Es una consideración unánimemente reconocida que los principales objetivos de las empresas son vender productos y generar ganancias, pero estos propósitos sustanciales no las eximen de su responsabilidad en el desarrollo de una sociedad más sana, en su papel en la construcción de una vida económica que impulse un crecimiento sustentable.
Bajo esta perspectiva, al reflexionar en el derecho de acceso a la información o en la corrupción, no podemos limitarnos a asociar estos temas como deberes o faltas exclusivas del Estado. Es necesario tomar en cuenta que estos son ámbitos de competencias y yerros que también corresponden al sector privado, concretamente a las relaciones de las empresas con sus clientes.
