Juan C. Collazo Vázquez Interno – Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético
"Decisiones éticas y prosociales en la primera línea del servicio público" Cuando hablamos de burocracia gubernamental, puede que nos venga a la mente un gran edificio con múltiples pisos, decenas o cientos de empleados y una cantidad de procesos complejos en virtud de su ley habilitadora. También la ubicamos en las altas esferas de poder de la administración, en los escritorios donde se formulan las políticas públicas. Puede ser que este modelo exista así en la superficie. Sin embargo, la razón de ser de las agencias radica en la interrelación de cada uno de los rostros humanos que actúan en nombre del Estado para cumplir una encomienda social (Ceva & Ferretti, 2021). Se trata de todas aquellas personas que trabajamos directamente con la ciudadanía, ofreciendo servicios sociales, educando a la juventud, cuidando de los adultos mayores o garantizando la seguridad pública. Más allá, no es suficiente que todos los aspectos de la administración estén reglamentados ni que la agencia cuente con los recursos y las facultades relevantes para llevar a cabo la agenda pública. Este artículo se enfoca en el servicio público de primera línea (SPPL), dado a que actúa como un puente muy influyente entre el gobierno y la gente de a pie. El poder discrecional es el espacio de juicio personal que existe en las zonas grises entre los procesos administrativos y las leyes (Loyens & Maesschalck, 2010). Este margen es especialmente relevante en la primera línea, donde abundan situaciones que no siempre encajan con la letra del reglamento. Es en dichas ocasiones, donde los SPPL deben ejercer su autonomía burocrática de acuerdo con su interpretación de una decisión correcta. En otras palabras, cuando el procedimiento no ofrece una guía completa, el peritaje profesional satisface ese vacío dentro del