Santo Domingo, D. N. 24 de agosto de 2026
Señor Aníbal de Castro Director Diario Libre Su despacho Asunto: Carta al director — sobre el editorial "La convivencia pendiente" Señor director de Castro: Muy cortésmente, me dirijo a usted en mi condición de titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, con relación al editorial "La convivencia pendiente", publicado por ese medio el 24 de agosto del año en curso. El editorial coloca el dedo en una llaga que rara vez se nombra con precisión: muchos homicidios en el país no responden únicamente al crimen organizado, sino también a la incapacidad de resolver conflictos sin recurrir a la violencia armada. Los 47 asesinatos registrados en catorce días de agosto, con 29 vinculados a conflictos sociales frente a apenas 9 de origen delictivo, confirman una tendencia que desde esta Secretaría hemos venido documentando a partir de los boletines de la Policía Nacional y de las bases de datos de los propios organismos oficiales: la violencia interpersonal, más que la criminalidad organizada, es hoy uno de los principales motores de la mortalidad violenta dominicana, sin embargo no se ha logrado en seis años, desarrollar políticas publica adecuadas para reducir la llamada conflictividad social, que se traduce a falta de confianza de la ciudadanía a las instituciones responsables de la seguridad. Esa cifra merece una lectura más amplia. Al procesar los datos de 2024, 2025 y los primeros meses de 2026, hemos encontrado que el arma de fuego mantiene un peso determinante como principal instrumento homicida, pese a cinco años de operación del Plan de Prevención y Persuasión de la Policía Nacional. Un programa diseñado para reducir la disponibilidad de armas no ha logrado desplazar su papel en los homicidios que el propio editorial describe. El comportamiento territorial confirma la misma tensión. Nuestro análisis provincial,
elaborado a partir de datos verificados para cinco provincias prioritarias (San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Vega, San Cristóbal y Duarte), muestra que la violencia interpersonal no se distribuye de manera uniforme, sino que responde a patrones estructurales que la respuesta policial reactiva no logra alterar. A ello se suma que algunas provincias fronterizas comienzan a registrar incrementos inusuales en los homicidios, lo que exige una lectura preventiva y diferenciada del fenómeno. A esto se suma que el propio Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, creado precisamente para modernizar la capacidad preventiva
de la institución, que permanece sin auditoría pública, lo que dificulta evaluar si los recursos destinados a la reforma policial se traducen en menos violencia cotidiana. Este punto remite a la raíz institucional del problema. El Ministerio de Interior y Policía es el órgano que, por ley, debe establecer, coordinar y auditar las políticas públicas de seguridad ciudadana, incluidas las orientadas a prevenir la violencia interpersonal que el editorial documenta. Sin embargo, el Ministerio continúa operando sin una ley orgánica que defina con precisión esa función rectora, lo que explica en buena medida por qué la respuesta al fenómeno ha sido reactiva y dispersa entre distintas instituciones, en lugar de obedecer a un plan estratégico único, con metas medibles y sujeto a rendición de cuentas, No basta con programas puntuales de control de armas o campañas aisladas: se requiere que el Ministerio asuma la conducción de una política nacional de prevención de la violencia, con indicadores de seguimiento y auditoría periódica de sus resultados. Corresponde, además, una advertencia metodológica. Las estadísticas oficiales de homicidios excluyen categorías completas (muertes por intervención policial, víctimas extranjeras y conflictos reclasificados), lo que limita la comparación de la cifra dominicana con estándares internacionales. Citar los datos de la Policía Nacional es necesario, pero esos registros deben leerse como información oficial sujeta a auditoría independiente, no como una medición definitiva del fenómeno. El editorial tiene razón: no hace falta una sociedad sin diferencias, sino una capaz de procesarlas sin que terminen en el forense. Desde la Fuerza del Pueblo seguiremos insistiendo en esa discusión pendiente, y ponemos a disposición de ese medio nuestros análisis y bases de datos para profundizar en ella cuando lo consideren de utilidad. Sin otro particular, y agradeciendo la atención a la presente, Atentamente,
Josefina Reynoso Secretaria de Seguridad Ciudadana Fuerza del Pueblo
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