Deprimera #447 | 1 de agosto de 2026

TRAS LICENCIA DE ROCHA DESAPARECEN LAS “SEMANERAS”

DIRECTORIO

No. 447 | Sábado 1 de agosto de 2026

Director

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Aldo Montoya

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Asesor jurídico

Ricardo Arnulfo Mendoza

Diseño

03 Tras licencia de Rocha desaparecen las “semaneras”

14 El miedo no abandona a Culiacán ni a Mazatlán

22 Murmullos DePrimera

24 Mazatlán: la guerra cambia de territorio

33 Huachicol fiscal dinero, poder y redes

56 El campo, otra vez entre la espada y la pared

65 México: país donde la impunidad gana

TRAS LICENCIA DE ROCHA DESAPARECEN LAS “SEMANERAS” Y el

contrato millonario sigue vigente

Desde que Yeraldine Bonilla Valverde asumió la gubernatura interina, las conferencias semanales desaparecieron de la agenda pública. Aunque existe un contrato por casi siete millones de pesos para producirlas, el Gobierno de Sinaloa no ha explicado por qué fueron suspendidas ni qué ocurrirá con las 31 emisiones que aún permanecen pendientes o si se pagarán o no, aunque el contrato especifica que sí deberían pagarse pues la suspensión es ajena a la empresa que ofrece el servicio de más de 92 mil pesos por emisión.

“Las Semaneras”, el principal ejercicio de comunicación pública instaurado por el Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, desaparecieron sin previo aviso.

Han transcurrido casi tres meses desde que la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, asumió el cargo y, contrario a lo que prometió al rendir protesta, no se ha celebrado una sola conferencia. Tampoco existe una explicación oficial sobre la suspensión del espacio, ni una fecha para su reanudación.

La ausencia de las conferencias ocurre mientras permanece vigente un contrato por seis millones 995 mil 325 pesos, firmado para producir 65 emisiones, de las cuales únicamente se han realizado 34, según documentos oficiales obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información.

La desaparición de este ejercicio de comunicación no sólo ha dejado sin respuesta preguntas sobre seguridad, finanzas públicas y programas gubernamentales; también ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre el destino de recursos públicos comprometidos para un servicio que actualmente no se presta.

UNA PROMESA QUE QUEDÓ EN PAUSA

Cuando el Congreso del Estado designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina tras la li-

cencia solicitada por Rubén Rocha Moya, uno de los compromisos que hizo públicos fue mantener las conferencias semanales como parte de la política de comunicación institucional.

El objetivo, aseguró entonces, era continuar informando de manera directa a la ciudadanía sobre las decisiones y acciones del Gobierno estatal. Los hechos tomaron otro rumbo. Desde su llegada al despacho principal del Palacio de Gobierno no se ha realizado ninguna edición de “Las Semaneras”.

La mandataria tampoco ha encabezado eventos públicos con la frecuencia que caracterizó a la administración anterior, alimentando las interrogantes sobre la estrategia de comunicación del gobierno interino. El 27 de mayo, al ser cuestionada sobre la ausencia de las conferencias, respondió escuetamente: “También estamos atendiendo eso para pronto regresar”.

Desde entonces no ha vuelto a fijarse una postura oficial sobre el tema. A casi tres meses de aquella declaración, las conferencias siguen suspendidas.

EL CONTRATO CONTINÚA VIGENTE

La incertidumbre aumenta al revisar la documentación oficial. La Secretaría de Administración y Finanzas informó, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, que el contrato GES 06/2025-9 derivado del concurso de licitación pública nacional GES 11/2025 permanece vigente.

Fragmentos del contrato entre el Gobierno estatal y el prestador del servicio.

El convenio fue celebrado con Pedro Villarreal Uribe para producir 65 conferencias, con un monto total de seis millones 995 mil 325 pesos, equivalente a 92 mil 776.20 pesos por emisión más impuesto al valor agregado.

Hasta el momento únicamente se han realizado 34 conferencias, por lo que todavía permanecen pendien-

tes 31 emisiones, cuyo valor conjunto supera los 3.3 millones de pesos.

La relación de pagos muestra que entre agosto de 2025 y junio de 2026 el Gobierno del Estado erogó tres millones 659 mil 93 pesos para cubrir la producción de las conferencias realizadas.

El movimiento más reciente aparece fechado el 10 de junio de 2026, cuando se autorizó una ministración de 215 mil 240.78 pesos, correspondiente a la emisión número 34.

Aunque el contrato establece un costo fijo por conferencia, los pagos realizados oscilan entre 215 mil y más de 430 mil pesos, debido a que varias facturas agruparon dos o más emisiones.

Listado de pagos de las conferencias semaneras.

De acuerdo con la documentación consultada, durante los meses en que las conferencias permanecen suspendidas no se observan pagos adicionales por nuevas emisiones, aunque el convenio continúa activo y no existe información pública que indique su cancelación, modificación o terminación anticipada.

Esa situación deja abiertas varias interrogantes: ¿el contrato simplemente quedó en pausa?, ¿se reanudarán las conferencias para cumplir las emisiones pendientes?, ¿existe algún convenio modificatorio?, o ¿se cancelará definitivamente el servicio?

UN SILENCIO INSTITUCIONAL

La suspensión de “Las Semaneras” ocurre en uno de los momentos políticos más complejos para el Gobierno de Sinaloa. Una

Durante la administración de Rubén Rocha Moya, las conferencias semanales se convirtieron en el principal mecanismo para fijar posicionamientos oficiales, responder cuestionamientos de la prensa y anunciar programas gubernamentales.

Con su desaparición también perdió uno de los pocos espacios institucionales donde el Ejecutivo estatal mantenía contacto permanente con los medios de comunicación. A la fecha, el Gobierno estatal no ha emitido un comunicado explicando las razones de la suspensión, tampoco ha informado si las conferencias regresarán o si el formato de comunicación cambiará de manera definitiva.

LA OPOSICIÓN EXIGE RESPUESTAS

La permanencia del contrato sin que exista el servicio contratado ya provocó reacciones en el Congreso del Estado.

Irma Moreno, legisladora priista, cuestionó el hecho de que estas conferencias semanales no se estén realizando de manera común.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Irma Moreno Ovalles, exigió al Gobierno transparentar el manejo del contrato y explicar qué ocurrirá con los recursos comprometidos.

La legisladora señaló que corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, a la Coordinación de Comunicación Social o a la propia titular del Ejecutivo informar cuál es la situación jurídica del convenio.

También pidió aclarar si será cancelado, modificado o si existen mecanismos para exigir responsabilidades derivadas del incumplimiento del objeto contratado. Además, cuestionó que millones de pesos permanezcan comprometidos cuando Sinaloa enfrenta necesidades urgentes en materia de desplazamiento forzado, apoyo al campo y programas sociales.

La diputada priista Paola Gárate Valenzuela fue más allá y sostuvo que la cancelación de las conferencias evidencia la situación política que atraviesa el estado al señalar que “Antes, al menos, lo único que sabíamos qué hacía el gobierno eran esas conferencias; ahora ni eso, pero el recurso se sigue gastando”.

La legisladora consideró que los recursos comprometidos podrían destinarse a prioridades como la atención de personas desplazadas, víctimas de la violencia y colectivos de búsqueda.

MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

Los documentos oficiales permiten establecer un hecho: el contrato para producir “Las Semaneras” continúa vigente y aún contempla 31 emisiones pendientes. También muestran que el Gobierno pagó poco más de la mitad del monto contratado por las conferencias

efectivamente realizadas y que, hasta junio de 2026, no existían pagos por emisiones posteriores a la número 34.

Lo que permanece sin respuesta es por qué desapareció el principal mecanismo de comunicación del Gobierno estatal, si las conferencias volverán a realizarse y cuál será el destino del contrato de casi siete millones de pesos.

Mientras esas preguntas continúan sin una explicación oficial, “Las Semaneras” permanecen fuera de la agenda pública y el convenio que les dio origen sigue formalmente vigente.

EL MIEDO NO ABANDONA A CULIACÁN

NI A MAZATLÁN

David Fuentes M.

La capital sinaloense se posiciona como la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en México. Desde el estallido de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, el INEGI ha venido reportando cómo los habitantes de la capital del estado han perdido cualquier atisbo de tranquilidad.

Culiacán es la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en México, según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que revela que el 90.8 por ciento de sus habitantes considera que vivir en la capital sinaloense es inseguro.

Culiacán solo está por debajo de Irapuato, Guanajuato, con un 91.2 por ciento, en tanto

que en el tercer lugar se encuentra Reynosa, Tamaulipas, con el 86.6 por ciento. Completan la lista Villahermosa, Tabasco con 84.2 por ciento y Uruapan, Michoacán con un 83.1 por ciento.

La encuesta también recoge los resultados de Mazatlán y Los Mochis. Esta última ciudad se posicionó como la segunda con mayor incremento en la percepción de inseguridad a nivel nacional, ya que pasó de 21.1 a 31.2 por ciento, un aumento de más de diez puntos con respecto a la encuesta de marzo de 2026.

Los resultados de la ENSU muestran cómo la guerra desatada entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza desde septiembre de 2024 ha provocado que la percepción de inseguridad en Culiacán se mantenga como una de las más altas del país, reflejo del impacto que la violencia ha tenido en la vida cotidiana de miles de familias.

Dos ciudades sinaloenses entre las de mayor percepción de inseguridad en el país.

La encuesta del INEGI revela además que el miedo va acompañado de otros indicadores que muestran el deterioro del entorno social: durante el primer semestre de 2026, apenas el 22.7 por ciento de la población considera efectivas a las corporaciones de seguridad para atender la inseguridad.

AUMENTAN OTROS MUNICIPIOS

El fenómeno no se limita a Culiacán. En Mazatlán, la percepción de inseguridad alcanzó el 78.4 por ciento durante junio de 2026, mientras que Los Mochis registró el segundo mayor incremento porcentual del país entre marzo y junio del mismo año. Aunque esta última ciudad continúa mostrando niveles inferiores a los de la capital, el crecimiento del

indicador evidencia que la sensación de inseguridad comienza a extenderse a otras regiones del estado.

Las cifras de percepción encuentran un respaldo en la incidencia delictiva. Durante el primer semestre de 2026, la Fiscalía General del Estado contabilizó 640 homicidios dolosos. Desde el inicio del conflicto, los registros oficiales también reportan miles de robos de vehículos y un incremento sostenido en las desapariciones de personas.

El deterioro de la seguridad comenzó a acelerarse tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024. A partir de entonces, la disputa por el control de una de las organizaciones criminales más poderosas del país derivó en una sanguinaria guerra interna. Bloqueos carreteros, vehículos incendiados, enfrentamientos armados, desapariciones y

La presencia de elementos militares no ha logrado disminuir la percepción de inseguridad.

ataques en zonas urbanas pasaron a formar parte de la vida cotidiana de municipios como Culiacán, Mazatlán, Elota y Escuinapa.

Analistas en seguridad coinciden en que la captura del histórico líder del Cártel de Sinaloa no redujo la violencia, sino que detonó una lucha entre los grupos que buscaban controlar la organización. La confrontación obligó a ambas facciones a incrementar el reclutamiento de hombres, la adquisición de armas, vehículos y recursos económicos para sostener el conflicto, provocando que la población civil quedara atrapada en medio de esa disputa.

A casi dos años del inicio de esa confrontación, la percepción de inseguridad se ha convertido en uno de los principales termómetros para medir el impacto que la violencia ha tenido en la vida diaria de los sinaloenses.

El puerto de Mazatlán mantiene su percepción alta.

El paisaje en la capital sinaloense lleno de militares y cintas amarillas.

Aunque la ENSU no contabiliza delitos, sí refleja cómo perciben su entorno quienes todos los días salen a trabajar, llevan a sus hijos a la escuela, utilizan el transporte público o transitan por las calles de sus ciudades. En el caso de Culiacán, nueve de cada diez habitantes afirman sentirse inseguros.

El escenario descrito por el INEGI coincide con análisis elaborados por especialistas y organismos internacionales. Un informe de International Crisis Group advierte que la ruptura interna del Cártel de Sinaloa desencadenó una de las crisis de seguridad más graves que enfrenta actualmente el país.

El reporte señala que, pese al reforzamiento de la presencia militar y de fuerzas federales, la violencia no ha desaparecido. Los enfrentamientos abiertos disminuyeron en algunas ciudades, pero el conflicto se desplazó hacia comunidades rurales, donde continúan los

asesinatos, las desapariciones y las agresiones entre grupos rivales.

Además, concluye que no existe evidencia de que la producción y el tráfico de fentanilo hayan sido interrumpidos de manera significativa, por lo que las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales permanecen intactas.

VOCES POLÍTICAS

Los resultados de la encuesta también generaron una inmediata reacción en el ámbito político. La diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, sostuvo que la medición confirma lo que miles de sinaloenses experimentan diariamente. Afirmó que las cifras demuestran una pérdida de confianza de la población hacia las autoridades y llamó al Gobierno del Estado a reconocer la gravedad de la situación en lugar de minimizarla.

Imelda Castro ha asegurado que en Sinaloa “estamos bien” pese a la violencia.

Pero en Morena la lectura que se hace de la ENSU es distinta. La senadora Imelda Castro, aspirante a la gubernatura de Sinaloa, minimizó los resultados de la encuesta al asegurar que “estamos bien” y señalar que la estrategia nacional de seguridad ha registrado avances en la entidad.

Para la legisladora, existe una diferencia entre los indicadores de incidencia delictiva y la percepción ciudadana que reflejan las encuestas.

En la misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido en distintas ocasiones que Morena mantiene una amplia aceptación ciudadana en Sinaloa, apoyándose en estudios de opinión sobre preferencias electorales.

El contraste entre ese discurso político y los resultados de la ENSU muestran las realidades en la que viven los poderosos y los ciudadanos: mientras los primeros solo hablan del respaldo a su partido, la encuesta del INEGI retrata el estado de ánimo de quienes viven diariamente bajo la incertidumbre que genera el crimen organizado.

MURMULLOS DEPRIMERA

«A RÍO REVUELTO...»

LIBERTAD, PERO CON PERMISO

Dicen que no habrá censura, solo regulación. Curiosamente, todos los gobiernos que han querido controlar la información empiezan diciendo exactamente lo mismo. La libertad de expresión nunca necesita permiso. Cuando el poder decide qué puede decirse, la democracia empieza a guardar silencio… ¡¿O ya se les olvidó lo que criticaban de los gobiernos anteriores?

EL PEZ REGRESA

Dorados regresa a jugar a Sinaloa y lo hará en un estadio que pagamos todos los sinaloenses. Tras el fracaso rotundo del Mazatlán FC, el empresario multimillonario, Ricardo Salinas Pliego simplemente rompió el contrato y cedió el equipo, pero el estadio se queda aunque con nuevo inquilino… ¡Si sí estamos bien jodidos!

MURMULLOS DEPRIMERA

«A RÍO REVUELTO...»

BENDITA LLUVIA

No hay nada de malo con estas lluvias porque las presas recuperan vida y al campo le llega un poco de esperanza. Lástima que también estas aguas afectan a familias a las que se les inundan sus casas y el gobierno se sigue sorprendiendo por algo que ocurre año tras año… ¡Las cosas siempre son iguales!

HASTA PRONTO

Hay personas que te dejan marcas positivas en tu vida, Lalo fue una de ellas, carismático y lleno de anécdotas y aventuras, bien dicen que te juntes con “los viejos” porque de ellos aprendes infinidades, hoy toca despedirte, pero, agradeciéndote todo lo que nos dejaste en vida, pronto nos reencontraremos… ¡Hasta pronto, Lalo!

MAZATLÁN: LA GUERRA CAMBIA DE TERRITORIO

Santiago Rentería

Tras casi dos años de que el epicentro de la disputa entre grupos del crimen organizado se concentrara en Culiacán y municipios del centro del estado, la confrontación comienza a extenderse hacia el sur de Sinaloa. Balaceras, asesinatos, operativos militares y la captura de presuntos integrantes de grupos criminales han modificado el panorama de seguridad en Mazatlán y Villa Unión, un corredor que hasta hace poco permanecía relativamente al margen de la escalada de violencia.

Durante buena parte de la crisis de violencia que vive Sinaloa, Mazatlán logró mantenerse como una especie de excepción. Mientras Culiacán, Navolato, Elota y Cosalá acumulaban enfrentamientos, bloqueos carreteros, desapariciones y homicidios derivados de la disputa entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa, el principal destino turístico del estado conservaba una relativa estabilidad, aunque de vez en cuando detonaba la guerra entre los bandos.

En las últimas semanas, ese escenario comenzó a cambiar. La violencia ha dejado de ser un fenómeno concentrado en el centro de la entidad para instalarse en el sur. Los reportes de enfrentamientos armados, operativos militares, asesinatos y persecuciones en Mazat-

lán y su sindicatura de Villa Unión muestran un desplazamiento de la confrontación hacia una región que históricamente ha representado un punto estratégico por su puerto, sus vías de comunicación y su conexión con el sur del país.

Las autoridades federales han intensificado su presencia en esa zona mediante operativos del Ejército, la Guardia Nacional y fuerzas especiales, mientras versiones surgidas de fuentes de seguridad apuntan a que en el sur de Sinaloa permanecen algunos de los últimos bastiones de la estructura de Los Chapitos, lo que explicaría la creciente presión de las fuerzas federales y el aumento de los enfrentamientos.

Aunque ninguna autoridad ha reconocido oficialmente esa hipótesis, la secuencia de hechos registrados durante las últimas semanas evidencia un cambio en la geografía de la violencia.

Enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos criminales.

VILLA UNIÓN, NUEVAMENTE EN EL MAPA

DEL CONFLICTO

La sindicatura de Villa Unión ha sido escenario de algunos de los episodios más violentos ocurridos recientemente en el municipio. Balaceras a plena luz del día, persecuciones, aseguramientos de armamento de alto poder y una fuerte movilización de fuerzas federales han alterado la vida cotidiana de una comunidad que durante años había permanecido relativamente alejada de la intensidad del conflicto que afecta a otras regiones del estado.

En varios de estos hechos, habitantes documentaron detonaciones prolongadas, convoyes militares y sobre -

vuelos de aeronaves oficiales, escenas que hasta hace poco eran comunes únicamente en municipios como Culiacán o Navolato.

La presencia permanente de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional refleja que las corporaciones consideran estratégica esa zona dentro de los operativos desplegados en el sur del estado.

OBJETIVOS PRIORITARIOS

La escalada de violencia coincide con la captura de diversos objetivos considerados relevantes por las autoridades federales. Como coletazo de los últimos días, el 28 de julio, el gobierno federal capturó a Adrián “N”, mejor conocido como El 20, jefe de plaza de Los Chapitos, quien, a decir del Gabinete de Seguridad, controlaba Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, La Concordia y Escuinapa.

Aunque oficialmente los operativos forman parte de la estrategia nacional contra la delincuencia organizada, Hechos violentos en el puerto.

especialistas en seguridad consideran que la presión ejercida sobre operadores criminales provoca reacomodos internos que suelen traducirse en nuevos enfrentamientos por el control territorial.

Cada detención modifica los equilibrios entre las organizaciones criminales y, en muchos casos, desencadena disputas para ocupar los espacios que dejan los liderazgos capturados. Mazatlán parece comenzar a experimentar ese fenómeno.

DEL DESTINO TURÍSTICO AL ESCENARIO DE OPERATIVOS

La transformación preocupa por tratarse del principal motor económico del estado. Mazatlán depende en gran medida del turismo nacional e internacional. Su imagen de destino seguro representa uno de sus principales activos económicos. Sin embargo, la aparición constante de hechos violentos amenaza con afectar esa percepción.

La presencia de elementos del Ejército ha aumentado en el puerto.

Aunque la actividad turística continúa desarrollándose con normalidad y las autoridades mantienen un discurso de tranquilidad, la sucesión de enfrentamientos ha comenzado a modificar la conversación pública en torno al puerto.

Empresarios y prestadores de servicios observan con preocupación que la violencia deje de ser un problema exclusivo del centro del estado y alcance uno de los principales polos turísticos del Pacífico mexicano.

UNA AUTORIDAD QUE LLEGÓ SIN DIAGNÓSTICO

En medio de ese contexto, Minerva Osuna Zavala asumió la presidencia municipal interina de Mazatlán. Durante sus primeras declaraciones públicas, la alcal-

desa interina, Minerva Osuna, reconoció no tener un diagnóstico claro sobre la situación de seguridad que enfrentaba el municipio, una respuesta que generó cuestionamientos debido al momento de tensión que atraviesa el puerto: «Me voy a poner a estudiar», declaró a medios de comunicación.

Su llegada coincidió con una etapa en la que la estrategia de seguridad requiere coordinación permanente entre autoridades municipales, estatales y federales.

La falta de un posicionamiento claro sobre el escenario que enfrenta Mazatlán alimentó las críticas de distintos sectores que consideran indispensable que el gobierno municipal asuma un papel más activo frente al incremento de la violencia.

UN NUEVO FRENTE PARA LA CRISIS DE SEGURIDAD

La violencia que durante meses concentró la atención en Culiacán parece recorrer ahora nuevos territorios.

Hechos de alto impacto han preocupado a la población de Mazatlán.

Si bien el centro del estado continúa registrando homicidios, desapariciones y enfrentamientos, los acontecimientos recientes muestran que la disputa criminal ya no permanece contenida en esa región. Mazatlán, por su importancia económica, logística y turística, representa un territorio estratégico cuya estabilidad resulta fundamental para Sinaloa.

Minerva Osuna, alcaldesa interina del puerto, declaraciones preocupantes.

La pregunta que comienza a surgir entre especialistas y ciudadanos no es únicamente si la violencia llegó al puerto, sino si el estado enfrenta una nueva etapa del conflicto, caracterizada por la expansión territorial de los enfrentamientos hacia el sur.

Los próximos meses serán determinantes para conocer si los recientes hechos responden a una ofensiva temporal derivada de operativos federales o si, por el contrario, marcan el inicio de un nuevo mapa de la violencia en Sinaloa, uno en el que Mazatlán deja de ser un refugio frente a la crisis para convertirse en otro de sus principales escenarios.

HUACHICOL FISCAL DINERO, PODER Y REDES

David Fuentes M.

La vinculación a proceso del exgobernador Ernesto Ruffo reactivó las investigaciones sobre el huachicol fiscal, una red de contrabando de combustibles que, según distintas indagatorias, involucra a empresarios, exfuncionarios y personajes ligados al poder político durante los últimos años.

La vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, representa el derrumbe de uno de los personajes fundacionales del panismo.

El primer gobernador que tuvo la oposición en México se encuentra actualmente recluido

en el penal federal del Altiplano, acusado de delitos graves como delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación federal en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo y otros involucrados habrían participado en un esquema para introducir combustibles al país mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas, ocultando el volumen real de gasolina y diésel o registrándolos bajo otras categorías para evadir impuestos.

El expediente atribuye un daño multimillonario a la Hacienda Pública y señala a la empresa Ingemar como una de las piezas centrales de la presunta operación.

La defensa del exgobernador rechaza las acusaciones y sostiene que no existe una prueba directa que acredite su responsabilidad, por lo que el proceso apenas entra a su etapa judicial.

El caso Ruffo es otro eslabón más de una larga cadena que incluye a empresarios, exfuncionarios aduanales, mandos de la Secretaría de Marina, empresarios, operadores logísticos, funcionarios públicos y políticos que desde 2025 han sido señalados por la FGR y por distintas investigaciones periodísticas de robo de hidrocarburos.

LOS DECOMISOS MÁS GRANDES

Durante 2025 comenzaron a registrarse algunos de los mayores decomisos de combustible de los últimos años, entre ellos la incautación de millones de litros de diésel en Tamaulipas. Aquellos operativos han derivado en algunas detenciones, entre ellas, la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del exsecretario de Marina en el sexenio pasado, José Rafael Ojeda Durán.

El llamado huachicol fiscal representa una evolución del robo tradicional de combustibles. A diferencia de la extracción ilegal directamente de los ductos, este esquema utiliza operaciones de comercio exterior para introducir hidrocarburos mediante documentación falsa o subvaluada, evadiendo impuestos como el IEPS y el IVA.

HUACHICOL INCREMENTADO CON AMLO

Paradójicamente, el escándalo estalló después del sexenio que prometió erradicar el huachicol. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia en diciembre de 2018 declaró la guerra al robo de combustibles. Cerró ductos de Pemex, desplegó miles de militares y aseguró que el problema prácticamente había desaparecido.

Durante el gobierno de AMLO hubo desabasto de combustible.

La estrategia provocó desabasto en diversas regiones del país, pero el mensaje político fue contundente: el nuevo gobierno aseguraba haber derrotado uno de los negocios criminales más lucrativos de México.

Pero mientras el gobierno lopezobradorista celebraba una presunta disminución en el robo de combustible mediante tomas clandestinas, comenzó a crecer una modalidad mucho más sofisticada: el llamado huachicol fiscal .

Las organizaciones ya no necesitaban perforar ductos. Ahora utilizaban buques, ferrotanques, empresas importadoras, agentes aduanales y complejas operaciones de comercio exterior para introducir combustible al país.

En 2020, el gobierno federal entregó a la Marina el control de puertos y aduanas. La decisión fue presentada por el expresidente López Obrador como una medida para cerrar el paso a la corrupción y al contrabando.

Cinco años después, las propias investigaciones federales dejaron claro que aquella operación ordenada por el expresidente solo había servido para que el negocio del huachicol a gran escala quedara en manos de exfuncionarios aduanales y mandos navales.

Pero el punto de quiebre llegó en marzo de 2025.

En el puerto de Tampico, fue asegurado el buque Challenge Procyon, que transportaba alrededor de diez millones de litros de diésel introducidos mediante documentación irregular.

Aquella operación abrió una cadena de investigaciones que posteriormente conduje -

ron a nuevos aseguramientos, entre ellos más de quince millones de litros en Coahuila, millones de litros adicionales en Tamaulipas y múltiples operativos ferroviarios relacionados con el ingreso ilegal de combustibles procedentes de Texas.

EL SACRIFICADO

Dentro de esa misma ofensiva apareció el nombre del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, señalado desde septiembre de 2025 por sus vínculos con la empresa Ingemar, relacionada con el huachicol fiscal en distintas investigaciones federales.

La Fiscalía sostiene que el exgobernador participó en la estructura directiva de la empresa Ingemar utilizada para introducir combustibles mediante declaraciones falsas o incompletas. Según la acusación, la organización mantenía relaciones comerciales con diversas compañías estadounidenses.

La FGR calcula que solamente esa operación provocó un daño superior a cuatro mil millones de pesos a la Hacienda Pública. Su defensa, por el contrario, sostiene que únicamente era accionista minoritario y que no existe una sola prueba directa que demuestre su participación en los delitos imputados.

Pero el nombre del panista no puede desligarse del de otros políticos de Morena que también han sido seña-

lados de integrar poderosas redes de huachicol fiscal y a los que no se les ha tocado.

LAS REDES

No se puede desligar al partido Morena del nombre de Sergio Carmona Angulo, empresario tamaulipeco asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León, quien era conocido como El Rey del Huachicol debido a que era uno de los principales operadores del contrabando de combustibles a través de la frontera de Tamaulipas.

Las ganancias derivadas de ese negocio habrían permitido a Sergio Carmona financiar distintas campañas de Morena, entre ellas las de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y Américo Villarreal en Tamaulipas.

La relación entre ambos se remonta a la etapa en que Villarreal era senador, periodo en el que, según diver-

Sergio Carmona Angulo, el “rey” del huachicol.

sas investigaciones, el empresario facilitó recursos logísticos y aeronaves para actividades políticas. La conexión con Sinaloa se fortaleció durante la campaña de Rocha en 2021, coordinada políticamente por Villarreal, una cercanía que quedó reflejada en la frase pronunciada por el hoy gobernador sinaloense durante su toma de protesta: “Ya te lo pagaré en Tamaulipas, Américo”.

Andrés Manuel López Beltrán, nombre que aparece en diversas investigaciones de huachicol fiscal.

Otro de los nombres que ha aparecido con mayor frecuencia en diversas investigaciones sobre huachicol fiscal es el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Diversas publicaciones sostienen que otra de las redes de huachicol habría estado integrada por una red de funcionarios, exfuncionarios y colaboradores cercanos a López Beltrán que habrían ocupado posiciones estratégicas en Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Los reportes sostienen además que una parte de los recursos obtenidos mediante esas operaciones habría sido utilizada para actividades políticas y electorales.

Entre los nombres mencionados en esos reportes aparece Daniel Asaf, quien durante años formó parte del círculo más cercano del expresidente López Obrador como jefe de la Ayudantía Presidencial. También figura Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex durante todo el sexenio anterior y actualmente titular del Infonavit.

Otra línea de investigación mencionada públicamente apunta hacia el exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López Hernández. Investigaciones desarrolladas en Estados Unidos, particularmente en Texas, analizan una presunta estructura integrada por funcionarios, empresarios y operadores relacionados con el contrabando internacional de combustibles, entre los cuales estaría el exgobernador de Tabasco.

En esa misma relación de nombres también aparecen Mario Delgado, Alfonso Romo, Alfonso Durazo, Alfredo Ramírez Bedolla, Indira Vizcaíno, Marina del Pilar, José Ramón Gómez Leal, Olga Sosa Ruiz y Erasmo González, entre otros actores políticos que formarían parte del universo de personas cuya actuación estaría siendo revisada por las autoridades estadounidenses en el contexto de investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal.

El nombre de Mario Delgado también ha sido mencionado junto al de Sergio Carmona.

Según esa versión, uno de los operadores centrales de la red sería Roberto Blanco Cantú, expropietario de Miss Universo, conocido como El Señor de los Buques, señalado como enlace entre empresarios, agentes aduanales, operadores portuarios y organizaciones criminales que, presuntamente, utilizaron empresas fachada y redes de comercio exterior para introducir hidrocarburos mediante documentación falsa, evadiendo el pago de impuestos y aprovechando la infraestructura portuaria y aduanera.

El nombre de Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena, también aparece en diversos reportes relacionados con Carmona. Esas publicaciones señalan que habría utilizado aeronaves contratadas o pagadas por el empresario durante actividades políticas en 2021 y que su nombre figura en declaraciones ministeriales y otros documentos periodísticos sobre la red de relaciones construida por Carmona.

Daniel Asaf, uno de los principales señalados.

Las investigaciones también incorporan el testimonio de la exdelegada de Bienestar en Sinaloa, Jocelyn Hernández Jiménez, quien afirmó que durante la campaña de Rubén Rocha Moya llegaban maletas con dinero en efectivo a la casa de campaña y que existían operadores vinculados con esas entregas.

El caso Ruffo podría ser apenas el primer eslabón visible de una de las mayores redes de contrabando de combustibles descubiertas en México. La diferencia entre un verdadero combate al huachicol fiscal y un ajuste de cuentas político dependerá de que las investigaciones alcancen por igual a todos los involucrados, sin importar el partido, el cargo o la cercanía con el poder. Solo entonces podrá saberse si la justicia persigue una red criminal... o únicamente eligió a su primer sacrificado.

¿QUIÉN CONTROLA EL FUTBOL MUNDIAL?

Redacción Deprimera Noticias

El futbol internacional ha entrado en uno de los episodios de mayor tensión institucional de los últimos años. La conversación ya no gira en torno a una decisión arbitral, un calendario o el formato de un torneo. Ahora, el centro de la discusión es el modelo de negocio del deporte más popular del mundo y quién debe tener el control de sus principales activos económicos.

La FIFA, encabezada por Gianni Infantino, presentó una iniciativa para crear una nueva entidad denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), con la cual pretende concentrar los derechos comerciales de competencias como la Copa del Mundo y abrir la puerta a la participación de inversionistas privados. El objetivo, de acuerdo con el organismo rector del futbol mundial, es incrementar el valor comercial de sus torneos y generar mayores recursos para distribuir entre las 211 federaciones afiliadas.

Sin embargo, la propuesta provocó una reacción inmediata y poco habitual de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA por sus siglas en inglés), que emitió uno de los comunicados más duros de los últimos tiempos contra la FIFA.

El organismo europeo acusó a la dirigencia encabezada por Infantino de intentar comercializar un patrimonio que, aseguran, pertenece a toda la comunidad futbolística y no únicamente al máximo organismo del balom-

pié mundial. En su posicionamiento, la UEFA advirtió que el futbol “no está en venta” y cuestionó la falta de transparencia con la que se pretende impulsar el proyecto.

Las críticas no provinieron únicamente desde Europa. Diversas federaciones nacionales expresaron preocu-

pación por la escasa información proporcionada sobre la estructura corporativa, la gobernanza de la nueva empresa y las implicaciones que tendría permitir la entrada de capital privado en la organización de los eventos más importantes del futbol.

Entre los cuestionamientos también figura la rapidez con la que la FIFA pretende obtener el respaldo de sus asociaciones miembro para avanzar con el proyecto.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios internacionales, la nueva empresa estaría valuada en alrededor de 20 mil millones de dólares y la FIFA contempla vender una participación minoritaria a inversionistas externos, conservando el control de las competencias. La organización sostiene que esto permitiría fortalecer financieramente a las federaciones más pequeñas mediante mayores programas de desarrollo. No obstante, sus detractores consideran que el riesgo consiste en convertir al futbol en un acti-

vo financiero sujeto a intereses comerciales antes que deportivos.

El tono de la respuesta europea evidencia que el conflicto va mucho más allá de una simple diferencia administrativa. La UEFA considera que las decisiones estratégicas de semejante magnitud deberían construirse mediante consensos entre confederaciones, ligas, clubes, jugadores y federaciones nacionales, y no mediante anuncios unilaterales.

La tensión aumentó aún más este jueves, cuando la UEFA informó que, de mantenerse la intención de la FIFA de ceder una participación de sus principales competiciones a inversionistas privados, sus 55 asociaciones no participarán en torneos organizados por el organismo rector, incluido el Mundial de 2030, aun cuando España y Portugal serían sede del mismo.

El bloque europeo condicionó su permanencia en las competencias de la FIFA al retiro definitivo de la pro-

puesta y a que existan garantías de que no volverá a impulsarse un esquema similar, elevando el conflicto a un nivel sin precedentes en la gobernanza del futbol internacional.

Especialistas deportivos coinciden en que este episodio refleja una disputa por el liderazgo político y económico del futbol mundial. Mientras la FIFA busca diversificar sus fuentes de ingresos y aprovechar el creciente valor comercial de competencias como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes, la UEFA teme que la entrada de fondos privados modifique el equilibrio institucional que durante décadas ha regido al deporte.

Aunque por el momento no existe una decisión definitiva, la confrontación ha dejado en evidencia una fractura entre las dos organizaciones más influyentes del futbol internacional.

En términos prácticos, el desenlace de esta controversia podría marcar un antes y un después en la historia del futbol. Si la propuesta prospera, la FIFA abriría una nueva etapa de financiamiento basada en inversión privada para sus activos comerciales. Y si, por otro, prevalece la presión de la UEFA y de otras federaciones, el proyecto podría modificarse sustancialmente o incluso quedar archivado.

La iniciativa también ha dado pie a especulaciones sobre quiénes podrían convertirse en socios estratégicos de la nueva empresa. Diversos medios internacionales han señalado el interés de fondos de inversión estadounidenses y, debido a la estrecha relación que Gianni Infantino ha mantenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han surgido versiones especulativas que lo vinculan políticamente con el proyecto. Por ahora no existe una resolución definitiva, pero las advertencias están. Sin embargo, el intercambio de posturas entre la FIFA y la UEFA confirma que el futbol mundial enfrenta uno de sus debates institucionales más relevantes de los últimos años, y cuyas consecuencias podrían definir el modelo de gestión del deporte en las próximas décadas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Desarrollan investigadores de la UAS

TECNOLOGÍA DE VISIÓN

ARTIFICIAL PARA EVALUAR

Con una producción nacional cercana a los 19 millones de toneladas de maíz grano al cierre de 2025, México mantiene a este cultivo como uno de los pilares de su sector agroalimentario. De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER, citados por el Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Sinaloa (SIEGSIN), Sinaloa se consolidó como el segundo productor nacional con 2.32 millones de toneladas, equivalentes al 12.21 por ciento del total del país, solo por debajo de Jalisco y por encima de Michoacán.

En este contexto, investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) desarrollaron el artículo científico denominado Evaluación comparativa de técnicas de segmentación en semillas de maíz, cuyo propósito es optimizar la identificación y evaluación de la calidad del grano mediante herramientas de visión por computadora.

El doctor Juan Augusto Campos Leal, investigador de la UAS, comentó que el objetivo central consistió en comparar

distintas técnicas de segmentación de imágenes capaces de detectar y clasificar el nivel de daño presente en los granos. Esto permite distinguir entre muestras con daños severos, moderados, leves o sin afectaciones, información que resulta fundamental para determinar la calidad de un lote.

Respecto a la innovación metodológica, Campos Leal sostuvo que la investigación empleó diferentes espacios de color, como RGB y HSV, combinados con algoritmos de segmentación y métricas ampliamente aceptadas por la comunidad científica para evaluar el desempeño de cada técnica.

“Este enfoque permitió validar objetivamente los resultados obtenidos y determinar cuáles métodos ofrecen mayor precisión para la identificación automática de los granos, fortaleciendo así la confiabilidad del proceso de análisis”, expresó.

Por su parte, el doctor Arturo Yee Rendón, investigador de la Facultad de Informática Culiacán, destacó que este trabajo representa un claro ejemplo de investigación aplicada, orientada a resolver problemas reales del sector agrícola. Explicó que, actualmente, la evaluación de la calidad del maíz continúa realizándose de forma manual en muchos casos, por lo que la implementación de técnicas de visión por computadora permitirá automatizar la clasificación y el conteo

de granos, generando procesos más eficientes, objetivos y transparentes para la determinación de su valor comercial.

El también miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) comentó que el proyecto se alinea con estrategias de desarrollo sustentable al impulsar el uso de tecnologías digitales en la agricultura, y señaló: “Uno de los principales desafíos consiste en identificar correctamente granos que aparecen traslapados en las imágenes o que presentan diferentes niveles de calidad”.

Asimismo, recordó que la UAS ha participado recientemente en iniciativas relacionadas con la agricultura de precisión, como el Congreso Internacional de Drones en Agricultura, donde también se presentaron investigaciones enfocadas en el conteo automatizado de plantas de maíz.

Finalmente, el investigador sostuvo que la metodología desarrollada no se limita al análisis de semillas de maíz, sino que puede adaptarse a otros cultivos y problemas agrícolas que requieran procesamiento digital de imágenes e inteligencia artificial.

Subrayó que este tipo de investigaciones contribuye a que los productores cuenten con herramientas que favorezcan evaluaciones más precisas y precios más justos para sus cosechas. Asimismo, invitó a estudiantes, investigadores y al sector productivo a acercarse a la Facultad de Informática Culiacán para impulsar proyectos interdisciplinarios que permitan resolver problemas complejos mediante tecnologías de vanguardia.

EL CAMPO, OTRA VEZ

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

La toma de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural además del bloqueo de la calzada Aeropuerto exhibieron nuevamente la crisis que atraviesa el campo sinaloense. Aunque los productores lograron abrir una mesa de negociación con autoridades federales, advierten que el conflicto está lejos de resolverse y que, de incumplirse los acuerdos, las protestas podrían escalar nuevamente hasta la toma del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

El campo sinaloense volvió a levantar la voz. Después de meses de promesas, cientos de productores regresaron a las calles. Tomaron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural (SADER), bloquearon la calzada Aeropuerto y lanzaron una advertencia que encendió las alertas del Gobierno Federal: si no había respuestas, el siguiente paso sería paralizar el aeropuerto de Culiacán.

La escena no fue nueva. En los últimos años, las movilizaciones del sector agrícola se han convertido en una constante. Lo que comenzó como mesas de diálogo terminó en plantones, bloqueos carreteros y ocupación de oficinas públicas, reflejando el desgaste de un sector que enfrenta bajos precios, deudas, sequía y apoyos gubernamentales que, aseguran, siguen llegando tarde.

EL ULTIMÁTUM

La protesta comenzó desde temprana hora con el cierre de la calzada Aeropuerto, una de las vialidades más

importantes de Culiacán. Mientras decenas de automovilistas buscaban rutas alternas, los productores insistían en que ya no podían esperar más.

El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentia, recordó que los agricultores llevan meses solicitando una solución sin obtener resultados concretos.

La principal exigencia era reabrir la plataforma de registro para los productores y agilizar el pago de los incentivos pendientes.

PERO TAMBIÉN HABÍA UN ULTIMÁTUM

“Vamos a liberar ahorita la carretera, pero si no hay una respuesta favorable a las exigencias de los compañeros, el punto más sensible es el aeropuerto y vamos

a tomar el aeropuerto, cueste lo que cueste”, la advertencia obligó a la Secretaría de Agricultura federal a intervenir.

Horas después, una llamada telefónica del coordinador de Delegaciones Estatales de la SADER, Raúl Salgado, permitió abrir una mesa de negociación para el día siguiente.

Los productores retiraron el bloqueo vial, pero mantuvieron un plantón permanente en las oficinas de la dependencia. Alrededor de 30 representantes de organizaciones agrícolas ingresaron al auditorio de la SADER.

La reunión se realizó a puerta cerrada. Por parte del Gobierno Federal participaron Martín Raúl Salgado Vázquez, coordinador general de Operación Territorial de la SADER, y Jesús Vega Acuña, representante de la dependencia en Sinaloa.

Durante varias horas los dirigentes expusieron una lista de demandas acumuladas durante meses y solicitaron la reapertura inmediata de la plataforma para registrar productores, ampliar los plazos de recepción de documentos y acelerar el pago de los incentivos comprometidos para la cosecha de maíz.

Entre los reclamos también figuraron los casos de agricultores que quedaron fuera del programa por trámites administrativos, pagos extemporáneos del permiso de siembra o retrasos en la liquidación de sus cosechas por parte de las bodegas.

La más reciente manifestación terminó en bloqueo de la calzada Aeropuerto en Culiacán.

Uno de los puntos centrales fue el pago del apoyo de 800 pesos por tonelada, incentivo que miles de productores aún esperan recibir.

“HAY HUMO BLANCO”

Al concluir la reunión comenzaron a surgir los primeros acuerdos.

El integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa, Martín Lim Cisneros, informó que la SADER aceptó conformar una comisión de seis productores que dará seguimiento permanente a los compromisos asumidos por la Federación.

“Fue el propio Raúl Salgado quien propuso integrar una comisión para supervisar durante los próximos quince días el cumplimiento de los acuerdos y el avance de los pagos”.

El dirigente explicó que esa comisión tendrá acceso directo al trabajo que realice la dependencia y será la encargada de informar a los productores sobre los avances.

Otro de los compromisos fue la reapertura de la plataforma de registro: “La plataforma ya fue reabierta; todavía hay 33 de las 102 casas comerciales que no tienen acceso al sistema, pero ese problema será atendido para que los productores puedan continuar con sus trámites”.

Según explicó Lim Cisneros, las autoridades también aseguraron que, si fuera necesario, la plataforma volverá a habilitarse para evitar que algún productor quede fuera del programa.

Respecto al incentivo adicional de 500 pesos por tonelada, reconoció que todavía no existe una definición: “Ese tema continúa en análisis; primero vamos a sacar adelante el apoyo de 800 pesos y posteriormente seguiremos gestionando el resto”.

Campesinos han exigido a sus representantes hacer algo por el campo mexicano, mutis.

UNA TREGUA, NO UNA SOLUCIÓN

Los acuerdos permitieron disminuir momentáneamente la tensión. Sin embargo, los propios dirigentes dejaron claro que el movimiento no concluyó.

La comisión permanecerá vigilando diariamente el cumplimiento de los compromisos mientras Raúl Salgado permanezca en Sinaloa durante los próximos quince días.

El objetivo es verificar que comiencen a fluir los primeros pagos.

“Si vemos disposición y empiezan a salir los recursos, avanzaremos; pero si no se cumple lo acordado, tendremos que volver a movilizarnos”, señalaron representantes del movimiento.

Una crisis que va mucho más allá de un apoyo. Detrás de la protesta existe un problema mucho más profun-

do. Los apoyos pendientes representan apenas una parte de la crisis que enfrenta el campo sinaloense.

Durante los últimos años los agricultores han tenido que enfrentar una combinación de factores que ha reducido drásticamente su rentabilidad: Precios internacionales bajos. Incremento en el costo de fertilizantes e insumos. Créditos bancarios y adeudos con proveedores. La peor sequía registrada en décadas. Bajos niveles de almacenamiento en las presas. Incertidumbre sobre el próximo ciclo agrícola.

Muchos productores aún no terminan de cobrar la cosecha anterior cuando ya necesitan recursos para preparar la siguiente y la falta de liquidez amenaza incluso con reducir la superficie de siembra para el próximo ciclo.

Martín Lim Cisneros, integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa.

¿QUÉ FALTA PARA QUE ESTO ESCALE?

La amenaza de tomar el aeropuerto dejó de ser un simple discurso. Representa el nivel de desesperación de un sector que considera agotadas las vías institucionales.

En los últimos dos años los productores han realizado marchas, bloqueado carreteras federales, tomado casetas de peaje, ocupado oficinas públicas y sostenido innumerables reuniones con autoridades.

Cada protesta termina con nuevos compromisos. Cada nuevo ciclo agrícola inicia con las mismas exigencias. La diferencia ahora es que los dirigentes ya fijaron un plazo.

Quince días, ese será el tiempo que tendrá el Gobierno Federal para demostrar que los acuerdos alcanzados no serán una promesa más. De lo contrario, el conflicto podría entrar en una nueva fase. Porque el problema del campo sinaloense ya no se limita a los precios del maíz o a un apoyo pendiente. Lo que está en juego es la viabilidad económica de miles de productores que, una vez más, se encuentran entre la espada y la pared.

MÉXICO: PAÍS DONDE LA IMPUNIDAD GANA

David Fuentes M.

Las declaraciones desde Estados Unidos reavivaron el debate sobre la eficacia del sistema de justicia mexicano. Más allá del intercambio político, las cifras oficiales y los estudios especializados reflejan un problema estructural: impunidad, rezago en las investigaciones y una mínima probabilidad de que los delitos sean castigados. Mientras tanto, los casos que involucran a figuras del poder siguen alimentando la percepción de que la justicia no se aplica por igual.

El consejero de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró durante un acto en el Pentágono, que el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal en México “no funcionan” porque existen territorios controlados por organizaciones criminales que “matan, extorsionan o secuestran a cualquiera que se interponga en su camino”.

Incluso, el funcionario estadounidense comparó a los cárteles mexicanos con grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda, en el contexto de la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de Miller y aseguró que, contrario a sus declaraciones, en México “go-

bierna el pueblo”. La mandataria sostuvo que su administración trabaja diariamente por la seguridad y la paz, defendió la estrategia federal y presentó como respaldo las cifras del Gabinete de Seguridad.

También atribuyó parte del discurso proveniente desde Washington al contexto político de las elecciones intermedias estadounidenses y pidió a ese país asumir su responsabilidad en temas como el consumo de drogas y el lavado de dinero.

Más allá del intercambio político, distintos estudios permiten evaluar el funcionamiento del sistema de justicia mexicano desde otra perspectiva: la capacidad de investigar los delitos y llevar los casos hasta una sentencia.

LA IMPUNIDAD, EL MAL DE MALES

Las cifras muestran un panorama complejo. De acuerdo con Impunidad Cero, en México el 93.6 por ciento de los delitos no se denuncia. Apenas el 6.4 por ciento llega a conocimiento de las autoridades y, de ese universo, sólo una fracción concluye con una resolución. En términos prácticos, la probabilidad de que un delito cometido en México termine resuelto, ronda apenas el 0.9 por ciento.

La organización México Evalúa llega a conclusiones similares. Su estudio Radiografía de la Impunidad 2024 calcula un índice nacional de impunidad de 89.42 por ciento, lo que significa que únicamente uno de cada diez casos obtiene una respuesta efectiva del sistema

El INEGI reportó que al cierre de 2025 había dos mil 283 personas privadas de la libertad sin sentencia.

penal. El informe identifica problemas estructurales que comienzan desde la falta de denuncias y continúan con el rezago en las fiscalías, donde millones de expedientes permanecen sin resolución.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el INEGI muestra, además, que buena parte de quienes no denuncian lo hacen porque consideran que acudir a las autoridades representa una pérdida de tiempo o desconfían de las instituciones encargadas de investigar.

En Sinaloa, los datos reflejan otro de los desafíos del sistema penal: la prisión preventiva prolongada. El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI reportó que al cierre de 2025 había dos mil 283 perso-

nas privadas de la libertad sin sentencia, equivalentes al 40.7 por ciento de la población penitenciaria estatal. De ellas, 366 llevaban dos años o más esperando que un juez resolviera su situación jurídica. Especialistas advierten que esta situación no sólo afecta los derechos de las personas procesadas, sino que también retrasa el acceso a la justicia para las víctimas.

El diagnóstico también alcanza la efectividad de las investigaciones. El Consejo Estatal de Seguridad Pública señaló que durante 2025 se iniciaron mil 653 carpetas por homicidio doloso, pero poco más del cuatro por ciento registró algún tipo de resolución.

En robo de vehículo, la efectividad fue inferior al uno por ciento, en feminicidio, la im-

punidad ronda el 84 por ciento, y en delitos como privación ilegal de la libertad el organismo advirtió que no se registraban avances en las investigaciones.

Su coordinador, Miguel Calderón Quevedo, atribuyó estos resultados a la insuficiente capacidad institucional de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial para enfrentar la carga de trabajo.

NADA ANTE EL PODER POLÍTICO

La impunidad que prevalece en México favorece especialmente a los politicos y empresarios poderosos. Tras las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por sus vínculos con la delincuencia organizada, la respuesta del gobierno federal ha sido la protección e impunidad para ellos.

Stephen Miller, consejero de seguridad de la Casa Blanca.

Adán Augusto López y Américo Villarreal, existen por lo menos señalamientos de vínculos con el crimen organizado.

Lo mismo en el caso de otras figuras prominentes del morenismo a nivel nacional: Américo Villarreal, Marina del Pilar, Adán Augusto López, Alfonso Durazo, Alfredo Ramírez, y un largo etcétera. Contra todos ellos existen por lo menos señalamientos de vínculos con el crimen organizado.

Paralelamente, organizaciones civiles han cuestionado la falta de información pública sobre investigaciones de alto impacto, como las relacionadas con el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, o que se reserven las indagaciones contra Rocha, lo que contruye a incrementar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de procuración de justicia.

Al final, más allá de los discursos, la verdadera fortaleza de un Estado se mide por su capacidad para investigar, sancionar y garantizar que la ley se aplique sin distinciones. Mientras la impunidad siga siendo la regla y no la excepción, el lento camino de la justicia continuará erosionando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

MAR DE FONDO

LO QUE SÍ SABEMOS EN SINALOA

En mayo pasado, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, señaló que, en el caso de Rubén Rocha Moya, no existe ningún indicio de que el hoy gobernador con licencia tuviera vínculos con el crimen organizado: el Gabinete de Seguridad Nacional ha trabajado en el estado sin ningún impedimento; nunca existió obstáculo alguno para desarrollar operativos o capturas de alto perfil. No existe ninguna investigación

contra Rocha Moya porque, durante la administración de Claudia Sheinbaum, las autoridades han operado en Sinaloa sin ningún impedimento. Esto es lo, lo que, en Sinaloa, sabemos de las autoridades federales.

Eran mediados de abril de 2021. Rubén Rocha Moya era el candidato a la gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense (PAS). Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente del partido local en ese momento, confirmaban su alianza en la sede del PAS, donde posaban ambos políticos en la entrada con el marco, a sus espaldas, de la frase: “El momento es ahora”.

“Ya hemos hermanado los principios y los valores de los pasistas y los morenistas; nos une el hecho de nuestra cercanía con la gente desposeída, la gente olvidada, marginada, discriminada por tantos y tantos años, y también nos une la idea de la justicia, de la transparencia, de la unidad, de la honestidad en el manejo de la cosa pública. Agradezco al maestro Cuén no haberme dejado de la mano desde que empezó la campaña”, afir -

maba Rocha Moya. Esto es lo que, en Sinaloa, sabemos de la campaña de Rocha y Cuén.

El 6 de junio de 2021, el entonces candidato perdedor a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, ofreció una rueda de prensa para informar de lo acontecido con operadores y candidatos de su coalición que se encontraban todavía desaparecidos: “Quiero, primero que nada, solidarizarme con todos y todas las familias de los compañeros que hoy están desaparecidos; que no sabemos dónde está su ubicación o que han sido privados de su libertad. Con toda humildad, pedirles que los regresen sanos y salvos. La elección ha concluido... De favor, de favor, a todos aquellos que los privaron de su libertad, por favor, regrésenlos a su casa, y toda nuestra empatía y solidaridad con sus familias”, sentenció. Esto es lo que, en Sinaloa, sabemos de la elección de 2021.

El 3 de marzo de 2023, Rubén Rocha Moya, en entrevista para un medio local y ya como gobernador constitucional de Sinaloa, refirió: “Estos partidos, que me disculpen, porque pueden ser aliados para la que viene, pero yo no estoy muy convencido de ello, viven así; se crean con un cacique, con una familia y luego buscan el acomodo; eso es lo que ha hecho el PAS, pero lo más

grave que ha hecho el PAS es haberse creado y sobrepuesto a la estructura universitaria y violar acremente la autonomía de la universidad”.

Ese mismo día, Héctor Melesio Cuén Ojeda respondió a los señalamientos de Rocha: “Lo único que puedo decir es que es un malagradecido. Ya después, estando de frente, podemos dirimir muchas cosas, porque al Partido Sinaloense se le respeta, y las expresiones de él son lamentables. Yo creo que al rato voy a tener que pedir perdón a los sinaloenses por haberlo apoyado”, declaró. Esto es lo que, en Sinaloa, sabemos del pleito por el control político de la universidad.

Días antes del asesinato de Héctor Cuén, el político aseguró en su programa de podcast: “En la campaña de Rocha, el dinero sobró. Yo me daba cuenta de todo lo que les caía a ellos, dinerales; a tal grado que, cuando termina la elección, se quedaron con mucho dinero y empezaron a comprar casas por todos lados. Ricardo Rocha, que vivía en La Conquista, compró, en un fraccionamiento privado, una casa que valía 13 millones de pesos; la facturan en 4.5”.

Mario Zamora tras perder la elección de 2021, “que los regresen”.

“Lo mismo hicieron en Los Álamos, una casa de 23 millones de pesos; lo mismo hicieron en La Primavera, compraron casa

Jay Clayton.

su hija y su hijo, de mejor calidad. Las pruebas ahí están, están las fechas del 2021, terminando (la campaña), les voy a demostrar todo. Por lo pronto, ahorita, de esos tres mil millones de pesos con empresas arregladas, de ese carrusel, donde los hijos tienen todas las empresas y los agarramos con las manos en la masa, y esto está allá en la Fiscalía General de la República, Auditoría Superior de la Federación; ahí están los acuses de recibido en los documentos”. Cuén señaló que, si algo le pasaba, hacía responsable al gobierno de Rubén Rocha Moya. Esto es lo que sabemos, en Sinaloa, de las denuncias ante autoridades federales de corrupción de Rocha y su familia.

El 9 de abril de 2026, Alejandro Ojeda Ávila, alias El Jando, piloto de Los Chapitos, quien llevó al Mayo y a Joaquín Guzmán López a Nuevo México, realizó un acuerdo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos, según el periodista, Salvador García Soto, su narrativa testimonial de los eventos del 25 julio de 2024 en Huertos del Pedregal, llevaría a robustecer las acusaciones contra los diez de Sinaloa por autoridades estadounidenses. Según el periodista, hoy se sabe que fue el Jando quién habría asesinado a Héctor Cuén.

El 8 de febrero de 2025 aprehendieron al Jando en Jesús María, en agosto del mismo año fue extraditado a Esta-

dos Unidos con otros 25 reos; Fue hasta junio del 2026 que la Fiscalía General de la República se dio cuenta de quién era, que en seis meses preso en México nunca se le interrogó sobre el traslado de El Mayo y que fue enviado por error a los Estados Unidos. Esto es lo que sabemos, en Sinaloa, del secuestro de El Mayo y el asesinato de Cuén.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó, el pasado 29 de abril, una solicitud de detención con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y ocho funcionarios más por los delitos de: asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, secuestro y muerte de un informante de la DEA, asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte y haberse asociado con Los Chapitos para ganar la elección para gobernador en 2021.

El fiscal de Estados Unidos que encabezó estas acusaciones, Jay Clayton, es el nuevo director de Inteligencia de aquel país y encabeza 18 agencias de investigación. Sinaloa, bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos es un “narcoestado”. Esto es lo que sabemos, en Sinaloa, del modus delictivo de Rocha y compañía, y de la aplicación de la justicia en nuestro país y el país vecino.

Como sociedad habría que preguntarse: ¿Qué haremos con lo que en Sinaloa sabemos?

¿Y EL GOBIERNO?

Han pasado casi tres meses desde que Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo tras los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, en México parece que las consecuencias nunca alcanzan al poder.

Mientras tanto, Sinaloa tiene una gobernadora interina cuya presencia pública ha sido prácticamente imperceptible y súmenle su maternidad. La Semanera, que durante años fue el principal púlpito político del gobernador con licencia, desapareció con él, pero también se esfumó la conducción política del estado.

La pregunta es inevitable: ¿Quién gobierna Sinaloa? Porque mientras el discurso oficial insiste en que todo marcha bien, nueve de cada diez culiacanenses dicen sentirse inseguros, los negocios siguen bajando sus cortinas y la economía continúa resintiendo los efectos de una crisis que nadie parece dispuesto a reconocer.

La respuesta no llegará desde un discurso oficial. La darán los sinaloenses cuando llegue el momento de decidir en las urnas.

El corazón duele y el alma se cimbra. La vida es un extraño y breve viaje; siempre estarás presente y nos veremos otra vez en la dimensión de todos los tiempos.

Descansa en paz, amigo Eduardo Rivadeneyra, Lalo como te conocíamos... hasta entonces... hasta siempre.