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29 de junio de 2026 Desde 1985 40 págs. 9 secciones II Época, no .8115
Ensenada, B. C.
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SIMPLIFICACIÓN FAVORECE LA ECONOMÍA: CANACINTRA
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Asfixian impuestos a sector vitivinícola La elevada carga tributaria coloca al vino nacional en desventaja frente a productos importados y limita el crecimiento enogastronómico y turístico de la región
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REDACCIÓN/EL VIGÍA Ensenada, B. C.
E
l Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al vino resta competitividad al sector vitivinícola de Baja California y afecta a toda la cadena de valor vinculada con la gastronomía, el turismo, la producción agrícola, los restaurantes, hoteles, distribuidores y prestadores de servicios, afirmó Julio Salinas López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE). El dirigente empresarial señaló que el vino mexicano compite en el mercado nacional con una carga fiscal que incrementa el precio final al consumidor y reduce los márgenes de operación de productores, restaurantes y establecimientos turísticos. De acuerdo con la Ley del IEPS, las bebidas alcohólicas pagan un impuesto de 26.5 por ciento cuando tienen una graduación de hasta 14 grados Gay-Lussac; de 30 por ciento
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El sector empresarial pide revisar el tratamiento fiscal del vino al considerar que el IEPS afecta la producción, consumo y desarrollo del enoturismo.
cuando superan los 14 y hasta 20 grados, y de 53 por ciento cuando rebasan los 20 grados. En el caso del vino de mesa, la mayor parte de la producción se ubica en los dos primeros rangos. Salinas López sostuvo que el problema no se limita a las casas vinícolas, ya que el impuesto termina trasladándose a restaurantes, hoteles, bares, distribuidores, productores de uva, transportistas, guías turísticos, organizadores de eventos, cocineros, meseros y trabajadores vinculados con el enoturismo. “Cuando se encarece una botella, no sólo se afecta al productor; se afecta al restaurante que la ofrece, al visitante que la consume, al valle que recibe turismo y a toda la economía que depende de esa experiencia”, planteó. El presidente del CCEE indicó que Baja California concentra alrededor del 70 por ciento de la producción nacional de vino, por lo que cualquier pre-
sión fiscal sobre esta actividad tiene un impacto directo en Ensenada, el Valle de Guadalupe, San Vicente, Ojos Negros y otras zonas productivas. Añadió que el sector vitivinícola y las autoridades estatales han impulsado acciones para facilitar el ingreso de vino bajacaliforniano a Estados Unidos por parte de visitantes que cruzan la frontera, particularmente hacia California, con el propósito de fortalecer el consumo y ampliar el mercado para las vinícolas de la entidad. Recordó que el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Aguíñiga Rodríguez, ha informado sobre las gestiones encaminadas a permitir que los visitantes puedan cruzar hasta seis botellas de vino de Baja California hacia California para consumo personal, medida que, de concretarse, representaría un incentivo para el turismo enológico y la comercialización del producto regional. “Mientras se realizan esfuer-
zos para ampliar mercados, atraer visitantes y facilitar el consumo del vino bajacaliforniano en la región fronteriza, la elevada carga fiscal continúa representando un obstáculo para la competitividad del sector”, expuso. El presidente del CCEE agregó que el Consejo Mexicano Vitivinícola estima que sólo 19 de cada 100 botellas consumidas en México son de origen nacional, mientras que la carga fiscal del sector alcanza 46.7 por ciento, lo que coloca al producto mexicano en desventaja frente a otras bebidas y frente a vinos importados que llegan al mercado con mayores economías de escala.
NO DEBE VERSE SÓLO COMO UNA BEBIDA
Salinas López consideró necesario revisar el tratamiento fiscal del vino mexicano, no como una excepción aislada, sino como una medida de competitividad regional para una industria que genera empleo, turismo, valor agregado al campo, identidad gastronómica y promoción internacional para Baja California. “El vino no debe verse sólo como una bebida. En Baja California representa campo, gastronomía, turismo, hotelería, empleo, inversión y marca regional. Gravar de manera excesiva esta cadena reduce su capacidad de crecer”, afirmó. Finalmente, sostuvo que el sector empresarial buscará colocar el tema en la agenda pública y legislativa, con el propósito de abrir una discusión técnica sobre el impacto del IEPS en la industria vitivinícola y en la economía turística del estado.
CONDENAN ASESINATO DE AGENTES ESTATALES REDACCIÓN/EL VIGÍA
Cortesía
Mexicali, B. C.
El Consejo Coordinador Empresarial de Baja California (CCE BC), presidido por Octavio Sandoval López, y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSP BC), encabezado por Edgardo Flores Campbell, expresaron, mediante un pronunciamiento público, su profunda consternación por la muerte de dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) ocurrida en menos de 24 horas. “Nuestra solidaridad está con los familiares, amigos, compañeros de corporación y seres queridos de los agentes, a quienes extendemos nuestras más sinceras condolencias ante estos dolorosos acontecimientos que enlutan no solamente a una institución de seguridad, sino a toda la sociedad bajacaliforniana”, señalaron. Asimismo, manifestaron su respaldo a las mujeres y hombres que integran la FESC, quienes diariamente enfrentan con
Asesinaron a dos agentes de la FESC en menos de 24 horas.
valentía el desafío de combatir la inseguridad y proteger la tranquilidad de las familias bajacalifornianas. “La pérdida de servidores públicos encargados de proteger a la ciudadanía representa una herida para nuestras instituciones y un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes han decidido servir a Baja California desde las labores de seguridad públi-
ca. Ambos agentes eran reconocidos por su compromiso con las labores de inteligencia y combate al crimen organizado, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad en nuestro estado”, indica el documento. Los organismos empresariales condenaron enérgicamente los hechos e hicieron un respetuoso llamado a las autoridades competentes para que las investigaciones se desarrollen con prontitud y en estrecha coordinación institucional, a fin de esclarecer lo sucedido, identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Finalmente, el desplegado destaca que la lucha contra la inseguridad es una responsabilidad compartida que requiere instituciones sólidas, autoridades coordinadas, un sector productivo comprometido y una ciudadanía participativa. “Sólo trabajando juntos podremos construir un estado más seguro para las presentes y futuras generaciones”, concluye el pronunciamiento.