Desde La U 42

Huilenses rechazan construcción de una nueva hidroeléctrica

La negativa de una nueva construcción sobre el afluente del río Magdalena fue decisiva. En la movilización del 14 de Marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, habitantes de diferentes municipios del Huila reiteraron su posición de no más hidroeléctricas en este departamento, por parte de Emgesa u otra multinacional, y se logró que el Gobierno Nacional anunciara la no construcción de más represas en este territorio.

Universidad Surcolombiana Edición No. 42 Febrero - Marzo de 2016

Págs. 8-9

Foto Serafín Marquín

El Decreto 2450 agudiza la crisis de la educación superior

El decreto 2450, que establece los criterios de alta calidad que deben cumplir los programas de licenciaturas, constituye una nueva reforma a la educación superior. Las políticas gubernamentales de los últimos años han profundizado la crisis financiera de las universidades públicas y, según diferentes voces del movimiento estudiantil, hacen cada vez más real ‘el cuento de la privatización’. Págs.4-5

Actualidad

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Sí a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), pero fuera de Neiva

Dos años y medio lleva la discusión entre la Administración Municipal y la comunidad del barrio Camilo Torres por el lugar de construcción de la Ptar. Mientras EPN señala que no generará malos olores y se controlará, con las represas de Betania y El Quimbo, la inundación en el lugar durante una posible creciente del Magdalena, los habitantes del sector aseguraron que sí se verán afectados.

Neiva

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Usco fortalece servicios jurídicos y psicológicos para los neivanos

El Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación y la Unidad de Servicios de Atención Psicológica, USAP, de la Universidad Surcolombiana, cuentan ahora con una nueva sede ubicada en el Centro Comercial Los Comuneros, la cual les permitirá ampliar cobertura y optimizar sus servicios de proyección social a la comunidad neivana.

Cultura

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Una pedagogía para la equidad de género

En la presentación oficial del libro Pedagogía Crítica y Equidad de Género, escrito por Violeta Bonilla, Julián Vanegas y Carlos Bolívar, profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana, la escritora Florence Thomas trazó el rumbo de la discusión en torno al libro a través de una pregunta: ¿qué es lo que significa la equidad de género?.

Universidad Surcolombiana Febrero - Marzo de 2016

Editorial

Desfinanciación de la Educación Superior pública Por: Pedro León Reyes Gaspar – Rector Universidad Surcolombiana

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l problema de desfinanciamiento de la educación superior pública en Colombia se inicia a partir de la Ley 30 de 1992, en donde se contempla en su artículo 86 las fuentes y criterios de financiación, tanto de la Nación como de los entes territoriales. Con el paso del tiempo se evidenció que la fórmula de financiación de la Ley 30 fue completamente insuficiente para cubrir los gastos de funcionamiento y los proyectos de inversión de las universidades públicas. La conocida autonomía universitaria, inspirada en los preceptos de la nueva Constitución de 1991, fue pensada precisamente para que las instituciones de educación superior del Estado tuvieran su propia estructura, organización, pautas de funcionamiento y manejo presupuestal. El faltante presupuestal para las instituciones de educación superior públicas, durante la vigencia de la Ley 30, supera en este momento los 12 billones de pesos. Para la Universidad Surcolombiana este faltante es superior a los 160 mil millones de pesos, según el estudio realizado por los vicerrectores administrativos y financieros del Sistema Universitario Estatal (SUE). Esto ha impedido a dichas instituciones el incremento de la planta docente, planta administrativa, organización y dotación de nuevos laboratorios, ampliación y mejoramiento de la planta física, formación avanzada del profesorado, mejoramiento del bienestar universitario, creación y oferta de nuevos programas de pregrado, fortalecimiento de la investigación y la proyección social. Durante los últimos 10 años la crisis financiera de las universidades públicas se ha incrementado, entre otras cosas, tal como lo ha manifestado el SUE “fueron sorteando los costos crecientes por la expansión de su matrícula pero sobre todo, los costos laborales que empezaron a crecer mucho más allá de la inflación por decisiones legales, imperativas para las universidades, incluida la remuneración de los docentes que tiene un crecimiento intrínseco por la vía de la producción intelectual de los mismos”, la cual debe ser asumida directamente por las universidades con cargo a sus rentas propias. Ante este panorama, las universidades públicas, en la última década del siglo XX comenzaron a lide-

‘‘

gobiernos y del Estado.

Con el paso del tiempo se evidenció que la fórmula de financiación de la Ley 30 fue completamente insuficiente para cubrir los gastos de funcionamiento y los proyectos de inversión de las universidades públicas’’.

rar procesos que les permitiera mejorar sus ingresos mediante la venta de servicios; los cuales, conjuntamente con las matrículas y otros derechos académicos constituyen las denominadas rentas propias. El Informe Educación Superior en Iberoamérica, del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), del año 2011, expresa que “Los países iberoamericanos destinan en promedio un 4,1% de su PIB acumulado, a sus instituciones de educación de todos los niveles, desde el nivel preescolar hasta el superior, lo que evidencia una partida muy pobre si se pretende apostarle a un mayor desarrollo en términos de mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Es decir, que el discurso de que la inversión en educación contribuye al desarrollo de los pueblos, se viene quedando en eso, en discurso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, indica que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. Con base en estos postulados, se han radicado proyectos en el Congreso, se han realizado marchas, reuniones, conferencias, paros, debates y demás acciones, pero la mirada sobre inversión a la educación superior continúa siendo sesgada y lánguida. Existen normas en la constitución y en la ley en favor de las universidades, pero la destinación presupuestal para estas instituciones indica que los postulados sobre este gasto público avanzan en contravía de los intereses de los

La misma ley 30 estipuló que el gasto público en la educación hace parte del gasto público social, y que en consonancia con los artículos 350 y 366 de la Constitución Política, este gasto tendrá prioridad sobre cualquier otra inversión, y que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos son finalidades sociales del Estado, respectivamente. En otras palabras, puede afirmarse que la educación superior es inherente a la finalidad propia del Estado. Ahora bien, conviene señalar que esta misma ley, en su artículo 86, consagra que “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”. Postulado que debería hacerse efectivo de parte de los departamentos y municipios, máxime si se tiene en cuenta que las universidades públicas atraen alrededor del 55.38% de la cobertura en educación superior, y atienden la demanda general de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, generando un alto impacto en las metas de educación superior y bienestar social en esas territorialidades. Otro aspecto a considerar, es la probable firma del proceso de la paz. Con ello, se culmina una era en la historia de Colombia, pero se avecina una etapa de postconflicto. Un periodo que traerá, con toda seguridad, nuevos retos y compromisos para el desarrollo del país. Pero también, serán retos y compromisos que indudablemente necesitarán del componente de la educación para superar las crisis sociales que puedan llegar a surgir. En este nuevo contexto se necesitarán mayores recursos financieros para que las universidades lleguen a cumplir una gran labor social de cara a la estructuración y desarrollo del nuevo país. Para finalizar, es importante recordar lo que se indicó en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, celebrada en el año 2003, “Nunca antes en la historia, el bienestar de las naciones ha estado tan estrechamente vinculado a la calidad y al alcance de sus sistemas e instituciones de enseñanza superior”.

Desde La U / 2

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA COMITÉ EDITORIAL DESDE LA U PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO

ALBERTO DUCUARA MANRIQUE

Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo

Vicerrector Administrativo

JUAN CARLOS ACEBEDO

Decano Facultad Ciencias Sociales y Humanas

ALEXANDER TRUJILLO BACA Docente - Editor General

JUAN GUILLERMO SOTO M. KAROL PÉREZ Juan Sebastián Arias Palomá Manuel Sebastián Perdomo R. Periodistas

DIAGRAMACIÓN - IMPRESIÓN

Editora Surcolombiana S.A. PBX 8724200 ext303

Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autores, y no comprometen a la Universidad ni a las políticas editoriales del periódico Desde La U. • E-mail: desdelau@usco.edu.co

Universidad Surcolombiana Febrero - Marzo de 2016

Actualidad

Sí a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), pero fuera de Neiva Dos años y medio lleva la discusión entre la Administración Municipal y la comunidad del barrio Camilo Torres por el lugar de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar). Mientras EPN señala que no generará malos olores y se controlará, con las represas de Betania y El Quimbo, la inundación en el lugar durante una posible creciente del Magdalena, los habitantes del sector aseguraron que sí se verán afectados con su presencia en la zona.

L

os pobladores en el barrio Camilo Torres de la Comuna Uno, en el norte de Neiva, siguen oponiéndose desde el 2013, a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) en inmediaciones a su zona residencial. Aseguran que al igual que la comunidad del sector de Rodrigo Lara, que a diario convive con los olores de la planta de producción de alimentos para animales, al otro lado del río Magdalena, en Palermo, ellos también deberán soportar la fetidez de las aguas negras. El conflicto entre la comunidad y el Gobierno Local, con las Empresas Públicas de Neiva a la vanguardia de la construcción del proyecto, comenzó desde que se realizó la socialización en el auditorio del colegio Liceo Santa Librada, en el 2013. A partir de ese momento, la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Camilo Torres y un grupo de veeduría ciudadana, han señalado que aunque reconocen la importancia ambiental que la Ptar tiene para Neiva, el Departamento, el río y el país, ésta no se puede construir atentando contra su salud pública. La Ptar, ¿una necesidad? De otro lado, es necesario reconocer que la construcción de la Ptar se ha convertido no solo en una necesidad de la capital huilense, sino también de municipios como Villavieja; allí, sus pobladores toman el agua del río Magdalena para el consumo humano, el cual, con la sequía de los últimos meses, se ha visto afectado por el vertimiento de las aguas negras de los neivanos, lo que hace cada vez más difícil tratar el líquido. La posición de la comunidad es férrea. Humberto Castro, quien participa en la veeduría de Empresas Públicas de Neiva (EPN) en la construcción de este proyecto, reafirmó la visión de la comunidad al asegurar que ésta comprende su importancia, puesto que Neiva es la primera ciudad en verter grandes cantidades de aguas contaminadas al río Magdalena.

El lugar donde se ha proyectado por parte de EPN la construcción queda cerca de la zona residencial del barrio Camilo Torres, en la Comuna Uno.

“La comunidad no se opone a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, sino al lugar, el lote donde se tiene proyectado hacer la construcción. Eso está planteado por la comunidad hace dos o tres años, sin embargo, la anterior administración insistió en comprar ese lote pese a que no se habían hecho los estudios de acuerdo a las normas que reglamentan la construcción de ese tipo de proyectos, entre las que se encuentran la que dice que una planta de tratamiento debe quedar a 500 o 1.000 metros de distancia de una zona residencial”, dijo Castro. Para la Concejal del municipio de Neiva y ambientalista, Leyla Marleny Rincón Trujillo, el proyecto de la Ptar comenzó de la peor manera; según ella, el sitio para su construcción debe ser en zona rural, alejado del perímetro urbano y del río Magdalena. “Aquí primero se definió un lugar para la instalación y después están hablando de cuál es el diseño, empezamos mal. Segundo, ese sitio donde se va a instalar es una zona de fragilidad ambiental, pensaría que es de vulnerabilidad de riesgo por la localización respecto a la cercanía, es decir, zona de inundación del río Magdalena”, manifestó la concejala, afirmando que a la fecha no existe ninguna garantía frente a estas obras. De otro lado, Rincón aseguró que actualmente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que se quiere implementar en el sector del ba-

rrio Camilo Torres, no cuenta con la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), y que es la encargada de aprobar la instalación del proyecto, así como del análisis de los estudios de impacto ambiental que permitan detallar las condiciones de la zona, y de la población que la habita. “¿Cómo es que se compró el suelo si todavía la CAM no ha dicho sí o no? (…) el otorgamiento de la licencia está sometido al modelo que se quiere implementar”, afirmó la ambientalista. Continúa el inconformismo de la comunidad Frente a este panorama, los residentes del barrio Camilo Torres manifestaron que como alternativa a la propuesta por la Administración y EPN, la Planta debe ser construida río abajo, en la vereda La Mata, ubicada en el Corregimiento de Fortalecillas, “está demostrado que con ese dinero, la planta de tratamiento se puede construir en un sitio diez kilómetros abajo del puente Santander que es donde caen las aguas residuales, y que se pueden llevar por gravedad, ahorrando la energía que se utilizaría transportando por una tubería a presión”, dijo Cindy Zambrano, habitante del barrio. Para ella, la idea de la Administración Local, de construir la Ptar en este sector de la ciudad, es errada y autoritaria. Aseguró que el sector no es viable para llevar a cabo la construcción.

EPN responde Por su parte, como vocero del proyecto en las Empresas Públicas de Neiva y conocedor del proyecto de primera mano, el ingeniero Luis Fernando España Arteaga, director Técnico de Acueducto y Alcantarillado de la entidad, aseguró que la comunidad tiene una visión errada de la situación. Según el funcionario, un grupo de vecinos y veedores fueron llevados en días anteriores hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando en Medellín, Antioquia, donde a pocos metros queda una institución educativa. Allí, argumentó, se logró comprobar que el modelo de planta proyectado en Neiva y que contará con una tecnología más actualizada que la de la planta de la capital antioqueña, no presentará malos olores. “Contrario a lo que plantea la comunidad, las plantas de tratamiento pueden estar mínimo a 75 metros de una zona residencial y esta estará a 100 metros. Igualmente, el lugar propuesto por la comunidad para la construcción del proyecto sí generaría más costos en el transporte de las aguas negras, al incluirse el mantenimiento de las tuberías que transportarían este líquido los 10 kilómetros de distancia entre el Puente Santander y la vereda La Mata… el proyecto como está previsto, contará con tres pozos o tanques con la mejor tecnología y ellos proponen uno con más piscinas”, dijo el ingeniero civil. Desde La U intentó comunicarse con el director de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), Carlos Alberto Cuéllar Medina, para conocer detalles de la licencia ambiental y los estudios que hasta el momento se han adelantado frente a este proyecto, sin embargo, nunca respondió a las llamadas. Y mientras la discusión entre la comunidad que se vería afectada con la construcción de la Ptar y quienes defienden el proyecto continúa, el Alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, manifestó que los puntos de vista de la comunidad del barrio Camilo Torres serán fundamentales a la hora de avanzar en el desarrollo del proyecto.

Desde La U / 3

Foto EPN

Por: Karol Pérez

Foto Marcela Giraldo Gómez

Educación

Universidad Surcolombiana Febrero - Marzo de 2016

Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciaturas, ENEL, realizado el 5 de Marzo en Manizales, y en el cual hubo una activa participación de la Universidad Surcolombiana.

El Decreto 2450 agudiza la crisis de la educación superior El decreto 2450, que establece los criterios de alta calidad que deben cumplir los programas de licenciaturas, constituye una nueva reforma a la educación superior. Las políticas gubernamentales de los últimos años han profundizado la crisis financiera de las universidades públicas y, según diferentes voces del movimiento estudiantil, hacen cada vez más real ‘el cuento de la privatización’. Por: Juan Guillermo Soto Medina

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E

n los últimos años han sido varias las reformas propuestas por el Gobierno Nacional en materia de educación. Dichas reformas, para el caso de las universidades públicas, han significado más retrocesos que avances en aspectos como financiación, calidad, cobertura, normatividad y autonomía; entre algunas de estas, cabe mencionar el Acuerdo por lo Superior 2034, del año 2014; la política de Ser Pilo Paga (SPP); la ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, la cual regula la Inspección y Vigilancia de la educación superior, y recientemente el decreto 2450, del 17 de diciembre de 2015, que establece los criterios de alta calidad con los que deben cumplir los programas de licenciaturas, y la resolución 02041, del 3 de Febrero de 2016, que profundiza en las características específicas de dichos criterios. Esta nueva política ha reactivado la organización estudiantil en

todo el país, liderada por los estudiantes de las diferentes licenciaturas, y con acompañamiento de diversos sectores de la sociedad. ¿Cuáles son las características de este nuevo decreto? Decreto 2450: una reforma que exige mucho pero que no ofrece nada Entre los criterios señalados en la norma: contenidos curriculares, investigación, personal docente, mecanismos de selección y evaluación, infraestructura física y recursos financieros, cabe señalar dos de las exigencias: 1) “Las prácticas pedagógicas deberán equivaler al menos a cincuenta (50) créditos del plan de estudios”; 2) “Se deben garantizar los recursos financieros para la actualización y compra de infraestructura tecnológica, con base en la dinámica de la tecnología y de la propia institución”. Según Felipe Salcedo, estudiante de Licenciatura en Lingüística de la Usco, la

intención de aumentar los créditos en el componente de prácticas profesionales, si bien podría mejorar las competencias pedagógicas y didácticas, lo que en realidad pasaría es que las competencias teóricas e interdisciplinarias de los futuros profesores del país serían debilitadas, “se le estaría dando un golpe a la conciencia crítica de una población estudiantil; un énfasis en la práctica limita la posibilidad de reflexionar de manera crítica y de investigar a profundidad”. En cuanto al componente financiero, y es algo que este decreto tiene en común con todas las anteriores políticas educativas impuestas en los últimos años, no se plantea ninguna salida a la crisis presupuestal que enfrentan las universidades públicas, con un déficit acumulado de por lo menos 16 billones de pesos, según lo advirtió el Vicerrector de la Universidad Surcolombiana, Alberto Ducurara; dicho déficit se viene agudizando un año después de la ley

30 de 1992, pues según datos del Sistema de Universidades Estatales, SUE, entre 1993 y 2011 el número de alumnos matriculados de todas las universidades estatales creció 232 por ciento, pero los recursos presupuestales solo aumentaron 80 por ciento. Para Andrés Hernández, estudiante de la Universidad del Tolima y miembro del Ejecutivo Nacional de la Asociación Colombiana de Estudiantes, ACEU, este decreto hace parte de una serie de políticas gubernamentales, las cuales, en los últimos años, se vienen dando con el progresivo recorte del presupuesto a la educación superior, acompañado de exigencias de acreditación de “alta calidad” pero sin financiación; entonces, “cada vez las universidades públicas se ven más obligadas a la búsqueda de recursos con la venta de servicios para sobrevivir ante sus carencias presupuestales; cada vez más la educación deja de ser un derecho para convertirse

Conclusiones del ENEL de cara a la crisis El 5 de marzo de 2016 se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciatura, ENEL, en la ciudad de Manizales, con la representación de 23 de las 32 universidades públicas del país. Más de 800 personas se congregaron en torno a dos objetivos fundamentales: trazar una hoja de ruta en agenda de movilización, en la que se pudiera determinar cuáles serían las herramientas que los estudiantes van a utilizar para pelear las exigencias de cara al decreto 2450 y, por otro lado, definir unas formas de coordinación y de trabajo a nivel nacional. En primera medida, por consenso nacional, la principal conclusión fue exigir la derogación del decreto 2450 que regula las licenciaturas. ¿Cómo lograr eso? Según Felipe Salcedo, estas fueron las principales propuestas: n Presentar una demanda al Gobierno Nacional por el decreto y la resolución, y por el artículo 222 del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), a través del cual se exige acreditación de alta calidad a los programas de licenciatura. n Realizar una consulta universitaria, acompañada de una “firmatón”, con todo el rigor necesario para que sea una figura jurídica válida. n Convocar a un foro de control político en el Congreso a la Ministra de Educación, Gina Parody. n Como herramienta de organización y cohesión de todos los procesos de las universidades, crear la red de estudiantes de licenciaturas, a nivel nacional, a través de la cual se articulen los estudiantes mediante ejercicios de organización local, partiendo de la base de los procesos organizativos de cada Universidad. n Se reitera el apoyo a la Universidad del Tolima, UT, y se plantean una serie de movilizaciones. Según Salcedo, en el encuentro se pudo evidenciar que el riesgo de entrar en una crisis semejante a la de la Universidad del Tolima es compartido por todas las universidades públicas del país. El caso de la UT y su profunda crisis financiera ¿Qué pasa en la Universidad del Tolima?: al igual que todas las universidades públicas del país, la UT está en crisis financiera. No cuenta con recursos suficientes para sus gastos de funcionamiento, lo cual demoró el inicio de clases por casi dos meses. Su déficit es

encuentra a punto de enfrentarse a la ley 1740, de “Inspección y Vigilancia” y a la ley de quiebras 555.

En diálogo con Desde La U, el Vicerrector Administrativo de la Usco, Alberto Ducuara, manifestó que si bien en la Universidad se han usado correctamente los recursos, y por eso no se ha llegado a la cesación de pago a los profesores ni a los funcionarios, “ya se observa, este año, que tenemos dificultades para el otro semestre, para pagar salarios, sobre todo en catedráticos y profesores ocasionales”. En cuanto a la posición de Estudiantes, maestros, trabajadores de diversos sectores, líderes sociales, la administración con respecto a la lumarchan por las calles de Neiva en el marco del Paro Nacional realizado el 17 de cha que lidera el movimiento estudiantil Marzo. para tumbar el decreto 2450, Ducuara de aproximadamente 10 mil millones de amarró sus gastos de funcionamiento a manifestó que “todo lo que tenga que pesos y su recorte presupuestal de 19 recursos propios y si hubo una caída es- ver con la afectación económica de la tos, pues es evidente la crisis en la que Universidad, es la preocupación de las mil millones de pesos. se encuentra”. directivas, entonces, si hay un decreto Según Pedro Hernández, presidente que afecta la economía de la U, desde Sin embargo, además de esta situa- luego debemos decir que no estamos nacional de la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, y quien presidió el ción, según distintas voces de la co- de acuerdo con ese decreto”. reciente encuentro de esta asociación, munidad académica en el Tolima, se realizado en la UT el 27 de Febrero, es advierten otros factores en la crisis: “buSea para luchar en contra de la deevidente que si los gastos ordinarios de rocracia a montón, procesos lentos, es- rogación del decreto 2450, o ante las la universidad se realizan con recursos tructuras organizativas muy obsoletas, otras políticas gubernamentales con propios, estos tienen un problema: “no recursos congelados o desaparecidos respecto a la educación superior, hay son seguros en pesos constantes como (…) una campaña de decanos y rector consenso en las diferentes asambleas sucede con el presupuesto ordinario, en la que promesas iban y venían, pero y encuentros estudiantiles que en los sino que son fluctuantes según el mer- nada de planeación y propuestas con- últimos días se han dado en distintos cado; entonces, si en los últimos años, cretas reales”, señala Carlos Fernando escenarios del país en torno a la siademás del progresivo aumento de co- Parra, profesor de la UT. Ante este pano- guiente idea: unidad estamentaria, esbertura sin aumento presupuestal, la UT rama, hoy la Universidad del Tolima se trategias jurídicas y movilización social.

Antecedentes En el año 2011, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos presenta la reforma a la ley 30 de 1992, lo que a su vez reactiva el debate de la educación superior en Colombia y la organización del movimiento estudiantil, representado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, y acompañado de diversos sectores de la sociedad. ¿Qué proponía la reforma?: respecto a los temas de cobertura y financiación, para incluir a los 3.200.000 bachilleres que quedaban por fuera del sistema educativo, la reforma promovía la consolidación de alianzas público-privadas para la creación de Instituciones de Educación Superior (IES) con ánimo de lucro que permitieran ampliar la cobertura y, de esta forma, el acceso de estos bachilleres. De igual forma una mayor inversión de créditos para la educación superior por medio del ICETEX. El tema de “calidad” también hallaba solución en la misma fórmula: fuentes de inversión privada para que la educación pública algún día llegara a ser “competitiva”. La MANE, y todo el movimiento social que la acompañó, lograron tumbar la reforma. Durante los dos años siguientes la MANE se da a la tarea de construir una propuesta de política educativa alterna, un reto que nunca habían asumido, “el movimiento se fue enfriando y lamentablemente nunca concluyó el documento final”, aseguró Mariana Ríos, quien hizo parte de la MANE. Por su parte, el Gobierno presenta la propuesta de política pública llamada Acuerdo por lo Superior 2034, en agosto de 2014, que en esencia era lo mismo que la reforma a la ley 30 presentada en el 2011: subsidio a la demanda a través del crédito educativo; sistema diferenciado con dos rutas de formación: “educación para el trabajo, técnica y tecnológica, y universitaria”; creación de la “Superintendencia de Inspección y vigilancia de la educación”, entre otras. Luego del acuerdo 2034, que no fue considerado “acuerdo” por la comunidad estudiantil porque no se realizó con todos los actores involucrados ni representó sus necesidades, el Gobierno ha seguido impulsando otra serie de políticas edu-

cativas, como Ser Pilo Paga (SPP); en este caso, el Estado destina directamente los recursos -que hacen parte del presupuesto Estatal para educación y que ya no le llegarían a las universidades públicas-. Estos recursos, indirectamente, llegan a las Universidades privadas, que es a donde ingresan estos afortunados pilos (de acuerdo con el Observatorio de la Universidad Surcolombiana, con los recursos estatales destinados para los 40 mil bachilleres beneficiarios de SPP se hubiera podido financiar la permanencia de por lo menos 500 mil jóvenes en universidades públicas). Por otro lado tenemos a Colciencias, la entidad pública que coordina la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y sus condiciones y su modelo de medición de grupos e investigadores, el cual, según una carta abierta dirigida a esta institución, por parte de la Universidad de Antioquia, “privilegia un tipo de mirada altamente cuestionable sobre la producción científica, el patrón de valoración, los esquemas de reconocimiento y las estrategias de visibilidad de la producción del áreas como las ciencias sociales, humanidades y artes”. En tal sentido, entre otras reflexiones, advierten que las soluciones de impacto en las comunidades y organizaciones, a partir de material de divulgación o procesos de participación, no son calificadas con el mismo peso que la producción de un artículo científico. “Este tipo de materiales puede cambiar la vida de las personas; mientras que un artículo publicado en una revista ubicada en el cuartil 1 probablemente no lo haga”. Para concluir, está el reciente decreto 2450, del 17 de diciembre de 2015, que establece los criterios de alta calidad con los que deben cumplir los programas de licenciaturas, y la resolución 02041, del 3 de Febrero de 2016, que profundiza en las características específicas de dichos criterios. Este proceso de acreditación, según lo señalado en el mismo decreto, debe ser cumplido en un lapso de tiempo de dos años: “los programas académicos de licenciatura a nivel de pregrado que tuvieran como mínimo cuatro cohortes de egresados y que no contaran con acreditación de alta calidad, deberán obtener tal reconocimiento en un plazo de dos años contados a partir del 9 de junio de 2015”. Presupuesto estatal extra, otorgado para cumplir dichos requerimientos: cero.

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en un negocio. Este ha sido el principio fundamental del Gobierno desde su Política Pública del 2034, la cual es totalmente nociva y creo que el estudiantado en el orden nacional y regional ha estado bastante dormido; ¡se nos vino encima el cuento de la privatización y no nos hemos dado cuenta!”, asegura Hernández.

Educación Foto Serafín Marquín

Universidad Surcolombiana Febrero - Marzo de 2016

Entrevista

Universidad Surcolombiana Febrero - Marzo de 2016

“La desfinanciación afecta a todas las universidades públicas”: Ducuara

Alberto Ducuara, Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana. Por: Juan Guillermo Soto Medina

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as reformas estatales realizadas en los últimos años en materia de educación superior han prendido las alarmas, tanto en la comunidad estudiantil de las universidades públicas del país como en sus directivas, debido a la crisis financiera que dichas reformas han profundizado. Cada año, las directivas de estas instituciones deben enfrentar el reto de iniciar semestre en un contexto de déficit económico, con recortes presupuestales y con algún nuevo decreto gubernamental en curso cuyas exigencias en materia de acreditación y calidad educativa no van acompañadas del necesario respaldo presupuestal por parte del Estado. Es el caso del reciente decreto 2450, del 17 de diciembre de 2015, que establece los criterios de alta calidad que deben cumplir los programas de licenciaturas, y la resolución 02041, del 3 de Febrero de

2016. Al respecto, Desde La U habló con el Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana, Alberto Ducuara, sobre los retos de la Usco en materia financiera, los impactos del reciente decreto y la posición de la administración al respecto. Desde La U: ¿Cómo está la Universidad Surcolombiana en este panorama de desfinanciación? Alberto Ducuara: El tema de la financiación es un problema de todas las universidades públicas del país. Se estima que hay una desfinanciación que puede llegar a los 16 billones de pesos, para toda la educación superior pública. La Usco tiene una desfinanciación que podría llegar a los 250 mil millones de pesos, si contabilizamos todos los aportes que ha dejado de suministrar la Nación para financiar sus gastos durante los 45 años de existencia como institución. Además de esto, en los últimos 15 años, la Usco

un estimativo, a partir de un ejercicio de planeación, en virtud del cual se estima que esos recursos son los que vamos a recibir y a ejecutar. Lo real, sin embargo, es lo que va llegando a nuestras cuentas y se va ejecutando.

ha crecido en cobertura y calidad. Eso le genera unos costos para poder funcionar: mayor número de profesores, algunos con nivel de doctorado; edificios nuevos, laboratorios nuevos y más modernos, mayor cobertura. Las fuentes de financiación que hoy tenemos provienen de dos lados: la Ley 30, artículo 86, nos permite financiar los sueldos del personal de planta. De otro lado, las rentas propias se alimentan con el pago de matrículas por parte de los alumnos. Esas son las entradas fijas. Si uno mira, el crecimiento de esas fuentes, a través de los años, es menor al incremento de los gastos.

DLU: ¿En cuánto habría que incrementar la base presupuestal para un adecuado funcionamiento de la Universidad? A.D: Habría que incrementarla con unos 7 mil u 8 mil millones de pesos, al año. Para garantizar los gastos de funcionamiento, sin considerar las necesidades de inversión, que son mayores.

DLU: ¿De cuánto es el presupuesto que tiene estimado la Usco para este año? A.D: De 92 mil millones de pesos. Luego se hizo una adición y va en 95 mil millones. El año pasado quedó en 105 mil millones. Ese es el presupuesto para este año. El presupuesto es

DLU: Recientemente en la Universidad del Tolima se agudizó la crisis financiera al punto de poner en riesgo el pago oportuno de los salarios al personal docente y administrativo y afectar el inicio del calendario académico del primer periodo del 2016. ¿La Usco podría llegar a una crisis

financiera similar? A.D: Ese faltante para pagar los costos de funcionamiento, que van en aumento, a lo largo de 10, 15, 30 años, se vuelve un acumulado… llegará un momento en el que será muy difícil funcionar. Nosotros hemos sorteado la situación, hemos usado correctamente los recursos, y por eso no hemos tenido problemas de cesación de pago a los profesores, o a los funcionarios, que es precisamente el problema de la UT, pero ya se observa, este año, que tenemos dificultades para el segundo semestre, para pagar salarios, sobre todo de catedráticos y profesores ocasionales. Porque hemos pasado de tener 32 profesores ocasionales a 39. De tener 80 mil horas de cátedra en el año a 110 mil, eso genera unos costos, y si no hay unas fuentes… si no hay incremento en la base presupuestal… DLU: En ese sentido, ¿qué planea hacer la Usco para resolver o mitigar las dificultades que afronta en el aspecto presupuestal? A.D: Estar muy vigilantes. Ya hemos hecho varias reuniones, estamos pidiendo informes a las diferentes unidades competentes. Tenemos que racionalizar, uno dice: ¿cómo se soluciona el problema?: con más ingresos, desde luego, o reduciendo el gasto, o ambas cosas a la vez. Para aumentar los ingresos se han hecho gestiones ante el Ministerio de Hacienda; el año pasado el Rector obtuvo una cita con el Ministro de Hacienda y se le llevó un documento, se le pidió un incremento de la base presupuestal de 7 mil millones de pesos, y se explicó para qué era. No obtuvimos sino 750 millones de pesos de aumento en la base presupuestal, en el año. Eso fue prácticamente un éxito, porque habían dicho: no hay nada. DLU: ¿Qué otras medidas están asumiendo, teniendo en cuenta que esos 750 millones aún son insuficientes? A.D: En este momento se está tramitando una estampilla ante el Congreso, ampliación de la estampilla que ya existe, para obtener ahí una fuente de ingresos. Ya pasó el primer debate en la Cámara de Representantes. Hoy en día no están creando ningún tipo de estampillas, pero ¿por qué pasó la nuestra? Porque se dijo que no era creación sino ampliación, ya que la estampilla ya fue creada hace tiempo, para 30 mil millones, dinero que ya se agotó. Eran como 2 mil millones de pesos los que llegaban cada año por estampilla. Ahora se tramita una ampliación de 30 mil a 300 mil millones; por esa vía de ampliación es que ha pasado en el Congreso, ahora va a plenaria, en la Cámara, luego al Senado. La idea es que este año tengamos noticias positivas al respecto. El otro elemento es la venta de servicios, acá se creó una unidad de Proyectos Especiales, gente dedicada a ir a buscar proyectos y mirar qué convenios puede hacer la Universidad y generar algunos recursos, al tiempo que se adquiere una experiencia: un profesor que lidere un

proyecto de estos está enriqueciendo sus conocimientos para después aplicarlos en su docencia, que no sea un profesor encerrado en cuatro paredes sino que también conozca y comprenda las dinámicas externas a través de estos proyectos. DLU: ¿Hay algún tipo de expectativa respecto a posibles aportes financieros a la Usco por parte de la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva? A.D: Expectativas sí tenemos, pero al mismo tiempo debemos mirar la realidad. En particular la Alcaldía de Neiva ha informado que tiene un déficit de 12 mil millones de pesos. La disminución de los recursos por regalías petroleras afecta a la Alcaldía y la Gobernación del Huila. Ahora bien, estamos gestionando proyectos conjuntos con ambos entes territoriales, y los recursos que se puedan conseguir con estas iniciativas deben servir para financiar proyectos de inversión. Sin embargo, nuestro principal problema financiero tiene que ver con los gastos de funcionamiento. No se podría, por ejemplo, pagar honorarios de docentes o catedráticos, con recursos de regalías petroleras. DLU: En el caso de las sedes de la Universidad, ¿cómo enfrentan esta situación de crisis financiera? A.D: Con las sedes nos surge la misma inquietud: ¿cómo atender sus necesidades? Las sedes surgieron por una decisión política hace 15, 20 años, no producto de una planeación. Durante todos estos años lo que se ha hecho es utilizar el presupuesto de Neiva para financiar a las sedes, las cuales han crecido y tienen las mismas demandas y necesidades que tenemos en la sede central de Neiva: funcionamiento, bienestar, docentes, laboratorios… es una paradoja, como cuando se tiene una empresa y los gastos crecen y los ingresos disminuyen. Les estamos diciendo a los profesores que viajan a las sedes a dar clases y que desde luego cobran viáticos:

Entrevista Déficit de universidades públicas en el país Universidad Nacional Universidad de Antioquia Universidad del Valle Universidad de Caldas Universidad de Córdoba Universidad del Tolima Universidad Distrital Universidad Surcolombiana Universidad del Chocó Universidad de Quindío

70 mil millones de pesos 55 mil millones de pesos 28 mil millones de pesos 18 mil millones de pesos 16 mil millones de pesos 10 mil millones de pesos 9 mil millones de pesos 8 mil 500 millones de pesos 7 mil millones de pesos 3 mil millones

Fuente: Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU.

entiendan la situación, los recursos están limitados… lo ideal es que existiera una fuente de docentes en Pitalito, que ya es una ciudad con cierto desarrollo. Eso ayudaría a reducir el gasto. DLU: La financiación debería ser directamente proporcional a las nuevas exigencias del Gobierno Nacional en materia de calidad, lo cuál no ha sido así, como se evidencia en el reciente decreto 2450, en el cual se le exigen unas condiciones a los programas de licenciatura pero no se plantean soluciones financieras para cumplir con esto. ¿Cuál es la posición de la administración de la Usco con respecto a la lucha que hoy lidera la comunidad universitaria en contra de este decreto? A.D: Todo lo que tenga que ver con la afectación económica de la Universidad, es preocupación de las directivas, cómo proteger la economía de la Usco para hacer viable su funcionamiento. Entonces, hay un decreto que afecta esta economía, desde luego debemos decir que no estamos de acuerdo con ese decreto; si las exigencias para la acreditación de los programas de las licenciaturas demandan inversiones que no están al alcance, pues no podremos cumplir y en ese caso se

pondría en riesgo la continuidad de los programas, por lo tanto estaríamos apoyando las iniciativas que hagan visible una inconformidad frente a estas exigencias, si no hay un respaldo económico que las acompañe. DLU: ¿Entonces la Administración estaría dispuesta a apoyar la lucha de los estudiantes? A.D: Si el pensamiento de los funcionarios de la administración es buscar fuentes de financiación, y si una movilización le da visibilidad a un déficit, absolutamente. También debe haber un pronunciamiento del Consejo de Facultad, del Consejo Académico, y también habrá que llevar esto al Consejo Superior. Allí hay representantes de la Ministra y del Presidente. Y lo otro clave es la movilización y la protesta social. El panorama es complicado. Pero, por otro lado, también hay que tratar de medirnos en gastos, un uso racional de los recursos que tenemos y que alcance para la mayoría. Acá quiero resaltar algo: debería nacer también desde la comunidad universitaria, la exigencia de que todos le cumplamos a la Institución; nada sacamos con conseguir más plata si no la utilizamos correctamente.

Asamblea de la Facultad de Educación. Estudiantes y profesores analizan el impacto del Decreto 2450

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Huilenses rechazan construcción de una nueva hidroeléctrica La negativa de una nueva construcción sobre el afluente del río Magdalena fue decisiva. En la movilización del 14 de Marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, habitantes de diferentes municipios del Huila reiteraron su posición de no más hidroeléctricas en este departamento, por parte de Emgesa u otra multinacional, y se logró que el Gobierno Nacional anunciara la no construcción de más represas en este territorio. Por: Karol Pérez

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la fecha, el denominado proyecto Hidroeléctrico Oporapa se encuentra detenido. Pese a que desde el 2012 Emgesa, por medio de su representante legal, Lucio Rubio, le había solicitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un pronunciamiento sobre la necesidad de presentar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas para el proyecto, hoy no existe ningún documento que soporte que algún proceso de permiso se esté adelantando con estas obras. Según Carlos Alberto Cuéllar Medina, director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

(CAM), frente a la solicitud del proceso de estudios preliminares por parte de la multinacional, lo que hasta el momento se tiene es una certificación de parte de la ANLA, en la que se evidencia que el proyecto de construir la hidroeléctrica Oporapa no cuenta con una solicitud dentro de esta entidad, lo que tiene paralizadas las obras. “Emgesa no está construyendo nada, aquí tiene que pasar primero por toda la parte de los permisos ambientales, tienen que adelantar toda la parte de socialización…hasta el momento no existe ninguna solicitud al respecto según lo que nos certificó ANLA hace alrededor de dos meses”, manifestó el director de la CAM.

El proyecto Oporapa

Hidroeléctrico

El embalse que se construiría al sur del Huila por parte de la multinacional española, estaría superando las 4 mil hectáreas, y abarcaría seis municipios del Departamento. Además de Oporapa, otras regiones como Pitalito, Saldoblanco, Tarqui, Isnos y Elías, se verían afectados directamente tras la puesta en marcha de este proyecto que hace parte del Plan Máster de aprovechamiento del río Magdalena, y que desaparecería al municipio de Elías en su totalidad. Con esta obra se hablaría de un

total de 49 veredas las que serían inundadas como consecuencia de la hidroeléctrica que estaría despojando 13.677 habitantes de las zonas de influencia del embalse, según una encuesta realizada en el año 2012 por Podion, una ONG encargada de ayudar los sectores que sufren por amenazas extractivas y de desarrollo. Frente a este estudio, Podion logró constatar que aquellas personas afectadas de manera inmediata por la hidroeléctrica, se verían obligadas a efectuar un proceso de migración hacia centros poblados del territorio huilense, como el casco urbano de Pitalito y Neiva; e incluso por fuera del Departamento como Bogotá, hasta donde llegarían a instalarse las poblaciones expulsadas por Emgesa.

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En diálogo con el periódico Desde La U, los habitantes de las zonas que posiblemente se verían afectadas por la construcción de la represa, aseguraron que además de abandonar sus tierras, el nuevo embalse los obligaría a alejarse de sus oficios en el campo donde perderían sus cultivos de café, granadilla, mora, lulo, cacao, y hasta la pesca en el río Magdalena, afluente que se convertiría en un espejo de agua, generando temperaturas más altas con el paso del tiempo. “La Hidroeléctrica Oporapa causa impactos muy grandes porque este municipio tiene fallas geológicas enormes en las que podría incluso derrumbarse la población entera… ya causa un enorme revuelo en toda la región porque las personas viven de las tierras, son campesinos cultivadores, y en el momento en que se inunde, muchos habitantes se verían amenazados al perder 2.200 hectáreas en la población, además de las otras represas que están proyectadas para el sur del Huila”, aseguró Robinso Sánchez, uno de los afectados y quien dirige el movimiento Asonare, de la vereda Paraguay en Oporapa, afirmando que la construcción de la hidroeléctrica, estaría causando un daño psicológico en el territorio, “las personas no saben qué hacer, tienen miedo, ya no están pensando sino en saber para dónde se van porque la inundación no deja ningún cultivo, es lo mismo a lo vivido en Betania y El Quimbo”. Por su parte, Caterine Vigoya Pertuz, presidenta del movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio, denunció la extraña presencia de avionetas que día y noche se han visto sobrevolar por el territorio que se inundaría a futuro, y expresó, “esto también afecta la comunicación entre las poblaciones, el transporte de alimentos de un lado a otro…con esto queda un territorio caliente y se

Los pobladores del Huila, principalmente del sur, se niegan a que en el Departamento se construyan más hidroeléctricas.

estaría amedrentando y ofreciéndoles mínimos precios a los pobladores para que desalojen el territorio.

Hay una estrategia perversa de Emgesa, está presionando a los campesinos para que le vendan tierras bajo la amenaza de que no dárselas ahora, implica la expropiación y el desalojo como ocurrió con El Quimbo”. Miller Dussán.

puede comprobar con el proyecto El Quimbo. El Magdalena lo concebimos como un ser vivo que tiene zona baja, media y alta, y cuando se hace un embalse el agua cambia, se vuelve en un espejo de agua porque se quitan los árboles, se calienta más la parte de arriba que la baja, eso hace que los peces se mueran”. ¿Compra de predios y amenazas a campesinos por parte de Emgesa? Como una estrategia perversa consideró el académico de la Universidad Surcolombiana, Miller Dussán, la visita de la multinacional a las posibles zonas de influencia de la hidroeléctrica Oporapa, donde según el representante de Asoquimbo, además de realizar estudios de impacto ambiental, Emgesa estaría ejerciendo presión de manera ilegal a los campesinos para que accedan a vender sus tierras. Así se lo contó a Desde La U Dussán Calderón, quien afirmó que las comunidades de las diferentes veredas que se estarían viendo afectadas por la construcción de la represa, están siendo sometidas a amenazas por parte de la empresa española, que sin licencias previas,

“Hay una estrategia perversa de Emgesa, está presionando a los campesinos para que le vendan tierras bajo la amenaza de que no dárselas ahora, implica la expropiación y el desalojo como ocurrió con El Quimbo”, expresó Miller Dussán. Según los habitantes de las áreas que se verían afectadas, al parecer los predios estarían siendo comprados por un terrateniente quien al tenerlos bajo su propiedad, procedería a venderlos a la multinacional, que posteriormente daría inicio a las labores de construcción sobre las cerca de 4 mil hectáreas estimadas, sin la necesidad de sacar a la comunidad a la fuerza como sucedió con la Central Hidroeléctrica de El Quimbo. Ante este posible panorama denunciado por la misma comunidad de estas zonas del sur del Huila, el director de la CAM, Carlos Alberto Cuéllar también se pronunció al respecto, y aseveró que pese a los rumores de una presunta intervención por parte de Emgesa, afirmó no tener información que evidencie que la empresa efectivamente esté involucrada en la negociación de tierras. “No tengo ninguna certeza de eso, de que la multinacional esté comprando en este momento títulos de propiedad en la zona donde supuestamente quedaría el embalse, no tenemos nada oficial relacionado con este tema”, aseguró Cuéllar Medina, agregando que lo único que ha recibido esta entidad ambiental, son informaciones preliminares sobre las áreas de supuesta intervención. Acciones por parte de la Universidad Surcolombiana Frente al proyecto Hidroeléctrico Oporapa, el representante de Asoquimbo, Miller Dussán, manifestó que desde la Universidad Surcolombiana ya se está trabajando con un

macroproyecto que a pesar de encontrarse en la tercera fase, ha permitido realizar un acompañamiento permanente desde el punto de vista de afectaciones psicosociales, jurídico, comunicativo y organizativo. Así mismo, aseveró que a la fecha se cuenta con la organización de varios comités de resistencia, entre ellos, el del Macizo Colombiano, la Defensa del río Magdalena de Oporapa, el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio de Pitalito, y el Movimiento por la Defensa de los Ecosistemas de Guadalupe, con los que se le ha exigido no solo al Gobierno Departamental, sino Nacional, la suspensión de ampliar el río Magdalena y la represa que se tiene pensada construir en el sur del Huila. “Lo que tenemos como universidad, es el llamado macroproyecto de acompañamiento hacia todas las organizaciones afectadas por la cuenca del río Magdalena. Con el macroproyecto ya tenemos 15 comités -hacia el centro y norte-, con los que luego de la manifestación del pasado 14 de marzo, se logró sacar un decreto presidencial, afirmando la no construcción de más represas en el Huila”, expresó el académico. De igual forma, Robinson Sánchez, dirigente de Asonare, resaltó la manifestación adelantada el pasado 14 de marzo, día mundial por la defensa de las aguas y contra las represas, con la que se hicieron las respectivas exigencias al Gobierno, en conjunto con cinco alcaldes en representación de los municipios afectados del sur del Huila, y algunos líderes de los movimientos sociales. “Pensábamos realizar un plantón indefinido, pero finalmente decidimos hacer una reunión ese día sin hechos violentos. Lo que propusimos fueron tres compromisos: organizar una reunión con el Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; el Gobernador del Huila; algunos representantes sociales de nosotros, para buscar una respuesta al decreto departamental, que lo que ellos vienen diciendo es un discurso con respecto a que no van a permitir más represas mineroenergéticas”, dijo Sánchez. Frente a este encuentro, el Gobierno Nacional definió a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que no se construirá más centrales generadoras de energía en el departamento del Huila. “Me permito ratificar lo expresado verbalmente en la reunión realizada en la ciudad de Neiva el pasado 3 de marzo del presente año, referente a que no se construirá durante el Gobierno del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ninguna represa hidroeléctrica adicional en el Huila”, anunció en un comunicado el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri.

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Según el académico, hacer la hidroeléctrica Oporapa implicaría afectaciones no solo para el Huila, sino también al planeta en su conjunto como lo estableció la ONG Podion, que tras conocerse estos resultados, recomendó suspender por completo el proyecto, que aunque no ha comenzado a generar ningún tipo de impacto negativo, sí ha causado entre los pobladores el miedo a una enorme afectación.

Fotos: Corporación Podion.

“Los impactos de la represa son exactamente los mismos a los de El Quimbo. En este caso hay algo muy específico y es que en toda esa zona donde están los ríos Oporapa, Guarapas, y donde piensan hacer las nuevas represas del plan máster -que en su totalidad son tres las que se quieren implementar-, están reconocidas a nivel internacional como zonas protectoras de la biosfera”, dijo Miller Dussán Calderón, representante de Asoquimbo.

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¡La vida no s FotoMarcela Giraldo Gómez

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se represa!

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El deterioro de la Cuenca baja del río Las Ceibas Por: Alejandro Poveda

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as autoridades ambientales de Colombia auguran que El Fenómeno del Niño no dará tregua hasta mediados del presente año. Los meses de Enero, Febrero y Marzo, según los reportes meteorológicos, han sido muy difíciles debido las altas temperaturas. En la capital huilense el termómetro ha marcado en promedio 35 grados centígrados, afectando las zonas de montaña con incendios forestales y el flujo de líquido en la cuenca del Río Las Ceibas que abastece el acueducto de la ciudad, según las autoridades. Pero, ¿hasta dónde es responsabilidad del Fenómeno del Niño, el estado actual de la Cuenca? El Río Las Ceibas se constituye en la principal fuente hídrica potable en Neiva. La cuenca de Las Ceibas se extiende desde el cerro Santa Rosalía, donde alcanza una altura máxima de 3.150 msnm. La cota más baja está a una altura de 430 msnm en inmediaciones de la Comuna 10, la Comuna 5, la Comuna 3, la Comuna 2 y la Comuna 1, área urbana de la ciudad de Neiva. En 35 años

(1980 - 2015) el caudal promedio del río, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), ha pasado de 4.5 metros cúbicos por segundo a 3.0 en las mejores condiciones de su caudal, según ha expresado Javier Cardoso Gutiérrez, director del Proyecto Río Ceibas; situación que se ha tornado más aguda a raíz del Fenómeno del Niño que redujo el caudal a 2.0 metros cúbicos por segundo, un promedio histórico que puso al municipio en estado de alerta. Ante el impacto del Fenómeno del niño, las acciones de autoridades como la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM; Empresas Públicas de Neiva, EPN; la Secretaría de Medio Ambiente Municipal y la Gobernación del departamento se han intensificado en la protección de la Cuenca que sufre históricas problemáticas. “Desde que arrancó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río las Ceibas, en el 2007 a la fecha, lo prioritario ha sido la conservación de la zona de reserva en la parte alta, zona de recarga hídrica que

Lo que más preocupa es que las Ceibas le está entregando a EPN casi el doble del agua requerida por habitante, le estamos dando agua para un millón de habitantes, y se pierde más del 50% en el sistema de repartición que tiene la empresa’’. Teófilo Avellaneda

tiene un área de 15.400 hectáreas”, explica el director del Proyecto Río Ceibas. Hasta la fecha en el área en mención han sido objeto de compra por parte del plan 7.400 hectáreas, predios donde la autoridad ambiental y la administración municipal realizan actividades de reforestación, aislamientos y la revegetalizacio-

nes naturales para garantizar “un colchón en las zonas de recarga que nos absorba el agua y la vaya liberando poco a poco, lo cual garantiza el caudal del Río”, agrega el funcionario de la CAM. Para la Secretaria de Medio Ambiente de la ciudad de Neiva, Gloria Amparo Gutiérrez, los avances en materia de protección de la Cuenca alta han sido impactados por las problemáticas que se agudizan en la zona media y baja del afluente. ‘‘Hay cuenca alta, media y baja. La alta, en medio de sus dificultades por personas inescrupulosas que nos meten ganado a la zona de reserva, y por otras que cultivan lo que no deben (lulo con venenos muy fuertes que contaminan el agua que consumen los neivanos), está en buen estado. En la cuenca media hay más problemas por presencia de ganado y menos predios comprados. Y cuando llegamos a la cuenca baja, donde tenemos la bocatoma El Guayabo y la bocatoma El Tomo, nos encontramos que están los problemas más graves del Río, allí sufre los peores maltratos: bañistas en paseo de olla que van

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Gloria Amparo Gutiérrez, Secretaria de Medio Ambiente de la ciudad de Neiva.

Para los pobres ríos es una desgracia pasar por una ciudad que no los ame, como el caso de la nuestra. Hasta la bocatoma el río viene bonito, de ahí para abajo se muere y pasa un hilito. Falta de cultura ambiental en la gente”. Gloria Amparo Gutiérrez.

Aunque la responsabilidad por el cuidado de Las Ceibas recae en cada uno de los 400 mil habitantes de Neiva, Teófilo Avellaneda, residente de la zona rural de la cuenca, considera que ‘‘lo que más preocupa es que Las Ceibas le está entregando a Empresas Públicas de Neiva, EPN, casi el doble del agua requerida por habitante; le estamos dando agua para un millón de habitantes, y se pierde más del 50% en el sistema de repartición que tiene la empresa”. ¿Quién controla eso? Oderay Gutiérrez, ingeniero de Empresas Públicas de Neiva, afirma que es importante aclarar que existe un índice de agua no contabilizada que consumen los 83 asentamientos subnormales de la ciudad, donde, según los cálculos de la Empresa, existen alrededor de 60 mil habitantes a quienes no se les factura el agua que consumen, “eso es un gasto de agua que se le tiene que garantizar como mínimo vital; esa agua no se ha contabilizado y no se va a contabilizar porque no justifica meterle infraestructura porque no pagan por ley o por norma. Nosotros podemos considerar que nuestras pérdidas por no pago se acercan al 30%’’, sostiene Gutiérrez de EPN. Frente a esta situación, la Secretaría de Medio Ambiente de Neiva ha expresado que sí tienen conocimiento y la Administración desde la EPN se encuentra realizando un diagnóstico que permita corregir las situaciones antes

mencionadas. Según el Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS - 2000), artículo 67, el consumo máximo diario de agua potable por persona, cuando el cauce del río es bajo, es de 150 litros. Mientras el Fenómeno del Niño da tregua y los proyectos sobre la cuenca avanzan, las labores de las comunidades en la parte alta se suman en el desarrollo de proyectos de recuperación forestal que implementa la CAM con relativo éxito. Esto quiere decir que cerca del 60% de este territorio ha debido ser desalojado por colonos y campesinos que habitaban la zona, “Muchos han tenido que irse porque ya no hay tierra dónde trabajar. Unos están esperando vender su pedazo; otros, ser objeto de reasentamiento y algunos más quieren quedarse con su tierra cambiando sus propias vocaciones agrícolas por unas sostenibles con el medio ambiente”, afirma el corregidor de Río Ceibas. El sentimiento general es que debe haber mayor protección de la cuenca por parte de entidades responsables como la CAM, encargada de expedir licencias ambientales; Empresas Públicas, quienes prestan los servicios de acueducto y alcantarillado, y en general, el Municipio porque la cuenca nace y muere en el territorio con proyectos como el Parque Ronda Ríos Las Ceibas; de igual manera, auspiciar y fortalecer la cultura y educación ambiental, que permitan a los habitantes de la Cuenca, y la ciudadanía en general, tomar conciencia en el cuidado y protección de la misma, redundando en el restablecimiento y fortalecimiento del río Las Ceibas y sus ecosistemas.

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Desde el Corregimiento de Río Ceibas, el corregidor Mario Escobar fue claro al señalar que aún con el impacto del Fenómeno climatológico, la situación por la que actualmente atraviesa el afluente con un caudal disminuido en un 50%, ‘‘solo es la consecuencia de las malas prácticas de esa cadena de acción-construcción-destrucción que imponen gobiernos como el de Colombia, a través del sistema de explotación de hidrocarburos y minero-energías que nos ha llevado a unos niveles de deterioro como el causado al Río Las Ceibas”. El corregidor sostiene que en la parte baja de la cuenca existen hace 15 años pozos petroleros y explotaciones de material para construcción; ‘‘prácticas nocivas con la vida”. Por otro lado, cabe señalar la falta de conciencia ambiental en gran parte de la sociedad de Neiva, la cual es también responsable de la sequía del Río Las Ceibas: “seguimos mirando el río de espaldas, solo como una fuente de abastecimiento de agua potable, como un producto y

no como un recurso vital, como un ecosistema estratégico que está vivo y da vida a la Ciudad, desde que nace en el cerro Santa Rosalía hasta que entrega tristemente sus estancadas aguas al río Magdalena”, enfatiza Escobar, corregidor en La Cuenca Alta.

Foto pasocoph.coop

a lavar el carro y a dejar basura, por ejemplo”, asegura Gutiérrez. A todas estas situaciones que afectan el curso natural del afluente, según la Secretaria ambiental del municipio, se suman los propietarios de fincas que extraen niveles de agua para sus cultivos por encima de la concesionada y acciones de drenaje sin permiso minero. ‘‘Para los pobres ríos es una desgracia pasar por una ciudad que no los ame como el caso de la nuestra. Hasta la bocatoma el río viene bonito, de ahí para abajo se muere y pasa un hilito. Falta de cultura ambiental en la gente”, agregó la funcionaria.

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Ciudad

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Medios de Comunicación y Acuerdos de Paz en Colombia Los medios masivos de comunicación han sido un actor protagónico, aunque “poco” visible, en el conflicto político, social y armado que vive Colombia hace más de 50 años. Hoy, próximos a firmar un Acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), es necesario preguntarse ¿cómo ha sido el cubrimiento que han hecho estos medios sobre las negociaciones en La Habana?, y ¿cómo deberían informar luego de la firma del Acuerdo? Por: Manuel Sebastián Perdomo Ramírez

E

l país debe continuar preparándose principalmente en materia de convivencia, ya que además se abre la puerta a un posible diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); pero muchos analistas concuerdan con una idea: el reflejo de lo que pensamos sobre los Diálogos de Paz es lo que los medios masivos de comunicación han puesto en su agenda mediática.

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Medios masivos de comunicación y construcción de paz La Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá D.C., realizó una serie de publicaciones en la revista Cuadernos de Paz a la Carta desde el año 2012, con el fin de “visibilizar y promocionar el conocimiento sobre la paz”. Son cinco cartillas las que han sido publicadas hasta el momento. En la primera edición, del mismo año, se aclara y resalta la labor periodística de los medios de comunicación:

“Los medios de comunicación han ido más allá y se han constituido como canales de transmisión de noticias, informaciones y opiniones que configuran el universo de actitudes, valores y juicios respecto al entorno social, político, económico y cultural en el que nos desarrollamos”. Los acontecimientos relacionados con las violencias han sido fuentes de información que los periodistas y corresponsales han utilizado para desempeñar su labor. Por esta razón, los diferentes medios de comunicación tienen una alta responsabilidad con la sociedad en su conjunto al ser los encargados de informar la verdad de los hechos y al tener un rol definitivo en liderar la opinión pública relacionada con la construcción de la paz y las diferentes formas de violencia. Con lo anterior, el abogado Leyder Humberto Perdomo, huilense egresado de la Universidad de Antioquia y conocedor de distintos procesos sociales en marco de la resolución de conflictos y convivencia para el desarrollo de los Derechos Huma-

cialidad inminente en el asunto.

Los medios de comunicación configuran el universo de actitudes, valores y juicios respecto al entorno social, político, económico y cultural en el que nos desarrollamos”. - Cuadernos de Paz a la Carta, edición 1

nos, cuando colaboró en el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Antioquia, agrega que una “percepción global sobre la forma en que los medios de comunicación tratan la salida negociada al conflicto armado entre las FARC - EP y el Gobierno Nacional, pasa por cómo aquellos se posicionan políticamente en ese marco”. Es decir, el papel de los medios masivos de comunicación depende de si defienden o atacan el Proceso de Paz, pues existe una par-

El abogado Perdomo lo divide en tres criterios que definen si es “partidista o disidente” la posición que cada medio juega en su rol. El primer criterio es «la afinidad con “la paz”», el cual, para Leyder Perdomo, encierra a aquellos medios masivos que han abordado el tema, en sus políticas editoriales, con un interés por la perspectiva a “la salida negociada a la guerra”, donde son “abanderados y con sus artículos aclaratorios sobre lo acordado entre las partes”, desean la resolución del conflicto o, más allá, “defender al Estado”. Agrega que “es notorio el posicionamiento de estos medios, además de sus contenidos que develan el respaldo que ofrecen a la institucionalidad gubernamental… en la tonalidad” de sus textos respecto a los grupos insurgentes, particularmente a las FARC, que parecieran dar “consejos” a los guerrilleros, reconociendo su carácter político. Por otro lado, el profesor Fernan-

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Ciudad Foto elespectador.com

do Charry, encargado de la producción audiovisual en el programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana, afirma que “lo que se esperaba que hicieran los medios en el acompañamiento a lo que está pasando en La Habana, era un ejercicio pedagógico de lo que allí se adelanta, sin dejar de asumir la responsabilidad que compete como medio de comunicación”, pero para él “se quedó en el deseo porque no han dejado de cubrir la noticia como siempre lo han venido haciendo”. El profesor Charry dice sentir cómo a nivel nacional los medios no lo han hecho ni han asumido el compromiso de hacer una labor pedagógica que nos ilustre de lo que está pasando allá en La Habana, Cuba.

Los medios de comunicación son extensiones de centros de poder que operan, y actúan en consecuencia, con las excepciones que confirman la regla”. Luis Alfonso Mena

El periodista Mena explica que “ello es así porque buscan, por lo menos, un doble fin: incidir en la conciencia y en las decisiones de los miembros de las comunidades y satisfacer un afán de lucro que se funda en el mayor o menor grado de llegada de sus mensajes a esos conglomerados, dos objetivos que redundan en un propósito supremo: el mantenimiento del statu quo”, lo que convertiría a los medios en defensores únicos de la institucionalidad. Alfonso Mena aclara que no es un favor sino una obligación de los medios cumplir con las dos normas éticas generales mencionadas, que, además, en el contexto de la juridicidad colom-

biana, se hallan preceptuados también como normas constitucionales en el artículo 20 de la Carta Política colombiana, como lo son el hecho de que no puede haber paz si no hay democratización en el acceso a la información y a la creación de medios masivos de comunicación alternativa. Leyder Perdomo lo llama: «La afinidad con el Estado». Medios masivos de comunicación locales: reflejo directo de la agenda mediática nacional Fernando Charry plantea que “los medios locales pueden tener una diferencia con los nacionales por la posible cercanía que llegan a tener con el conflicto, pero la ciudad de Neiva, el contexto más cercano, tampoco hace pedagogía” de lo que ha ocurrido en Cuba en todo este proceso que “pronto será político”, según el profesor, “desde el panorama que pueda devenir”. Leyder Perdomo culmina con un tercer punto relacionado con ello: «El escepticismo de cafetería». Dice que están los medios que presentan a la insurgencia como el «enemigo», “son los que insisten en la «amenaza» que representan los grupos guerrilleros para el Estado y «para el país». Fernando Charry dice que “por eso algunos analistas sin miedo aseguran que los medios de comunicación hacen política, y son un partido político más”. Cómo cubrir los sucesos a partir del llamado “posacuerdo” En el Centro Nacional de Memoria Histórica, se publicó el 2004 un discurso realizado por Caracol Radio, Caracol Televisión, Casa Editorial El Tiempo, Confecámaras, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Revista Semana, llamado Medios de Comunicación y Conflicto Armado, en el cual dan a conocer que “la disyuntiva entre regulaciones de los Estados y autorregulación tiene un nuevo visitante: el ciudadano”.

Aunque los estados han desregulado las comunicaciones, los gobiernos siempre están tentados a revivir las regulaciones, perjudicando algunas libertades civiles fundamentales. Las pretensiones en este tema que se encerraban en el proyecto del llamado estatuto antiterrorista, eran una muestra que fue afortunadamente derrotada. Prohibir la movilidad de los periodistas, inhibir la información en los llamados teatros de operaciones, asimilar militarmente el oficio periodístico, canalizar la información hacia los medios o los periodistas afines, presionar a los medios locales… son prácticas criticables a través de las cuales el poder se desborda y los ciudadanos salen damnificados. La tesis El Diario del Huila y La Nación en medio del conflicto armado en el departamento: Una mirada al cubrimiento de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario 2007-2008, publicada en el 2011 por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana, Programa de Comunicación Social y Periodismo, pone en manifiesto, entre otras cosas, la realidad de la prensa local cuando ha enfrentado con distintas metodologías el trabajo de cubrir las “secuelas que dejan las acciones bélicas para la población civil”. Es importante resaltar de aquí que el trabajo periodístico es “ambiguo y peligroso” por lo que puede significar que este, en cualquiera de las posibilidades, “sea amenazado”. Sin embargo, las limitaciones en el ejercicio periodístico no solo son del interés del medio de comunicación sino que dependen de la agenda mediática que en cada discurso se emite y donde el portavoz es el Presidente de la República del momento. Aunque la tesis trate sobre todo del cubrimiento a las violaciones de los Derechos Humanos y la mirada del Diario del Huila y La Nación a estos casos, también se subraya que básicamente el involucramiento de los medios masivos de comunicación, en el caso del departamento del Huila y entre el 2007 y el 2008, y en un contexto determinante

por sucesos como la desmovilización oficial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como organización militar, y continuidad política de un referente de derecha como Álvaro Uribe Vélez, hace que tal inmersión de los medios les dé el poder de indicar quiénes son las víctimas del conflicto armado, y así se disponga su distribución de la información solo en palabras del “agente de prensa”, quien, según el Diccionario de la Lengua Española, “es la persona que trabaja para lograr publicidad para un individuo, organización, etc.”, es decir, se continuaría la tradición de defender la institucionalidad a partir de los criterios políticos que cada agenda mediática consigne. Así las distintas opiniones, la responsabilidad no se limita a quedarse solo en la transmisión de noticias relacionadas con la confrontación violenta, sino que deben mirar en perspectiva hacia los hechos que desde planos locales, regionales o nacionales apuntan a contribuir a la construcción y consolidación de la paz. Esto quiere decir que la manera en que los diferentes medios de comunicación presenten la información que tienen es también un desafío importante para el logro de la paz, en la medida en que son ellos quienes tienen la posibilidad de influir de manera positiva o negativa en la opinión pública, lo cual, sin duda, es fundamental para que los procesos de construcción de paz se visibilicen o se mantengan inadvertidos.

La responsabilidad de los medios no se limita a quedarse solo en la transmisión de noticias relacionadas con la confrontación violenta’’.

Desde La U / 15

Luis Alfonso Mena, periodista y abogado egresado de la Universidad Libre de Cali, especializado en Derecho Administrativo de la Universidad de San Buenaventura, y magíster en Historia, en la Universidad del Valle, en el ensayo Una reflexión sobre el papel de los medios en el conflicto armado y el proceso de paz, publicado en su blog y reproducido en radiomacondo.fm, señala con firmeza que “no hay que llamarse a engaños: los medios de comunicación son, en sus líneas estratégicas, extensiones de los centros de poder en que operan, y actúan en consecuencia, con las excepciones que confirman la regla”.

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Foto Manuel Sebastián Perdomo

Neiva

Algunos jóvenes de la Institución Educativa Normal Superior de Neiva, también participaron en la socialización del Plan de Desarrollo del alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, en el colegio Liceo Santa Librada.

Juventud y Educación, dos aspectos a tener en cuenta en el Plan de Desarrollo Municipal Lara Sánchez es enfatizar en políticas de inclusión del joven, donde la educación sería el factor principal para fundamentar cualquier postura planteada.

Por: Juan Sebastián Arias Palomá.

Desde La U / 16

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odrigo Lara Sánchez, actual alcalde del municipio de Neiva, dio apertura este mes de marzo a la socialización de su plan de gobierno, “La razón es la gente”, por las diferentes comunas de la ciudad, con la intención de priorizar temáticas, que administraciones pasadas poco o nada tuvieron en cuenta, para construir una ciudadanía con mayor participación a la hora de desarrollar sus políticas de gobierno. Maryeli Pérez, Directora de Juventudes de la Alcaldía de Neiva, y Yamid Sanabria, presidente del Consejo Municipal de Juventudes, junto con organizaciones sociales, están de acuerdo en que lo mejor para el

Los jóvenes están entendiendo su papel en el municipio que es la construcción de territorio y que va más allá de una lista de mercado” .

Juan Yamid Sanabria.

desarrollo de la administración de

En este marco, el periódico Desde La U presenta algunas percepciones de distintos líderes sociales respecto a una política pública que pretende priorizar la educación para la juventud. Según la definición de grupo de investigación y proyección social (CREA) adscrito a la Facultad de Economía y Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana, entendemos por política pública de inclusión como un conjunto conformado por uno o varios objeti-

vos colectivos considerados necesarios para una organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales, o colectivos, para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. Carlos Salazar Vargas, gestor de políticas públicas, en su libro Políticas Públicas, plantea que “las instituciones gubernamentales y no gubernamentales piensan que toda política pública dentro de un Estado consiste en identificar los actores que intervienen en el proceso de definición, decisión e implementación de una política que pretenda situar a la luz pública los intereses, posiciones y objetivos de dichos actores”. ¿Qué papel juegan los jóvenes en las políticas públicas?

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Neiva

Juventud

Santiago Peña, integrante del Consejo Municipal de Juventudes, plantea que es pertinente que el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la ley estatutaria 1622, avale la participación de los jóvenes entre los catorce y veintiocho años por intermedio de asambleas en el Concejo de Neiva. Con el objetivo de cumplir esta iniciativa, la Mesa Unidad de Juventudes se planteó un cronograma de trabajo que dio apertura el 25 de febrero pasado en la Biblioteca Departamental, Olegario Rivera. Allí, desarrolló una Mesa de Concertación para que la comunidad en el rango de edad entre catorce y veintiocho años, presentara sus propuestas con el fin de que el gabinete municipal consolide una asamblea juvenil generadora de insumos; esto posibilitó un segundo encuentro el 17 de marzo en el auditorio del parque metropolitano de la comuna diez. Juan Yamid Sanabria, presidente del Consejo Municipal de Juventudes, plantea que, si bien Neiva es de las ciudades pioneras en la creación de la dirección de juventudes, existe una preocupación, y es que lo estipulado en el Plan de Gobierno de Lara Sánchez no se está desarrollando como se esperaba, ya que en la segunda reunión de la mesa de concertación, realizada el 17 de marzo en la comuna diez de Neiva, el gabinete del burgomaestre llegó con la misma información recolectada durante la primera mesa de concertación, hecho que imposibilitó avanzar en la discusión de sus problemáticas.

El compromiso de nosotros como ediles es convocar a la comunidad para que conozca porque se está luchando”. María Nuby Sánchez.

Fechas claves de participación de la comunidad con el Plan de Desarrollo Municipal

María Nury Sánchez, presidenta de los ediles de la Comuna Uno.

Por otro lado, el Consejo Municipal de Juventudes se encuentra a la expectativa de consolidar un Servicio Social para la Paz (SSP). Este se fundamenta en la sentencia 879 del 2011, que busca medidas para que las personas que no hayan resuelto su situación militar puedan hacerlo. Creación de una Secretaría de Juventudes Para Maryeli Pérez, la Alcaldía debería darle prioridad al Estatuto de

La Alcaldía debería darle prioridad al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que implica que el municipio de Neiva deba crear una Secretaría de Juventudes para priorizar las problemáticas de los jóvenes, que desde una Dirección no es posible hacer por falta de presupuesto” .

Maryeli Pérez.

Ciudadanía Juvenil, que implica que el municipio de Neiva deba crear una Secretaría de Juventudes para priorizar las problemáticas de los jóvenes, que desde una Dirección no es posible hacer por falta de presupuesto. Para la Dirección de Juventudes es preponderante cumplir los lineamientos del Sistema Nacional Juventudes como Colombia Joven, que busca la conformación de Asambleas y plataformas para las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes. En cuanto a los modelos formativos de educación para la juventud que corresponden a la primera infancia, Jorge Ulises Mancilla Chilito, Líder de Planeación Educativa de la ciudad de Neiva, manifiesta que en el marco de edad de cinco a diecisiete años se gestan recursos por intermedio del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) gracias a la ley 115. Respecto a los menores de cinco años se contempla la estrategia nacional “De Cero a Siempre”, que destina recursos para Hogares Sustitutos y el Comité para la Democratización de la Informática (CDI), para mitigar las necesidades de los menores vulnerables y de escasos recursos. María Nuby Sánchez, Presidenta de Ediles de la comuna uno, la Asociación de Junta y la Junta de Acción Comunal, manifestaron su alegría al evidenciar la participación activa de la comunidad al asistir a las convocatorias realizadas, donde la misma participó y se apropió de las necesidades de su entorno.

El 23 de Febrero, fecha de la primera reunión, solo asistió la comunidad de invidentes y discapacitados para la creación de un polideportivo sonoro apropiado para su uso. El primero de Marzo, día de la socialización de Plan de Gobierno con la comunidad, fue exitoso para la presidenta de Ediles, Nuby Sánchez, porque con recursos propios, como un megáfono y perifoneo, los Ediles y representantes de las Juntas de Acción Comunal recorrieron todos los barrios que competen a la comuna uno para que notaran la importancia de asistir a esta reunión para exponer sus problemáticas y consensuar soluciones. El 18 de Marzo la comunidad se reunió con Carlos González, Coronel de la Policía Nacional, para discutir la situación de orden público del sector. Durante la reunión, la comunidad manifestó la necesidad de mayor presencia de la fuerza pública, pues la falta de alumbrado ha propiciado la inseguridad y delincuencia, factor clave en la pérdida de interés en temas de desarrollo comunitario. Este tema resulta preponderante para que la administración de Rodrigo Lara Sánchez ejecute con firmeza, teniendo presente leyes como la 1622 de 2013 que establece un marco institucional para que los jóvenes ejerzan el pleno derecho de ciudadano y así puedan participar e incidir en el contexto social, económico, cultural y democrático de Colombia. En un posible escenario de posacuerdo, temas como la educación y la juventud, junto con otras más, son fundamentales si queremos ir avanzando en una Colombia en paz con justicia social.

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Los jóvenes, segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente. Comprendemos a la generación de los 90’, joven activo hoy en día, que tiene la tarea de generar políticas públicas necesarias para acabar con el tradicionalismo de personas que deberían ceder sus curules a nuevas iniciativas diplomáticas para retroalimentar la democracia, en este sentido, para el municipio de Neiva. Bajo estos “principios”, el Consejo Municipal de Juventudes de la ciudad de Neiva espera que la actual administración local les promueva una comisión o mesa de concertación donde puedan discutir y proponer salidas a sus problemáticas más sentidas, una especie de red comunicativa que genere interlocución entre los jóvenes del municipio que ayude a bajar la tasa de embarazos no deseados (14.36%) y la conformación y/o participación en pandillas (17.26%), factores que evitan que la juventud neivana de desarrolle a plenitud.

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Foto www.usergioarboleda.edu.co

Neiva

Usco fortalece servicios jurídicos y psicológicos para los neivanos El Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación y la Unidad de Servicios de Atención Psicológica, USAP, de la Universidad Surcolombiana, cuentan ahora con una nueva sede ubicada en el Centro Comercial Los Comuneros, la cual les permitirá ampliar cobertura y optimizar sus servicios de proyección social a la comunidad neivana. Por: Juan Guillermo Soto Medina

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a nueva sede, que contó con una inversión de $233.295.000 y que antes se ubicaba en una pequeña casa en el barrio El Altico, ahora quedará en el segundo piso del Centro Comercial Los Comuneros, en el corazón del centro de la ciudad; allí, no solo estará más cerca de la comunidad y de sus problemas sociales, sino también de otras instituciones, ubicadas en el mismo Centro Comercial, como la Dirección de Justicia Municipal; oficinas de Control Urbano y Espacio público, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de Servicios Públicos. ¿Cuáles son los servicios de proyección social que prestan el Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación y la USAP?, ¿a quiénes están dirigidos?, ¿qué expectativas tienen con sus nuevas condiciones de funcionamiento? Al respecto, Desde La U habló con los directores de estos centros y con algunos de sus usuarios. Consultorio Jurídico Es una entidad que presta una función social, especialmente, a la población de estratos uno y dos, para

quienes el servicio es completamente gratuito. De tal forma, se prestan asesorías en áreas de familia, penal, civil, laboral, “y además actuamos como abogados defensores en algunos procesos que están determinados en las normas internas de la Universidad”, afirmó Alberto Polanía, director del Consultorio. Según la estadística del 2015, en ese año el Consultorio atendió a unos 2380 usuarios; “con esta nueva sede aspiramos a tener una cobertura de unos 5000 usuarios en el año. Queremos potencializar esa tarea social que viene haciendo la Universidad y esperamos entregar unos buenos resultados a final del año”, agregó Polanía. Actualmente el Consultorio tiene seis asesores, estudiantes de los últimos semestres del Programa de Derecho; sin embargo, para cumplir con las expectativas que se tienen para este año, esta cifra se ampliará a diez asesores. Centro de Conciliación Diana Marcela Ortiz, directora del Centro, afirma que la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que es anterior a los proce-

sos judiciales, “no vamos al proceso sino a la conciliación; es un escenario en donde las personas pueden de manera autónoma, independiente, con el acompañamiento de un conciliador, resolver un conflicto en muy poco tiempo, sin necesidad de ir al proceso. La ventaja es que nos evitamos un proceso de cuatro u ocho años por uno muy sencillo, en cuanto al lenguaje y procedimiento, pero muy efectivo. Una parte cita a la otra y se ponen de acuerdo en su conflicto”. Aunque estas dependencias, los Centros de Conciliación, no son populares en el imaginario colectivo como los consultorios jurídicos, sin duda se constituyen en una poderosa y eficaz herramienta para la solución de los problemas sociales de naturaleza jurídica. Su función es realizar audiencias para resolver los conflictos entre personas de los estratos cero, uno y dos de la ciudad, en torno a diferentes temas y problemáticas y bajo unas cantidades establecidas por la ley: “La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de conciliación será de treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 smlmv)”, señala el artículo 26 del decreto 2829 del año 2013, en relación a

los Centros de Conciliación. Al igual que con el Consultorio Jurídico, la idea es que el Centro de Conciliación amplíe su cobertura. Por lo general se realizan 300 audiencias; sin embargo, puesto que el Centro constituye uniones maritales de hecho para acceder a subsidios de vivienda, y debido a que salió una convocatoria para vivienda por parte de Comfamiliar, empresa con la que el Centro estableció convenio, el semestre anterior se hicieron 800 audiencias. Con esta nueva sede, en donde contarán con tres salas, “yo espero que podamos llegar a unas mil audiencias al semestre. Y no hay que olvidar la cantidad de beneficiarios indirectos que pueden a ser unas 2000 personas, puesto que cada conflicto, mínimo, tiene un acompañante”, asegura Ortiz. Por otro lado, el Consejo Superior y el Académico de la Surcolombiana, recibieron una propuesta por parte del Centro de Conciliación para prestar otro servicio llamado Insolvencia Persona Natural no Comerciante. Es un trámite especial que la legislación colombiana entregó a los centros. Consiste en que la persona que esté en mora del pago

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Unidad de Servicios Especiales de Atención Psicológica, USAP Según la Coordinadora del proyecto de la USAP, Claudia Ivone Gaitán, profesora del Programa de Psicología de la Universidad Surcolombiana, a través de la Usap se aspira a brindar servicios de asesoría y atención psicológica tanto a la comunidad estudiantil universitaria como a la población vulnerable de la ciudad de Neiva, para lo cual se

Con todos los estudiantes de psicología, desde el primer semestre, se hace un seguimiento y diligenciamiento de una ficha psicológica donde tratan de identificar y evaluar todas las áreas de desarrollo, la parte personal, social, laboral, académica y a partir de ahí se identifica qué dificultades existen y qué asesoría se puede hacer para tratar de superar esas dificultades”. Claudia Ivone Gaitán

De izquierda a derecha: Pedro León Reyes, rector de la Universidad Surcolombiana; Juan Carlos Acebedo, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Claudia Ivone Gaitán, directora de la Unidad de Servicios de Atención Psicológica; Alberto Ducuara, Vicerrector Administrativo; Isabel Cristina Gutiérrez, Vicerrectora Académica; Sebastián Andrés Repizo, representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario; Hernando Gutiérrez, representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario.

requiere adelantar una serie de trámites previos. En la fase de preparación y trámite del proyecto, el servicio se ha ofrecido a los estudiantes del propio Programa: “con todos los estudiantes de psicología, desde el primer semestre, se hace un seguimiento y diligenciamiento de una ficha psicológica donde tratan de identificar y evaluar todas las áreas de desarrollo, la parte personal, social, laboral, académica y a partir de ahí se identifica qué dificultades existen y qué asesoría se puede hacer para tratar de superar esas dificultades”, afirmó Gaitán. De igual forma, la docente agregó que uno de los principales objetivos frente a la política de permanencia y graduación de la Usco es ese, tratar de identificar qué aspectos pueden hacer que los estudiantes terminen desertando de la Universidad, y tratar de anticiparse un poco a eso. En la actualidad, el proyecto Usap cuenta con la aprobación del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; asimismo, el Comité Central de Investigaciones le dio su aval con algunas recomendaciones de ajuste al documento. El trámite debe continuar este semestre ante instancias como el Consejo Académico y el Consejo Superior Universitario, las cuales le darían vida jurídica a la Usap mediante la aprobación del respectivo Acuerdo. Para llegar a la fase de poder prestar servicios de atención psicológica a la población vulnerable de la ciudad de Neiva, se requiere cumplir el requisito de la habilitación de la USAP ante la Secretaría de Salud. “Mientras se consigue la habilitación, nos dedicaremos a atender la población estudiantil del programa de Psicología y, progresivamente, de los demás programas de la Universidad”, concluyó Gaitán.

Héctor Lara Ortiz y María Ester Trujillo, usuarios del Consultorio Jurídico Yo había ido a varias partes, diferentes abogados y personas que me dijeron que viniera a este consultorio, que acá me podían ayudar. Nosotros somos del Caquetá, somos desplazados, vivíamos por los lados de Las Damas. Mi caso es que un hijo de mi esposa era del Ejército… y a él lo mataron. Él se había retirado, había recibido amenazas, a nosotros nos pusieron una granada en Florencia, en la casa, creían que ahí estaba él pero no, nos estalló a nosotros, nos lastimaron la cabeza, las piernas de ella, mejor dicho estamos vivos de milagro. Él ya había tenido atentados antes, cuando estaba en el Ejército. Luego lo asesinaron. Ya han pasado como siete años. Ya hemos apelado a la ley 1290, luego de que la 1448, que supuestamente la ley lo indemniza a uno en estos casos, pero lo negaron y dijeron que no estaba en el marco de la ley, y que para que fuera así debía haber pasado todo lo que prácticamente nos pasó: amenazas, atentados…, tenemos pruebas, testigos y comprobantes de todo eso. Es la época que el Gobierno no ha pagado nada. Para nosotros no hay nada, ¿me entiende?, solo pobreza, desalojo, no tenemos amparo de ningún Gobierno. Entonces por eso queremos ponerle una demanda al Estado y usted sabe que los abogados siempre le cobran a uno, o dicen que les pague con porcentaje, y nosotros estamos bajos de recursos… Ya afortunadamente acá en el Consultorio nos atendieron y nos dijeron qué hacer, cómo seguir el proceso y voy a ponerme a eso.

Alberto Polanía, director del Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana, y Diana Marcela Ortiz, directora del Centro de Conciliación de la misma Institución, en sus nuevas instalaciones ubicadas en el segundo piso del Centro Comercial Los Comuneros.

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de obligaciones, que perdió su empleo y no tiene cómo pagar, llama a sus acreedores para negociar con ellos. Ahí lo acompaña un conciliador. En Neiva hay dos tipos de centros de conciliación. Por un lado está el de la Cámara de Comercio, que es remunerado; y por otro lado, el de la Universidad Surcolombiana, que es gratuito. Entonces, para este tipo de trámites de insolvencia, cuando el deudor es una persona que tiene muchos recursos, estrato alto, va a la Cámara; “en este momento hay gente que va a este lugar pero muchos están esperando a que el Centro de la Universidad brinde este servicio (y seríamos el único en el sur de Colombia). Y es que la gente dice: si no tengo plata, ¿cómo voy a pagar los honorarios en otro lugar?”, afirma Ortiz, y agrega que este servicio de insolvencia va a generar mucho interés porque “¿cuánta persona no ha perdido su empleo?, con acreedores encima, amenazas de demandas, ¿y quién le ayuda a solucionar eso?; entonces la idea es evitar todos estos trámites, es un proceso bien interesante el que se puede hacer”.

Neiva

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Cultura

Una pedagogía para la equidad de género En la presentación oficial del libro Pedagogía Crítica y Equidad de Género, que se realizó en el Auditorio Olga Toni Vidales de la Universidad Surcolombiana el pasado 5 de Febrero, a cargo de la profesora Ofelia Ramírez, del Programa de Psicología de esta Universidad, y de Florence Thomas, de la Universidad Nacional, esta última trazó el rumbo de la discusión en torno al libro a través de una pregunta: ¿qué es lo que significa la equidad de género? ¡Qué entendemos por eso! Por: Juan Guillermo Soto Medina

E

l libro fue escrito por Violeta Bonilla, Julián Vanegas y Carlos Bolívar, profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana. Fue el resultado de una investigación realizada con niños y niñas de escuelas públicas de Neiva, en la cual también se entrevistó a los profesores responsables de los proyectos de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía. “Por eso el libro está dirigido principalmente a las comunidades educativas y, en especial, a profesores y profesoras. De allí nuestro cuidado por un equilibrio teórico práctico, tanto en temas de pedagogía crítica como en desarrollo moral infantil y en sugerencias didácticas para aplicar en el aula o el patio escolar”, asegura Carlos Bolívar.

No olvidemos que las justificaciones morales son la base de las excusas para agredir a las mujeres o a las minorías sexuales y que estas justificaciones pueden formarse o deformarse en la escuela. Aquí emerge la importancia de una educación basada en la Pedagogía Crítica’’. Carlos Bolívar Bonilla.

Impactos sociales y académicos

“El género lo atraviesa todo”

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Así lo señaló Thomas en la presentación del libro, “no es lo mismo ser obrero que obrera; negro que negra”, dijo, ni tampoco obrero heterosexual que homosexual o transexual. Esta discriminación social de la que son víctimas muchos de estos actores deja ver la lucha que deben librar para volverse sujetos de derecho; pero también deja en evidencia la necesidad de una educación para la equidad de género. Al respecto, sus autores aseguran en el libro que al estar a favor de dicha equidad, desde la pedagogía crítica apoyada en la ética cívica, la entienden como “alusiva a hombres y mujeres heterosexuales y a todos los seres humanos con diferentes orientaciones sexuales. La escuela debe distinguir estas poblaciones y sus particularidades pero para incluirlas a todas en la búsqueda de la equidad, no para excluir a alguna de ellas”. Para lograr este objetivo los autores han indagado, en los niños y niñas de las diferentes instituciones educativas, sobre sus justificaciones morales infantiles, JMI, acerca de las relaciones de género. En este sentido, asumen las JMI como “el conjunto de enunciados narrativos o respuestas infantiles que, mediante nuestras técnicas investigativas, expresan los niños y las niñas para organizar sus juicios conducentes a sustentar la aprobación o desaprobación de múltiples aspectos de las

Julián Vanegas y Violeta Bonilla, autores del libro.

relaciones de género”. Entre los hallazgos más reveladores de la investigación, Bolívar cita el pluralismo moral sobre las relaciones de género: “consiste en constatar la presencia de múltiples criterios éticos en los niños y niñas, unas veces compatibles y otras contradictorios. Algo que los teóricos del desarrollo moral poco admiten o no ven. Significa que un mismo niño o niña, por ejemplo, puede justificar como válido el control masculino sobre la mujer en asuntos de vestuario y amistades pero pasar luego a justificar también como correcta la autonomía de cada miembro de la pareja para vestirse. O justificar como correcto golpear a los homosexuales si manifiestan sus preferencias en público pero, defender también como justo que ellos puedan estudiar, tener pareja y casarse”. Para Bolívar, estos niños no ven problema a su contradicción moral: ser unas

Carlos Bolívar Bonilla, autor del libro.

veces partidarios de una ética cívica liberal y, otras, de una ética cristiana conservadora, por eso resalta la importancia de una educación para la equidad de género hacia la humanización y la formación de ciudadanos.

Según lo advierte Ofelia Ramírez, en la presentación del libro, hoy en día perdura en el imaginario social la idea de que los problemas de inequidad de género eran cosa del pasado y que, sobre todo en el caso de la mujer, sus conquistas jurídicas y culturales ya han hecho lo suyo; entonces, por ejemplo, “algunas personas dicen: en mi casa yo le colaboro a mi esposa con la escoba… ¿le colaboro?, entonces se sigue con la idea de que esa es una tarea propia de la mujer, a quien se le colabora…”, asegura Ramírez y agrega que esto es una expresión de machismo propia de una cultura patriarcal que a veces se hace invisible pero que está ahí y se expresa. En tal sentido, y teniendo en cuenta que es en los escenarios como las instituciones educativas y la familia donde se dan forma a estas justificaciones morales, para Julián Vanegas, uno de las principales expectativas de este libro es que se constituya en una herramienta pedagógica que sirva de guía al docente “y potencie su valentía para ingresar a la escuela con nociones diferentes de inclusión, equidad y confianza básica, que renueven el ejercicio de la educación como un arte de maravillar. Este libro nos hace propuestas abiertas, inclusivas, de respeto, donde se involucran estos conceptos de equidad de género. Yo creo que hay que cambiar el enfoque de educar para la obediencia y más bien educar para la participación ciudadana y para una ética cívica”.