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La sociedad civil el siglo en adelante, la preocupación fundamental de la filosofía y la teoría políticas liberales ha sido deterD minar la naturaleza de la relación entre el Estado y el individuo XVIII
para que el primero no aplaste al segundo. El punto de partida de este liberalismo fue la Europa del capitalismo original, aquélla donde la monarquía absoluta había identificado su interés institucional con el de la nación y lo había impuesto a sangre y fuego sobre la nobleza, la iglesia, la burguesía y el pueblo llano. En esas circunstancias, para pensadores como Locke, Montesquieu o Rousseau, lo importante era crear un arreglo político donde el poder del príncipe y su burocracia tuvieran límites claros y eficaces, de tal manera que el individuo contara con protección institucional contra la natural arbitrariedad del poder político y asegurara así el espacio indispensable donde su libertad y su dignidad ----los derechos del hombre---- pudieran expresarse y florecer. Éste es el punto central y moralmente más atractivo del liberalismo, otros son, sin duda, más cuestionables. De acuerdo con la teoría liberal ----y con el sentido común----, es el individuo quien debe cuidarse y protegerse de 23
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la arbitrariedad y los abusos del Estado y no al revés; la diferencia abismal de poder entre uno y otro hace inevitable la situación. Sin embargo, de tarde en tarde ocurre lo contrario: es el Estado el que debe protegerse del individuo. En este caso se trata de algunos individuos que, por diferentes caminos, han logrado acumular tanto poder personal que pueden, y en ocasiones quieren, retar al Estado, sobre todo si éste es débil, afectando al interés común. Se trata, claro, de situaciones anómalas, verdaderas excepciones pero dignas de atención. Desde un principio, en Estados latinoamericanos muy débiles, como fue el caso del nuestro después de la Independencia, aparecieron individuos excepcionalmente fuertes que tenían apoyo económico y político externo ----en particular de Inglaterra---- y se convirtieron en prestamistas de gobiernos en bancarrota, con lo cual lograron tener a los presidentes en su puño. En México, empresarios como Barron, Forbes o Mackintosh contaban con más recursos que el gobierno. Sus empresas controlaron aduanas, cobraron impuestos o acuñaron moneda, todas ellas actividades propias del Estado, no de particulares. Cuando el poder político termina por consolidarse en México y se concentra en manos tan fuertes como las de Benito Juárez o Porfirio Díaz, entonces y sólo entonces se experimentó en México, a plenitud, el problema clásico del Estado fuerte y el individuo débil; en efecto, llegado el caso, ningún hacendado o empresario extranjero pudo ya, como persona privada, confrontar de manera directa y con éxito al presidente Díaz. Tras la Revolución de 1910, y aunque sólo brevemente, volvió a surgir en México el problema del individuo más fuerte que el Estado. En efecto, entre diciembre de 1928 y me24
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diados de 1935 el general y expresidente Plutarco Elías Calles, a pesar de ser en apariencia un simple ciudadano, fue quien, como Jefe Máximo de la Revolución, tomó todas las decisiones políticas importantes. Es posible que, en épocas más cercanas, Carlos Salinas tuviera en mente al expresidente Calles como modelo a imitar, pero el Estado mexicano era ya muy diferente del de sesenta años atrás y, en cualquier caso, la posibilidad de un nuevo ‘‘maximato’’ se vino abajo como resultado de los desastres de ese año. En principio, situaciones como las descritas sólo tienen lugar en sistemas políticos débiles y no en los fuertes y donde existe un auténtico estado de derecho. En estos últimos no se espera que ningún individuo, por sí mismo, pueda desafiar abierta y directamente al poder estatal y salirse con la suya. Alexis de Tocqueville (1805-1859), el aristócrata francés que elaboró una de las más originales interpretaciones del sistema político estadunidense, señaló que una de las características notables de esa nueva nación era la proclividad de sus ciudadanos a organizarse a la menor provocación y dar forma a asociaciones lo mismo para organizar una fiesta que para construir una iglesia o proponer una legislación. Y concluía: ‘‘Cuando se trata de llevar a cabo una nueva empresa, en Francia encabeza el esfuerzo el gobierno y en Inglaterra un miembro de la clase propietaria pero en Estados Unidos lo más seguro es que sea una asociación [creada exprofeso]’’.1 No es necesario ser experto en teoría política para comprender la importancia que tiene la existencia de una red de organizaciones creadas por la propia voluntad e iniciativa de los ciudadanos para influir en ese mar de acontecimientos 25
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que constituyen la ‘‘cosa pública’’. La comparación y la experiencia demuestran que la calidad de la vida colectiva aumenta en la medida en que es mayor la densidad de esa red de asociaciones voluntarias, dedicadas a la formación, educación y movilización de la opinión pública. En sociedades donde existe una fuerte tradición de organización voluntaria e independiente, la democracia tiene mayores posibilidades que en aquéllas donde está ausente. En ese mundo de asociaciones que llamó la atención de Tocqueville, las de carácter político eran sólo parte de un todo enorme. Esa ‘‘ilimitada libertad’’ de los estadunidenses para organizarse despertó en el observador francés una mezcla de admiración y temor, y sospechó que no cualquier nación o sistema político podía resistir las tensiones generadas por esa práctica ‘‘extrema’’ de la libertad. Sin embargo, Tocqueville supuso, de manera acertada, que la democracia política, al dar al gobierno el respaldo moral de la mayoría, imponía un límite real a la acción de las organizaciones que se deciden marchar a contrapelo de la mayoría.2 En nuestra revisión del tema debe quedar claro que, como en el caso de casi todos los conceptos de las ciencias sociales, no hay una definición única de Sociedad Civil (SC). El nacimiento del concepto arranca, como tantos otros, de la Grecia clásica, pero su definición actual se la debemos a Hegel. En cualquier caso, a lo que la SC hace referencia es a un tipo de mediación entre el mundo de la política a nivel del Estado y el mundo del mercado en las sociedades modernas. Las organizaciones de ciudadanos que buscan proteger los derechos de los deudores, preservar la identidad de las etnias, rescatar a los niños de la calle, apoyar a los discapacitados, ampliar los espacios de autonomía y desarrollo de las mujeres, defender 26
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el derecho de los homosexuales a su estilo de vida, proteger los derechos humanos, detener la destrucción del medio ambiente, constatar que las elecciones cumplan con las reglas de legalidad y equidad democrática, y muchas cosas más, constituyen un conjunto de agrupaciones que son políticas pero sin ser parte del Estado, y que algo tienen de económicas, aunque sin operar por y para el mercado. A eso es a lo que llamamos sociedad civil. Se trata de un abigarrado tejido de estructuras que movilizan la energía, la imaginación y la voluntad de los ciudadanos más activos, que libremente unen sus fuerzas para influir en la acción del Estado y para actuar ahí donde el mercado se muestra insensible a los problemas sociales, pero sin una dirección central, sin un proyecto único. La SC como una fuerza central, tal y como la describieron Tocqueville o Hegel, es un fenómeno que sólo pudo nacer y alcanzar su plenitud con el advenimiento del mundo moderno, una vez destruido el sistema feudal y absolutista por parte del capitalismo y surgir los nuevos conceptos como mercado, individualismo y derecho. Sólo en el pluralismo creado por la sociedad capitalista fue posible y necesario fundar ese entramado institucional ----sin guía única ni centro y siempre en proceso de cambio y adaptación---- para mediar entre la estructura estatal y la del mercado en una sociedad dividida por clases y diferencias regionales y culturales, pero ligada por una estructura legal. La SC permite construir y mantener un espacio para que esos átomos que son los individuos desarraigados de sus viejas estructuras comunales puedan encontrar nuevas formas de unión, comunidades de interés a las cuales asirse para no naufragar en el mar de la anomia, es decir, de la vida sin solidaridad. Desde el siglo XIX el socialismo ofreció otra salida a los 27
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males del capitalismo, una salida más radical y completa: la de la revolución para superar al propio capitalismo y a toda la enajenación resultado de esa separación entre el individuo y el fruto de su trabajo. Esa revolución llegó al despuntar el siglo XX y el socialismo se fue construyendo a golpes de hoz y martillo, pero el resultado fue muy distinto del prometido por esa utopía. El ‘‘socialismo real’’ fue tan o más enajenante que el capitalismo, y su brutalidad quedó impresa para siempre en la memoria colectiva por la vía del GULAG. En cualquier caso, el socialismo nacido de la revolución bolchevique ya desapareció, pero lo que no ha desaparecido es justamente lo que lo hizo surgir: el sentimiento de injusticia sustantiva y sus causas: la explotación y la ausencia de solidaridad humana más allá del núcleo básico, es decir, el familiar. Entre nosotros la SC es utopía porque aún no existe, al menos no del todo, pero no es utópica porque puede existir. Aunque la SC es una forma de participación política muy distinta de la que históricamente ha dominado en México. En contraste con Estados Unidos, la historia mexicana es la de una sociedad donde, hasta hace muy poco, las organizaciones sociales importantes no eran resultado de la libre voluntad de los individuos, sino estructuras corporativas que se les impusieron para controlarlos y atomizarlos, dentro de redes organizativas creadas desde la cúspide del poder, para fines que sus miembros no habían elegido y con mecanismos sobre los que tenían poco o ningún control. Ése fue el tipo de estructuras que confinaron a los habitantes de Nueva España ----la Iglesia católica, las comunidades indígenas, las cofradías, los gremios, los consulados de comerciantes o mineros, las universidades, etcétera. Con la Independencia y la Reforma las cosas cambia28
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ron pero no mucho, pues, al final, en el centro estaban un par de organizaciones que no eran las propias de una sociedad liberal y democrática sino unas muy distintas: lo que quedaba de las comunidades indígenas y la gran hacienda que convivieron en un diálogo muy conflictivo; aquí, los sindicatos y mutualidades apenas si contaron. En el siglo XX, como producto de la Revolución mexicana y el populismo, surgieron los sindicatos, las organizaciones ejidales y campesinas, las confederaciones de industriales o de comerciantes, los colegios de profesionales, etcétera; pero todos ellos, abierta o soterradamente, fueron subsumidos en esa estructura omnipresente que se decía partido, pero que no era parte sino el todo: el PNR-PRM-PRI. Por un lado estaban los sectores de un partido de Estado: Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y por el otro las organizaciones empresariales creadas por ley ----las cámaras---- pero también las que surgieron de la voluntad de los empresarios: Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), etcétera. Y como en la época colonial, el sistema priísta buscó que la vida política transcurriera sin movilizaciones, sin independencia de los actores y que se dejara la política en manos del partido y de una burocracia centralista. Y si bien ya no había un monarca absoluto, estaba un presidente-sol alrededor del cual giraban todos los cuerpos organizados. El ciudadano existía mucho en los documentos y el discurso pero poco en la realidad. En ese arreglo, el actuar fuera de las organizaciones aceptadas por el poder o salirse de las órbitas autorizadas por 29
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la presidencia, o por su equivalente local, provocaba una reacción que combinaba represión con cooptación, lo que mantenía a la sociedad mexicana desmovilizada. Fue sólo como resultado de la catástrofe económica de 1982 que la imposibilidad del grupo en el poder de encontrar un nuevo esquema que devolviera el vigor a la economía produjo las grietas por donde la sociedad empezó a colarse para actuar políticamente. En los ejemplos mencionados, el individuo y su libre albedrío en asuntos políticos ----es decir, el ciudadano---- brilló por su ausencia. Y sin el entramado de organizaciones voluntarias que se nutran de la energía ciudadana, encauzada por la legalidad y que mediante la discusión y la movilización influyan en la naturaleza y dirección del poder político ----el gobierno y los partidos----, la vida democrática es, de hecho, imposible. El corporativismo posrevolucionario mexicano resultó ser la forma de organización propia de un autoritarismo, de la cultura del súbdito y no del ciudadano. Aquellos que en México y en América Latina toman del concepto de SC su parte normativa, además de su capacidad de describir y explicar un aspecto de la realidad moderna, buscan en el desarrollo de la organización y movilización de y desde la base ciudadana, el camino para arribar a una sociedad distinta de la actual, aunque sin caer en el pensamiento utópico. Quienes hoy actúan en función de dar mayor vitalidad a la aún muy débil SC mexicana, parten del supuesto de que no tiene sentido práctico, pero tampoco moral, insistir en la construcción a sangre y fuego de la sociedad libre de contradicciones y del ‘‘hombre nuevo’’. Se sabe ya que ese empeño en dar forma por la vía de la violencia revolucionaria a la sociedad perfecta ha desembocado en el totalitarismo, la guerra y la 30
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destrucción masiva. Sin embargo, sería igualmente repugnante aceptar, sin más, el triunfo del mercado en su modalidad del neoliberalismo y la globalización. Aunque ese mercado global no construye campos de concentración o de trabajos forzados al estilo de Hitler o Stalin, sus víctimas ----los pobres y pobres extremos que hoy constituyen más de la mitad de los habitantes del planeta---- son tan reales como las de los totalitarismos del pasado. En México y en buena parte del mundo hay un malestar evidente frente a una concepción de la política en donde los que toman por sí y ante sí las decisiones que constituyen el entorno en el que transcurren las vidas del hombre común, son las grandes burocracias del gobierno y los partidos. Ese malestar se agudiza cuando esas burocracias son corruptas, irresponsables y no particularmente competentes, como las de México. La creciente desconfianza y el rechazo a la ‘‘gran política’’ y al ‘‘gran discurso’’ ----mismos que en realidad son de una sorprendente pequeñez intelectual y moral---- es la fuerza que está detrás del impulso antiautoritario que se va extendiendo por la sociedad mexicana y empieza a dar forma, por fin, a la SC y a la modernidad política. La autonomía de la sociedad ----la capacidad de grupos ciudadanos de actuar sin pedir permiso a la estructura tradicional de autoridad---- lleva como conclusión inevitable la exigencia de la construcción del verdadero respeto a la legalidad, tan ajeno a nuestra tradición. El ‘‘espacio público’’ democrático sólo podrá consolidarse cuando exista una SC que lo haya conquistado y pueda defenderlo. El embrión de la SC ya existe, pero aún debe desarrollarse en un ambiente donde el cumplimiento de la ley está ausente. Sin embargo, en la medida en que la moviliza31
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ción ciudadana independiente sobreviva y se institucionalice, la SC se hará una realidad entre nosotros y la impunidad reducirá sus espacios. En la actualidad, la sociedad mexicana puede por fin actuar y movilizarse por sí misma mediante cauces institucionales (aunque no todas las arenas locales tienen un grado similar de libertad). Sin embargo, falta un mayor impulso a la organización social independiente. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden parecer muchas, sobre todo si se compara con las que había hace veinte o treinta años, pero si comparamos nuestra situación con la de las democracias maduras resultan ser aún muy pocas. Salvo por votar, el grueso de los mexicanos sigue sin actuar políticamente, y por importante que sea, el voto por sí solo no es suficiente. En buena medida el futuro de México depende del resultado de la lucha por consolidar a una SC eficaz, pues sin ella la democracia no estará segura. Hoy la vida política en México se carga, cada vez más, hacia la democracia, pero aún depende de las acciones ya no de un presidente autoritario, sino de las oligarquías que mal dirigen los partidos. Y esos partidos, con muy poca legitimidad entre los ciudadanos, son los que se apropian de las decisiones vitales sin que la sociedad mexicana esté presente y sea tomada en cuenta en el momento oportuno. En ningún país el congreso es un representante fiel de su sociedad, menos aún en México. Los medios de información son canales de expresión de la pluralidad, pero no espejo fiel de los intereses del caleidoscopio social. Por tanto, la vida democrática, para ser tal, requiere además de la división de poderes y de unos medios de información plurales, de la organización y movilización independiente de la sociedad. Ahora, cuando 32
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por fin los mexicanos hemos superado la añeja condición de súbditos, es necesario asumir activamente el papel de ciudadano, votando pero también marchando, formulando demandas, haciendo juicios, exigiendo responsabilidades, creando y alimentando a las ONG. En fin, si en términos generales nuestra clase política pocas veces ha estado a la altura de su desafío histórico, que no se diga lo mismo de la sociedad mexicana en su conjunto. Semidemocracia, riesgo latente Es evidente que México ha cambiado mucho en términos políticos durante los últimos años, pero ese cambio no debe confundirse con la democracia plena. En términos políticos, lo que hoy tiene lugar en el país es, entre otras muchas cosas, producto de la tensión entre el proceso de cambio de un sistema de organización del poder ya gastado, inviable e ilegítimo, y los pasos iniciales de la construcción y consolidación de un nuevo sistema democrático que, esperemos, sea irreversible. En teoría, siguiendo las propuestas de los profesores Philippe C. Schmitter y Nicolas Guilhot3 la transición como cambio de un tipo de régimen a otro es un proceso que conviene distinguir de aquel que tiene como meta la consolidación de lo nuevo. En el primer caso, el objetivo es muy específico, temporal y destructivo: desmantelar en el menor tiempo posible a las instituciones antiguas, disfuncionales e inestables. En contraste, en el proceso de la consolidación el objetivo es constructivo, de largo plazo y consiste en hacer arraigar en la sociedad nuevas normas de conducta ----más legítimas---- y sus marcos institucionales. 33
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Se trata de un proceso inevitablemente caótico, lleno de choques, estridencias y peligros. Es por ello que los dos procesos deben estudiarse como fenómenos relacionados pero separados. Y la distinción es obligada, en primer lugar, porque los actores centrales y los medios de lucha de uno y otro proceso no suelen ser los mismos. En el proceso de cambio o transición el papel principal, señalan Schmitter y Guilhot, lo desempeñan los líderes y sus grupos; las relaciones son de choque directo de poderes y lo impredecible de la dirección del cambio es la característica fundamental de ese ----de este---tiempo. En contraste, en la consolidación el papel central corresponde a los procesos de institucionalidad, pues conforme avanza el proceso también aumenta la predictibilidad y la estabilidad de la vida política. En el caso de México es posible afirmar que desde 1916, fecha en que se pusieron los cimientos de un nuevo orden y hasta antes del 2 de julio de 2000, las elecciones no fueron nunca la fuente primaria del derecho a gobernar, sino un mero trámite, puesto que la decisión de quién sucedería al presidente en turno no pasaba por las urnas. Hasta antes de ese 2 de julio, lo determinante en México era lo implícito, lo que no estaba en las leyes sino en unas costumbres antidemocráticas muy arraigadas. Como sabemos, el régimen que nació de la rebelión maderista de 1910 y terminó por darle al país una estabilidad sin igual, desde su inicio relegó, de hecho, los valores de la democracia política y después del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas también perdieron significado los de la democracia social. En la práctica, el régimen de la Revolución mexicana se convirtió en uno de partido de Estado, autoritario, irresponsable, corrupto y constructor de una estructura social de34
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sigual e injusta. Su nacionalismo, real en el inicio, fue perdiendo prestigio hasta quedar arrumbado, cuando su clase política se vio obligada a abrazar la ideología de la globalización como la única vía para dar oxígeno a un sistema que tenía escasas probabilidades de sobrevivir tal cual. Desde 1968 se hizo evidente que existía un talón de Aquiles en el orden establecido. Asimilar este hecho desde la memoria colectiva fue crucial, pues, en 1994, al estallar la rebelión neozapatista en Chiapas, la movilización dentro y fuera de México, que exigió una solución pacífica, hizo evidente que había dejado de ser redituable apagar ese incendio social con los antiguos métodos empleados en las montañas de Guerrero, en la plaza central de San Luis Potosí, en Tlatelolco o en la calzada México-Tacuba de la capital. Cuando en los últimos años del siglo XX las circunstancias obligaron al PRI a dar la batalla a sus adversarios con armas que no le eran propias ----las de la democracia electoral----, el país entró en una corta pero fructífera etapa de semidemocracia, preludio de la notable jornada del 2 de julio de 2000. ¿A quién o a qué atribuir el hecho de que el último régimen mexicano haya caído sin una violencia generalizada como en el pasado? Ese cambio no tuvo un solo actor individual o colectivo, sino la conjunción de ambos. Los pocos que mostraron estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en su rechazo al monopolio ejercido por el partido de Estado fueron los neozapatistas; los que desde decenios atrás apostaron al cambio gradual y democrático, como los panistas; pero también los empresarios medios que enfrentaron al PRI y dieron vida al neopanismo; los que, en 1987, abandonaron el PRI para unirse a una izquierda que también había aceptado la vía electoral para llegar al poder y dieron forma al FDN 35
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primero y al PRD después, y no desistieron a pesar del fraude y la violencia que se ejerció contra ellos; un presidente tecnócrata que aun cuando surgió de la antidemocracia priísta tuvo perspectiva histórica y el ánimo suficiente para no oponerse ‘‘hasta el final’’ al asalto democrático; una sociedad civil de formación reciente pero llena de energía; y las circunstancias internacionales posteriores a la guerra fría que ya no vieron en la democracia al sur del Bravo el brote inminente del comunismo en la región. Haber logrado echar a andar el mecanismo de la democracia política en México fue una empresa difícil y de varios decenios. Pues bien, la siguiente etapa de ese proceso, aquella que inició a partir de 2000 ----la de la consolidación de la democracia política----, no ha sido menos difícil. Y aunque el discurso presidencial mantenga un tono optimista, los indicadores disponibles sugieren que debemos prepararnos para otra tarea laboriosa, accidentada y de final incierto. Larry Diamond señala que si en las democracias de creación reciente como la nuestra no se avanza en su profundización, se retrocede.4 La esencia de la consolidación democrática consiste en lograr que a pesar del natural e inevitable conflicto de intereses entre los actores políticos, finalmente se logre establecer entre ellos un compromiso tan rutinario como profundo y sin reservas frente a los métodos y valores de la democracia. En el ámbito de la gran base social y según el análisis que hace Diamond del proceso mundial, es necesario que cuando menos 70 o 75% de los ciudadanos acepte que, efectivamente, no hay mejor alternativa política que la democracia para resolver los problemas colectivos y desarrollar al país. Los enemigos de la democracia, añade, habrán de sumar me36
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nos de 10%. Ahora bien, en este punto básico los mexicanos aún necesitamos avanzar. En las elecciones presidenciales de 2000 participó 64% de los empadronados y de ellos 36% dio su apoyo al viejo régimen del PRI; si quitamos votos nulos, resulta que poco menos de 40% apoyó activamente el cambio de régimen. Por otro lado, las encuestas de opinión muestran que, en principio, en México el sistema democrático tiene un respaldo mayoritario pero no contundente. En efecto, una encuesta de septiembre de 2000, cuando el PRI ya había sido derrotado, señala que sólo 57% prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, 17% no sabía qué deseaba, 14% le daba lo mismo democracia que autoritarismo y, por último, 12% francamente se manifestó a favor del autoritarismo.5 Si los indicadores de Diamond son válidos, resulta que en la base de la sociedad mexicana subsiste una franja minoritaria que no está comprometida con el sostenimiento del nuevo régimen, es decir, con valores como la tolerancia, la igualdad o el respeto a la ley. Este problema se repite y refuerza cuando deja de enfocarse al conjunto ciudadano y la atención se fija en las elites y los actores colectivos: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, profesionales, estudiantiles y todo el universo que forman las organizaciones no gubernamentales. En este sentido los indicadores de la aceptación o el rechazo de la democracia pueden dividirse, al menos en dos grandes campos. Por un lado están las declaraciones y por otro las acciones. Es evidente que por el lado de las expresiones públicas la democracia mexicana no tiene muchos problemas, pues hay una gran unanimidad entre las elites: prácticamente todos sus miembros dicen tener un gran compromiso con la democracia: el presidente y su equipo, los dirigentes de los 37
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partidos políticos o de los sindicatos, los obispos, los líderes empresariales, los intelectuales, los artistas, los jefes militares, los periodistas, etcétera. Hasta aquí, bien. Sin embargo, cuando se pasa del dicho al hecho las cosas cambian. Los dirigentes de derecha e izquierda mexicanos mantienen en el discurso su fidelidad a los principios democráticos, pero en la práctica algunos son saboteadores importantes de la consolidación. Desde luego, saltan a la vista el caso del líder priísta Roberto Madrazo, ejemplo siempre conspicuo. Aunque también todos los cuadros del antiguo partido de Estado, que hoy se mantienen como gobernadores, rectores universitarios, presidentes municipales, legisladores o que ocupan cargos en otras áreas de la administración pública, son miembros de la elite política cuyo curriculum vitae poco o nada tiene que ver con la democracia. Lo mismo puede decirse de los grandes empresarios que amasaron sus fortunas a la sombra del árbol autoritario priísta, de los jerarcas de la Iglesia católica y de una variedad de personajes similares. En suma, hay una parte importante de la elite del poder que, por provenir del régimen pasado y seguir en posiciones de influencia, presenta una contradicción entre su apoyo verbal a la democracia actual y su biografía. En la derecha, México no tiene organizaciones con significado social que sean de corte abiertamente fascista y que renieguen de la democracia como forma de gobierno; tampoco hay paramilitares o terroristas que se organicen a nivel nacional para enfrentar con la fuerza a la autoridad, como ocurre en ciertos países europeos o en Estados Unidos. Nuestras organizaciones de derecha mantienen su adhesión, en principio, a la democracia. Por otra parte, el grueso de la izquierda hace tiempo que abandonó el proyecto de hacerse del poder 38
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por la vía de la revolución y acepta el juego democrático como legítimo. La organización más importante y conocida de la izquierda, reacia a integrarse a las reglas, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Y aunque no ha mostrado gran entusiasmo por el sistema de partidos y menos aún por el resultado de las elecciones del 2 de julio de 2000, recordemos que entonces su conducta no fue la de sabotear esa elección sino aceptarla desde su inalcanzable torre de escepticismo. Desde otra perspectiva, recordemos que una parte importante de los actores colectivos fueron criaturas del sistema autoritario y hasta el momento no se les ha visto mucha voluntad de cambio para convertirse en factores de promoción de la democracia. Destaca en este campo el PRI, cuya carga antidemocrática es tan pesada que esperar que se transforme en un actor democrático es casi como pedir que abjure de su historia. Y ahí están para probarlo, de nuevo, los casos de las organizaciones sindicales que forman su sector obrero y varias de las organizaciones que encuadran a burócratas, maestros o campesinos que tampoco están en mejor condición. Es verdad que el lado positivo de la moneda también existe. Lo forman los partidos políticos que lucharon y se comprometieron con la vía democrática; también cuentan los sindicatos independientes, un número importante de medios de información y de agrupaciones no gubernamentales responsables, todos ellos ingredientes indispensables en una democracia eficaz. Sin embargo, el peso muerto que representan las antiguas organizaciones recibidas como herencia del viejo régimen es fuerte y en coyunturas difíciles está en posibilidad de ser un saboteador del desarrollo de la democracia incipiente. 39
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Las elecciones de 2000 llevaron a una recomposición del grupo de políticos profesionales que gobiernan a México, es decir, de la clase política. Pero la ciudadanía se mostró muy dividida en sus preferencias y no dio a nadie un mandato claro, de tal suerte que la división del poder no ha resultado funcional para la consolidación de la democracia. El poder ejecutivo quedó en unas manos, pero el legislativo en otras. Por otro lado, Vicente Fox formó un círculo alrededor de su presidencia donde no dominaron quienes tenían peso en el partido que lo postuló ----el PAN---- sino gente muy nueva no sólo en el manejo de la maquinaria administrativa del gobierno ----eso era natural tras 71 años de monopolio del PRI---también muy nueva en la vida política misma. Examinando la biografía del gabinete, puede comprobarse que en el círculo interno del Ejecutivo ----el corazón del foxismo---- hay muchos personajes que no se habían formado dentro de la reflexión sobre los grandes temas de la política, sino de la administración de la empresa privada. Por tanto, se trata de cuadros que en su etapa formativa no vivían ni para la política ni de la política, y eso ha sido uno de sus puntos débiles. Los curricula del círculo interno del presidente nos dicen que sus miembros fueron quizá muy competentes como promotores empresariales, pero ésas no son necesariamente las mejores credenciales para hacer frente a la compleja responsabilidad histórica que implica echar a andar y consolidar un régimen político nuevo y democrático, sobre todo en un país sin tradición en ese campo. Ahora bien, si el problema central con esa parte de la clase política mexicana que controla el poder ejecutivo ha sido que casi no tiene pasado político, la otra cara de la moneda es que la oposición más numerosa y más dura, la que domina 40
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el poder legislativo, tiene pasado político en exceso. Aunque lo malo no es la veteranía de un buen número de legisladores priístas y de otros partidos, sino que su formación y expectativas no son compatibles con las necesidades de la democracia, sino todo lo contrario. Sin olvidar que la dirección del viejo partido de Estado sigue conformada por personajes que se hicieron en el antiguo régimen, donde la corrupción era la norma. La democracia griega podía funcionar sin partidos y Juan Jacobo Rousseau esperaba que ocurriera igual cuando se materializara la que él tenía en mente en el siglo XVIII. Sin embargo, en la sociedad de masas actual no hay la menor posibilidad de una democracia eficaz sin ese mal necesario que son los partidos, cada uno dominado por su respectiva oligarquía. En principio, como lo señalara, entre otros, Seymour Martin Lipset, ya un clásico de la ciencia política contemporánea, los partidos siguen siendo ‘‘la instancia mediadora más importante entre los ciudadanos y el Estado’’;6 David E. Apter, otro clásico, va un poco más lejos y afirma: ‘‘los partidos son el instrumento más importante de la política; de su competitividad y de su capacidad de negociación y compromiso [surge] el elemento que hace funcionar al sistema [político]’’.7 Desde esta perspectiva, los partidos políticos deben verse como la conexión fundamental entre la sociedad y el entramado de las estructuras de autoridad gubernamental. Se trata, pues, de instituciones a través de las cuales un conjunto de intereses muy diversos pueden llegar a construir coaliciones y lograr después el apoyo social que es el insumo que permite a la maquinaria de gobierno la elaboración y puesta en marcha de acciones o políticas concretas. 41
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En la actualidad, la clase política mexicana está formada por militantes de varios partidos en competencia entre sí, más un cierto número de individuos sin afiliación, pero que en la práctica funcionan como cuadros de alguna de las tres grandes maquinarias partidistas. Se trata de la clase política de la democracia. En principio, este nuevo conjunto, por vivir dentro de una dinámica de competencia ----la lucha de las elites---- y por no estar ya organizado jerárquicamente ni subordinado a la voluntad presidencial sino que, al contrario, es capaz de oponerse a ella con éxito, debería ser mejor que el que dominó durante la larga era del antiguo régimen. Y en algunos casos y aspectos efectivamente lo es, pero por desgracia, en lo general, no parece ser muy diferente de la clase política anterior: no es más eficiente, tampoco muestra mayor sensibilidad frente a las necesidades, demandas y exigencias de las bases sociales ni ha tenido éxito en desterrar las nocivas prácticas corruptas. Hasta el momento, puede afirmarse que, como conjunto, quienes hoy son los responsables de manejar las instituciones públicas mexicanas dejan mucho que desear frente al ideal de honestidad, eficiencia e identificación con la sociedad a la que dicen y deben servir. Para el ciudadano promedio, la corrupción pública se mantiene casi intacta a pesar del advenimiento de la democracia; la eficacia de la administración no ha aumentado como consecuencia del cambio de régimen y la insensibilidad de algunos de los nuevos gobernantes es tan notoria que incluso puede resultar escandalosa. Como candidato y como presidente electo Vicente Fox prometió resultados. La democracia no es utópica pero a final de cuentas sólo se justifica si modifica de manera positiva el espacio de lo público, tanto en lo material como en lo mo42
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ral. Sin embargo, lo desilusionante o, incluso, alarmante, es la percepción de ineficacia. Y aunque desde antes del 2 de julio de 2000, un poco de sentido común y de conocimiento de la realidad permitían suponer que por sí mismo, el cambio de régimen político no podría resolver casi ninguno de los grandes problemas nacionales, era razonable esperar que tal cambio propiciaría las condiciones para que, a mediano plazo, empezaran a administrarse de mejor manera las múltiples agendas propias de una sociedad subdesarrollada, con una demografía relativamente densa, con grandes desigualdades sociales, con una ecología seriamente degradada, con altos índices de pobreza y marginalidad, con una institucionalidad carcomida por la corrupción y con una alta y creciente dependencia económica y política del poderoso vecino del norte. Pero la historia muestra que una vez que se ha hecho con el poder, ninguna fuerza opositora, ni la más revolucionaria, ha logrado dominar la realidad al grado de hacerla cumplir con el proyecto elaborado en la etapa de oposición. Todo indica que quienes derrotaron al PRI en 2000 simplemente se montaron sobre la enorme insatisfacción acumulada por decenios de monopolio y abuso del poder sin plantearse con seriedad la cuestión de la naturaleza del cambio. Y cuando al final llegó el momento de la verdad para la derecha democrática mexicana, su propuesta concreta resultó ser, en esencia, una variante del salinismo. En efecto, al esquema económico neoliberal se le añadió la democratización: elecciones competidas, una real división de poderes, federalismo, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La meta no era un cambio sustancial en la estructura social o económica del país, sino un cambio cultural para hacer reali43
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dad el respeto al orden jurídico en una economía de mercado eficiente. En perspectiva, el proyecto nacional de los triunfadores de 2000 resultó ser uno de los más modestos de todos los que se han intentado en México. No se propusieron reinventar a la nación, sólo ponerla al día en lo político. Desafortunadamente, el foxismo se topó en la práctica con una economía de mercado muy deficiente, el crecimiento se detuvo y, muy pronto, todo el proceso político se empantanó, ya no avanzó el empeño privatizador y la anunciada lucha contra la corrupción terminó en una derrota. La presidencia se debilitó y se desdibujó al grado que apenas cumplido medio sexenio, la energía de los actores se centró en la mera lucha por la sucesión presidencial y ha aparecido en el horizonte mexicano el peligro de una regresión de la democracia. En principio, ninguna sociedad o nación que opte por la democracia puede considerar que su vigencia está asegurada y que ya llegó de una vez por todas a construir el entramado institucional óptimo. Sin embargo, es realmente difícil imaginar que hoy Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Australia o Nueva Zelanda, por citar los casos más evidentes, puedan sufrir una regresión en sus respectivos regímenes políticos. En contraste, no es nada difícil imaginar que en la mayoría de los países de democratización reciente, entre los que se encuentra el nuestro, puedan surgir condiciones que den lugar a esos retrocesos o, incluso, a la pérdida total del terreno que se acaba de ganar a la vieja antidemocracia. En el caso mexicano, la gran pugna dentro de la clase política ----situación natural e incluso indispensable para que la democracia no pierda su vitalidad---- ha llevado a algo muy parecido a la parálisis. Es verdad que el grueso de las inicia44
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tivas de ley del ejecutivo han sido aprobadas por el congreso pero las más importantes o han resultado ineficaces ----la reforma fiscal---- o simplemente no se han presentado por ausencia de acuerdo, como es el caso de la legislación sobre energía. Desde luego, es en la institucionalización de un sistema fuerte de partidos donde puede ganarse o perderse la consolidación que apenas empieza. Este es el tiempo de los partidos pero, por ahora, no se muestran dispuestos a estar a la altura de las circunstancias. Las pugnas internas entre ellos son feroces y le están ganando la partida a la posibilidad de llegar a acuerdos fundamentales que ayuden a concluir la larga y desgastaste etapa de la transición para dedicar las energías a la consolidación. Porque quienes hoy buscan el retorno del viejo autoritarismo han basado su estrategia en hacer de la transición mexicana una no-transición. El objetivo básico ha sido aprovechar el tiempo para hacer de la antigua oposición, ahora en el poder, una no-alternativa, es decir, desprestigiarla ante el electorado y ante la opinión pública internacional para convencerlos de que el objetivo del cambio político, la transferencia del poder del PRI a otro partido, simplemente no ha valido la pena, y que la oposición, cualquier oposición pero sobre todo la más intransigente, no es garantía de ética ni de eficiencia en la administración. En suma, los beneficiarios del viejo sistema han objetado a cada paso la transición hasta provocar una fatiga de la sociedad ante el proceso y crear una desilusión generalizada con la democracia antes de que ésta tenga la posibilidad de consolidarse. Si la opinión pública llega a desilusionarse de la autoridad democrática ----por incapaz, ineficiente o por corrup45
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ta----, podría volver la vista en busca de otro tipo de poder, uno capaz de poner orden, dar servicios y mantener la seguridad lo mismo en las calles que en el empleo y, sobre todo, de despertar la imaginación y el orgullo sobre el futuro colectivo. Si la democracia no logra lo anterior y sus enemigos lo ofrecen de manera creíble, pudiera ser que la mayoría cambie su lealtad y acepte alguna forma alternativa de ejercer la autoridad. Eso ya sucedió en el pasado ----en la Alemania de Hitler, desde luego, pero también en muchos otros casos menos espectaculares---- y podría volver a ocurrir en el futuro. En la actualidad el tipo de comunidad imaginada por los integristas islámicos es ya, para varios millones de seres humanos, una alternativa a la comunidad y autoridad democrática moderna. Es justamente por esto último que debemos tomar conciencia de la importancia y de lo difícil que es y, sobre todo, que será lograr el arraigo de una autoridad a la vez democrática y eficaz, y de lo fácil que puede ser caer en la tentación de buscar una eficacia aparente por encima de la democracia. No obstante, el discurso oficial actual insiste en que México está en un proceso de transformación de mucho fondo, que el régimen ya cambió, que ya es democrático e incluso se deja oir que el viejo partido de Estado ha sufrido una redención definitiva y ahora hace de la democracia su principal estandarte. Sin embargo, las señales que provienen de la ‘‘realidad real’’ y no de la ‘‘realidad oficial’’ no confirman la consistencia de ese cambio. El PRI sigue controlado y poblado por los personajes de la vieja guardia. Contemporizar con los intereses corruptos del viejo régimen, esperando que éstos dejen de ser lo que siempre fueron, es esperar demasiado y arriesgar mucho. 46
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Un vistazo al pasado mexicano permite afirmar que nuestro país ya ha vivido un duro rosario de regímenes políticos, y que entre cuenta y cuenta de esa sarta de modos históricos de gobernar los misterios dolorosos son los dominantes. Sin embargo, esta vez podemos consolidar un proceso político que modifique de una vez por todas la tradición para que podamos cambiar sin sangre, por consenso, sin que nadie pretenda todo ni nadie se quede sin nada. Si fuera necesario reducir a un solo y único elemento la razón por la cual la Europa del norte sustituyó en el siglo XVI a la Europa latina como centro de la creatividad y la modernidad, Alain Peyrefitte no duda en proponer que la confianza es ese elemento clave. Según el académico francés, al concluir la Edad Media la estructura fundamental de casi todas las relaciones económicas, políticas y culturales dentro de la Europa latina estaba basada en el supuesto de que lo que para uno era ganancia o ventaja para otro necesariamente era pérdida. En contraste, en la Europa del norte logró darse forma a un tipo de cultura donde fue posible la institucionalización de un tipo de relaciones sociales basado en un supuesto distinto: ‘‘si yo gano, tú también ganas’’. Lo anterior significó que a la Europa donde estaba inserta España con sus colonias puede caracterizarse como una ‘‘sociedad de la suspicacia’’ y por ello se estancó en su incipiente desarrollo capitalista, en tanto que la otra Europa se transformó poco a poco en una ‘‘sociedad de la confianza’’ donde fue posible alentar la innovación y crear instituciones económicas basadas en consideraciones, visiones y seguridades de largo plazo que, finalmente, le permitieron convertirse en el centro del sistema económico y político mundial.8 Por su 47
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lado, Francis Fukuyama, el famoso y controvertido autor del concepto de ‘‘el fin de la historia’’, desarrolló la misma idea pero desde una perspectiva menos histórica y más de cara al futuro del capitalismo global.9 En ambas visiones, la gran determinante del éxito o fracaso económico en las sociedades del siglo XXI será menos el monto de sus recursos materiales y más su nivel de confianza, es decir, del sentido de seguridad que cada uno tenga respecto de que los otros ----individuos e instituciones---- cumplan con lo estipulado en los códigos o con lo previamente acordado. En efecto, hay comunidades donde la mayoría de sus miembros actúan en función de que presuponen integridad en los demás, sean éstos los individuos cercanos ----la familia o el círculo de amigos----, los que conforman las instituciones de trato frecuente o sistemático ----la escuela, el sitio de trabajo o la Iglesia---- o las estructuras más amplias y lejanas, como las cortes o el gobierno. La confianza puede definirse como la creencia firme en algo o alguien; la desconfianza, por tanto, es el temor o, peor aún, la certeza de que algo o alguien no corresponde a lo que debería ser. En principio, México está inmerso en un proceso histórico de gran importancia: la construcción, tardía pero necesaria, de la democracia política formal como paso insustituible para construir la otra: la democracia sustantiva que incluye el respeto cabal del orden jurídico, la gobernabilidad, la eliminación de las desigualdades mayores y la autoestima colectiva. Sin embargo, en la práctica, el espíritu que hoy campea en la sociedad mexicana no es precisamente el propio de una colectividad segura del camino que sigue para llevar a cabo la gran tarea, es decir el de la confianza, sino el de su opuesto, y eso es preocupante, por decir lo menos. 48
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Los motivos de la falta de confianza de la sociedad en personas y procesos políticos en México son varios. En primer lugar está el histórico: las grandes promesas han terminado con frecuencia en grandes fracasos: el llamado a la independencia y la conquista de la felicidad colectiva de 1810 llevó a una brutal guerra civil y a una Independencia que fue el preludio a otras guerras civiles. La modernidad republicana y liberal de la Reforma terminó en la dictadura de Porfirio Díaz, y la Revolución iniciada en 1910 bajo el lema ‘‘sufragio efectivo’’ desembocó en la construcción de un partido de Estado y en 71 años de control ininterrumpido de la vida pública mexicana por ese partido. En nuestro caso, la desconfianza no sólo caracteriza las relaciones internas sino que se extiende al ámbito internacional. México ----sus gobiernos y su opinión pública---- ha mostrado una desconfianza histórica de los motivos y políticas de las grandes potencias, pero lo contrario también es cierto: las sociedades y gobiernos con los que hemos mantenido el trato más importante a menudo se han mostrado escépticos sobre las capacidades, los valores y los compromisos del gobierno mexicano. Luis F. Aguilar ha señalado, con razón, que en el México del PRI la legitimidad provenía no de las elecciones ----era imposible que se originara ahí---- sino de la eficiencia de las acciones y servicios de la administración pública.10 Al final, ese régimen se hundió porque la mayoría de la opinión pública le perdió la confianza como administrador.11 Si históricamente en el mundo se construyó primero la democracia electoral, luego en algunos lugares fue tomando forma la liberal, y hoy, en algunos sitios, puede encontrarse una cierta democracia social, resulta que en México, debido 49
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a nuestro notorio atraso político, tenemos que intentar la construcción simultánea del tríptico democrático: electoral, liberal y social, dentro de un constante clima de desconfianza. Ahora ya sabemos por experiencia directa que la democracia meramente electoral es la de contenido mínimo y en la que el único requisito es asegurar elecciones limpias, equitativas y periódicas. Pero ¿qué puede significar para una buena parte de los miembros de las sociedades pobres la libertad de sufragio y un conteo honrado de esos votos, o las libertades propias de una sociedad liberal?, pues quizá no mucho. Para que la democracia política tenga alguna oportunidad y algún sentido se necesita, a la vez, contar con un entorno donde haya crecimiento económico y con políticas de redistribución, es decir, un esfuerzo institucional y sistemático por disminuir la desigualdad social, pues sin él la democracia electoral no contará con los incentivos y las condiciones para operar y la democracia liberal no tendrá posibilidad de arraigar. Desde hace un buen tiempo, en los países donde tuvo su origen la democracia moderna ----los de Europa occidental, Estados Unidos y algunas otras excolonias británicas---- echó raíces otra democracia con mayor sustancia. Esta última ha permitido la construcción de un marco legal efectivo, que es garantía de respeto a los derechos ciudadanos y humanos porque consagra una división real de poderes y permite la libertad de expresión, asociación, participación, creencia religiosa, etcétera. Estas libertades han dado como resultado, entre otras cosas, una vida política donde casi han desaparecido el fraude electoral y el temor al arresto arbitrario o a la represión por razones políticas. Esta situación representa la etapa superior de la democracia política, es decir, la que es resultado de una invención del mundo occidental que se desarrolló a 50
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lo largo de varios siglos y que cristalizó de manera definitiva en el XX.12 En términos de Linz y Stepan, la consolidación puede darse por lograda o concluida cuando la democracia es considerada por el grueso de los actores como ‘‘el único juego posible’’ (the only game in town). Y para ambos autores, los indicadores de que la democracia es ya el único tipo de juego posible deben buscarse en tres niveles. El primero es el de la conducta: la consolidación se logra cuando ya no existe en el sistema político ningún actor significativo que se proponga y tenga capacidad de sustituir al régimen democrático por otro diferente o que tenga como meta separarse de la entidad nacional. En términos prácticos, esto significa que la energía política ya no debe concentrarse en lograr la preservación del sistema. El segundo nivel es de las actitudes: la prueba de fuego ocurre cuando la sociedad entra en una situación de crisis ----por ejemplo, una depresión económica---- y la mayoría de la ciudadanía acepta que la solución al problema debe buscarse exclusivamente dentro de los parámetros democráticos. El tercer nivel es el constitucional: la consolidación se da cuando las principales fuerzas y actores políticos se habitúan a dirimir sus conflictos sólo dentro del orden legal.
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