la eficacia del sistema no depende únicamente del diseño técnico, sino de su capacidad para condicionar el comportamiento. Y eso implica, necesariamente, avanzar desde modelos basados en la voluntariedad hacia sistemas en los que la participación esté regulada, controlada y vinculada a incentivos reales.
INCENTIVOS Y POLÍTICA: EL COSTE DE DECIDIR
Sin la interferencia de la política y la demagogia, sería mucho más fácil avanzar en la gestión de residuos.
Esa interferencia no es menor. “El peso de los factores políticos es total”, afirma. Y lo es especialmente en el contexto actual. A medida que se acerca el ciclo electoral de 2027, muchos responsables públicos evitan impulsar cambios hacia modelos más exigentes por el coste político que pueden acarrear. La gestión de residuos, además, sigue sin percibirse como una prioridad ciudadana, lo que refuerza esa tendencia a evitar decisiones que puedan generar conflicto.
El resultado es visible en numerosos municipios, donde los modelos de recogida han sido objeto de confrontación política, llegando incluso a provocar
Si la dimensión técnica explica parte del problema, la política y la fiscalidad explican por qué muchas soluciones no terminan de aplicarse. Para Josep Maria Tost, el punto de partida es claro: ante la falta de implicación de una parte de la ciudadanía, es necesario recurrir a sistemas obligatorios y a incentivos económicos. Pero introduce de inmediato un matiz decisivo: “sin la interferencia de la política y la demagogia, sería mucho más fácil avanzar”.
cambios de gobierno. Esta inestabilidad tiene consecuencias directas: sistemas más eficaces, como el puerta a puerta o los contenedores inteligentes, han sido revertidos en algunos casos en favor de modelos más “cómodos”, aunque claramente menos eficientes.
Este contexto político coincide, además, con un momento clave desde el punto de vista económico. El año 2026 se perfila como “la hora de la verdad” para la fiscalidad de los residuos. La Ley 7/2022 obliga a que las tasas de basura cubran el 100% del coste del servicio, eliminando la posibilidad de financiarlo con otros ingresos municipales. Esto supone un cambio estructural: el residuo deja de ser un servicio parcialmente subvencionado para convertirse en un coste directo y visible para el ciudadano.
La adaptación a este nuevo marco está siendo compleja. En 2025, la tasa media
aumentó un 16,2%, pero aun así solo cubre en torno al 65,5% de los costes reales. Para muchos municipios, especialmente los de menor tamaño, ajustar las tarifas supone un reto tanto técnico como político. La elaboración de informes técnico-económicos rigurosos es imprescindible para justificar las tasas, pero su complejidad ha llevado en algunos casos a optar por soluciones más simples —como tasas planas— que pueden ser cuestionadas jurídicamente.
En este escenario, el Pago por Generación (PxG) aparece como la herramienta más coherente para alinear comportamiento y coste bajo el principio de “quien contamina, paga”. Sin embargo, su implantación sigue siendo muy limitada. Las barreras son tanto técnicas —como la dificultad de individualizar la generación de residuos en viviendas colectivas o la inversión necesaria en tecnología—
como políticas, por el temor al rechazo social ante un incremento de la factura.
Las consecuencias de esta combinación de factores van más allá del corto plazo. La aprobación del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2025-2035 refuerza la presión sobre los municipios incumplidores, y el déficit en la financiación del servicio puede comprometer el acceso a subvenciones estatales o europeas. Es decir, la falta de decisiones hoy no solo tiene un coste político inmediato, sino también un riesgo económico y normativo a medio plazo.
En este contexto, la fiscalidad deja de ser un elemento secundario para convertirse en el núcleo del sistema. Y la política, lejos de ser un marco neutro, se revela como el principal factor que condiciona —y en muchos casos frena— la transformación real del modelo.
El primer paso para los municipios es disponer de un buen plan local de prevención y gestión de residuos y, sobre todo, cumplirlo: sin planificación no hay resultados.
Más allá del diagnóstico, la cuestión clave es qué debe hacerse a partir de ahora. Para Josep Maria Tost, el punto de partida no admite matices: “el primer paso es disponer de un buen plan local de prevención y gestión de residuos y, sobre todo, cumplirlo”. La planificación, insiste, no puede quedarse en un trámite formal. Sin ejecución real, no hay resultados.
A partir de ahí, el reto no es únicamente municipal. Tost subraya el papel decisivo de las comunidades autónomas, que deben ejercer funciones de acompañamiento y, sobre todo, de financiación para permitir que los municipios desplieguen sistemas eficaces y sostenibles en el tiempo.
Sin embargo, el margen de maniobra se está reduciendo rápidamente. El horizonte de 2027 introduce un cambio estructural que puede alterar por completo el escenario. A partir de ese año, el material orgánico recuperado de la fracción resto —el denominado bioestabilizado— dejará de computar como reciclado. Hasta ahora, este representaba aproximadamente un 16% del indicador nacional. Su exclusión provocará un desplome técnico inmediato
de las tasas de reciclaje en aquellos municipios que no hayan implantado una recogida separada de biorresiduos de alta calidad, alejándolos de los objetivos europeos del 60% en 2030 y del 65% en 2035.
Y esta vez, advierte Tost, no se trata solo de objetivos orientativos. No cumplirlos tendrá consecuencias. La Ley 7/2022 y la normativa europea contemplan sanciones, lo que añade una presión real sobre administraciones que, durante años, han pospuesto decisiones estructurales.
En este contexto, la gestión de biorresiduos se sitúa en una auténtica encrucijada. Los municipios que parten de niveles bajos no pueden limitarse a ajustes marginales: deben abordar cambios profundos basados en la evidencia acumulada en los últimos años.
Entre ellos, uno resulta fundamental: acabar con el anonimato. La implantación de sistemas con identificación — contenedores inteligentes o modelos puerta a puerta— no es una opción tecnológica, sino una necesidad operativa para garantizar la calidad del residuo. A ello se suma la necesidad de blindar la tasa de residuos, asegurando que su diseño se base en criterios técnicos sólidos que eviten conflictos jurídicos y garanticen la sostenibilidad económica del sistema.
Además, el problema no es únicamente de falta de recursos, sino de cómo se gestionan. Tal y como apunta Tost, existe financiación suficiente para abordar esta transformación. Solo el impuesto al vertido genera cada año en torno a 600 millones de euros en España. Sin embargo, no siempre se destinan de forma finalista a políticas de residuos. Frente a ello, pone el ejemplo de Cataluña, donde estos ingresos sí están legalmente vinculados al sistema, a diferencia de otros territorios donde su destino resulta menos claro.
En paralelo, resulta imprescindible aprovechar las líneas de financiación disponibles, especialmente en los mu-
nicipios con menor capacidad, para modernizar infraestructuras y adaptar los modelos de recogida. Y, sobre todo, priorizar la calidad en origen: sin una fracción orgánica limpia, el residuo no puede convertirse en un recurso valorizable —biogás o compost—, lo que bloquea cualquier avance real hacia la economía circular.
A estos desafíos se suman, además, riesgos emergentes, como el aumento de incendios en plantas de tratamiento asociados a la presencia de baterías mal separadas, que refuerzan la necesidad de mejorar la captación y clasificación desde el origen.
Pero, en última instancia, todas estas cuestiones remiten a una idea de fondo. Tost lo resume de forma directa: la principal razón por la que el contenedor marrón no está funcionando es la falta de voluntad política, tanto a nivel autonómico como municipal.
El análisis técnico refuerza esta conclusión. Durante años, el sistema ha permitido mantener la “comodidad de la mezcla”: un modelo en el que el ciudadano puede seguir depositando residuos de forma anónima en el contenedor de resto, sin restricciones ni señales económicas claras. En ese contexto, el contenedor marrón no ha transformado el sistema, sino que se ha incorporado como un elemento adicional dentro de una estructura que sigue funcionando prácticamente igual.
El reto, por tanto, no es solo técnico ni normativo. Es estructural. Supone asumir que los residuos no desaparecen al cerrar la tapa, sino que tienen un coste económico y un impacto ambiental directo. Y que, sin decisiones políticas que rompan con el modelo actual, ese coste —ambiental, económico y operativo— seguirá creciendo.
El tiempo, además, juega en contra. Porque lo que está en juego ya no es solo el cumplimiento de los objetivos europeos, sino la viabilidad futura del propio sistema de gestión de residuos en España.
Control de acceso, trazabilidad y digitalización para impulsar la calidad del reciclaje y la eficiencia operativa en los servicios urbanos
La recogida selectiva está experimentando una profunda evolución gracias a las islas informatizadas de acceso controlado, una solución cada vez más adoptada por los municipios y gestores de servicios medioambientales para mejorar la eficiencia, la calidad y la trazabilidad de los residuos. En este escenario se insertan las tecnologías desarrolladas por ID&A Srl, empresa italiana especializada en sistemas inteligentes para la gestión de residuos.
Las islas informatizadas permiten el acceso únicamente a los usuarios autorizados mediante tarjeta o aplicaciones específicas. Esto permite identificar a los usuarios, reduciendo drásticamente el abandono ilegal de residuos y mejorando la calidad en la separación. Los sistemas
de ID&A Srl integran software y hardware diseñados para monitorear remotamente las entregas, recopilar datos puntuales y apoyar modelos de tarificación más justos y transparentes.
Desde un punto de vista ambiental, el control del acceso fomenta comportamientos más responsables por parte de los ciudadanos, aumentando los porcentajes de reciclaje y reduciendo los costes de eliminación. Al mismo tiempo, los operadores pueden optimizar las rutas de recogida gracias a los datos de llenado, con un impacto positivo en el tráfico y las emisiones.
La recogida selectiva está experimentando una profunda evolución gracias a las islas informatizadas
de acceso controlado
Las soluciones de ID&A se distinguen por su modularidad, fiabilidad y facilidad de integración en los contextos urbanos y extraurbanos, adaptándose a las necesidades tanto de pequeños municipios como de grandes centros urbanos. Las islas informatizadas no son solo contenedores evolucionados, sino verdaderos instrumentos de gobernanza ambiental, capaces de combinar tecnología, sostenibilidad y participación activa de los ciudadanos.
Desde el punto de vista de la economía circular, la innovación en materia de recogida selectiva de residuos represen-
Las islas informatizadas no son solo contenedores evolucionados, sino verdaderos instrumentos de gobernanza ambiental
ta un paso concreto hacia ciudades más limpias, eficientes y conscientes.
ID&A está presente en España desde hace más de 20 años con sus productos y tiene sedes en Valencia, Barcelona y Sevilla.
Numerosas ciudades ya están utilizando con éxito los sistemas ID&A para la identificación de usuarios y la gestión del acceso de los ciudadanos en los centros de recogida y contenedores en acera. Un ejemplo es la Mancomunidad Comarca de Pamplona.
UN CONTENIDO DE ID&A
El municipio avanza en el cumplimiento de la Ley 7/2022 con una red de contenedores específicos que mejora la eficiencia operativa y la recogida selectiva de residuos textiles
La gestión de residuos textiles se ha convertido en una prioridad para los municipios españoles. Con la entrada en vigor de la recogida selectiva obligatoria establecida por la Ley 7/2022, los ayuntamientos deben implantar infraestructuras específicas que garanticen una recogida eficiente, segura y sostenible.
En este contexto, el Ayuntamiento de Guadalajara ha reforzado su red de reciclaje con la instalación de 54 contenedores de ropa suministrados por Fabrez,
distribuidos en diferentes barrios de la ciudad. Esta actuación forma parte de un plan municipal orientado a mejorar la recogida selectiva y facilitar a la ciudadanía el reciclaje de ropa, calzado y textiles domésticos.
INFRAESTRUCTURA PREPARADA
PARA LA RECOGIDA SELECTIVA TEXTIL
Los contenedores de ropa han sido diseñados para responder a las exigencias de los entornos urbanos y a las necesidades
operativas de los servicios municipales de recogida de residuos.
Entre sus principales ventajas destacan la seguridad garantizada, con el sistema de cajón antirrobo; la alta durabilidad, con una estructura 100 % metálica, ignífuga y resistente a la corrosión; la facilidad operativa, con un diseño que optimiza la retirada de residuos permitiendo elevar los contenedores y vaciarlos en el vehículo de recogida; la economía circular, con contenedores reparables y totalmente reciclables; y la integración urbana, con colores y gráficas personalizables para campañas municipales.
Para afrontar los retos actuales de la gestión de residuos es clave contar con soluciones técnicas robustas, diseñadas para necesidades específicas. En este sentido, los municipios pueden apoyarse en fabricantes especializados como Fabrez, capaces de desarrollar e implementar equipamientos urbanos eficientes, seguros y adaptados a las nuevas exigencias normativas y operativas de la gestión de RSU.
UN CONTENIDO DE FABREZ
18 – 19 NOV 2026
18 – 19 NOV 2026
Soluciones globales para administraciones
Soluciones globales para administraciones
I Feria de Alcaldes y Administraciones Públicas
I Feria de Alcaldes y Administraciones Públicas
LUIS BUSTAMANTE
TEMAS: RECOGIDA DE RESIDUOS, DIGITALIZACIÓN, TECNOLOGÍA
La gestión de residuos municipales se enfrenta hoy por hoy a una doble exigencia. Por un lado, debe mejorar su eficiencia operativa y, por otro, debe responder a unos objetivos ambientales cada vez más ambiciosos. Si analizamos la situación en nuestro país, en el año 2023 se recogieron más de 22 millones de toneladas de residuos, aunque con un peso todavía muy elevado de la fracción mezclada frente a la recogida separada. A escala europea, informes recientes, como el “Informe Especial sobre la Gestión de los residuos Municipales” publicado en el año 2025 por el Tribunal de Cuentas Europeo, insisten en la necesidad de reforzar la recogida selectiva, mejorar la calidad de los datos y garantizar la participación activa de ciudadanos y empresas para avanzar hacia la economía circular.
Con esta premisa, la digitalización sigue consolidándose como una herramienta clave para transformar el modelo. La incorporación de sensores, plataformas de gestión y sistemas de control permite disponer de información detallada sobre la generación, el comportamiento y el destino de los residuos. Este cambio no es menor: la integración de sensorización, trazabilidad y análisis de datos está permitiendo mejorar la eficiencia operativa, optimizar rutas y reforzar la implicación ciudadana en los sistemas de recogida. Al mismo tiempo, abre la puerta a modelos más avanzados como el pago por generación, que requieren precisamente esa capacidad de medición y seguimiento.
En paralelo, los municipios se enfrentan a retos estructurales como la falta de información homogénea, la presión sobre los costes del servicio o la necesidad de adaptar infraestructuras
existentes a nuevas exigencias normativas. De hecho, varios organismos apuntan a la necesidad de desarrollar sistemas integrados de información y mejorar la calidad de los datos disponibles para tomar decisiones más eficaces. En este escenario, compañías como Sotkon han evolucionado desde el diseño de equipamiento urbano hacia propuestas que integran contenedores, tecnología y servicios, contribuyendo a redefinir la gestión de residuos en clave más inteligente y conectada. Sobre esta transformación, sus implicaciones para los servicios municipales y las tendencias que marcarán el sector en los próximos años, profundiza Lourenço de Sales Sousa, director comercial de la compañía, en esta entrevista.
Sotkon es hoy un referente en sistemas de contenedores soterrados y soluciones urbanas para la recogida de residuos. ¿Cómo ha evolucionado la compañía hasta alcanzar este posicionamiento?
Alcanzar el posicionamiento actual como referente es el resultado de varias décadas de innovación y de una cultura empresarial basada en el inconformismo. Aunque fuimos pioneros en la implantación de los primeros sistemas soterrados en el norte
de España hace cerca de 30 años, nunca nos hemos limitado a ese papel inicial.
A lo largo de este tiempo hemos invertido de forma continua en el desarrollo de nuevos sistemas de contenedores, en la ampliación de nuestra gama de buzones de depósito y en la creación de plataformas inteligentes de gestión de residuos. Estas soluciones abarcan desde software y sensores de llenado hasta sistemas de control de acceso, registro de operaciones de mantenimiento y aplicaciones móviles que permiten incentivar el reciclaje ciudadano.
Si en sus inicios Sotkon era principalmente una empresa de contenedores soterrados, hoy se posiciona como un proveedor integral de soluciones para la gestión de residuos urbanos. Nuestra oferta combina infraestructuras físicas, tecnología digital y servicios de apoyo a los municipios. Actualmente, estamos presentes en 18 mercados internacionales, entre ellos Brasil, Croacia, Reino Unido y Francia, y seguimos apostando por la expansión tanto geográfica como tecnológica.
Nuestro objetivo es ayudar a las ciudades a avanzar hacia modelos de gestión de residuos más eficientes, transparentes y alineados con los principios de la economía circular.
Hemos pasado de ser pioneros en contenedores soterrados a convertirnos en un proveedor integral de soluciones, incorporando tecnología, digitalización y servicios para dar respuesta a los nuevos retos de la gestión de residuos
El sector de la gestión de residuos municipales afronta importantes retos normativos, ambientales y sociales. ¿Cómo ven desde Sotkon la situación actual?
La situación en Europa es heterogénea. Aunque algunos países han avanzado de forma notable, otros aún están lejos de cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea. Entre ellos destacan metas exigentes como alcanzar en 2035 una tasa de reciclaje del 60 % de los residuos sólidos urbanos o limitar al 10 % el envío a vertedero. Según datos de Eurostat y de la Agencia Europea de Medio Ambiente, países como Portugal, España, Croacia o Bulgaria todavía presentan retrasos significativos y podrían enfrentarse a procedimientos de infracción si no aceleran la transformación de sus sistemas de gestión.
En el caso de España, el reto resulta especialmente complejo debido a las importantes diferencias entre comunidades autó-
nomas. Mientras algunas regiones superan ya el 50 % de reciclaje, otras se sitúan todavía en niveles cercanos al 20 %. A nivel nacional, más del 40 % de los residuos municipales sigue destinándose a vertedero, lo que refleja que aún existe un amplio margen de mejora.
Por el contrario, países como Alemania o los Países Bajos, así como determinadas regiones españolas, han implantado modelos más avanzados de gestión basados en la economía circular. En estos sistemas se promueve la corresponsabilidad entre administraciones, productores y ciudadanos. El usuario final adquiere un papel central mediante incentivos al reciclaje y mecanismos de penalización para los residuos no separados. Nuestra experiencia demuestra que los mejores resultados se obtienen cuando se combinan incentivos al buen comportamiento con medidas que desincentivan la generación de residuo no reciclado.
La digitalización, el uso de datos y modelos como el pago por generación están ganando protagonismo en los servicios urbanos. ¿Qué papel desempeñarán estas herramientas en los próximos años?
La digitalización y el análisis de datos están transformando profundamente la gestión de residuos. Estas herramientas permiten abordar tres desafíos fundamentales: identificar el origen de los residuos, medir el volumen generado y conocer su tipología.
Conocer la procedencia del residuo permite responsabilizar — de forma positiva o negativa— a ciudadanos, empresas o insti-
tuciones. Medir el volumen generado facilita evaluar el impacto ambiental y planificar mejor los servicios de recogida. Determinar el tipo de residuo permite comprobar si se deposita en el contenedor adecuado.
Estas herramientas digitales, apoyadas por sensores y equipamientos físicos que hacen posible la recogida de datos, son esenciales para implantar modelos de economía circular y sistemas de pago por generación. Gracias a ellas, los municipios pueden diseñar políticas más justas y eficaces, premiando a quienes reciclan correctamente y desincentivando comportamientos inadecuados.
En Sotkon ya ofrecemos soluciones que combinan equipa-
El uso de datos es clave para diseñar políticas de residuos más eficaces, ya que permite premiar el buen comportamiento y avanzar hacia modelos como el pago por generación
miento, tecnología y plataformas digitales para dar respuesta a estos tres retos.
Sotkis es una de sus principales apuestas en digitalización. ¿Cómo funciona esta plataforma y qué beneficios aporta a los ayuntamientos?
Sotkis nació hace aproximadamente quince años como una solución de sensores del nivel de llenado de los contenedores instalados, con el objetivo de optimizar las rutas de recogida y mejorar la eficiencia operativa.
Con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma avanzada de gestión de datos que permite conocer el origen, el volumen y el tipo de cada residuo depositado. Toda esta información se organiza en indicadores claros que facilitan la toma de decisiones por parte de los gestores municipales.
Además de la optimización de rutas, la plataforma permite gestionar planes de limpieza, controlar las operaciones de mantenimiento y analizar el rendimiento global del sistema de recogida. En este contexto, Sotkon dará este año un paso más con el lanzamiento de Sotkis P(L)AYT —”Pay Less As You Throw”—, una solución que convierte la isla de contenedores en un sistema inteligente. Gracias a esta tecnología, el municipio pue-
La clave de Sotkis es convertir los datos en decisiones, ayudando a los ayuntamientos a optimizar rutas, mejorar el servicio y avanzar hacia modelos más justos de gestión
de registrar quién deposita cada residuo, cuánto deposita y de qué tipo se trata.
Esto permite incentivar el reciclaje mediante una aplicación ciudadana que otorga puntos canjeables por beneficios o descuentos en el comercio local. Al mismo tiempo, hace posible aplicar una facturación precisa sobre la fracción resto, sustituyendo sistemas tradicionales como las tasas de residuos vinculadas al consumo de agua.
Se trata de un modelo más justo, transparente y alineado con los principios de la economía circular.
Los contenedores soterrados y las islas de contenedores son una de sus señas de identidad. ¿Qué ventajas ofrecen frente a los sistemas tradicionales?
Durante muchos años Sotkon ha sido prácticamente sinónimo de contenedores soterrados. Y no por casualidad: siguen siendo una de las soluciones más eficientes para el entorno urbano gracias a su mayor capacidad volumétrica, su durabilidad y su integración estética en el espacio público.
Hemos desarrollado distintos sistemas soterrados, con diversos tipos de contenedores adaptados a diferentes tecnologías de recogida. Esta versatilidad permite adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada municipio.
Sin embargo, el siguiente gran paso evolutivo consiste en incorporar inteligencia a estas infraestructuras. Gracias a soluciones como Sotkis y los modelos PAYT, los sistemas tradicionales de contenedores pueden ofrecer hoy un nivel completamente nuevo de eficiencia y capacidad de adaptación a los desafíos actuales de la gestión de residuos.
La sostenibilidad y la integración urbana son claves en la planificación municipal. ¿Cómo contribuyen las soluciones de Sotkon a mejorar la eficiencia del servicio y la calidad del espacio público?
Estamos convencidos de que las soluciones de Sotkon pueden contribuir de forma significativa a mejorar la calidad de las ciudades.
Nuestros contenedores pueden alcanzar capacidades de hasta 5 m³, lo que permite reducir la frecuencia de recogida y optimizar el uso de los camiones. En los sistemas soterrados, además, el único elemento visible son los buzones de depósito, diseñados para integrarse de forma discreta y estética en el entorno urbano.
Esto se traduce en ciudades más limpias, con más espacio público disponible y con un entorno urbano más ordenado y agradable para los ciudadanos.
Además, mediante la plataforma Sotkis proporcionamos a los ayuntamientos datos e indicadores que permiten gestionar el servicio de forma más eficiente y tomar decisiones basadas en información real.
También ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras de contenedores, una solución especialmente valiosa para muchos municipios que actualmente afrontan dificultades para cubrir determinadas necesidades de personal.
Aunamos eficiencia operativa, integración urbana y gestión basada en datos para ayudar a los municipios a ofrecer un servicio más sostenible y adaptado a las necesidades actuales
En relación con la fracción orgánica, el producto O+ representa una evolución específica. ¿Qué necesidades cubre este sistema?
Los residuos orgánicos han adquirido un protagonismo creciente en los sistemas de gestión de residuos. Se trata de una fracción con un gran potencial, tanto para la producción de fertilizantes naturales como para la generación de energía mediante biogás.
Por ello desarrollamos O+, un “cubrecontenedor” robusto y cuidadosamente diseñado para contenedores de orgánica en superficie, disponible en distintas capacidades.
Este sistema puede incorporar control de acceso (mediante “Sotkis Access”), sensores del nivel de llenado (mediante “Sotkis Level”) y diferentes sistemas de apertura —como pedales o palancas— pensados para mejorar la accesibilidad y facilitar su uso.
La recogida bilateral y otras soluciones técnicas también forman parte de su catálogo. ¿Qué municipios pueden beneficiarse de estas propuestas?
Muchos ayuntamientos buscan actualmente maximizar la eficiencia en el uso de sus recursos. En este contexto, las soluciones de recogida automatizada están ganando cada vez más relevancia.
Los sistemas de recogida bilateral permiten que sea el propio conductor del camión quien realice toda la operación de vaciado del contenedor sin necesidad de salir de la cabina. Se denominan así porque permiten operar en ambos lados.
Para los municipios, este tipo de soluciones resulta especialmente atractivo porque simplifica las operaciones y reduce significativamente las necesidades de personal, algo cada vez más relevante en un contexto de escasez de mano de obra en determinados servicios urbanos.
La recogida bilateral es una solución eficiente y cada vez más necesaria para municipios que buscan optimizar recursos y simplificar la operativa diaria
Mirando al futuro, ¿qué tendencias marcarán el desarrollo de la gestión de residuos municipales?
Vivimos en la era de los datos. Hoy, las organizaciones necesitan información fiable para diseñar soluciones eficaces y mejorar la toma de decisiones. En el ámbito de la gestión de residuos, disponer de datos sobre cómo, cuándo y dónde se generan los residuos permite a los municipios comprender mejor los hábitos ciudadanos, medir sus tasas de reciclaje, identificar áreas de mejora y optimizar la asignación de recursos.
Sotkon está incorporando tecnología avanzada en sus soluciones, como sensores de llenado, sistemas de control de apertura, cámaras volumétricas e incluso herramientas de inteligencia artificial capaces de interpretar datos de imagen y sonido.
Toda esta información se integra en nuestra plataforma Sotkis, donde se presenta mediante indicadores claros y herramientas de análisis que facilitan la gestión municipal. Nuestro objetivo es proporcionar a las ciudades herramientas concretas y eficaces para gestionar mejor sus residuos y avanzar hacia modelos de economía circular más eficientes y sostenibles.
LA EFICIENCIA OPERATIVA Y REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL
La ciudad reúne realidades muy distintas entre sí: un término municipal con dos núcleos principales, Castellón y el Grao; seis distritos; zonas históricas de trama estrecha; avenidas amplias; espacios logísticos; marjalería; áreas peatonales; carriles bici; entornos educativos y sanitarios; y un litoral con usos y exigencias muy diferentes entre Pinar, Gurugú y Serradal. Esa diversidad obliga a plantear un servicio de limpieza viaria y de playas flexible, específico y capaz de ajustarse a cada espacio.
Por eso, el proyecto que se ha definido parte de una lógica muy clara: no se trata solo de incorporar más medios, sino de asignar a cada calle, cada plaza y cada playa la metodología y la maquinaria que realmente necesita. Para ello se ha realizado un estudio de campo exhaustivo, apoyado en sistemas de información geográfica, con inventarios geolocalizados y una caracterización precisa de acerados, calzadas, bordillos, zonas peatonales, mobiliario urbano y superficies litorales. Ese trabajo previo
permite dimensionar mejor el servicio y reducir tiempos improductivos, ajustando la operativa a la accesibilidad, la anchura útil, la presencia de aparcamiento, la intensidad de uso o la sensibilidad ambiental de cada ámbito.
En limpieza viaria, una de las claves del planteamiento es el principio de proximidad. Se han organizado los equipos para que los desplazamientos hasta el inicio de cada sector sean los menores posibles y para que el tiempo de trabajo efectivo se concentre en la calle. El proyecto incorpora análisis mediante isócronas y prevé que cualquier peón o peona de barrido manual pueda acceder al arranque de su sector en menos de 15 minutos desde su cuartelillo de referencia. Todos los carritos y vehículos cuentan además con geolocalización, lo que permite seguir itinerarios y verificar la ejecución del servicio.
A partir de esa base territorial, se combinan distintas metodologías. El barrido manual sigue siendo imprescindible en calles estrechas, zonas con obstáculos o ámbitos donde la mecanización no resulta viable o recomendable. Pero se
NO SE
MÁS MEDIOS, SINO DE ASIGNAR A CADA CALLE, CADA PLAZA Y CADA PLAYA LA METODOLOGÍA Y LA MAQUINARIA QUE REALMENTE NECESITA
Prestando ser vicios para generar economía circular.
Plantilla prevista: más de 250 personas
Maquinaria total: más de 200 equipos
Barrido viario: 16 barredoras mecánicas y 93 carros de limpieza
Baldeo: 12 equipos de alta presión
Apoyo y repaso: 54 vehículos auxiliares eléctricos
Playas: 13 vehículos y aperos específicos
Equipos ligeros: 22 unidades (sopladoras, desbrozadoras, etc.)
Control: geolocalización y seguimiento integral en tiempo real
refuerza con barrido manual motorizado, barrido mecánico, barrido mixto, baldeo manual, baldeo mecánico y brigadas multitarea, de forma que cada sistema actúe allí donde aporta más rendimiento y mejor resultado final.
La propuesta de medios para limpieza viaria y playas alcanza una plantilla equivalente de más de 200 personas y una dotación muy amplia de vehículos, máquinas y equipos especializados. No se trata de una flota genérica, sino de un parque móvil diseñado para cubrir necesidades muy diversas: limpieza de aceras, calzadas, paseos, zonas peatonales, áreas de difícil maniobra, repaso comercial, actuaciones en domingos y
festivos, servicios extraordinarios y limpieza litoral.
Entre los equipos previstos figuran barredoras mecánicas de gran capacidad a GNC, barredoras eléctricas compactas para aceras y zonas peatonales, baldeadoras eléctricas, camiones cisterna con cuba de baldeo, vehículos auxiliares eléctricos, hidrolimpiadores de alta presión, fregadoras eléctricas de pavimentos, aspiradores y barredoras manuales eléctricas. A ello se suman sopladoras, desbrozadoras, máquinas quitachicles y vehículos auxiliares con hidro para actuaciones de precisión. En playas, la propuesta incorpora máquinas limpiaplayas manuales autopropulsadas, tractores pala, equipos de cribado para arena seca y húmeda, pick up eléctricas, una lancha para marjales
EL PRINCIPIO DE PROXIMIDAD
PERMITE
y un equipo especial de pretratamiento para valorización de algas.
Esta especialización se traduce en una ventaja operativa clara. Se pueden reservar maquinaria compacta para entornos de baja accesibilidad, equipos de mayor capacidad para calzadas y grandes ejes, vehículos ligeros para repaso y apoyo, y dotaciones específicas para playas,
marjal y actuaciones extraordinarias. Además, la elección tecnológica prioriza mayoritariamente maquinaria eléctrica, silenciosa y sin emisiones directas, así como motorizaciones ECO en equipos pesados, con el objetivo de reducir ruido e impacto ambiental.
En el barrido manual, el servicio no se limita a retirar residuos visibles. Incluye también el vaciado de papeleras, la limpieza de alcorques, la retirada de pequeños residuos en torno a contenedores, la limpieza de excrementos animales, la atención a zonas de juego y la comunicación de incidencias detectadas en la vía pública. Las brigadas multita-
rea completan esta labor con intervenciones sobre pintadas, grafitis, cartelería adherida y limpieza o desinfección de mobiliario urbano.
Cuando entran en juego las barredoras, el proyecto fija criterios de trabajo muy concretos. La velocidad operativa no superará los 5 km/h para asegurar un resultado satisfactorio; todas las barredoras de aceras y calzadas estarán dotadas de GPS; y las unidades de calzada de 5 m³ o más incorporarán depósito de agua para tratamientos con pértigas y difusión a alta presión, destinados a zonas que requieren una actuación más profunda que el barrido convencional. Además, las máquinas humedecen el pavimento para evitar polvareda y trabajan con filtros para el aire expulsado.
También se prevé barrido mixto allí donde la presencia de vehículos esta-
cionados, bolardos, farolas o mobiliario urbano dificulta el acceso de la barredora. En estos casos, el trabajo coordinado entre conductor y peón con sopladora permite desplazar los residuos hacia el radio de acción de la máquina y resolver con más eficacia espacios complejos.
BALDEO CON MÁS PRECISIÓN Y MENOR IMPACTO
El baldeo ocupa igualmente un papel central en el modelo. El manual se reserva para zonas de difícil acceso o actuaciones de mayor precisión, mientras que el mecánico se orienta sobre todo a calzadas, ejes de tráfico intenso, aceras amplias, plazas y paseos. En ambos casos, el proyecto insiste en criterios de eficiencia hídrica, seguridad sanitaria y minimización de molestias al vecindario.
Las baldeadoras propuestas cuentan con boquillas orientables y reguladores de caudal, lo que permite adaptar la anchura de trabajo y actuar incluso bajo vehículos estacionados. Se establece además que los residuos no podrán ser arrastrados al interior de los imbornales, sino que deberán retirarse previamente o ser recogidos por los equipos correspondientes. Cuando aparezcan manchas adheridas, olores o suciedad persistente, se contempla el uso de productos desinfectantes, desodorizantes o decapantes con etiquetado ecológico.
El objetivo es mejorar el acabado final sin incrementar innecesariamente el consumo de agua ni el impacto acústico. Por eso, el proyecto prevé que los equipos salgan con los depósitos llenos desde la instalación principal y apuesta por una política de optimización del agua, incluyendo el recurso a agua regenerada
procedente de sistemas de recogida y regeneración.
PLAYAS: UNA OPERATIVA PROPIA
La limpieza de playas requiere una organización específica. No responde a la misma lógica que la limpieza viaria porque intervienen la estacionalidad, la presión turística, la accesibilidad, la existencia de equipamientos y la protección de ámbitos sensibles como las dunas. El proyecto distingue superficies de arena húmeda, arena seca, dunas, escollera, matorral y zonas de sombrillas y hamacas, e inventaría elementos como duchas, lavapiés, accesos PMR, torres de socorrismo, pasarelas, porterías o áreas de vóley playa para adaptar la operativa a cada espacio.
La dotación prevista combina maquinaria para cribado de arena seca y húmeda con equipos más pequeños para áreas de menor maniobrabilidad, además de medios manuales y auxiliares para el tratamiento de entornos singulares. La incorporación de una lancha para marjales y de un equipo especial de pretratamiento para valorización de algas
muestra que no se concibe la playa solo como un ámbito recreativo, sino también como un espacio ambiental y urbano que exige soluciones diferenciadas.
TECNOLOGÍA PARA CONTROLAR Y MEJORAR
La otra gran palanca del modelo es la digitalización. El proyecto prevé una plataforma web integradora única para el seguimiento y control del servicio, conectada con sistemas de posicionamiento, planificación, mantenimiento, control de incidencias, inspección de calidad y facturación. A ello se suman ordenadores embarcados con GPS y GPRS, lectura de datos del vehículo, sensores de trabajo efectivo, termina-
les de mano con cámara y RFID y dispositivos específicos para los carritos de barrido manual.
Esto permite pasar de un esquema basado casi exclusivamente en partes y supervisión convencional a otro con trazabilidad operativa en tiempo real. Se puede conocer la posición de los equipos, verificar rutas, controlar tiempos efectivos de trabajo, inventariar elementos urbanos, registrar incidencias y activar respuestas complementarias según niveles de prioridad.
El protocolo previsto distingue distintos grados de incidencia y fija, a partir del nivel 2, una respuesta del supervisor en un máximo de dos horas desde el registro del aviso.
Con este proyecto, desde el Ayuntamiento de Castellón se plantea una limpieza viaria y de playas más ajustada al territorio y más preparada para responder a una ciudad compleja. No se trata solo de mejorar la imagen urbana, sino de controlar mejor el servicio: con más datos, más especialización, más capacidad de adaptación y una visión ambiental y tecnológica coherente con la ciudad que se quiere seguir construyendo. EL
Contelogic suministra EasySu, un sistema de fijación que evita el desplazamiento de contenedores sin necesidad de obra civil
Los recientes episodios de viento registrados en distintas zonas de España han vuelto a poner de manifiesto un problema habitual en la gestión del mobiliario urbano: el desplazamiento y vuelco de contenedores de residuos durante temporales. Cuando las rachas superan los 80, 100 o incluso 120 km/h, los contenedores de 800 y 1.100 litros pueden perder estabilidad, especialmente si están vacíos o parcialmente llenos. La presencia de ruedas facilita su desplazamiento y, en calles con pendiente, el riesgo aumenta considerablemente.
Este tipo de incidencias puede provocar daños en vehículos estacionados, obstáculos en la calzada o en pasos peatonales, así como situaciones de riesgo
para peatones y operarios de los servicios de limpieza. Además, cada contenedor desplazado implica intervenciones adicionales por parte de los servicios municipales y posibles reclamaciones por daños materiales.
Ante este escenario, cada vez más municipios están apostando por soluciones preventivas que permitan mantener los contenedores estables sin afectar a la operativa diaria de recogida.
En este contexto, Contelogic suministra EasySu, un sistema de sujeción imantada diseñado para fijar el contenedor al pavimento mediante un sistema de alta resistencia que no requiere obra civil permanente. La solución permite reducir significativamente el riesgo de desplazamiento incluso en episodios de viento intenso.
La instalación del sistema permite mejorar la seguridad urbana, reducir incidencias durante temporales y minimizar intervenciones posteriores por parte de los servicios de limpieza.
Los temporales de viento no son fenómenos excepcionales en España y, en los últimos años, su frecuencia e intensidad han aumentado. Por ello, la gestión urbana moderna tiende cada vez más hacia soluciones que permitan anticiparse a estos episodios y garantizar la estabilidad del mobiliario urbano en condiciones meteorológicas adversas.
UN CONTENIDO DE CONTELOGIC
En un entorno cada vez más exigente, Kärcher continúa evolucionando su división municipal con el objetivo de ofrecer un servicio integral y de alta calidad a las administraciones públicas y empresas de servicios. Este año, la compañía ha implementado una ambiciosa estrategia de mejora basada en dos pilares fundamentales: el factor humano y la vanguardia tecnológica.
AMPLIACIÓN DEL EQUIPO Y PROXIMIDAD
Conscientes de la importancia de la asistencia directa, Kärcher ha ampliado significativamente su plantilla especializada. Este refuerzo técnico y comercial tiene
como meta principal mejorar la capacidad de respuesta y garantizar una atención personalizada en cada proyecto. Al aumentar la presencia sobre el terreno, se logra una mayor capilaridad que permite llegar de forma más eficiente a todos los clientes, asegurando que cada necesidad operativa sea atendida con la celeridad que el servicio municipal requiere.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APLICADA AL SERVICIO
La innovación tecnológica sigue siendo el motor de la compañía. En esta etapa, Kärcher ha incorporado soluciones de Inteligencia Artificial para optimizar la organización y logística de sus equipos de trabajo. Esta integración permite una
planificación inteligente de los recursos, mejorando la eficiencia en el mantenimiento y garantizando la excelencia en la ejecución de las tareas. Gracias a la IA, no solo se optimizan procesos internos, sino que se asegura un servicio postventa y técnico mucho más predictivo y eficaz.
En definitiva, estas mejoras estructurales y tecnológicas reafirman la posición de Kärcher como un socio estratégico capaz de ofrecer soluciones de limpieza y mantenimiento urbano más inteligentes, rápidas y cercanas.
UN CONTENIDO DE KARCHER
LA RECOGIDA DE RESIDUOS Y LA LIMPIEZA VIARIA AFRONTAN UNA TRANSFORMACIÓN MARCADA POR LA PRESIÓN NORMATIVA, EL AUMENTO DE COSTES, LA DIGITALIZACIÓN Y LA NECESIDAD DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA IMPLICACIÓN CIUDADANA
GRISELDA ROMERO
¿HACIA DÓNDE EVOLUCIONAN LOS SERVICIOS URBANOS?
Lo que durante décadas fue entendido como un sistema esencialmente operativo —recoger residuos y mantener limpias las calles— se ha convertido hoy en un ámbito de alta complejidad técnica. La gestión de los servicios urbanos vive así un momento de redefinición profunda, marcado por una creciente presión normativa, la incorporación de nuevas tecnologías y una exigencia ciudadana cada vez mayor.
En este nuevo escenario, los ayuntamientos se enfrentan a un desafío múltiple: adaptar sus modelos de gestión, garantizar la viabilidad económica de los servicios, avanzar en los objetivos de sostenibilidad y, al mismo tiempo, responder a una percepción social que no siempre evoluciona al mismo ritmo que la inversión y la mejora operativa. La recogida de residuos y la limpieza viaria han pasado así a ocupar un lugar central en la agenda municipal, no solo como servicios básicos, sino como indicadores directos de calidad de vida y de compromiso ambiental.
Para analizar esta transformación desde dentro, este reportaje recoge la visión de tres responsables públicos con realidades territoriales y operativas muy distintas: César Rico, director de Producción en Limpieza y Medio Ambiente de Getafe (LYMA) y secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (ANEPMA); Ángel García Córdoba, jefe del Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Zaragoza; y Arturo Calzado Carmona, gerente de Residuos Urbanos de Jaén S.A. (Resurja), sociedad de economía mixta participada por la Diputación de Jaén y Urbaser.
A través de sus experiencias, desgranamos las claves que están marcando la evolución del sector: desde los modelos de gestión y la organización operativa hasta la digitalización, la sostenibilidad, la financiación o el papel determinante de la ciudadanía. El resultado dibuja un sector en plena transición, donde la tecnología, la normativa y el cambio de
Se ha pasado de modelos centrados en la prestación básica del servicio a sistemas mucho más complejos, donde la planificación, el control operativo y la calidad percibida por la ciudadanía son elementos centrales.
César Rico, director de Produccion en Limpieza y Medio Ambiente de Getafe (LYMA).
La evolución reciente se caracteriza por un servicio más tecnificado, sostenible y adaptable, donde tecnología y experiencia operativa se integran para ofrecer una mayor calidad en la recogida y la limpieza urbana.
Ángel García Córdoba, jefe de Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos. Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
La recogida de residuos y la limpieza viaria han dejado de ser servicios básicos de mantenimiento para convertirse en una pieza estratégica de la política ambiental y la salud pública.
Arturo Calzado Carmano, gerente de Residuos Urbanos de Jaén S.A. (Resurja).
hábitos están reconfigurando no solo la prestación del servicio, sino también la relación entre administración y ciudadano. Un sistema cada vez más exigente, donde ya no basta con limpiar o recoger: hay que hacerlo de forma eficiente, medible y sostenible.
DE SERVICIO BÁSICO A FUNCIÓN ESTRATÉGICA
En los últimos años, los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria han experimentado una transformación profunda, pasando de modelos centrados en la prestación básica a sistemas mucho más complejos y exigentes desde el punto de vista técnico y organizativo. Como explica César Rico, esta evolución ha situado en el centro aspectos como la planificación, el control operativo, la reducción del impacto ambiental y la calidad percibida por la ciudadanía, en un contexto marcado además por
una creciente presión normativa y la implantación de nuevos sistemas de separación. Esta tendencia, compartida a nivel sectorial según ANEPMA, se traduce en una mayor profesionalización de la gestión y en una orientación hacia servicios más flexibles, medibles y orientados a resultados.
En paralelo, tal y como apunta Arturo Calzado, estos servicios han dejado de tener una función meramente operativa para convertirse en una pieza estratégica de la política ambiental y la salud pública, en un escenario de nueva conciencia sobre la sostenibilidad y de una normativa que nos obliga a ver los residuos como recursos y no como simples desechos. A ello se suma una exigencia creciente en términos de imagen urbana, puesto que la limpieza del espacio público se ha consolidado como un indicador directo de la calidad de vida. Este cambio de enfoque ha ido acompañado de una transformación organizativa, con el paso de modelos basados en la rutina a estructuras orientadas a objetivos claros y medibles y apoyadas en sistemas que
permiten un control más preciso de la eficiencia operativa.
Sobre esta base, la incorporación de tecnología se ha convertido en un elemento clave para hacer operativa esta transformación. Ángel García Córdoba destaca la implantación de sistemas de sensorización y rutas dinámicas en recogida, que permiten ajustar el servicio a la demanda real, optimizar recursos y mejorar la disponibilidad de los contenedores, así como la renovación de flotas hacia soluciones más eficientes y menos contaminantes. En limpieza
RECURSOS
El sistema solo funciona si todos los actores asumen su responsabilidad: sin la colaboración ciudadana, la ingeniería de servicios más avanzada se vuelve estéril.
viaria, la evolución pasa por una mayor mecanización, especialización y movilidad de los equipos, junto con el uso de herramientas como la geolocalización y la monitorización en tiempo real, que facilitan una gestión más coordinada y una mayor capacidad de respuesta ante incidencias.
ENTRE LA PRESIÓN ECONÓMICA Y LA CORRESPONSABILIDAD
A pesar de la evolución experimentada en los últimos años, los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria siguen enfrentando retos estructurales de gran complejidad, especialmente en un contexto de recursos limitados y exigencias crecientes. Como señala César Rico, uno de los principales desafíos es garantizar la sostenibilidad económica del servicio ante el incremento de costes —energía, personal o vehículos— y la necesidad de adaptación continua a nuevas obligaciones normativas. Esta presión obliga a compatibilizar niveles cada vez más altos de calidad con recursos ajustados, en un escenario donde, además, empieza a detectarse escasez de personal cualificado. A ello se suma, desde una perspectiva sectorial apuntada por ANEPMA, el reto de la homogeneidad territorial, ya que no todos los municipios disponen de
la misma capacidad técnica, financiera u organizativa, lo que exige soluciones adaptables a distintas realidades. En paralelo, la propia complejidad operativa del servicio se ha intensificado notablemente. Tal y como explica Arturo Calzado, la gestión actual exige un alto grado de profesionalización para poder responder a una estructura técnica cada vez más exigente, en la que es necesario optimizar al máximo cada recurso disponible. En esta línea, Ángel García Córdoba destaca que la operativa diaria debe ser capaz de gestionar una
gran diversidad de situaciones —picos de demanda, eventos, condiciones meteorológicas o incidencias imprevistas—, lo que requiere una planificación flexible y un equilibrio constante entre datos, tecnología y experiencia sobre el terreno. A estas dificultades se añade, además, la rigidez de los pliegos y contratos administrativos, que en ocasiones limita la capacidad de adaptación del servicio.
Sin embargo, más allá de los condicionantes económicos y operativos, las tres fuentes coinciden en seña -
lar que el reto más determinante es el comportamiento ciudadano. García Córdoba subraya que la concienciación es clave, ya que el uso inadecuado de los contenedores, la presencia de impropios o el abandono de residuos incrementan las necesidades operativas y afectan directamente a la calidad del servicio. Esta cuestión resulta especialmente crítica en el caso de la fracción orgánica, cuya eficacia depende de una correcta separación en origen. En la misma línea, Calzado incide en que el sistema solo funciona si todos los
actores asumen su responsabilidad, ya que sin la implicación ciudadana el despliegue técnico pierde eficacia. El reto, por tanto, no es únicamente mejorar la gestión, sino lograr que el compromiso social esté a la altura de la complejidad técnica del servicio.
Los retos actuales del sector reflejan un escenario en el que factores económicos, operativos y sociales se entrelazan, obligando a avanzar hacia modelos de gestión cada vez más eficientes, flexibles y apoyados en la implicación conjunta de todos los actores del sistema.
¿HACIA DÓNDE EVOLUCIONAN LOS SERVICIOS URBANOS?
Se está produciendo un cambio de paradigma: de pliegos centrados en medios a contratos y modelos de gestión orientados a objetivos, indicadores de desempeño y control real de la calidad del servicio.
César Rico, director de Produccion en Limpieza y Medio Ambiente de Getafe (LYMA).
GESTIÓN DINÁMICA, INTELIGENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS
El núcleo de la metamorfosis de los servicios urbanos reside en un cambio de filosofía en su diseño: el paso de una prestación estática y genérica a una gestión de "detalle" basada en datos. La evolución apunta hacia modelos más planificados, tecnificados y adaptados a las necesidades reales del territorio, en los que la organización operativa y la toma de decisiones se apoyan cada vez más en el análisis y el seguimiento continuo del servicio.
En este sentido, César Rico, en Getafe, destaca el avance hacia sistemas basa-
LA RECOGIDA DE RESIDUOS AVANZA HACIA MODELOS
BASADOS EN DATOS Y ECONOMÍA
CIRCULAR, CON NUEVAS FRACCIONES
QUE REDEFINEN LA OPERATIVA Y LA LOGÍSTICA DEL SERVICIO
dos en la planificación técnica, el análisis de datos y la evaluación continua, lo que ha permitido mejorar la definición de rutas, turnos y frecuencias, así como reforzar la capacidad de respuesta ante incidencias. Esta evolución se refleja también en el ámbito sectorial, donde —según apunta— se ha producido un cambio desde modelos centrados en los medios hacia otros orientados a objetivos, indicadores de desempeño y control de la calidad del servicio.
Este cambio de enfoque conecta con una transformación más amplia en la forma de concebir el servicio. Arturo Calzado subraya que diseñar hoy estos sistemas exige abandonar soluciones genéricas para avanzar hacia una gestión adaptada a la complejidad de cada territorio. La diversificación en fracciones y la incorporación de nuevas exigencias han obligado a reconfigurar la logística, dando lugar a modelos dinámicos que ajustan medios y frecuencias a la realidad de cada municipio. En este contexto, la tecnología se incorpora como un elemento clave, aunque como advierte, su aplicación debe responder a criterios técnicos selectivos que aseguren su utilidad y retorno social.
Por su parte, Ángel García Córdoba pone el foco en la modernización operativa y tecnológica, destacando la digitalización, la sensorización y la reorganización de los servicios como factores
que han permitido mejorar la eficiencia y adaptar la prestación a las dinámicas reales del entorno urbano. En conjunto, la evolución del sector apunta hacia un modelo más flexible, medible y orientado a resultados, donde planificación, tecnología y adaptación al territorio se integran como ejes fundamentales.
Recogida de residuos: de sistemas estáticos a modelos basados en datos
En el ámbito de la recogida, la transformación más relevante viene marcada por la incorporación progresiva de nuevas fracciones y el avance hacia modelos de economía circular. César Rico destaca que este proceso, vinculado a los objetivos de preparación para la reutilización y al principio de “quien contamina paga” (PAYT), ha implicado una reconfiguración profunda del servicio: incremento de medios, rediseño de rutas, adaptación de la organización y un esfuerzo creciente en comunicación y sensibilización ciudadana. Desde ANEPMA se identifica este proceso como uno de los principales vectores de cambio del sector, con impacto directo en la planificación, la inversión y la relación con el usuario.
En paralelo, la recogida ha evolucionado hacia un modelo basado en datos. Ángel García Córdoba explica que la sensorización de contenedores permite conocer su nivel de llenado, detectar incidencias y aplicar rutas dinámicas que sustituyen a los recorridos fijos tradicio-
LA LIMPIEZA VIARIA SE ORIENTA HACIA
UNA MAYOR ESPECIALIZACIÓN Y MECANIZACIÓN, ADAPTÁNDOSE A LAS CONDICIONES REALES DEL ENTORNO Y A LA CALIDAD PERCIBIDA POR LA CIUDADANÍA
nales. Este enfoque mejora la eficiencia operativa, optimiza recursos y garantiza la disponibilidad del servicio, aunque también introduce nuevos retos, como los falsos niveles en determinadas fracciones. A ello se suma la incorporación de nuevas soluciones técnicas, como vehículos más sostenibles o equipos específicos para la limpieza del entorno de contenedores, que mejoran tanto la operativa como la seguridad.
Desde una perspectiva más estructural, Arturo Calzado sitúa esta evolución en un cambio de paradigma: el paso de un modelo de “usar y tirar” a otro centrado en la recuperación de materiales. En este contexto, la implantación del contenedor marrón se configura como el hito más relevante, al ser clave para reducir la fracción resto y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos ambientales. Sin embargo, su gestión supone uno de los mayores desafíos logísticos del sistema, en un escenario en el que la creciente diversidad de flujos obliga a una reingeniería constante y a entender la recogida como un sistema interrelacionado orientado al residuo cero.
Limpieza viaria: especialización, mecanización y adaptación al entorno
En el caso de la limpieza viaria, los cambios se han orientado hacia una mayor especialización de los servicios y una creciente capacidad de adaptación. César Rico señala que la eficacia del servicio está hoy condicionada por factores como la intensidad de uso del espacio público, la climatología o el comportamiento ciudadano, lo que ha impulsado una planificación más detallada y una combinación más equilibrada de medios manuales y mecánicos. Además, la creciente importancia de la calidad percibida sitúa a la limpieza como uno de los servicios más visibles y determinantes en la valoración de la gestión municipal. En esta línea, Ángel García Córdoba destaca el avance en mecanización, movilidad y versatilidad de los equipos.
ÚNICO
LA CLAVE
EN SU CORRECTA ADAPTACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y ALINEACIÓN CON LA REALIDAD DE CADA TERRITORIO
Ángel García Córdoba, jefe de Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos. Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿HACIA
ARQUITECTURA Y GOBERNANZA DEL SERVICIO
La introducción de soluciones como el servicio Dual —que combina barredora y operarios con sopladora—, junto con el uso de maquinaria más avanzada y equipos con lanzas de agua a presión, permite realizar intervenciones más rápidas, profundas y eficaces. Asimismo, la incorporación de carritos asistidos y vehículos mejora la capacidad de actuación y reduce la penosidad del trabajo, ampliando el radio de intervención sin incrementar los costes operativos.
Por tanto, la limpieza viaria evoluciona hacia un modelo más flexible y adaptado a las características del entorno urbano, donde la combinación de servicios especializados, tecnología y organización operativa permite responder con mayor eficacia a las exigencias actuales, tanto en términos de resultados como de percepción ciudadana.
No existe un modelo único de gestión capaz de dar respuesta a la diversidad de realidades municipales, pero sí un consenso claro en torno a la importancia de su correcta adaptación y dimensionamiento. Como señala César Rico, la clave no reside tanto en la fórmula elegida —gestión directa, empresa pública, concesión o modelo supramunicipal— como en que esta esté bien diseñada, correctamente gestionada y alineada con las necesidades específicas de cada territorio. En el caso de Getafe, la experiencia de LYMA pone de relieve las ventajas del modelo de empresa pública municipal, que permite un mayor control del servicio, una mayor capacidad de adaptación y una alineación directa con los objetivos estratégicos del Ayuntamiento, especialmente en materia ambiental y social, además de facilitar una planificación a medio y largo plazo.
Frente a este modelo, el esquema concesional aporta, según explica Ángel García Córdoba, desde Zaragoza, la capacidad de integrar recursos especializados con la supervisión pública. Esta combinación permite incorporar
La operativa diaria se sustenta en el equilibrio entre datos y experiencia, utilizando la información en tiempo real para anticipar incidencias y asignar el recurso adecuado a cada necesidad.
HUMANO SIGUE SIENDO DETERMINANTE PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y LA RESPUESTA OPERATIVA
tecnología avanzada —sensorización, geolocalización o análisis de datos— y desplegar servicios complejos, al tiempo que el Ayuntamiento mantiene la dirección y el control mediante indicadores de seguimiento y sistemas de trazabilidad. La coordinación entre administración y empresa concesionaria
resulta clave para ajustar el servicio a las necesidades reales de la ciudad, beneficiándose además de la experiencia del sector privado y de su mayor capacidad de negociación en la adquisición de equipos y tecnología.
Por su parte, Arturo Calzado plantea un modelo intermedio basado en la co-
laboración público-privada y la escala supramunicipal. En el caso de Resurja, en Jaén, la participación de una multinacional como Urbaser aporta capacidad de inversión, tecnología y conocimiento especializado, mientras que el respaldo institucional de la Diputación de Jaén garantiza el carácter de servicio público y
la atención equilibrada al conjunto del territorio. Este enfoque permite extender servicios de alta calidad a municipios de distinto tamaño, vertebrando la provincia y generando economías de escala que mejoran la eficiencia de costes y la capacidad de respuesta técnica.
Las distintas experiencias ponen de manifiesto que la elección del modelo de gestión no responde a una única fórmula, sino a la capacidad de cada sistema para integrar control público, inversión, eficiencia operativa y adaptación a la realidad local.
La gestión operativa de los servicios urbanos se articula hoy sobre una combinación de planificación detallada, coordinación continua y capacidad de adaptación ante situaciones cambiantes. En un contexto de creciente complejidad, la organización del servicio requiere integrar herramientas técnicas con la experiencia operativa sobre el terreno.
En este sentido, César Rico señala que la operativa diaria se basa en una planificación precisa de rutas y turnos, acompañada de una coordinación permanente de los equipos y de la capacidad de respuesta ante incidencias o picos de demanda. Según explica, la formación continua del personal y la supervisión operativa constituyen elementos clave para garantizar la continuidad y la calidad del servicio.
Esta lógica se complementa con el uso de herramientas tecnológicas que permiten mejorar la planificación y el seguimiento de la actividad. Ángel García Córdoba destaca que la operativa se apoya en un equilibrio entre datos y experiencia, donde la sensorización, la geolocalización y la monitorización de la flota facilitan anticipar incidencias y ajustar rutas en función de las necesidades reales. Este enfoque resulta especialmente relevante en recogida, donde permite adaptar los recorridos a los niveles de llenado, y en limpieza viaria, donde la coexistencia de múltiples servicios exige criterio técnico para asignar en cada momento el recurso más adecuado. No obstante, junto a estas herramientas digitales, sigue siendo imprescindible la inspección sobre el terreno para ajustar la planificación a la realidad cambiante del viario.
Esta complejidad operativa se intensifica cuando se traslada a escalas territoriales más amplias. En el caso de Jaén, Arturo Calzado subraya la necesidad de una coordinación milimétrica para dar respuesta a realidades muy diversas, desde pequeños núcleos rurales hasta entornos urbanos de mayor entidad. Para ello, la organización se basa en principios como la solidaridad territorial y la economía de escala, apoyándose en una “logística inteligente” que evita compartimentos estancos y favorece la interrelación entre servicios para optimizar recursos y desplazamientos.
Con todo, los tres enfoques coinciden en un elemento clave: la tecnología y la ¿HACIA
¿HACIA
planificación solo son eficaces si se sostienen sobre el factor humano. La profesionalidad, el conocimiento del territorio y la capacidad de adaptación de los equipos sobre el terreno son, como destaca Calzado, la verdadera garantía de que la planificación teórica se traduzca en un servicio eficaz y ajustado a cada situación concreta.
NUEVO EJE DE LA TOMA DE DECISIONES
Las nuevas exigencias ambientales y el marco normativo derivado de la Directiva Europea y la Ley 7/2022 están actuando como principal motor de transformación de los servicios urbanos. Como explica César Rico, este contexto obliga a ir más allá de la recogida y limpieza para asumir un papel activo en la prevención de residuos, la mejora de la recogida separada y su preparación para la reutilización. En este sentido, los servicios municipales se consolidan como una pieza clave en la implementación real de las políticas ambientales, aunque, como advierte, su eficacia depende de contar con recursos suficientes, planificación adecuada y un respaldo normativo que facilite su despliegue.
Este cambio de enfoque se traduce directamente en la operativa diaria, donde la sostenibilidad se incorpora como criterio de decisión. Ángel García
Córdoba señala que la evolución hacia modelos más eficientes se apoya en herramientas como las rutas dinámicas, que reducen desplazamientos innecesarios y emisiones, así como en la modernización de flotas y maquinaria, con menor impacto ambiental y acústico. En paralelo, la implantación de la fracción orgánica se configura como un elemento clave para avanzar en economía circular y reducir impropios, si bien su éxito depende en gran medida de la correcta separación en origen y de la implicación ciudadana.
Más allá de la dimensión operativa, la transformación también afecta de lleno a la gestión técnica y administrativa. Arturo Calzado subraya que el nuevo marco normativo exige una capacitación técnica mucho más elevada y una gestión extremadamente pormenorizada, donde la trazabilidad de cada kilogramo de residuo y el control exhaustivo de la información resultan imprescindibles para garantizar el cumplimiento de los objetivos. En este contexto, la integración de tecnologías no es una opción, sino una herramienta necesaria para asegurar precisión, transparencia y capacidad de reporte.
En conjunto, la transición hacia la economía circular está configurando un modelo en el que normativa, tecnología y operativa convergen, obligando a los servicios a evolucionar hacia esquemas más eficientes, medibles y alineados con los objetivos ambientales, donde la coordinación entre planificación, innovación y participación ciudadana resulta determinante para su éxito.
CONSOLIDA UN MODELO EN EL QUE LA TOMA DE DECISIONES SE APOYA EN DATOS, MEJORANDO LA EFICIENCIA, EL CONTROL Y LA TRANSPARENCIA DEL SERVICIO
modernos. Como señala César Rico, la incorporación de sistemas de gestión, seguimiento de rutas, control de flota y análisis de datos ha permitido avanzar hacia modelos más eficientes y transparentes, donde la toma de decisiones se apoya cada vez más en información objetiva. En esta línea, apunta además al potencial de la inteligencia artificial como próximo vector de transformación, si bien insiste en que la tecnología debe entenderse como una herramienta al servicio de una mejor planificación y no como un fin en sí misma.
LA SOSTENIBILIDAD DEJA DE SER UN OBJETIVO COMPLEMENTARIO PARA CONVERTIRSE EN EL EJE QUE GUÍA LA PLANIFICACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES DEL SERVICIO
La transformación digital ha dejado de ser una tendencia para convertirse en el pilar estratégico que sostiene la eficiencia de los servicios urbanos
Este proceso de digitalización se traduce ya en aplicaciones concretas en la operativa diaria. Ángel García Córdoba destaca que, en el caso de Zaragoza, todos los servicios cuentan con dispositivos GPS y plataformas informáticas que integran la planificación y el seguimiento en tiempo real, permitiendo incluso la comunicación directa de incidencias a los equipos de trabajo. La sensorización, por su parte, posibilita una recogida basada en necesidades reales, mientras que los sistemas de análisis de datos permiten anticipar picos de demanda, ajustar recursos y optimizar la planificación. En conjunto, esta integración tecnológica ha contribuido a configurar un modelo más eficaz, transparente y adaptado a las dinámicas de la ciudad.
No obstante, esta evolución tecnológica exige también una transformación en la forma de gestionar el servicio. Arturo Calzado subraya que la clave no
La MC 250 e!ectric prioriza la limpieza en todos los aspectos. Gracias a su propulsión totalmente eléctrica, no genera emisiones de CO2 localmente durante su funcionamiento. karcher.com/es
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¿HACIA DÓNDE EVOLUCIONAN LOS SERVICIOS URBANOS?
reside únicamente en la disponibilidad de herramientas, sino en la capacidad de capturar datos de forma automática e inmediata y, sobre todo, en saber interpretarlos correctamente. Esto implica una actualización constante de los equipos, que pasan de desempeñar tareas mecánicas a gestionar sistemas inteligentes. En este sentido, la calidad del servicio depende cada vez más de la combinación entre tecnología y factor humano, donde la capacidad de análisis y la toma de decisiones informadas resultan determinantes.
En definitiva, la digitalización está redefiniendo el funcionamiento de los servicios urbanos, impulsando modelos más precisos, eficientes y controlables, pero su verdadero valor reside en su integración con la experiencia operativa y en su capacidad para mejorar la respuesta al ciudadano.
FACTOR DETERMINANTE DE LA CALIDAD
El comportamiento de la ciudadanía se ha consolidado como el factor que define, en última instancia, el éxito o el fracaso de la ingeniería de servicios urbanos. Como subraya César Rico, la implicación del usuario influye directamente en el cumplimiento de los objetivos ambientales y en la calidad del servicio, ya que aspectos como la correcta separación de residuos, el respeto a los horarios o el uso adecuado del espacio público inciden de forma directa en los resultados obtenidos. En este contexto, la comunicación y la educación ambien-
tal adquieren un papel equivalente al de los propios medios técnicos, al ser imprescindibles para garantizar la implicación ciudadana.
Este impacto se manifiesta de forma clara en la operativa diaria. Ángel García Córdoba explica que prácticas como el correcto depósito de residuos, el plegado del cartón o el uso adecuado de los contenedores permiten evitar impropios, desbordes y actuaciones extraordinarias. Del mismo modo, en limpieza viaria, la colaboración en cuestiones básicas —como la recogida de deposiciones caninas o el uso de papeleras— condiciona directamente la percepción de limpieza. De hecho, señala que existen zonas con alta dotación de servicios que, sin embargo, presentan una percepción negativa debido a la falta de civismo, lo que refuerza la idea de que “no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia”.
Más allá de la operativa, esta realidad sitúa al ciudadano en el centro del sistema. Arturo Calzado subraya que el vecino actúa como “juez y parte”, ya que de su comportamiento depende que el despliegue técnico alcance sus objetivos. Cuando los hábitos no son adecuados, se genera una sensación de deterioro que no siempre refleja el
esfuerzo real del servicio, lo que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la concienciación y en la comprensión de la economía circular como una responsabilidad compartida. En este sentido, insiste en que el éxito del sistema pasa por que el ciudadano entienda el sentido de las exigencias y se convierta en un aliado activo del bienestar común.
No obstante, Calzado también introduce un matiz relevante: la existencia de conductas incívicas no puede frenar la evolución del servicio. Asumir que siempre habrá un porcentaje de incumplimiento obliga a seguir innovando y facilitando el uso del sistema, de manera que la mayoría comprometida no se vea penalizada. En suma, los tres enfoques coinciden en que la calidad final del servicio no depende únicamente de la inversión o la tecnología, sino del equilibrio entre capacidad operativa y corresponsabilidad ciudadana.
EL COSTE DE SOSTENER EL SISTEMA
El actual contexto de incremento de costes y las nuevas exigencias normativas están obligando a revisar los modelos de financiación y contratación de los servicios urbanos. Como señala César Rico, este contexto hace imprescindible una planificación económica a medio y largo plazo que garantice la viabilidad del servicio, al tiempo que desde ANEPMA se subraya la necesidad de que los modelos presupuestarios y contractuales reflejen con mayor precisión la realidad de los costes para mantener niveles
¿HACIA DÓNDE EVOLUCIONAN LOS SERVICIOS URBANOS?
adecuados de calidad y cumplimiento normativo.
En paralelo, los modelos de contratación están evolucionando hacia esquemas más exigentes y orientados a resultados. Ángel García Córdoba señala que los nuevos contratos incorporan criterios de rendimiento, sostenibilidad y eficiencia, así como indicadores de gestión y sistemas de trazabilidad que permiten medir con mayor precisión la prestación del servicio. Esta evolución responde, en gran medida, a la necesidad de sostener inversiones crecientes derivadas de la incorporación de nuevas tecnologías, la sensorización, la modernización de flotas o la implantación de nuevas fracciones como la orgánica.
Este proceso tiene un impacto directo en el coste del servicio, que tiende a incrementarse de forma estructural. García Córdoba advierte que la transición hacia maquinaria más sostenible —como la eléctrica—, el aumento de flotas, la ampliación de fracciones y la necesidad de más medios operativos elevan tanto la inversión inicial como los costes de explotación. Aun así, este es el camino necesario si se aspira a prestar un servicio de mayor calidad, lo que obliga a las administraciones a incorporar estos factores en su planificación presupuestaria.
En este nuevo escenario, además, se introduce un cambio de enfoque en la propia financiación del sistema. Arturo Calzado destaca que la normativa obliga a avanzar hacia modelos en los que los ingresos se ajusten al coste real del servicio, lo que implica abandonar planteamientos tradicionales y asumir una mayor corresponsabilidad. Esto afecta tanto a la administración, que debe optimizar rutas y recursos, como al ciudadano, que debe entender que determinados comportamientos generan sobrecostes. En conjunto, la sostenibilidad económica del sistema pasa por equilibrar inversión, eficiencia operativa y responsabilidad compartida.
El futuro pasa por una mayor integración de criterios ambientales, un uso más intensivo de la tecnología —incluida la inteligencia artificial— y una creciente profesionalización de los servicios.
César Rico, director de Produccion en Limpieza y Medio Ambiente de Getafe (LYMA).
La tendencia es hacia modelos basados en datos, con recogida dinámica, analítica avanzada y una planificación flexible que permita adaptar el servicio a las necesidades reales.
Ángel García Córdoba, jefe de Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos. Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
El futuro estará marcado por el fin del ‘todo vale’ y por modelos más estrictos y planificados, donde el ciudadano deberá adaptarse a una disciplina necesaria para garantizar la viabilidad del sistema.
Arturo Calzado Carmano, gerente de Residuos Urbanos de Jaén S.A. (Resurja).
¿HACIA
UN MODELO EXIGENTE, BAJO NUEVAS REGLAS
El horizonte de los servicios urbanos dibuja un escenario en el que la tecnología y el rigor normativo redefinirán la relación entre la administración y el ciudadano, avanzando hacia modelos cada vez más exigentes, tecnificados y alineados con los objetivos ambientales. César Rico vaticina que la integración de criterios de sostenibilidad será creciente, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y acústico de la actividad, al tiempo que se intensifica el uso de tecnologías avanzadas —incluida la inteligencia artificial— y se refuerza la profesionalización de la gestión. En este contexto, los servicios municipales consolidan su papel como un elemento estratégico de la gestión local y un indicador directo de la calidad de vida urbana.
En este camino hacia la máxima eficiencia, la gestión del dato será el eje vertebrador. Ángel García Córdoba destaca la expansión de herramientas como la recogida dinámica, la analítica avanzada o la predicción de picos de demanda, que permitirán una planificación más flexible y ajustada a las necesidades reales. A ello se suma el avance de la fracción orgánica y la creciente importancia de la separación en origen, así como una mayor especialización de los servicios de limpieza y una capacidad reforzada de supervisión para adaptar la operativa al comportamiento del espacio público. Todo ello deberá integrarse, además, con marcos contractuales que permitan una mayor flexibilidad para incorporar innovaciones durante la vida de los contratos.
Junto a esta transformación tecnológica y operativa, el sector afronta también un cambio de carácter estructural y cultural. Arturo Calzado advierte del fin de modelos basados en la compensación de los malos hábitos mediante un
mayor esfuerzo del servicio, apuntando hacia sistemas más estrictos y organizados, con calendarios y horarios definidos que exigen una mayor disciplina por parte del ciudadano, como ocurre en el norte de Europa. Este enfoque, vinculado a los límites económicos del sistema, obliga a avanzar hacia una mayor corresponsabilidad y a abandonar la improvisación en la gestión.
En paralelo, la propia concepción del servicio seguirá evolucionando, especialmente en el ámbito de la limpieza viaria, que tenderá a integrarse plenamente en la lógica de la economía circular. Como subraya Calzado, ya no se tratará únicamente de retirar residuos, sino de gestionar técnicamente cada flujo para su valorización. En conjunto, el futuro del sector se configura como un equilibrio entre tecnología, rigor operativo y cambio de hábitos, orientado a garantizar que la sostenibilidad económica sea el pilar que sostenga la ambición ambiental de los municipios.
¿HACIA DÓNDE EVOLUCIONAN LOS SERVICIOS URBANOS?
Para aterrizar la evolución descrita, tres experiencias concretas —Getafe, Zaragoza y la provincia de Jaén— ilustran cómo los servicios urbanos están incorporando nuevos modelos de gestión, tecnología y participación para mejorar su eficiencia y sostenibilidad.
GETAFE: SEPARACIÓN, REUTILIZACIÓN Y FISCALIDAD AMBIENTAL
En el caso de Getafe, el modelo impulsado por LYMA se apoya en una estrategia integral que combina la implantación de nuevas recogidas separadas, la implicación de la ciudadanía y la incorporación de criterios ambientales en la gestión del servicio.
Desde 2021, el municipio ha desplegado de forma progresiva la recogida separada de nuevas fracciones, alcanzando en la actualidad la recogida de biorresiduos en toda la ciudad. Este proceso se ha complementado con iniciativas específicas como el proyecto Getafe Reutiliza, orientado a fomentar la reutilización, y con la introducción de incentivos a través de la tasa de residuos para premiar las buenas prácticas ambientales.
Según explica César Rico, este conjunto de actuaciones ha permitido reducir la generación de residuos por habitante en un 12%, hasta situarse en 315 kg por habitante y año. Paralelamente, el servicio ha avanzado en la reducción de su impacto ambiental mediante la renovación de la flota, incorporando exclusivamente vehículos ECO y de cero emisiones, así como la implantación de estándares de conducción eficiente que contribuyen a disminuir el consumo de combustible y optimizar los costes de explotación.
TRES ENFOQUES, UN MISMO OBJETIVO
ZARAGOZA: RECOGIDA
DINÁMICA Y GESTIÓN
BASADA EN DATOS
Zaragoza ha centrado su transformación en la incorporación de tecnología aplicada a la operativa del servicio, con la recogida dinámica como uno de sus principales avances.
Tal y como detalla Ángel García Córdoba, la sensorización de contenedores permite conocer en tiempo real el nivel de llenado y ajustar las rutas en función de la necesidad real. De este modo, los contenedores se recogen cuando alcanzan determinados niveles, evitando tanto desplazamientos innecesarios como situaciones de desbordamiento.
Este sistema, implantado inicialmente en la recogida de vidrio y extendido posteriormente a envases, ha permitido mejorar la disponibilidad del servicio, optimizar los recursos y avanzar en términos de eficiencia y sostenibilidad. Además, la experiencia acumulada facilita el ajuste de umbrales, la anticipación de picos de demanda y la mejora continua de la planificación.
A este modelo se suma el desarrollo de proyectos piloto basados en inteligencia artificial, como el sistema de identificación automática de residuos abandonados en el entorno de los contenedores, que permite generar incidencias de forma automatizada y mejorar la capacidad de respuesta del servicio.
En la provincia de Jaén, el modelo desarrollado por Resurja pone el foco en la gestión de grandes generadores de residuos, con actuaciones específicas orientadas a mejorar la recuperación de materiales y reducir la fracción resto. Uno de los proyectos más representativos se está desarrollando en el polígono industrial de Martos, donde se ha puesto en marcha una intervención integral dirigida a empresas e industrias. El objetivo es doble: incrementar la recogida selectiva y evitar que materiales reciclables acaben en la fracción resto.
Para ello, se están implantando sistemas de pesaje que permiten analizar con precisión los residuos generados, junto con campañas de asesoramiento y acompañamiento personalizado a las empresas para mejorar sus prácticas de separación. Esta combinación de control técnico y trabajo directo con los generadores ha permitido incrementar de forma sostenida la recogida selectiva de papel y cartón. Los resultados, según Arturo Calzado, son significativos: en el primer trimestre del año se ha logrado reducir la fracción resto en un 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Este caso demuestra que, mediante la combinación de medios técnicos, control y acompañamiento, es posible mejorar la eficiencia del sistema incluso en entornos de elevada complejidad operativa.
Aunque con estrategias distintas, los tres casos comparten un elemento común: la apuesta por modelos más eficientes, sostenibles y adaptados a la realidad del territorio. La combinación de tecnología, planificación operativa y participación de los distintos actores se consolida como la base para avanzar en la transformación de los servicios urbanos.
Del equipamiento funcional al diseño estratégico: claves para revalorizar el espacio público
Durante décadas, el mobiliario urbano ha sido tratado como un elemento meramente funcional: necesario, sí, pero silencioso, neutro y, en demasiadas ocasiones, prescindible desde el punto de vista estético. Bancos, papeleras o elementos de reciclaje se han concebido para “no molestar”, cuando en realidad deberían aspirar a algo más ambicioso: aportar identidad, coherencia y valor al espacio público.
En este contexto, la propuesta de Cervic Environment supone una ruptura consciente con la inercia del sector. La compañía ha entendido que el espacio urbano ya no es solo un lugar de paso, sino un escenario compartido donde diseño, sostenibilidad y experiencia ciudadana deben dialogar. Sus colecciones de mobiliario urbano y papeleras de reciclaje no buscan mimetizarse sin más, sino
integrarse con personalidad, aportando un lenguaje formal propio y reconocible.
La diferencia no está únicamente en la estética —aunque esta sea evidente—, sino en la concepción del producto. Materiales de alta calidad, procesos de fabricación robustos y un diseño contemporáneo convierten cada pieza en un elemento duradero y con valor añadido. Un valor que trasciende lo funcional y se
Cervic Environment ha entendido que el espacio urbano es un escenario compartido donde diseño,
traduce en entornos más cuidados, coherentes y atractivos para ciudadanos y visitantes. Espacios donde los ciudadanos pueden socializar, disfrutando de los espacios públicos.
En un momento en el que ayuntamientos e instituciones públicas buscan distinguir sus espacios y reforzar su identidad urbana, el mobiliario deja de ser un gasto para convertirse en una inversión estratégica. Cervic Environment demuestra que diseñar ciudad también pasa por diseñar sus detalles. Y que, cuando el diseño es diferencial, el espacio público gana protagonismo.
La gama Horizon de Rototank combina rotomoldeo en HDPE, ecodiseño y funcionalidad para optimizar la gestión de residuos en entornos urbanos de distinta intensidad de uso
En el diseño de las ciudades contemporáneas, el mobiliario urbano desempeña un papel mucho más relevante de lo que podría parecer a simple vista. Elementos cotidianos como las papeleras no solo contribuyen a mantener limpios los espacios públicos, sino que también forman parte de la experiencia urbana, influyendo en la funcionalidad, la estética y la sostenibilidad de calles, parques y plazas. En este contexto, la gama de papeleras Horizon desarrollada por Rototank propone una solución que combina diseño, durabilidad y eficiencia para responder a las exigencias actuales de los entornos urbanos.
La colección está formada por varios modelos de 60, 80 y 120 litros de
capacidad, pensados para adaptarse a diferentes niveles de uso en la ciudad. Mientras el modelo de menor capacidad resulta idóneo para zonas de tránsito moderado, el de mayor volumen responde a las necesidades de espacios con gran afluencia de personas, como paseos, parques o áreas recreativas. Esta dualidad permite a los gestores urbanos mantener una coherencia estética al tiempo que optimizan la gestión de residuos en función de cada entorno.
FABRICADOS PARA RESISTIR EL PASO DEL TIEMPO
Detrás de su apariencia sobria se encuentra un proceso de fabricación pensado para resistir el paso del tiempo y
La gama de papeleras Horizon desarrollada por Rototank propone una solución que combina diseño, durabilidad y eficiencia
el uso intensivo propio del espacio público. Las papeleras están fabricadas mediante rotomoldeo en polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV, con posibilidad de fabricarse en cualquier color. El rotomoldeo es una técnica que proporciona una estructura robusta y homogénea. El resultado es un cuerpo con paredes de doble espesor que refuerza la resistencia frente a impactos,
condiciones climáticas adversas y desgaste cotidiano.
FUNCIONALIDAD COMO EJE DE DISEÑO
La funcionalidad ha sido otro de los ejes del diseño. La amplia boca de depósito facilita el uso por parte de los ciudadanos, mientras que el sistema de apertura mediante cerradura con llave triangular permite a los operarios realizar el vaciado de forma rápida y segura. Este mecanismo no solo agiliza las labores de mantenimiento, sino que también contribuye a prevenir manipulaciones no autorizadas y actos vandálicos.
La gama Horizon puede incorporar además un cenicero superior integrado, concebido para recoger colillas de mane-
ra segura y minimizar el riesgo de incendios en el espacio público. Su sistema de vaciado permite realizar la operación sin contacto directo con los residuos, mejorando la seguridad y la higiene durante el mantenimiento.
IMAGEN CONTEMPORÁNEA Y DISCRETA
Desde el punto de vista estético, el acabado exterior texturizado y ondulado aporta una imagen contemporánea y discreta, al tiempo que dificulta la adhesión de pegatinas y reduce la aparición de grafitis. El color se integra directamente en el material mediante pigmentación en masa, lo que garantiza una mayor estabilidad frente a la radiación solar y las variaciones climáticas.
Con la posibilidad de fabricarse con material reciclado y siendo completamente reciclables, estas papeleras se alinean con los principios de ecodiseño que cada vez marcan más el desarrollo del mobiliario urbano. Una propuesta que demuestra cómo incluso los elementos más sencillos del paisaje urbano pueden evolucionar para responder a los retos de las ciudades actuales.
ENTREVISTA
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE MUNICIPIOS Y ALCALDESA DE LA GARRIGA
El reto no es implantar modelos más exigentes, sino sistemas de recogida más eficientes
GRISELDA ROMERO
TEMAS: RESIDUOS MUNICIPALES, ECONOMÍA CIRCULAR
La gestión de los residuos municipales atraviesa un momento de transformación crítica, marcada por la convergencia de una fiscalidad más exigente, nuevos marcos normativos europeos y la urgencia de alcanzar objetivos de reciclaje cada vez más ambiciosos. En este escenario, Cataluña se ha consolidado como un laboratorio de soluciones avanzadas, donde la coexistencia de modelos como el "puerta a puerta" o los contenedores inteligentes demuestra que la eficiencia no admite recetas universales, sino una adaptación precisa a la orografía y la realidad social de cada territorio.
Sin embargo, el despliegue de estos sistemas no está exento de retos: el déficit crónico del servicio, la necesidad de infraestructuras locales modernas y la importancia de una comunicación segmentada para implicar al ciudadano son hoy las principales preocupaciones en la agenda local. Como entidad puente entre las administraciones y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), la Asociación Catalana de Municipios
(ACM) desempeña un papel operativo y estratégico fundamental en el acompañamiento a los ayuntamientos.
Meritxell Budó, presidenta de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y alcaldesa de La Garriga, aborda en esta entrevista los principales retos que afrontan los ayuntamientos, el papel de la entidad municipalista en el acompañamiento a los entes locales y las claves para avanzar hacia sistemas más eficientes, sostenibles y económicamente viables.
La gestión de residuos municipales se ha consolidado como una de las áreas de gobierno local con mayores desafíos. Desde la perspectiva de la ACM, ¿cuál es su papel estratégico en el acompañamiento a los ayuntamientos y cómo se integran en la arquitectura de gobernanza actual en Cataluña?
Nuestra labor se centra en actuar como puente y apoyo técnico-institucional. Desde la ACM participamos activamente en diversas mesas y comisiones donde se informan y debaten las
actuaciones desarrolladas por los distintos SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor). Este trabajo se realiza bajo el marco del convenio suscrito entre estos sistemas, la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) y las entidades municipalistas.
Asimismo, intervenimos de forma directa en el proceso de elaboración y en la posterior firma de los convenios con los SCRAP correspondientes a las diferentes fracciones de los residuos municipales, garantizando que la voz del municipio sea escuchada en la definición de estos acuerdos.
¿Cuáles son hoy los principales retos que afrontan los municipios catalanes en materia de gestión de residuos municipales, tanto desde el punto de vista operativo como económico y organizativo?
El reto es multidimensional. Desde el punto de vista organizativo y operativo, cada entidad municipal —o empresa pública encargada de la recogida— debe estructurarse según las ne-
cesidades y características de su territorio, con el objetivo de maximizar la eficiencia y prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía. Esto se traduce en una gran diversidad de sistemas, que van desde el "puerta a puerta" hasta modelos basados en la recogida intensiva en contenedores de vía pública. La diversidad territorial de Cataluña hace inviable la implantación de un modelo único de recogida. No obstante, todos los
La diversidad territorial de Cataluña hace inviable la implantación de un modelo único de recogida
sistemas persiguen un mismo objetivo: maximizar la eficiencia de la recogida selectiva para reducir la presión sobre los vertederos - muchos de los cuales se encuentran próximos al final de su vida útil - y cumplir con la normativa estatal y europea vigente.
Desde el punto de vista económico, el principal reto es lograr que el balance económico del servicio sea, como mínimo, equilibrado, evitando que el incremento de los costes operativos asociados a la recogida de las distintas fracciones repercuta directamente o indirectamente en la ciudadanía.
Por ello, nuestra prioridad en las negociaciones de los convenios con los distintos SCRAP es garantizar que estos sistemas financien, tal y como establece la ley, la mayor parte de los costes asociados a la recogida de las distintas fracciones.
La separación en origen es la piedra angular del sistema. ¿Qué factores consideran determinantes para elevar los niveles de reciclaje y qué filosofía defienden desde la asociación para superar las dificultades actuales?
No hay fórmulas mágicas, sino adaptación local. Cada territorio implanta el sistema de recogida que, en función de su experiencia y de los recursos disponibles, considera más eficiente, con el objetivo de alcanzar los mejores niveles de separación en origen. Este proceso se sustenta, fundamentalmente, en la implicación de la ciudadanía, que durante años ha recibido los mensajes y estímulos comunicativos necesarios para este fin. En paralelo, las entidades responsables diseñan y aplican los modelos de recogida más apropiados
Los objetivos de recogida y gestión son cada vez más exigentes y los municipios, de forma general, se van adaptando y cumpliendo progresivamente con cada nuevo reto
atendiendo siempre a las características específicas del territorio y de sus habitantes.
Cataluña ha sido pionera en el despliegue de sistemas avanzados de recogida selectiva, como el puerta a puerta o los contenedores con identificación de usuarios. ¿En qué punto se encuentran actualmente los municipios y qué balance hacen desde la ACM del grado de madurez y funcionamiento de estos modelos?
Tal como se ha ido señalando, cada unidad territorial —ya sea a través de consejos comarcales, empresas públicas u otras fórmulas de gestión— implanta el sistema de recogida que considera más eficiente y adecuado a su experiencia y a las características de su población.
Los objetivos de gestión son cada vez más exigentes y, de forma general, los municipios se van adaptando y cumpliendo con cada nuevo reto. No obstante, existen casos concretos donde determinadas circunstancias sociales y territoriales dificultan el cumplimiento de los objetivos.
En estos supuestos, resulta fundamental que todos los agentes implicados proporcionen las herramientas necesarias a las entidades responsables de la recogida y gestión de los residuos municipales para avanzar hacia su consecución.
Desde la ACM trabajamos para que las entidades municipales reciban el mejor apoyo financiero posible para desarrollar los sistemas de recogida implantados, en función de sus necesidades específicas. No obstante, no es nuestro papel interferir en los modelos de recogida y gestión que cada municipio o territorio decide aplicar.
Ante esta transición tecnológica, ¿cómo facilita la ACM a los ayuntamientos el acceso a las herramientas y equipos necesarios?
Desde una posición operativa, la ACM facilita la contratación de bienes y servicios a través de su Central de Compras, que recientemente ha adjudicado diversos activos en el ámbito de los residuos. Entre ellos destacan camiones pluma para la recogida de muebles y voluminosos, así como puntos verdes móviles mediante la transformación de furgonetas para residuos
especiales (pequeños electrodomésticos, ropa, baterías, fluorescentes, aceites, etc.), donde la entidad local puede escoger la composición de residuos a recoger. Igualmente, disponemos de la posibilidad de contratar "islas emergentes": un equipo tractor con remolque que se deposita temporalmente en franjas horarias definidas para dar solución a la recogida de las fracciones más comunes (papel, vidrio, plástico, orgánica, ropa y resto) en espacios céntricos que conviene dejar libres de contenedores en las horas diurnas. Estos bienes pueden adquirirse mediante compra o renting y ofrecen ventajas claras: ahorros económicos por economía de escala, reducción de tiempos al evitar procesos de licitación individuales y una total seguridad jurídica en la contratación.
A menudo se habla de la tecnología, pero más allá del modelo elegido, ¿qué peso tiene el factor humano y la planificación social en el éxito de estos sistemas?
La planificación, la comunicación y la implicación ciudadana son elementos absolutamente clave para el éxito de cualquier sistema de recogida de residuos. La comunicación debe permitir que la ciudadanía conozca claramente cómo actuar y, para ello, debe diseñarse de forma segmentada, teniendo en cuenta variables como la edad, el género, el ámbito territorial y la realidad social.
La comunicación debe diseñarse de forma segmentada, teniendo en cuenta variables como la edad, el género, el ámbito territorial y la realidad social
De hecho, los resultados de recogida varían significativamente según las distintas realidades municipales, lo que pone de manifiesto que la mejora de la eficiencia del sistema depende, en gran medida, de una buena comunicación y de la implicación de la ciudadanía, que constituye el primer eslabón de la cadena de recogida.
Por otro lado, las entidades encargadas de la gestión disponen de herramientas y espacios de intercambio que facilitan la compartición de experiencias y la mejora continua del servicio.
La financiación es, quizá, la mayor preocupación de los alcaldes. ¿Cómo se articula el soporte económico ante la necesidad de renovar operativas y cumplir con las nuevas normativas?
Como ACM, no es nuestra función intervenir en la gestión económica de cada entidad municipal; cada ayuntamiento es autónomo en la gestión de su actividad diaria y en su planificación económica. No obstante, es conocido que, en términos generales, la recogida y gestión de residuos presenta un déficit económico para las entidades responsables del servicio. Por ello, los convenios con los SCRAP resultan fundamentales para minimizar la presión económica final sobre la ciudadanía. Asimismo, el acceso a subvenciones y ayudas públicas es clave para desarrollar acciones y proyectos que permitan adaptar los territorios a las nuevas necesidades tecnológicas, muchas de ellas derivadas de las exigencias normativas europeas y estatales. En este proceso de adaptación tecnológica y en la transición ecológica y energética de los sistemas, resulta esencial no dejar atrás a ningún territorio. Las exigencias actuales no tienen el mismo impacto en entornos rurales o semirrurales que en áreas urbanas, con necesidades específicas como las zonas de bajas emisiones. Sin embargo, todos los territorios deberán actualizarse de forma progresiva en un horizonte temporal no lejano, de acuerdo con el marco normativo europeo, estatal y autonómico.
Ante la diversidad de soluciones tecnológicas actuales, ¿cómo debe valorarse el éxito de un modelo de gestión? ¿Es posible hablar de municipios "referente" en Cataluña o la clave reside en la especificidad de cada entidad local?
No se trata de implantar modelos de recogida más exigentes, sino modelos más eficientes, adaptados a las características sociales y territoriales de cada entidad local. En Cataluña exis-
te una gran diversidad de sistemas de recogida y gestión que buscan mejorar continuamente su eficiencia en función de las particularidades de cada territorio. Por este motivo, desde la ACM no consideramos adecuado señalar un modelo concreto como referencia, ya que cada municipio debe definir el suyo propio en función de su realidad específica. Desde la asociación, actuamos como facilitadores de información, promoviendo canales de participación, formación e intercambio dirigidos a los técnicos municipales responsables de la recogida y gestión de los residuos.
La gestión de residuos a menudo desborda la capacidad individual de los ayuntamientos pequeños o medianos. En este sentido, ¿qué valor aporta la estructura supramunicipal al ecosistema de los residuos en Cataluña?
De acuerdo con el modelo de gestión vigente en Cataluña y teniendo en cuenta sus características sociales, orográficas y urbanísticas, la cooperación supramunicipal resulta fundamental. En muchos casos, son los consejos comarcales, entidades públicas supramunicipales u otras fórmulas jurídicas las que gestionan la recogida, contando con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña.
Con la mirada puesta en el horizonte 2030 y las nuevas directrices europeas, ¿qué ejes estratégicos considera la ACM que marcarán la agenda política y técnica de los municipios catalanes?
Sin ánimo de establecer una jerarquización estricta, se identifican una serie de ámbitos prioritarios que las entidades responsables de la recogida y gestión de los residuos municipales deberán abordar en los próximos años.
En primer lugar, resulta imperativa la adaptación a las nuevas exigencias normativas, tanto europeas como estatales, así como a las estrategias catalanas en materia de residuos, que incluyen retos como el cierre de vertederos o el desarrollo de nuevas infraestructuras locales de recogida.
Todo ello debe convivir con una gestión económica del servicio orientada a que el inevitable incremento de los costes no repercuta negativamente en la ciudadanía. En definitiva, el objetivo es contribuir a una transición ecológica justa y equitativa que considere las diferencias territoriales, sociales y económicas, así como de edad y de género, garantizando que ningún territorio quede atrás en este proceso de actualización.
Será clave contribuir a una transición ecológica justa y equitativa desde el ámbito de los residuos, que tenga en cuenta las diferencias territoriales, sociales, económicas, de edad y de género
La organización del servicio técnico, la logística de recambios y el mantenimiento preventivo marcan la diferencia en la disponibilidad de los equipos de limpieza viaria
El mantenimiento y la disponibilidad de la maquinaria son factores clave en la gestión de servicios urbanos, especialmente en el ámbito de la limpieza viaria, donde la operatividad de los equipos resulta determinante. En este contexto, el servicio técnico y la logística de recambios adquieren un papel central.
En España, la empresa Hako estructura su servicio técnico a través de una red de más de 30 unidades móviles, atendidas por técnicos propios y formados específicamente en su gama de productos. Esta organización asegura la máxima disponibilidad, al permitir reali-
zar reparaciones in situ en todo el territorio peninsular, reduciendo tiempos de inactividad.
Como complemento, la compañía dispone de talleres propios completamente equipados en Barcelona, Madrid y Valencia, así como de medios de transporte para equipos de gran tonelaje.
Cada vehículo autotaller incorpora una estación de diagnosis para la programación y actualización de software, además de sistemas que permiten la conexión remota de la maquinaria con los ingenieros de fábrica. La estrategia de servicio se basa en el mantenimiento preventivo y en la formación de operarios y responsables de flotas.
LOGÍSTICA DE RECAMBIOS: PRECISIÓN Y TIEMPOS DE RESPUESTA
El suministro de recambios es otro de los elementos clave en la operativa del servicio técnico. El objetivo es garantizar que cada intervención cuente con todas las piezas necesarias, evitando entregas parciales que puedan retrasar la reparación. Para ello, Hako ha optado por un modelo centralizado, con un almacén automatizado en Bad Oldesloe (Alemania), en lugar de depender de múltiples stocks locales.
El proceso de pedido está orientado a minimizar errores y asegurar la calidad en la reparación. Los técnicos utilizan un
despiece electrónico directamente frente a la máquina, identificando físicamente la pieza requerida y seleccionándola en planos mediante un ordenador táctil. El pedido se envía de forma electrónica al almacén central.
Los pedidos recibidos antes de las 13:00 horas se distribuyen por vía aérea a 16 puntos de recogida en las principales ciudades españolas. Este sistema permite el suministro en 24 horas en aproximadamente el 80% del territorio y en 48 horas en el resto. Las piezas de mayor volumen o peso se transportan por vía terrestre, con un plazo aproximado de cinco días.
CALIDAD Y DURABILIDAD: FACTORES DETERMINANTES
En maquinaria vial, la durabilidad condiciona directamente la rentabilidad de la inversión. Equipos con una larga vida útil, bajos costes de mantenimiento y un rendimiento constante contribuyen a optimizar el ciclo de vida.
Este enfoque se apoya en distintos aspectos, como el uso de materiales de alta resistencia, la aplicación de controles de calidad exhaustivos en el proceso de fabricación y el diseño de equipos que facilitan el acceso a los componentes, simplificando las tareas de mantenimiento.
La combinación de estos factores de ingeniería robusta, junto con el soporte técnico especializado, permite mantener la operatividad de las máquinas a lo largo del tiempo.
TENDENCIAS DEL MERCADO VIAL ESPAÑOL
El mercado español de maquinaria vial está evolucionando en torno a dos tendencias principales.
Por un lado, la electrificación del parque de barredoras viales, consolidada como una de las líneas de desarrollo más relevantes. Esta transición permite simplificar los retos de fabricación al evitar los constantes cambios normativos que afectan a los motores térmicos.
Por otro lado, crece el uso de fregadoras en los servicios de limpieza. La combinación de la acción mecánica del cepillo con el empleo de detergentes específicos mejora el tratamiento de los pavimentos, facilitando la eliminación de grasas adheridas y la reducción de olores.
En este contexto, la elección de maquinaria no se limita únicamente a las prestaciones del equipo, sino que incorpora también factores como el servicio técnico, la disponibilidad de recambios y el acompañamiento del fabricante. Elementos que, en conjunto, contribuyen a
garantizar la fiabilidad, la durabilidad y la adaptación de los equipos a las necesidades actuales y futuras del servicio.
Por un lado, la electrificación del parque de barredoras viales continúa avanzando, consolidándose como una de las líneas de desarrollo más relevantes. Esta transición permite, además, reducir la dependencia de los cambios normativos asociados a los motores térmicos.
Por otro lado, crece el uso de fregadoras en los servicios de limpieza. La combinación de la acción mecánica del cepillo con el empleo de detergentes específicos mejora el tratamiento de los pavimentos, facilitando la eliminación de grasas adheridas y la reducción de olores.
En este contexto, la elección de maquinaria no se limita únicamente a las prestaciones del equipo, sino que incorpora también factores como el servicio técnico, la disponibilidad de recambios y el acompañamiento del fabricante. Elementos que, en conjunto, contribuyen a garantizar la fiabilidad, la durabilidad y la adaptación de los equipos a las necesidades actuales y futuras del servicio.
UN CONTENIDO DE HAKO
Una Guía con una visión de la planificación urbanística con absoluto respeto a la naturaleza y con un incesante empeño en la sostenibilidad medioambiental en nuestras ciudades
POR JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ DE ANDRÉS
SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE (ASEJA)
HHay presentaciones institucionales que se olvidan en cuanto terminan. Y hay otras que, sin necesidad de grandilocuencia, dejan la sensación de que se ha dado un paso útil, oportuno y, sobre todo, necesario. La presentación en la sede de la FEMP de la Guía de Recomendaciones para la Gestión de la Infraestructura Verde Periurbana, organizada por la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad de la FEMP, la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) y nuestra Asociación -Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA)fue de las segundas: un acto que no sólo
sirvió para dar a conocer un documento, sino para confirmar que el debate sobre la infraestructura verde en España ha madurado y es de plena actualidad. En un contexto global marcado por el crecimiento urbano acelerado, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los municipios se enfrentan al desafío de redefinir su relación con el entorno natural, cada vez de manera más inmediata y urgente. En este escenario, la Guía de Recomendaciones para la Gestión de la Infraestructura Verde Periurbana ha de ser entendida como un instrumento útil para fomentar la integración de los sis-
temas naturales en la planificación territorial y urbanística, estrechando la brecha existente entre lo rural y lo urbano. Quienes venimos trabajando desde hace años en la gestión de la infraestructura verde - parques, jardines, zonas verdes, arbolado, …-, y espacios de transición entre lo urbano y lo rural, sabemos bien que el gran problema que se plantea en dicho ámbito no suele ser la falta de discurso, sino la falta de herramientas prácticas. Sobre infraestructura verde se habla mucho. Se menciona en estrategias, en planes, en declaraciones públicas y en discursos políticos. Pero
En un contexto global marcado por el crecimiento urbano acelerado, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los municipios se enfrentan el desafío de redefinir su relación con el entorno natural, cada vez de manera más inmediata y urgente
no siempre se concreta en criterios de gestión, en decisiones de mantenimiento, en fórmulas de contratación viables o en marcos estables que permitan a los Ayuntamientos actuar con seguridad. Precisamente por eso, esta Guía merece una valoración tan positiva, precisamente porque baja al terreno y porque está pensada para su utilización.
Este, a mi juicio, fue el mayor éxito de la presentación. No se trataba de escuchar una suma de buenas intenciones, sino de poner sobre la mesa una herramienta que entiende cómo funcionan de verdad los municipios y cómo se gestionan estos espacios por parte de las entidades locales, atendiendo a sus necesidades. La Guía nace con una vocación claramente operativa: ofrecer a los equipos técnicos municipales un marco con componentes administrativos, económicos, técnicos y jurídicos, para una gestión eficaz y adaptada a cada contexto local. Esta combinación es la que marca la diferencia entre un documento decorativo y una referencia de utilidad.
Desde ASEJA solemos insistir en algo que, afortunadamente, empieza a entenderse cada vez mejor: conservar la infraestructura verde consiste en gestionar sistemas vivos, complejos, estratégicos y en continua evolución. Es trabajar con y por la biodiversidad, prevenir riesgos, ofrecer seguridad, fomentar la
salud y el bienestar, educar en el respeto al medio ambiente y ser eficientes con los recursos -entendidos estos de forma amplia-. Todo lo anterior, y más, al mismo tiempo. Además, en el ámbito periurbano, lo expuesto se intensifica, al tratarse de un espacio de transición entre zonificaciones; entre lo urbano y lo rural, con coexistencia además de actividades y actuaciones. De ahí la necesidad e importancia de contar con una Guía específica para ese territorio heterogéneo. Lo más relevante, es que el documento no cae, permítaseme la licencia, en un enfoque ingenuo e infantil. No idealiza la infraestructura verde periurbana, ni tampoco la presenta como una reserva abstracta de naturaleza a contemplar desde lejos, sin capacidad de disfrute y aprovechamiento. Muy al contrario, lo entiende como un espacio real, sometido a presión, fragmentación, conflictos, cambios y evolución. Y desde esa mirada, propone criterios para definirlo, para conservarlo y para gestionarlo de la mejor manera posible.
Desde nuestra Asociación llevamos tiempo defendiendo que la infraestructura verde necesita menos eslóganes y más gobernanza. Menos improvisación y
Desde nuestra Asociación llevamos tiempo defendiendo que la infraestructura verde necesita menos eslóganes y más gobernanza. Menos improvisación y más continuidad
más continuidad. Por eso, creemos que el éxito del acto de presentación de la Guía, y del propio documento en sí, no debe medirse solo en términos de asistencia o visibilidad institucional. Su verdadero éxito está en otra parte: en haber lanzado un mensaje claro al ámbito local y al sector profesional, de que la infraestructura verde periurbana ha dejado de ser un asunto periférico y secundario, para convertirse en un componente esencial de la planificación territorial, de la salud ambiental y de la calidad de vida de la ciudadanía. Desde la propia FEMP se expresó de esta manera, al presentar la Guía como un instrumento para avanzar hacia municipios más verdes, resilientes y sostenibles. Que ese planteamiento se traslade a una herramienta práctica como es la Guía, precisamente, es lo relevante.
Sobre infraestructura verde se habla mucho. Se menciona en estrategias, en planes, en declaraciones públicas y en discursos políticos. Pero no siempre se concreta en criterios de gestión, en decisiones de mantenimiento, en fórmulas de contratación viables o en marcos estables que permitan a los Ayuntamientos actuar con seguridad
Quienes trabajamos sobre el terreno sabemos que los municipios no necesitan documentos abstractos y pomposos que les recuerden que la naturaleza es importante. Eso ya lo saben. Tampoco necesitan mensajes vacuos, sino propuestas concretas que, de forma realista y plausible, puedan llevarse a cabo con los medios en ocasiones limitados, de que disponen. Necesitan seguridad técnica, financiera y administrativa para actuar. Y la Guía de Recomendaciones para la Gestión de la Infraestructura Verde Periurbana, ayuda a ello, yendo más allá del ámbito estrictamente ambiental. Su aportación es, en gran medida, cultural. Obliga a mirar de otra forma y a redefinir los bordes de nuestras ciudades, esos lugares donde
Cuando
tantas veces se han fomentado actuaciones residuales y abandono. Reivindicar la infraestructura verde periurbana es dignificar esos espacios. Es entender que son una parte decisiva de la estructura ecológica y territorial de los municipios y que pueden y deben ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía, a través de su cuidado, fomento, e incluso, recuperación. En nuestra humilde opinión, la jornada celebrada en la FEMP, de presentación
de la Guía, dejó una conclusión de fondo: cuando las instituciones públicas y el sector profesional trabajan con seriedad, y colaboran en la búsqueda de la mejora en cualquier ámbito, emergen mejores propuestas y herramientas de actuación. Y cuando esas herramientas están pensadas para ser usadas de verdad, el beneficio no es solo para quienes las diseñan y
entornos naturales y, en definitiva, para la calidad de vida de la ciudadanía. Esa es la razón por la que esta Guía merece una acogida positiva. No porque cierre el debate, sino porque lo ordena. No porque resuelva por sí sola todos los problemas de la infraestructura verde periurbana, sino porque ayuda a abordarlos mejor. Y en tiempos como los actuales, con tanta
La automatización llega al cuidado profesional del césped. Con navegación de alta precisión, funcionamiento totalmente eléctrico y capacidad para trabajar de forma autónoma durante horas, el nuevo Kress Voyager abre una nueva etapa en el mantenimiento de grandes superficies
La robotización empieza a ganar terreno en el mantenimiento profesional de zonas verdes, un ámbito tradicionalmente ligado al uso de maquinaria manual. Con el lanzamiento en España del Kress Voyager, la compañía introduce una solución autónoma concebida como alternativa a los cortacéspedes de giro cero que siguen predominando en el sector.
CARACTERÍSTICAS DE KRESS VOYAGER
Pensado para empresas de mantenimiento, contratas de jardinería y servicios municipales, el Voyager incorpora un sistema de navegación de alta precisión basado en tecnología RTK, combinado con sensores LiDAR, cámaras y sistemas inteligentes de detección de obstáculos.
Esta arquitectura tecnológica permite trabajar sin cables perimetrales y operar de forma autónoma en superficies extensas, adaptándose a entornos complejos y manteniendo elevados niveles de precisión y seguridad.
Entre sus características destaca un ancho de corte de 102 centímetros y una autonomía de hasta ocho horas por carga, lo que le permite trabajar durante largas jornadas en superficies muy amplias. Por ello, está especialmente orientado al mantenimiento de parques urbanos, campus universitarios, instalaciones deportivas y grandes áreas ajardinadas.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMA
Más allá de la innovación técnica, uno de los principales cambios que introduce Voyager está en la organización del
trabajo. Al asumir de forma autónoma una tarea repetitiva como la siega, permite que los operarios se concentren en labores de mayor valor añadido, como la poda, el mantenimiento especializado o el cuidado paisajístico. En la práctica, esto se traduce en una mejora de la productividad sin necesidad de incrementar los equipos de trabajo.
El impacto también se deja notar en los costes operativos. Al tratarse de una solución 100 % eléctrica, elimina el consumo de combustible y reduce de forma significativa el mantenimiento mecánico. Según estimaciones del sector, la automatización del corte de césped puede
reducir los costes operativos totales en más de un 40 %.
A ello se suma un funcionamiento silencioso y sin emisiones directas, una ventaja especialmente relevante en entornos urbanos donde el ruido y la sostenibilidad son factores cada vez más determinantes.
Con Voyager, Kress se suma a una tendencia creciente en el sector: la robotización del mantenimiento de zonas verdes como respuesta a la necesidad
de ganar eficiencia, reducir costes y avanzar hacia modelos de trabajo más sostenibles.
La compañía presentó recientemente el Voyager en la feria FIMA, donde despertó un notable interés entre profesionales del sector. “La acogida en FIMA ha sido extraordinaria. Hemos visto un gran interés por soluciones autónomas capaces de mejorar la eficiencia y modernizar la gestión de las zonas verdes”, señala José Manuel López Colete, director Kress OPE. “Voyager representa un paso importante hacia un modelo de mantenimiento más eficiente, sostenible y tecnológicamente avanzado”.
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
En Barcelona ya no se concibe ningún proyecto de espacio público sin que el verde tenga un papel esencial
LUIS BUSTAMANTE
TEMAS: INFRAESTRUCTURA VERDE, PARQUES Y JARDINES, SOSTENIBILIDAD
La infraestructura verde urbana se ha consolidado en los últimos años como uno de los pilares estratégicos de las ciudades europeas frente a los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la creciente demanda de espacios públicos de calidad. Más allá de su valor paisajístico, el verde urbano se entiende hoy como una infraestructura esencial capaz de mejorar el confort térmico, reducir la contaminación, gestionar el agua de forma más eficiente y reforzar la resiliencia de los entornos urbanos. En este contexto, ciudades como Barcelona se han situado a la vanguardia en la integración del verde dentro de la planificación urbana. La capital catalana ha experimentado en las últimas décadas una transformación profunda de su espacio público, en la que la renaturalización de la ciudad ha ganado protagonismo frente a modelos urbanos más dominados por el tráfico y las infraestructuras grises. A través de planes estratégicos como el Plan Clima o el Plan Endreça, y apoyándose en financiación europea, el Ayuntamiento impulsa una red de más de 600 espacios verdes que no solo cumplen funciones sociales y recreativas, sino que actúan como soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los efectos del del cambio climático, optimizar el uso del agua o favorecer la biodiversidad.
En este proceso, la gestión del verde urbano también está evolucionando hacia modelos más técnicos, eficientes y basados en datos, incorporando herramientas digitales, nuevos criterios ecológicos y sistemas avanzados de riego que permiten reducir significativamente el consumo de recursos. Hablamos con Cristina Vila, gerente del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, para analizar cómo se está construyendo esta infraestructura verde, qué impactos está generando y cuáles son los retos de futuro para consolidar una ciudad más saludable, resiliente y sostenible.
Barcelona ha experimentado una transformación urbana profunda en las últimas décadas, en la que el espacio público ha ido ganando protagonismo. ¿Cómo ha evolucionado el modelo de infraestructura verde urbana en la ciudad y qué hitos han marcado este proceso?
Los espacios verdes en Barcelona han sido históricamente muy importantes para la ciudad. Hablamos de una ciudad densa encajada entre la montaña, el mar y dos ríos que cuenta con más de 600 espacios verdes en los que hay 50 jardines históricos que han perdurado a lo largo del tiempo y que son auténticas joyas museísticas. Además, desde la segunda mitad del siglo XX, los parques y jardines públicos han ido abriéndose por toda la ciudad, con especial fuerza en las últimas décadas.
La naturaleza urbana ha ido tomando espacios de la ciudad que hasta el momento eran territorio del tráfico con el objetivo de hacer una ciudad más saludable y habitable para toda la ciudadanía y con la idea que la naturaleza urbana es esencial para el futuro de Barcelona. Hablamos de espacios emblemáticos como el parque de les Glòries, una gran esplanada verde con equipamientos y zonas lúdicas que ha unido barrios donde antes se alzaba un gran anillo viario. O del parque de Can Batlló, que ha llenado de verde una antigua y extensa área fabril, o el de las Tretze Roses, todos ellos ejemplos de grandes extensiones de verde y zonas de estancia con servicios y equipamientos al servicio de la ciudadanía, como las grandes áreas de juego infantil o los espacios deportivos. E inclusos los ejes verdes que han pacificado muchas calles, algunas de ellas auténticas arterias viarias, han poblado de árboles, arbustos y parterres el asfalto.
Barcelona cuenta con más de 600 espacios verdes y 50 jardines históricos que son auténticas joyas museísticas
Hoy en día, la infraestructura verde se concibe como una red estratégica dentro del sistema urbano. ¿Qué papel desempeña actualmente dentro de la planificación urbana de Barcelona y cómo se integra en las políticas municipales?
En la actualidad, en Barcelona no se concibe ningún proyecto o remodelación del espacio público sin que el verde y los elementos naturales tengan un papel esencial. La naturaleza urbana se entiende como un factor clave para el bienestar, la salud y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
Uno de los patrimonios verdes más relevantes es el arbolado urbano, que contribuye a mejorar el confort ambiental, reducir la contaminación, mitigar el efecto isla de calor y proporcionar sombra y refugio térmico. En este sentido, la principal estrategia municipal es el Plan Clima, que marca el rumbo de la ciudad frente a los efectos del cambio climático a través de políticas integradas en ámbitos como el verde, el agua o la energía. Esta planificación se complementa con el Plan Endreça, que garantiza el buen funcionamiento y la puesta al día del espacio
El riego eficiente permite ahorros de entre el 30% y el 50% en el uso del agua
público. En el ámbito del verde urbano, este plan está impulsando actuaciones de renovación y mejora en espacios emblemáticos como el parque de la Ciutadella o el Parque del Laberint d`Horta, así como en áreas de juego infantil, zonas lúdicas para perros y circuitos deportivos.
En conjunto, la infraestructura verde se integra hoy como una red estratégica en la planificación urbana de Barcelona, transversal a las políticas municipales y esencial para avanzar hacia una ciudad más saludable, robusta y resiliente.
En el contexto de cambio climático en el que nos encontramos, el verde urbano se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la resiliencia de las ciudades. ¿Qué impacto está teniendo en la ciudad en términos de adaptación climática, confort urbano y provisión de servicios ecosistémicos?
Barcelona está utilizando el verde urbano no como un elemento paisajístico, sino como una herramienta fundamental para la adaptación climática, capaz de mejorar el confort urbano, reforzar los servicios ecosistémicos y hacer la ciudad más permeable, saludable y preparada para los retos climáticos futuros.
La integración de infraestructura verde con sistemas de drenaje sostenible está permitiendo reducir la escorrentía y el riesgo de inundaciones, aumentar la permeabilización del suelo y favorecer la recarga de los acuíferos, reforzando así la resiliencia hídrica de la ciudad.
El uso del agua freática y la implantación de sistemas de riego por goteo tienen un impacto significativo en la eficiencia del uso del agua, con ahorros estimados de entre el 30 y el 50 %, facilitando el mantenimiento del verde urbano durante periodos de sequía.
En términos de confort urbano, el aumento de la cobertura vegetal contribuye a una reducción del efecto isla de calor, con descensos de temperatura de hasta 1–3 °C en zonas arboladas, además de mejorar la biodiversidad y la calidad ambiental. La plantación de 11.350 árboles entre 2025 y 2026 refuerza estos impactos positivos y consolida el verde urbano como una infraestructura climática esencial para Barcelona.
Siguiendo esta línea, muchas urbes están avanzando hacia modelos que priorizan soluciones basadas en la naturaleza frente a enfoques más tradicionales. ¿Qué estrategias de renaturalización está impulsando Barcelona y qué cambios han supuesto en el diseño y mantenimiento de los espacios verdes?
Otra de las estrategias clave que impulsa Barcelona en materia de adaptación climática es la renaturalización urbana, a través de soluciones basadas en la naturaleza (SbN) que permiten transformar los espacios verdes para hacerlos más resilientes, biodiversos y funcionales desde el punto de vista ecológico. Esta estrategia se concreta en actuaciones como la permeabilización de suelos, la incorporación de especies autóctonas y adaptadas al clima mediterráneo, la creación de praderas naturales, la eliminación de flora invasora y la instalación de refugios y estructuras para la fauna. Estos cambios están suponiendo una evolución significativa en el diseño y el mantenimiento de los espacios verdes, pasando de modelos más ornamentales e intensivos a otros más naturales y sostenibles.
En este marco, Barcelona cuenta con una subvención europea del programa FEDER para impulsar su proyecto de renaturalización urbana, con un presupuesto total de 3,32 millones de euros, que se desarrollará entre octubre de 2025 y septiembre de 2028 en espacios como el parque del Poblenou, Montjuïc, el parque del Guinardó o el Turó de la Peira.
Estas actuaciones permiten reforzar la biodiversidad urbana, mejorar la conectividad ecológica y consolidar el verde como una infraestructura clave para la adaptación climática de la ciudad.
La gestión del verde urbano implica coordinación institucional y una visión transversal. ¿Cómo se organiza la gobernanza de la infraestructura verde en Barcelona y qué rol desempeña el Instituto Municipal de Parques y Jardines?
La gobernanza de la infraestructura verde en Barcelona se basa en una visión transversal y en la coordinación entre áreas municipales, distritos, otras administraciones y entidades. En este marco, el Instituto Municipal de Parques y Jardines es el organismo del Ayuntamiento responsable de gestionar, preservar y desarrollar el verde urbano, actuando como referente técnico y
Desde el Instituto Municipal de Parques y Jardines se impulsa una gobernanza compartida que promueve la implicación de la ciudadanía en el cuidado de los espacios verdes
operativo para garantizar su integración en las políticas urbanas y de adaptación climática.
Además, el Instituto tiene un papel clave en la implicación de la ciudadanía y el tejido social, promoviendo una gobernanza compartida del verde. A través de programas como Mans al Verd, la Red de Huertos Municipales, el Barcelona Espigola o las iniciativas de formación y divulgación del Centre de Formació del Laberint, se fomenta la corresponsabilidad, el cuidado de los espacios verdes y el vínculo de la ciudadanía con la biodiversidad urbana. En conjunto, este modelo permite avanzar hacia una infraestructura verde bien gestionada, resiliente y socialmente integrada.
En los últimos años, se han impulsado intervenciones destacadas en el espacio público. ¿Qué proyectos recientes considera más transformadores en materia de verde urbano y qué lecciones han aportado?
En los últimos años, Barcelona ha impulsado intervenciones del espacio público con un alto impacto transformador a través del verde urbano, especialmente en ámbitos estructurales de la ciudad. Un proyecto ya consolidado es la transformación de la Ronda de Sant Antoni, que ha convertido una antigua infraestructura viaria en un nuevo eje ciudadano, incorporando arbolado, espacios de estancia y mejorando notablemente el confort urbano en un entorno muy denso. Otro ejemplo clave es la finalización del parc de les Glòries, del que hemos hablado antes, que ha permitido sustituir un gran nodo viario por un nuevo pulmón verde central, ganando superficie verde, arbolado y espacios de uso para la ciudadanía, además de coser barrios históricamente separados y crear una nueva centralidad urbana.
La principal lección de estos proyectos es que el verde urbano integrado en operaciones estructurales actúa como una infraestructura clave para mejorar el confort, la cohesión urbana y la resiliencia climática de Barcelona.
El verde urbano integrado en operaciones estructurales mejora el confort y la cohesión urbana. Por ello, la transformación de grandes infraestructuras viarias en espacios verdes ha sido clave en la ciudad
¿Cuáles son las principales líneas estratégicas o proyectos previstos para seguir desarrollando la infraestructura verde en los próximos años?
En los próximos años, Barcelona continuará desarrollando la infraestructura verde a partir de una apuesta clara por el mantenimiento, la mejora y la transformación del espacio público, con el Plan Endreça como eje principal. En 2026, este plan prevé la mayor inversión anual realizada hasta ahora, con más de 200 millones de euros, que permitirán llevar a cabo más de 1.300 actuaciones de mantenimiento y renovación y 36 intervenciones de transformación en todos los barrios. Dentro de este marco, 107 proyectos estarán orientados específicamente a la renovación de espacios verdes, como parques, jardines e interiores de manzana, con el objetivo de poner al día el verde urbano existente y garantizar un acceso más equitativo y de calidad. Otros proyectos de futuro relevantes son el nuevo parque del Front Litoral de la Mar Bella (Nova Mar Bella), que reforzará la continuidad verde del litoral y aportará sombra, biodiversidad y confort climático en una zona especialmente vulnerable al cambio climático. Asimismo, el futuro parque de la Sagrera se configura como una de las grandes transformaciones urbanas previstas, concebido como un gran corredor verde capaz de coser barrios separados por las infraestructuras ferroviarias y generar una nueva columna vertebral verde para la ciudad.
Todas estas líneas de actuación refuerzan una visión estratégica que sitúa a los parques y jardines como piezas clave de la ciudad, impulsando nuevas formas de planificar, diseñar y gestionar el verde urbano, mejorando su distribución territorial y garantizando un acceso equitativo para toda la ciudadanía, como elemento esencial de bienestar y calidad de vida.
La gestión del verde urbano está evolucionando hacia enfoques más técnicos y basados en criterios ecológicos. ¿Qué cambios se están produciendo en los modelos de mantenimiento, gestión de la biodiversidad o evaluación del verde urbano?
En los últimos años, la ciudad ha avanzado hacia un modelo de gestión del verde urbano donde la gestión ecológica se aplica
La gestión ecológica del verde urbano se aplica de forma generalizada y se concibe el arbolado, con más de 240.000 ejemplares y de 500 especies, como pieza central para el futuro de Barcelona
de forma generalizada en todos los espacios verdes, mientras que la naturalización se impulsa allí donde es posible, priorizando ecosistemas más diversos, robustos y autosuficientes. En el ámbito del mantenimiento, se ha consolidado una cultura más sostenible, con una reducción significativa del uso de productos químicos y una apuesta clara por la lucha integrada contra plagas y enfermedades. Este enfoque permite una gestión más eficiente, respetuosa con el medio ambiente y beneficiosa para la salud y el bienestar de la ciudadanía.
El arbolado urbano es una pieza central de este cambio de modelo. Con más de 240.000 árboles y unas 500 especies, Barcelona trabaja para preservar y ampliar este patrimonio incorporando especies más resistentes a la sequía, al calor y a las condiciones urbanas adversas, con menores requerimientos hídricos y mejor adaptación a suelos compactados. En este contexto, destaca el convenio impulsado por el Instituto Municipal de Parques y Jardines, en colaboración con el CREAF y la Fondazione Capellino, para evaluar el comportamiento y los beneficios ecosistémicos de nuevas especies arbóreas.
Esta investigación permitirá orientar futuras plantaciones con criterios científicos, reforzando la resiliencia del verde urbano y la calidad de vida de la población.
espacios verdes con suelos permeables y especies adaptadas al clima, permiten avanzar hacia un verde urbano más eficiente, resiliente y alineado con los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de la ciudad.
Estas medidas, junto con el diseño de espacios verdes con suelos permeables y especies adaptadas al clima, permiten avanzar hacia un modelo de verde urbano más eficiente en el uso de los recursos, menos intensivo en agua potable y mejor preparado para afrontar los efectos del cambio climático.
Además, la incorporación de tecnología también está redefiniendo la gestión de los servicios urbanos. ¿Qué herramientas digitales o soluciones tecnológicas están utilizando y cómo están mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones?
Gracias a la ampliación de la red de agua freática, que incorporará hasta 150.000 m3 adicionales, se reducirá significativamente el uso de agua potable para el riego
Por otro lado, el uso de recursos como el agua o la energía se ha convertido en un eje crítico en el diseño y conservación de zonas verdes. ¿Qué medidas están implementando para avanzar hacia una gestión más eficiente y descarbonizada del verde urbano?
La gestión eficiente de los recursos es un eje clave en el verde urbano, con especial énfasis en el uso de agua freática y la optimización del riego. La ciudad está finalizando los siete ámbitos de ampliación de la red de agua freática (Alfons el Magnànim, Palau Reial, Av. Diagonal, Can Batlló, Eixample y Montjuïc), que permitirán incorporar hasta 150.000 m³ adicionales, un 20 % más de capacidad, equivalente a unas 60 piscinas olímpicas. Esta ampliación permitirá regar hasta 186 hectáreas de zonas verdes con agua freática, incrementando en 21 hectáreas la superficie actual y reduciendo de forma muy significativa el consumo de agua potable, especialmente en periodos de sequía. Paralelamente, se avanza en la implantación de sistemas de riego más eficientes, como el riego por goteo, la sectorización y la telegestión, que ajustan el aporte de agua a las necesidades reales de la vegetación. Estas medidas, junto con el diseño de
Barcelona dispone de riego automático en parques y jardines desde finales del siglo XX, especialmente a partir de los años 90, con la generalización de los programadores eléctricos en los espacios verdes municipales. Este primer nivel de automatización permitía una gestión horaria del riego, aunque sin control remoto ni capacidad de ajuste dinámico.
El salto cualitativo se produce con la incorporación de herramientas digitales y la telegestión del riego, que la ciudad empieza a desplegar de forma estructurada a partir de 2013–2014, inicialmente mediante proyectos piloto en grandes parques.
La telegestión permite controlar y ajustar el riego a distancia, sectorizar los espacios verdes y adaptar los aportes de agua a partir de datos meteorológicos, humedad del suelo y necesidades reales de la vegetación. El sistema interrumpe automáticamente el riego cuando llueve, se ajusta a episodios de calor o viento y permite detectar fugas o consumos anómalos en tiempo real, mejorando de forma significativa la eficiencia operativa.
Gracias a la implantación progresiva de la telegestión y a la modernización de los sistemas de riego, el consumo de agua destinado a los espacios verdes municipales se ha reducido entorno a un 25–30 % en los últimos años, incluso en un contexto de sequías recurrentes. En conjunto, estas herramientas consolidan una gestión del verde urbano basada en datos, más eficiente, resiliente y alineada con los objetivos de sostenibilidad y adaptación climática de Barcelona.
La primavera marca el inicio de una etapa exigente para ayuntamientos y servicios municipales encargados de parques, jardines y espacios públicos. El crecimiento de la vegetación se intensifica, se multiplican las necesidades de siega, poda y desbroce, y los equipos deben responder con rapidez, eficacia y organización.
En este escenario, la elección de la maquinaria resulta determinante. En la siega profesional, las máquinas de giro cero ganan terreno por su capacidad para trabajar en entornos urbanos complejos. Ferris ha reforzado su presencia en este
segmento con cortacéspedes concebidos para uso profesional, donde la maniobrabilidad, la calidad de corte y el confort del operario ocupan un lugar central. Su sistema de suspensión patentado reduce la fatiga en terrenos irregulares y favorece un avance más estable, algo especialmente valioso en zonas verdes con obstáculos o recorridos sinuosos.
Junto a ello, avanza una manera más eficiente de gestionar los restos vegetales. El mulching se consolida como práctica cada vez más presente por su capacidad para aprovechar el material generado en labores de mantenimiento y mejorar la salud del suelo. Bien utilizado, ayuda a conservar la humedad, limita la aparición de malas hierbas, reduce la erosión y devuelve materia orgánica al terreno, cerrando de forma sostenible el ciclo de los residuos vegetales.
En la siega profesional, las máquinas de giro cero ganan terreno por su capacidad para trabajar en entornos urbanos complejos
En ese proceso, las trituradoras desempeñan un papel esencial. Las máquinas de Ohashi, especializadas en el tratamiento de material orgánico, transforman ramas y restos vegetales en una astilla uniforme destinada a compostaje, bioenergía o mulching. Destaca la versatilidad de sus equipos para generar material reutilizable a partir de restos de poda municipal. A ello se suma que se trata de trituradoras compactas, con desplazamiento sobre orugas, lo que facilita su traslado hasta el punto de intervención y mejora su operatividad en zonas de acceso complicado.
Por su parte, TS Industrie, fabricante europeo de trituradoras y equipos para residuos verdes, ofrece soluciones para jardineros, arboristas y servicios municipales. Su catálogo incluye máquinas de disco de corte para ramas de mayor diámetro y trituradoras multivegetales con rotor mixto patentado, que combina cuchillas y martillos para procesar con eficacia ramas y restos verdes. Esa polivalencia destaca en el ámbito municipal, donde el residuo vegetal cambia según espacio, temporada e intervención realizada.
La campaña de primavera no depende únicamente de la maquinaria de mayor tamaño. El rendimiento de una brigada municipal también se apoya en herramientas capaces de rematar tareas, intervenir en áreas de difícil acceso y mantener el nivel de detalle del espacio público. Así, las soluciones de mano para poda, mantenimiento y desbroce son una pieza fundamental en cualquier flota. Dentro de ese grupo, las desbrozadoras a batería de Milwaukee son una alternativa cada vez más valorada. Su comodidad de uso, el menor nivel de ruido y la libertad de movimiento que ofrecen al prescindir del combustible las convierten en una opción interesante para repaso,
Las
limpieza y mantenimiento en áreas sensibles o de acceso complicado. A ello se suma reducir el mantenimiento mecánico y avanzar hacia equipos más versátiles.
La primavera obliga a los servicios municipales a combinar capacidad de respuesta, planificación y criterio técnico. Apostar por equipos de corte eficientes, herramientas de apoyo fiables y soluciones de trituración para reutilizar el residuo vegetal es una forma inteligente de optimizar recursos y avanzar hacia una gestión sostenible de las zonas verdes. Ahí es donde un especialista como Green Mowers puede marcar la diferencia. La experiencia sobre el terreno y el conocimiento de las necesidades de los equipos municipales permiten facilitar las máquinas más adecuadas, acompañadas de un asesoramiento cercano y de soluciones ajustadas a cada tipo de trabajo.
CONTENIDO DE GREEN MOWERS
La ciudad incorpora segadoras profesionales eléctricas de Toro para mejorar la eficiencia del servicio y reducir el impacto ambiental en parques y jardines
La gestión de las praderas urbanas se enfrenta en la actualidad a un doble reto: preservar la calidad del servicio y tratar de minimizar el impacto ambiental. En este contexto, la electrificación de la maquinaria profesional comienza a consolidarse como una elección eficaz para las ciudades, ya
que permite reducir emisiones directas y niveles de ruido sin renunciar a la productividad necesaria para el mantenimiento.
LA APUESTA DE BURGOS
En ciudades con amplias redes de parques y jardines, como Burgos, esta tran-
sición a la electrificación del parque de maquinaria ya se ha materializado. En julio de 2025, la ciudad incorporó una flota de segadoras profesionales eléctricas de la marca Toro, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de mantenimiento más respetuoso con el entorno, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia del servicio.
“Burgos es una ciudad con muchas zonas verdes. Sus parques y jardines están bien cuidados y sus técnicos municipales están apostando por modernizar el servicio de mantenimiento para avanzar hacia una gestión sostenible, teniendo especial cuidado por el arbolado”, explica Manuel Rodrigo responsable de la UTE Jardines de Burgos, formada por Valoriza Servicios Medioambientales y Parque Norte. “Todos los agentes implicados en la labor estamos trabajando por hacer de Burgos una ciudad verde, capaz de convivir en armonía con su entorno y con sus vecinos”, añade.
Las nuevas segadoras eléctricas incorporadas al parque de maquinaria de Burgos son las eGranStand de Toro, una segadora eléctrica diseñada específicamente para trabajos en entornos urbanos donde la maniobrabilidad, la precisión y la productividad resultan fundamentales. Este modelo incorpora la tecnología de baterías HyperCell, desarrollada por Toro para ofrecer un rendimiento equivalente al de los equipos de combustión.
Esta segadora cuenta con una plataforma plegable que permite alternar fácilmente entre el modo manual y el modo montado, adaptándose a todos los terrenos. Además, su diseño compacto mejora la visibilidad del operador y permite trabajar con mayor seguridad en espacios con obstáculos.
El parque de maquinaria de Burgos también incorpora una segadora de
alta productividad Toro Groundsmaster 4000-D para trabajos en grandes superficies y tres unidades del modelo Toro Z-Master 4000, equipadas con el sistema de suspensión MyRIDE y un sistema de hibridación a GLP desarrollado por Riversa. A este equipamiento se suman 21 cortacéspedes de mano totalmente eléctricos, así como una flota de vehículos de transporte, compuesta por 16 unidades totalmente eléctricas y 24 vehículos con etiqueta ECO, que refuerzan la operatividad de los equipos municipales en las labores diarias de mantenimiento.
importante. También un reto para nuestro modelo organizativo. Hemos tenido que adaptarnos a nuevas herramientas, divulgar sus ventajas y formar a los empleados para integrarlas en el trabajo diario”, señala Manuel Rodrigo, puntualizando que el paso a la electrificación del parque de maquinaria ha merecido la pena. “Seguimos avanzando hacia un servicio sostenible”.
Tras varios meses de uso, la operativa diaria confirma que las soluciones eléctricas pueden integrarse con éxito en los servicios municipales de mantenimiento. “A nivel de eficiencia vemos que las máquinas eléctricas cumplen con su trabajo, a la vez que responden al marco normativo europeo. Eso demuestra que ha sido una decisión acertada”, concluye Rodrigo.
eGranStand de Toro es una segadora eléctrica diseñada para trabajos en entornos urbanos donde maniobrabilidad, precisión y productividad son fundamentales UN CONTENIDO DE RIVERSA
La incorporación de las segadoras eléctricas ha supuesto cambios en la organización del servicio que no han afectado a su operatividad. La introducción de nuevas tecnologías eléctricas ha requerido de un proceso de adaptación técnica y operativa por parte de los equipos encargados del mantenimiento. “Ha sido una apuesta innovadora e
LA EVIDENCIA CIENTÍFICA CONFIRMA QUE EL ACCESO A ESPACIOS VERDES REDUCE LA MORTALIDAD, MEJORA LA SALUD MENTAL Y MITIGA EL CALOR URBANO, PERO SU DISTRIBUCIÓN
DESIGUAL EN LAS CIUDADES CONVIERTE EL URBANISMO EN UN FACTOR DETERMINANTE DE INEQUIDAD SANITARIA
LUIS BUSTAMANTE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara en este tema: la exposición a espacios verdes se asocia con una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas, así como con mejoras en la salud mental y en enfermedades cardiovasculares. Si atendemos a otros análisis como el publicado en The Lancet Planetary Health, observamos que el aumento de la vegetación urbana podría prevenir hasta un 4% de las muertes prematuras en ciudades europeas, al reducir la exposición a contaminantes atmosféricos y al estrés térmico.
Sin embargo, el acceso a estos beneficios dista mucho de ser universal. Otro estudio reciente, en este caso impulsado por la Comisión Europea y la Universidad de Copenhague, publicado en Nature Communications, revela que solo el 13,5% de la población urbana europea cumple íntegramente la regla 3-30-300, uno de los principales estándares internacionales para evaluar el acceso al verde urbano. Más aún, el 21% de la población no cumple ninguno de sus criterios básicos, lo que evidencia importantes déficits en la planificación de la infraestructura verde en las ciudades.
Estos datos son solo algunos ejemplos de los muchos que señalan la planificación urbana como un factor determinante para la salud de la población. Ahora más que nunca, bajo un contexto de cambio climático -con un notable aumento de las olas de calor- así como en medio de una creciente desigualdad económica, la evidencia científica sitúa a la infraestructura verde como una de las herramientas más eficaces -y a la vez más desigualmente distribuidas- para proteger la salud urbana.
Este último factor resulta especialmente crítico. De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), el calor extremo es ya la principal causa de mortalidad climática en Europa, con más de 60.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas solamente en el año 2022. Este fenómeno se ve ampli-
4%
de las muertes prematuras podrían evitarse con más vegetación urbana (The Lancet Planetary Health)
Se producen
60.000 muertes
anuales por calor extremo en Europa (EEA, 2022)
Solo el
13,5% de la población urbana cumple la regla 3-30-300
El 21%
no cumple ninguno de sus criterios
Puede haber diferencias térmicas de hasta
2-4 ºC
entre barrios con distinta cobertura vegetal
ficado además por el llamado efecto isla de calor urbana, que puede elevar las temperaturas en varios grados en zonas densamente urbanizadas respecto a su entorno periurbano.
Estos impactos no afectan a toda la población por igual. En este sentido, datos publicados por la propia EEA sobre el acceso a espacios verdes y azules en Europa señalan que los barrios con menor renta, mayor densidad y población más envejecida presentan, de forma sistemática, menor disponibilidad de zonas verdes de calidad. Esta desigualdad territorial se traduce en una mayor exposición al calor, peor calidad del aire y, en consecuencia, peores indicadores de salud.
INFRAESTRUCTURA VERDE: DE ELEMENTO URBANO A INFRAESTRUCTURA DE SALUD
El reconocimiento de la infraestructura verde como un elemento clave en la salud pública urbana no es solo una cuestión teórica, sino una realidad cada vez más presente en la planificación de las ciudades. Más allá de su función ambiental, los espacios verdes actúan como sistemas de regulación térmica, mejora de la calidad del aire y soporte para el bienestar físico y mental, especialmente en entornos urbanos densos.
Al igual que las redes de transporte o abastecimiento, el verde urbano comienza a entenderse como un activo estratégico, capaz de reducir riesgos antes de que estos se traduzcan en impactos sanitarios. La evidencia científica ha demostrado que la proximidad a espacios verdes influye directamente en variables como la actividad física, el estrés o la exposición a contaminantes, configurando un entorno más resiliente frente a crisis climáticas y sanitarias.
En esta línea, Mariana Mauriño, investigadora de ISGlobal, subraya que la planificación urbana, a través de una mayor presencia de espacios verdes, no solo mejora la vida cotidiana, sino que contri-
buye también a reducir la presión sobre los sistemas sanitarios. De esta forma lo resume: “La planificación urbana no puede concebirse de forma aislada respecto a la salud de quienes habitan la ciudad”. Esta visión es compartida también desde el ámbito del diseño urbano y del paisaje, que insisten en la necesidad de incorporar estos criterios desde la fase
de planificación. “Está más que demostrado que la infraestructura verde es fundamental para la salud de las personas, pero no solo la física sino también la mental. Tener una zona verde de calidad cerca de las viviendas u oficinas mejora la calidad del aire, reduce el ruido y mejora el confort térmico tanto en verano como en invierno”, afirma Iñaki Viñuela,
presidente de la Asociación Española de Paisajistas (AEP).
Más allá de los beneficios ambientales directos, esta aproximación introduce una cuestión clave en el debate urbano: la importancia de la proximidad y el acceso cotidiano al verde. No se trata únicamente de disponer de grandes superficies verdes en el conjunto de la
La infraestructura verde es fundamental para la salud de las personas, no solo desde el punto de vista físico, sino también mental. Tener una zona verde de calidad cerca mejora el aire, reduce el ruido y aporta confort térmico.
Iñaki Viñuela, presidente de la Asociación Española de Paisajistas.
Es momento de entender los espacios urbanos como espacios de salud, como cualquier otra infraestructura pública que habitamos.
Mariana Mauriño, Investigadora de ISGlobal.
ciudad, sino de garantizar que estos espacios formen parte de la vida diaria de la población, especialmente en aquellos entornos donde los riesgos asociados al calor, la contaminación o el aislamiento social son más elevados.
Desde ISGlobal inciden en este cambio de enfoque trasladando el debate desde los beneficios hacia su integración efectiva en la planificación urbana. En palabras de Mauriño, “es momento de entender los espacios urbanos como espacios de salud, como cualquier otra infraestructura pública que habitamos”.
El acceso a la infraestructura verde no es uniforme dentro de las ciudades. Lejos de responder únicamente a criterios urbanísticos o ambientales, su distribución refleja en muchos casos patrones históricos de desigualdad socioeconómica, que hoy se traducen en diferencias tangibles en términos de salud y exposición al riesgo climático.
En este sentido, la infraestructura verde actúa como un factor modulador de la vulnerabilidad urbana. La falta de arbolado, sombra o espacios de estancia en determinados barrios intensifica el efecto isla de calor, elevando las temperaturas locales y reduciendo la capacidad de adaptación de la población. Diversos estudios han demostrado que la diferencia térmica entre zonas con alta y baja cobertura vegetal puede superar los 2-4 ºC en episodios de calor extremo, con implicaciones directas en la mortalidad y en el aumento de ingresos hospitalarios.
Esta desigualdad no es casual. Como apunta Viñuela, la distribución del verde urbano responde en gran medida a decisiones políticas acumuladas a lo largo del tiempo: “Es evidente que la distribución de las zonas verdes es un tema político dentro de las ciudades. Históricamente, las zonas con rentas más altas cuentan con mayor número y mejores zonas verdes, así como con aceras más amplias, servicios e infraestructuras”.
A esta lectura desde el urbanismo se suma la evidencia científica. Desde ISGlobal advierten que esta desigualdad en el acceso al verde urbano no solo refleja diferencias territoriales, sino que se traduce en una mayor exposición a otros estresores ambientales, como la contaminación del aire, el ruido o, especialmente, el calor, afectando de forma más intensa a los barrios con menor renta. Más allá de la disponibilidad física de espacios, la calidad y el mantenimiento también juegan un papel determinante.
La evidencia muestra que los barrios más vulnerables no solo cuentan con menos zonas verdes, sino que estas tienden a presentar peores condiciones de conservación, menor biodiversidad y menor capacidad de generar confort térmico, lo que limita su uso efectivo por parte de la población.
Accesibilidad y proximidad: el acceso real al verde urbano
A ello se suma una cuestión clave: la accesibilidad real. En muchos entornos urbanos, la necesidad de desplazarse mayores distancias para acceder a un parque o zona verde reduce su uso cotidiano, especialmente entre población mayor o con menor movilidad. En contextos de calor extremo, esta limitación se traduce en una menor capacidad de refugio climático, agravando los efectos del cambio climático sobre los colectivos más vulnerables.
Mauriño introduce aquí un matiz clave que va más allá de la distribución espacial: el efecto acumulativo de esta
La distribución de las zonas verdes es un tema político dentro de las ciudades.
Históricamente, las zonas con rentas más altas cuentan con más y mejores espacios verdes.
Iñaki Viñuela, presidente de la Asociación Española de Paisajistas.
Las actuaciones con mayor retorno en salud urbana no responden a una única solución, sino a la combinación de distintas intervenciones adaptadas al entorno:
Arbolado viario: reduce la temperatura urbana y mejora la calidad del aire
Microespacios verdes: acercan el verde al día a día en barrios densos
Corredores verdes: conectan espacios y mejoran el confort térmico en desplazamientos
Renaturalización urbana: transforma espacios impermeables en entornos más saludables
Suelos permeables y biodiversidad: aumentan la resiliencia y estabilidad de los ecosistemas urbanos
desigualdad. Mientras que los residentes con mayores ingresos cuentan con alternativas -espacios privados, capacidad de desplazamiento o segundas residencias-, los grupos más vulnerables dependen casi exclusivamente de lo que la ciudad les ofrece. “Los residentes de menores ingresos dependen casi por completo de lo que la ciudad les ofrece”, señala, lo que amplifica el impacto de esta falta de acceso en su salud.
Esta relación entre proximidad y uso efectivo del espacio verde se hizo especialmente evidente durante la pandemia, cuando las restricciones de movilidad pusieron en valor el acceso cotidiano al entorno inmediato. Como señala Viñuela, la posibilidad de disponer de estos espacios cercanos permite a la ciudadanía “estar en un ambiente varios grados por debajo” durante episodios de calor, con beneficios directos para el bienestar.
Sin embargo, esta ventaja no está igualmente distribuida. En los barrios más vulnerables, apunta, el acceso a estas zonas se complica por “la necesidad de realizar desplazamientos más largos y por la mayor saturación de los espacios disponibles”, lo que limita su uso en momentos críticos.
Durante décadas, la planificación urbana ha tendido a medir la infraestructura verde en términos de superficie total disponible. Sin embargo, la evidencia reciente apunta a que este enfoque resulta insuficiente para evaluar su impacto real en la salud de la población. La clave no reside únicamente en cuántos metros cuadrados de zonas verdes tiene una ciudad, sino en cómo se distribuyen,
cómo se conectan y, sobre todo, con qué frecuencia pueden ser utilizados por la ciudadanía.
En este sentido, diversos estudios impulsados por la OMS y la Comisión Europea subrayan la importancia del acceso cotidiano al verde, estableciendo referencias como la conocida regla del *3-30-300*: poder ver al menos tres árboles desde la vivienda, contar con un 30% de cobertura vegetal en el entorno y disponer de un espacio verde a menos de 300 metros.
La diferencia entre grandes parques urbanos y una red distribuida de pequeños espacios verdes resulta aquí fundamental. Mientras que los primeros cumplen una función relevante a escala metropolitana, su uso suele ser más puntual. Por el contrario, el arbolado viario, los microespacios verdes o los corredores peatonales sombreados configuran una infraestructura de proximidad, integrada en la vida diaria y con un impacto más directo sobre la salud.
En este punto, Mauriño refuerza esta idea al señalar que los beneficios en salud dependen de la exposición diaria y no
de visitas ocasionales, lo que explica por qué la distribución de pequeños espacios verdes cercanos resulta más eficaz que la concentración en grandes parques alejados.
Una red verde conectada para la salud urbana
Desde el sector del paisajismo, esta idea se traduce en una visión más sistémica del verde urbano. Como subraya Viñuela, ambas estrategias -grandes parques y red distribuida- deben entenderse como complementarias, ya que “cuanta más superficie tenga un parque, más servicios ecosistémicos aportará a la ciudadanía”, pero al mismo tiempo reconoce que en muchas ciudades no siempre es viable desarrollar grandes espacios de estas características.
En cualquier caso, la clave pasa por reforzar la presencia de verde en el entorno inmediato. Disponer de una zona verde cercana, independientemente de su tamaño, ya genera beneficios directos sobre la salud, lo que obliga a priorizar su implantación en el tejido urbano conso-
Los residentes de menores ingresos dependen casi por completo de lo que la ciudad les ofrece.
lidado. “Tener una zona verde cercana, independientemente de su tamaño, ya proporciona beneficios para la salud, por eso es importante priorizar su implantación por delante de su tamaño”, contextualiza al respecto Viñuela.
En esta línea, Mauriño insiste en que la lógica del acceso al verde debe centrarse en la experiencia cotidiana de la población, ya que no todos los ciudadanos cuentan con las mismas comodidades para desplazarse o acceder a espacios más alejados, lo que refuerza la necesidad de una red distribuida y accesible. Por tanto, esta aproximación -basada en la exposición cotidiana- desplaza el foco
desde la escala del proyecto hacia su capacidad de integrarse en la vida cotidiana de la población, especialmente en los barrios más densos.
Este enfoque introduce, además, una dimensión estructural en la planificación urbana: la necesidad de concebir la infraestructura verde como un sistema interconectado. Viñuela insiste en que el verdadero valor del verde urbano no reside únicamente en elementos aislados, sino en su capacidad de funcionar como un conjunto, donde “la acción combinada de las dos debería ser la estrategia elegida, así como corredores verdes que favorezcan el acceso
de la biodiversidad hasta el centro de nuestras ciudades”.
Tener una zona verde cercana, independientemente de su tamaño, ya proporciona beneficios para la salud, por eso es importante priorizar su implantación por delante de su tamaño.
Iñaki
Viñuela, presidente de la Asociación Española de Paisajistas.
De este modo, los corredores verdes dejan de ser únicamente elementos de conexión ecológica para convertirse en infraestructuras funcionales de salud urbana, capaces de articular recorridos peatonales más frescos, mejorar el confort térmico y garantizar un acceso más equitativo al verde. En ciudades cada vez más densas, esta red capilar se configura como una de las herramientas más eficaces para trasladar los beneficios de la naturaleza urbana allí donde más se necesitan.
INTERVENCIONES URBANAS CON MAYOR IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Si la evidencia científica ha demostrado el papel de la infraestructura verde en la mejora de la salud, el siguiente reto para los municipios pasa por identificar qué tipo de intervenciones generan un mayor retorno sanitario, especialmente en contextos urbanos densos y socialmente vulnerables.
En los últimos años, organismos como la OMS han insistido en que no todas las soluciones verdes tienen el mismo impacto. Elementos como el arbolado
viario, los espacios de sombra o la renaturalización de entornos cotidianos presentan una elevada capacidad para reducir la exposición al calor, mejorar la calidad del aire y favorecer el uso del espacio público. Precisamente, entre estas actuaciones, el arbolado urbano ocupa un lugar central. No en vano las calles arboladas pueden reducir la temperatura superficial entre 2 y 5 ºC durante episodios de calor extremo, generando corredores térmicamente más confortables y accesibles para la ciudadanía. A ello se suma su capacidad para filtrar contaminantes y reducir el ruido, lo que refuerza su papel como infraestructura multifuncional.
Mauriño subraya el potencial del arbolado como herramienta de salud pública frente al efecto isla de calor urbana. Según explica, alcanzar un 30% de cobertura arbórea permitiría prevenir hasta un tercio de las muertes atribuibles al calor en verano en ciudades europeas. Además, destaca que esta medida no requiere necesariamente grandes transformaciones urbanas, ya que “el simple incremento del arbolado urbano ya mitiga una cantidad significativa de calor”, lo que la convierte en una solución más fácil de extender y, sobre todo, más equitativa, al poder llegar a prácticamente todos los barrios.
Desde la perspectiva de la salud, desde ISGlobal destacan que intervenciones como el arbolado viario o los corredores sombreados permiten mitigar de forma directa los principales estresores urbanos en los recorridos cotidianos, lo que amplifica su impacto en salud frente a soluciones más puntuales o alejadas.
Junto al arbolado, los microespacios verdes -plazas de pequeño formato, jardines de bolsillo o zonas estanciales renaturalizadas- están ganando protagonismo como soluciones eficaces en barrios consolidados, donde la disponibilidad de suelo es limitada. Su valor reside en su proximidad y en su capacidad para integrarse en el día a día de la población,
actuando como puntos de alivio térmico y social. Por ello, Viñuela habla de no elegir una única solución, sino de entender que todos los componentes del verde urbano “aportan beneficios en la salud”, lo que obliga a evitar planteamientos reduccionistas centrados únicamente en elementos aislados.
Como explica Mauriño en línea con este enfoque, cada una de estas intervenciones responde a una necesidad específica -sombra, movilidad, contacto con la naturaleza o calidad del aire-, pero es su combinación la que genera un mayor retorno en salud: “El mayor retorno no proviene de elegir la intervención óptima, sino de diseñarlas como un sistema interconectado”.
Del elemento aislado al ecosistema urbano
Desde la perspectiva del paisajismo, sin embargo, estas intervenciones no deben entenderse de forma aislada. Como recuerda el presidente de AEP, “no son solo árboles o arbustos, son un ecosistema dentro de la ciudad donde el suelo, el agua y los seres vivos forman un complejo equilibrio”. El valor de Alcanzar un 30% de cobertura arbórea podría prevenir hasta un tercio de las muertes asociadas al calor en las ciudades europeas.
Mariana Mauriño, Investigadora de ISGlobal.
la infraestructura verde radica en su carácter sistémico: no se trata únicamente de incorporar elementos puntuales, sino de construir espacios equilibrados donde todos los componentes interactúan. De hecho, subraya que “cuantos más elementos compongan una zona verde, más estable será y más beneficios podrá aportar a sus habitantes”, lo que refuerza la necesidad de diseñar intervenciones completas y no meramente decorativas.
A partir de esta visión, cobra especial relevancia la conexión entre espacios. La planificación ya no puede limitarse a actuaciones puntuales, sino que debe apostar por redes interconectadas que amplifiquen su impacto. En este sentido, el papel de los corredores verdes resulta clave, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también como infraestructura funcional que facilita el acceso al verde y mejora las condiciones de confort en la ciudad.
Así, más que identificar una intervención única con mayor retorno, el reto para los municipios pasa por construir una red verde coherente y continua, capaz de integrar escala, proximidad y complejidad ecológica en beneficio de la salud urbana.
PLANIFICACIÓN URBANA: CRITERIOS PARA UNA INFRAESTRUCTURA VERDE MÁS EQUITATIVA
El avance en la integración de la infraestructura verde en las políticas urbanas plantea una cuestión clave para las administraciones locales: cómo priorizar las intervenciones en un contexto de recursos limitados y necesidades crecientes.
Durante años, la planificación se ha centrado en el incremento de superficie verde por habitante. Sin embargo, este enfoque resulta hoy insuficiente si no se acompaña de otros criterios como la accesibilidad, la generación de sombra o la atención a los barrios con mayor vulnerabilidad climática y social.
Viñuela insiste en que la clave no está en elegir entre unos u otros criterios, sino en abordarlos de manera conjunta. A su juicio, una buena planificación debe integrar todos estos factores desde el diseño, algo que solo es posible si las administraciones cuentan con perfiles especializados. En este sentido, señala que “los ayuntamientos deberían contar con profesionales del paisajismo cualificados para el diseño de las zonas verdes y los espacios públicos”, lo que permite dar respuesta simultánea a cuestiones como la superficie verde, la sombra o la accesibilidad.
Esta visión pone el foco en uno de los principales déficits actuales. Tal y como advierte, muchas de las zonas verdes no incorporan criterios de salud o equidad no por falta de conocimiento, sino porque no están siendo diseñadas desde disciplinas específicas como el paisajismo o la ecología urbana. En consecuencia, se pierden oportunidades para maximizar su impacto y adaptarlas a las condiciones reales de cada entorno.
Mauriño añade un punto complementario desde la toma de decisiones públicas: no se trata únicamente de aumentar la cantidad de verde, sino de integrarlo de forma estratégica en la ciudad, adaptándolo a las necesidades específicas de cada barrio. Como explica, las intervenciones deben responder a contextos urbanos, sociales y climáticos distintos, evitando aplicar soluciones homogéneas en todo el territorio.
De la planificación al mantenimiento: el reto de la gestión a largo plazo
Además del diseño, Viñuela subraya la importancia de la planificación estratégica y la gestión a largo plazo. En su opinión, no basta con ejecutar proyectos puntuales, sino que es necesario apoyarse en planes sólidos y bien definidos, acompañados de programas de participación y comunicación que refuercen la implicación ciudadana y la continuidad de las actuaciones.
Cuando un parque está bien diseñado, atrae a la población, que además se conciencia y se involucra en su cuidado.
Iñaki Viñuela, presidente de la Asociación Española de Paisajistas.
A ello se suma un aspecto frecuentemente relegado: el mantenimiento. Como ha señalado, garantizar una distribución más equitativa de la infraestructura verde implica también equilibrar las inversiones entre barrios, de modo que la calidad y conservación de los espacios no dependa de su localización o del nivel socioeconómico de la zona.
En este contexto, el experto descarta la existencia de barreras estructurales insalvables, pero sí apunta a un problema de enfoque. Cuando los espacios verdes no están bien diseñados, tienden a convertirse en entornos poco funcionales, con escaso uso y menor capacidad para generar beneficios sociales y ambientales. Por el contrario, explica que “cuando un parque está bien diseñado, atrae a la población que además se conciencia y se involucra en su cuidado”, poniendo de relieve el papel del diseño como elemento clave para activar estos espacios.
A este respecto, la investigadora de ISGlobal advierte de que las dificultades no son únicamente técnicas, sino también estructurales, ya que la coordinación entre áreas como urbanismo, salud, medio ambiente o movilidad sigue siendo limitada en muchas ciudades, lo que dificulta la implementación de estrategias integrales.
Mauriño añade, además, que “los ciclos políticos y la falta de continuidad en las políticas urbanas representan un obstáculo importante, ya que pueden interrumpir o revertir estrategias a largo plazo incluso cuando la evidencia científica es clara”.
• Actuar en barrios con mayor vulnerabilidad climática y social
• Priorizar la proximidad y accesibilidad frente a la superficie total
• Garantizar sombra efectiva en el espacio público
• Diseñar soluciones adaptadas al clima local
• Asegurar el mantenimiento y la calidad de los espacios
Los ciclos políticos y la falta de continuidad en las políticas urbanas pueden interrumpir o revertir estrategias a largo plazo, incluso cuando la evidencia científica es clara.
Mariana Mauriño, Investigadora de ISGlobal.
Esta reflexión conecta con una idea de fondo que atraviesa toda la planificación urbana actual: la necesidad de adaptar las soluciones a las condiciones locales. Tal y como advierte Viñuela, no todas las estrategias son replicables, ya que deben responder a factores como el clima, el contexto urbano o las características sociales de cada ciudad, evitando trasladar modelos diseñados para realidades muy distintas.
En este escenario, la infraestructura verde se consolida como mucho más que una herramienta de mejora ambiental: es un instrumento de política pública con capacidad directa para reducir riesgos sanitarios y desigualdades urbanas. La forma en que las ciudades planifiquen, diseñen y gestionen estos espacios en los próximos años será determinante para afrontar los efectos del cambio climático y garantizar entornos urbanos más habitables. No se trata solo de incorporar más verde, sino de hacerlo donde más se necesita, con criterios técnicos sólidos y una visión integradora que sitúe la salud y la equidad en el centro del urbanismo.
Automatización, precisión y sostenibilidad en el mantenimiento de zonas verdes municipales mediante tecnología de posicionamiento satelital
Gestionar espacios verdes urbanos con criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad es una demanda creciente para ayuntamientos y responsables técnicos. El uso de robots cortacésped profesionales está dejando de ser una idea futurista para convertirse en una herramienta práctica y rentable. En este contexto, los Automower® Profesional con tecnología EPOS de Husqvarna ofrecen una solución sólida para municipios que quieren delegar el corte del césped a un sistema autónomo, preciso y fácil de gestionar.
La característica que define a estos robots es la tecnología EPOS (Exact Po-
sitioning Operating System), un sistema de posicionamiento basado en satélite que elimina la necesidad de cables delimitadores físicos. Esta tecnología permite establecer límites virtuales, personalizar áreas de corte y adaptar zonas específicas según las necesidades de cada instalación. El resultado es una navegación precisa incluso en entornos complejos con mobiliario urbano, caminos y zonas de tránsito público.
Entre los modelos con más presencia en aplicaciones municipales, destacan el Automower® 560EPOS y el Automower® 580EPOS, pensados para dar respuesta a la gestión de áreas medianas y grandes con un enfoque profesional. El 560EPOS está diseñado para gestionar hasta 12.000 m² de superficie de corte, con capacidad para pendientes significativas y manejo sencillo en terrenos irregulares. Por su parte, el 580EPOS ofrece una capacidad de hasta 16.000 m², lo que lo convierte en una opción robusta para jardines públicos, parques urbanos o zonas comunitarias amplias.
Ambos modelos comparten características que los hacen idóneos para uso municipal. Funcionan de modo autónomo durante largos periodos —con recargas automáticas— y pueden integrarse fácilmente en flotas mediante Husqvarna Fleet Services, la plataforma digital que permite supervisar, programar y controlar múltiples robots desde una aplicación móvil o un ordenador. Esto facilita la planificación de trabajos, el seguimiento de estado y la optimización continua de la operación.
CALIDAD DE CORTE HOMOGÉNEA Y REDUCCIÓN DE INTERVENCIONES MANUALES
La calidad del corte es otro factor diferencial. Gracias a cuchillas de corte pivotantes y altura ajustable entre
El
uso de robots cortacésped profesionales está dejando de ser una idea futurista para convertirse en una herramienta práctica y rentable
20 y 60 mm, estos robots mantienen el césped en condiciones óptimas y homogéneas, reduciendo la necesidad de intervenciones manuales adicionales. Además, su diseño robusto y los sensores de seguridad —incluyendo detección de elevación, inclinación y obstáculos— garantizan un funcionamiento seguro incluso en espacios públicos activos.
Desde el punto de vista operativo, su funcionamiento silencioso permite programar cortes en horarios flexibles sin causar molestias a los ciudadanos. La reducción de emisiones —al ser 100 % eléctricos— contribuye también a los objetivos municipales de sostenibilidad y mejora ambiental.
En resumen, los robots cortacésped Automower Profesional con tecnología EPOS representan una evolución interesante en la gestión de zonas verdes urbanas. Con modelos como el 560EPOS y el 580EPOS, los municipios pueden automatizar tareas de corte, optimizar recursos humanos y técnicos, y asegurar un césped siempre cuidado y uniforme en jardines, parques y áreas públicas. Este enfoque no solo mejora la eficiencia operativa, sino también la experiencia de quienes disfrutan de estos espacios día a día.
UN CONTENIDO DE HUSQVARNA HUSQVARNA
LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA REDEFINE EL USO DE LA IA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, DESDE LA RECOGIDA DE RESIDUOS HASTA LA MOVILIDAD, Y EXIGE NUEVAS CAPACIDADES TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE CONTROL
LUIS BUSTAMANTE
La llegada de la inteligencia artificial, así como su implementación real, se ha dejado notar en prácticamente todos los ámbitos del día a día. Las administraciones públicas tampoco se han quedado atrás en el uso de esta herramienta, por lo que cada vez está más presente en la gestión municipal. Desde la automatización de trámites administrativos hasta la optimización de rutas de recogida de residuos o la gestión inteligente del tráfico, cada vez más ayuntamientos están incorporando progresivamente soluciones basadas en datos y algoritmos para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y responder a las crecientes demandas urbanas.
Sin embargo, esta adopción acelerada convive con importantes desafíos. La IA no solo permite reducir costes o agilizar procesos, sino que también introduce riesgos jurídicos, éticos y operativos si no se utiliza con las debidas garantías. En el ámbito local, por ejemplo, donde las decisiones impactan directamente en los ciudadanos -desde sanciones hasta servicios sociales o gestión del espacio público-, el uso de algoritmos exige un marco claro que garantice la transparencia, la equidad y la protección de derechos.
En este contexto, llega el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), llamado a marcar un punto de inflexión. La normativa, ya en vigor y plenamente aplicable a partir de agosto de 2026, establece un marco común
CADA VEZ MÁS
AYUNTAMIENTOS ESTÁN INCORPORANDO SOLUCIONES
BASADAS EN DATOS Y ALGORITMOS
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
para todos los Estados miembros basado en la clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo, imponiendo obligaciones específicas para garantizar su seguridad, fiabilidad y alineación con los derechos fundamentales. Este nuevo escenario sitúa a los ayuntamientos -considerados “desplegadores” de estos sistemas- ante la necesidad de adaptar sus estructuras, procesos y capacidades para integrar la inteligencia artificial de forma responsable.
EL AI ACT: UN NUEVO
REGULATORIO PARA EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS AYUNTAMIENTOS
Como comentábamos anteriormente, la creciente incorporación de la inteligencia artificial en los servicios públicos ha impulsado a la Unión Europea a establecer un marco normativo común que garantice un uso seguro, transparente y alineado con los derechos fundamentales. Nace así el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), ya aprobado y con aplicación plena prevista para agosto de 2026. El AI Act constituye la primera regulación integral sobre IA a nivel global y afecta de forma directa a las administraciones públicas, incluidas las entidades locales.
Uno de los elementos centrales de este reglamento es su enfoque basado en el nivel de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial. La normativa distingue entre sistemas de riesgo inaceptable (prohibidos), alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. En el ámbito municipal, muchas de las aplicaciones actuales o futuras pueden encuadrarse en la categoría de alto riesgo, especialmente aquellas que influyen en la toma de decisiones administrativas, la gestión de servicios esenciales o el tratamiento de datos personales sensibles. Esto incluye, por ejemplo, sistemas de videovigilancia
APLICACIONES
MUNICIPALES PUEDEN ENCUADRARSE EN LA CATEGORÍA DE ALTO RIESGO, ESPECIALMENTE
AQUELLAS QUE INFLUYEN EN DECISIONES
ADMINISTRATIVAS O DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
avanzada, algoritmos aplicados a procesos sancionadores o herramientas que condicionan el acceso a determinados servicios públicos.
Los ayuntamientos, considerados por el reglamento como “desplegadores” de sistemas de IA, deben asumir una responsabilidad directa sobre su uso. A diferencia de los desarrolladores, que diseñan la tecnología, los desplegadores deben garantizar que los sistemas se utilizan de forma adecuada, conforme a su finalidad y respetando las obligaciones establecidas por la normativa. Esto supone un cambio relevante para las administraciones locales, que deberán reforzar su capacidad de supervisión, comprender el funcionamiento de las herramientas que emplean y asegurar que pueden explicar y justificar las decisiones adoptadas con apoyo de sistemas automatizados.
El AI Act introduce además exigencias concretas en materia de transparencia, trazabilidad y supervisión humana. Las administraciones deberán informar a la ciudadanía cuando interactúan con sistemas de IA o cuando estos influyen en procesos administrativos, garantizar que los algoritmos pueden ser auditados y mantener siempre un control humano efectivo sobre las decisiones. A ello se suman obligaciones relacionadas con la calidad de los datos utilizados, que deben ser representativos y no discrimina-
torios, y con la documentación técnica de los sistemas, aspectos especialmente relevantes en ámbitos como la gestión de residuos, la movilidad o la planificación urbana.
Otro de los impactos más significativos del reglamento se producirá en el ámbito de la contratación pública tecnológica. Dado que la mayoría de los ayuntamientos no desarrollan sus propios sistemas de IA, sino que los adquieren
a proveedores externos, será necesario adaptar los pliegos y procesos de contratación para exigir el cumplimiento de los requisitos del AI Act. Esto implicará una mayor carga de documentación, la necesidad de verificar garantías técnicas y jurídicas, y una relación más exigente con los proveedores en términos de transparencia, mantenimiento y acceso a la información sobre el funcionamiento de los sistemas.
El AI Act no solo introduce nuevas obligaciones legales, sino que impulsa un cambio de enfoque en la forma en que las administraciones públicas integran la tecnología. Más allá del cumplimiento normativo, el reto para los ayuntamientos será avanzar hacia modelos de gobernanza de la inteligencia artificial que les permitan aprovechar su potencial sin comprometer la confianza ciudadana ni la calidad del servicio público.
La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito municipal ha superado la fase piloto y avanza hacia su integración en la operativa diaria de los servicios urbanos. Según la Comisión Europea, el uso de tecnologías basadas en datos en las ciudades puede mejorar la eficiencia de los servicios públicos hasta en un 20-30%, especialmente en ámbitos como movilidad, energía o residuos.
GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA
La IA está impulsando modelos de recogida inteligente basados en datos en tiempo real. La sensorización de contenedores y el uso de algoritmos permiten ajustar las rutas en función del nivel de llenado o de patrones históricos.
1. Optimización de rutas y reducción de desplazamientos innecesarios
2. Mejora en la planificación de los servicios de limpieza
3. Desarrollo de modelos predictivos para anticipar incidencias
La gestión del tráfico es uno de los ámbitos más avanzados en el uso de inteligencia artificial en las ciudades.
1. Sistemas de regulación semafórica adaptativa en función de la demanda
2. Análisis de flujos de movilidad en tiempo real
3. Apoyo a la planificación de infraestructuras y servicios de transporte
GESTIÓN
En el ciclo del agua, la IA se está consolidando como una herramienta clave para mejorar la eficiencia y la resiliencia de los sistemas.
1. Detección temprana de fugas en redes de abastecimiento
2. Optimización del funcionamiento de estaciones depuradoras
3. Anticipación de episodios de lluvias intensas y gestión de inundaciones
La inteligencia artificial también está transformando la relación entre administración y ciudadanía.
1. Implantación de asistentes virtuales para atención al ciudadano
2. Automatización de procesos administrativos
3. Mejora en los tiempos de tramitación y acceso a los servicios
Más allá de la tecnología y del marco normativo, la implantación efectiva de la inteligencia artificial en la administración local depende en gran medida de un factor clave: la capacidad interna de los propios ayuntamientos. La aplicación del AI Act no solo exige cumplir requisitos técnicos o legales, sino que obliga a las entidades locales a repensar su organización, sus perfiles profesionales y sus modelos de toma de decisiones.
Uno de los principales desafíos es la disponibilidad de talento especializado. La gestión de sistemas de inteligencia artificial requiere perfiles capaces de interpretar modelos, evaluar riesgos, supervisar algoritmos y garantizar la calidad de los datos. Sin embargo, muchos municipios, especialmente los de menor tamaño, carecen de estos recursos, lo que limita su capacidad para desplegar, supervisar o auditar soluciones tecnológicas complejas. Esta realidad pone de manifiesto una brecha creciente entre grandes áreas metropolitanas, con mayor músculo técnico, y administraciones locales con estructuras más limitadas.
A ello se suma la necesidad de avanzar hacia una gobernanza del dato más madura y estructurada. La IA se alimenta de datos, y su fiabilidad depende directamente de la calidad, interoperabilidad y trazabilidad de la información disponible. En este sentido, resulta imprescindible que los ayuntamientos desarrollen políticas claras de gestión del dato, establezcan estándares comunes entre departamentos y refuercen mecanismos de control que permitan garantizar la integridad y el uso adecuado de la información.
Otro aspecto crítico es la adaptación de los procesos internos. La incorporación de la IA no puede abordarse únicamente como una capa tecnológica añadida, sino que implica revisar procedimientos, redefinir responsabilidades y asegurar que existe una supervisión humana efectiva
en las decisiones automatizadas. Esto requiere integrar la inteligencia artificial en la lógica de funcionamiento de la administración, evitando soluciones aisladas o desconectadas de la operativa real de los servicios.
Con todo ello, cobra especial relevancia el papel de las estructuras supramunicipales y los espacios de colaboración. Entidades como áreas metropolitanas, diputaciones o redes de ciudades pueden actuar como facilitadores, compartiendo conocimiento, impulsando estándares comunes y generando economías de escala que permitan a los municipios acceder a capacidades técnicas que, de forma individual, serían difíciles de asumir. Este enfoque colaborativo se perfila como una de las claves para reducir la brecha existente y avanzar hacia una implantación más homogénea de la inteligencia artificial en el territorio.
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SEGURIDAD, RESILIENCIA Y CONFIANZA: LA CONDICIÓN PARA UNA IA ÚTIL EN LA CIUDAD
A medida que la inteligencia artificial se integra en la operativa urbana, los algoritmos no funcionan de forma aislada: se apoyan en redes de sensores, plataformas de datos, sistemas de gestión, dispositivos IoT y entornos cloud que amplían la superficie de exposición. Desde la Empresa Nacional de Innova-
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial redefine el uso de estas tecnologías en el ámbito público. Estas son las principales implicaciones para las administraciones locales:
1. Un marco basado en el riesgo
El AI Act clasifica los sistemas según su impacto. Muchas aplicaciones municipales, como sanciones, vigilancia o gestión de servicios, pueden considerarse de alto riesgo.
2. El ayuntamiento, responsable del uso
Las entidades locales son consideradas “desplegadoras”, por lo que deben garantizar que la IA se utiliza correctamente y conforme a la normativa.
3. Más transparencia hacia la ciudadanía
Será obligatorio informar cuando se utilicen sistemas de IA, especialmente en procesos que afecten a derechos o decisiones administrativas.
4. Supervisión humana obligatoria
Las decisiones no pueden quedar totalmente automatizadas. Debe existir control humano y posibilidad de revisión.
5. Datos de calidad y sin sesgos
Los sistemas deberán basarse en datos fiables. Se exige evitar discriminaciones y garantizar representatividad.
6. Sistemas trazables y explicables
Los algoritmos deberán poder auditarse. De este modo, las administraciones tendrán que explicar cómo se toman las decisiones.
7. Impacto directo en la contratación pública
Los ayuntamientos deberán adaptar sus pliegos. Se exigirá a los proveedores cumplir con los requisitos del AI Act.
ción (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, llevan tiempo advirtiendo de que, en las smart cities, la automatización y la integración de datos multiplican las interdependencias entre operadores y sistemas, especialmente en ámbitos como el transporte público, la energía o la seguridad urbana. Así, un fallo, una mala configuración o un incidente de ciberseguridad pueden tener un impacto directo no solo sobre la información, sino también sobre la continuidad del servicio.
No obstante, el riesgo no es teórico. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) informó de que en 2025 gestionó más de 122.000 incidentes de ciberseguridad, y que 3.849 de ellos tuvieron como consecuencia accesos no autorizados o sustracción de datos digitales y confidenciales. Aunque esa cifra no se circunscribe al ámbito local, sí ilustra un panorama en el que las administraciones no pueden abordar la adopción de la IA solo desde la óptica de la innovación o la eficiencia. Cuando estas herramientas se utilizan en entornos sensibles -movilidad, videovigilancia, ciclo del agua, alumbrado, gestión energética o atención ciudadana-, la protección del dato, la integridad de los sistemas y la capacidad de respuesta ante incidentes pasan a ser parte del propio diseño del servicio público.
En paralelo, la confianza ciudadana se consolida como un factor decisivo. La propia Comisión Europea subraya que el AI Act introduce obligaciones específicas de transparencia para que las personas sepan cuándo están interactuando con un sistema de IA y puedan tomar decisiones informadas, una lógica especialmente relevante en los servicios públicos. En la misma línea, la OCDE viene señalando que el uso de inteligencia artificial en el sector público puede mejorar la productividad, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas, pero solo si se acompaña de salvaguardas adecuadas. El reto para los ayuntamientos no es, por tanto, incorporar IA sin más, sino hacerlo de forma que refuerce la legitimidad de la ad-
LA PROTECCIÓN DEL DATO, LA INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES PASAN A SER PARTE DEL PROPIO DISEÑO DEL SERVICIO PÚBLICO
ministración y no erosione la percepción de imparcialidad, control y seguridad en la prestación de los servicios.
Este enfoque empieza a consolidarse también en el ámbito municipal español.
El reto, por tanto, no está solo en mejorar la capacidad de los sistemas, sino en asegurar que su integración en los servicios públicos refuerza la confianza. Factores como la seguridad, la explicabilidad de los algoritmos y la fiabilidad de los resultados son ahora elementos determinantes para consolidar el uso de la inteligencia artificial en la gestión municipal.
En este contexto, las administraciones metropolitanas ya están trabajando en la adaptación a este nuevo marco. Es el caso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), cuya visión aborda estos retos desde una perspectiva operativa y estratégica.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por ejemplo, ha incorporado el uso de la inteligencia artificial en su agenda de trabajo, poniendo el foco no solo en su potencial para mejorar la eficiencia o la transparencia, sino también en la necesidad de acompañar su despliegue con formación, criterios claros de uso y un marco ético definido. En la práctica, esto supone asumir que la implantación de la IA en los ayuntamientos no es únicamente una cuestión tecnológica. En el ámbito local, donde la prestación de servicios es directa y cotidiana, la percepción ciudadana juega un papel clave. La adopción de estas herramientas debe ir acompañada de garantías que eviten que los procesos se vuelvan opacos o difíciles de entender para el ciudadano.
DIRECTOR DEL ÁREA DE INTERNACIONAL Y METRÓPOLIS
DIGITAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)
La administración local debe actuar como garante de que la IA se utilice de forma ética, segura y sin sesgos
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) será plenamente aplicable en agosto de 2026. Desde la perspectiva de las administraciones locales, ¿qué supone esta normativa y por qué es importante que los ayuntamientos empiecen a prepararse desde ahora?
El AI Act obliga a la administración local a revisar y controlar cómo diseña, compra y utiliza sistemas de IA, ya que introduce requisitos para los usos de alto riesgo, refuerza la transparencia y la supervisión humana, y prohíbe prácticas que puedan vulnerar derechos.
Para las administraciones locales esto implica adaptar nuestros procesos internos, exigir garantías a los proveedores, formar y capacitar al personal y, por último, crear una gobernanza sólida de la IA, en el caso del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Esta normativa introduce un enfoque regulatorio basado en niveles de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones municipales podrían considerarse de alto riesgo y qué implicaciones tendría esto para los gobiernos locales?
El AI Act considera de alto riesgo determinados usos de aplicaciones que pueden usarse en el ámbito local, como los sistemas de selección de personal, la videovigilancia avanzada, los modelos predictivos en materia de transporte público y los asistentes automatizados que orientan decisiones administrativas o la relación con la ciudadanía.
Para el AMB, que presta servicios en movilidad, medio ambiente, planificación territorial, vivienda o el apoyo técnico a los municipios metropolitanos, esto implica garantizar que nuestros sistemas cumplen los requisitos del reglamento.
En el marco del reglamento, las administraciones públicas son consideradas “desplegadores” de sistemas de IA. ¿Qué responsabilidades implica este papel para los ayuntamientos cuando incorporan estas tecnologías en sus servicios?
Cuando una administración pública despliega un sistema de IA, asume -como explica Concepción Campos Acuña en “De la burocracia a la Inteligencia Artificial” (Legal Today, 2025)- una responsabilidad directa sobre su impacto en los derechos de la ciudadanía y en la calidad del servicio. Se debe hacer un uso ético y responsable de la IA, evaluar los riesgos antes de implantar la herramienta, garantizar la calidad y gobernanza de los datos, asegurar supervisión humana real, documentar el funcionamiento y ofrecer transparencia y diferentes vías de reclamación. Ser des-
El AI Act obliga a la administración local a revisar y controlar cómo diseña, compra y utiliza sistemas de IA
plegador implica adoptar una gobernanza pública de la IA, y desde el AMB consideramos que esto implica actuar como garantes del interés general y de que la tecnología se utilice de forma ética, segura y sin generar sesgos o efectos indeseados.
Ser
desplegador
implica adoptar una gobernanza pública de la IA y asumir una responsabilidad directa sobre su impacto en los derechos de la ciudadanía
Uno de los pilares del AI Act es la transparencia en el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de información deberán proporcionar los ayuntamientos a los ciudadanos cuando utilicen sistemas de IA en ámbitos como la vigilancia urbana, la tramitación administrativa o la gestión de sanciones?
En materia de vigilancia se deberá explicar qué tecnologías se emplean -como análisis de vídeo o identificación biométrica-, con qué finalidad se utilizan, qué datos se recogen y cómo se supervisan, además de señalizar las zonas monitorizadas y registrar los sistemas de alto riesgo en la base europea correspondiente. Estas obligaciones buscan que la ciudadanía conozca de forma comprensible cómo se aplican estas tecnologías en el espacio público y qué garantías existen para proteger sus derechos.
En lo relativo a los procesos administrativos y sancionadores, las administraciones públicas debemos informar sobre cómo interviene la IA en la clasificación o resolución de expedientes, qué criterios se utilizan, qué datos se procesan y qué controles humanos existen para revisar o corregir decisiones automatizadas.
En servicios urbanos como la recogida de residuos, la limpieza viaria o la gestión del tráfico, cada vez se utilizan más algoritmos para optimizar rutas y recursos.
El AI Act exige que los datos sean representativos y no discriminatorios, lo que implica revisar de dónde salen, cómo se actualizan y si reflejan bien la realidad
¿Qué garantías deberán cumplir estos sistemas para evitar sesgos territoriales o decisiones automatizadas injustificadas?
La administración debe asegurarse de que los datos con los que se entrenan estos sistemas no generen desigualdades entre barrios o municipios. El AI Act exige que los datos sean representativos y no discriminatorios (art. 10), lo que implica revisar de dónde salen, cómo se actualizan y si reflejan bien la realidad del territorio. Además, estos sistemas deben permitir explicar y revisar cómo se toman las decisiones. El reglamento nos obliga a garantizar la trazabilidad (art. 12) y supervisión humana efectiva (art. 14), de modo que, si un algoritmo prioriza siempre unas zonas frente a otras, el AMB pueda detectarlo, corregirlo y justificar sus decisiones ante la ciudadanía.
Muchos municipios no desarrollan sus propios sistemas de IA, sino que los adquieren a proveedores tecnológicos. ¿Cómo cree que el AI Act va a influir en la contratación pública de soluciones digitales por parte de los ayuntamientos?
Cualquier solución digital contratada según el AI Act deberá demostrar que cumple los requisitos de calidad y ausencia de sesgos en los datos (art. 10), trazabilidad del funcionamiento (art. 12) y supervisión humana efectiva (art. 14).
A su vez, se deberá garantizar que el uso que se hace de esa herramienta es seguro y adecuado al servicio público (art. 29).
Ello supone que la administración que la utiliza debe cerciorarse de que el sistema se emplea correctamente, que entiende sus limitaciones y que puede supervisarlo y explicarlo. En la práctica se traducirá en pliegos más adaptados, mayor documentación técnica y contratos que aseguren actualizaciones y acceso a la información necesaria.
El reglamento también exige evaluación de riesgos, documentación técnica y supervisión humana de los sistemas de IA. ¿Están los ayuntamientos preparados
para asumir estas obligaciones o será necesario reforzar capacidades técnicas dentro de la administración local?
En la práctica, el AI Act plantea obligaciones técnicas —como evaluar riesgos, disponer de documentación detallada y garantizar supervisión humana— que muchos ayuntamientos aún no pueden asumir con los recursos actuales. Como señalan autores como Víctor Almonacid, estas nuevas exigencias obligarán a las entidades locales a reforzar su estructura interna mediante la incorporación de personal especializado en datos e IA, capaz de interpretar informes técnicos, supervisar el funcionamiento de los algoritmos y asegurar un uso seguro y conforme al interés público. Esta profesionalización será clave para que la administración local pueda cumplir de forma efectiva con las responsabilidades que el reglamento atribuye a los usuarios de sistemas de IA.
Algunos expertos advierten de que la ciberseguridad puede convertirse tanto en un aliado como en un “talón de Aquiles” de las smart cities. ¿Qué riesgos deberían tener especialmente en cuenta los municipios al desplegar sistemas de IA en infraestructuras urbanas críticas?
La incorporación de sistemas de IA en los servicios urbanos constituye una oportunidad para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta de las administraciones locales. Sin embargo, su integración en infraestructuras críticas -como la movilidad, la gestión energética, el ciclo del agua o los sistemas de videovigilancia- exige reforzar las garantías de seguridad digital. En este contexto, los municipios y el AMB deben fijar la ciberseguridad como un elemento clave. Ello implica asegurar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que establece los requisitos para proteger los sistemas de información del sector público. Asimismo, resulta esencial seguir las directrices promovidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), espe-
Estas nuevas exigencias obligarán a las entidades locales a reforzar su estructura interna mediante personal especializado en datos e IA
La adopción de la IA introduce riesgos que deben ser gestionados, como la manipulación de datos, ataques que alteren el comportamiento de los algoritmos o vulnerabilidades en dispositivos IoT distribuidos por la ciudad
cialmente en materia de prevención, detección y gestión de incidentes. En el ámbito catalán, este marco se complementa con la labor de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, organismo responsable de coordinar la protección digital del territorio y de impulsar estándares avanzados de seguridad. La adopción de la IA introduce riesgos que deben ser gestionados, como la manipulación de datos utilizados para entrenar modelos, ataques diseñados para alterar el comportamiento de los algoritmos, vulnerabilidades en dispositivos IoT distribuidos por la ciudad o dependencias tecnológicas que pueden comprometer la continuidad de los servicios. A ello se suma la necesidad de garantizar la protección de los datos personales y la transparencia en los procesos automatizados que afectan a la ciudadanía.
Desde la experiencia del AMB, ¿qué prácticas o modelos de gobernanza pueden servir de referencia para que los ayuntamientos integren la IA de forma ética, segura y alineada con el AI Act?
Una gobernanza eficaz de la IA requiere estructuras internas estables dedicadas a la gestión del dato, la interoperabilidad y la supervisión tecnológica. El AMB está creando un modelo basado en la centralización y estandarización de los datos urbanos, y una estrategia de IA que cumple con los estándares de calidad y está alineada con el AI Act.
En este contexto, la implantación de un espacio de datos resulta esencial: permite garantizar la calidad, trazabilidad y seguridad de la información que alimenta los sistemas de IA, facilita auditorías internas y externas, y asegura que las decisiones automatizadas se basen en datos fiables y gobernados conforme a criterios públicos.
LA DIGITALIZACIÓN DEL LITORAL EVOLUCIONA HACIA MODELOS DE GESTIÓN INTEGRADOS QUE COMBINAN TECNOLOGÍA, SOSTENIBILIDAD Y GOBERNANZA. SENSORES, DATOS Y PLATAFORMAS PERMITEN OPTIMIZAR SERVICIOS, MEJORAR LA SEGURIDAD Y PRESERVAR EL ENTORNO EN UN CONTEXTO DE CRECIENTE PRESIÓN TURÍSTICA Y DESAFÍOS CLIMÁTICOS
ÁGUEDA GARCÍA DE DURANGO
La playa inteligente o smart beach ha dejado de entenderse como un simple escaparate de conectividad para consolidarse como un modelo de gestión pública del litoral basado en datos, sostenibilidad y servicio. En esa evolución, convergen dos planos: por un lado, la visión operativa de los municipios y de los gestores del destino; y por otro, la reflexión que sitúa a la playa dentro de la lógica de los destinos turísticos inteligentes.
José María Zambrano, presidente de Smart City Cluster, resume esa transformación con una formula que trasciende el componente tecnológico: “Hoy, una playa inteligente es más que una playa con tecnología: es un espacio costero gestionado de forma más eficiente, segura, sostenible y centrada en las personas”. La clave, añade, reside en “utilizar la tecnología como herramienta para tomar mejores decisiones en tiempo real y para mejorar tanto la experiencia del usuario como la operativa de los servicios públicos”.
Ese planteamiento encaja con la aproximación desarrollada por la Universidad de Málaga en el estudio "Smart Beaches”: Análisis de prácticas de gestión inteligente en playas de destinos de la Red DTI (García Márquez et al., 2023), que vincula el concepto de playa inteligente con los marcos previos de ciudad y destino turístico inteligente. El trabajo parte de una premisa relevante para la gestión municipal: la inteligencia no se limita a añadir dispositivos o servicios digitales; exige integrar innovación, sostenibilidad y organización sobre una base mínima de calidad del espacio público. En otras palabras, una playa no puede conside-
rarse inteligente si falla en cuestiones elementales como la limpieza, la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad o el mantenimiento de equipamientos.
Desde esa perspectiva, la inteligencia aplicada al litoral se apoya en una primera capa de gestión básica y una segunda de gestión avanzada. La Universidad de Málaga sintetiza los criterios comunes presentes en las principales certificaciones de playas en España — Bandera Azul, Q de Calidad Turística e ISO 13009— y los agrupa en ocho ámbitos: información y educación ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, señalización y accesos, instalaciones y equipamientos, servicios comerciales y de ocio, y tecnología. Esta sistematización resulta especialmente útil para los ayuntamientos, ya que sitúa la digitalización dentro de un esquema más amplio de calidad y prestación de servicios.
Zambrano insiste en esa misma idea cuando enumera los elementos imprescindibles del modelo. “En primer lugar, la sensorización y la monitorización en tiempo real: afluencia, estado del mar, calidad ambiental, ocupación de aparcamientos, condiciones meteorológicas o incidencias”. A ello suma “la conectividad, porque sin una infraestructura de comunicaciones sólida no se puede integrar ni explotar toda esa información” y, en tercer lugar, “una plataforma de gestión que permita convertir los datos en acciones concretas, tanto para los gestores municipales como para los propios ciudadanos”.
EL COMPONENTE TECNOLÓGICO NO PUEDE DESLIGARSE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
QUE PRESTA LA PLAYA
LA INTELIGENCIA
El componente tecnológico, por tanto, no puede desligarse de la función pública que presta la playa. De hecho, el propio estudio advierte que la aplicación de TIC en estos espacios debe contribuir simultáneamente a mejorar la experiencia del visitante, la calidad de vida del residente y la eficiencia de la administración.
Sobre esta cuestión, Zambrano considera que el concepto ha madurado de forma significativa en los últimos años. “En los planteamientos iniciales, cuando se hablaba de playa inteligente,
el foco estaba muy puesto en incorporar tecnología visible: wifi, apps informativas, paneles digitales o cámaras”. Hoy, en cambio, “ya no se trata solo de poner tecnología, sino de integrar esa tecnología en un modelo real de gestión”. Ese cambio de paradigma desplaza el foco desde la imagen de modernidad hacia funciones mucho más concretas: anticipar problemas, optimizar servicios, mejorar la seguridad, gestionar la limpieza, controlar aforos, proteger el entorno natural y apoyar la toma de decisiones.
Con todo ello, la conexión con las estrategias de ciudad inteligente es directa. “Tiene poco sentido hablar de playas inteligentes como algo aislado del resto de la estrategia del municipio”, señala Zambrano. En los municipios costeros, la playa concentra funciones urbanas, turísticas, ambientales y económicas, de modo que su gestión inteligente enlaza con prioridades ya presentes en la agenda local: eficiencia en el uso de recursos,
movilidad, seguridad, accesibilidad, conectividad o relación con la ciudadanía. La diferencia es que todo ello se aplica a un espacio natural especialmente sensible, sometido a fuerte presión estacional y a crecientes riesgos climáticos.
La Universidad de Málaga refuerza esta idea, al señalar que las mejores prácticas deben analizarse en un marco holístico, donde la playa se concibe como un sistema sensorizado cuyos datos retroalimentan el proceso de gestión. De ahí que la playa inteligente deba entenderse más allá de una suma
de dispositivos: es una infraestructura de gobernanza local, un entorno donde la información útil permite ajustar servicios, ordenar usos, prevenir incidencias y equilibrar actividad turística con conservación del litoral.
Si el marco conceptual está cada vez más definido, la traslación a la gestión ordinaria sigue planteando dificultades relevan-
tes para los ayuntamientos. El primero de esos desafíos es la intensidad y variabilidad de la demanda. “El principal reto es gestionar una presión de uso muy alta y variable”, afirma Zambrano. Durante la temporada alta, los municipios deben responder a más afluencia, más necesidades de limpieza, más exigencia en seguridad, movilidad, accesibilidad y servicios, “y además hacerlo con capacidad de reacción casi en tiempo real”.
Esta presión no puede abordarse únicamente con refuerzos operativos clási-
cos. Requiere capacidad de anticipación y lectura dinámica del espacio. En este punto, la gestión basada en datos cobra un valor central para detectar saturaciones, ajustar recursos y evitar respuestas tardías. Pero esa aspiración tropieza con una realidad material compleja: la playa no es un entorno urbano estándar, pero sí un espacio físicamente agresivo para la tecnología.
“La principal dificultad es que el litoral no es un entorno sencillo para desplegar tecnología”, advierte Zambrano.
Los sistemas deben operar de forma continuada en condiciones marcadas por salinidad, humedad, radiación solar, viento, arena y temporales. Además, deben medir variables específicas —oleaje, corrientes, nivel del mar, calidad ambiental o afluencia— e integrar fuentes de datos heterogéneas con transmisión fiable. Esta exigencia técnica eleva tanto la complejidad del diseño como los costes de mantenimiento.
A ese desafío operativo se suma la dimensión ambiental. Para los municipios
costeros, la playa ya se gestiona, además de como recurso recreativo o turístico, como espacio sometido a erosión, eventos extremos, pérdida de ecosistemas y subida del nivel del mar. Zambrano subraya que el reto consiste en “compatibilizar el uso turístico con la protección del litoral” en un contexto de “temporales costeros más exigentes, subida del nivel del mar y pérdida de ecosistemas sensibles”. La inteligencia aplicada al litoral debe servir, por tanto, para mejorar la operativa diaria, pero también para reforzar la resiliencia y la adaptación a medio y largo plazo.
El estudio de la Universidad de Málaga ya apuntaba esta doble exigencia al integrar la gestión ambiental y la seguridad entre los criterios básicos de una playa bien gestionada. Su revisión de casos muestra que la sensorización, la información ambiental y los sistemas de control pueden ser útiles, pero siempre que se inserten en una estrategia que preserve la calidad del agua, la limpieza, la accesibilidad y la seguridad del usuario.
Y GOBERNANZA COMPLEJA
Otro de los grandes obstáculos tiene que ver con la gobernanza. La playa es un espacio donde confluyen competencias y responsabilidades de varias áreas municipales —medio ambiente, turismo, seguridad, mantenimiento, accesibilidad, información ciudadana— y, además, de varias administraciones. Zambrano identifica aquí “la fragmentación competencial” como una barrera central: “Las
playas son un espacio donde confluyen múltiples administraciones: el Gobierno central, los ayuntamientos, las comunidades autónomas… Y cada una actúa con sus propios tiempos, presupuestos y prioridades”. El resultado son solapamientos, vacíos de responsabilidad y dificultades para implantar proyectos con continuidad.
La falta de interoperabilidad entre sistemas agrava este escenario. “Cada administración recoge información de manera distinta y rara vez la comparte de forma fluida con las demás, lo que impide tener una visión integral de lo que ocurre en el litoral”, apunta Zambrano. A ello se añaden los ciclos políticos, que muchas veces interrumpen estrategias iniciadas en una legislatura, y la ausencia de un marco normativo específico para playas inteligentes, lo que favorece proyectos aislados, poco escalables y de difícil réplica.
La implantación tecnológica tropieza también con barreras organizativas. Zambrano recuerda que, en muchas ocasiones, “el problema no es tanto instalar sensores o una plataforma, sino cambiar la forma de trabajar”. Se trata de una cuestión relevante para el gestor municipal: el éxito del modelo depende menos del dispositivo en sí que de la capacidad de integrar la información en los procedimientos de limpieza, socorrismo, movilidad, mantenimiento o atención al ciudadano.
ESTACIONALIDAD, COSTES Y GESTIÓN DEL DATO
La estacionalidad añade un condicionante económico y operativo de primer orden. “Estamos hablando de infraestructuras y sistemas que deben amortizarse en una ventana de uso muy concentrada, generalmente entre tres y cuatro meses al año”, explica Zambrano. Eso “dispara el coste por uso efectivo” y complica el retorno de la inversión tanto para la administración como para las empresas proveedoras. Además, muchos sistemas deben desmontarse, recalibrarse o ponerse de nuevo en marcha cada temporada, con costes recurrentes de reinstalación, actualización y formación del personal.
En el ámbito del dato, los desafíos son igualmente específicos. Zambrano destaca “la calidad y continuidad de la captación” como primer problema, por las mayores tasas de fallo que presentan sensores y dispositivos en estos entornos. El segundo es la conectividad: “Muchas playas, incluso en zonas turísticas consolidadas, carecen de infraestructura de comunicaciones suficiente para transmitir datos en tiempo real de forma estable”. Sin esa base, la información pierde valor operativo. El tercero es la integración de fuentes heterogéneas —meteorología, ocupación, calidad del agua, socorrismo, movilidad— y el cuarto, la privacidad en espacios públicos muy concurridos, especialmente en todo
ALLÁ DE UN
MODELO: COMBINAN
SOLUCIONES AJUSTADAS AL CONTEXTO LOCAL, AL GRADO DE MADUREZ DEL DESTINO Y A LA CAPACIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES
lo relativo al cumplimiento del RGPD. En suma, el desarrollo de las smart beaches está limitado por la disponibilidad tecnológica, la madurez del mercado, la capacidad de escala y la integración con el resto de sistemas urbanos. “Todavía estamos en un proceso de desarrollo, donde la rentabilidad de los procesos de transición hacia playas inteligentes depende de la integración con el resto de sistemas de la ciudad inteligente”, resume Zambrano. Y lo expresa con una imagen especialmente elocuente para los municipios turísticos: “El uso inteligente de las playas es lo lógico y rentable, lo contrario es cargarnos nuestra gallina de los huevos de oro”.
EXPERIENCIAS EN ESPAÑA: DE PILOTOS A MODELOS REPLICABLES
España presenta ya una base reconocible de experiencias, aunque con un nivel
de desarrollo desigual. Zambrano sitúa el país en “un grado de madurez medio, con focos muy avanzados”. A su juicio, ya existe “una base metodológica bastante consolidada alrededor del modelo de Destino Turístico Inteligente impulsado por SEGITTUR”, además de un marco de normalización apoyado en normas UNE. Sin embargo, precisa que la madurez “no es homogénea” y que el reto está en pasar “de proyectos puntuales” a una integración estable en la gestión ordinaria de los municipios costeros.
El estudio de la Universidad de Málaga ofrece una fotografía útil de esa realidad a partir del análisis de cuatro referencias: playas de la Comunidad Valenciana, Fuengirola, la isla de El Hierro y la playa de Altafulla (Tarragona). La selección no pretende fijar un canon cerrado, pero sí identificar prácticas que ilustran cómo se está materializando el concepto de playa inteligente en España.
La Comunidad Valenciana aparece en el trabajo como uno de los entornos más proactivos en la definición del modelo. Impulsó, a través de Invat·Tur, una formulación específica de “playa inteligente”, además de poner en marcha proyectos piloto en Benidorm, Gandía y Benicàssim. Entre las iniciativas recogidas por la Universidad de Málaga figuran sensores electrónicos, red wifi gratuita en determinadas playas, webcams en tiempo real, herramientas de seguimiento del aforo, propuestas de mejora de accesibilidad y dispositivos orientados a
Todavía estamos en un proceso de desarrollo, donde la rentabilidad de los procesos de transición hacia playas inteligentes depende de la integración con el resto de sistemas de la ciudad inteligente.
José María Zambrano, presidente de Smart City Cluster.
la seguridad, como drones, pulseras de geolocalización y aplicaciones informativas sobre estado del mar y radiación solar. Más allá de cada solución concreta, el interés del caso valenciano radica en haber articulado una estrategia regional que conecta playa, destino turístico inteligente y prestación de servicios.
MODELOS LOCALES: SOLUCIONES ADAPTADAS AL TERRITORIO
Otro ejemplo significativo lo constituye Fuengirola con la combinación de medidas operativas y herramientas digitales. A destacar las jornadas de concienciación ambiental, control de la calidad del agua, limpieza de la arena mediante cribadoras, refuerzo del socorrismo, semáforos de ocupación, aplicación para el avistamiento de medusas, equipamientos adaptados, oferta de ocio y distintos dispositivos tecnológicos, entre ellos drones, megafonía, sistemas de información UV y una red de semá-
foros para consultar la ocupación en vivo. El interés del municipio malagueño va más allá de la tecnología visible: la articulación de servicios se basa en una lógica de gestión y comunicación con el usuario.
La isla de El Hierro aporta un enfoque distinto, más vinculado a la idea de smart island y a la gestión integral del territorio. Los investigadores malagueños destacan puntos de información turística, control de vertidos, calidad excelente del agua en sus playas analizadas, normativa estricta en materia de residuos, accesibilidad en determinados enclaves, red wifi, mapa sanitario de playas y aplicaciones informativas. El caso muestra cómo la inteligencia aplicada al litoral puede insertarse en una estrategia insular más amplia, donde la playa forma parte de un ecosistema territorial conectado.
Altafulla (Tarragona), por su parte, aparece como una experiencia de menor escala pero reveladora por la variedad de
medidas implantadas: tótems informativos, megafonía de apoyo al socorrismo, señalización de accesos, puntos de recarga, wifi, equipamientos básicos y espacios de ocio. Se trata de un ejemplo relevante para municipios medianos que buscan introducir mejoras concretas sin necesidad de desplegar una arquitectura tecnológica de gran complejidad.
Todos estos casos permiten extraer una lectura clara: en España, las playas inteligentes responden más allá de un único modelo: son una combinación de soluciones ajustadas al contexto local, al grado de madurez del destino y a la capacidad de cada administración. La aportación del estudio de la Universidad de Málaga resulta especialmente valiosa: ordena esas prácticas a partir de criterios comparables, y muestra que la inteligencia en playas se juega en el plano digital y en la capacidad de integrar información, sostenibilidad, accesibilidad, seguridad y calidad de servicio en un mismo esquema de gestión.
Problema que resuelve
Gestión y seguimiento integral de la operativa en playa: control del estado de torres de vigilancia, banderas y vehículos; gestión de incidencias; control de riesgos; coordinación de servicios de emergencia (rescates, asistencias, personas perdidas o casos de violencia de género).
Cómo funciona
• Sistema basado en aplicación móvil utilizada por el personal operativo, conectada al backend corporativo Rosmiman.
• Permite el reporte y seguimiento de actuaciones en tiempo real, con información geolocalizada, informes diarios y trazabilidad histórica.
• Se integra con el ecosistema municipal (gestión de activos, GIS, flotas, mantenimiento, salud pública o sistemas de emergencias).
Aplicación en entorno litoral
• No requiere instalación física en playa, lo que elimina condicionantes asociados a salinidad, viento o corrosión.
• Funciona a través de dispositivos móviles y conectividad de datos.
Valor para el gestor público
• Digitalización y centralización de la operativa de playas.
• Trazabilidad completa de incidencias y actuaciones.
• Mejora de la coordinación entre servicios y toma de decisiones basada en datos.
• Integración con otras áreas municipales.
Impacto en el usuario
Sistema no visible para el bañista, pero con impacto directo en la calidad del servicio: mejor respuesta ante incidencias, mayor seguridad y mayor eficiencia en la prestación de servicios.
Grado de madurez
Despliegue comercial reciente (desde verano de 2025).
Casos de aplicación
Gestión de playas de Barcelona a través de empresa concesionaria (desde 2025).
Integración
Totalmente integrado con plataformas municipales Rosmiman: GIS, cuadros de mando, gestión documental y sistemas de emergencia.
Requisitos de implantación
• Disponibilidad del backend Rosmiman.
• Operación en la nube y uso mediante dispositivos móviles.
Normativa y protección de datos
• Certificación ENS (nivel medio).
• Cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD en materia de protección de datos.
Problema que resuelve
• Ordenación del espacio litoral y control de accesos: reducción de saturación, tráfico rodado y presión sobre entornos sensibles.
• Fomento de la movilidad sostenible y mejora de la accesibilidad y organización del espacio público.
Cómo funciona
• Soluciones que combinan mobiliario urbano y sistemas de control inteligente.
• Incluyen pilonas automáticas con gestión remota para regular accesos en tiempo real y equipamientos como aparcabicicletas.
• Integrables con plataformas smart city mediante sistemas de control y comunicaciones.
Aplicación en entorno litoral
• Equipamientos diseñados específica-
mente para resistir condiciones adversas: salinidad, humedad, radiación solar y viento.
• Materiales y acabados anticorrosivos que minimizan el mantenimiento.
• Diseño adaptado a vandalismo, estacionalidad y operativa municipal.
Valor para el gestor público
• Reducción del tráfico en zonas sensibles.
• Mejor organización del espacio público.
• Menor coste de mantenimiento.
• Gestión flexible y remota de accesos.
• Impulso a modelos de movilidad sostenible.
Impacto en el usuario
• Mayor seguridad en zonas peatonales.
• Espacios más ordenados y accesibles.
• Menor presencia de vehículos en el entorno de playa.
• Mejor experiencia en paseos maríti-
mos y acceso mediante transporte sostenible.
Grado
Soluciones en despliegue consolidado en distintos entornos urbanos y litorales.
Cala Sa Tuna (Begur, Girona): sistema de control de accesos mediante pilona automática para restringir tráfico rodado, garantizar acceso autorizado y mejorar la convivencia en temporada alta.
Compatible con plataformas smart city, cuadros de mando, GIS, centros de control y sistemas de emergencia.
Requisitos de implantación
• Infraestructura básica (obra civil en pilonas).
• Suministro eléctrico o soluciones energéticas adaptadas.
• Sistemas de control e integración con plataformas existentes.
• Definición previa de criterios de uso del espacio.
Normativa y protección de datos
“La gestión inteligente del litoral no pasa solo por la tecnología digital, sino también por cómo se diseña y se ordena el uso del espacio público. Soluciones como el control de accesos o la movilidad sostenible permiten mejorar la experiencia del usuario y optimizar la gestión municipal de forma eficiente y duradera”, señala Jaume del Palacio, técnico de Benito Urban.
Problema que resuelve
Control y optimización de servicios operativos en playa, especialmente limpieza, coordinación de equipos y evaluación objetiva de la calidad del servicio en un entorno estacional, intensivo y de alta exigencia.
Cómo funciona
• Solución basada en dos aplicaciones conectadas a la plataforma MAWIS U2.
• Mawis Pocket: app móvil para operarios que permite registrar tareas, órdenes de trabajo, incidencias e inspecciones con geolocalización, fotografías y formularios personalizados.
• bitPAYT: app ciudadana que facilita la comunicación con usuarios y comercios, permitiendo reportar incidencias, solicitar servicios bajo demanda y recibir información.
• La información se integra en tiempo real en MAWIS U2 para análisis, generación automática de servicios y seguimiento de la operativa.
Aplicación en entorno litoral
• Seguimiento en tiempo real de la limpieza de playas, control de maquinaria y rutas, gestión de incidencias e inspecciones adaptadas a la campaña estacional.
• Explotación de datos mediante mapas de calor, KPIs y cuadros de mando
para identificar zonas críticas y picos de actividad.
Valor para el gestor público
• Mayor control y trazabilidad del servicio.
• Optimización de recursos en función de la demanda real.
• Mejora continua basada en datos en tiempo real.
• Disponibilidad de indicadores objetivos para evaluar calidad y rendimiento.
• Capacidad de ajustar servicios según la presión turística.
• Mayor rapidez en la resolución de incidencias.
• Mejora de la limpieza y mantenimiento del entorno.
• Canal directo de comunicación con el servicio municipal.
• Acceso a información útil y servicios bajo demanda.
Grado de madurez
Solución en despliegue en servicios urbanos, con aplicación extrapolable a entornos costeros.
Casos de aplicación
Aplicaciones implantadas en servicios urbanos y entornos costeros, con mejoras en productividad, tiempos de respuesta y optimización de rutas.
Integración completa en la plataforma MAWIS U2, con capacidad de conexión a sistemas de gestión municipal, cuadros de mando y herramientas analíticas.
Requisitos de implantación
• Dispositivos móviles para operarios.
• Implantación de la plataforma MAWIS U2.
• Conectividad de datos para transmisión en tiempo real.
• Configuración de formularios y flujos de trabajo adaptados al servicio.
Resultados
• Mejora de la productividad de equipos.
• Reducción de tiempos de respuesta a incidencias.
• Optimización de rutas y recursos operativos.
Problema que resuelve
Control de la ocupación de playas y monitorización de variables clave del litoral (calidad del agua, radiación solar, condiciones ambientales), facilitando la gestión de la afluencia, la seguridad y la información al usuario en entornos de alta presión turística.
Cómo funciona
• Sistema basado en cámaras instaladas en playa que capturan información visual para estimar el grado de ocupación.
• Integración con plataformas digitales que incorporan datos ambientales (calidad del agua, radiación solar, previsión meteorológica).
• Acceso a la información en tiempo real a través de una web app (Idrometeo), disponible mediante código QR y en varios idiomas.
• Tecnología orientada a la analítica de datos y visualización para gestores y usuarios.
Aplicación en entorno litoral
• Instalación de dispositivos en puntos estratégicos de los arenales para cubrir áreas de alta afluencia.
• Sistema adaptado a condiciones de exposición propias del litoral (radiación solar, humedad, salinidad).
• Despliegue escalable según extensión de playa y necesidades de monitorización.
Valor para el gestor público
• Información en tiempo real sobre ocupación y estado del litoral.
• Mejora de la planificación de servicios
y seguridad en playa.
• Herramienta para la gestión sostenible basada en indicadores ambientales.
• Refuerzo de la toma de decisiones en escenarios de alta demanda.
Impacto en el usuario
• Acceso directo a información sobre ocupación de playas.
• Mejora de la seguridad y planificación de la visita.
• Conocimiento de condiciones ambientales (radiación, calidad del agua, meteorología).
• Experiencia más informada y adaptada a las condiciones reales del litoral.
Grado de madurez
Solución en fase de despliegue operativo en entornos urbanos turísticos.
Casos de aplicación
Marbella (Málaga): implantación de 16 cámaras en playas de La Venus, La Bajadilla, Puerto Banús y San Pedro Alcántara (desde 2023).
Integración
Integrable con plataformas digitales municipales y aplicaciones de información al ciudadano, con capacidad de incorporación de datos ambientales y de servicios.
Requisitos de implantación
• Instalación de dispositivos de captación (cámaras) en playa.
• Conectividad de datos para transmisión en tiempo real.
• Plataforma digital o web app para visualización de la información.
• Infraestructura básica de soporte y mantenimiento.
Resultados
• Mejora en la gestión de la afluencia y planificación de servicios.
• Mayor disponibilidad de información ambiental para usuarios y gestores.
• Refuerzo de la seguridad y sostenibilidad en entornos de alta presión turística.
La transformación de las ciudades hacia modelos más peatonales, seguros y eficientes ha convertido el control de accesos en una herramienta clave para la gestión urbana. En este contexto, las pilonas han evolucionado desde simples elementos de delimitación a sistemas capaces de regular el tráfico y adaptarse a las necesidades cambiantes del espacio público.
Actualmente, existen soluciones adaptadas a cada escenario, con gamas
que incluyen pilonas automáticas, semiautomáticas y fijas, capaces de responder a distintos niveles de control y tipologías de uso.
Las pilonas automáticas permiten regular accesos en tiempo real, adaptándose a diferentes situaciones como zonas peatonales, accesos restringidos, áreas
de carga y descarga o eventos puntuales. El modelo Rambla incorpora mejoras orientadas tanto a la seguridad como a la operativa diaria. Su diseño favorece la visibilidad en el entorno urbano, mientras que su sistema sin guías internas permite mantener el funcionamiento incluso tras recibir impactos, reduciendo incidencias y tareas de mantenimiento. Además, su sistema de control permite la gestión remota e integrarse en plataformas de gestión urbana inteligente.
Las pilonas automáticas permiten regular accesos en tiempo real, adaptándose a diferentes situaciones
Un ejemplo de esta aplicación se encuentra en la Rambla Méndez Núñez, en conexión con la Explanada de España de Alicante, donde se llevó a cabo una instalación combinada de pilonas automáticas y fijas del modelo Rambla. La solución permite restringir el tráfico rodado en este entorno urbano, manteniendo la posibilidad de habilitar el paso de vehículos cuando es necesario.
SEGURIDAD EN ENTORNOS SENSIBLES
En determinados espacios, como accesos restringidos o edificios institucionales, el nivel de exigencia es mayor. En estos casos, pilonas de alta seguridad como la gama Defender ofrecen protección certificada conforme a la normativa internacional ISO 22343, frente a impactos de gran intensidad, ensayadas mediante pruebas reales.
Este tipo de soluciones permite reforzar la seguridad sin renunciar a la inte-
En zonas con menor intensidad de uso o sin suministro eléctrico, las pilonas semiautomáticas representan una solución eficiente
gración en el entorno urbano, un aspecto cada vez más relevante en el diseño de las ciudades.
SOLUCIONES PARA CADA NIVEL DE CONTROL
No todos los entornos requieren el mismo nivel de automatización. En zonas con menor intensidad de uso o sin suministro eléctrico, las pilonas semiautomáticas representan una solución eficiente, ya que permiten un uso puntual mediante accionamiento manual.
Por su parte, son ideales para delimitar espacios donde se requiere un cierre permanente al tráfico, garantizando un control continuo del acceso.
La disponibilidad de diferentes alturas, diámetros y acabados permite adaptar cada solución a las necesidades específicas de cada proyecto, facilitando su integración en el entorno urbano.
La evolución de las pilonas responde a una tendencia clara: la necesidad de contar con infraestructuras urbanas más flexibles y adaptativas. En este contexto, el control de accesos deja de ser un elemento pasivo para convertirse en una herramienta activa de gestión urbana, clave para mejorar la seguridad, optimizar la movilidad y avanzar hacia ciudades más habitables.
UN CONTENIDO DE BENITO URBAN
ENTREVISTA SUDS Y CAMBIO CLIMÁTICO
COMISIONADO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Los sistemas de drenaje urbano sostenible constituyen una oportunidad estratégica para impulsar la regeneración urbana
ÁGUEDA GARCÍA DE DURANGO
TEMAS: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, CAMBIO CLIMÁTICO, SUDS
La reconstrucción del área metropolitana de Valencia tras la DANA de octubre de 2024 ha situado la gestión del agua y la resiliencia territorial en el centro de la agenda pública. El alcance de los daños ha evidenciado la necesidad de superar enfoques fragmentados y avanzar hacia una planificación integrada, capaz de combinar infraestructuras hidráulicas, soluciones basadas en la naturaleza y una nueva gobernanza metropolitana para dar respuesta a un escenario climático cada vez más exigente.
En esta primera entrevista, Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, expone la hoja de ruta institucional: refuerzo de los sistemas de saneamiento, incorporación progresiva de los SUDS y desarrollo de grandes proyectos como los parques inundables, en coordinación con el resto de administraciones.
Esta visión se completa con una segunda entrevista desde el ámbito investigador, que profundiza en el cambio de escala necesario —del urbano al territorial— y en la integración de la huerta, las acequias y las zonas de laminación como elementos estructurales del sistema hidrológico metropolitano.
La DANA de octubre de 2024 evidenció la vulnerabilidad del área metropolitana de Valencia. Desde su responsabilidad, ¿qué diagnóstico hace de las limitaciones de los sistemas actuales de drenaje y cómo ha evolucionado la planificación autonómica tras ese episodio?
Las inundaciones del 29 de octubre de 2024 causaron una gran afección sobre el territorio en lo que supuso una catástrofe sin precedentes, un auténtico tsunami medioambiental. Los sistemas de saneamiento y depuración de aguas sufrieron daños estructurales, colapsos y desbordamientos. Esto, además del grave perjuicio que supuso para la población, tuvo una importantísima afección ambiental y en los ecosistemas, generando importantes pérdidas económicas en las zonas afectadas.
Tras la lección que supuso la DANA, somos conscientes de la necesidad de adecuar y aumentar la resiliencia de los sistemas depurativos de aguas para garantizar su funcionalidad ante eventos climáticos extremos, minimizando riesgos sanitarios, reduciendo los costes de reparación y fortaleciendo la resiliencia de la infraestructura.
Por ello estamos avanzando en la reparación de EDAR, en la mejora de su diseño, en la incorporación de soluciones innovadoras como tanques de tormenta, la adopción de alcantarillados separativos y la revisión de los diseños hidráulicos.
El objetivo final es proteger la calidad del agua, prevenir la contaminación y asegurar un servicio continuo para las comuni-
Somos conscientes de la necesidad de adecuar y aumentar la resiliencia de los sistemas depurativos de aguas para garantizar su funcionalidad ante eventos climáticos extremos
dades afectadas, especialmente ante eventos catastróficos, como inundaciones.
En ese nuevo marco, ¿qué papel están llamados a desempeñar los sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) dentro de la estrategia ante del riesgo de inundación?
Los sistemas de drenaje urbano sostenible son un conjunto de soluciones técnicas y de planificación urbana diseñadas para gestionar las aguas pluviales en las ciudades de forma más natural, eficiente y resiliente, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando la calidad ambiental.
Estos sistemas buscan imitar el comportamiento hidrológico natural del suelo previo a su urbanización. De este modo, en lugar de evacuar rápidamente el agua de lluvia por la red de alcantarillado, como ocurría en el modelo tradicional, los sistemas de drenaje urbano sostenible retienen, infiltran, laminan y reutilizan el agua de lluvia en el propio entorno urbano. Gracias a estos sistemas se puede reducir el riesgo de inundaciones, disminuyen los caudales punta en episodios de lluvia intensos y se alivia la carga del alcantarillado.
Desde el Consell intentamos fomentar la instalación de sistemas separativos de aguas en las EDAR
En un contexto de eventos extremos cada vez más frecuentes, ¿considera que los SUDS deben integrarse en la estructura del sistema de drenaje metropolitano?
Efectivamente, son una de las vías en las que tenemos que seguir avanzando. El Plan Endavant de Recuperación diseñado por el Consell contempla medidas en este sentido, como la incorporación de tanques de tormenta en zonas inundables para gestionar grandes volúmenes de agua de lluvia o la mejora de la eficiencia de los sistemas de alcantarillado.
También el fortalecimiento de las EDAR existentes mediante mejoras estructurales y tecnológicas que aumentaren su resistencia a futuras inundaciones, elevando los equipos electrónicos por encima de los niveles máximos de inundación previstos, instalando barreras impermeables, como muros de contención o compuertas, incorporando generadores de respaldo, implan-
tando sistemas de drenaje interno y sensores de nivel de agua. Asimismo, desde el Consell también intentamos fomentar la instalación de sistemas separativos de aguas en las EDAR. En estos sistemas se dividen las aguas residuales domésticas de las aguas pluviales en redes independiente, reduciendo las descargas contaminantes, evitando colapsos y minimizando desbordamientos.
El acuerdo con el Gobierno central plantea compatibilizar parques inundables con obras de encauzamiento. ¿Cuáles son los retos de esta convivencia entre infraestructura verde y obra hidráulica tradicional?
La Generalitat y el Gobierno central hemos acordado, en el marco de la Comisión Mixta para la Reconstrucción tras la DANA, compatibilizar el desarrollo del proyecto de la Generalitat de los
parques inundables metropolitanos con la ejecución, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de las infraestructuras hídricas de encauzamiento necesarias para proteger a las personas y al territorio ante futuras inundaciones. Parte de nuestro proyecto de parques metropolitanos transcurre por suelo que es de dominio público hidráulico y, en este sentido, necesitamos consensuar con la Confederación la ejecución del proyecto.
En todo caso, y esto es muy importante, hay que tener claro que la iniciativa de la Generalitat de los parques inundables es solo un complemento a las obras hidráulicas que necesariamente tiene que llevar a cabo el Gobierno central. Estas obras, muy demandadas por la práctica totalidad de los ayuntamientos, son las que verdaderamente permitirán incrementar la seguridad y la resiliencia del territorio frente a futuras avenidas de agua.
En términos de gobernanza, uno de los retos históricos ha sido la fragmentación competencial. ¿Cómo se está articulando esta nueva mesa técnica?
Por parte del Gobierno central han tardado 465 días en aprobar la puesta en marcha de una comisión mixta sobre la DANA en la Comunitat Valenciana, mientras que en el caso del volcán de la Palma la constituyeron a los 9 días de la catástrofe. Nosotros lo pedimos desde el primer momento, pero Gobierno se negó alegando falta de lealtad. Yo, personalmente, considero que la creación de este foro de colaboración se lo debíamos a la ciudadanía.
En estos momentos, la Comisión Mixta ya está funcionando, hay buena sintonía y estamos llegando acuerdos con el Gobierno. A nivel interno, hemos adoptado un funcionamiento basado en grupos de trabajo con un tamaño más reducido, que permiten una mayor agilidad y eficacia.
La gente tiene que saber qué vamos a hacer desde las diferentes administraciones y cuando lo vamos a hacer. Tan importante es llevar a cabo las actuaciones como informar a la ciudadanía sobre ellas, porque eso supone darles seguridad y garantías.
El proyecto de parques inundables metropolitanos es una de las piezas clave. ¿En qué fase se encuentra?
El 29 de octubre de 2024 fuimos testigo de cómo la Albufera actuó como una red o esponja que laminó el agua, le quitó volumen y minimizó en esa área los efectos de la inundación.
Con la idea de replicar este modelo de barrera natural antiriadas, desde la Generalitat hemos impulsado los parques inundables metropolitanos, como unas áreas verdes a disposición de la ciudadanía, que además filtrarán y laminarán el caudal de agua. El nuevo parque se estructurará en dos corredores verdes que conectarán l’Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de
Hemos impulsado los parques inundables metropolitanos, como unas áreas verdes a disposición de la ciudadanía, que además filtrarán y laminarán el caudal de agua
Tan importante es llevar a cabo las actuaciones como informar a la ciudadanía sobre ellas, porque eso supone darles seguridad y garantías
l’Horta a lo largo de 35 kilómetros, sirviendo para la regeneración de 1.500 hectáreas de suelo rústico.
Además de recuperar terrenos dañados, estos parques actuarán como defensa contra las inundaciones, refugios climáticos y espacios libres de uso público.
Más allá de la gestión hidráulica, los SUDS abren oportunidades en la regeneración urbana. ¿Qué potencial identifica para transformar espacios degradados en infraestructuras multifuncionales?
Los sistemas de drenaje urbano sostenible constituyen una oportunidad estratégica para impulsar la regeneración urbana, ya que además de tener una función hidráulica, también pueden tener incidencia en el medio ambiente, en la salud, en la revalorización del espacio público y en el impulso económico.
Pueden favorecer la recarga de acuífero y mejorar la calidad del agua al filtrar los residuos antes de llegar al mar. Además, pueden integrarse como una infraestructura dentro de los parques inundables, jardines de lluvia o pavimentos permeables, transformando espacios degradados en lugares de biodiversidad y de ocio.
En términos de financiación y aceptación social, ¿qué instrumentos facilitarán la implantación de estos sistemas, y cómo ha evolucionado la percepción ciudadana de estas soluciones?
Desde el Consell estimamos que el proyecto global necesitará de una inversión de más de 150 millones, con financiación público-privada, a través de la compensación de emisiones de CO₂, y buscando financiación europea.
Quiero destacar la enorme ilusión que ha generado el proyecto, tanto entre los ayuntamientos afectados como en otros municipios. Numerosos organismos y entidades internacionales han mostrado interés, dado que su diseño y ejecución nos situará a la vanguardia medioambiental de Europa.
SUDS Y CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINADOR DEL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS RÚSTICOS AFECTADOS POR LAS RIADAS DE 2024 EN EL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA , PROFESOR DE LA UPV Y EXSUBDIRECTOR GENERAL DE LA FAO ENTREVISTA
El drenaje sostenible supone de por sí un avance, pero poco puede aportar si no lo incluimos en un diseño integral
ÁGUEDA GARCÍA DE DURANGO
TEMAS: DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, CAMBIO CLIMÁTICO, SUD
Tras la visión institucional sobre la reconstrucción post-DANA en Valencia, esta segunda entrevista da continuidad desde el ámbito técnico e investigador.
Eduardo Rojas, coordinador del proyecto de Estrategia de recuperación integral de los espacios rústicos afectados por las riadas de 2024 en el Área Metropolitana de Valencia, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y exsubdirector general de la FAO, plantea un cambio de escala en la planificación: de lo urbano a lo metropolitano, integrando la huerta, las acequias y las zonas de acumulación como infraestructuras clave para la gestión del riesgo.
¿Qué les llevó, como equipo de la UPV y el CEAM, a elaborar esta estrategia tras la DANA de 2024, y qué vacío técnico o de planificación identificaron?
En el verano de 2022, la Generalitat encargó a un equipo de la UPV elaborar el proyecto básico del tramo pendiente del Jardín del Turia entre su finalización en el Parque de Capçalera/Bioparc y el arranque del cauce natural del Turia a partir del Assut del Repartiment. Finalizado durante el verano de 2023, lo intentamos presentar a los nuevos responsables sin mucho éxito.
Todos los ejemplos de mejora sustantiva de la calidad de vida de la población sólo son posibles si se abordan desde una perspectiva metropolitana
No obstante, en enero de 2025 tuvimos la ocasión de presentárselo al Conseller de Medi Ambient, quien mostró mucho interés por el proyecto, especialmente por su enfoque integrador, invitándonos a reflexionar cómo podía inspirar las actuaciones de recuperación territorial que la respuesta a la DANA requería. Las carencias que identificamos se podrían resumir en un minifundio de gobernanza (muchos ayuntamientos de poca extensión) y actuaciones territorial y sectorialmente inconexas, lo que impide activar su potencial mejorador de la calidad de vida y justificar mejor su coste, además de generar tensiones y sobrecostes por falta de espacio.
Las administraciones deben estar al servicio de la ciudadanía y resolver problemas que superan la esfera local
Su propuesta plantea un cambio de escala, pasando del ámbito urbano al territorial. ¿Por qué es imprescindible abordar la gestión desde una lógica metropolitana?
Todos los ejemplos de mejora sustantiva de la calidad de vida de la población sólo son posibles si se abordan desde una perspectiva metropolitana. No disponemos del territorio necesario para responder a pequeña escala a todas y cada una de las demandas.
Y menos podemos considerar los terrenos rústicos —agrícolas y forestales— como meros espacios de reserva: los necesitamos como paisaje, fuente de alimentos de proximidad, patrimonio cultural y lugar de desvío de grandes precipitaciones, reduciendo el riesgo en las zonas pobladas.
Las actuaciones deben realizarse donde más eficientemente resulten, con independencia del municipio en el que se ubiquen.
¿Cómo definiría el concepto de “gran anillo verde metropolitano”?
El Área Metropolitana de Valencia tiene un potencial de anillo verde-azul envidiable formado por l’Albufera, l’Horta, el Parc Natural del Turia y el mar, además de un sistema policéntrico equilibrado. Pero existen tensiones entre ese potencial y la realidad, agravadas por infraestructuras, urbanismo y demanda de vivienda o zonas verdes que no se integran en una red coherente.
La estrategia combina infraestructura verde, gestión hidrológica y adaptación territorial. ¿En qué se diferencia de los SUDS convencionales?
El drenaje sostenible supone de por sí un avance, pero poco puede aportar si no lo integramos en un diseño integral. El hecho de mezclar aguas negras con pluviales nos obliga ahora a levantar toda la red de saneamiento de zonas inundadas por la DANA debido a la entrada de lodos, con un coste económico y de molestias considerable. Si se separan, las conducciones no colapsan ni afectan a las depuradoras.
La zona inundada del’Horta Sud abordó a todas las poblaciones de la misma excepto las más meridionales después de cerrar en los pasados 60 años casi todos los intersticios que en el pasado permitían la evacuación de los flujos hídricos
Mezclar aguas negras con pluviales nos obliga ahora a levantar toda la red de saneamiento de zonas inundadas por la DANA debido a la entrada de lodos
Si destapamos la red de acequias en tramos urbanos, facilitaremos la recogida pluviales, podría llevar agua todo el año refrescando el ambiente, facilitar el mantenimiento y reforzar su dimensión patrimonial.
También es clave que las zonas verdes se sitúen por debajo de la cota de las calles para recoger excedentes de lluvia y ofrecer un plus de riego sin coste.
La integración de la huerta como infraestructura verde activa es uno de los ejes. ¿Qué capacidad tiene para reducir riesgos?
Es fundamental que la población entienda que, dado el alto riesgo de inundaciones, tanto la Albufera como la huerta son claves para aportar resiliencia si se gestionan acorde a las necesidades hidrológicas.
Para ello es imprescindible establecer mecanismos compensatorios ágiles cuando se superen determinados umbrales de daños. Existe ya un amplio consenso en el Ministerio para abordar una reforma legal que ancle este tipo de servidumbre con compensaciones.
¿Qué papel juegan las zonas de acumulación controlada (ZAC)?
Su función es inundar zonas extensas con modificaciones mínimas de topografía para retener grandes volúmenes de agua. El Pla de Quart, con 700 hectáreas, ya retuvo volúmenes importantes el 29 de octubre, reduciendo el impacto. Esa agua permite infiltración al freático y puede compatibilizar agricultura, biodiversidad y uso social.
Es imprescindible establecer mecanismos compensatorios
ágiles cuando se superen determinados umbrales de daños
El estudio apuesta por redes abiertas y recuperación de acequias. ¿Qué ventajas presentan?
Se ha extendido la idea de que lo urbano debe asfaltarse completamente. Sin embargo, tapar acequias o cortar su suministro no es coherente con su valor patrimonial. Además, la retirada de lodos tras la DANA evidenció la saturación del sistema entubado.
La solución es separar aguas negras y pluviales, llevando estas últimas en abierto e integradas con el riego. Esto facilita la limpieza, permite regar zonas verdes y reduce costes.
También se propone dejar bandas no selladas en calles para reducir obras y emisiones asociadas al cemento.
¿Cuáles cree qué son las transformaciones prioritarias en saneamiento?
Las soluciones rápidas y baratas generan más costes a largo plazo.
Separar aguas evitaría colapsos como los de la DANA y permitiría avanzar en infraestructuras pendientes. Francia es un referente en esta separación, y Freiburg demuestra el valor urbano de acequias accesibles.
¿Cómo justifican el balance coste–beneficio y qué modelo de gobernanza es necesario?
Las administraciones deben estar al servicio de la ciudadanía y resolver problemas que superan la esfera local.
El modelo de infraestructuras verdes se ha implementado con mayor facilidad en ciudades con un extenso término municipal, pero en Valencia exige coordinación entre múltiples municipios. El impacto emocional de la DANA obliga a sumar esfuerzos para lograr, en una generación, un territorio resiliente que reduzca riesgos y mejore la calidad de vida. También es una oportunidad para abordar la rehabilitación de barrios obsoletos, replanteando modelos urbanísticos con mayor densidad en altura y más zonas verdes, reduciendo la gravedad de futuras inundaciones.
Que las ciudades estén pensadas para el coche no sorprende. Lo que aún está abriéndose paso es la idea de devolver el verde al espacio urbano de forma práctica, estética y eficaz. En ese contexto, las jardineras urbanas han pasado a convertirse en una herramienta estratégica para transformar calles sin necesidad de grandes inversiones.
UNA NUEVA MIRADA SOBRE LA CALLE
No se trata de “pintar de verde” el asfalto, sino de repensar el uso del espacio público. Las jardineras permiten intervenir de forma ágil en procesos de urbanismo táctico, aportando orden, calidad estética y beneficios ambientales. Su valor reside en combinar funcionalidad y diseño: mejorar la experiencia urbana sin renunciar a la eficiencia.
MUCHO MÁS QUE
MOBILIARIO URBANO
Una jardinera urbana bien concebida es un elemento estructural. Actúa como delimitador de espacios, barrera frente al tráfico, soporte vegetal y recurso de mejora ambiental. Además, modifica la percepción del entorno: la presencia de vegetación transforma la experiencia del peatón, incluso en intervenciones mínimas.
Su auge responde a una lógica clara: funcionan. Ciudades de todo el mundo han incorporado soluciones modulares con jardineras para reorganizar el espacio público de forma rápida, económica y reversible.
Antes de intervenir, es imprescindible analizar el uso de la calle: si es un espacio de paso o de estancia, si requiere sombra o visibilidad, o si necesita ordenación
del flujo peatonal. A partir de ahí, el diseño debe integrar materiales resistentes, distribución adecuada y selección vegetal adaptada.
En Martín Mena esta visión es central. La compañía ha desarrollado soluciones específicas como las jardineras metálicas modelo Provincia, que combinan durabilidad, personalización estética y adaptación al contexto urbano, integrando el verde sin comprometer la resistencia frente a condiciones climáticas o vandalismo.
DISTRIBUCIÓN QUE
ORDENA EL ESPACIO
La ubicación es clave. Una jardinera bien colocada no obstaculiza, sino que guía. Puede proteger zonas sensibles, mejorar la seguridad en esquinas o estructurar terrazas sin necesidad de barreras rígidas. Su función va más allá de lo ornamental: organiza el espacio de manera intuitiva.
APLICACIONES EN DISTINTOS ENTORNOS
Las jardineras urbanas permiten resolver múltiples situaciones. En calles peatonalizadas, actúan como barreras naturales frente al tráfico. En eventos o intervenciones temporales, las soluciones modulares facilitan la delimitación flexible del espacio. Existen también modelos con iluminación o señalética integrada, que amplían su funcionalidad en entornos urbanos complejos.
Para zonas de alta exigencia, materiales como el hormigón arquitectónico o el acero corten ofrecen resistencia y durabilidad. Bien diseñadas, como en las propuestas de Martín Mena, estas soluciones pueden integrarse con elegancia en el paisaje urbano.
BENEFICIOS AMBIENTALES Y URBANOS
El impacto de las jardineras va más allá de lo visible. Pueden contribuir a reducir la velocidad del tráfico de forma pasiva, generar microclimas que disminuyen la temperatura urbana y mitigar el estrés térmico. Estudios del ICTA-UAB y del CSIC han demostrado reducciones de entre 1,5 y 3 grados en entornos con vegetación.
Además, favorecen la actividad económica local al hacer más atractivos los espacios para el paseo y la estancia. También contribuyen a la biodiversidad urbana mediante la incorporación de especies autóctonas que atraen insectos beneficiosos.
CLAVES DE MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN
El éxito de una jardinera urbana depende también de su mantenimiento. Es fundamental integrar sistemas de drenaje adecuados, accesibilidad para limpieza y, cuando es posible, soluciones de autorriego. La elección de especies vegetales debe adaptarse al clima y al nivel de mantenimiento disponible.
La personalización es otro aspecto relevante. Acabados, colores o integración de identidad visual permiten adaptar cada intervención al contexto sin perder coherencia urbana.
UNA HERRAMIENTA PARA TRANSFORMAR LA CIUDAD
No es necesario acometer grandes obras para iniciar el cambio. Interven-
ciones puntuales con jardineras bien diseñadas pueden mejorar significativamente la calidad del espacio público. Se trata de una solución eficaz, escalable y alineada con los objetivos de sostenibilidad urbana.
Martín Mena lo resume en su enfoque: no se trata de llenar las calles de macetas, sino de construir espacios con sentido, identidad y funcionalidad. Porque la renaturalización urbana puede empezar con un elemento sencillo, pero bien pensado: una jardinera.
CONTENIDO DE MARTÍN MENA
Madrid ya no puede seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora.
No porque no vaya a hacerlo —las previsiones apuntan a más de un millón de nuevos habitantes en las próximas décadas—, sino porque ese crecimiento ya no puede resolverse únicamente a través de expansión, sino desde la transformación de lo construido.
El verdadero cambio de escala no es cuantitativo, sino disciplinar.
En este contexto, desde Madrid 2050 planteamos una pregunta que interpela directamente a la arquitectura: ¿cómo proyectar una ciudad que ya está hecha? Pero también se introduce una condición
clave: esta transformación no puede abordarse desde una única disciplina. Requiere una práctica compartida, capaz de integrar conocimientos, escalas y agentes diversos.
UNA PRÁCTICA COLECTIVA PARA
UNA CIUDAD COMPLEJA
Madrid 2050 se configura como una agrupación de interés que articula un espacio de trabajo común entre arquitectos, administraciones públicas, promotores, universidades, centros de investigación, industria y otros profesionales vinculados al entorno construido. Esta condición no es organizativa, es operativa.
La complejidad de los retos urbanos actuales desborda los marcos tradicionales de la práctica arquitectónica. Frente a ello, el proyecto urbano se redefine como un proceso necesariamente interdisciplinar, donde el conocimiento se construye desde la interacción entre perfiles diversos
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Exposición Cities Connection Project CCP-Madrid2050 en Madrid Foro Urbano Internacional. Foto: Víctor Perezagua-Blondloyal 186
La complejidad de los retos urbanos actuales —climáticos, sociales, económicos o territoriales— desborda los marcos tradicionales de la práctica arquitectónica. Frente a ello, el proyecto urbano se redefine como un proceso necesariamente interdisciplinar, donde el conocimiento se construye desde la interacción entre perfiles diversos.
La arquitectura no pierde centralidad, pero cambia su posición. Deja de ser un campo autónomo para convertirse en una disciplina capaz de conectar, traducir y dar forma a saberes múltiples. Más que producir objetos, organiza relaciones.
LA ARQUITECTURA COMO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA URBANO
Uno de los principales aportes del trabajo desarrollado es desplazar el foco desde el planeamiento hacia el proyecto entendido en sentido amplio. No como pieza aislada, sino como herramienta capaz de articular sistemas complejos.
Vivienda, movilidad, espacio público o infraestructuras dejan de ser categorías independientes para entenderse como partes de una misma estructura espacial. La ciudad no se organiza por capas, sino por interacciones.
Esto implica una revisión profunda del papel de la arquitectura: ya no basta con resolver edificios, es necesario operar sobre estructuras urbanas.
La forma urbana, la sección de la calle, la mezcla de usos o la proximidad entre
El trabajo de Madrid 2050 se articula en torno a cuatro ámbitos —vivienda, movilidad, espacio público y regeneración— que, más que sectores, pueden leerse como escalas de intervención arquitectónica
funciones se convierten en decisiones de proyecto con impacto directo en la movilidad, la eficiencia energética o la salud urbana. El diseño deja de ser formal para convertirse en estratégico.
CUATRO ESCALAS DE INTERVENCIÓN SOBRE LA CIUDAD
El trabajo de Madrid 2050 se articula en torno a cuatro ámbitos —vivienda, movilidad, espacio público y regeneración— que, más que sectores, pueden leerse como escalas de intervención arquitectónica.
La vivienda aparece como unidad básica, pero también como sistema. No se trata solo de producir más, sino de repensar tipologías, densidades y formas de habitar. La vivienda deja de ser un objeto aislado para integrarse en una red de servicios, equipamientos y espacios colectivos que definen el barrio.
La movilidad se traduce en forma urbana. No es únicamente una cuestión de redes, sino de distancias, jerarquías
Durante décadas, el urbanismo ha operado principalmente a través de nuevos desarrollos. Hoy, sin embargo, el principal campo de acción está en lo que ya existe. Esto obliga a cambiar herramientas, escalas y lógicas de intervención
y relaciones espaciales. La ciudad policéntrica que se plantea no se dibuja en el plano, se construye a través de decisiones concretas de localización, mezcla de usos y continuidad del tejido urbano. El espacio público adquiere una condición estructural. En un contexto de estrés climático y déficit de zonas verdes, su diseño ya no puede entenderse como residual. La calle, la plaza o el parque pasan a ser
dispositivos ambientales capaces de regular temperatura, gestionar el agua, mejorar la calidad del aire y activar la vida urbana. La regeneración, finalmente, introduce el principal campo de proyecto: la ciudad existente. Con un parque edificado envejecido, la intervención ya no consiste en añadir, sino en transformar, adaptar y actualizar lo construido.
Más allá de estas escalas, el informe identifica tres dimensiones que operan como vectores transversales de diseño: la descarbonización, la salud y la colaboración. Estos elementos no se abordan como capas añadidas, sino como condiciones que deben integrarse desde el inicio en el proyecto arquitectónico.
Descarbonizar implica decidir cómo se orienta un edificio, cómo se rehabilita una envolvente o cómo se organiza un barrio.
Exposición Cities Connection Project CCP-Madrid2050 en Madrid Foro Urbano Internacional.
Foto: Víctor Perezagua-Blondloyal
Incorporar la salud supone pensar en ventilación, sombra, accesibilidad o proximidad a espacios verdes. Y la colaboración —entendida como práctica profesional— redefine los procesos, incorporando nuevos agentes y formas de trabajo.
Uno de los cambios más relevantes que plantea Madrid 2050 es situar en el centro la ciudad ya construida.
Durante décadas, el urbanismo ha operado principalmente a través de nuevos desarrollos. Hoy, sin embargo, el principal campo de acción está en lo que ya existe. Esto obliga a cambiar herramientas, escalas y lógicas de intervención.
La rehabilitación deja de ser una operación técnica para convertirse en proyecto urbano. No se trata solo de mejorar la eficiencia energética de los edificios, sino de reconfigurar barrios completos: incorporar espacio público,
mejorar accesibilidad, introducir nuevos usos y reforzar la cohesión social.
La arquitectura trabaja aquí con condiciones dadas, con estructuras heredadas y con límites físicos y normativos. Pero es precisamente en esa restricción donde aparece su capacidad de innovación.
SEIS PRINCIPIOS COMO CRITERIOS DE PROYECTO
La hoja de ruta se sintetiza en seis principios que pueden leerse como criterios operativos para el proyecto urbano:
• pensar la ciudad como sistema
• medir la calidad, no solo la cantidad
• intervenir prioritariamente sobre lo existente
• integrar vivienda y movilidad
• incorporar clima y naturaleza como material de proyecto
• trabajar desde la colaboración
Estos principios no definen formas, pero sí establecen un marco claro desde el que producirlas.
Frente a modelos de planificación cerrados, Madrid 2050 propone una apro-
ximación más cercana al proyecto: iterativa, experimental, basada en prueba y ajuste.
Medir, experimentar o transferir conocimiento no son fases externas, sino parte del propio proceso de diseño.
Esto introduce una idea relevante: la ciudad como prototipo. Un sistema que se construye a través de intervenciones concretas, evaluables y replicables.
Los proyectos piloto funcionan así como piezas capaces de ensayar soluciones a escala real, generando conocimiento que puede escalarse posteriormente.
Madrid 2050 no propone una imagen de ciudad, ni un modelo formal reconocible. Su aportación es más profunda: redefine las condiciones desde las que esa ciudad debe proyectarse.
En un contexto marcado por la emergencia climática, el envejecimiento del parque edificado y la complejidad social, la arquitectura deja de operar sobre objetos para hacerlo sobre relaciones.
Proyectar ya no consiste solo en diseñar edificios, sino en organizar sistemas:
En un contexto marcado por la emergencia climática, el envejecimiento del parque edificado y la complejidad social, la arquitectura deja de operar sobre objetos para hacerlo sobre relaciones
de energía, de movilidad, de cuidados y de espacios compartidos.
La ciudad del futuro no será el resultado de grandes gestos, sino de la acumulación de decisiones precisas, coordinadas y sostenidas en el tiempo.
Y es en esa escala —la del proyecto como herramienta de transformación colectiva— donde la arquitectura vuelve a situarse en el centro del debate urbano.
• Madrid 2050: Bases para una transformación urbana sostenible. Aprendizajes y hoja de ruta compartida desde los Grupos de Trabajo. COAM, ASPRIMA, Forética.
LA REGENERACIÓN DEL RÍO HUERVA, CON MÁS DE 31,9 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN FINANCIADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) CON FONDOS NEXTGENERATIONEU, COMBINA RESTAURACIÓN DEL CAUCE, CREACIÓN DE PARQUES FLUVIALES Y REORDENACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA INTEGRAR EL RÍO EN LA ESTRUCTURA DE LA CIUDAD
Zaragoza impulsa la regeneración del río Huerva como una de las actuaciones urbanas más relevantes de su agenda reciente, enmarcada en una estrategia que combina infraestructura verde, recuperación del espacio público y modernización de infraestructuras urbanas. Este proyecto actúa sobre un tramo de 2,5 kilómetros de cauce y más de 80.000 m² de superficie asociada, con el objetivo de transformar un entorno his-
tóricamente degradado en un nuevo eje estructural dentro de la ciudad.
Para todo ello, la intervención se apoya en una inversión superior a los 31,9 millones de euros, financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) con fondos NextGenerationEU, y desarrollada mediante la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Fundación Biodiversidad. Esta escala económica y técnica sitúa la actuación como una de las
principales operaciones de transformación urbana vinculadas a la recuperación de riberas en el contexto nacional.
El proyecto aborda de forma simultánea la recuperación del cauce, la mejora ambiental, la creación de nuevos espacios públicos y la reordenación del viario adyacente, configurando un sistema continuo que integra río y ciudad. La intervención no solo actúa así sobre un ámbito concreto, sino que redefine el papel del Huerva dentro de la estructura urbana, incorpo-
rándolo como soporte de nuevos usos, conexiones y dinámicas urbanas.
El tramo urbano del río Huerva ha estado marcado durante décadas por procesos de transformación vinculados al crecimiento de la ciudad que han condicionado su funcionamiento y su integración en el entorno urbano. El encajonamiento del cauce, la ocupación de sus márgenes y el cubrimiento parcial de algunos tramos durante el siglo XX redujeron su visibilidad y su papel como elemento articulador del espacio urbano.
Esta evolución derivó en una progresiva degradación ambiental, con pérdida de vegetación de ribera, presencia de especies invasoras y alteraciones en la morfología del cauce. En paralelo, el río fue perdiendo su capacidad de conexión entre barrios, funcionando en muchos casos como una barrera física dentro del tejido urbano y quedando relegado a un espacio residual con escaso uso ciudadano.
A esta situación se suma la incidencia de problemas asociados a la gestión del agua en entornos urbanos, como la llegada de vertidos en episodios de lluvia o la limitada capacidad hidráulica del cauce en determinados tramos, lo que ha incrementado su vulnerabilidad frente a episodios de crecida.
Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una intervención de carácter integral capaz de recuperar el valor ambiental y urbano del río, revirtiendo su degradación y devolviéndole un papel activo dentro del sistema de espacios públicos de la ciudad.
UNA INTERVENCIÓN
ESTRUCTURANTE PARA LA CIUDAD
La regeneración del Huerva se plantea así como una operación urbana de carácter estructural que actúa de forma simultánea sobre el cauce, los espacios libres y el viario urbano. El proyecto
2,5 km cauce intervenido
+80.000 m² de superficie transformada
8 parques fluviales (5 nuevos + 3 renovados)
12.400 m² nuevos espacios verdes
190.000 árboles y arbustos
8 calles reordenadas
+31,9 M€ de inversión
2 fases de ejecución (2025–2026)
1 tanque de tormentas
configura un corredor continuo en el que el río deja de ser un elemento aislado para integrarse en un sistema que combina infraestructura verde, movilidad y espacio público.
A lo largo de los 2,5 kilómetros por los que se extiende la actuación, se articulan un conjunto de espacios conectados que incluyen parques fluviales, sendas peatonales y ciclistas y áreas de estancia. Este planteamiento permite mejorar la accesibilidad al río y reforzar la continuidad entre distintos ámbitos urbanos, superando la fragmentación previa.
Desde el punto de vista urbanístico, la intervención introduce criterios orientados a la mejora de la calidad del espacio público, la integración paisajística y
la priorización de modos de movilidad sostenibles. El río pasa a desempeñar un papel activo en la configuración de la ciudad, no solo como elemento ambiental, sino como soporte de nuevas dinámicas urbanas y sociales. Además, el proyecto se alinea con modelos de planificación urbana que integran soluciones basadas en la naturaleza como parte de la estructura de la ciudad, combinando funciones ecológicas, hidráulicas y de uso ciudadano en un mismo espacio.
Dos fases para una transformación de escala urbana
La intervención se ha estructurado en dos fases diferenciadas, tanto en su
contenido técnico como en su alcance territorial, lo que permite ordenar la ejecución y asegurar que las actuaciones de base sobre el cauce y las infraestructuras precedan a la configuración del nuevo espacio urbano.
• La primera fase, con una inversión de 8,85 millones de euros y finalizada en verano de 2025 tras ocho meses de trabajos, se ha centrado en la preparación del ámbito de intervención y en la ejecución de las infraestructuras imprescindibles para el desarrollo posterior del proyecto. En esta etapa se han llevado a cabo labores de limpieza y desbroce, apertura de accesos para maquinaria, primeros acondicionamientos del terreno y definición de nuevas sendas, ade-
más de la construcción del tanque de tormentas anticontaminación y la renovación de redes subterráneas.
• La segunda fase, actualmente en desarrollo y prevista hasta finales de 2026, concentra el grueso de la transformación urbana y paisajística, con una inversión de 23.071.804,86 euros. De esa cantidad, el dossier distribuye 15 millones de euros para el tramo comprendido entre el puente Blasco del Cacho y Gran Vía, y 8 millones para el tramo final hasta la desembocadura en el Ebro. En esta fase se despliega la restauración del cauce, la mejora de la biodiversidad, el tratamiento de taludes, la adecuación de recorridos y la incorporación de elementos urbanos como alumbrado, mobiliario y equipamientos vinculados al uso ciudadano del espacio recuperado.
La suma de ambas fases sitúa la inversión total del proyecto en más de 31,9 millones de euros, una cifra que habla de la dimensión de la operación y de su alcance transversal. Se trata de
una intervención que combina obra hidráulica, restauración paisajística, urbanización y creación de nuevos espacios públicos bajo una misma lógica de transformación.
Recuperación del cauce y sistemas hidráulicos
Además de lo anterior, se incorporan una serie de actuaciones orientadas a recuperar su funcionalidad hidráulica y mejorar su comportamiento dentro del entorno urbano. De este modo, se plan-
tea una reconfiguración del cauce que incluye su ensanchamiento y la retirada de elementos que limitaban su dinámica, como escolleras y estructuras rígidas, con el objetivo de devolverle parte de su espacio y favorecer un flujo más natural. Esta actuación permite aumentar la capacidad de evacuación del río en episodios de crecida y reducir su vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos intensos. La recuperación de la movilidad del cauce contribuye, además, a mejorar la estabilidad del sistema fluvial y a reforzar la conectividad del ecosistema de ribera.
En paralelo, el proyecto incorpora soluciones específicas para mejorar la gestión del agua en el ámbito urbano. Entre ellas destaca la construcción de un tanque de tormentas anticontaminación, diseñado para retener las primeras escorrentías durante episodios de lluvia y evitar vertidos directos al río. Esta infraestructura actúa sobre uno de los principales problemas asociados a los
sistemas de saneamiento en entornos urbanos, como es la descarga de aguas contaminadas en momentos de alta intensidad pluviométrica.
A esta actuación se suma la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, que permite mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico y reducir las cargas contaminantes que llegan al cauce. La intervención incluye también sistemas de retención de sólidos asociados a la red, orientados a minimizar el arrastre de residuos hacia el río.
Parques fluviales e integración paisajística
El proyecto contempla la creación de una red de parques fluviales que estructura el corredor a lo largo de todo su trazado urbano. En total son ocho espacios, de los cuales cinco son de nueva creación y tres corresponden a la renovación de áreas ya existentes, configurando un sistema continuo vinculado al cauce.
• En el primer tramo de la actuación, con una longitud superior a 1,2 kilómetros, se concentran los cinco nuevos parques, que suman una superficie de 12.400 m². Estos espacios se desa-
CON LA DEBIDA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE URBANISMO Y MOVILIDAD, LAS
URBES CUENTAN CON EL POTENCIAL SUFICIENTE PARA ERIGIRSE COMO UN ESPACIO INCLUSIVO, SOSTENIBLE Y HUMANO
rrollan a partir de la topografía existente, adaptando los recorridos y zonas de estancia a las condiciones del terreno y evitando grandes movimientos de tierras. El diseño incorpora áreas de uso diverso, desde zonas de juego hasta espacios de descanso, con una disposición que favorece la continuidad visual y funcional del corredor.
• En el segundo tramo, la intervención se centra en la mejora de parques consolidados dentro del entorno urbano, como el Parque de Villafeliche, el Parque Lineal del Huerva o la ribera del Parque Bruil. Las actuaciones incluyen la renovación de pavimentos, la mejora de barandillas y la reorganización de zonas verdes, así como la optimización de accesos y conexiones con el cauce.
Cauce encajonado
Espacio degradado
Elemento residual
Barrera física
Canal urbano → → → → →
Corredor urbano visible
Red de parques fluviales
Estructura de conexión entre barrios
Espacio público continuo
Infraestructura verde integrada
El proyecto mantiene el arbolado existente de mayor porte y lo refuerza con nuevas plantaciones, integrando la vegetación en la configuración del espacio público. Entre las soluciones adoptadas destaca la incorporación de un parque de carácter inundable, diseñado para adaptarse a las variaciones del nivel del agua y permitir su funcionamiento en episodios de crecida sin afectar a la funcionalidad general del espacio.
Reordenación del viario y transformación del entorno urbano
La actuación sobre el corredor del Huerva se extiende al viario adyacente, donde se plantea una transformación signifi-
cativa de ocho calles con el objetivo de mejorar la calidad urbana y adaptar su sección a un uso más equilibrado del espacio público. La intervención actúa sobre la configuración de la calzada, las aceras y los elementos de urbanización, incorporando soluciones orientadas a priorizar al peatón y reducir la presencia del tráfico rodado.
En este sentido, se introducen plataformas únicas en varios tramos, eliminando la diferenciación entre calzada y acera y favoreciendo una circulación más calmada. Esta solución se aplica, entre otros, en la calle Río Huerva, donde la unificación del plano permite ampliar de forma significativa la superficie peatonal y generar un espacio continuo para usos diversos.
En paralelo, el proyecto contempla el ensanchamiento de aceras mediante la eliminación de bandas de aparcamiento, como en los casos de Manuel Lasala o Marina Española, donde las secciones pasan de configuraciones estrechas a espacios que superan los tres y hasta cuatro metros de anchura. Estas modificaciones permiten mejorar la accesibilidad, incorporar arbolado y facilitar el tránsito peatonal en condiciones más seguras.
Otras actuaciones incluyen la peatonalización completa de determinados tramos, como en Genoveva Torres Morales, así como la conexión entre calles mediante soluciones en plataforma única que garantizan la continuidad del reco-
rrido. La intervención se completa con la renovación de pavimentos, la mejora del alumbrado y la adecuación de sistemas de drenaje, integrando estas calles dentro del nuevo eje urbano vinculado al río.
El Proyecto (REPAPAH) cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO en la convocatoria de ayudas para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza correspondientes al año 2021, en el marco del PRTR- Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU
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