De manera general, en Guatemala, la Ley 1291 Ley general de Educación, resguarda el carácter público de la educación y prioriza el papel del Estado en la gestión de la política pública educativa.
No obstante, hay otros mecanismos, como el Consejo Nacional de Educación o las estrategias de cooperación del Banco Mundial con el Ministerio de Educación, los que debilitan el sentido público de la educación e impulsan la participación de Organiza-iones no Gubernamentales (ONG), la cooperación internacional y del sector privado empresarial en los procesos educativos.