LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECÁLOGO PARA EL NUEVO FISCAL GENERAL
ACTIVIDADES BASADAS EN RETOS
AÑO 1 (Fase de Choque y Limpieza)
AÑO 2 (Fase de Implementación)
AÑO 3 (Fase de Consolidación)
AÑO 4 (Fase de Mantenimiento y Resultados)
Ejecución presupuestaria, compras y contrataciones Auditoría de calidad del gasto y detección de anomalías
Revisión exhaustiva de compras directas y baja cuantía (Q270M). Identificación legal de fraccionamientos de la gestión anterior.
Implementación de nuevos manuales de adquisiciones y controles estrictos basados en los hallazgos de la auditoría.
Monitoreo continuo mediante auditorías internas anuales de carácter preventivo.
Consolidación de un sistema de adquisiciones transparente y blindado contra la corrupción interna.
Perfilamiento de proveedores
Mapeo de riesgos. Detección de concentración de contratos y vínculos anómalos. Creación de lista de proveedores observados.
Integración del perfilamiento en los sistemas automatizados de compra del MP. Bloqueo de empresas de la red anterior.
Actualización de bases de datos de proveedores y cruce de información con la Contraloría General de Cuentas.
Evaluaciones anuales estrictas del desempeño de los contratistas del Estado.
Suspensión de nuevos arrendamientos
Freno inmediato al gasto superfluo. Suspensión de nuevos contratos sin justificación técnica (ej. agencias subutilizadas).
Rescisión y/o renegociación a la baja de los contratos de arrendamiento vigentes que resulten desfavorables.
Política estricta de "cero nuevos alquileres" sin el aval del comité técnico y financiero.
Evaluación del ahorro presupuestario logrado por la reducción de arrendamientos a nivel nacional.
Conformación del comité técnico. Diagnóstico Inicio de adquisiciones y/o construcciones de de la infraestructura existente y formulación sedes estratégicas propias para sustituir del plan de adquisición. arrendamientos.
Ejecución de obras e inauguración progresiva de sedes fiscales propias.
Consolidación patrimonial del MP. Independencia total del negocio de los arrendantes.
Mantenimiento de procesos de contratación 100% transparentes y basados en el perfil idóneo.
Consolidación de planillas técnicas validadas y libres de redes clientelares internas.
Reinstalación de los +105 fiscales de carrera Nivelación técnica de los fiscales reinstalados purgados. Conciliación y pago de salarios y su reasignación estratégica a casos de alto caídos (Q30M). Recuperación de talento. impacto.
Cierre definitivo de todas las contingencias legales laborales heredadas por despidos arbitrarios.
Evaluación de desempeño e impacto cualitativo del personal que fue restituido.
Plan maestro de infraestructura del MP
Recuperación de la carrera fiscal Auditoría estructural de contrataciones
Mecanismo de restitución de destituciones irregulares
Revisión de ingresos y ascensos recientes. Detección de "cuotas políticas" y personal de lealtad sin el perfil técnico requerido.
Depuración administrativa legal y regularización de puestos con base en capacidades técnicas comprobadas.
Rediseñar y reinstaurar la carrera fiscal
Renegociación del Pacto Colectivo para eliminar la "libre remoción" de jefes fiscales. Diseño del nuevo sistema de méritos.
Aplicación obligatoria de concursos públicos de oposición para todos los nuevos ascensos y traslados.
Blindaje total de la independencia funcional del fiscal mediante garantías laborales inamovibles.
Institucionalización de evaluaciones de desempeño basadas en la calidad del litigio y satisfacción.
Sistema de trazabilidad del talento
Diseño e inicio de la plataforma informática para registrar especialidades, historial y cursos de todo el personal.
Despliegue del sistema: Asignación de casos complejos estrictamente a fiscales con la especialidad correcta (ej. finanzas, DDHH).
Capacitación continua integrada y registrada en el historial de cada funcionario en la plataforma.
Evaluaciones anuales de capacidades técnicas automatizadas desde el ecosistema informático.
Consolidación de la red territorial que alimenta de datos locales reales al Laboratorio de Análisis Criminal.
Evaluación de impacto de las agencias en la resolución de delitos y contención de estructuras locales.
Política territorial Protocolo de gestión con enfoque territorial
Redacción de protocolo para transformar las agencias de "filtros de desestimación" a nodos de entrada de todo tipo de denuncia.
Aplicación en terreno: Agencias recopilan inteligencia criminal local y derivan casos graves con primeras diligencias de calidad.
Reestructuración de fiscalías desnaturalizadas Auditoría integral y diferenciada de fiscalías clave
Intervención y saneamiento de personal
Reactivación de casos contra organizaciones criminales
Urgente clasificación de casos en FECI y Asuntos Internos: separar la criminalización indebida de los casos de alto valor (gran corrupción).
Reasignación estratégica de los expedientes auditados a fiscales técnicos y éticamente idóneos bajo nuevos lineamientos.
Cierre definitivo de los expedientes viciados descubiertos, con resoluciones técnicas impecables.
Monitorización continua para evitar retrocesos en estas unidades críticas.
Remoción inmediata de las jefaturas y "soldados ideológicos" que lideraron la persecución política y el engavetamiento.
Nombramiento de nuevos jefes de sección y fiscales de unidad mediante procesos estrictamente competitivos.
Restitución total del carácter técnico, objetivo e imparcial en las fiscalías que habían sido cooptadas.
Operatividad plena y blindada contra interferencias de redes de poder tradicional.
Búsqueda y reactivación de casos de gran corrupción congelados (ej. Comisiones Paralelas) para garantizar impunidad a aliados.
Impulso de la persecución penal, recopilación de nuevas pruebas y litigio activo de los casos reactivados.
Obtención de las primeras sentencias condenatorias de calidad de los casos emblemáticos desentrampados.
Consolidación de la desarticulación de dichas estructuras criminales y recuperación de activos.
Política criminal y direccionamiento estratégico Direccionamiento estratégico
Plan de persecución penal
Instrucción para redefinir el uso de desestimación/archivo
Elaboración de estudios de criminalidad diferenciada por región (con datos y evidencia empírica) para salir del modelo inercial.
Aplicación obligatoria del direccionamiento en las estrategias operativas de todas las fiscalías de distrito y de sección.
Revisión y ajuste de métricas de éxito institucional (medir impacto social vs. volumen estadístico).
Actualización del direccionamiento estratégico para el siguiente periodo, basado en resultados.
Diseño del programa especializado. Priorización de redes de macrocriminalidad y reposicionamiento del análisis criminal.
Ejecución táctica del plan: enfoque investigativo en atacar estructuras de poder, lavado y corrupción, no en casos aislados.
Consolidación del modelo de persecución. Medición cuantitativa de la desarticulación de redes ilícitas.
Resultados maduros y sentencias firmes derivadas directamente de la ejecución del plan estratégico.
Emisión de directriz urgente prohibiendo el cierre por métricas (93%). Fijar estándares mínimos de investigación y control previo.
Auditoría del cumplimiento de la instrucción. Monitoreo de la reducción drástica de la "tasa de impunidad pasiva".
Consolidación operativa de la cultura fiscal de "calidad investigativa sobre cantidad estadística".
Mantenimiento de tasas de archivo excepcionales, plenamente motivadas y comunicadas a las víctimas.
Ponerle un alto a la criminalización Instrucción general para examinar y detener la criminalización
Orden interna de identificar expedientes espurios contra defensores y operadores de justicia. Crear rutas para su cierre formal.
Monitoreo de "Cero Tolerancia" a nuevas denuncias de criminalización. Cierre de brechas legales usadas para abusos (ej. uso ambiguo de tipos penales).
MP purgado definitivamente de prácticas de persecución y criminalización de Estado.
Política consolidada de protección al ejercicio del derecho a la defensa y libre expresión.
Separar a fiscales de expedientes de criminalización
Remoción inmediata de fiscales de los casos de periodistas y defensores para frenar abusos como el uso perverso de la reserva legal.
Inicio de procesos disciplinarios y/o penales contra los fiscales salientes que cometieron prevaricato o abuso de autoridad.
Fiscalías operando con total imparcialidad y enfocadas exclusivamente en la persecución de delitos reales.
Monitoreo y control interno para evitar la reaparición de actores de criminalización.
Modernización tecnológica del análisis criminal
Laboratorio de Innovación Tecnológica
Capacitación de personal
Diseño e integración de bases de datos hoy fragmentadas (SICOMP, ASTREA, DICRI). Inicio de desarrollo de software analítico in-house.
Implementación de herramientas de Big Data e IA desarrolladas internamente para detectar patrones. Reducción del gasto en licencias privadas costosas.
Consolidación del Laboratorio. El análisis criminal opera de forma proactiva como el verdadero motor de los casos.
Expansión total de las capacidades tecnológicas de análisis de red a nivel nacional.
Lanzamiento de cursos masivos (MOOCs) en metodologías modernas de análisis y talleres presenciales para equipos especializados.
Evaluaciones prácticas de desempeño en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas de investigación.
Actualización continua de currículas técnicas para estar a la vanguardia en análisis criminal forense y digital.
Personal 100% competente y autónomo en la conducción de investigaciones basadas en datos.
Consolidación de resultados cualitativos. Disminución de sentencias absolutorias por investigaciones deficientes.
Mejora continua del modelo operativo con base en la retroalimentación de las víctimas y de los tribunales.
Visibilización de investigaciones sólidas, objetivas y absolutamente libres de sesgos o instrucciones políticas.
Mejora medible en la percepción ciudadana en las encuestas de confianza sobre el sector justicia.
Consolidación de la legitimidad institucional y autoridad moral del Ministerio Público.
Reorganización técnica y despliegue del Laboratorio para atacar el 97% de impunidad heredada en delitos graves.
Aumento progresivo de acusaciones sólidas y bien fundamentadas en delitos contra la vida, violencia y corrupción.
Incremento medible de sentencias condenatorias firmes de alta calidad derivadas de buenas investigaciones.
Reducción consolidada de los índices de impunidad histórica, demostrable con datos abiertos.
Informe público sobre la herencia de opacidad y anomalías de la gestión Porras ("Apertura de la caja negra"). Reinstaurar acceso público.
Comunicación constante de resultados técnicos y rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria.
Modelo de Datos Abiertos de la fiscalía 100% operativo para escrutinio académico y periodístico.
Política de transparencia total institucionalizada y transversal a toda la institución.
Nuevo modelo de gestión de casos
Implementación del nuevo modelo
Diseño para reemplazar el GIC. Implementación de asignación automatizada de casos y creación de rutas procesales diferenciadas.
Implementación plena: el fiscal que investiga también litiga en casos graves. Tamiz de análisis criminal obligatorio previo a cualquier archivo.
Recuperar la confianza de la población Reorientar la actuación institucional
Reducir índices de impunidad
Comunicar de forma transparente
Transición inmediata de persecución política a técnica. Foco mediático y operativo en corrupción y extorsiones.
Reconstruir la relación con sociedad civil Reconocimiento institucional
Canales de comunicación seguros
Acompañamiento a víctimas
Capacitación y sensibilización al personal
Pronunciamiento oficial reconociendo a las OSC y defensores de DDHH como aliados. Desvinculación de grupos pro-impunidad.
Consolidación de alianzas interinstitucionales formales con organizaciones sociales para facilitar el acceso a la justicia.
Mantenimiento del respeto mutuo y la colaboración técnica en temas de política criminal.
Legitimidad consolidada de la relación colaborativa MP-Sociedad Civil.
Creación de puntos de contacto seguros y mesas técnicas para recibir información de casos de alto impacto sin riesgo de filtración.
Operatividad plena de canales. Incremento en la recepción de denuncias críticas de redes de corrupción gracias a la garantía de protección.
Mantenimiento y blindaje de los flujos de información y protección absoluta a informantes.
Canales afianzados como práctica estándar de recolección de inteligencia criminal.
Coordinación operativa eficiente con instituciones nacionales e internacionales de protección de víctimas y testigos.
Mantenimiento de la debida diligencia reforzada en el trato y acompañamiento procesal.
Práctica institucionalizada, respetuosa de los Derechos Humanos y evaluada constantemente.
Monitoreo del cambio de actitud, erradicación de estigmas y mejora del clima y cultura organizacional en las fiscalías.
Capacitaciones periódicas consolidadas, incluyendo el trato digno y la protección de poblaciones vulnerables.
Un MP con personal plenamente sensibilizado, empático, objetivo y respetuoso de la dignidad humana.
Implementación urgente de protocolos de atención con enfoque de género y pertinencia cultural. Eliminación de la revictimización. Inicio de talleres obligatorios sobre estándares internacionales de DDHH para erradicar la cultura de hostigamiento heredada.