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Llamado urgente a las autoridades para transformar los sistemas agroalimentarios y proteger la salud, la cultura y el medio ambiente.
La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) es una coalición de organizaciones, personas expertas y sociedad civil que desde 2012 trabaja por el derecho a la alimentación saludable, la salud, el agua y un medio ambiente sano.
México enfrenta una crisis múltiple:
Epidemia de obesidad, diabetes y mala nutrición desde etapas tempranas.
Inseguridad alimentaria en más de 50% de los hogares.
Contaminación y escasez de agua.
Interferencia de la industria en políticas públicas.
Deterioro ambiental y pérdida del patrimonio biocultural.
Abandono y pobreza en el campo e inseguridad vinculada al crimen organizado.
Ausencia de un sistema alimentario que garantice el abasto y distribución de alimentos saludables.
PARA SISTEMAS AGROALIMENTARIOS SALUDABLES, SOSTENIBLES Y JUSTOS
Necesitamos una política alimentaria integral, intersectorial y transexenal, con participación ciudadana y libre de conflictos de interés, que garantice:
1. Implementar la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible:
Es urgente activar esta ley para garantizar el derecho a una alimentación nutritiva y sostenible, con la publicación de su reglamento, la instalación del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC) y poniendo en marcha la Estrategia Nacional de Alimentación y el Programa Especial del Sistema Agroalimentario.
2. Proteger y promover la lactancia materna:
La lactancia es vital para la salud infantil. Se debe elevar a nivel de Ley el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna con sus resoluciones subsecuentes, actualizar la NOM-131 e incluir un etiquetado de advertencia de fórmulas para lactantes.
3. Garantizar entornos escolares con alimentos saludables y agua de calidad:
Avanzar en la transformación de las escuelas como espacios saludables, con la implementación los lineamientos escolares de alimentación saludable y promoción de programas gratuitos o accesibles de comedores, desayunos y huertos escolares. Acompañado de campañas de promoción de la salud.
4. Atender de forma prioritaria la crisis de acceso al agua y su mala gestión:
El agua es un derecho humano. Se requiere una Ley General de Aguas que asegure el acceso y saneamiento, reconozca la gestión comunitaria y proteja contra el acaparamiento y la contaminación.
5. Asegurar el etiquetado frontal de alimentos, claro e informativo:


Debe mantenerse y reforzarse el etiquetado frontal de advertencia, ampliando la información sobre el uso de aditivos dañinos y organismos genéticamente modificados (OGM) para que las y los consumidores tomen decisiones informadas.
6. Proteger a niñas, niños y adolescentes (NNA) de publicidad nociva:
Priorizar la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley General de Salud para la regulación de publicidad de alimentos y bebidas en todos los medios, incluyendo los digitales, y la protección de datos personales de NNA.
7. Subir impuestos a bebidas azucaradas, productos ultraprocesados y dañinos:
Es necesario establecer un impuesto de 20% sobre el precio final de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, siguiendo evidencia internacional1 y nacional, para reducir su consumo y financiar políticas de salud.
8. Prohibir del glifosato y otros agroquímicos, la siembra y consumo de maíz con organismos genéticamente modificados (OGM) como ya lo hacen en otras naciones:
Es indispensable reglamentar las reformas a los artículos 4 y 27 en relación con la protección del maíz nativo, la prohibición de cultivo de maíz con OGM que superen las barreras naturales y la evaluación de cualquier otro uso de los OGM, para asegurar la salud pública, ambiental y la protección del patrimonio biocultural.
https://www.who.int/initiatives/3-by-35
9. Excluir maíz, frijol y alimentos básicos del T-MEC:
México debe proteger sus alimentos base eliminando la obligación de adherirse al UPOV 91, exigir inocuidad en importaciones ubicando la carga de la prueba a quien exporta, incluir principios de derechos humanos, criterios de salud y ambiente en disputas o controversias comerciales, y garantizar trazabilidad desde la semilla hasta el consumo.
10. Frenar la interferencia de la industria en políticas públicas:
Implementar una estrategia integral de protección del interés público basada en transparencia, regulación y fortalecimiento institucional. Deben existir mecanismos efectivos para prevenir y sancionar conflictos de interés en políticas alimentarias y medioambientales. Asegurar la independencia de las agencias reguladoras y fortalecer la participación y denuncia ciudadana mediante observatorios con carácter vinculante.
¿Qué se necesita para lograrlo?
Publicar o reformar las leyes prioritarias para garantizar el derecho a la alimentación.
Reglamentar y aplicar las leyes existentes.
Garantizar presupuestos suficientes y etiquetados.
Detener el avance de intereses corporativos en políticas públicas.
Escuchar y apoyar a comunidades y grupos vulnerados.
Proteger los derechos humanos y el interés superior de las niñeces.
¡Exigimos una transformación estructural de los sistemas agroalimentarios!
Salud, justicia y sostenibilidad deben estar en el centro de las decisiones del gobierno.































