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SUMARIO ACTUALIDAD LIBROS - EL HOMBRE QUE SEÑALA - AUTOR: IGNACIO KATZ

Revista bimestral

LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR DEBATIÓ EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DEMOGRÁFICA EN ARGENTINA, DESDE UNA PERSPECTIVA SANITARIA Y SOCIAL

COLUMNA SALUD, EL SECTOR QUE NUNCA ES ELEGIBLE. UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS PARA OCHO SECTORES PRIORITARIOS. NINGUNO ES LA SALUD Por el Dr. Mario Glanc - Doctor en Medicina - Director Académico IPEGSA

OPINIÓN LA COSTURA INVISIBLE QUE SOSTIENE MAL AL SISTEMA Por el Lic. Ariel Goldman - Profesor universitario

COLUMNA EL MODELO DE EVANS: UNA HERRAMIENTA PARA ENTENDER POR QUÉ LOS SISTEMAS DE SALUD SE PARECEN MÁS DE LO QUE PARECE Por el Dr. Carlos Felice - Presidente de OSPAT - Secretario General de Unión de Trabajadores del Turf y Afines

OPINIÓN CINCO PROPUESTAS PARA EL SECTOR SALUD Por el Dr. Adolfo Sánchez de León - Especialista en Salud Pública - Presidente del Grupo PAIS

VOCES CUANDO GANAR TIEMPO ES GANAR SALUD Por las Dras. Alicia Gallardo e Ingrid Kuster - Abogadas – Mediadoras - Consultoras en Mediación Sanitaria

VOCES LA JUDICIALIZACIÓN DE LA SALUD ANTE EL ESPEJO DE LA RAZONABILIDAD: EL FALLO “G. B., R. C/ OSDE” Por el Dr. José Bustos y el Dr. Oscar Cochlar - Abogados

DEBATE MERCADO SANITARIO E IMPACTO DEL ACUERDO SOBRE PATENTES FARMACÉUTICAS Por el Dr. Sergio Horis Del Prete - Mg. PhD - Director de la Catedra Libre de Análisis de Mercados de Salud. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

COLUMNA LA SOBERANÍA NACIONAL Y EL MODELO DE SUBDESARROLLO ACTUAL Por el Dr. Mauricio Klajman - Docente Libre - Dto. de Salud Pública y Humanidades Médicas Facultad de Medicina - UBA

OPINIÓN INSERCIÓN DE SEGUROS FINANCIEROS EN EL SISTEMA DE SALUD Por el Dr. Hugo E. Arce - Médico sanitarista. Doctor en Ciencias de la Salud. Miembro del Grupo PAIS

PRIMERA PLANA CAMBIO DEMOGRÁFICO Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE SALUD: LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES QUE PLANTEÓ EL VIII CONGRESO DE SALUD ADECRA+CEDIM 2026

COLUMNA LA SANIDAD EN SITUACIÓN LÍMITE Por el Dr. Ignacio Katz - Doctor en Medicina - Universidad Nacional de Buenos Aires - UBA

OPINIÓN LA SUSTENTABILIDAD TAMBIÉN ES UN DERECHO Por el Dr. Maximiliano Germán Ferreira - Especialista en derecho sanitario y financiamiento del sistema de salud

COLUMNA LA SALUD EN TIEMPOS DE SOLASTALGIA “LA VIDA AMENAZADA” Por la Dra. Liliana Chertkoff - Epidemióloga - Docente libre - Dto. de Salud Pública y Humanidades Médicas Facultad de Medicina - UBA

OPINIÓN DEL CENTRALISMO SANITARIO AL FEDERALISMO DE LA GOBERNANZA: EL DESAFÍO PENDIENTE DEL SISTEMA SANITARIO ARGENTINO Por Carlos Vassallo Sella - Prof. Salud Pública FCM UNL - Director del Instituto de Economía del Bienestar (IdEB)

estebanportela@outlook.com.ar

VOCES ENFERMERÍA: EL COLECTIVO QUE SOSTIENE EL SISTEMA Y NO LLEGA A FIN DE MES Por Marcelo García Dieguez - Profesor Asociado. Departamento de Ciencias de la Salud - Universidad Nacional del Sur y Alejandra Mangano - Profesora Adjunta

La revista Médicos Medicina Global es propiedad de Editorial Médicos S.R.L. Marca registrada Nº 1.775.400. Registro de la propiedad intelectual Nº 914.339. ISSN: 1514-500X. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización previa de los editores. Los informes, opiniones editoriales o científicas que se reproducen son exclusivamente responsabilidad de sus autores, en ningún caso de esta publicación y tampoco del editor. Circula por suscripción. Impresión: Espacio Gráfico SRL. - Virrey Liniers 2203 - CABA.

DEBATE VULNERABILIDAD PROFESIONAL ANTE LA NUEVA LEGISLACIÓN LABORAL ¿QUE RIESGOS IMPLICA AL MÉDICO EMITIR UN CERTIFICADO? Por el Dr. Mauro Brangold - Especialista en Salud Pública - Magíster en Administración y Gestión Sanitaria - Docente universitario

DEBATE BRASIL 2 – ARGENTINA 0 - DOS POLÍTICAS DE ESTADO QUE ARGENTINA TODAVÍA SE DEBE Por el Dr. Federico Tobar - Asesor global en Financiamiento para el Desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas

OPINIÓN “POR UNA SALUD PÚBLICA QUE FUNCIONE” Por el Dr. Héctor Pezzella - Profesor Universitario USAL. Cirujano Especialista en Salud Pública y Consultor en Gestión y Administración Sanitaria

EDITOR RESPONSABLE: Jorge L. Sabatini

DIRECCIÓN, REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD: Paseo Cólon 1632 Piso 7º Of. D C.P. 1063 - Buenos Aires - Argentina. Telefax: 4682-0534

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Colaboran en esta edición: Esteban Portela (diseño)

El target de la Revista Médicos, Medicina Global es: Empresas de Medicina Prepaga, Obras Sociales, Hospitales Públicos y Privados, Sanatorios, Clínicas, Laboratorios Clínicos y de especialidades medicinales, Prestadores de servicios y Proveedores (Tecnología y Productos), Ministerios y Secretarías de Salud Pública (Nacionales y Provinciales), Empresas e instituciones vinculadas al sistema de salud.

ACTUALIDAD LIBROS EL HOMBRE QUE SEÑALA AUTOR: IGNACIO KATZ Se reúnen en este libro escritos que han sido elaborados y editados a lo largo de los últimos treinta años como intervenciones públicas para generar conciencia acerca de la realidad del área sanitaria de nuestro país. Se vuelcan conocimientos acumulados a lo largo de una extensa carrera profesional, pero sobre todo se apela a un sentido de responsabilidad ética: médica en particular, pero más ampliamente ciudadana e incluso humana. El libro reúne así un ramillete de conceptos esenciales con el propósito de contribuir a una comprensión más clara de nuestro presente. Se trata de una invitación a la reflexión y a la acción colectiva que apunta al núcleo fundamental de lo que está en juego: la Salud Pública de nuestro país. Porque cuando las inequidades se naturalizan y el sufrimiento se acepta como destino, lo urgente no es sólo denunciar, sino entender. De esa comprensión nace la conciencia crítica, y de ella la posibilidad concreta de transformar lo que produce desigualdad y dolor. Lejos de una propuesta cerrada, se postulan preguntas claves, se señalan puntos acuciantes, verdades olvidadas, núcleos esenciales. La intención de estas intervenciones es que sirvan al lector no para mirar el dedo, sino para levantar la vista. n

LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR DEBATIÓ EL IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DEMOGRÁFICA EN ARGENTINA, DESDE UNA PERSPECTIVA SANITARIA Y SOCIAL La Escuela de Salud Pública organizó junto con la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Sociales, Comunicación y Educación de la USAL una jornada interdisciplinaria que reunió a referentes de salud, de las ciencias sociales y funcionarios del GCABA para analizar los efectos y posibles estrategias en el marco del cambio demográfico. La jornada “Baja natalidad y longevidad creciente: Desafíos del siglo XXI para Argentina y el mundo”, se llevó a cabo el 12 de agosto del presente, en el Auditorio Padre I Quiles de la universidad; con la dirección académica de la Dra. María del Carmen Bacqué, la Dra. Gabriela Agosto y el Dr. Ernesto Van der Kooy, la conducción del Lic. Alejandro Baldasarre, acompañados por la presencia de una gran audiencia compuesta por alumnos de ambas facultades, y cuerpo docente de la universidad como también invitados externos. La baja natalidad y el envejecimiento de la población impactan directamente sobre múltiples esferas de la sociedad: la sostenibilidad de los sistemas de salud, la dinámica de las estructuras familiares, la oferta educativa, los mercados de trabajo y los regímenes previsionales. El objetivo general del encuentro consistió en concientizar a la comunidad universitaria y profesional, ofreciendo un espacio de debate transversal que aporte estrategias y herramientas concretas para el diseño e implementación de políticas públicas y sanitarias adaptadas a la longevidad del siglo XXI destacando que se necesita un abordaje integral con compromiso de las autoridades para enfrentar este cambio de paradigma en

resguardo de futuras generaciones. El cierre de la actividad fue realizado por la Dra. Clara Muzzio (actual vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) quien destacó matices importantes de la baja natalidad de la ciudad de buenos aires. Por parte de la Facultad de Medicina, el Decano Daniel Martínez agradeció a los participantes y destacó las acciones de la Facultad en torno a los proyectos de extensión realizados orientados al cuidado de la salud en adultos mayores. La jornada contó con invitados especiales y con la ponencia de destacados referentes e investigadores en el ámbito de la salud pública, la economía social y el desarrollo humano, entre ellos, la Dra. Clara Muzzio (Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), el Dr. Carlos Regazzoni, la Dra. Laura Cordero (Subsecretaria de Atención Hospitalaria - Ministerio de Salud GCABA), la Dra. Mabel Bianco, el Dr. Santiago Poy, el Dr. Germán de La Llave, el Dr. Mario Glanc, el Diplomático Martín García Moritán y el Lic. Sebastián Tobar. n

COLUMNA SALUD, EL SECTOR QUE NUNCA ES ELEGIBLE UN RÉGIMEN DE INCENTIVOS PARA OCHO SECTORES PRIORITARIOS. NINGUNO ES LA SALUD.

Por el Dr. Mario Glanc (*)

l Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley Bases (Ley 27.742) en junio de 2024, define en su artículo 167 ocho sectores habilitados para acceder a treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. La salud no figura entre ellos. Tampoco la incorpora el proyecto de ampliación en tratamiento en el Senado -el “Súper RIGI”-: apunta a inteligencia artificial, semiconductores, baterías de litio, centros de datos, hidrógeno y biotecnología, esta última entendida como producción y exportación biotecnológica, no como inversión en el sistema de salud, su infraestructura o su fuerza de trabajo. Ninguno de los proyectos aprobados hasta la fecha -concentrados en minería y energía- pertenece, siquiera de manera cercana, al sector salud. La omisión no es un detalle técnico: revela una jerarquía sobre qué actividades el Estado argentino considera merecedoras de treinta años de certidumbre jurídica y fiscal, y cuáles no. Mientras se construía este régimen de excepción, el gasto público consolidado caía 6 puntos del PBI en un año -la mayor contracción desde 2002y, dentro de esa caída, salud, ciencia y protección social aportaron el 69% del ajuste. La ejecución del Ministerio de Salud se contrajo 36% en términos reales; la Superintendencia de Servicios de Salud, entre 61% y 72%; el Instituto Nacional del Cáncer, 51%. El Plan Remediar redujo su vademécum de 79 a 3 medicamentos. La mortalidad infantil subió 6,25% en un año, el mayor incremento desde 2002, y la cobertura de la vacuna triple viral cayó a 46,7%, muy por debajo del umbral de inmunidad de rebaño. El costo fiscal del RIGI en régimen pleno -entre 1% y 1,27% del PBI anual, según la fuenteequivale a más de cinco veces lo que la Argentina destina hoy a toda su función de ciencia y tecnología, CONICET incluido. Esto no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos en que la Ley Avellaneda de 1876 abrió el país al capital ferroviario y frigorífico británico, la historia económica registra al menos otros siete episodios en que la apertura extraordinaria a los grandes inversores coincidió con una restricción del gasto sanitario, científico, educativo o social. El Pacto Roca-Runciman de 1933 garantizó una cuota de exportación de carnes a los frigoríficos británicos mientras el Estado no desarrollaba una política equivalente de auxilio a la población desempleada por la Gran Depresión. La apertura financiera de la autodenominada Revolución Libertadora, en 1956, coincidió

con la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría de Estado y con la mayor epidemia de poliomielitis de la historia argentina: 6.496 casos notificados ese año, con una letalidad de 33,7%. Los contratos petroleros de Frondizi, en 1959, convivieron con una caída de 25% en los salarios reales. La represión universitaria de 1966 -cerca de 1.300 investigadores exiliados o renunciados- se acompañó de nuevos incentivos a la inversión extranjera. La última dictadura combinó apertura financiera con la transferencia de escuelas primarias a las provincias sin los recursos para sostenerlas. La Convertibilidad transfirió, entre 1991 y 1993, treinta hospitales nacionales a las provincias sin financiamiento proporcional -una reforma condicionada por el Banco Mundial-, en el mismo período en que el cólera reaparecía en el país después de un siglo: 4.372 casos y 60 muertes entre 1992 y 1996. Y el primer año del gobierno de Macri recortó 11,3% el presupuesto del CONICET. En ninguno de estos ocho episodios, ni en el actual, la salud fue la que recibió el capital: fue, sistemáticamente, la que absorbió el ajuste. Que esta correlación no equivalga a una prueba de causalidad no la vuelve irrelevante. La literatura internacional sobre austeridad y salud documenta, en decenas de países, una relación de dosisrespuesta entre la magnitud del ajuste fiscal y la magnitud del daño sanitario: a mayor recorte, mayor deterioro medible, desde brotes de VIH hasta aumento de suicidios: el daño no proviene únicamente de la recesión, sino de qué decide recortar el Estado en respuesta a ella (Karanikolos et al., The Lancet, 2013). Los sistemas de salud desfinanciados, además, tardan entre diez y quince años en recuperar la capacidad perdida, incluso revertida la política que originó el recorte (Haldane et al., Nature Medicine, 2021). Y los propios multiplicadores fiscales en recesión -mayores a 1, según Blanchard y Leigh (2013)- muestran que ajustar sobre el sector de mayor empleo, capilaridad territorial y capacidad de respuesta no es solo inequitativa: es fiscalmente ineficiente. El horizonte de treinta años que el RIGI garantiza al capital tampoco es un detalle menor para la salud. Es, casi con exactitud, el tramo en que se cierra la ventana de bono demográfico y se duplica la brecha no contributiva del sistema previsional. El mismo período en que el sistema de salud más va a necesitar margen fiscal propio es el que el Estado ya comprometió por ley a favor de sectores que no la incluyen. Con un siglo y medio de historia y esa evidencia internacional, el deterioro de los indicadores sanitarios argentinos en 2024-2026 no debería sorprender: es, estadísticamente, lo esperable cuando un Estado diseña, una vez más, un régimen de treinta años de certezas para el capital y ninguna certidumbre equivalente para la salud de sus ciudadanos de a pie. Por supuesto, nada de esto implica que Argentina deba cerrarse a la inversión extranjera, ni que los incentivos fiscales sean ilegítimos por definición. La pregunta que queda planteada no es si conviene atraer inversión de gran escala, sino a cambio de qué, sostenida renunciando a qué, y con qué condiciones de retorno social. Mientras esa pregunta siga sin respuesta, la salud, la ciencia y la protección social argentinas seguirán esperando su propio régimen de incentivo. n

(*) Médico cardiólogo y sanitarista. Mg. en Economía y Gestión y Mg. en Salud Pública. Doctor en Medicina. Director Académico IPEGSA.

OPINIÓN

LA COSTURA INVISIBLE QUE SOSTIENE MAL AL SISTEMA Esto importa porque cambia el tipo de pregunta que deberíamos estar haciendo. No es “¿qué hizo mal tal o cual gobierno con la salud este semestre?”, sino “¿qué arquitectura de financiamiento necesitamos para un mercado de trabajo que ya no se parece al de 1970?”. La primera pregunta agota el debate en la coyuntura. La segunda obliga a pensar en reglas que sobrevivan a los gobiernos, que es exactamente lo que un sistema de seguridad social necesita para funcionar.

El costo de no nombrarlo

Por el Lic. Ariel Goldman (*)

odos los años, algún funcionario nuevo descubre la fragmentación del sistema de salud argentino como si fuera una noticia de último momento. No lo es. La convivencia de subsector público, obras sociales nacionales y provinciales, PAMI y medicina privada no es un accidente de gestión: es el diseño institucional que arrastramos desde mediados del siglo pasado, con cada pieza financiada, regulada y controlada de manera distinta. Lo que sí cambia, número a número, es el punto exacto donde esa fragmentación empieza a doler. Hoy ese punto tiene nombre y apellido: el monotributo. Cuando un trabajador independiente se inscribe en el Régimen Simplificado y elige derivar su aporte a una obra social, ingresa a un esquema pensado originalmente para asalariados en relación de dependencia. El aporte que realiza -fijo, según la categoría, y desvinculado del riesgo sanitario real de esa persona- rara vez alcanza para cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio. La diferencia no desaparece: la termina pagando, en silencio, el resto del padrón. Es un subsidio cruzado no declarado, que ninguna obra social elige pero que todas terminan sosteniendo. El dato no es menor en escala. El universo de monotributistas que canaliza su cobertura de salud a través de una obra social creció de manera sostenida en la última década, empujado por la propia dinámica del mercado laboral argentino: cada vez más actividad se organiza por fuera de la relación de dependencia tradicional. Eso está bien como fenómeno económico y hasta como decisión individual legítima. El problema es que el sistema de salud no adaptó su ingeniería de financiamiento a ese cambio estructural del mercado de trabajo. Seguimos operando con una lógica de aportes patronales pensada para otra economía.

¿Por qué esto no es un problema de un gobierno? Vale la pena decirlo con claridad, porque es tentador -y cómodoleer cada crisis de financiamiento como responsabilidad exclusiva de la administración de turno. No lo es, al menos no en su raíz. El diseño que permite que un aporte insuficiente ingrese al mismo pozo solidario que los aportes de un trabajador formal con salario más alto es anterior a cualquier gestión reciente, y ninguna gestión reciente lo resolvió. Es, literalmente, una decisión de diseño institucional tomada hace más de dos décadas y nunca revisada a fondo, más allá de ajustes cosméticos en los valores de la cápita mínima garantizada.

El efecto práctico de este subsidio cruzado silencioso es doble. Por un lado, deteriora la capacidad de cada obra social de cumplir con el PMO para el conjunto de sus afiliados, porque una porción creciente de la cápita promedio no cubre su propio costo. Por otro, empuja hacia el subsector público a personas que, en el papel, tienen cobertura formal: van al hospital no porque no tengan obra social, sino porque la obra social que tienen no les alcanza para resolver lo que necesitan. El hospital público termina funcionando, en los hechos, como reasegurador de última instancia de un esquema de aseguramiento social que no cerró sus cuentas. Lo hace sin que ese costo quede reflejado en ningún balance de la obra social original. Para un director de hospital, esto no es una discusión abstracta. Es la explicación de buena parte de la demanda que un centro público asume sin que mayormente exista compensación por esa prestación, dada la dificultad de cobrar por estas prestaciones a pesar del esfuerzo por emitir la factura: derecho formal a cobrar, ejercicio real casi nulo.

¿Qué se puede hacer, sin esperar una reforma integral? No hace falta una refundación completa del sistema para empezar a corregir esto -y probablemente sea mejor que no la esperemos, porque las reformas integrales en la salud argentina tienen la costumbre de anunciarse mucho y concretarse poco. Hay al menos tres líneas de trabajo concretas y acotadas: Primero, un ajuste por riesgo más fino en la cápita del monotributo, que reconozca que la carga de enfermedad de quien ingresa por esta vía no es menor a la de un afiliado formal -de hecho, la evidencia disponible sugiere lo contrario- y que la diferencia entre aporte y costo esperado se financie de manera explícita, con un fondo de compensación identificado, en lugar de diluirse en el resto del padrón. Segundo, activar de manera sistemática los mecanismos de recupero de gastos entre subsectores, de forma que cuando un hospital público atiende a alguien con cobertura formal, ese costo se traslade fácilmente a quien correspondía cubrirlo. El sistema para recupero de prestaciones brindadas a monotributistas es complejo y tiene mayores exigencias que el recupero de empleados en relación de dependencia. Tercero, transparencia de cápita real por segmento de afiliados, publicada de manera periódica, que permita a cualquier obra social -y a quien la supervisa- saber exactamente dónde está el desequilibrio, en lugar de administrarlo de manera implícita y opaca como ocurre hoy. Ninguna de estas tres medidas requiere una ley nueva ni una discusión ideológica sobre el rol del Estado en la salud. Requieren, eso sí, la voluntad técnica de nombrar un problema que todos los actores del sistema conocen y que pocos se animan a poner sobre la mesa con nombre propio, porque toca un equilibrio político incómodo entre trabajo formal e informal. Pero seguir sin nombrarlo no lo hace desaparecer: solo garantiza que la próxima crisis de financiamiento de alguna obra social se explique, otra vez, como si fuera una sorpresa. n (*) Profesor universitario

COLUMNA EL MODELO DE EVANS: UNA HERRAMIENTA PARA ENTENDER POR QUÉ LOS SISTEMAS DE SALUD SE PARECEN MÁS DE LO QUE PARECE Dicho de otro modo: en lugar de tratar a cada sistema nacional como una caja negra irrepetible, el modelo propone abrirla y mirar qué hay adentro. Y lo que hay adentro, según Evans, son flujos de recursos y de servicios que se pueden rastrear, describir y comparar entre países, aunque el envoltorio institucional sea distinto en cada caso.

¿Por qué mirar el dinero?

Por el Dr. Carlos Felice (*)

uando uno se pone a comparar sistemas de salud de distintos países, lo primero que salta a la vista son las diferencias. Un país financia su sistema con impuestos generales, otro con contribuciones al seguro social, otro deja que buena parte del gasto recaiga directamente en el bolsillo de la gente. Unos les pagan a los médicos por acto médico, otros por capitación, otros con salario fijo. En algunos casos el Estado es dueño de los hospitales y emplea directamente al personal; en otros, se limita a comprar servicios a prestadores privados. Y por si fuera poco, la forma de regular todo esto también varía: hay países que controlan de cerca cada movimiento del sistema y otros que prefieren dejar que el mercado, o algo parecido a un mercado, ordene las cosas. Frente a este panorama, es tentador concluir que cada sistema de salud es un caso único, tan enraizado en su propia historia política y cultural que no tiene mucho sentido compararlo con otros. Es más o menos la primera impresión que uno se lleva al leer el estudio de la OCDE sobre las reformas de salud en siete países europeos: Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Holanda, España y el Reino Unido parecen, a primera vista, siete mundos distintos. Y sin embargo, ahí es donde entra en juego el modelo de Evans, y donde el asunto se pone interesante.

La apuesta de Evans: menos variedad de la que aparenta Robert Evans planteó algo que, dicho así, suena casi obvio, pero que en la práctica cambia por completo la manera de mirar un sistema de salud: toda esa diversidad que observamos a simple vista está construida, en el fondo, con muy pocas piezas. Hay un número limitado de subsistemas posibles de financiación, de pago a los prestadores y de regulación, y lo que distingue a un país de otro no es que use piezas completamente distintas, sino la combinación particular que hace de ellas y cuál de esas piezas termina dominando sobre las demás.

Lo interesante de este enfoque es que pone el centro de atención en algo muy concreto: cómo se mueve la plata. Quién la pone, quién la administra, cómo llega hasta el prestador que finalmente atiende al paciente. No es un detalle menor ni una elección arbitraria. Buena parte de las tensiones que definen a un sistema de salud -el pulso entre lo público y lo privado, las peleas entre niveles de gobierno, los conflictos entre quien paga y quien presta el servicio- terminan siendo, en el fondo, disputas por controlar esos flujos financieros. Seguir el rastro del dinero, entonces, no es solo un ejercicio contable: es una forma bastante directa de entender quién tiene poder dentro del sistema y quién no.

Una herramienta útil también para reformar El modelo no se queda solo en el plano descriptivo. Sirve, sobre todo, para pensar reformas. Si uno logra identificar cuáles son los subsistemas que realmente dominan en un país determinado, puede empezar a preguntarse con más precisión qué tan bien o mal le está funcionando ese arreglo particular frente a objetivos como la cobertura universal, el control del gasto o la calidad de la atención. Y a partir de ahí, resulta mucho más manejable anticipar qué pasaría si se modifica una sola pieza -cambiar la forma de pago a los médicos, por ejemplo, o mover el peso del financiamiento de los impuestos hacia el seguro social- sin tener que rediseñar el sistema entero desde cero. Esa capacidad de análisis por partes, más que por bloques completos, es probablemente la razón principal por la que este modelo terminó siendo tan usado en estudios comparados como el que dio origen al texto que estamos comentando.

Como conclusión Lo que propone Evans, en el fondo, es un cambio de mirada bastante sencillo, pero con consecuencias grandes: dejar de ver los sistemas de salud como bloques monolíticos e inconmensurables entre sí, y empezar a verlos como combinaciones de un puñado de subsistemas que se repiten, con variantes, de país en país. Décadas después de formulado, el modelo sigue siendo útil precisamente por eso: porque para entender de verdad un sistema de salud no alcanza con describirlo como un todo, hay que seguir el rastro de cómo se mueven los recursos adentro de él y quién termina quedándose con el control de ese movimiento. n (*) Abogado. Especialista en Sistemas de Salud. Presidente de Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT) y Secretario General de Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA).

OPINIÓN CINCO PROPUESTAS PARA EL SECTOR SALUD la seguridad social. Si bien se requiere un cambio total, se podría comenzar de a poco iniciando en un capítulo que la mayoría coincide que debe ser modificado. Es el destinado a la cobertura de la discapacidad que se lleva un porcentaje mayúsculo del financiamiento. Una comisión de expertos y legisladores coordinados por el Ministerio Nacional de Salud podría evaluar esto y al menos separar los aspectos sanitarios de los educativos para proponer otra fuente de financiación del segundo de estos aspectos.

2. Achicar el número de Agentes del Seguro

Por el Dr. Adolfo Sánchez de León (*)

n el contexto actual parece utópico pensar en una reforma integral del sector salud en nuestro país. A las ya consabidas y crónicas restricciones que presenta nuestro sistema (fragmentación, segmentación, inequidad geográfica y social, ineficiencia) debemos agregar una coyuntura particular que tiene que ver con un Congreso de la Nación en donde existe mucha paridad y dificultad para sancionar leyes fundamentales para el cambio del sistema. En este contexto sería deseable establecer una agenda de reformas que mejoren la performance del sistema actual. Al menos cinco puntos en los que la mayoría de los especialistas y actores parecen estar de acuerdo.

1. Modificar el Programa Médico Obligatorio Ya en ediciones anteriores manifestamos esta necesidad ya que el PMO está totalmente desactualizado, es un nomenclador que no responde a ninguna estrategia, no cubre la totalidad de la población y el valor total es inalcanzable para

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Al menos el 60% de los agentes del seguro no pueden financiar mínimamente las prestaciones comprometidas. Si bien un esquema de pocas cajas financiadoras parece inviable se podría avanzar hacia la unificación de varias de ellas para generar pooles de riesgo más adecuados.

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El esquema de cajas múltiples, esta visto, es altamente ineficiente. Al menos el 60% de los agentes del seguro no pueden financiar mínimamente las prestaciones comprometidas. Si bien un esquema de pocas cajas financiadoras parece inviable se podría avanzar hacia la unificación de varias de ellas para generar pooles de riesgo más adecuados. Sería el inicio de un camino que genere confianza en los afiliados y en los seguros para ir hacia un número eficiente de financiadores de la seguridad social.

3. Descentralizar el PAMI Si bien un esquema deseable sería avanzar hacia Seguros Públicos Provinciales con la unificación del PAMI, de las cajas provinciales del presupuesto y Obras Sociales Provinciales, un primer paso podría ser descentralizar el manejo de las capitas y otros contratos hacia las provincias. Luego avanzar hacia una ley de federalización del Instituto

4. Modificar el esquema de aportes de los monotributistas Hoy los monotributistas aportan a algunas Obras Sociales que brindan un programa mínimo (ni siquiera un PMO mínimo) quedándose con los aportes, pero sin brindar soluciones. Por otra parte, en el sector público cuando aparece la cobertura se le exige al paciente que reclame en su financiador. En definitiva, nadie se hace cargo de ellos y están en una peor situación que los cubiertos exclusivamente por el Estado. En este contexto es mejor eliminar el aporte por salud del monotributista y que el sector público los asuma como propios.

5. Fortalecer la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica – CONETEC Una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias creada por ley sería lo deseable. Pero en un primer lugar se puede fortalecer la actual CONETEC con mayores recursos y capacidad de decisión. Esto llevaría en un futuro a la ley tan declamada. n

(*) Médico. Especialista en Salud Pública. Presidente del Grupo PAIS.

VOCES CUANDO GANAR TIEMPO ES GANAR SALUD

Por la Dra. Alicia Gallardo y la Dra. Ingrid Kuster (*)

ay conflictos en los que ganar no alcanza. En salud, incluso una sentencia favorable puede llegar cuando el cuerpo ya pagó el precio de la espera. Una persona recibe un diagnóstico oncológico. Su médico indica una medicación de alto costo, pero la cobertura la rechaza. En pocas horas, el lenguaje de la salud -diagnóstico, tratamiento, pronóstico- es desplazado por otro: intimaciones, cautelares y expedientes. El paciente deja de hablar de su enfermedad y comienza a preguntarse cómo iniciar un amparo. La escena no es excepcional. Según el Decreto 379/2025, los amparos de salud pasaron de 1.130 en 2011 a 5.474 en 2018. Solo durante 2024 se registraron más de 10.000 procesos contra obras sociales y prepagas. Otro estudio argentino, basado en 405 amparos por medicamentos de alto precio, encontró una mediana de 150 días entre la solicitud y el acceso efectivo al tratamiento. Aun cuando una sentencia protege un derecho, el tiempo judicial no siempre coincide con el tiempo del cuerpo. No se trata de cuestionar el amparo. Ante un riesgo para la vida, una urgencia extrema o una negativa que exige una orden inmediata, la intervención judicial es indispensable. La pregunta es otra: ¿todos los conflictos de salud necesitan comenzar y terminar en un tribunal? El Derecho Colaborativo (1) es un Método Adecuado de Solución de Conflictos (MASC) y una nueva forma de ejercer la abogacía. Es un proceso voluntario en el que cada parte participa acompañada por su abogado, con un compromiso compartido: buscar una solución sin litigar. No hay un tercero que decida; las partes construyen el acuerdo. Al comenzar, clientes y abogados firman un acuerdo de participación. Se comprometen a compartir la información relevante, negociar de buena fe y concentrarse en intereses, no solamente en posiciones. Si el proceso fracasa y alguna parte acude a juicio, los abogados colaborativos deben apartarse y la representación queda a cargo de nuevos profesionales. Ese límite cambia los incentivos: toda la capacidad profesional se orienta a crear condiciones para resolver, no a preparar simultáneamente la batalla judicial. Los abogados colaborativos amplían la mirada con otras disciplinas. Médicos, psicólogos, especialistas en discapacidad, auditores o gestores de casos pueden integrar el equipo cuando sean necesarios. Las reuniones pueden realizarse directamente entre las partes y sus abogados o contar con facilitadores de la comunicación, si los abogados colaborativos consideran que su intervención puede ordenar el diálogo, acompañar su complejidad o destrabar la conversación. No se trata de agregar voces, sino de sumar el conocimiento que falta.

En salud, este enfoque encuentra un campo especialmente fértil. Los conflictos rara vez son solo jurídicos. Contienen información médica compleja, miedo, restricciones económicas y relaciones que deberán continuar. Un paciente puede necesitar una medicación, pero también previsibilidad. Una familia puede reclamar prestaciones por discapacidad, pero sobre todo necesita dejar de renegociar cada mes. Una institución puede discutir una cobertura y requerir criterios para casos futuros. Volvamos a la medicación rechazada. La respuesta tradicional suele reducir la controversia a dos posiciones: “cobertura total” o “negativa”. El proceso colaborativo permite preguntar: ¿cuál es la evidencia disponible?, ¿qué plazo admite el cuadro clínico?, ¿puede acordarse una cobertura inicial con revisiones periódicas?, ¿es posible diseñar un protocolo para casos semejantes? Allí donde el expediente busca determinar quién tiene razón, la conversación intenta establecer qué solución resulta segura, justa y sostenible. Ante una infección posterior a una cirugía, una demanda puede traducir el daño en dinero. Una solución colaborativa podría incluir continuidad del tratamiento, una segunda evaluación, reparación económica, explicación de lo ocurrido, revisión de protocolos y medidas para evitar su repetición. Muchas veces, lo que la persona necesita no cabe por completo en una sentencia. El procedimiento no es informal ni ingenuo. Requiere preparación, asesoramiento independiente, confidencialidad y análisis de la información clínica y económica. Comienza con el acuerdo de participación; continúa con reuniones conjuntas e incorpora expertos cuando hace falta. Luego se generan opciones y se redacta un acuerdo que podrá instrumentarse u homologarse cuando corresponda. Tampoco sirve para todos los casos. No resulta adecuado ante urgencias que no admiten negociación, ocultamiento de información, violencia, desequilibrios imposibles de compensar o ausencia de buena fe. Elegir responsablemente un método también significa reconocer cuándo no utilizarlo. En 2025, la creación del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud -PROMESA- confirmó una necesidad ya visible: los conflictos sanitarios requieren respuestas especializadas, ágiles y confidenciales. Mediación y Derecho Colaborativo no son idénticos, pero comparten un cambio de paradigma: antes de judicializar, vale la pena construir espacios donde la medicina, el derecho y las necesidades humanas puedan conversar. En ese sentido, la mediación sanitaria puede ser uno de los motores del Derecho Colaborativo en salud. Quizás su mayor aporte sea recordarnos algo sencillo: en salud, resolver no consiste necesariamente en ganarle al otro. Consiste en evitar que, mientras las partes discuten, el paciente pierda aquello que nadie puede devolverle: tiempo, confianza y calidad de vida. n

Referencia 1) El Derecho Colaborativo surgió en 1990 a partir de la propuesta del abogado estadounidense Stuart Webb. La práctica se expandió con un enfoque interdisciplinario y dio origen a la actual International Academy of Collaborative Professionals (IACP).

(*) Abogadas – Mediadoras - Consultoras en Mediación Sanitaria.

VOCES LA JUDICIALIZACIÓN DE LA SALUD ANTE EL ESPEJO DE LA RAZONABILIDAD: EL FALLO “G. B., R. C/ OSDE” l La pérdida de canales eficaces de diálogo entre los pacientes, los

médicos tratantes y los auditores de las entidades sanitarias. l Solicitud de otorgamiento de prestaciones en el exterior de nuestro

país, etc.

Por el Dr. José Bustos y el Dr. Oscar Cochlar - Abogados

n la causa judicial que da título a esta nota, la madre de su hijo menor de edad inició una acción de amparo con el objeto de que OSDE le proveyera una medicación triple moduladora fabricada fuera del país, prescripta por su médico, a fin de tratar la enfermedad de fibrosis quística. Este pedido fue receptado favorablemente por la justicia. Luego de trascurrido un período de tiempo, OSDE denunció que la ANMAT había autorizado la comercialización del medicamento de fabricación nacional, que cuenta con los mismos componentes que el importado. Consecuentemente, ofreció proveer esa medicación nacional; y, a tales efectos, pidió la sustitución de la medida cautelar, es decir, que le autorizaran a otorgar un medicamento por otro. Este pedido fue rechazado por el Juzgado de Primera Instancia y también por la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Civil y Comercial Federal. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó esas decisiones de instancias inferiores y permitió que OSDE pudiera sustituir la medicación importada de muy alto costo, por la de menor valor nacional, pero con la misma evidencia científica. Distintos actores institucionales, académicos y prestadores del sector sanitario atribuyen los desequilibrios crónicos del sistema de salud a un fenómeno tan expansivo como complejo: la judicialización. Hace más de una década -cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contrató nuestros servicios para realizar un informe sobre la materia-, observamos con preocupación cómo el Sistema Nacional del Seguro de Salud y la medicina prepaga vienen soportando una cantidad incesante de demandas judiciales. En la República Argentina, asistimos a un protagonismo creciente del Poder Judicial, sobre distintos aspectos de nuestra vida institucional y -no es la excepción a la regla- sobre el sistema de la salud en particular. El fenómeno desborda largamente al sector sanitario para instalarse como un modo generalizado de resolución de conflictos sociales. Como ocurre con casi todos los fenómenos arraigados en la vida cotidiana, la judicialización responde a una trama compleja de concausas. A título ejemplificativo, podemos enumerar: l La falta de cobertura oportuna o suficiente por parte del financiador

o prestador. l Un costo prestacional que supera la capacidad económico-finan-

ciera del sistema solidario. l La propensión cultural generalizada a judicializar controversias

que antaño se dirimían mediante la negociación o la auditoría médica extrajudicial.

En los más de veinte años que llevamos conviviendo con este fenómeno, hemos atestiguado su utilización en un amplio abanico de escenarios. Por un lado, situaciones que en nuestra opinión justificaban plenamente la vía judicial, tales como aquellos supuestos en que los financiadoresnieganorestringencoberturasindudablementecontempladas por la normativa y el PMO. Por el otro, nos enfrentamos a escenarios donde la acción legal se ha extendido hacia pretensiones que exceden cualquier criterio elemental de razonabilidad médica y jurídica. Si bien es cierto que los Jueces tienen frente a sus estrados el deber de resolver casos individuales, sin tener necesariamente ante sus ojos la perspectiva de todo el sistema, nuestros tribunales albergan casos paradigmáticos donde las decisiones pretorianas han desbordado los límites de las normas vigentes, alterando no sólo la interpretación sistemática del derecho, sino también las bases financieras sobre las que se sostiene la salud de millones de personas. Existe un factor determinante en la génesis de estos litigios: la relación inquebrantable de confianza entre el paciente y su médico tratante. El beneficiario confía ciegamente en la prescripción de su galeno y, ante cualquier atisbo de demora, negativa o modificación en el contenido de la cobertura, reacciona de manera inmediata a través de la vía judicial, bloqueando -frecuentemente- de antemano la posibilidad de revisar si dicha prescripción pudo haber estado viciada de error, sesgo comercial, improcedencia técnica o simplemente si existían soluciones alternativas de idéntica calidad y evidencia científica. Habitualmente, las pretensiones se blindan con argumentos basados en conceptos indiscutibles como “la salud” y “la vida”. Más allá de la indudable solidez jurídica que estos valores poseen, se recurre a generalidades abstractas que, transformadas en dogmas, eluden el análisis sistémico. Nadie discute el rango constitucional de la vida o la salud; el problema radica en pretender que esa invocación genérica baste para justificar mecánicamente cualquier decisión judicial, desatendiendo las consecuencias estructurales y económicas sobre el conjunto de los beneficiarios del sistema. Idéntica falencia se advierte en el dictado masivo de medidas cautelares, donde los magistrados suelen priorizar la urgencia aparente del caso, sin exigir estándares probatorios rigurosos. En numerosos artículos publicados en esta revista hemos intentado ir más allá del mero diagnóstico para aportar ideas orientadas a solucionar los problemas estructurales del sector. Nuestra propuesta no se limita a evaluar los resultados macroeconómicos de las medidas cautelares dictadas. También a título meramente enunciativo, proponemos algunas acciones que podrían intentarse ante acciones judiciales: 1º) En primer término y de modo previo, adoptar todas las medidas necesarias para intentar evitar la judicialización de situaciones que en numerosas ocasiones son previsibles, mejorando canales de comunicación y de diálogo, entre financiadores y beneficiarios. 2º) Poner la lupa sobre los fundamentos, idoneidad científica en la patología abordada, aptitudes y especialidad del profesional médico prescriptor, quien suele erigirse en el pilar exclusivo -e indiscutido- sobre el cual se basa la decisión cautelar. 3º) Ofrecer una “interconsulta” entre especialistas, pues en la inmensa mayoría de las acciones judiciales, los demandantes se presentan portando un diagnóstico y una receta, sin que haya mediado una confrontación científica con otra opinión médica. 4º) En el mismo sentido que el numeral anterior, ofrecer prueba de peritos. Cabe recordar que el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice que: “A petición de parte o de oficio, el juez podrá requerir opinión a universidades, academias,

corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización”. 5º) Aun ante el dictado de una medida cautelar en contra -recordemos que así suele suceder porque se ordenan in audita parte-, continuar con el seguimiento del expediente judicial -obviamente en los casos en que la medida no se agota en un único acto-, monitoreando la eficiencia de la medida otorgada en el trascurso del tiempo, el estado del paciente, o la posibilidad de ofrecer soluciones alternativas que cuenten con la misma eficacia; como lo hizo OSDE en el fallo en análisis, al proponer el suministro de un medicamento con el mismo principio activo, con la misma evidencia científica, pero de origen nacional y no importado y a un valor muy inferior. En este contexto, la causa “G. B., R. c/ OSDE s/ amparo de salud” (expediente CCF 5988/2017/1/RH1) dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se erige como un pronunciamiento de relevancia institucional. En la causa no se encontraba discutida la conveniencia médica de que el beneficiario fuera tratado con la terapia triple moduladora, ni tampoco la obligación principal de OSDE de cubrir dicha terapia en forma integral. La controversia se reducía a un interrogante mucho más preciso: ¿Está obligado el financiador a financiar el costo de la medicación importada cuando existe una alternativa de fabricación nacional, autorizada por la ANMAT y dotada de los mismos componentes activos? De la lectura del fallo se desprende que el financiador logró acreditar acabadamente que el medicamento nacional ofrecido a su afiliada contaba con el respaldo científico suficiente para ser aplicado sin contraindicaciones. Frecuentemente hemos sugerido en estas páginas que, ante la proliferación de acciones judiciales, las entidades de salud deben robustecer el peso de sus defensas mediante pruebas inequívocas, alejándose de las meras negativas rituales. La Corte Suprema, con este fallo, marca un límite saludable a la discrecionalidad judicial carente de sustento técnico. El fallo de la Corte Suprema en la causa G. B., R. c/ OSDE constituye un llamado a la sensatez jurídica. Reivindica el valor de la prueba científi-

ca por sobre las generalidades declamatorias, respeta las incumbencias de los organismos regulatorios estatales como la ANMAT y recuerda que el derecho a la salud no es un cheque en blanco que autoriza a prescindir de la lógica prestacional y de los recursos disponibles. Este pronunciamiento judicial, por su parte, sigue la línea comparada de varios países. En este sentido: * Brasil: el Supremo Tribunal Federal estableció que el Estado y los prestadores no están obligados a financiar medicamentos importados de altísimo costo cuando existen alternativas registradas ante la entidad reguladora nacional (ANVISA) con idéntica eficacia, fijando límites a las medidas cautelares indiscriminadas. * Colombia: (Sentencia T-760/08 de la Corte Constitucional): la Corte delimitó los alcances del Plan de Beneficios en Salud (PBS), determinando que los pacientes no pueden exigir marcas importadas o específicas si el sistema provee un equivalente bioequivalente o sustituto genérico con la misma efectividad clínica. * Reino Unido (Criterios del NICE): el National Institute for Health and Care Excellence evalúa la relación costo-efectividad (costo por año de vida ajustado por calidad). Si un fármaco importado o de marca no demuestra una superioridad terapéutica sustancial frente al tratamiento estándar disponible, el sistema público (NHS) deniega su cobertura. * España(TribunalesContencioso-AdministrativosyPrescripción por DCI): la jurisprudencia y la normativa sanitaria avalan la prescripción por Denominación Común Internacional (principio activo). La administración dispensará la opción de menor precio autorizada por la AEMPS, desestimando los reclamos judiciales que exijan la marca comercial importada salvo contraindicación técnica demostrada. Para encauzar definitivamente el sistema, resulta imperioso que los jueces extremen el rigor probatorio, que los financiadores optimicen sus canales de auditoría transparente, que la comunidad médica recupere el espacio del debate colegiado mediante interconsultas fehacientes y que reencontremos caminos de diálogos que eviten conflictos judiciales. Solo así lograremos equilibrar el derecho individual del paciente con la sustentabilidad solidaria que todo el sistema sanitario necesita para sobrevivir. n

DEBATE MERCADO SANITARIO E IMPACTO DEL ACUERDO SOBRE PATENTES FARMACÉUTICAS El impacto directo de esta ratificación sobre el sector de la industria nacional de genéricos y biosimilares puede desglosarse en cuatro dimensiones críticas:

1. Impacto en los plazos de patentamiento por finalización del “Límite de los 12 meses”

Por el Dr. Sergio Horis Del Prete (*)

a próxima adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), impulsada nuevamente en febrero de 2026 tras los compromisos asumidos en el marco del Tratado de Comercio Recíproco e Inversión (ARTI) firmado con los Estados Unidos, representa un punto de inflexión histórico, así como una de las mayores batallas regulatorias en el campo del mercado de medicamentos del país. El debate por el PCT -que tenía media sanción del Senado desde 1998- fue descongelado por el Ejecutivo Nacional en respuesta a los compromisos asumidos en el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI) firmado con el gobierno de Donald Trump. El impacto principal del mismo es la derogación de la Resolución 118/2012 que limitaba el reconocimiento de ciertas patentes farmacéuticas y agroquímicas por parte del INPI, lo que reformula el alineamiento del país con los estándares internacionales de propiedad intelectual. Históricamente, Argentina venia rechazando sumarse al PCT (sistema administrado por la OMPI que unifica la “ventanilla de entrada” para solicitudes de patentes en 158 países) para resguardar la competencia y la autonomía de su mercado doméstico caracterizado por copias y genéricos con marca (branded generic).

Bajo el régimen tradicional (Convenio de París), si un laboratorio transnacional patenta una nueva molécula en Suiza o EE. UU., tiene un plazo estricto de 12 meses para ingresar esa misma solicitud ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) en la Argentina. Si por razones de burocracia, costos o desinterés estratégico la multinacional deja vencer ese año, el compuesto cae en el dominio públicoterritorialyloslaboratoriosnacionales(agrupadosenCILFA) quedan legalmente habilitados para formular su versión genérica o biosimilar local. Con la adopción del PCT, ese plazo de reserva internacional se extiende automáticamente de 12 a 30 meses. Esto otorga a las multinacionales casi dos años adicionales de tiempo para evaluar si el producto prospera comercialmente en el mundo antes de decidir si bloquean el mercado argentino, cerrando la ventana de oportunidad que la industria nacional aprovechaba para lanzar copias de drogas no patentadas a tiempo.

2. Multiplicación de solicitudes y riesgo de monopolización La exclusión de la Argentina del sistema PCT funcionaba en la práctica- como una barrera de costos y trámites individuales para los laboratorios extranjeros. Al facilitarse los mismos a través de una mesa de entrada común, se presupone un incremento exponencial en el número de solicitudes de patentes por parte de éstos presentadas en el país. Para los laboratorios locales, este “alud” de expedientes elevará los costos legales de monitoreo y litigación, ya que deberán auditar de forma constante cientos de nuevas solicitudes a fin de evitar infringir derechos exclusivos al lanzar sus productos.

3. La “Batalla Política” centrada en la reserva del Capítulo II (Modelo Uruguayo) El litigio parlamentario en el Congreso de la Nación entre la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), junto con la AmCham, giró en torno a la ratificación completa del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Esta pulseada legislativa representó un choque directo entre el modelo de negocio extractivo extranjero y el ecosistema nacional de genéricos y biosimilares. Teniendo en cuenta estos riesgos, la industria farmacéutica nacional (CILFA) logró la aprobación del oficialismo durante el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, de un dictamen que incorpora una reserva para excluir al Capítulo II del Tratado que permitía exámenes internacionales preliminares de patentabilidad. Con esto, el INPI seguirá conservando la potestad exclusiva de realizar las evaluaciones técnicas. ¿Qué implicará esta reserva? Como el Capítulo II regula el “Examen Preliminar Internacional” (EPI), al rechazarse este apartado la Argentina estipularía que el INPI no tomará como válidos ni vinculantes los informes preaprobados por oficinas extranjeras (como la USPTO de EE. UU. o la Oficina Europea de Patentes). Esta modificación -que emula la estrategia que adoptara en su momento Uruguay -preservaría la facultad soberana del Estado argentino para aplicar sus propios criterios estrictos de patentabilidad (como las Guías de 2012). De este modo, se intenta evitar la convalidación automática de patentes secundarias o evergreening (cambios menores de dosis o de formulación para estirar monopolios) que retrasan el ingreso al mercado local de genéricos (moléculas que ya perdieron la patente).

4. Reconfiguración del modelo de negocio de la industria nacional A mediano plazo, el mercado local de medicamentos se verá forzado a reestructurarse bajo dos dinámicas contrapuestas por un doble efecto: un impacto negativo que retrasaría las copias al extenderse de 12 a 30 meses el plazo para solicitar patentes, con un mayor volumen y peso de monopolio de los laboratorios extranjeros, y a la vez una oportunidad que permitiría a investigadores locales, Universidades y startups patentar de forma más barata y directa en 158 países. Lo más complejo para los laboratorios nacionales podría resultar la pérdida de competitividad en lanzamientos rápidos, ya que no podrán disputar el mercado de “primer genérico” inmediatamente después del vencimiento de la patente original, si la aprobación de patentes secundarias lo complejiza extendiendo la protección. Las empresas multinacionales podrán así encadenar exclusividades sobre el mismo medicamento básico por 10 o 15 años adicionales mediante modificaciones menores. Esto postergaría la entrada de competidores locales y mantendría precios de monopolio altos, afectando el presupuesto de las obras sociales y las prepagas.

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Teniendo en cuenta estos riesgos, la industria farmacéutica nacional (CILFA) logró la aprobación del oficialismo durante el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, de un dictamen que incorpora una reserva para excluir al Capítulo II del Tratado que permitía exámenes internacionales preliminares de patentabilidad. Con esto, el INPI seguirá conservando la potestad exclusiva de realizar las evaluaciones técnicas.

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Asimismo, podría elevarse el riesgo de litigio, ya que, bajo las guías de 2012, el riesgo que un laboratorio nacional fuera demandado por violar una patente secundaria era extremadamente bajo. A partir de la vigencia del acuerdo, la industria local deberá realizar auditorías legales mucho más complejas y costosas antes de lanzar un producto, frente a la complejidad de las patentes vigentes. Para evitar el colapso en la industria farmacéutica nacional, por Resolución 1/2026 se incorporó una excepción regulatoria clave que funciona como “salvavidas” temporal para las moléculas actualmente en el mercado: la Garantía de Comercialización Continua. Mediante este mecanismo, los titulares de patentes internacionales que resulten beneficiados por la nueva desregulación no podrán reclamar compensación económica a empresas nacionales que ya se encuentren fabricando o comercializando localmente esos productos farmacéuticos antes de marzo de 2026. Con esto se establece un blindaje del vademécum actual, aunque se restringen significativamente los lanzamientos futuros. A pesar de estas estrategias, los laboratorios nacionales también deben enfrentar recientes políticas de desregulación del Gobierno. Una es la autorización de importación directa de medicamentos ya manufacturados por parte de las provincias desde países con regulaciones equivalentes -como el caso de India- lo que abre una doble competencia (caso Mendoza). Otra es que competidores internacionales de bajo costo podrían ingresar al canal comercial con productos ya terminados, salteando la industria manufacturera argentina. Esto obligaría a los laboratorios nacionales a acelerar fusiones y adquisiciones (M&A) regionales a fin de ganar escala y poder subsistir en un nuevo entorno altamente competitivo. El desafío presente de equilibrio del mercado sanitario resulta complejo en un país con fuertes inequidades. Lo que el futuro mostrará no será solo el nuevo escenario entre ganadores y perdedores del submercado de medicamentos. También si el eventual beneficio económico de los primeros sirvió o no para garantizar la salud y el bienestar del verdadero receptor del beneficio final: la sociedad en su más amplia dimensión. n

(*) Doctor en Medicina. Director de la Catedra Libre de Análisis de Mercados de Salud. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

COLUMNA LA SOBERANÍA NACIONAL Y EL MODELO DE SUBDESARROLLO ACTUAL

Por el Dr. Mauricio Klajman (*) dr.mklajman@gmail.com “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”. Mariano Moreno l calendario cósmico es una escala creada por el famoso astrónomo Carl Sagan. Esta idea comprime los 13.800 millones de años de historia del universo en un solo año de 12 meses. Cada segundo equivale a unos 438 años reales, donde el 1 de enero a las 00:00 ocurre el Big Bang y el 31 de diciembre a la medianoche representa el presente. 31 de diciembre, 23:59:59: toda la historia registrada de la civilización humana (desde las pirámides de Egipto hasta la era espacial) ocurre en este último segundo. (1) Como vemos en este calendario genial se refleja perfectamente la evolución del ser humano. En ese último segundo cósmico se encuentran todos los problemas de la historia del planeta. Además de encontrarse, obviamente, toda la historia de nuestro país en un solo milisegundo quizás. Allí encontramos nuestra independencia, nuestras luchas de poder, la organización nacional, los sucesos del siglo XX y las sensaciones de indignación de este último tiempo del siglo XXI. En ese milisegundo se concentra la igualdad, la desigualdad manifiesta de nuestra época contemporánea, los aciertos y errores de nuestros gobernantes y la sensación de frustración ante una historia de crecimiento como Nación, que poco a poco se va diluyendo como arena entre los dedos de nuestras manos, sin que podamos evitarlo. Analicemos alguno hechos nuevos y otros no tan nuevos que aceleran la perdida de la arena del progreso “que supimos conseguir” ...

La Inteligencia Artificial (IA) DebemoshablaraquídePalantir.Estaempresa que desembarcó en nuestro país basa su modelo de negocios en el método “land and expand” aterrizar y expandirse. Consiste en conseguir primero pequeños contratos con Instituciones grandes - tales como en el National Health Institute inglés. La CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. Una vez concretados los acuerdos se adueña de los datos del sistema y es imposible expulsarla. Los organismos del Estado se vuelven tan dependientes que es imposible discontinuar el convenio. Imaginemos los datos del sistema de salud argentino, los del consumo de medicamentos y

como se podrían dirigir sesgadamente por un enorme negocio. Podría llegar a controlar todo el tráfico aéreo, la defensa nacional y hasta los programas sociales: tendrían todos los datos de los ciudadanos y lo más importante en que piensan y en que gastan. (2) Aunque parezca mentira este concepto de control viene de Habermas y la Escuela de Frankfurt. “El correo electrónico gratuito no basta. La decadencia de una cultura o de una civilización, y de hecho de su clase dirigente, solo será perdonada si dicha cultura es capaz de generar crecimiento económico y seguridad para la ciudadanía”. (3) La referencia de este extracto es directamente Habermas: “Como sugirió Jürgen Habermas, (5 ) el hecho de que los dirigentes no cumplan las promesas implícitas o explícitas hechas al público puede provocar una crisis de legitimidad para un gobierno. Cuando las tecnologías emergentes, generadoras de riqueza, no sirven al interés general, a menudo surgen dificultades. En otras palabras, la decadencia de una cultura o una civilización, e incluso de su clase dirigente, solo será perdonada si dicha cultura es capaz de garantizar el crecimiento económico y la seguridad de la ciudadanía. En este sentido, la voluntad de las comunidades científicas y técnicas de acudir en ayuda de la nación ha sido vital, no solo para la legitimidad del sector privado, sino también para la perennidad de las instituciones políticas en todo Occidente”. Esta frase resume la influencia straussiana (6) presente en Peter Thiel y Alex Karp: una élite solo se legitima a través de la liberación crecimiento, seguridad, poder-. Cuando la gratuidad (Gmail, Instagram) es el único fruto visible del capitalismo cognitivo, la clase dirigente tecnológica merece su deslegitimación. La palabra “decadencia” no es anodina: delata el imaginario reaccionario en el que se mueve Karp, para quien la élite democrática es incompetente y corrupta y debe ser sustituida por una nueva élite más eficaz. En The Diversity Myth, (4) que Thiel coescribió con David Sacks (hoy enviado especial del presidente estadounidense para la IA y las criptomonedas), una crítica a la Universidad de Stanford desde el punto de vista de una élite que antepone la postura ética al resultado -no siempre el fin justifica los medios- aclara este pasaje y el siguiente: el mensaje-incluido el mensaje progresista de Silicon Valley- es, para él, una estrategia agresiva de distinción social, que enmascara la ausencia de producción real. El lugar de la Argentina es el mismo que de proveedor de materias primas, agua y minerales para sostener servidores, centros de datos y de cómputos. Con el frio de la Patagonia esto es una bicoca para las empresas. Esto es el SUPER-RIGI además de que garantiza a las terminales informáticas y a las mineras 30 años de beneficios fiscales. La ministra de Capital Humano habló de la creación del Gemelo Digital Social, un nuevo sistema basado en IA que diseñará proyectará, anticipará y podría predecir el impacto de políticas públicas a partir de datos masivos. Aunque el anuncio no detalló qué proveedores de software se utilizarían, especialistas y organizaciones de derechos digitales (encendieron alarmas por una potencial contratación de Palantir). Por la falta de regulación sobre la IA que existe como un vacío legal en nuestro país, todo esto es posible, dado que los proyectos legislativos de algunos diputados perdieron ya estado legislativo. No sucede lo mismo en el hemisferio Norte donde se regula y el ejemplo más cercano aun es Brasil. Imaginemos porque se quieren meter en el negocio de la salud los seguros si tuvieran a mano los datos de que se enferman los argentinos a través de estas empresas de big data. Faltaría agregar que la Nueva Ley de Glaciares también otorga más agua a bajo coste para enfriar estos centros.

El litio y las mineras Lo primero que hay que decir es que las concesiones las otorgan las Provincias, algunas por sumas irrisorias. Es el defecto de nuestra Constitución que es Federal y no Federativa, es decir que las políticas estratégicas deberían ser reguladas por el Estado Nacional y consensuadas con las Provincias. Esto no existe.

Aquí cabe aclarar quien hace la revolución energética: el norte global financiado con nuestros yacimientos minerales y nuestra reserva hídrica. Los minerales que se extraen, tanto el litio del triángulo formado por Chile, Argentina y Bolivia (54% de las reservas del mundo) financian el cambio de la matriz energética del Norte Global, para nosotros queda una pequeña parte ya que la tonelada de litio se cotiza en boca de mina a 4.500 dólares y en el hemisferio norte a casi 70.000 dólares. Si a esto le agregamos que pagan poco por ganancias y se les descuenta por la capacidad instalada-que siempre es importada-nos quedan monedas.(7) Nosotros pagamos las consecuencias ecológicas y la pérdida de las reservas hídricas para el 1% de la población más rica del planeta que posee más bienes, recursos y patrimonio que el 70% más pobre. Hay que agregar que el 10% más rico de la humanidad es responsable del 48% de las emisiones de dióxido de carbono. El 17% lo emite ese 1% más rico. Nosotros en el Sur global somos responsables de tan solo el 12% de las emisiones. Pagamos el costo ecológico sin beneficiarnos en nada. Aquí hay que decir que la desinversión en las universidades nos aleja de la posibilidad de ponerle valor agregado a la minería, ya que el conocimiento será escaso, de continuar con estas políticas de destrucción educativa por parte de esta administración. También hay que decir que es lo que hacen las provincias con las regalías, en el caso del Litio y sobre todo con el oro. ¿En que invierten? ¿Mejora la educación? ¿Mejora el sistema de salud? ¿Se invierte en construcción de viviendas para eliminar las casas ranchos y luchar contra el Chagas? ¿La gente come mejor y más sano? ¿Se educa a la población sobre dietas que no favorezcan la obesidad como factor mayor de riesgo cardiaco? ¿Se invierte en planes de prevención sanitaria? ¿Se lucha contra la Tuberculosis, que volvió a aparecer mayormente en esas provincias mineras precisamente? ¿Se promueve la educación sexual entre jóvenes para evitar los embarazos adolescentes? ¿Se trabaja sobre la prevención de las enfermedades de origen sexual que han aumentado exponencialmente? ¿Se invierte en el control y prevención de los embarazos en general y la mortalidad infantil, que en esas provincias es mayor que en el centro de la Republica? Así podría seguir enumerando incontables puntos y políticas que influyen en la salud general. Los arreglos políticos entre el Poder Central, para conseguir los votos legislativos además del otorgamiento de prebendas económicas mínimas, son el motor de la indiferencia y del aumento constante de la desigualdad, Como vemos la discusión no es solo la IA, ni la minería... el tema es la entrega de la soberanía nacional … La educación como palanca del desarrollo: es el motor principal del progreso humano y económico. Funciona como una base invisible que impulsa la libertad personal, reduce la pobreza y mejora la productividad de los países. La educación proporciona: 4 Más trabajo: ayuda a conseguir mejores empleos. 4 Mayor valor: aumenta la capacidad de producción de un país. 4 Nuevas ideas: impulsa la innovación y la ciencia. 4 Progreso social: salir de la pobreza porque permite que las familias tengan mejor movilidad social. 4 Menos brechas: ayuda a que exista mayor igualdad de oportunidades. 4 Mejores ciudadanos: fomenta valores, respeto y vida en democracia. Volvamos a la herramienta que nos dio mejor resultado en nuestra historia... la educación, igualitaria para todos, pública, democrática, en todo el territorio de la República, con contenidos universales y accesibles... para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino...n

Bibliografía (1) Los dragones del Edén: Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana es un libro de Carl Sagan galardonado con el Premio Pulitzer en 1978. (2) Un colonialismo con rostro inédito/El Anticristo, la Patagonia y la geopolítica de la IA/ Pablo Rodríguez/Le Monde Diplomatique/julio 2026. (3) The Technological Republic, “in brief”, post en la cuenta de X de Palantir, 18 de abril de 2026. (4) Peter Thiel con David Sacks, The Diversity Myth, Multiculturalism and the Politics of Intolerance at Stanford, The Independent Institute, 1995. (5)21/4/26 /Trump/el manifiesto de Palantir para la dominación/El gigante tecnológico fundado por Peter Thiel y dirigido por Alex Karp acaba de publicar 22 tesis virales sobre el futuro de Estados Unidos y Occidente/Arnaud MirandaGilles Gressani /Grand Continent/Madrid/ 2026 (6) Peter Thiel, “Le Moment straussien”, 2007/Penguin/New York/EE. UU. (7) Todo sobre el Litio/Bruno Fornillo-Melisa Argento/Siglo XXI/2026. (*) Docente Libre de la Escuela de Salud Pública y Humanidades – Facultad de Medicina - UBA

OPINIÓN INSERCIÓN DE SEGUROS FINANCIEROS EN EL SISTEMA DE SALUD

Por el Dr. Hugo E. Arce (*)

partir de la Resolución 258/26 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se está instalando un amplio debate sobre la viabilidad de una inserción sustentable de los seguros financieros en el Sistema de Salud. Es oportuno entonces analizar las diferencias entre este tipo de cobertura, a la que iden- tificaremos como seguros de riesgos financieros (SRFs) y la de los aseguradores principales del mercado de salud: obras sociales (OSs) y planes o empresas de Medicina Prepaga (EMPs). Conviene señalar que se trata de iniciativas diferentes, tanto por las ideologías en que se basan, como por la genética de las instituciones que las sostienen. Las OSs provienen de organizaciones mutuales o de “socorros mutuos” impulsadas por inmigrantes europeos entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre los líderes de esas organizaciones predominaban militantes socialistas, anarquistas y, en menor medida, comunistas. Posteriormente, en la década del 30 del siglo pasado, aquellas mutuales se habían consolidado y eran sostenidas por entidades sindicales. Cuando Perón accedió a la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1944, les otorgó personería jurídica y adhesión obligatoria, por medio de convenios colectivos de trabajo. Es interesante mencionar que el principio que sostenía a las OSs estaba vinculado a ideas del socialismo “cada uno aporta según sus posibilidades y recibe según sus necesidades”-, tal como señalaba un documento del 1er Congreso Nacional de Obras Sociales.(1) Asimismo, cuando el canciller Bismarck implantó en Alemania el Seguro de Enfermedad obligatorio (1883), tenía la intención política de restar reivindicaciones a las mutuales voluntarias de obreros sindicalizados. Esos principios solidarios acompañaron el desarrollo de la Seguridad Social (SeS) en Europa continental, basados en un modelo de financiamiento por alícuotas del salario. El criterio fundacional de las OSs, derivado de las primitivas mutuales, era de carácter asistencialista -predominaban los derechos del trabajador y el financiamiento ajustado según las necesidades-; los aportes y contribuciones, que en 1970 (Ley 18.610) ocupaban el 3% de la nómina salarial, dos décadas después ascendían al 9% (Leyes 23.660 y 23.661). En 1993 una trascendente publicación del Banco Mundial consideraba aseguradores tanto a seguros públicos como privados,(2) mientras en Argentina el FMI promovía la desregulación de las OSs y la incorporación

de las EMPs a la SeS. Aunque algunos dirigentes de OSs sindicales exhiben actualmente una notoria opulencia, no debería dejarse de explorar los conceptos primarios con que promovieron la expansión de la administración fragmentada de las entidades que administran. El crecimiento del modelo de atención integral de las OSs entre las décadas del 60 y 90 del siglo pasado tuvo un alto impacto, por lo que las EMPs no insertaron un modelo propio de cobertura: compitieron ofreciendo atención integral con servicios de alta gama y hotelería más suntuosa en las internaciones. Cabe señalar que la mayor parte de los inversores que desarrollaron la medicina prepaga en Argentina, no eran empresarios profesionales, sino médicos de altos ingresos que creaban un seguro privado voluntario. Como su modelo asistencial intentaba competir con las OSs, no dimensionaron sus primas con métodos actuariales, sino estimando la magnitud de las cuotas en base a sus gastos operativos y las aspiraciones del segmento que procuraban conquistar. Las primeras se iniciaron en los ’60; en los ’70 se agregaron OSs de personal superior (OSDE y APS las mayores), que compitieron en el mercado de las EMPs antes que como OSs. En los ’90 el FMI promovió que formaran parte de la SeS, lo que fue resistido por las OSs sindicales, pero no pudieron evitar la libertad de elección de OS (Decreto 9/93). En el marco del acuerdo con el FMI, para la supuesta desregulación de OSs, la ANSSal (3) definió en 1996 un nuevo paquete de beneficios basado en la estrategia de APS.(4) Se denominó Programa Médico Obligatorio (PMO) y reemplazaba las sucesivas versiones del Nomenclador Nacional. En la misma línea de política estatal, el Congreso sancionó en 2011 la Ley 26.682 de Regulación de la Medicina Prepaga, en la órbita de la SSSalud como ente regulador. Previamente se fueron asignando mayores compromisos de cobertura a las EMPs, de modo que la obligación de cubrir el PMO, establecida por esa Ley, completó la paulatina transferencia de los beneficiarios de OSs sindicales de mayor poder adquisitivo a EMPs. Esos afiliados abonaban los aranceles diferenciales que correspondieran, mientras las OSs mantenían la titularidad de la recaudación. En 30 años la población con cobertura de EMPs, que era algo mayor de 2 millones al iniciarse el Siglo XXI, se triplicó e incrementó recursos de la SeS. Para absorber la mayor carga de obligaciones, las EMPs más grandes invirtieron en la integración vertical con importantes sanatorios privados, de modo de aliviar su declarado déficit de rentabilidad, apostando al segmento prestador. También operaron de la misma manera las OSs más competitivas, adquiriendo nosocomios privados. Llama la atención que en Argentina los SRFs no lograron insertarse en el mercado de la salud, salvo algunas excepciones que no modificaron la estructura básica de financiamiento del sistema. El carácter político-sindical y las desviaciones de corrupción en la operatoria corriente de las OSs retrajo las iniciativas provenientes de seguros profesionales. Sin embargo, en países como Brasil, Chile y EE.UU. los SRFs tuvieron un papel protagónico en la cobertura de salud. Anteriormente los denominábamos “seguros de bienes materiales”, pero en realidad el espectro de los riesgos que cubren incluye mala praxis, vida, factores climáticos y ambientales, además de los Seguros de Riesgos del Trabajo, que corresponden a un mercado específico con regulaciones diferentes. En una reunión reciente, el Superintendente de Seguros de la Nación los calificó como “empresas financieras” destinadas

a cubrir riesgos, cuyo principio estratégico es la solvencia. Los SRFs no están obligados a proveer los prestadores que deberán reparar o restituir los daños.(5) Esta afirmación destaca la marcada diferencia entre una y otra modalidad de aseguramiento. Las OSs y EMPs parten de cubrir con financiamiento solidario el riesgo de enfermar y prevenir daños a la salud, proveyendo una red de prestadores que proporcionarán los cuidados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Los SRFs deben garantizar su solvencia, con la mejor estimación de la tasa de siniestralidad y la mayor cantidad de asegurados, que posibilite la escala de distribución de riesgos, adecuada para garantizar su rentabilidad. La red de prestadores asociada parece ser en este caso un propósito menor. En síntesis, ambos modelos de aseguramiento parten de polos opuestos del mercado de la salud: unos de la cobertura del riesgo de enfermar; otros de financiar los daños económicos emergentes de las enfermedades producidas. El equilibrio de las dos estructuras de negocio se encontrará cada vez con mayores dificultades. Las OSs acudieron a incrementar la carga económica de su operatoria, derivando a las EMPs la atención de sus afiliados de mayor poder adquisitivo para mantener el tamaño de su población beneficiaria. Sin embargo, en base a mediciones del costo del PMO, se estima que la mitad de las OSs no alcanzan a financiarlo. Por otra parte, para instrumentar una dimensión actuarial de la siniestralidad a asegurar, es improbable que los SRFs puedan eludir las coberturas básicas, que están comprendidas en el PMO, o deban recurrir a estratificar los riesgos cubiertos -p.ej. atención ambulatoria, internaciones, medicina crítica, alta complejidad diagnóstica-, como ocurre en EE.UU., para que los usuarios seleccionen los estratos de su mayor interés. De todos modos, tanto unos como otros tendrán serios obstáculos para dimensionar los riesgos de gastos catastróficos o de medica-

mentos de alto costo, porque estos evolucionan fuera de toda regulación y del poder normativo del gobierno de los países. Por esta razón se habla cada vez con mayor frecuencia de implementar reaseguros de gastos catastróficos que, en última instancia, tienen la significación de expandir la sustentabilidad de la salud de la población. Estos comentarios finales no deben dejar de considerar las inversiones en servicios estatales, que deben proporcionarse a todos los habitantes como parte de la protección de sus garantías constitucionales. n

Nota. El autor agradece al Dr. Miguel Gastón Rubens la revisión del manuscrito.

Bibliografía 1) Instituto Nacional de Obras Sociales: El Sistema de Obras Sociales. Documento de trabajo. Ed. INOS, Buenos Aires, 1974. 2) Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993; Invertir en Salud. Ed. BIRF, Washington D.C., 1993. 3) ANSSal: Administración Nacional del Seguro de Salud, actual Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud). 4) APS: estrategia de Atención Primaria de la Salud, formulada por OMS y UNICEF en la conferencia Alma-Ata en 1978. 5) Fundación Sanatorio Güemes, Ciclo Abierto de Debate 2026: Res. 258/26 SSN, 6-agosto-2026.

(*)

Médico sanitarista. Doctor en Ciencias de la Salud. Director del Departamento de Salud Pública, Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Barceló. Miembro del Grupo PAIS.

PRIMERA PLANA CAMBIO DEMOGRÁFICO Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE SALUD: LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES QUE PLANTEÓ EL VIII CONGRESO DE SALUD ADECRA+CEDIM 2026 El envejecimiento poblacional, la sustentabilidad del sistema, la incorporación e implementación de nuevas tecnologías y la transformación de los modelos de atención y gestión atravesaron el VIII Congreso de Salud Adecra+Cedim 2026. Referentes del sector analizaron los desafíos y oportunidades de un escenario en el que las personas viven más, disminuye la población joven y se transforman las necesidades de cuidado.

l aumento de la longevidad constituye uno de los grandes logros de las últimas décadas, impulsado por los avances de la medicina y la mejora en la atención sanitaria. Al mismo tiempo, esa conquista está modificando la estructura de las sociedades y plantea un interrogante central: ¿cómo adaptar el sistema de salud a una configuración demográfica diferente de aquella para la cual fue concebido? Ese fue el eje central que atravesó el VIII Congreso de Salud que llevó adelante Adecra+Cedim (la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), en el Sheraton Pilar Hotel & Convention Center, con streaming en simultáneo, bajo la consigna “Desafíos y rediseño del sistema de salud”. A lo largo de sus bloques Técnico y Político-Empresario, directivos de instituciones, líderes y especialistas analizaron las transformaciones que enfrenta el sector y las oportunidades y necesidades de rediseño en materia de organización y planificación, gestión del talento, tecnología e innovación, financiamiento y políticas públicas. La dimensión del fenómeno quedó reflejada en algunos de los datos presentados durante la jornada: hacia 2040, la Argentina tendrá alrededor de 10 millones de personas mayores de 60 años y, pasado ese momento, los adultos mayores comenzarán a superar a los niños. Pero la longevidad no fue planteada únicamente como un desafío sanitario. El aumento de la expectativa de vida fue abordado también como una conquista y una oportunidad, que invita a anticipar cómo deberá transformarse el sistema de salud para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva.

“La longevidad es una conquista”

Silvia Monet, gerente general de Adecra+Cedim, dio las palabras de apertura al VIII Congreso de Salud de la cámara.

sistema de salud tenemos. La pregunta es: ¿qué sistema de salud vamos a necesitar?”, planteó. En ese marco, llamó a avanzar desde un sistema centrado fundamentalmente en responder frente a la enfermedad hacia otro capaz de gestionar la longevidad, con mayor prevención, anticipación, rehabilitación, cuidados y calidad de vida. “No se trata simplemente de gastar más: se trata de organizar mejor. No se trata solamente de incorporar tecnología: se trata de utilizarla inteligentemente”, sintetizó.

Una sociedad más longeva: cómo reorganizar el sistema de salud La periodista y Board Advisor en Medios y Comunicación Liliana Parodi y el periodista y economista Sebastián Campanario aportaron miradas sobre las oportunidades sociales y económicas de la generación silver y sobre el vínculo entre

En la apertura, Silvia Monet, gerente general de Adecra+ Cedim,

enmarcó el debate en una transformación demográfica que ya está en marcha y que requiere anticipar las respuestas del sistema de salud. “No debemos esperar al 2040 para administrar los grandes cambios y desafíos que conlleva la longevidad. El 2040 empieza hoy”, advirtió. Monet destacó que este fenómeno responde a un logro sanitario y social: “La longevidad debe ser entendida como una conquista. Pero toda conquista genera nuevas responsabilidades. Y la nuestra es construir instituciones capaces de acompañarla”. Señaló que esa transformación obliga a revisar la infraestructura sanitaria, la organización de los servicios, la formación de profesionales, la tecnología, la gestión del talento, el financiamiento y la relación entre los distintos subsistemas. “Frente a esta realidad, la pregunta ya no es solamente qué

Liliana Parodi, Board Advisor en Medios y Comunicación, abordó el poder de la generación silver y la experiencia como oportunidad.

longevidad, bienestar e innovación. “Somos un activo, no un obstáculo”, sostuvo Parodi al destacar la experiencia, el conocimiento y la capacidad de decisión de una generación que abre también nuevas oportunidades para las empresas, los negocios y el sistema de salud.

de profesionalizar el sector de cuidados y avanzar hacia un modelo que complemente al sistema tradicional con prevención, autonomía asistida, cuidados crónicos, rehabilitación y atención domiciliaria. También describió la “transición del primer al segundo bono demográfico”, en un escenario en el que una proporción creciente del capital y el ahorro se concentra en generaciones de mayor edad, y sintetizó: “Llegar a viejo no es un problema: es el máximo desafío humano que tenemos. Planifiquemos y organicemos hoy el ecosistema sanitario en el que viviremos como personas mayores”.

Gestión del cambio y del talento en las organizaciones de salud

Estrategias de organización y planificación en salud frente al cambio demográfico, con Sebastián Campanario, periodista y economista, y Marcelo Rohr, CEO de Centro Hirsch.

En “Salud y pirámide poblacional: estrategias de organización y planificación”, Marcelo Rohr, CEO de Centros Hirsch, profundizó en las consecuencias concretas del cambio demográfico para el sistema sanitario. Planteó que la transformación “no es sólo biológica y demográfica, sino también biográfica” y advirtió que “no puede darse por supuesto que siempre habrá una cantidad estable de personas jóvenes disponibles para atender a una población mayor creciente”. Rohr destacó que, aunque la tecnología tendrá un papel creciente, “la emocionalidad en el cuidado es lo que hace irremplazable al humano”. En ese marco, planteó la necesidad

En “Lo que envejece no es el talento. Es la forma de gestionarlo”, María Roca, directora de INECO, y Alejandro Melamed, conferencista y consultor especializado en futuro del trabajo y liderazgo, con la moderación de Daniela Mora

María Roca, directora de INECO, y Daniela Mora Simoes, directora de Personas del Grupo Omint, debatieron sobre gestión del cambio y del talento.

PRIMERA PLANA Simoes, directora de Personas del Grupo Omint, analizaron cómo gestionar equipos y organizaciones en contextos de transformación. Desde las neurociencias, Roca explicó algunas de las resistencias que generan esos procesos: “El cerebro es un gran predictor y pensar fuera de la caja, cambiar, consume recursos y aumenta los niveles de estrés. Por eso, uno de los desafíos que tenemos en el sistema de salud es cómo gestionar el cambio”. Puso el foco en la seguridad psicológica, la resiliencia y la capacidad de adaptación y destacó que “la plasticidad se trabaja toda la vida. Es falso que no podemos cambiar”. “Promover, desde el liderazgo, programas de salud mental y después medir resultados es clave”, puntualizó. Melamed, por su parte, planteó: “El liderazgo que evoluciona del victimismo al protagonismo es el que, con actitud, se ocupa de que las cosas sucedan”.

Tecnología aplicada: IA, cirugía robótica y transformación digital La incorporación e implementación tecnológica ocupó un lugar central en la agenda técnica. Jorge Pérez, cofundador de la startup Cero.AI, abordó la implementación de inteligencia artificial en instituciones de salud a partir de experiencias de gestión de turnos. “Las nuevas tecnologías permiten lograr una alta contactabilidad y eficiencia en gestión, pero lo importante es que estas tecnologías se adapten al paciente, y no que el paciente se adapte a las tecnologías”, resumió.

Por su parte, en el panel “Transformación digital del proceso quirúrgico mediante automatización e interoperabilidad”, Diego Germán Landa, cofundador y CEO de Markey, presentó una experiencia desarrollada en el Hospital Universitario Austral para transformar el proceso “del pedido médico a la autorización”, mediante “workflows clínico-administrativos interoperables”. En los primeros tres meses de uso, el sistema logró 5% menos de cancelaciones -alrededor de 105 cirugías que no se cancelaron- y un 49% de cierres de gestión automatizados. Para Landa, “el valor se genera cuando la mejora alcanza al proceso completo y a sus distintos actores: paciente, profesional, institución y financiador”.

Del hospital de agudos a nuevos modelos de atención El Bloque Técnico cerró con Federico Pedernera, médico especialista en Sistemas de Información para la Salud, y Andrea Perrot, directora médica del Hospital Universitario CEMIC, sede Saavedra, quienes trasladaron el cambio demográfico a la organización concreta de las instituciones. “Tenemos que replantear a quiénes estamos atendiendo y a quiénes vamos a atender en próximos años y, por ende, cómo replantear la oferta prestacional. Es una oportunidad inmensa para que las instituciones se reestructuren”, sostuvo Pedernera. Perrot advirtió: “No podemos gestionar un hospital de agudos como lo veníamos haciendo hasta ahora”. Frente a pacientes más longevos y con nuevas necesidades, planteó avanzar hacia hospitalizaciones domiciliarias, telemedicina y equipos médicos interdisciplinarios especializados en el adulto mayor. “Debemos pensar la salud cada vez más dirigida a domicilios”, afirmó. Pedernera agregó que el escenario abre también oportunidades para reorganizar los equipos de trabajo de manera transdisciplinaria y transgeneracional.

El auditorio de Adecra+Cedim.

Gustavo García Fornari, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires, presentó el programa de cirugía robótica de rápida expansión de la institución. “Pasamos de 12 a 60 cirugías al mes en sólo 10 meses. Es decir, hoy hacemos cinco veces más cirugías robóticas al mes”, señaló. Sin embargo, remarcó que incorporar un robot quirúrgico “no es simplemente la compra de nueva tecnología, sino que requiere desarrollar y sostener una disciplina quirúrgica compleja, transversal y en permanente evolución”. El programa contempla capacitación a cirujanos, instrumentadoras, anestesiólogos, enfermeras y técnicos; certificación Microport para los nuevos cirujanos robóticos; simulación y entrenamiento; protocolos de calidad y seguridad; y procedimientos de monitoreo y evaluación, además de presupuestos para compra y mantenimiento de robots, entre otros puntos. Fornari destacó también los beneficios de la cirugía robótica en distintos niveles: “para el paciente, incisiones más pequeñas y menor pérdida de sangre, menor dolor posoperatorio y externaciones más rápidas; para el equipo quirúrgico, mayor precisión y control de los movimientos y una visión tridimensional ampliada del campo operatorio; y para la institución, menor ocupación de camas, mayor giro-cama y capacidad de atraer y retener profesionales especializados”.

Carlos Pesa, vicepte. de Adecra; Jorge Cherro, pte. de Adecra; Eva Montequín, vicepte. de Cedim; y Marcelo Kaufman, pte. de Cedim.

Ética, calidad y confianza en la atención sanitaria Durante el Bloque Político-Empresario, Manuel Giraldo, experto sanitario y asesor de organismos internacionales como la IFC del Banco Mundial, presentó EPiHC (Principios Éticos en la Atención de la Salud), una iniciativa basada en 10 principios para promover la conducta ética en la industria sanitaria. “La confianza está bajo presión. Uno de cada 10 pacientes sufre daños durante la atención sanitaria y esto, a su vez, se traduce en costos para las instituciones. Por eso, la ética es la que genera confianza real y contribuye positivamente a la reputación”, señaló. En otra de las exposiciones del Bloque Político-Empresario, el periodista y analista internacional Claudio Fantini analizó “los conflictos globales y las oportunidades para Argentina en el nuevo orden internacional”.

Ganadores y perdedores: recursos, eficiencia e innovación Uno de los momentos centrales de la tarde fue la edición especial en vivo de Bitácora Salud, el podcast de Adecra+Cedim. Bajo la consigna “Ganadores y perdedores del sistema de salud. ¿Esta es la última crisis?”, Alfredo Vidal, director médico del Instituto Alexander Fleming y conductor del podcast, moderó la conversación con Enrique Camerlinckx, director general del Sanatorio Mater Dei; Jorge Colina, presidente de IDESA y asesor económico de Adecra+Cedim; y Pablo Stutzbach, ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Vidal sintetizó tres ideas al cierre: adaptación al cambio; eficiencia y eliminación del desperdicio; e innovación tecnológica como oportunidad.

Políticas públicas y rediseño sistémico Al cierre, Pablo Paltrinieri, miembro de la Comisión Directiva de Adecra, puso el foco en la crisis estructural del sector. Destacó el peso estratégico de los prestadores de salud privada -siendo que “el 51% de los establecimientos con internación del país son privados”-, y advirtió sobre la fragilidad económica y patrimonial de las instituciones.

A un año de su lanzamiento, Bitácora Salud, el podcast de Adecra+Cedim, llevó la conversación al escenario del Congreso de Salud.

La discusión partió de una pregunta central: ¿faltan recursos en el sistema de salud o el problema está también en cómo se distribuyen? A partir de ese interrogante, el panel analizó qué ocurrió en los últimos años con la participación de los distintos actores y quiénes absorbieron en mayor medida el ajuste. Desde una perspectiva macroeconómica, Colina analizó la asignación de recursos y planteó que innovación y tecnología también participan de esa puja distributiva. “El que gana es el que primero innova”, sostuvo, y sintetizó su propuesta en dos conceptos: “competencia e innovación”. Desde la perspectiva de los prestadores, Camerlinckx puso el foco en los esfuerzos realizados por las instituciones para ganar eficiencia frente a la escasez de recursos. “El sector prestador de la salud privada en Argentina, aun con esta falta de recursos, demuestra que es eficiente”, sostuvo. Y agregó: “El diagnóstico del sector es claro. El ajuste se produce en el sector prestador, pero tengo esperanzas. Debemos presionar para que se tomen medidas”. Stutzbach incorporó la perspectiva médica: “Las sociedades científicas somos parte del problema y también de la solución. Los médicos no podemos estar fuera de la mesa de discusión, así como tampoco los prestadores, financiadores y el Estado”. Además, advirtió que “estamos ante una crisis estructural del recurso humano” y mencionó entre las posibles respuestas la profesionalización de la enfermería y la incorporación de inteligencia artificial.

El encuentro cerró con el panel: “Políticas públicas para el sector salud. Demandas a la espera de respuestas”.

También señaló que la concentración del mercado puede generar una “falsa ilusión de estabilidad y solución: una pausa en el deterioro, pero no una respuesta estructural”. Y resaltó las propuestas que Adecra+Cedim viene impulsando en materia de “reconocimiento estratégico del sector, regularización y reordenamiento fiscal, simplificación operativa y valorización del crédito sanitario”, a las que definió como “un puente hacia un rediseño más profundo del sistema”. “Necesitamos un sistema de salud sustentable, integrado y realmente potente”, sostuvo. Y concluyó: “El mayor problema no es el cambio: es seguir como estamos”. Jorge Giacobbe, analista político y consultor en opinión pública, completó el panel desde la mirada social y política, y planteó que el sector de la salud enfrenta el desafío de construir una mayor comprensión pública de su rol, logrando que los problemas de la salud tengan mayor peso en la agenda social y política. Así, el VIII Congreso de Salud Adecra+Cedim dejó planteado un desafío que excede al envejecimiento poblacional. Vivir más es una conquista y abre nuevas oportunidades; sostener esa conquista requiere anticiparse a una sociedad diferente. n

COLUMNA LA SANIDAD EN SITUACIÓN LÍMITE

“Forma parte del mecanismo de la dominación prohibir el conocimiento del sufrimiento que produce”. Theodor W. Adorno

Por el Dr. Ignacio Katz (*)

na situación límite es un momento crítico y definitorio en la vida, donde las reglas comunes ya no sirven para resolver problemas. Tal descripción cabe al área sanitaria de nuestro país, aunque más no sea como modelo operativo para enfrentar una realidad crítica desde hace décadas. La situación cambió de nivel, hubo un salto cualitativo que requiere un nuevo enfoque con medidas urgentes. El aumento de la tuberculosis, la sífilis, el Chagas, la desnutrición, los problemas vinculados con la mala praxis (como las cesáreas, que alcanzan el 40% de los partos), el descontrol en algunas clínicas, institutos y laboratorios respecto del manejo de drogas (fentanilo, propofol), la aparición de médicos falsos atendiendo en ámbitos sensibles (escuelas, comisarías), y un largo etcétera, forman parte de una realidad que aparece de manera recurrente en los diarios. Las alarmas se multiplican y potencian entre sí. No tenemos gobernanza, pero tampoco ciudadanos conscientes del significado de esta tendencia. No tenemos hospitales acordes con las exigencias contemporáneas, pero tampoco médicos que se correspondan con ellos. La hora actual exige una especial luminosidad mental frente a la oscuridad y el declive del ambiente institucional y sanitario. Nos vemos inmersos en un momento en el que la falta de organización del Sector Salud:

l Genera la fragmentación de sus actores principales. Esto

nos acerca a la anomia: un punto en el que se pierde el sentido de las normas, los procedimientos y sus fines. l Tampoco consolida el Sistema Federal Integrado de Salud ni un Observatorio de Salud que actúe como brújula y guía, al tiempo que se debilitan los vínculos, las responsabilidades y el tejido social que articula al sistema. l Y además carece de una planificación estratégica que articule armónicamente el sector público con el privado en redes cualificadas. Es ahora cuando más necesitamos construir una nueva cosmovisión que nos lleve a la creación de procesos eficientes, equitativos y humanos. El educador argentino Gregorio Wienberg ya en 1999 iluminó un sendero señalando hacia el pasado y hacia el futuro. Al pasado, al advertir que necesitamos recuperar el optimismo que nos llegó de la Ilustración y el Posi-

tivismo. Y al futuro que implican los avances inéditos del desarrollo científico y tecnológico puestos al servicio de la vida humana. Se trata de un aspecto medular que requiere una honda reflexión sobre los actuales adelantos, que en el campo de la medicina nos llevan a una clara dualidad entre una gran oportunidad y un gran riesgo. Oportunidad de incorporarlos al sistema productivo de la salud, y riesgo de que su utilización acrítica sea un agregado más a la ya fragmentada y desigual estructura sociosanitaria. Ya desde la segunda mitad del siglo XX existen profundas transformaciones que introdujeron sólidas herramientas para el diagnóstico y los tratamientos, que obligan a modificar la cosmogonía sanitaria, es decir, la interacción de los componentes que la constituyen, y que a partir de allí deberían adquirir características operativas de gestión. Nuestra realidad actual y local nos sitúa a contramano. Socavamos los pocos nodos de producción científica y tecnológica que nos quedan. La inversión en ciencia y tecnología es la más baja desde 1972, en términos de porcentaje del PBI, que apenas llega al 0,15 por ciento. El prestigioso doctor en física Carlos Balseiro habla de vaciamiento. Particularmente señala la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde los jóvenes investigadores no cubren sus necesidades básicas con sus emolumentos, pero tampoco cuentan con proyectos desafiantes y un horizonte de crecimiento. La participación de privados es fundamental, argumenta, pero insuficiente sin la participación estatal. Su conclusión es tajante: “Si el Estado se retira y se destruye la base científica y tecnológica, no solo se pierden capacidades y talento: se compromete la soberanía, se profundiza la dependencia del conocimiento externo, se hipoteca el futuro de las próximas generaciones y se abandona toda posibilidad de ser actores económicos globales”. Por otro lado, el actual enfoque de “oferta” de salud coloca al paciente en el lugar de consumidor, desplegándole una serie de opciones de compra de servicios y medicamentos nuevos con precios fuera de escala. Esta lógica de mercado desplaza, tanto la responsabilidad estatal de prefigurar la atención médica, como la responsabilidad del médico de prescribir la indicación adecuada, fundada en su formación y en la correspondiente responsabilidad asimétrica: dando lugar a un mercadeo donde intervienen farmacéuticas y prepagas. Al paciente se le enumeran las opciones, pero no cuenta con la preparación profesional ni la distancia personal para evaluarlas con la rigurosidad que requieren. Por no hablar del chantaje económico-emocional (si no elegís la opción más cara estarías privilegiando el bolsillo sobre la salud) y de la rasa exclusión social que el nivel económico implica. Cuando, además, no pocas veces el problema es el inverso: alguien no puede acceder a la opción más onerosa que resultaría necesaria, mientras que alguien opta por ella al poder pagarla (a veces a costa de un sacrificio importante) pero termina resultando innecesario o hasta perjudicial. Podemos y debemos exigir responsabilidad e idoneidad a los médicos, así como a otros actores del área sanitaria, pero no podemos pretender que se estructure una proyección de transformación superadora desde la voluntad de los agentes particulares. Son las políticas públicas las que trazan el camino a recorrer. Para el ejemplo anterior, se trata de una Agencia de Evaluación Tecnológica idónea y operativa, con evaluación cruzada y constante. A propósito de políticas públicas, hace unas tres décadas ya advertía Carlos Matus, el principal exponente de la visión estratégica de América Latina, algunos problemas de la ges-

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“Si el Estado se retira y se destruye la base científica y tecnológica, no solo se pierden capacidades y talento: se compromete la soberanía, se profundiza la dependencia del conocimiento externo, se hipoteca el futuro de las próximas generaciones y se abandona toda posibilidad de ser actores económicos globales”.

”

tión política que siguen siendo plenamente válidos al día de hoy, y que podemos vincular más específicamente a la gobernanza sanitaria: 1. La política está desenfocada: genera sus propios problemas y se enfoca en ellos y no en los problemas de la comunidad. Es decir: La política se ocupa de los problemas de la política y no de los problemas sociales reales. 2. Las dirigencias políticas creen que alcanza con improvisación, experiencia y formación profesional. No se interiorizan en los saberes y prácticas específicas de la gobernanza, en técnicas de gobierno. No saben que no saben. 3. Existe un sistema de baja responsabilidad. Nadie rinde cuentas por su desempeño frente a nadie. Facilita la mediocridad, la falta de ética y la corrupción. Esto es: La corrupción es un subproducto de la mediocridad. 4. Los partidos políticos se reducen a funcionar como clubes electorales. No asumen la dimensión de formación. Facilitan la dilución de sus líneas ideológicas definidas. No se preocupan de la formación de sus líderes, no capacitan a sus dirigentes ni a sus militantes. Faltan cuadros que aseguren idoneidad, responsabilidad y honestidad.

En síntesis, la situación actual obliga a repensar el Estado y aceptar que gobernar es crear instituciones capaces de componer tanto las normas como los procedimientos, con el fin de obtener un funcionamiento que gestione problemas concretos y que prevea y limite devenires no deseados. Y al nivel de la salud pública falta una “mesa de trabajo” donde se diseñe un plan estratégico, con plazos y objetivos que respondan a una secuencia prioritaria. Pues no sirve discutir políticas sin disponer de órganos operativos idóneos, capaces de accionar en correspondencia con las finalidades requeridas. Al decir de Antoine de Saint-Exupéry: “Un objetivo sin un plan, es solo un deseo”. n

(*) Doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director Académico de la Maestría de Salud Pública y Seguridad Social de la Universidad del Aconcagua Mendoza; Director de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Concepción del Uruguay – UCU. Coautor junto al Dr. Vicente Mazzáfero de Por una reconfiguración sanitaria pos-pandémica: epidemiología y gobernanza (2020). Autor de El hombre que señala (2026); Una vida plena para los adultos mayores (2024); La Salud que no tenemos (2019); Argentina Hospital, el rostro oscuro de la salud (2004-2018); Claves jurídicas y asistenciales para la conformación de un Sistema Federal Integrado de Salud (2012); En búsqueda de la salud perdida (2009); La Fórmula Sanitaria (2003); Al gran pueblo argentino Salud. Una propuesta operativa integradora (1998).

OPINIÓN LA SUSTENTABILIDAD TAMBIÉN ES UN DERECHO El fallo de la Corte Suprema sobre Trikafta y Trixacar: una buena noticia para los financiadores y una señal contra la imposición injustificada de marcas comerciales.

Por el Dr. Maximiliano Germán Ferreira (*)

a reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “G.B., R. c/ OSDE s/ Amparo de Salud” merece ser leída como algo más que la resolución de un conflicto individual sobre un medicamento para fibrosis quística. Para quienes administran obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros mecanismos solidarios de cobertura, el pronunciamiento constituye una buena noticia porque introduce racionalidad allí donde durante demasiado tiempo la discusión quedó atrapada entre dos extremos: de un lado, la legítima necesidad del paciente de acceder al tratamiento indicado; del otro, la idea -cada vez más extendida en ciertos litigios- de que esa obligación equivale necesariamente a financiar una marca comercial determinada, cualquiera sea su precio y aun cuando exista una alternativa autorizada por la autoridad sanitaria. El caso enfrentó la pretensión de mantener la cobertura del medicamento importado Trikafta con la propuesta de cobertura de Trixacar, una alternativa de fabricación nacional autorizada por la ANMAT para la misma finalidad terapéutica. La Corte dejó sin efecto las sentencias que habían impuesto la cobertura del producto importado. El punto decisivo no fue negar la enfermedad, el tratamiento ni el derecho a la cobertura. Fue exigir que la preferencia por una determinada especialidad comercial, cuando existe otra alternativa regulatoriamente autorizada, tenga una justificación científica y clínica suficiente. Esa diferencia es central y, a mi entender, debería proyectarse mucho más allá de este expediente. La discusión importa especialmente porque el medicamento no es un bien aislado dentro del sistema sanitario. Cada peso que una obra social o una prepaga destina a una prestación proviene de una masa de recursos necesariamente limitada, conformada por aportes, contribucionesycuotasquedebenfinanciarsimultáneamenteconsultas, internaciones, cirugías, discapacidad, salud mental, medicamentos ambulatorios, tratamientos oncológicos, trasplantes y prestaciones de alta complejidad. Cuando una decisión obliga a pagar un precio extraordinariamentesuperiorsinqueexistaunarazónmédicaacreditada que descarte una opción equivalente o apropiada, el costo no desaparece: se redistribuye sobre toda la población cubierta.

En la gestión cotidiana de los financiadores aparece con frecuencia un problema vinculado a que muchas prescripciones no se limitan a indicar el principio activo, la dosis, la concentración o la forma farmacéutica, sino que exigen una marca comercial específica como si la marca integrara por sí misma el contenido esencial del derecho a la salud. En algunos casos esa elección puede estar médicamente fundada y resultar indispensable. Nadie debería desconocer esa posibilidad. Pero en otros la exigencia se formula sin una explicación clínica individualizada, sin demostrar fracaso terapéutico de las alternativas disponibles y sin acreditar una contraindicación concreta. Cuando ello ocurre, la marca deja de ser una herramienta clínica y pasa a funcionar como una restricción económica impuesta al financiador. La legislación argentina viene sosteniendo desde hace años el principio de prescripción por nombre genérico o denominación común internacional. La normativa vigente profundizó ese criterio: la Ley 25.649, en su texto actualizado, establece la prescripción por nombre genérico, y el sistema de receta electrónica también se estructura sobre la identificación del medicamento por su denominación genérica. No es un detalle administrativo. La política de genéricos procura separar la necesidad terapéutica -que debe ser definida por el profesional- de la elección comercial, evitando que una marca se transforme en la única puerta de acceso a un tratamiento cuando existen otras opciones autorizadas. Por eso el fallo es valioso. No porque habilite a sustituir indiscriminadamente cualquier tratamiento, ni porque autorice al financiador a desconocer la indicación médica. Su aporte consiste en recordar que entre la autonomía profesional y la obligación de cobertura existe un espacio de razonabilidad, evidencia y control. Si el prescriptor pretende excluir una alternativa autorizada y exigir una marca de costo sustancialmente mayor, la justificación debe ser clínica, verificable y referida al paciente concreto. La sola preferencia por un laboratorio o una marca no debería bastar para trasladar al sistema solidario una diferencia económica extraordinaria. El médico tratante ocupa un lugar insustituible. Conoce al paciente, su evolución y las particularidades clínicas del caso. Pero esa centralidad no implica que toda indicación de marca sea inmune a la revisión científica o regulatoria. La medicina basada en evidencia exige precisamente que las decisiones puedan ser explicadas y contrastadas. Si una determinada especialidad es indispensable porque otra produjo eventos adversos, fracasó, está contraindicada o presenta una diferencia clínicamente relevante para ese paciente, la cobertura debe analizarse sobre esa evidencia. Lo que resulta problemático es el salto lógico que convierte la mera mención de una marca en prueba suficiente de que cualquier alternativa es inadecuada. La Corte, según surge del caso, ponderó que no se había demostrado que la alternativa nacional estuviera contraindicada ni que hubiera provocado un deterioro de la paciente. También cuestionó que los tribunales inferiores hubieran construido exigencias técnicas que no surgían del marco regulatorio aplicable. Este aspecto es particularmente saludable: el Poder Judicial cumple una función esencial en la tutela de derechos, pero no debería reemplazar sin base científica a la autoridad sanitaria ni crear, para un caso concreto, estándares regulatorios que el organismo especializado no exige para la autorización y comercialización del producto. Claro está que las decisiones administrativas adoptadas por la ANMAT pueden ser discutidas y, cuando corresponda, revisadas. Pero existe precisamente para evaluar calidad, seguridad y eficacia dentro de las competencias que le asigna el ordenamiento. Desconocer de manera automática el valor de una autorización sanitaria obliga a los financiadores a afrontar una paradoja: el Estado habilita una

especialidad medicinal para su utilización, pero luego el sistema judicial puede tratarla como insuficiente sin que exista prueba clínica concreta que lo justifique. Esa contradicción genera incertidumbre, encarece la cobertura y debilita la capacidad de negociación del sistema. El fallo en análisis debe ser receptado, por parte de quienes financian y gestionan salud, como una señal necesaria. Durante años se consolidó la sensación de que, frente a la judicialización, discutir el costo era casi equivalente a discutir el derecho. Esa asociación es equivocada. Un financiador puede reconocer íntegramente la necesidad terapéutica y, al mismo tiempo, cuestionar de manera legítima que esa necesidad deba satisfacerse exclusivamente mediante la opción más cara del mercado. Defender la sustentabilidad no significa negar prestaciones; significa procurar que las prestaciones puedan seguir siendo financiadas para todos. La diferencia es importante también desde el punto de vista ético. Las obras sociales y prepagas no administran recursos infinitos ni ajenos a toda consecuencia, -fueron varias las notas que escribí al respecto-. Administran fondos que tienen destino sanitario y que deben alcanzar para una población. En las obras sociales, además, el componente solidario es particularmente evidente: los aportes de muchos financian las necesidades de quienes requieren atención en cada momento. Una erogación innecesariamente mayor en un caso reduce el margen disponible para responder a otros. Por eso la eficiencia no es enemiga de la solidaridad; es una de sus condiciones de posibilidad. En este sentido, la decisión puede ayudar a equilibrar una relación que se había vuelto asimétrica. Hasta ahora, ante una prescripción de marca seguida de un amparo, el financiador muchas veces quedaba colocado en una posición defensiva: debía demostrar por qué no correspondía pagar la alternativa más costosa, aun cuando ofreciera otra autorizada y con la misma finalidad terapéutica. El criterio que surge del fallo permite invertir razonablemente la pregunta: si se pretende descartar una opción autorizada y exigir otra determinada, ¿cuál es la evidencia individual que justifica esa exclusividad? Ese cambio no elimina la obligación de actuar con rapidez. Una obra social o prepaga no puede utilizar la discusión sobre marcas como excusa para demorar tratamientos urgentes o interrumpir coberturas. Para que la defensa de sustentabilidad sea jurídicamente sólida debe ir acompañada de una conducta prestacional concreta: ofrecer la alternativa, garantizar su provisión oportuna, sostener auditoría médica idónea, explicar las razones de la decisión y habilitar mecanismos ágiles de reconsideración cuando el tratante aporte evidencia específica. La racionalidad económica exige también buena gestión. El problema suele presentarse como una disputa bilateral entre un paciente y su financiador. Esa imagen es incompleta. Detrás de cada expediente existe una comunidad de beneficiarios que no participa del proceso, pero absorbe sus consecuencias económicas. El juez ve -con razón- a la persona que reclama una respuesta inmediata. Lo que el sistema debe lograr es que esa mirada individual se complemente con la dimensión colectiva del financiamiento. No para sacrificar al individuo en nombre de una abstracción presupuestaria, sino para evitar que la protección de un derecho se construya de una manera que erosione silenciosamente la capacidad de proteger los derechos de los demás. Los medicamentos de alto y altísimo costo exponen con crudeza este dilema. Una sola terapia puede representar una porción significativa del presupuesto de un financiador pequeño o mediano. Si, además, se impone una marca cuyo precio supera de manera sustancial a otra alternativa disponible, la diferencia puede equivaler a cientos de consultas, estudios, tratamientos crónicos o prestaciones de otros beneficiarios. El costo de oportunidad existe aunque no aparezca escrito en la sentencia. Cada recurso aplicado a una alternativa más cara sin beneficio clínico demostrado es un recurso que deja de estar disponible para otra necesidad sanitaria. La judicialización ha sido y seguirá siendo una herramienta indispensable cuando existen negativas arbitrarias, demoras incompatibles con la urgencia o incumplimientos de coberturas legalmente exigibles. El problema no es el amparo como instrumento de tutela. El problema aparece cuando el proceso sumarísimo se

convierte en el ámbito donde se resuelven cuestiones de alta complejidad farmacológica y económica con información incompleta, y especialmente cuando la cautelar anticipa en los hechos el resultado definitivo sin una evaluación técnica suficiente. En medicamentos de alto costo, el tiempo juega a favor de decisiones rápidas, pero la rapidez no debería equivaler a ausencia de análisis. Los tribunales podrían exigir, cuando la controversia se limita a la marca, elementos mínimos: identificación precisa de principios activos y formulación; estado regulatorio de las alternativas; fundamentos del médico para descartar la opción ofrecida; antecedentes de uso, fracaso o eventos adversos; opinión de organismos técnicos cuando sea necesaria; y comparación razonable del impacto económico. Esa información permite proteger al paciente sin asumir que precio más alto equivale automáticamente a mejor tratamiento. Esta lógica debería alcanzar también a los financiadores. No basta con invocar genéricamente una alternativa de menor costo. La obra social o prepaga tiene que acreditar que el producto está disponible, autorizado, indicado para la situación correspondiente y que puede ser provisto sin interrupciones. La sustentabilidad no se defiende con negativas abstractas, sino con alternativas reales. El mejor modo de evitar la judicialización es que la auditoría médica sea rápida, fundada y capaz de dialogar técnicamente con el prescriptor El núcleo del debate es sencillo de formular y difícil de administrar: los recursos sanitarios son finitos y las necesidades son potencialmente ilimitadas. Negar esta realidad no amplía derechos; puede terminar vaciándolos de contenido. Un sistema que promete todo sin evaluar cómo lo financiará corre el riesgo de incumplir después lo básico. La sustentabilidad no es una consigna contable. Es la capacidad de mantener cobertura en el tiempo, pagar prestadores, sostener redes, incorporar innovación y responder a eventos catastróficos sin trasladar toda la crisis a los beneficiarios. El deber fiduciario de quien conduce una obra social no se agota en autorizar cada reclamo individual; incluye preservar el patrimonio afectado a la salud de toda la población beneficiaria. Pagar de más sin justificación también puede ser una mala decisión sanitaria, porque reduce capacidad futura de cobertura. Por eso es razonable celebrar el fallo sin caer en triunfalismos. No estamos ante una habilitación para que los financiadores elijan siempre la opción más barata, ni ante una derrota de los pacientes. Estamos ante una señal jurisprudencial que exige justificar por qué, existiendo una alternativa autorizada, debe imponerse otra marca de mayor costo. Es una diferencia sustancial. La discusión deja de ser “cobertura sí o no” para pasar a ser “qué cobertura, con qué evidencia y bajo qué criterios de razonabilidad”. El precedente resuelve una controversia, pero no soluciona el problema estructural de los medicamentos de altísimo costo. La Argentina necesita fortalecer mecanismos estables de evaluación de tecnologías sanitarias que integren eficacia, seguridad, calidad de evidencia, costo-efectividad e impacto presupuestario. Mientras esas decisiones se adopten de manera fragmentada -financiador por financiador y expediente por expediente- persistirán la incertidumbre, la desigualdad y la litigiosidad. También debe discutirse el financiamiento de enfermedades de baja prevalencia y terapias capaces de desestabilizar presupuestos enteros. Fondos específicos, compras o negociaciones centralizadas, acuerdos de riesgo compartido, contratos basados en resultados y mecanismos de reaseguro son herramientas posibles. No existe una única solución, pero sí un principio: los riesgos extraordinarios necesitan mecanismos extraordinarios de distribución. Pretender que cada obra social o prepaga absorba aisladamente cualquier innovación, a cualquier precio, es una arquitectura financieramente frágil. La industria farmacéutica también forma parte de esta conversación. La innovación tiene un valor enorme y debe ser incentivada, pero los precios deben poder ser discutidos en relación con resultados y capacidad de pago. n

(*) Especialista en derecho sanitario y financiamiento del sistema de salud

COLUMNA LA SALUD EN TIEMPOS DE SOLASTALGIA “LA VIDA AMENAZADA”

Por la Dra. Liliana Chertkoff (*) dralilianachertkoff@gmail.com

Por qué frente a tragedias evitables de millones de personas, crece el impulso armamentista, el uso indiscriminado de la tecnología y el daño extremo al único hogar que disponemos? ¿Por qué los términos ecología, cambio climático, guerras, inseguridad alimentaria, producen rechazo a pesar de la crítica tragedia colectiva, que es percibida por algo lejano que les sucede a los otros? ¿Por qué la salud no se considera esencial a la vida de todos y solo se invierte en la salud como negocio? Los interrogantes son una invitación a reflexionar... No somos dueños de la verdad, ni nuestras firmes convicciones únicas verdades iluminadas... Pero si es posible encontrar junto a otros aproximaciones sucesivas, más humanas y eficientes. Es un tiempo que nos desafía a ir más allá de nuestros miedos, prejuicios, y escepticismo para abordar la búsqueda de respuestas. Ya no nos alcanza con la lucha de satisfacer las demandas materiales, familiares, de prestigio ni alimentar los Egos... La evidencia cotidiana de los desastres planetarios, y regionales no percibidos como tales nos demanda algo más. Las alertas, publicaciones, artículos y libros sobre el impacto de crisis planetarias amplificadas, cambio climático, geopolítica, inseguridad económica etc. quedan lejos de las decisiones de los dirigentes políticos y de millones de personas que siguen sosteniendo a estos gobiernos depredadores. (1) ¿Qué relación tiene todo esto con la gestión sanitaria, las prestaciones de salud, las formaciones académicas de los equipos, y el hechizo de la inteligencia artificial? La Pampa del Leoncito llamada “barreal del Leoncito y su entorno serrano, aluvial, constituye una región árida de gran belleza, se extiende entre valles y montañas del sur sanjuanino con un acervo histórico y arqueológico único” (2) es un ecosistema frágil que permite el trabajo del observatorio astronómico, por sus cielos límpidos y

su producción científica. Este Ecosistema es esencial para la salud, y sus múltiples dependencias con el ambiente, el clima, la vegetación, la fauna, y personas. Mantiene equilibrio interconexo con regiones lejanas y es campo de investigación en diversas disciplinas. Hace unas semanas una persona, ingreso con una camioneta de gran porte atravesando un kilómetro y medio, dejo huellas de medio metro de profundidad, abandonado el vehículo, que no se puede sacar, salvo con un helicóptero de gran porte. Los carteles indican la prohibición de estas conductas que son repetitivas en el lugar. El agua del deshielo de las nevadas y las escasas lluvias, necesitan drenar por capas con riqueza de nutrientes imprescindibles en estos ecosistemas tan diversos. Ahora por este daño, el agua corre sin drenar, por las huellas que dejaron los neumáticos, contaminadas y con un impacto eco ambiental que exige 100 años para su recuperación. “Al romperse esa capa, todo el material queda disponible y el viento lo arrastra, acelerando la erosión”. (3) La propiocepción antropocéntrica (sentirse a sí mismo centro único del universo) es arcaica, Nicolás Copérnico en 1543, demostró con “Revoluciones de los orbes celestes” que la tierra gira alrededor del sol. Hoy a quinientos años después, sabemos además que el Sistema Solar viaja en el Cosmos (Jan Oort 1927). ¿Por qué tanta soberbia? ¿Qué relación tiene con la práctica médica, la gestión sanitaria, la salud como negocio? ¿Qué está pasando en la universidades e institutos académicos? La monstruosa riada de Nepal, los incendios en Europa, Canadá, Estados Unidos, África central y ahora Colombia. Los terremotos en diferentes regiones del planeta, la tragedia de Ceuta, no pueden dejarnos apáticos frente a su impacto en la salud (una sola salud humana, ambiental, vegetal, animal /OMS 2000) y sus consecuencias sísmicas en la gestión sanitaria. Las dificultades del personal de salud, sus jornadas mal pagas... La palabra Eco deriva del griego oikos que significa casa y ecológico estudio de la casa. Nuestra única casa habitable es nuestro planeta la tierra, nuestros cuerpos su fisiología no están preparados hoy para vivir envueltos en trajes y respirando con tubos. “El cambio climático está afectando todas las regiones del planeta”. En los Andes de la Argentina, el aumento de temperatura y la disminución de las precipitaciones sólidas han generado una merma en los caudales de los ríos, una reducción en el tamaño de los glaciares y una degradación del permafrost de montaña. El retroceso de los glaciares y el descongelamiento del permafrost representan una pérdida sustancial de reservas hídricas estratégicas para el territorio, afectan el ciclo hidrológico de nuestras cuencas andinas e impactan negativamente sobre los ecosistemas, la población y sus actividades económicas. Estos efectos no se limitan a una escala regional, sino que tienen un impacto a escala nacional, ya que existen numerosas cuencas hídricas que nacen en los Andes y atraviesan jurisdicciones fuera de las regiones andinas”. (4)(5) Esto podría provocar desastres como el de Nepal en la Argentina. La exigencia de instalar en grandes extensiones de Canadá, Estados Unidos o la Patagonia, por su clima frio, enormes centros de computadoras que deben ser refrigeradas, está causando daños irreparables y debe ser considerada una severa amenaza, no solo para las poblaciones regionales, lo es para todo el planeta y esto no puede ser ignorado frente al calentamiento global y su impacto en la salud. (6)

Solastalgia, Eco psiquiatría, Exposoma integración de conocimientos con estrategias de abordaje de problemáticas complejas, la medicina familiar como eje de transformación real de los sistemas de salud. Nombrar aquí el mapa de pobreza, las graves patologías de la inseguridad alimentaria en niñez y adolescencia, el incremento de la obesidad, la ludopatía, la incidencia temeraria de la tuberculosis, la sífilis, mortalidad infantil etc. bajo rendimiento escolar en la Argentina de hoy son manifestaciones de políticas erráticas. La percepción antropocéntrica de quienes definen políticas depredadoras y de quienes acompañan con sus votos, es un territorio que nos demanda desarrollar estrategias creativas. Glenn Albrecht en 2005 acuñó el término Solastalgia compuesto por la palabra latina sôlâcium (comodidad) y la raíz griega -algia (dolor). La Solastalgia hace referencia a la angustia específicamente causada por el cambio ambiental. (7) La apatía y desconexión que describe define la angustia existencial que sufre una persona al ver cómo se deteriora el entorno que considera su hogar, angustia que se traduce en una constelación de reacciones entre ellas el síndrome de resignación y tiene varios estadios según la Eco psiquiatría que comenzó en la década de 1970... y que hoy es activada como herramienta estratégica desarrollando, un sistema de alertas tempranas para el trabajo colectivo e individual y tratamientos específicos. (8) Es interesante observar que sincrónicamente en 2005 el epidemiólogo británico saca a la luz el termino Exposoma: “totalidad de los factores no genéticos y las exposiciones ambientales que experimenta un ser humano desde la concepción hasta la muerte”. (9) Necesitamos integrar conocimientos para abordar problemas complejos. La medicina familiar es una herramienta eficaz que exige recursos de todo orden y que aporta excelentes herramientas metodológicas se ocupa del ciclo vital y su comunidad. Imprescindible como primer contacto con el sistema de salud, para evitar

gastos inútiles, sobre saturación de las guardias y jerarquizar cada nivel de complejidad. La salud patrimonio de la humanidad es una estrategia para instalar como valor esencial de la vida de todos. Exige un debate, en sociedades donde no se percibe como una integralidad y con dirigentes políticos que la ignoran. n

Bibliografía: 1. Da Empoli Giuliano - La Hora de los depredadores - Ed. Seix Barrial 2025 Barcelona. ISBN9786316691576 2. Flores D, Suvires G, Dalmasso A. - Análisis geomorfológico como base para el estudio de la vegetación nativa. Sierra Chica de Zonda, Precordillera oriental de Argentina. Disponible en: https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/cig/article/view/2710 3. https://www.bbc.com/mundo/articles/c8dn3m2ng11o 4. https://cordoba.conicet.gov.ar/comunidad-cientifica-adviertesobre-los-riesgos-de-modificar-la-ley-de-glaciares/ 5. https://appdocumental.conicet.gov.ar/ 6. Sadin Eric - La vida espectral - Ed Caja Negra Bs. As 2024 ISBN9789878272177 7. Albrecht G, Sartore GM, Connor L, Higginbotham N, Freeman S, Kelly B, Stain H, Tonna A, Pollard G. Solastalgia: the distress caused by environmental change. Australas Psychiatry. 2007;15 Suppl 1:S95-8. doi: 10.1080/ 10398560701701288. PMID: 18027145 8. Diálogo - Dr. Arturo Lerner Psiquiatra 9. Vicente-Herrero M.ª Teofila, Ramírez Iñiguez de la Torre M.ª Victoria, Capdevila García Luisa M., Terradillos García M.ª Jesús, López-González Ángel Arturo, Aguilar Jimenez Encarna et al . Exposoma: un nuevo concepto en Salud Laboral y Salud Pública. Rev Asoc Esp Espec Med Tra [Internet]. 2016. Disponibleen:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S302011602016000300008&lng=es. 10. Diálogo - Dr. Mauricio Klajman (*) de Salud y Humanidades (*) Médica Médica Epidemióloga. Epidemióloga -Dto. Docente librePública - Departamento de Salud Médicas Pública y U.B.A Humanidades Médicas - Facultad de Medicina/UBA.

OPINIÓN DEL CENTRALISMO SANITARIO AL FEDERALISMO DE LA GOBERNANZA EL DESAFÍO PENDIENTE DEL SISTEMA SANITARIO ARGENTINO

Por Carlos Vassallo Sella (*) vassalloc@gmail.com

a configuración institucional del sistema sanitario argentino es el resultado de sucesivas decisiones políticas que fueron moldeando una arquitectura organizacional cuyas consecuencias aún persisten. Su evolución no solo estuvo marcada por una orientación predominantemente asistencial centrada en la recuperación de la enfermedad, sino también por una fuerte impronta centralista en la organización y conducción del sistema. Durante las décadas de 1940 y 1950, bajo la conducción de Ramón Carrillo, el Estado nacional impulsó una extraordinaria expansión de la infraestructura hospitalaria mediante la construcción de hospitales generales y especializados distribuidos en todo el territorio nacional. Esa política consolidó un Ministerio de Salud de la Nación con una importante capacidad de gestión directa sobre los establecimientos sanitarios y convirtió al Estado nacional en el principal actor de la oferta pública de servicios de salud. En forma paralela comenzó a consolidarse otro gran componente del sistema: la seguridad social. Las obras sociales vinculadas a sindicatos y actividades laborales fueron ampliando progresivamente la cobertura sanitaria de los trabajadores formales hasta adquirir un marco institucional definitivo con la Ley N.º 18.610 de 1970. Años más tarde, en 1971, la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) incorporó un tercer gran asegurador nacional destinado a brindar cobertura a jubilados, pensionados y posteriormente a otros grupos protegidos. De este modo, hacia comienzos de la década de 1970, tanto la oferta pública hospitalaria como los principales mecanismos de aseguramiento sanitario dependían fundamentalmente del Estado nacional. La Argentina construyó un sistema cuya conducción política, financiamiento y capacidad de negociación se concentraban mayoritariamente en el nivel federal.

Sin embargo, esta arquitectura comenzó a modificarse profundamente a partir de 1978 con el proceso de transferencia de hospitales nacionales a las provincias, proceso que culminó durante la década de 1990. Desde entonces, la responsabilidad sobre la atención pública quedó radicada casi exclusivamente en las provincias y, en numerosos casos, también en los municipios. Paradójicamente, mientras la prestación pública se descentralizó, el aseguramiento sanitario permaneció centralizado. Las obras sociales nacionales continuaron bajo regulación nacional, el PAMI mantuvo su estructura federal y el Ministerio de Salud de la Nación conservó funciones regulatorias, programas específicos y capacidad de financiamiento, aunque con una incidencia mucho menor sobre la gestión cotidiana de los servicios. Como resultado, la Argentina terminó configurando un sistema institucionalmente desalineado: la mayor parte de los hospitales dependen de las provincias, mientras que buena parte del financiamiento de la atención continúa siendo administrado por instituciones nacionales. Esta separación entre quien financia y quien organiza territorialmente los servicios genera incentivos contradictorios, superposición de responsabilidades y dificultades para construir verdaderas políticas sanitarias integradas. Hoy el sistema parece acercarse a un nuevo punto de inflexión. La discusión sobre el futuro del PAMI trasciende el debate acerca de su eficiencia administrativa. En realidad, interpela el propio modelo de organización sanitaria de la Argentina. La pregunta estratégica es si el PAMI debe continuar siendo un gran asegurador nacional, con una única estructura administrativa y un enorme poder de compra que negocia homogéneamente para realidades profundamente heterogéneas, o si ha llegado el momento de repensar su organización en el marco de un verdadero federalismo sanitario. Quienes sostenemos la conveniencia de avanzar hacia una descentralización progresiva entendemos que los más de cinco millones de jubilados, pensionados y excombatientes no deberían constituir un subsistema aislado de la organización sanitaria provincial. Por el contrario, deberían integrarse plenamente a las estrategias de salud de cada jurisdicción, preservando la solidaridad financiera nacional, pero acercando las decisiones de gestión al territorio donde viven las personas y donde efectivamente se prestan los servicios. Esta propuesta no implica simplemente transferir recursos o responsabilidades. Supone redefinir el concepto mismo de gobernanza sanitaria provincial. Cada provincia debería construir un sistema integrado bajo una conducción estratégica única, capaz de articular al Ministerio de Salud, al instituto u obra social provincial, al subsector público, a los prestadores privados, a los municipios y, eventualmente, a la población actualmente cubierta por el PAMI. El objetivo no sería uniformar las instituciones existentes, sino coordinarlas bajo una misma estrategia sanitaria territorial, con reglas claras, objetivos compartidos e incentivos alineados. En la actualidad, en muchas provincias persiste una competencia institucional poco racional entre el Ministerio de Salud y la obra social provincial. Ambos organismos suelen planificar, contratar, financiar y gestionar por separado, com- pitiendo incluso por los mismos recursos humanos, prestadores y presupuestos. Esta fragmentación interna debilita la capacidad del Estado provincial para conducir el sistema.

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Mientras la prestación pública se descentralizó, el aseguramiento sanitario permaneció centralizado. Las obras sociales nacionales continuaron bajo regulación nacional, el PAMI mantuvo su estructura federal y el Ministerio de Salud de la Nación conservó funciones regulatorias, programas específicos y capacidad de financiamiento, aunque con una incidencia mucho menor sobre la gestión cotidiana de los servicios.

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Como consecuencia, numerosos prestadores privados terminan ocupando espacios de poder que el Estado no logra ejercer. Allí donde la gobernanza pública es débil, las reglas suelen ser fijadas por quienes poseen mayor capacidad de negociación económica, mientras que el subsector público queda frecuentemente reducido a responder de manera reactiva a las demandas del sistema, sin capacidad suficiente para ordenar la oferta, coordinar redes asistenciales o gestionar integralmente el riesgo sanitario de la población. La construcción de un verdadero federalismo sanitario exige, por lo tanto, mucho más que una redistribución de competencias administrativas. Requiere desarrollar capacidades de conducción, planificación, regulación, contratación, evaluación y gestión del desempeño que hoy son insuficientes en buena parte del país. En este contexto emerge una necesidad frecuentemente

subestimada: la profesionalización del management sanitario. La complejidad actual de los sistemas de salud hace inviable su conducción mediante la improvisación, el voluntarismo político o el aprendizaje exclusivamente empírico. La dirección de hospitales, aseguradores, redes asistenciales y organismos reguladores demanda competencias específicas en economía de la salud, organización, gestión estratégica, evaluación de tecnologías sanitarias, contratación, análisis de datos, salud digital, inteligencia artificial y gestión poblacional del riesgo. La Argentina necesita construir una auténtica cultura managerial sanitaria que atraviese transversalmente al Estado nacional, las provincias, las obras sociales, el PAMI y el sector privado. Una cultura que sustituya el amateurismo gerencial por capacidades profesionales estables y que permita diseñar instituciones capaces de sostener políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. Solo sobre esa base será posible avanzar hacia un nuevo federalismo sanitario, donde las provincias asuman plenamente la responsabilidad de organizar sistemas universales de salud para toda su población y donde los distintos subsistemas dejen de actuar como compartimentos estancos para convertirse en componentes de una misma estrategia sanitaria territorial. El debate sobre el futuro del PAMI es, en definitiva, mucho más que una discusión sobre una institución. Constituye una oportunidad histórica para redefinir la arquitectura del sistema sanitario argentino y pasar de un federalismo meramente administrativo a un verdadero federalismo de la gobernanza, capaz de integrar financiamiento, organización, gestión y resultados en salud bajo una visión común orientada al bienestar de las personas. n (*) Prof. Salud Pública FCM UNL / Director del Instituto de Economía del Bienestar (IdEB) / www.ideblatam.org

VOCES

ENFERMERÍA

EL COLECTIVO QUE SOSTIENE EL SISTEMA Y NO LLEGA A FIN DE MES

Por Marcelo García Dieguez (1) y Alejandra Mangano (2)

n algún hospital del interior, esta noche, una sola enfermera cubre lo que en otro lugar del país hacen tres. No es una excepción: es la regla en una profesión que crece en los papeles y se vacía en el territorio. Mientras en los discursos se celebra la paridad con la matrícula médica, en Santiago del Estero hay doce veces menos enfermeros por habitante que en la Ciudad de Buenos Aires. La enfermería en la Argentina ha experimentado una transformación profunda y estructural en las últimas décadas, transitando desde una ocupación con un fuerte componente empírico y subordinado a otras disciplinas sanitarias, hacia una profesión autónoma, científica y de interés público, reconocida como un pilar fundamental en los sistemas de salud. Este proceso de consolidación disciplinar ha sido impulsado por una convergencia de factores normativos, académicos y sociales que han permitido visibilizar a la enfermería como una profesión clave para la sostenibilidad y la calidad de la atención sanitaria. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2025) ha enfatizado que más del 50% de la fuerza laboral en salud corresponde a profesionales de enfermería, lo que visibiliza su potencial en la atención integral y su capacidad para responder a las demandas complejas de los sistemas sanitarios contemporáneos. Para la Argentina, esto significa un déficit cuantitativo que sitúa al país con 3,55 enfermeros/as profesionales por cada 1.000 habitantes, una cifra alejada de los estándares internacionales.(3) El marco regulatorio ha sido uno de los ejes fundamentales en este proceso de transformación. Un hito clave fue la incorporación de la Licenciatura en Enfermería al artículo 43 de la Ley de Educación Superior en el año 2013, lo que permitió que los planes de estudio y los estándares de acreditación, evaluados periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), garantizaran una formación de calidad y homogeneidad en todo el país. Este avance académico se complementó con una mejora cualitativa en la composición de la fuerza de trabajo: mientras que en la década de los 90 el 75% del personal de enfermería estaba integrado por auxiliares y empíricos, en el año 2023, según datos del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud (OFERHUS), la cifra de matriculados ascendió a

250.252 profesionales, de los cuales el 20,81% posee título de licenciado, el 56,51% son técnicos y el 22,64% auxiliares, lo que evidencia un crecimiento exponencial de la profesionalización.(4) Este cambio estructural ha sido posible gracias a políticas públicas intersectoriales, entre las que sobresale la creación del Programa Nacional de Formación de Enfermería (PRONAFE) en 2016, renovado en 2020 (Resolución CFE N.º 385/20). A través de este programa se ha fortalecido a más de 300 instituciones formadoras en todo el país, triplicando la cantidad de inscriptos en diversas jurisdicciones mediante estrategias como becas para estudiantes, entrega de mochilas técnicas con insumos para prácticas, equipamiento a instituciones con kits de simulación clínica, capacitación docente y la creación del Centro Nacional de Simulación en 2018. Además, la Ley 27712/23 de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería ha impulsado la articulación entre los distintos niveles formativos, desde el técnico hasta el posgrado, promoviendo la movilidad académica y el reconocimiento de la enfermería como una inversión estratégica para la salud pública. No obstante, el análisis de las trayectorias académicas revela desafíos estructurales que persisten, a pesar de los avances: una carrera pensada para cinco años que, en los hechos, dura más de trece debido a exigencias laborales, socioeconómicas y académicas que afectan al estudiantado. Según los autores, este fenómeno se relaciona con el proceso de masificación de la educación superior, que ha abierto las puertas a franjas sociales históricamente excluidas, pero que también ha generado desigualdades en las trayectorias y en el desempeño de los estudiantes (Ortigoza et al., 2022; 2024). A pesar de ello, la profesionalización no se ha limitado al grado, sino que se ha diversificado hacia el posgrado con el acceso a residencias especializadas, así como con la consolidación de maestrías y doctorados específicos que fomentan la generación de conocimiento científico propio.(1)

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El marco regulatorio ha sido uno de los ejes fundamentales en este proceso de transformación. Un hito clave fue la incorporación de la Licenciatura en Enfermería al artículo 43 de la Ley de Educación Superior en el año 2013, lo que permitió que los planes de estudio y los estándares de acreditación, evaluados periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), garantizaran una formación de calidad y homogeneidad en todo el país.

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En lo que respecta al liderazgo y la práctica profesional, la enfermería ha avanzado hacia la enfermería basada en la evidencia, promoviendo una mayor autonomía en la toma de decisiones complejas. Durante la pandemia, las enfermeras demostraron una capacidad excepcional para adaptarse a situaciones de crisis, gestionar recursos y brindar cuidados integrales, combinando prevención, asistencia, rehabilitación y acompañamiento emocional.(5) Este protagonismo ha reforzado la percepción social de la disciplina, resignificando su feminización histórica, ya que el 82% del personal de enfermería en la provincia de Buenos Aires son mujeres. Este hecho, de algún modo u otro, puede haber contribuido a cristalizar la histórica diferencia de ingresos con otras profesiones de la salud, particularmente con la medicina. Además, la incorporación de la carrera al artículo 43 de la Ley de Educación Superior permitió su regulación estatal y acreditación periódica, elevando los estándares de calidad y consolidando su reconocimiento académico y social. Sin embargo, persisten desafíos críticos que comprometen la sostenibilidad del sistema y la consolidación plena de la profesión. Al déficit general debe sumarse una profunda disparidad regional: mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra 6,44 enfermeros/as por cada 1000 habitantes, provincias como Santiago del Estero disponen de 0,51. Es necesario generar acuerdos federales y políticas conjuntas tendientes a mejorar estas evidentes inequidades. Las condiciones laborales son la gran deuda pendiente: la precarización y el pluriempleo son la regla. El 78,3% del plantel de enfermería tiene entre dos y tres empleos en promedio debido a los salarios bajos. En 2021, el 52,4% de los profesionales ganaba un monto inferior a la canasta básica. Además, solo el 28,6% pertenecía a planta permanente, mientras que el 38,1% trabajaba en planta interina, lo que genera inestabilidad laboral. Esto, a su vez, limita la capacidad de los profesionales para actualizarse académicamente y dedicarse a la investigación. Este fenómeno no solo afecta la calidad de vida del colectivo de enfermería, sino que también compromete la calidad de la atención sanitaria, ya que el pluriempleo puede derivar en cansancio, estrés y menor productividad. El limitado acceso al desarrollo académico es otro atraso. Aunque la Ley 24.004 (1991) reconoce la investigación como parte de las funciones de enfermería, en la práctica, el acceso a la carrera de investigador sigue siendo limitado, y la producción científica en enfermería continúa siendo escasa: solo 0,9 licenciados por cada 1000 habitantes tienen formación doctoral.(6) Hay algo de optimismo para mirar el futuro. La pandemia puso de relieve el rol de la enfermería y la población comenzó a tomar conciencia de su importancia. Por otra parte, el crecimiento de la formación en las universidades puede ser el comienzo de la jerarquización profesional. Pero, para conso-

lidar estos avances, es necesario abordar los desafíos pendientes de manera integral. Falta personal de enfermería: bastaría con crecer un 8% anual en graduados, la meta que fija la OMS, para empezar a cerrar la brecha. Faltan salarios que no obliguen a tener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes. Falta investigación propia, con becas y cargos que no dependan de la buena voluntad de turno. Y falta, sobre todo, dejar de mirar el promedio nacional: mientras no haya una enfermera en cada rincón del país, Santiago del Estero seguirá pagando la cuenta de un sistema pensado para Buenos Aires. La enfermería argentina no necesita otro discurso que la ponga en un pedestal. Necesita que alguien haga las cuentas de cuántas faltan, dónde faltan y cuánto cobran las que están. Todo lo demás, la autonomía, el prestigio, el reconocimiento científico, es letra muerta mientras en algunos lugares persistan diferencias siderales con el centro del país. El cuidado no se declama: se paga, se forma y se distribuye. Y en eso, todavía, el sistema de salud argentino está en deuda. n

Referencias (3) Espindola, K. (2025). Reflexiones sobre la formación de enfermería en Argentina: recuperar el pasado para proyectar un futuro. Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación, (22), 205-218. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10317684.pdf (4) Moreira, K., & Felippa, G. (2025). La profesionalización de la enfermería y su impacto en la gestión sanitaria. Revista ISALUD, 20(97), 1-10. https://rid.isalud.edu.ar/server/api/core/bitstreams/2708e1f9-b35b-4f90bb30-aa6e023fb18c/conte (5) Caravaca, J., & Daniel, C. (2022). Oficio viejo, profesión nueva: la enfermería en pandemia a través de una trayectoria laboral. Aiken. Revista de Ciencias Sociales y de la Salud, 2(1), 17-32. https://eamdq.com.ar/ojs/index.php/aiken/article/view/27 (6) Brunelli, M. V., Camio, A. V., Canova, C., Colombo, M. C., Farfán, A. B., Gómez, T. A., Méndez, P., Martínez, M., Rosales, S., Verardi, J. C., Vilches, S. E., & Alberto, L. (2026). Posición para el desarrollo de la investigación por parte de los profesionales de enfermería en Argentina. Medicina Buenos Aires, 86(1), 198-206. https://www.scielo.org.ar/pdf/medba/v86n1/1669-9106-medba-86-01198.pdf

(1) Profesor Asociado Universidad Nacional del Sur. Exdirector Nacional de Capital Humano. Ministerio de Salud de la Nación (2) Profesora Adjunta Universidad Nacional del Sur.

DEBATE VULNERABILIDAD PROFESIONAL ANTE LA NUEVA LEGISLACIÓN LABORAL ¿QUÉ RIESGOS IMPLICA AL MÉDICO EMITIR UN CERTIFICADO? Confidencialidad, derechos del paciente y control laboral después de la Ley 27.802 y el Decreto 407/2026.

Por el Dr. Mauro Brangold (*)

Qué debe hacer un médico cuando la normativa laboral le exige consignar en un certificado información que, hasta ese momento, pertenecía al núcleo reservado de la relación clínica? ¿Hasta dónde debe informar, quién puede acceder a esos datos, y qué responsabilidad asume el profesional cuando el documento que produce abandona el consultorio y comienza a circular por recursos humanos, plataformas digitales, servicios de medicina laboral, auditorías o eventualmente expedientes judiciales? Estas preguntas han adquirido relevancia particular en la Argentina a partir de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y su reglamentación mediante el Decreto 407/2026. La modificación puede parecer, a primera vista, una cuestión administrativa vinculada con el control del ausentismo. No lo es: detrás de la exigencia de un certificado médico existe un problema mucho más profundo, que alcanza al derecho laboral, el ejercicio profesional de la medicina, los derechos del paciente, el secreto médico, la protección de datos personales y la creciente digitalización sanitaria. El centro de ese problema es el médico, porque no solo diagnostica y trata: también certifica, y ese documento puede generar consecuencias jurídicas que exceden ampliamente el acto asistencial que le dio origen.

El certificado médico no es un papel administrativo Se ha naturalizado la emisión del certificado como una prolongación casi burocrática de la consulta, pero desde el punto de vista médico-legal constituye un verdadero acto médico documental. La Ley 17.132 establece que los profesionales pueden certificar las comprobaciones efectuadas durante el ejercicio profesional respecto de estados de salud, prescripciones o procedimientos: no se certifica una opinión abstracta, sino aquello efectivamente comprobado. Detrás de cada certificado debería existir un acto médico identificable -consulta, examen, juicio diagnóstico y registro suficiente en la historia clínica-, porque el documento puede transformarse en evidencia, ser cuestionado por un empleador, discutido en una junta médica o analizado en sede judicial. La digitalización (fecha, matrícula, firma, trazabilidad) refuerza esa condición probatoria. Una reforma laboral que entra en el consultorio La Ley 27.802 (sancionada el 27/2/2026, publicada el 6/3/2026) sustituyó, en su art. 45, el art. 210 de la Ley de Contrato de Trabajo:

los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente inculpable deben contener diagnóstico, tratamiento y días de reposo laboral, emitidos por profesionales habilitados y firmados digitalmente. No es una recomendación administrativa: es una exigencia legal. El Decreto 407/2026 profundiza el cambio: su art. 6 dispone que toda prescripción con indicación de reposo laboral debe contener diagnóstico, tratamiento y días de reposo, emitida electrónicamente mediante una plataforma registrada en el ReNaPDiS y suscripta por un profesional habilitado ante la REFEPS, admitiendo papel solo excepcionalmente. Aquí surge un problema que merece atención. La ley habla de “los certificados médicos que el trabajador presente”; el decreto, de “toda prescripción que incluya la indicación de reposo laboral”. No son necesariamente equivalentes: la segunda podría interpretarse como una categoría más amplia, potencialmente comprensiva de cualquier prescripción que indique reposo. ¿La reglamentación simplementeoperacionalizalaleyoamplíaeluniversodedocumentos alcanzados?¿Dóndeterminalaprescripciónclínicaydóndecomienza la certificación destinada a un tercero? La respuesta tendrá consecuencias concretas para miles de profesionales.

El otro mandato legal: guardar secreto Mientras una parte del ordenamiento exige informar, otra impone al médico el deber de preservar. La propia Ley 17.132 establece en su art. 11 que aquello conocido por razón del ejercicio profesional no puede ser dado a conocer, salvo casos determinados por otras leyes o para evitar un mal mayor. La Ley 26.529 de Derechos del Paciente reconoce como derechos esenciales la intimidad y la confidencialidad, y dispone que quienes accedan a la historia clínica -de la cual el paciente es titular- deben guardar la debida reserva. La Ley 25.326 considera los datos de salud como sensibles y exige que sean adecuados, pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad de su obtención. El art. 156 del Código Penal sanciona a quien revele sin justa causa un secreto conocido por razón de su profesión, cuando esa divulgación pueda causar daño. El médico queda así en la intersección de varios mandatos: certificar, informar, documentar, guardar secreto, proteger datos sensibles y responder ante requerimientos legítimos de terceros. No se trata de una contradicción jurídica simple El secreto médico nunca fue absoluto: la propia Ley 17.132 admite que otras leyes determinen la comunicación de información, y el art. 156 del Código Penal sanciona la revelación “sin justa causa”, lo que presupone causas jurídicamente justificadas. La Ley 27.802 es precisamente una norma específica que exige determinado contenido para una categoría de certificados laborales. El problema central, entonces, no es elegir entre cumplir una ley u otra, sino algo distinto: ¿cuánta información clínica es jurídicamente necesaria para la finalidad laboral y cuánto comienza a ser excesiva? El eje se desplaza hacia los principios de necesidad, proporcionalidad, finalidad, minimización y seguridad de los datos. El diagnóstico no es un dato neutro No todos los diagnósticos tienen la misma capacidad de afectar la vida de una persona. Salud mental, enfermedades transmisibles, embarazo, consumo problemático de sustancias, patologías oncológicas o infecciones de transmisión sexual son ejemplos evidentes de datos que pueden revelar aspectos íntimos que

exceden lo necesario para justificar una ausencia. ¿Necesita el empleador el diagnóstico preciso, o le basta saber que existe incapacidad, desde qué fecha y por cuánto tiempo? Todavía más delicada resulta la exigencia de consignar el tratamiento: ¿debe identificarse la conducta terapéutica, indicarse medicamentos, dosis, psicoterapia, tratamiento antirretroviral, una cirugía programada? La norma utiliza una palabra clínicamente muy amplia sin definir el grado de detalle exigible, y esa indeterminación es una fuente directa de inseguridad profesional.

¿Cuánto diagnóstico es suficiente? La ley exige un diagnóstico médico, pero no establece su nivel de especificidad: puede existir un diagnóstico etiológico preciso, uno presuntivo, una formulación sindrómica o una descripción funcional. ¿Resulta válido certificar “síndrome febril en estudio”? La norma no lo define, y cuando exige una información sin determinar su nivel de detalle, el profesional queda expuesto a interpretaciones posteriores: puede ser acusado de haber informado demasiado, pero también de haber informado poco. Ese doble riesgo es uno de los aspectos más relevantes de la nueva vulnerabilidad médico-profesional.

El dato cambia cuando cambia de contexto La información sanitaria no pierde su sensibilidad porque el trabajador entregue voluntariamente un certificado a su empleador; lo que cambia es el contexto. Dentro de una historia clínica, su acceso está sometido a reglas sanitarias y secreto profesional; en un circuito administrativo laboral pueden intervenir actores que no son profesionales de la salud -recursos humanos, auditores, responsables de sistemas-. La pregunta ya no es solo qué escribe el médico, sino quién leerá lo que escribió, y el sistema debería determinar quién accede, para qué finalidad, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones de seguridad.

El médico tratante y el médico laboral no cumplen la misma función

Digitalizar no significa necesariamente proteger El ReNaPDiS fue creado para registrar plataformas digitales sanitarias y promover interoperabilidad y seguridad de la información, permitiendo verificar identidad profesional, matrícula y trazabilidad, y dificultando falsificaciones. Pero esa misma trazabilidad incrementa la responsabilidad documental del profesional: si el documento se emitió sin evaluación suficiente, sin respaldo en la historia clínica o con una indicación de reposo sin fundamento, la digitalización puede transformar esas debilidades en evidencia objetiva. La tecnología no corrige una mala práctica documental: la vuelve más visible.

El primero establece una relación terapéutica cuyo centro es el paciente; el segundo interviene en un dispositivo destinado a evaluar la aptitud laboral. Ninguna función es ilegítima, pero no son idénticas, y el conflicto aparece cuando la documentación producida en el vínculo asistencial circula sin diferenciación hacia el control laboral. Por eso debería evitarse confundir información clínicamente relevante con información laboralmente necesaria: esa distinción debería ordenar cualquier futura reglamentación.

Certificados complacientes y el límite del consentimiento La emisión de certificados de favor, retrospectivos o construidos exclusivamente a pedido del paciente constituye una práctica riesgosa. Toda certificación debería poder responder cuándo fue evaluado el paciente, qué hallazgos sustentaron el diagnóstico y si existe correlato en la historia clínica: la medicina no puede asegurar retrospectivamente lo que el profesional no observó.

Tampoco el consentimiento resuelve todo: que el paciente solicite el certificado no implica una autorización ilimitada para revelar cualquier información clínica, porque existe una relación de necesidad -el trabajador requiere el documento para conservar sus derechos laborales-, no de libre voluntad. Conviene diferenciar el consentimiento informado para una práctica médica de la autorización para comunicar datos a terceros: debe primar cumplir con lo legalmente necesario sin convertir el certificado en una historia clínica abreviada.

¿Qué hacen otros sistemas? España reformó el sistema de incapacidad temporal para reducir la circulación del parte médico a través del trabajador: desde 2023, mediante el Real Decreto 1060/2022, la comunicación empresarial se realiza electrónicamente vía Seguridad Social, sin que el trabajador deba entregar copia en papel. Lo relevante no es solo eliminar el papel, sino la separación de circuitos: la información necesaria para gestionar una incapacidad puede transmitirse institucionalmente sin que toda la información clínica atraviese el ámbito administrativo empresarial. El Reglamento europeo de protección de datos (art. 9) considera los datos de salud una categoría especialmente protegida, pero permite tratarlos con fines de medicina laboral cuando exista una base jurídica adecuada y participen profesionales sujetos a secreto: la existencia de una finalidad legítima no elimina las exigencias de proporcionalidad y necesidad. En Estados Unidos, la regla HIPAA regula cómo los proveedores de salud divulgan información a los empleadores: si un empleador requiere información directamente al proveedor, este generalmente necesita autorización. En los tres sistemas aparece la misma idea: el circuito clínico y el laboral tienen finalidades y reglas distintas.

Una oportunidad para diseñar mejor el sistema argentino La discusión no debería plantearse como una oposición entre confidencialidad y control laboral: ambos son intereses legítimos. Una posibilidad razonable sería diferenciar tres niveles documentales. El primero, el documento clínico-asistencial (historia clínica, diagnóstico completo, estudios, tratamiento), cuyo ámbito natural es la atención sanitaria. El segundo, el documento laboral-administrativo (existencia de incapacidad temporal, período de reposo, fechas, restricciones funcionales). El tercero, el circuito médico-médico, para cuando sea indispensable ampliar información entre profesionales asistenciales, médicos laborales o juntas médicas, bajo confidencialidad reforzada. Esta diferenciación permitiría aplicar un principio elemental: los datos deberían circular según la necesidad de quien los recibe, no según la totalidad de la información disponible. No es necesario importar este principio desde otras jurisdicciones: la Ley 25.326 ya exige que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos respecto de su finalidad. La obligación de diagnóstico y tratamiento establece un piso de contenido, no necesariamente un máximo ilimitado. Queda pendiente, además, definir quién recibe el diagnóstico dentro de la empresa: ¿cualquier responsable de recursos humanos, o solo un servicio médico laboral, mientras la empresa recibe solo el resultado administrativo? La tecnología actual permite diseñar accesos diferenciados por campo dentro de un mismo documento digital; si el sistema va a ser digital, debería aprovechar esa capacidad para mejorar la confidencialidad, en vez de limitarse a reproducir electrónicamente el viejo certificado en papel.

Cuidar al paciente también significa proteger al profesional Un marco normativo claro también protege al médico, que necesita saber qué debe informar, qué puede reservar, quién está legitimado para recibir información y qué protocolos aplicar en situaciones especialmente sensibles. La inseguridad jurídica no beneficia a nadie: un profesional que teme informar demasiado puede producir certificados insuficientes, y uno que teme informar poco puede sobreexponer innecesariamente al paciente.

¿Qué debería hacer hoy el médico? Mientras esa precisión regulatoria no exista, conviene: considerar toda certificación como parte del acto médico y documentarla en la historia clínica; evitar certificaciones retrospectivas sin fundamento suficiente; cumplir las exigencias normativas sin incorporar información clínica adicional innecesaria; explicar al paciente qué información contendrá el documento y cuál será su destino; extremar la prudencia frente a pedidos de terceros -empleadores, aseguradoras- que pretendan ampliar la información original; y, ante requerimientos de información detallada, privilegiar un circuito profesional médico-médico antes que una comunicación administrativa indiscriminada. No se trata de ocultar información: se trata de gobernarla. Y esa responsabilidad no debería recaer solo en cada médico: instituciones sanitarias, empleadores, plataformas digitales, colegios profesionales y autoridades sanitarias y laborales deberían coordinar protocolos y criterios comunes.

Una reforma que merece una segunda mirada La Ley 27.802 y el Decreto 407/2026 introdujeron un cambio relevante, y su objetivo de mejorar la acreditación de enfermedad, incrementar la trazabilidad y ordenar el control laboral puede resultar legítimo. Pero el impacto sanitario de la reforma requiere una evaluación específica: toda norma que traslade información clínica sensible desde el ámbito asistencial hacia otro sistema institucional debería responder al menos cinco preguntas -qué información, para qué finalidad, quién puede recibirla, durante cuánto tiempo y con qué garantías-. Merece especial atención aclarar la diferencia entre la formulación legal (“certificados que el trabajador presente”) y la reglamentaria (“toda prescripción que incluya reposo laboral”), no porque exista necesariamente una incompatibilidad manifiesta, sino porque las fronteras del deber profesional deben ser previsibles.

Certificar sí. Sobreexponer, no. El médico debe certificar aquello que realmente ha comprobado y cumplir las leyes que regulan esa certificación, pero ninguna de esas obligaciones debería conducir a interpretar que toda la información clínica disponible puede circular libremente por el sistema laboral. Una medicina jurídicamente segura exige distinguir entre conocer y comunicar, documentar y divulgar, diagnóstico clínico e información funcional, historia clínica y certificado, dato disponible y dato necesario. La Argentina necesita una arquitectura normativa y digital capaz de conciliar control laboral con confidencialidad, trazabilidad con intimidad, interoperabilidad con seguridad y la obligación de informar con la minimización del dato. Detrás de cada certificado existen simultáneamente tres facetas de una misma persona: un paciente que confió información a su médico, un trabajador que debe acreditar una incapacidad y un ciudadano titular de datos sensibles. El desafío del derecho contemporáneo consiste en proteger las tres condiciones; el de la profesión médica, no olvidar que el certificado que parece terminar una consulta puede ser, en realidad, el comienzo de un largo recorrido jurídico. n

Fuentes normativas y documentales esenciales: Ley 17.132, Régimen legal del ejercicio de la medicina (arts. 11 y 17); Ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, art. 210 (mod. Ley 27.802); Ley 25.326, Protección de los Datos Personales; Ley 26.529, Derechos del Paciente (arts. 2, 4, 12 a 21); Ley 27.802, Modernización Laboral, art. 45 (27/2/2026); Decreto 407/2026, art. 6 Anexo I; Código Penal, art. 156; ReNaPDiS y Resolución 1959/2024; España, Real Decreto 1060/2022; Unión Europea, Reglamento 2016/679, art. 9; U.S. HHS, HIPAA Privacy Rule.

(*) Médico. Especialista en Salud Pública. Magíster en Administración y Gestión Sanitaria. Docente universitario.

DEBATE

BRASIL 2 – ARGENTINA 0 DOS POLÍTICAS DE ESTADO QUE ARGENTINA TODAVÍA SE DEBE

Por el Dr. Federico Tobar (*)

n el fútbol, los argentinos no logramos evitar compararnos con Brasil. Si extendiéramos la competencia al acceso a los medicamentos, el resultado sería menos favorable: Brasil concretó dos avances muy relevantes, mientras que la Argentina permanece rezagada. El marcador, por ahora, es dos a cero. No es que Brasil tenga un sistema de salud perfecto. El SUS -Sistema Único de Saúde- enfrenta problemas de financiamiento, desigualdades territoriales, listas de espera y presiones crecientes por incorporar tecnologías cada vez más costosas. Pero entendió algo decisivo: el mercado farmacéutico no puede gobernarse con una sola regla.

Existen, en realidad, dos mercados muy diferentes. Por un lado, están los medicamentos cuyos monopolios ya expiraron. Allí, la política pública debe promover la competencia. La Ley de Medicamentos Genéricos (Nro. 9.787 de 1999) hizo precisamente eso: fortaleció la competencia, redujo la dependencia de las copias comerciales y garantizó calidad a precios asequibles. Los genéricos tienen envases diferenciados, su intercambiabilidad es garantizada por la autoridad regulatoria (Anvisa), su precio de comercialización debe ser un 35% inferior al del producto de referencia y su compra y prescripción son obligatorias en los servicios públicos. El segundo mercado es el de los medicamentos innovadores protegidos por patentes, donde la competencia prácticamente no existe. En estos casos, la regulación debe reemplazar al mercado. La creación de CONITEC Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologías, través de la Ley Nº 12.401de 2011, institucionalizó la evaluación de tecnologías sanitarias. Incorporó criterios explícitos de eficacia, seguridad, costo-efectividad e impacto presupuestario antes de decidir qué medicamentos y tecnologías financia el SUS. Brasil aplicó con mayor fidelidad que muchos países liberales uno de los principios básicos de la economía de mercado: competencia donde la competencia es posible; regulación donde el monopolio impide que el mercado funcione. Como mostró el premio Nobel de Economía, Kenneth Arrow, en su clásico artículo de 1963 sobre la economía del cuidado médico, “los mercados de salud se apartan sistemáticamente del modelo competitivo: hay incertidumbre, asimetrías de información y poder de mercado”. Brasil pareció tomar esa lección en serio: promovió competencia donde podía haberla -genéricos- y reguló con evaluación explícita allí donde el monopolio hacía imposible confiar solo en el mercado. En materia de medicamentos, esa distinción se tradujo en dos herramientas: genéricos para promover la competencia y CONITEC para evaluar las tecnologías en las que la competencia no alcanza. Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Brasil y la Argentina gastan proporciones similares de su producto en salud. La diferencia se observa al analizar cómo se organiza ese gasto y

cuánto espacio ocupan los medicamentos. En Brasil, las cuentas de salud más recientes ubican a los bienes médicos -principalmente medicamentos- en torno a una quinta parte del gasto total en salud. En Argentina, estimaciones previas ubicaban a los medicamentos alrededor del 30% del gasto total en salud. En el gasto directo de los hogares, además, los medicamentos siguen siendo el rubro más pesado. La Argentina avanzó parcialmente en ambas direcciones, pero no consolidó una estrategia nacional coherente y sostenida. En términos del uso de genéricos la Ley 25.649 de 2002 también introdujo la prescripción por Denominación Común Internacional, pero nunca se consolidó una regulación de la oferta, ni una política nacional de compras con la misma coherencia. Persistió un amplio mercado de “similares” o copias comerciales; la implementación fue desigual entre las jurisdicciones y los financiadores. En síntesis, Argentina aprobó una ley; Brasil construyó una política de Estado. Con respecto a los medicamentos monopolísticos la Argentina avanzó algo en 2018 con la creación de CONETEC,- Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud mediante la Resolución 623/2018 del Ministerio de Salud. Pero la misma no toma decisiones de cobertura obligatoria para todo el sistema de salud. Sus recomendaciones solo tienen carácter de referencia técnica nacional para el Ministerio de Salud nacional y sus organismos dependientes, pero no ordenan automáticamente la cobertura por parte de provincias, obras sociales o prepagas. En otras palabras, los miembros de la Comisión se enteraron de que la misma existe, pero parece que los jueces no. Mientras tanto, el gasto en medicamentos continúa absorbiendo una proporción excesiva de los presupuestos sanitarios y del gasto de bolsillo. La consecuencia no es solo contable. Cada peso que se

gasta de más en medicamentos de bajo valor terapéutico, copias sin competencia efectiva o innovaciones incorporadas sin evaluación rigurosa es un peso que no se invierte en atención primaria, prevención, calidad de servicios o protección financiera de los hogares. La principal diferencia entre ambos países no reside en la capacidad de sus profesionales ni en el nivel de sus universidades. Tampoco en la calidad de sus investigadores o de su industria farmacéutica. Argentina posee recursos humanos e instituciones de excelencia. La diferencia radica en la capacidad para construir políticas de Estado. Brasil decidió regular con más inteligencia uno de los mercados más complejos del sistema de salud: competencia donde podía haber competencia; evaluación, negociación y reglas explícitas donde el monopolio hacía imposible confiar en el mercado. Argentina, en cambio, sigue respondiendo a las urgencias sin generar acuerdos duraderos sobre las reglas del juego. Por eso el resultado es, por ahora, dos a cero. La buena noticia es que el partido todavía no terminó. Argentina no necesita copiar el modelo brasileño. Cada país debe construir sus propias soluciones. Lo que sí necesita recuperar es la capacidad de debatir estratégicamente su política de medicamentos y transformar esos acuerdos en instituciones estables. Porque los sistemas de salud no cambian cuando cambia un ministro. Cambian cuando una sociedad decide construir políticas públicas capaces de sobrevivir a los ministros. n (*) Asesor en Financiamiento para el Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. https:// www.linkedin.com/in/federico-tobar-032115159/

OPINIÓN “POR UNA SALUD PÚBLICA

QUE FUNCIONE”

Por el Dr. Héctor Pezzella (*)

ara que la salud pública, verdaderamente funcione bien, no es necesario más presupuesto, sino como lo gastamos. La gestión hospitalaria importa tanto como la medicina; un hospital mal gestionado es poco eficiente y seguramente no puede dar una medicina de calidad y costo efectiva. Necesitamos directivos que gestionen como si los recursos fueran suyos y que los pacientes, sean tratados como si fueran su familia. La atención médica solo por indicadores está matando la calidad, a veces reportamos todo okey y sin embargo los pacientes esperan meses para conseguir un turno o una atención médica especializada. Necesitamos indicadores de impacto, no de cumplimiento. La desconexión entre niveles de atención es criminal. Hospitales colapsados mientras centros primarios están subutilizados. No es falta de recursos. Es falta de coordinación. Sin gestión de datos no hay gestión real. Seguimos tomando decisiones de millones de pesos basadas en intuición y presión política. Quienes hemos estado en la primera línea de la administración hospitalaria coincidimos plenamente: el diagnóstico del problema casi nunca es la falta absoluta de recursos, sino la ineficiencia estructural, la burocracia y la falta de incentivos correctos. Comparto algunas reflexiones y estrategias concretas para operativizar 5 puntos: 1. El mito del presupuesto y el “Gasto de Bolsillo”. El problema real es que, al gastar mal en el sector público, el sistema empuja a los pacientes a comprar medicamentos por su cuenta o atenderse en el sector privado para cirugías menores. Esto profundiza la inequidad. Solución: cambiar el modelo de pago histórico de los hospitales (presupuesto fijo anual basado en lo que gastaron el año anterior) por pago por resolución o GRD (Grupos Relacionados por el Diagnóstico). El hospital que resuelve de forma eficiente recibe el incentivo, el que es ineficiente debe auditarse.

2. Gestión hospitalaria como ciencia, no como premio de consuelo El problema real: históricamente se ha asumido que el mejor médico de un servicio debe ser el director del hospital. Esto es un error conceptual grave: la medicina y la administración sanitaria requieren habilidades completamente distintas. Solución: crear un “Cuerpo de administradores sanitarios de alta dirección” por concurso público transparente, con contratos de gestión revisables y sueldos competitivos con el sector privado. Un médico sin formación en finanzas, gestión y administración hospitalaria o logística no debería gestionar millones de dólares. 3. Del “Indicador de papel” al “Indicador de impacto” El problema real: las metas de gestión actuales miden procesos, no salud. Por ejemplo: “Se realizaron 1.000 consultas de control crónico” (Indicador en verde). Pero no se mide si esos 1.000 pacientes controlaron su diabetes o evitaron una amputación. Solución: implementar metodologías basadas en el Valor en Salud (Value-Based Healthcare). El éxito se debe medir en años de vida ganados con calidad, reingresos hospitalarios evitados y satisfacción real del usuario. 4. Redes integradas de salud (“Fin a los Feudos”) El problema real: los grandes hospitales de alta complejidad operan como islas (“feudos”) desconectados de la Atención Primaria (APS). El especialista del hospital no confía en el médico general de la comunidad, y el médico general no tiene canales para derivar de forma ágil. Solución: presupuesto capitado integrado. Que el dinero no vaya al hospital o al centro de salud, sino a la “Red de Salud Territorial”. Si la red logra prevenir que el paciente se complique y no llegue a urgencias, toda la red ahorra y se beneficia. 5. Transformación digital: menos cemento, más datos. El problema real: se siguen inaugurando hospitales de miles de millones de pesos con infraestructuras imponentes que terminan funcionando con fichas clínicas de papel o sistemas informáticos que no se comunican entre sí. Solución: Ficha Clínica Única Nacional e interoperable por ley. Si los datos de urgencias, farmacia y atención primaria estuvieran integrados, se evitaría la duplicidad de exámenes (un gasto gigantesco e inútil) y se podrían predecir brotes o picos de demanda con inteligencia artificial en lugar de “intuición”. El verdadero desafío es político y cultural. Romper el statu quo de la burocracia sanitaria requiere valentía política, porque significa quitarle el control de los hospitales a las cuotas partidarias para entregárselo a profesionales técnicos evaluados por resultados. En síntesis, propongo: 4 Autonomía de gestión con accountability de resultados. 4 Directivos profesionales con carrera en gestión sanitaria (no solo cargos políticos). 4 Indicadores centrados en el paciente, no en la burocracia. 4 Coordinación obligatoria entre niveles de atención. 4 Inversión en gestión antes que en infraestructura. El desafío no es técnico. Es político y cultural. n

(*) Profesor Universitario USAL. Cirujano Especialista en Salud Pública y Consultor en Gestión y Administración Sanitaria.