La Impunidad: percepción y realidad
Autor: Eduardo García Orta, MBA Educador Senior
I. Introducción
Cuando los ciudadanos tienen la percepción de que las instituciones aplican las leyes de manera desigual, se deteriora la confianza en el sistema y debilita la igualdad ante la ley
Es innegable que cuando se percibe que las instituciones fiscalizadoras fallan en adjudicar la justicia con firmeza o aplican leyes de forma desigual, se crean espacios para que la confianza en el sistema se deteriore y la igualdad ante la ley se vuelve frágil. El sentido de justicia se erosiona cuando no se aplican las leyes de forma uniforme o cuando se brindan falsas expectativas de justicia y no se adjudican sanciones adecuadas a quienes cometen crímenes. De igual forma, las circunstancias que rodean los acontecimientos, la influencia de los medios y redes sociales o incluso la imaginación colectiva influyen significativamente en crear o exacerbar la misma creencia. En consecuencia, los ciudadanos tienden a mostrar apatía a las posibles soluciones de problemas sociales y se producen justificaciones a las acciones no permitidas por ley o que, aunque permitidas por ley son contrarias a lo ético. Por ende, la falta de compromiso por parte de las instituciones, que pueden ser reales o percibidas de forma incorrecta, sumado a la influencia a otros muchos factores crean un mismo efecto, una noción de impunidad. Entonces, ¿Cómo es realmente la percepción de los ciudadanos sobre la forma en que las instituciones imparten la justicia, principalmente en los casos de corrupción gubernamental? A través de mi propia experiencia puedo identificar que la percepción generalizada es precisamente, que los casos judiciales, en muchos casos, no se atienden de forma apropiada o que existe una carencia de voluntad para buscar soluciones. Incluso, en muchas ocasiones los ciudadanos reconocen como una injusticia simplemente cuando algún caso no se atiende con premura, ya sea debido a la complejidad en el manejo de una investigación o por pura dejadez, provocando la noción de que no se hace lo suficiente para sancionar a los responsables. 1
Al mismo tiempo fomenta la repetición de conductas ilícitas al enviar el mensaje de que no habrá consecuencias reales para quienes abusan del poder. Con el tiempo, esto erosiona la calidad de los servicios públicos y afecta directamente el bienestar social y económico de la ciudadanía. Lo importante es reconocer la responsabilidad que poseemos como servidores públicos. El ignorar las obligaciones que se tienen cuando se ocupan cargos, principalmente aquellos que poseen el poder de decisión de políticas públicas de relevancia, pueden abrir espacio a abusos, inconsistencias administrativas y prácticas que afectan la justicia y el bienestar colectivo. Puedo afirmar que la discusión sobre la impunidad como concepto podrá ser muy amplia. Reconozco que la misma se manifiesta en múltiples escenarios que van desde los delitos que atentan contra los derechos humanos o aquellos que están relacionados con crímenes comunes donde se evade la justicia. El discutir los distintos escenarios donde se manifiesta la falta de justicia conlleva un análisis de mayor profundidad. Cuando los ciudadanos perciben impunidad en casos de corrupción surge la apatía en las soluciones a los problemas sociales. Cuando los ciudadanos perciben que quienes cometen actos de corrupción no reciben sanciones adecuadas, surge la idea de que la impunidad es la norma. Esta percepción, sea totalmente cierta o no, reduce el interés colectivo por exigir justicia. Es importante destacar que la injusticia no depende únicamente de los hechos, sino de la confianza que la ciudadanía tiene en la manera en que las instituciones y sus representantes aplican los procesos de fiscalización y justicia .
Por lo tanto, este ensayo solo se enfocará en la impunidad manifestada en la corrupción gubernamental y en los crímenes de cuello blanco. De igual forma, no se tiene la intención de debatir sobre si la impunidad es infundada por los medios y el debate público o si las instituciones no realizan sus funciones de acuerdo con lo que se espera. Lo que se intenta es poder encaminar al lector sobre la comprensión de la impunidad como un mal social al identificar sus efectos nocivos. Identificarlos, nos llevará a discutir, cómo se produce la impunidad y cuáles son las condiciones que la facilitan o la propician. Por consiguiente, se discutirán posibles disuasivos con el interés de restaurar la confianza pública.
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II. Relación de la impunidad con la corrupción gubernamental y los crímenes de cuello blanco.
Adicional a la falta de castigo, la ausencia de responsabilidades sobre los delitos cometidos y la limitación del sentido de impartir justicia son manifestaciones de la impunidad. En esencia, podemos afirmar que la impunidad se identifica cuando existe falta de castigo o cuando no hay consecuencias reales para acciones que son o pueden ser contrarias a la ley. Sin embargo, la impunidad no se limita a la falta de castigo, sino más bien incluye un sin número de acciones que limitan el sentido de justicia y la ausencia de responsabilidades, lo que genera desconfianza en quienes componen la sociedad y de igual forma afecta la noción de lo que es igualdad ante la ley. Calvet Martínez en su publicación Impunidad (ausencia de castigo), al referirse a casos de derechos humanos, señala que la impunidad no implica solo la carencia de sanción a quienes cometen el delito, sino que normalmente se puede apreciar cuando no existen reparaciones hacia la víctima. Del mismo modo, apunta a la falta de una investigación adecuada, procedimientos inconclusos, limitación de las leyes o la misma ausencia de penas apropiadas, lo que bien se aplica a los casos de corrupción gubernamental. Asimismo, Calvet Martínez expone dos modalidades que describen la impunidad. Aquella que se refiere al mal funcionamiento en los procesos de adjudicación por parte de los funcionarios o instituciones, a lo que llama modalidad de facto. Esta modalidad implica que la justicia se adjudica de forma desigual debido a la propia incapacidad de las víctimas para poder encontrar justicia, o aquellos casos donde los procedimientos contienen faltas de garantías. Lo importante es que, independientemente la modalidad, la impunidad adquiere un matiz de injusticia ante la sociedad y provoca un quebranto en la confianza de los ciudadanos. En gran medida la manifestación de la impunidad no surge de la nada, sino que surge de la interacción de múltiples factores. Un ejemplo concreto puede observarse en casos donde la aplicación de penas varía de manera significativa según la cercanía de una persona a ciertos poderes políticos. En estas situaciones, la disparidad en el castigo alimenta la percepción de que la justicia no se aplica de forma equitativa
Por otro lado, describe la modalidad de jure, la que se refiere a aquellos casos donde las leyes se utilizan como instrumento para concesiones. Esta modalidad se evidencia con los indultos otorgados por presiones políticas, algún tipo de perdón judicial o rebajas de pena que se perciben como injustas ya que la modificación de las sanciones impuestas induce en el colectivo la sensación de ilegalidad. También podemos incluir en esta modalidad aquellas que a partir de la interpretación de las leyes demuestran algún grado de injusticia, como lo que pueden ser los pasos de prescripción o cuando los atenuantes no se ajustan al caso juzgado. 3
Lo importante es que, independientemente la modalidad, la impunidad adquiere un matiz de injusticia ante la sociedad y provoca un quebranto en la confianza de los ciudadanos. En gran medida la manifestación de la impunidad no surge de la nada, sino que surge de la interacción de múltiples factores. Cabe señalar que Amnistía Internacional, en su último Informe Anual (2023) no solo afirma que cuando no hay acceso a la justicia se alienta la corrupción y afecta la rendición de cuentas, sino también enfatiza que cuando los ciudadanos desconocen sus derechos y no poseen la información sobre cómo y dónde denunciar comprometen el buen funcionamiento de las instituciones al momento de impartir justicia. Por ende, la acumulación de casos que no han sido atendidos sumado al desconocimiento ciudadano sobre medidas que pretenden atender el problema contribuyen a reforzar la idea de que “no se puede hacer nada”. De igual forma, es imperativo señalar que la impunidad se construye progresivamente, es decir la percepción de falta de justicia no depende solo de un caso, sino de la acumulación de fallas recurrentes por parte de quienes imparten justicia, lo que valida la percepción. Estas fallas recurrentes se perciben de forma concreta en casos donde existió la negligencia en una investigación o cuando la falta de acciones judiciales se convierte en un patrón significativo, lo que lacera la confianza ciudadana. Esta falta de confianza provoca la reducción en la disposición de los ciudadanos a denunciar, aumenta la tolerancia en los delitos cometidos y favorece las prácticas corruptas al entenderse que no tendrán consecuencia. De hecho, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos destaca que “la impunidad propicia la repetición constante y la total indefensión de las víctimas”. Esta aseveración respalda la idea sobre que la impunidad actúa de manera gradual, y sobre todo en incongruencia con la justicia. Por otro lado, la percepción de la impunidad no solo se produce cuando las instituciones actúan de manera negligente en algún caso o cuando se determina alguna sanción que no retribuye a los afectados por un delito, sino que también depende de la construcción mediática de los casos que se presentan a los ciudadanos.
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Si bien es cierto que existen casos que no son resueltos de manera correcta, de igual forma existen por parte de algunos medios el uso de lenguaje sensacionalista o la repetición constante de situaciones que pudieran ser exageradas o negligentemente presentadas. Más aún, cuando la presentación por parte de los medios se centra solamente en el lado emocional o en la controversia que surge y no ofrecen el seguimiento del caso, se tiende a desconfiar en las instituciones al surgir un entendido que no está impartiendo justicia, incluso cuando no sea la realidad, lo que significa que la presentación sesgada influye significativamente en la opinión pública. Como ya advertí anteriormente, independientemente de lo que provoca la percepción, la impunidad en sí misma manifiesta la negación de un delito. Cabe destacar que, en los informes sobre el Índice de Percepción sobre Corrupción realizados por Transparencia Internacional, organización internacional no gubernamental creada con el fin de combatir la corrupción a través de la promoción de métodos de transparencia, rendición de cuentas y el fomento de la integridad, se desprenden varias consecuencias recurrentes. Basado en sus investigaciones y análisis de los datos que recopila, se sostiene que las prácticas corruptas se repiten de manera significativa por carecer de sanciones. Se desprende de igual forma que el desprecio por las leyes provoca a su vez desconfianza y enfatiza que la falta de independencia judicial redunda en el debilitamiento del estado de derecho. Todas estas razones se manifiestan en la desigualdad social, la tolerancia ante lo que es injusto y sobre todo normaliza la corrupción.
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III. Relación de la impunidad con la corrupción gubernamental y los crímenes de cuello blanco.
Los casos de corrupción gubernamental cometido por funcionarios afectan directamente la integridad del cargo que se ocupa y la imagen de las instituciones. Para poder discutir con mayor profundidad sobre la relación que posee la impunidad con la corrupción gubernamental y los crímenes de cuello blanco debemos hacer la distinción entre estos dos últimos. Para comenzar, ambos términos están relacionados, pero no son lo mismo. La corrupción gubernamental se refiere al abuso del poder encomendado por parte de un funcionario con el objetivo de obtener un beneficio personal o indebido, lo que implica delitos cometidos por algún funcionario o autoridad gubernamental. Casos como la aceptación de algún soborno, cualquier influencia o ventaja con la condición de favorecerse en decisiones de carácter gubernamental que deberían ser determinadas con imparcialidad o el uso de recursos públicos para uso privado son algunos ejemplos prácticos de corrupción gubernamental. Si bien los delitos de corrupción gubernamental, basado en su definición, incluyen prácticas ilegales asociadas a empleados públicos de niveles bajos o intermedio y que se identifican en situaciones cotidianas, son los delitos cometidos por altos cargos públicos o de connotación política es en donde generalmente donde se asocia el concepto. Como ejemplos concretos podemos mencionar delitos en grandes contratos públicos, desvío masivo de fondos o redes organizadas donde se identifica la corrupción. Sin restarle importancia a la corrupción de bajo perfil, que de forma similar contribuye a la cultura de impunidad, son los casos de corrupción gubernamental cometidos por servidores en niveles altos los que de manera significativa agravan la pérdida de confianza. Este último enunciado está sustentado en los Informes de Percepción de Trasparencia Internacional en donde se aborda el peligro de la pérdida de la integridad de quienes ocupan cargos de autoridad por ser causante de la erosión de la confianza ciudadana. Por otro lado, los crímenes de cuello blanco son aquellos en donde se obtiene un beneficio personal generalmente con fines económicos, y en donde los delitos se relacionan directamente en el contexto de actividades profesionales y que son cometidos por individuos, instituciones o corporativos. La diferencia entre ambos radica en quién comete el delito y desde qué ámbito de poder lo hace. Como ya señalé, los casos de corrupción gubernamental se circunscriben al ámbito exclusivamente público y el abuso de la función de gobierno, mientras que los crímenes de cuello blanco, su ámbito no depende en la distinción entre lo público y lo privado, sino que el delito posee la finalidad de beneficio indebidamente obtenido y que incluye, y no se limita a casos donde el beneficio pudo obtenerse mediante el uso de poder político. Lo anterior implica que no todos los casos de cuello blanco pueden considerarse corrupción gubernamental. Son los fraudes financieros, el uso de información privilegiada, la evasión de impuestos, el lavado de dinero o la extorción ejemplos concretos de crímenes de cuello blanco. 6
De acuerdo con Pizarro Carballo (2024), aquellos delincuentes económicos que ocupan alguna posición de privilegio, se les facilita evadir la responsabilidad penal y no ser sujetos de crítica y estigmatización. En este mismo contexto, expone que las carencias en el ajusticiamiento este tipo delitos provocan que los responsables no respondan por sus actuaciones.
Las fallas vinculadas al poder político, como la concentración de autoridad sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas o la adopción de decisiones que privilegian intereses particulares adquieren mayor gravedad cuando afectan directamente el interés público.
También argumenta que los delitos como sobornos, compra de influencias, evasión fiscal o malversación de fondos, a diferencia de los delitos comunes, generan condiciones propicias para ocultar información, callar a los informantes y provoca la repetición de conductas que afectan primordialmente el interés público. Si nos percatamos, estos delitos no implican violencia física y se materializan mediante acuerdos consensuados entre las partes, lo que contribuye a que no se identifique una víctima individual directa, alentando la percepción de impunidad, lo que reduce la probabilidad de denuncia y dificulta la detección temprana de estos delitos por parte de las autoridades. En consecuencia, se fortalece la idea social de que este tipo de delitos rara vez recibe sanción. De igual forma, en el escenario del servicio púbico se espera que quienes lo componen observen un comportamiento basado en el decoro y la ética. Pizarro Carballo (2024) comparte en su trabajo varias coincidencias en las opiniones de autores que tratan el tema. Precisamente expone que los crímenes de cuello blanco, principalmente los que son perpetrados por funcionarios, resultan en detrimento tanto para el estado como para los derechos de los ciudadanos dado que impiden el desarrollo social. Al mismo tiempo señala en su conclusión que estos delitos producen impactos desfavorables en la confianza y en la equidad. La magnitud del daño se acentúa al crear una idea errónea de que el utilizar métodos ilegítimos se pueden conseguir los fines con mayor facilidad.
La impunidad surge en la relación estrecha que poseen estos delitos con la debilidad institucional de impartir la justicia, principalmente cuando el funcionario exhibe una falta de conciencia sobre su culpabilidad ante la ausencia de la reacción social con respecto al delito cometido. Así mismo, el tratamiento de estos delitos de cuello blanco por parte de algún funcionario, evidentemente de corrupción gubernamental, es impreciso ya que las demandas de justicia suelen limitarse a buscar la restitución de los fondos adquiridos de forma ilegal o compensar solo pérdidas económicas. 7
IV. La impunidad: algunas propuestas para la restaurar la confianza pública. Implementar acciones de transparencia y rendición de cuentas son esenciales al momento de evitar la impunidad y ofrecer justicia. En este contexto, hay que reconocer que la impunidad constituye un problema que se puede evidenciar claramente en los delitos discutidos anteriormente. Por ello se hace imprescindible identificar e implementar medidas dirigidas a atender esta problemática. En este sentido, también resulta fundamental poder analizar de qué manera las instituciones encargadas de velar por la justicia pueden recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. En gran parte de la literatura académica utilizada en la redacción de este ensayo se desprende que los métodos de mayor eficacia para contrarrestar el problema son principalmente acciones de transparencia y de rendición de cuentas. De igual forma, presentan medidas que se encaminan a recuperar la credibilidad institucional mediante acciones concretas que pretenden fortalecer los sistemas judiciales. Entre las que se mencionan se encuentran los sistemas abiertos de gobernanza, leyes de acceso para la información para los ciudadanos y la modernización de los procesos judiciales, entre otros más. También resaltan la necesidad del estado en asegurar la presencia de leyes de protección a denunciantes y testigos, o en su defecto generar procesos que aseguren la confidencialidad de quienes reportan actos de corrupción. Con relación a la transparencia y la rendición de cuentas, las fuentes coinciden en que la transparencia facilita el acceso a la información, mientras que la rendición de cuentas permite evaluar las acciones y decisiones de los funcionarios públicos. Sánchez Gónzalez (2012) precisamente argumenta que “la transparencia resulta en condición necesaria para la rendición de cuentas, aunque insuficiente porque una política de trasparencia es sólo el conjunto de procesos asumidos por las instituciones para garantizar la accesibilidad a la información pública bajo los principios de inclusión, veracidad y responsabilidad.” (Sánchez, 2012: 97) Inclusive señala que “la trasparencia es una de las variables de la ecuación de la gobernanza democrática.” (Ibid) Bajo estas premisas el lector puede inferir que las acciones de trasparencia son el resultado de métodos concretos de evaluación a los funcionarios por parte de los ciudadanos, que incluye y no se limita a la rendición de cuentas. La mera exigencia de los ciudadanos hacia los funcionarios que toman decisiones de políticas públicas relevantes ya sea en el otorgar contratos, en los procesos de selección en puestos de confianza o en el manejo de grandes cantidades de fondos públicos, adquiere un significado de claridad ante las posibles dudas en aquellos procesos que no son del todo claros. Las acciones de trasparencia en los procesos permiten que los ciudadanos puedan obtener la información necesaria y contribuye a que los funcionarios tengan la obligación de explicar sus actos.
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Ahora bien, la rendición de cuentas formal se logra a través del resultado de auditorías completas e imparciales que comprometen a los funcionarios a evidenciar todas sus acciones en beneficio de los ciudadanos. A su vez, permite adjudicar las responsabilidades correspondientes sustentando con evidencia algún manejo inadecuado de los recursos públicos o las decisiones contrarias a lo moral. La identificación de fallas, por parte de una auditoria, concientiza la necesidad constante de mejorar los procesos administrativos buscando la eficacia y eficiencia de las instituciones. De hecho, permite a los grupos de interés obtener constancia sobre la gestión gubernamental promoviendo credibilidad y confianza.
La propia ética profesional de los magistrados exige un cumplimiento cabal de imparcialidad, integridad y respeto a las leyes. Precisamente, en el Canon I (Lexjuris) del poder Judicial en Puerto Rico se dispone que “los jueces deben actuar conforme a las normas que honren la integridad e independencia de la De igual relevancia es que las instituciones función judicial, promoviendo el respeto y la gubernamentales fomenten sistemas abiertos de confianza en la judicatura.” Igualmente, el Canon XI gobernanza con la intención de lograr la transparencia, (ibis) exige que “los jueces actúen de forma imparcial en donde se promueven mecanismos que garantizan la y eviten cualquier conducta que pueda crear la disponibilidad y accesibilidad a los ciudadanos, apariencia de favoritismo o influencia indebida en sus especialmente en asuntos claves como lo son contratos decisiones.” La viabilidad del cumplimento de estos gubernamentales o decisiones administrativas donde cánones depende, en gran medida, del carácter de los los ciudadanos puedan conocer de primera mano cómo individuos seleccionados a ocupar un puesto en la se utilizan los recursos del público y se toman las adjudicatura y el elemento de compromiso con la decisiones. Sin dejar pasar por alto, la necesidad de ética. crear condiciones que faciliten el seguimiento ciudadano sobre las políticas públicas, permitiendo Asimismo, para contrarrestar la impunidad que la población participe activamente en la es necesario reducir la corrupción interna evaluación y vigilancia de las acciones del gobierno, mediante controles disciplinarios, auditorías y suscitando una cultura democrática basada en la mecanismos de supervisión institucional. Estas responsabilidad y la participación social. medidas permiten identificar irregularidades, Otro punto importante para contrarrestar la impunidad se muestra en la necesidad de continuar fortaleciendo los sistemas judiciales. Esto implica asegurar la independencia judicial, evitando presiones políticas o económicas sobre jueces y fiscales, de modo que sus decisiones se basen únicamente en la ley. De hecho, la independencia de criterio sugiere la inhibición por parte del juzgador tan pronto identifique algún conflicto que pueda menoscabar su criterio.
sancionar conductas indebidas y promover una cultura de responsabilidad dentro de las instituciones encargadas de administrar justicia. La existencia de órganos de supervisión independientes y procedimientos transparentes fortalece la confianza pública en el sistema judicial, ya que asegura que cualquier acto de corrupción o abuso de poder sea investigado y sancionado adecuadamente. Esto incluye, actualizar leyes para cerrar vacíos legales que permiten evasión de responsabilidades. 9
Resulta meritorio mencionar que la modernización de los procesos judiciales, a través de la digitalización de expedientes y el establecimiento de plazos razonables para atender casos contribuye de manera significativa a agilizar los procedimientos y facilitar el acceso a la justicia. De igual forma es esencial fortalecer las leyes de protección a denunciantes (whistleblowers) con el fin de que los ciudadanos logren seguridad al momento de exponer actos ilícitos sin ningún tipo de temor a represalias. La ley anticorrupción de Puerto Rico posee un sin número de medidas que atienden la protección a denunciantes de incidencias de corrupción gubernamental. La importancia de este tipo de medidas de protección es precisamente permitir a los que tienen el deber de investigar y procesar los casos la posibilidad de acelerar las investigaciones sin tener que comprometer a los denunciantes. Asimismo, fomentar mecanismos de denuncia segura y anónima también resulta clave. La confidencialidad en estos procesos ofrece protección a quienes denuncian, fortaleciendo la confianza en los mecanismos institucionales, lo que a su vez incentiva una mayor participación ciudadana en la denuncia de actos ilícitos. Finalmente, incluir políticas de prevención sustentados en programas de formación en valores, cultura ética, por un lado y, por otro lado, promulgar conocimiento en leyes de anticorrupción en donde se identifiquen las prohibiciones, incluyendo las sanciones y penas. El propósito es que el ciudadano pueda identificar de forma clara cualquier incidente que pueda enfrentar permitiendo tomar decisiones de forma informada. Campañas que destaquen la importancia de denunciar y respetar la ley ayuda a crear una cultura de legalidad, responsabilidad y confianza en las instituciones. 10
V. ¿Qué podemos Concluir?
Necesitamos el compromiso social y voluntad para contrarrestar la impunidad y la corrupción gubernamental.
Evidentemente la impunidad como cualquier mal social representa un problema que debe ser atendido de forma proactiva. Sin embargo, durante la redacción de este ensayo pude descubrir que no necesariamente la inacción de la ciudadanía refleja desinterés, sino que puede entenderse como una reacción lógica ante la percepción de que las instituciones no actúan de manera efectiva formando la creencia de que existe impunidad. Además, como pudimos discutir, por tratarse de la percepción de los ciudadanos, el problema se vuelve en uno de mayor complejidad dado que intervienen muchos factores. Como se ha mostrado, se distinguen como causa de un problema de seriedad la propia negligencia por parte de quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes o cuando existe culturas permisivas que alientan la impunidad. Sin duda implementar los métodos para contrarrestar a la impunidad requieren un compromiso social y voluntad por parte de quienes forman parte de las instituciones y de la ciudadanía en general para actuar con responsabilidad y apego a la ley. Sin embargo, hay que reconocer que las sociedades en general, incluyendo la nuestra, confrontan dilemas que impactan de manera considerable esa voluntad. Es fundamental tomar conciencia de que los problemas de corrupción terminan impactando de forma indirecta a la mayoría de la sociedad. O sea, que combatir la impunidad exige un esfuerzo conjunto, basado en la confianza, la transparencia y el respeto a la ley. Por ello, es indispensable continuar promoviendo políticas anticorrupción, métodos accesibles y una educación continua que motive a la ciudadanía a ser parte de la solución y a defender el cumplimiento de la ley. En definitiva, este ensayo brindó un análisis conciso sobre el impacto de la percepción de impunidad sobre la sociedad. Si se logra transmitir la idea de que cada acción individual contribuye al fortalecimiento del bien común se podrán lograr garantías para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es por esto por lo que resulta indispensable provocar en el lector el interés por lograr una cultura de valores y un compromiso activo con la legalidad.
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V. Bibliografía y recursos
Calvet Martínez, E. (2016). Impunidad (ausencia de castigo). EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, (10), 144–157.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Informe Anual 2023. https://www.corteidh.or.cr/docs/informe2023
LexJuris. (s.f.). Cánones de ética judicial. https://www.lexjuris.com/lexjuris/tspr2005/2005%20TSPR%20039%20Canones.pdf
LexJuris. (2019). Ley Núm. 2-2018, Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. https://www.lexjuris.com/lexlex/leyes/códigoanticorrupción.htm
Pizarro Carballo, F. J. (2024). Delitos económicos: los llamados delitos de cuello blanco. Derecho en Sociedad, 18(1), 101–129. https://doi.org/10.63058/des.v18i1.187
Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University Press.
Sánchez Gónzalez, J. J. (2012). Significados de la accountability en la administración pública. Revista IAPEN, 93–122. Transparencia Internacional. (2024). Índice de Percepción de la Corrupción 2023. https://transparencia.org.es/
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