36 ¿De dónde sale el dinero para las precampañas de los pretensos?
53 Mazatlán, entre licencias y la realidad de la violencia
62 Landeros Güicho, el conflicto de interés que nadie quiere ver
MAYO ZAMBADA SENTENCIA SIN RETORNO
Santiago Rentería
Bastó con que se apagara la fiebre mundialista en México para que Washington moviera una de sus piezas más simbólicas. El avión Beechcraft King Air en el que Ismael el Mayo Zambada cruzó la frontera el 25 de julio de 2024 apareció exhibido como pieza de museo en Texas. La imagen reabrió una herida diplomática que el gobierno de Claudia Sheinbaum consideraba cerrada: ¿fue una entrega pactada entre grupos criminales o una operación del FBI en territorio mexicano? Mientras ambos gobiernos intercambian versiones, la historia judicial del fundador del Cártel de Sinaloa ya tomó un rumbo irreversible. Zambada aceptó su responsabilidad penal, renunció a impugnar la cadena perpetua y la Fiscalía estadounidense pidió al juez
Brian Cogan condenarlo a prisión de por vida y decomisarle más de 15 mil millones de dólares, una de las sanciones económicas más altas jamás solicitadas contra un narcotraficante.
Dos años después de la captura que cimbró los cimientos del Cártel de Sinaloa, el avión que trasladó a Ismael El Mayo Zambada dejó de ser una prueba ministerial para convertirse en un símbolo político. El Beechcraft King Air, localizado en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, fue llevado al War Eagles Air Museum, en Texas, donde comenzó a ser exhibido al público.
Para las autoridades estadounidenses representa una pieza histórica de una de las operaciones más importantes contra el narcotráfico; para el gobierno mexicano, en cambio, la exhibición fue interpretada como una provocación y como una evidencia de que Washington intenta apropiarse del relato de una captura cuya legalidad sigue siendo motivo de controversia.
Ismael el Mayo Zambada sentenciado de por vida.
La exhibición de la aeronave revivió un debate que nunca terminó de cerrarse. Desde el 25 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López aterrizó en territorio estadounidense acompañado por Zambada, existen dos narrativas enfrentadas. La primera sostiene que el fundador del Cártel de Sinaloa fue secuestrado mediante un engaño y trasladado contra su voluntad. La segunda apunta a una operación cuidadosamente coordinada entre agencias estadounidenses y uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La aparición pública del avión volvió a colocar al FBI en el centro de las sospechas, especialmente después de que diversas versiones periodísticas señalaran que la agencia habría tenido un papel más activo del reconocido inicialmente.
La reacción del gobierno mexicano fue inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente las contra-
El avión donde llegó el Mayo Zambada a Estados Unidos exhibido en un museo.
dicciones entre la exhibición del avión y las declaraciones del exembajador Ken Salazar, quien durante dos años sostuvo que la operación no había sido organizada por el gobierno estadounidense.
“¿Cómo explican entonces que el FBI presente el avión como un trofeo?”, cuestionó la mandataria. Del otro lado de la frontera, Salazar respondió que aquella aeronave nunca perteneció al gobierno estadounidense y reiteró que “no fue nuestro avión ni nuestro operativo”.
El diferendo obligó al gabinete de seguridad mexicano a cerrar filas. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República comparecieron para insistir en que México nunca fue informado oficialmente de una operación del FBI
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum y sus trabas.
en su territorio. El discurso se centró en la defensa de la soberanía nacional y en la exigencia de una explicación formal por parte de Washington.
LA PIFIA DEL PILOTO
Sin embargo, conforme avanzó la conferencia apareció una contradicción que debilitó la posición mexicana. La propia Fiscalía General de la República confirmó que Mauro Alejandro “N”, alias El Jando, fue quien piloteó la aeronave desde Culiacán hasta Nuevo México.
De acuerdo con la versión oficial, tras la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López, el piloto fue devuelto inmediatamente a México, donde continuó operando para la organización criminal hasta ser detenido meses después en Jesús María, Culiacán.
Paradójicamente, en mayo de 2026 fue extraditado a Estados Unidos junto con decenas de presuntos inte -
El Jando, el piloto que transportó a Ismael Zambada y Joaquín.
grantes del crimen organizado, sin que la FGR hubiera agotado su interrogatorio como uno de los principales testigos del caso.
Mientras en México continúa el intercambio de responsabilidades entre instituciones y el expediente por el presunto secuestro permanece prácticamente estancado, en Brooklyn la historia judicial de Ismael Zambada tomó un rumbo completamente distinto.
EL CARRIL DE LA SENTENCIA
El histórico narcotraficante decidió declararse culpable de dirigir una empresa criminal continua, conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado y múltiples delitos rela-
¿Secuestro u operación del FBI?
cionados con el tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, el Departamento de Justicia retiró la posibilidad de solicitar la pena de muerte, pero la consecuencia jurídica siguió siendo la más severa posible: prisión de por vida.
En una carta enviada al juez Brian Cogan, el mismo magistrado que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán, la defensa reconoció expresamente que Zambada aceptó su culpabilidad sabiendo que recibiría una sentencia obligatoria de cadena perpetua. El documento añade que el capo no busca una reducción de la pena ni pretende colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios adicionales; únicamente solicitó ser enviado a un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su delicado es-
Joaquín Guzmán López en su llegada a Estados Unidos, una operación del FBI.
tado de salud y no a una prisión de máxima seguridad como ADX Florence.
Pero la verdadera dimensión del caso quedó plasmada en el memorándum de sentencia presentado esta semana por la Fiscalía estadounidense. En ese documento, los fiscales describen a Zambada como el principal responsable de una organización criminal que durante décadas inundó de drogas a Estados Unidos, ordenó asesinatos, sobornó a funcionarios de distintos niveles del gobierno mexicano y obtuvo ganancias multimillonarias mediante el narcotráfico.
Entre los hechos recientes incorporados al expediente figura incluso la acusación de haber ordenado el asesinato de su propio sobrino, Eliseo Imperial Castro, El Cheyo Ántrax, ejecutado en mayo de 2024 por supuestamente cobrar deudas utilizando el nombre del capo para beneficio personal.
El juez Brian Cogan, encargado del caso del Mayo Zambada.
La Fiscalía de los Estados Unidos solicitó cadena perpetua y decomiso de 15 mil millones de dólares.
La Fiscalía sostiene que la magnitud del imperio criminal exige una sanción económica sin precedentes. Además de la cadena perpetua, solicitó al juez Brian Cogan emitir una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, cifra que representa el valor estimado de las ganancias obtenidas por Zambada durante décadas de tráfico de drogas.
Esa cantidad forma parte del acuerdo de culpabilidad firmado por el propio acusado y constituye una de las mayores reclamaciones patrimoniales jamás planteadas contra un líder del narcotráfico en una corte estadounidense.
La paradoja es evidente. Mientras Estados Unidos asegura haber cerrado judicialmente el caso mediante una confesión, una senten-
cia de por vida y un decomiso multimillonario, México sigue sin responder las preguntas fundamentales sobre cómo salió uno de los hombres más buscados del mundo de territorio nacional sin que ninguna autoridad federal lo impidiera.
La investigación de la FGR continúa abierta, pero hasta ahora reconoce que no ha logrado acreditar la participación formal de agentes estadounidenses dentro del operativo y mantiene la exigencia de mayor información al FBI. El expediente diplomático avanza a un ritmo muy distinto al judicial.
Quizá esa sea la mayor diferencia entre ambos países. En Nueva York ya no se discute cómo llegó El Mayo; se discute cuánto tiempo permanecerá preso y cuánto dinero perderá antes de morir. En México, en cambio, el debate continúa atrapado entre conferencias mañaneras, acusaciones cruzadas y reclamos de soberanía.
El avión convertido en pieza de museo terminó simbolizando esa distancia: para Washington representa una victoria histórica; para Palacio Nacional, una afrenta. Pero mientras el Beechcraft recibe visitantes detrás de una cuerda de exhibición, Ismael Zambada espera en Brooklyn una sentencia que ya nadie parece capaz de modificar.
La última página del hombre que durante medio siglo evitó la cárcel está prácticamente escrita.
CUÉN A DOS AÑOS DE SU ASESINATO
Héctor Melesio Cuén Ojeda fue el único actor político que logró construir una estructura capaz de competir electoralmente contra el grupo en el poder. Al frente del Partido Sinaloense (PAS), terminó convirtiéndose en el principal adversario del proyecto político encabezado por Rubén Rocha Moya. A dos años de su asesinato, el crimen no sólo permanece bajo una investigación federal reservada por cinco años, también marcó el fin de la única oposición con capacidad real para disputar el poder al grupo gobernante.
David Fuentes M.
Cinco días antes de su asesinato Cuén en su pódcast reveló información sobre Rocha y allegados.
El asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda se convirtió en uno de los episodios más complejos de la historia reciente de Sinaloa. La muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y fundador del Partido Sinaloense (PAS) se entrelaza con la ruptura entre Cuén y Rubén Rocha Moya, la disputa por el control político de la UAS, la captura de Ismael El Mayo Zambada y una investigación federal que quedó bajo reserva por cinco años.
La confrontación entre ambos personajes no nació en 2024. Durante años compartieron espacios de poder dentro de la UAS. Ambos
construyeron una alianza política que permitió al PAS respaldar la candidatura de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. Como parte de ese entendimiento, Cuén fue nombrado secretario de Salud. La relación, sin embargo, se fracturó apenas un año después. En mayo de 2022, Rocha separó a Cuén del gabinete estatal. A partir de entonces comenzó una confrontación abierta que rápidamente dejó de limitarse al terreno político. Desde el gobierno estatal se impulsaron reformas relacionadas con la UAS, mientras funcionarios universitarios y dirigentes del PAS denunciaban una estrategia para debilitar al grupo político encabezado por el exrector.
Durante 2023 el conflicto escaló. El rector Jesús Madueña Molina fue vinculado a proceso en distintas investigaciones promovidas por la Fiscalía estatal a cargo de Sara Bruna Quiñónez Estrada, aunque en los hechos estaba bajo control del entonces secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.
Universitarios bloquearon el acceso al Congreso del Estado para impedir el informe del gobernador.
Funcionarios universitarios denunciaron una persecución política, trabajadores de la UAS realizaron protestas tanto en Culiacán como en la Ciudad de México y, en noviembre de ese año, un plantón frente al Congreso del Estado provocó incluso la suspensión del Segundo Informe de Gobierno de Rocha Moya.
En ese contexto también comenzaron investigaciones contra empresas vinculadas a Cuén, así como procesos penales contra integrantes de su círculo cercano y de su propia familia. Mientras el gobierno estatal sostenía que se trataba del combate a posibles irregularidades, el dirigente del PAS afirmaba públicamente que las instituciones de procuración de justicia estaban siendo utilizadas como herramientas de presión política.
La disputa no sólo se libraba en los tribunales. También se desarrollaba en el terreno electoral. Durante la
Durante sus últimos programas señaló a Rocha e Inzunza sobre cualquier cosa que pudiera sucederle.
campaña de 2024, el entonces candidato de Morena al Senado, Enrique Inzunza Cázarez, declaró que la ciudadanía desaparecería al Partido Sinaloense mediante el voto, afirmación que fue interpretada por el PAS como parte de una estrategia para borrar políticamente al único partido local que mantenía capacidad de competir frente al grupo en el poder.
LOS SEÑALAMIENTOS
Cinco días antes de ser asesinado, Cuén difundió el episodio número 97 de su pódcast “Cuentas Claras”. Durante más de una hora lanzó las acusaciones más severas que había formulado contra el gobierno estatal desde el rompimiento político de 2022.
En esa transmisión aseguró que la Fiscalía y los tribunales eran utilizados para fabricar investigaciones contra integrantes de la UAS y del PAS. También denunció presuntas licita-
Sara Bruna Quiñónez renunció a la Fiscalía de Sinaloa tras montaje del asesinato de Cuén.
ciones irregulares, un supuesto “carrusel” de empresas constructoras, compras gubernamentales amañadas, enriquecimiento de familiares del gobernador y afirmó haber presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con contratos públicos.
Cuén también dirigió fuertes señalamientos contra Enrique Inzunza, entonces considerado uno de los operadores políticos más cercanos al gobernador. Lo acusó de ejercer influencia sobre el Poder Judicial y de operar jurídicamente contra la universidad.
Durante esas mismas emisiones reiteró que existía una persecución política en su contra. Incluso señaló en una ocasión que se le fue retirada la seguridad por parte de la Guardia Nacional, por lo que cualquier cosa que le pasara, responsabilizaba al gobernador Rubén
Como parte de los acuerdos de la elección 2021, Cuén fue nombrado secretario de Salud.
Rocha Moya y a Enrique Inzunza Cázarez; esas declaraciones cobraron una dimensión distinta tras el homicidio ocurrido el 25 de julio de 2024.
LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA
Sara Bruna Quiñónez Estrada informó que Cuén había muerto durante un intento de robo en una gasolinera de La Presita. La versión oficial sostuvo que dos sujetos en motocicleta dispararon contra el político mientras cargaba combustible.
Sin embargo, la narrativa comenzó a desmoronarse conforme avanzaron las investigaciones federales. La carta difundida semanas después por el abogado de Ismael El Mayo Zambada aseguró que Cuén había sido asesinado en el rancho Huertos del Pedregal, el mismo sitio donde presuntamente el capo fue privado de la libertad antes de ser trasladado a Estados Unidos.
El montaje del asesinato de Cuén en una gasolinera.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República informó haber localizado indicios biológicos de Cuén en ese inmueble, elemento que contradijo directamente la versión presentada inicialmente por la Fiscalía estatal. A ello se sumaron inconsistencias señaladas en distintos reportes periodísticos respecto al video difundido por las autoridades estatales, las declaraciones del conductor que acompañaba al exrector y diversos aspectos de los peritajes.
La presión pública derivó en la renuncia de Sara Bruna Quiñónez y la investigación quedó completamente en manos de la FGR.
Dos años después, el expediente permanece bajo reserva federal durante cinco años y continúa concentrando varias líneas de investigación relacionadas
En la camioneta encontraron evidencia sobre el asesinato de Cuén.
tanto con el asesinato de Cuén como con el presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada.
Mientras tanto, la confrontación política que antecedió al crimen sigue siendo uno de los principales elementos para comprender el contexto en que ocurrieron los hechos.
LA RUPTURA
La ruptura del acuerdo político entre Rocha y Cuén, la disputa por el control de la UAS, las investigaciones promovidas contra funcionarios universitarios, la narrativa pública orientada a debilitar al PAS, las denuncias formuladas por Cuén en sus últimos mensajes públicos y las contradicciones entre las investigaciones estatal y federal forman parte de una secuencia que continúa marcando la vida política de Sinaloa.
A dos años del asesinato del fundador del PAS, las preguntas siguen sin respuestas. La investigación federal está bajo reserva. La versión inicial de la Fiscalía estatal quedó completamente desacretida. Y el homicidio de quien era considerado el principal adversario político de la dupla Rocha-Inzunza dejó sin opciones a la oposición que sigue desbarrancada y sin rumbo.
MURMULLOS DEPRIMERA
«SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL»
EL FIN DE LA PASIÓN
Terminó el Mundial. Después de más de un mes de futbol, emociones y festejos, también terminó la pausa que muchos le dimos a la realidad. Las balaceras, los asesinatos, la corrupción y la incertidumbre nunca se fueron; simplemente dejaron de ocupar el primer plano durante unas semanas. Hoy el golpe de realidad vuelve a ser el mismo de siempre…
¡¿Hasta cuándo dejaremos de normalizarlo?!
MÁS SALIDAS QUE CERCO VIEJO
Con el Mundial fuera de la conversación, el gobierno federal vuelve a enfrentar los temas que realmente importan. A dos años de la llegada de Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos, las respuestas siguen sin aparecer y las responsabilidades continúan rebotando de una oficina a otra. Nadie asume nada y todos encuentran una nueva salida… ¡Especialistas en repartir culpas!
MURMULLOS DEPRIMERA
«SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL»
YA HARTARON
Las campañas todavía no comienzan formalmente, pero los políticos ya parecen estar en plena temporada electoral. Llamadas telefónicas disfrazadas de encuestas llegan cinco, seis o hasta diez veces al día para medir a quienes aspiran a gobernar Sinaloa. La duda ya no es quién va arriba, sino quién está pagando semejante operación… ¡¿Y el INE, bien gracias?!
DOS AÑOS
Se cumplen dos años de uno de los episodios que marcaron un antes y un después para Sinaloa: la aparición de Ismael Zambada en Estados Unidos y el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Desde entonces, la violencia escaló, la incertidumbre se volvió cotidiana y la tranquilidad quedó como un recuerdo para miles de familias. Dos años después, las respuestas siguen pendientes… ¡Y la factura la siguen pagando los ciudadanos!
LA GUERRA QUE INICIÓ AQUEL 25 DE JULIO DE 2024
Santiago Rentería
Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que la incidencia de homicidios dolosos en Sinaloa ha mostrado una reducción respecto a los meses más críticos del conflicto, la realidad acumulada de casi dos años de confrontación revela un saldo devastador: más de tres mil 500 asesinatos, miles de desapariciones, una economía golpeada, comunidades desplazadas y una generación de jóvenes atrapada en la guerra interna que fracturó al Cártel de Sinaloa tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos.
La mañana del 25 de julio de 2024 marcó un antes y un después para Sinaloa. Hasta entonces, el Cártel de Sinaloa mantenía un equilibrio delgado construido durante décadas entre sus principales liderazgos. Sin embargo, la sorpresiva llegada de Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense, acompañado por Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín El Chapo Guzmán—, desencadenó la mayor fractura interna que ha vivido la organización criminal desde su fundación.
Lo que para el gobierno de Estados Unidos representó uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico internacional, para Sinaloa significó el inicio de una guerra que continúa escribiéndose con sangre.
Culiacán desde hace casi dos años vive sumido en el miedo.
La versión sostenida por el propio Zambada fue que había sido engañado y llevado contra su voluntad a territorio estadounidense. Del otro lado, la facción de Los Chapitos guardó silencio mientras comenzaban los primeros movimientos de reacomodo dentro de la organización.
Durante varias semanas el estado permaneció en una aparente calma. Sin embargo, detrás de esa tranquilidad comenzaban a reorganizarse alianzas, rutas, células armadas y territorios.
La guerra estalló de manera abierta el 9 de septiembre de 2024. Desde entonces, la entidad vive una confrontación permanente entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, dos grupos que ante -
La carta del Mayo Zambada.
riormente compartían una misma estructura criminal y que hoy disputan cada comunidad, cada camino serrano, cada laboratorio clandestino, cada ruta de trasiego y cada fuente de financiamiento.
El resultado ha sido una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
MÁS DE TRES MIL 500 HOMICIDIOS
Las cifras oficiales muestran una disminución respecto a los meses más violentos del conflicto. El Gobierno federal sostiene que la estrategia de seguridad ha logrado reducir la incidencia diaria de homicidios mediante el despliegue permanente del Ejército, Guardia Nacional, Marina y corporaciones federales. No obstante, el dato agregado ofrece otra dimensión de la tragedia. Entre septiembre de 2024 y media-
El gobierno federal asegura que la incidencia delictiva va en descenso, la realidad es otra.
dos de 2026, Sinaloa acumuló alrededor de tres mil 500 homicidios dolosos relacionados con el periodo de confrontación, además de miles de personas desaparecidas, centenares de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, ataques contra viviendas, robos masivos de vehículos e incendios provocados en negocios.
Detrás de cada cifra existe una historia familiar rota, un círculo destrozado que no se refleja en las cifras. La estadística incluye comerciantes asesinados durante asaltos, estudiantes alcanzados por balas perdidas, agricultores interceptados en carreteras rurales, policías emboscados, militares caídos en operativos y presuntos integrantes de ambos grupos criminales ejecutados en enfrentamientos que rara vez llegan a esclarecerse.
La violencia dejó de distinguir entre quienes participan en la disputa criminal y quienes simplemente quedaron atrapados en ella.
El informe de International Crisis Group, la cruda realidad.
EL MIEDO COMO FORMA DE VIDA
Durante meses, Culiacán cambió completamente su dinámica. Los restaurantes comenzaron a cerrar temprano. Los centros comerciales dejaron de recibir visitantes. Las escuelas suspendieron clases en múltiples ocasiones. Las calles quedaron vacías al caer la tarde.
Por otro lado, las familias modificaron sus horarios para evitar circular durante la noche. El sonido de las sirenas sustituyó al tráfico cotidiano. Cada balacera era seguida por una cascada de mensajes en redes sociales advirtiendo sobre enfrentamientos, vehículos incendiados o bloqueos.
Las aplicaciones de mensajería se convirtieron en sistemas improvisados de alerta ciudadana. En colonias populares y comunidades rurales, el miedo dejó de ser una sensación temporal para convertirse en parte de la rutina.
UNA GENERACIÓN MARCADA POR LA GUERRA
Quizá el dato más doloroso sea el impacto sobre la población joven. El informe “La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EE. UU.”, elaborado por International Crisis Group, documenta que niños, adolescentes y jóvenes
concentran cerca del 40 por ciento de las víctimas mortales registradas durante los primeros meses de la confrontación.
Durante los primeros diez meses murieron al menos 55 menores de edad y alrededor de 450 personas de entre 18 y 28 años. En el periodo de casi dos años, se han reportado el asesinato de 108 menores de edad, también una cifra récord, incluyendo a niños inocentes que quedaron en medio del fuego criminal.
La cifra rompe cualquier narrativa que pretenda presentar el conflicto como una guerra exclusivamente entre grupos criminales. Los jóvenes aparecen también como el grupo más afectado en materia de desapariciones.
Antes del rompimiento interno del Cártel de Sinaloa predominaban personas de entre 35 y 40 años entre las víctimas de desaparición. Hoy, prácticamente la mitad corresponde a menores de 28 años. Más niños,
Las revisiones en Sinaloa se volvieron constantes a casi dos años de conflicto.
Recorrer el centro de Culiacán es encontrarse con miles de negocios cerrados.
adolescentes y jóvenes han muerto o desaparecido durante esta confrontación que en muchos de los años previos considerados como los más violentos para el estado.
LA ECONOMÍA TAMBIÉN FUE VÍCTIMA
Las pérdidas económicas continúan acumulándose. Las cámaras empresariales estiman que entre dos mil y cinco mil negocios cerraron sus puertas en distintos municipios de Sinaloa. Algunos no sobrevivieron a las bajas ventas. Otros fueron víctimas de extorsiones. Muchos más simplemente dejaron de tener clientes.
Caminar actualmente por el Centro Histórico de Culiacán permite observar decenas de locales vacíos con anuncios de “Se renta”, evidencia silenciosa de una economía que dejó de crecer. La actividad nocturna prácticamente desapareció durante varios meses. Los eventos masivos fueron cancelados.
La vida nocturna prácticamente desapareció en Culiacán.
El turismo de negocios, que era el que más ocurría en la capital del estado, cayó. La inversión privada se frenó y los empresarios comenzaron a trasladar operaciones hacia otras entidades.
La violencia también golpeó al mercado laboral. Registros del Instituto Mexicano del Seguro Social muestran la pérdida de alrededor de 22 mil empleos formales durante este periodo.
Sinaloa pasó de ser uno de los estados con mejor dinamismo económico del noroeste a figurar entre las entidades con menor crecimiento en generación de empleo formal.
Detrás de esas cifras existen miles de familias cuyos ingresos desaparecieron mientras enfrentaban el incremento de la violencia.
LA GUERRA SE TRASLADÓ AL CAMPO
Aunque Culiacán continúa siendo el principal referente del conflicto, la confrontación se desplazó gradual-
mente hacia comunidades rurales. Municipios serranos registran enfrentamientos frecuentes.
En esas regiones, el Estado enfrenta mayores dificultades para mantener presencia permanente. Laboratorios clandestinos, pistas de aterrizaje improvisadas y rutas utilizadas para el trasiego de drogas siguen siendo objetivos estratégicos para ambas facciones.
El conflicto dejó de concentrarse únicamente en la capital. Hoy alcanza poblados donde el acceso a servicios públicos ya era limitado antes del inicio de la guerra.
¿UNA REDUCCIÓN REAL?
El Gobierno federal sostiene que la estrategia de seguridad ha logrado disminuir los homicidios diarios respecto a los meses más críticos del conflicto.
Familias han sido víctimas de la violencia.
La presencia constante de fuerzas federales permitió contener algunos enfrentamientos abiertos en zonas urbanas. Sin embargo, organizaciones civiles, especialistas en seguridad y diversos analistas advierten que la disminución estadística no necesariamente significa el fin del conflicto.
Disminuyeron algunos enfrentamientos visibles en las ciudades, pero aumentaron las desapariciones, los ataques focalizados y los homicidios registrados en comunidades alejadas.
Mientras tanto, las estructuras financieras del narcotráfico continúan operando. De acuerdo con International Crisis Group, la producción y exportación de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina no presentan alteraciones significativas pese a la confrontación.
A casi dos años del rompimiento interno que cambió para siempre la historia reciente de Sinaloa, no existe un vencedor claro. Los Chapitos mantienen áreas de influencia. La Mayiza conserva estructuras operativas y capacidad de respuesta.
El Estado continúa desplegando miles de elementos federales. Y cada día que pasa suma nuevas páginas escritas con sangre, miedo y el dolor de miles de familias que, sin pertenecer a ninguna organización criminal, terminaron pagando el costo de una disputa cuyo final aún no se vislumbra.
¿DE DÓNDE SALE EL DINERO PARA LAS PRECAMPAÑAS DE LOS PRETENSOS?
David Fuentes M.
Aunque las precampañas electorales deberian iniciar a partir de enero del próximo año, lo cierto es que, desde hace meses las calles de Sinaloa se han llenado de propaganda de aquellos que aspiran sobre todo a convertirse en el candidato o candidata a la guberantura por el partido Morena.
La contienda por la gubernatura de Sinaloa aún no comienza oficialmente. Las precampañas, de acuerdo con el calendario electoral, iniciarán hasta el 4 de enero de 2027. Sin embargo, desde hace meses las calles del estado muestran un escenario distinto: bardas pintadas, recorridos por distintas colonias, asambleas informativas, brigadas territoriales, entrega de propaganda y una intensa presencia de aspirantes que buscan posicionar su nombre entre el electorado.
Campañas disfrazadas de recorridos y contiendas internas.
La actividad de estos aspirantes a las distintas candidaturas para el proceso electoral del próximo año avanza, mientras una pregunta crece en el aire: ¿Quién financia todo ese despliegue de propaganda? ¿Quién paga por la pintura en las bardas, por la impresión de los volantes, por los espacios en los medios y las redes sociales?
LAS BARDAS
La primera señal apareció con la proliferación de bardas en distintos municipios de Sinaloa, principalmente en Culiacán, donde se concentra más del 30 por ciento del padrón electoral. En estas bardas pintadas comenzaron a leerse mensajes como “Es Imelda” y “Es Tere”, en referencia a la senadora Imelda Castro y a la diputada local María Teresa Guerra.
Ambas se deslindaron de esas pintas y aseguraron desconocer quién las realizó. Guerra incluso anunció que investigaría el origen de la propaganda para verificar que no se estuvieran vulnerando los lineamientos internos de Morena ni la legislación electoral. Castro sostuvo una postura similar al afirmar que existen acciones de promoción que no necesariamente son organizadas por su equipo.
Mientras las aspirantes negaban responsabilidad, la oposición comenzaba a construir expedientes. El PAN presentó denuncias ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) por presuntos actos anticipados de campaña y aseguró haber reunido cientos de fotografías, videos y pruebas documentales sobre bardas, propaganda impresa y eventos públicos.
Bardas pintadas de los pretensos.
El partido también cuestionó el origen de los recursos utilizados para financiar esa promoción y exigió a las autoridades electorales investigar quién paga la logística, la propaganda personalizada y las actividades que buscan posicionar anticipadamente a determinados perfiles.
LOS HUECOS ELECTORALES
El debate fue escalando conforme aparecieron nuevos nombres en la contienda. Además de Imelda Castro y Teresa Guerra, comenzaron a mencionarse figuras como Graciela Domínguez. Ninguno pedía expresamente el voto. Tampoco se presentaban formalmente como candidatos. Pero su presencia comenzó a ser permanente.
Los recorridos que hacen “en defensa de la soberanía”.
Y aquí es donde puede señalarse uno de los principales vacíos que existen en el actual modelo electoral en México.
El consejero presidente del IEES, Arturo Fajardo, explicó en entrevista con un medio local que actualmente no existen precampañas formales. Lo que diversos partidos desarrollan son procesos internos para designar figuras denominadas “coordinadores” o cargos similares. Mientras quienes participan no soliciten el voto ni se presenten como candidatos oficiales, sus actividades no necesariamente constituyen una infracción electoral.
La ley, explicó Arturo Fajardo, únicamente prohíbe que se adelanten actos propios de una candidatura antes del inicio formal del proceso. Por ello insistió en que los participantes deben cuidar su conducta y evitar llamados expresos al voto.
Arturo Fajardo, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa.
Pero en los hechos, estos aspirantes a las “coordinaciones” buscan posicionarse en la mente de la ciudadanía en general y no solo de los integrantes de su partido, el escenario resulta mucho más complejo.
Las calles muestran brigadas recorriendo colonias, reuniones multitudinarias, propaganda impresa, espectaculares informales, bardas pintadas, recorridos casa por casa y presencia constante en redes sociales. El nombre cambia (asambleas informativas o juntas para la defensa de la transformación) pero el efecto es el mismo: instalar anticipadamente la imagen de una persona entre la ciudadanía.
LA OPOSICIÓN
La diputada local del PRI, Paola Gárate, sostuvo que cambiar el nombre de las precam-
La diputada Paola Gárate propuso una iniciativa para evitar las campañas adelantadas.
Más de un centenar de bardas han sido borradas por ciudadanos.
pañas no modifica su naturaleza. Desde la tribuna del Congreso anunció una iniciativa para sancionar las actividades anticipadas realizadas bajo cualquier denominación y cuestionó el origen de los recursos económicos utilizados para sostener esa operación política durante meses previos al calendario electoral. A su juicio, la ciudadanía tiene derecho a conocer quién financia estructuras, propaganda y movilizaciones antes del inicio formal del proceso.
El dirigente estatal del partido tricolor, César Emiliano Gerardo Lugo, denunció presuntos pagos para asistir a eventos políticos y el traslado organizado de simpatizantes en camiones. Paralelamente solicitó al INE y al IEES revisar las actividades desarrolladas por aspirantes de Morena para garantizar condiciones de equidad rumbo a 2027.
LO MISMO EN OTROS ESTADOS
Pero el debate rebasa a Sinaloa. Especialistas en materia electoral han advertido que el fenómeno se replica en las 17 entidades donde habrá renovación de gubernaturas. La interpretación que durante los últimos años ha realizado el Tribunal Electoral permitió la aparición de procesos internos que, aunque materialmente funcionan como precampañas, jurídicamente no reciben ese nombre.
Esa interpretación ha generado un escenario donde los aspirantes pueden recorrer el territorio, organizar eventos públicos, distribuir propaganda y fortalecer estructuras políticas sin que exista un esquema específico de fiscalización sobre esos gastos.
El propio consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, ha señalado públicamente que el or-
¿Quién paga estos recorridos?
ganismo aún carece de reglas suficientes para supervisar estas actividades anticipadas. Según la información disponible, el Consejo General ha postergado la emisión de lineamientos específicos para regular y fiscalizar esos procesos internos, situación que deja sin respuesta preguntas fundamentales sobre el origen y destino de los recursos utilizados durante esta etapa previa a las precampañas oficiales.
El hostigamiento telefónico parte de estas precampañas.
La discusión ya no se limita a los partidos políticos. En Culiacán surgió incluso un movimiento ciudadano denominado #BardasBlancas, cuyos integrantes han cubierto con pintura más de un centenar de bardas utilizadas para propaganda política.
Su impulsor, Abel Jacobo Miller, sostiene que el objetivo es eliminar este tipo de promoción sin importar el partido o personaje involucrado y promover una reforma que prohíba el uso de bardas como herramienta permanente de posicionamiento político.
El propio activista recordó que, hasta ahora, el criterio de la autoridad electoral ha sido que esas pintas no constituyen propaganda ilegal mientras no soliciten expresamente el voto ni incluyan determinados elementos previstos por la legislación.
Ese criterio explica buena parte del fenómeno que hoy vive Sinaloa. Las campañas todavía no empiezan, pero la competencia por el reconocimiento público ya está en marcha. Los partidos presentan denuncias, los aspirantes niegan responsabilidad sobre parte de la propaganda y las autoridades sostienen que el proceso electoral formal aún no inicia, pero, la pregunta más importante que nos debemos hacer es: ¿De dónde sale el dinero para recorrer todo el estado y quién financia todas estas campañas adelantadas?
¿Y SI SÍ… NOS INVADEN?
Eduardo Rivadeneyra Núñez
Cada día se escuchan con más intensidad los comentarios sobre una posible incursión de fuerzas estadounidenses a México. También aumentan constantemente las advertencias de funcionarios de Washington que se refieren a la necesidad de atacar a los carteles que hay en nuestro país en presunto contubernio con distintos niveles de gobierno.
Sea que suceda o no, es útil considerar algunos escenarios que podría tomar esta incursión o invasión y cómo podría afectar nuestra vida diaria. Con base en la experiencia histórica podríamos considerar un escenario de guerra total como ocurrió en 1847, o bien al-
guna intervención local focalizada como a principios del Siglo XX en Veracruz o en Chihuahua.
Ante la disparidad en poder militar, un escenario de guerra total significaría un desastre para nuestro país, con tropas enemigas ingresando por tierra en varios puntos de la frontera norte, tal vez en todas las ciudades de la zona. Difícilmente se podría hacer frente a la invasión ya que no contamos con tanques, ni uno sólo, y nuestros vehículos blindados artillados parecen ser más útiles para reprimir a la población civil que para hacer frente al Ejército de Estados Unidos.
La desigualdad entre ambas fuerzas también resulta evidente en el número de combatientes con que cuentan ambas naciones. Mientras Estados Unidos tiene un millón 328 mil elementos militares, México tiene apenas unos 371 mil.
Numerosos hombres en armas participarían en desembarcos en los principales puertos de ambos litora-
La diferencia de números de tropas es infinitamente dispar.
El ARM Juárez, El barco de guerra más moderno y mejor equipado de México, frágil
les, donde poco podría realizar las patrullas costeras de la armada mexicana que no cuenta con portaviones, ni acorazados, cruceros ni submarinos. El barco de guerra más moderno y mejor equipado de México en el ARM Juárez, que una patrulla oceánica de largo alcance.
Seguramente habría ataques de la Fuerza Aérea apoyando las incursiones a lo largo de la frontera y también los desembarcos en las costas nacionales, además de que se verían bombardeos en ciudades del centro del país, con paracaidistas lanzándose para apoderarse de puntos o instalaciones estratégicas.
Para hacer frente a la guerra en el aire, México cuenta con una flota de 12 cazas supersónicos Northrop F-5. Sin embargo, debido a que fueron adquiridos en la década de 1980 y a las restricciones para su mantenimiento debido a su antigüedad, se estima que sólo entre tres y ocho de estos aparatos se encuentran en condiciones operativas.
Por más que quisiéramos invertir en las modernización y crecimiento de nuestras fuerzas armadas, nunca tendremos la cantidad de recursos necesarios para estar en condiciones de enfrentar como iguales a Estados Unidos.
Además, las condiciones que una guerra total generaría para nuestra población serían casi inaguantables. La suspensión de labores escolares y actividades en general. Salir a la calle con el peligro de balas y proyectiles. Incluso las molestias más sencillas, como el momento en que nos demos cuenta de que no hay servicios bancarios y no podemos sacar dinero de los cajeros automáticos, nos dejarían inmovilizados.
Los escenarios de intervenciones focalizadas se podrían sobrellevar mejor y dejar que de pronto lleguen las tropas a llevarse a algún funcionario como ocurrió con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y entonces voltear para otro lado cuando arresten a, por ejemplo, algún gobernador con licencia en algún estado de la costa del Pacífico.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
DE LA UAS A LA ORGANIZACIÓN
EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN NUCLEAR:
Experto destaca en el Experimento ALICE; deja su huella en el Gran Colisionador de Hadrones
La ciencia no conoce fronteras, y así lo demuestra la participación del doctor Juan Manuel Mejía Camacho, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien desde 2020 forma parte de la colaboración internacional del Experimento ALICE, uno de los proyectos científicos más ambiciosos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el CERN.
“Formar parte de esta colaboración ha sido una experiencia muy satisfactoria, colaborando con instituciones de México, República Checa, Italia y otros países”, destaca el investigador.
Su labor ha sido pieza fundamental en el desarrollo del software de control para el detector FDD (Forward Diffractive Detector), un dispositivo diseñado y elaborado por manos mexicanas.
“El detector ocupa fuentes de alimentación de alto voltaje y electrónica compleja; nosotros desarrollamos el sistema de software necesario para controlar todos estos componentes y asegurar que funcionen adecuadamente durante las colisiones”, explica.
Este proyecto es una muestra de cómo universidades de diversos puntos del planeta trabajan bajo un fin común. Para el doctor Mejía, el proceso ha sido un aprendizaje constante: —Más allá de la técnica, lo más significativo es aprender a colaborar. Ver que, a pesar de las diferencias de idioma o ubicación, la perseverancia y el trabajo coordinado permiten alcanzar metas que parecen inalcanzables. El impacto de esta participación trasciende la investigación pura, ya que Mejía Camacho traslada este conocimien-
to directamente a las aulas de la Facultad de Ingeniería de la UAS.
“El aprendizaje que obtengo lo bajo a los estudiantes. Ellos ven que no solo se trata de teoría, sino de enfrentar retos donde muchas veces las herramientas no existen y tenemos que diseñarlas desde cero”, señala.
Actualmente, el profesor se encuentra involucrado en la siguiente fase, conocida como ALICE 3, trabajando en el desarrollo de software para un nuevo detector denominado MID (Muon Identifier Detector). Este reto implica una sincronización precisa con equipos de manufactura y hardware alrededor del mundo, consolidando el papel de la ingeniería mexicana en la vanguardia científica global.
Para los estudiantes de física e ingeniería interesados en formar parte de este tipo de colaboraciones, el doctor Mejía aconseja:
Acercarse a la divulgación: Participar en eventos como las Semanas de Ciencia y Tecnología.
Buscar mentoría: Acercarse a investigadores que ya están trabajando en estas áreas.
Formación académica: Considerar el desarrollo de una tesis de licenciatura o posgrado enfocada en estos proyectos internacionales.
“La disponibilidad y el deseo de seguir creciendo profesionalmente son primordiales. Uno nunca termina de aprender, y en ALICE, siempre hay nuevas fronteras que cruzar”, concluyó.
ENTRE LICENCIAS Y LA REALIDAD DE
LA VIOLENCIA
David Fuentes M.
Las declaraciones de la alcaldesa sustituta Minerva Osuna sobre su desconocimiento de la situación de seguridad al momento de ser elegida reavivaron la discusión pública en un momento en que Mazatlán registra un aumento en la percepción de inseguridad, cientos de desapariciones, ataques armados y afectaciones al turismo, la inversión y el empleo, evidenciando la distancia entre el discurso oficial y la realidad que vive el puerto.
Cuando Minerva Osuna Zavala asumió la presidencia municipal de Mazatlán, la primera pregunta que le hicieron los reporteros fue sobre los problemas de violencia e inseguridad por los que atraviesa la ciudad.
Su respuesta sorprendió a todos: admitió que desconocía cuáles eran esos problemas y aseguró que al día siguiente se pondría “a estudiar” para conocer la situación.
Horas después agregó que no tenía datos sobre la inseguridad y que sería hasta reunirse con la Mesa de Paz cuando tendría información sobre las estadísticas de Io que sucedía en el puerto.
Minerva Osuna Zavala se desempeñaba como Síndico Procuradora, siendo éste su primer encargo guberna-
mental, anteriormente tenía más de dos décadas en el ámbito académico y profesional de la arquitectura.
Estrella Palacios Domínguez había solicitado licencia para separarse del cargo y competir por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación de Morena, paso previo a la definición de la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en 2027.
Mientras la presidenta municipal emprendía su proyecto político, el gobierno de uno de los municipios más importantes del estado quedaba en manos de una funcionaria que reconocía públicamente no conocer el panorama de seguridad que enfrentaba la ciudad.
Las declaraciones se convirtieron rápidamente en motivo de debate. Sin embargo, mientras la discusión se concentraba en las palabras de la alcaldesa sustituta, la violencia continuaba acumulando víctimas.
Estrella Palacios y Minerva Osuna Zavala.
Días después, Osuna Zavala sostuvo que no observaba una disminución en la llegada de turistas y afirmó que la ocupación hotelera se mantenía en buenos niveles. Incluso consideró que algunos medios de comunicación exageraban la dimensión de la violencia registrada en el puerto.
Sus declaraciones ocurrieron después de varios hechos de alto impacto, entre ellos una incursión armada en una clínica privada que dejó una trabajadora asesinada y otra persona lesionada, además de diversos ataques armados ocurridos en distintos puntos de la ciudad y los numerosos casos de turistas desaparecidos.
LA VIOLENCIA SE SIENTE EN EL PUERTO
La percepción ciudadana con respecto a la inseguridad en Mazatlán es contundente: de acuerdo con la
La percepción de inseguridad en el puerto aumentó casi 30 por ciento.
En Mazatlán, al igual que en Culiacán, cientos de negocios han bajado sus cortinas.
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el porcentaje de habitantes de Mazatlán que se sienten inseguros pasó de 67.7 por ciento en diciembre de 2024, a 80.4 por ciento un año después, ubicando al municipio entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país.
El deterioro de la seguridad también comenzó a reflejarse en la actividad económica. Empresarios del puerto advierten que la violencia ya dejó de ser únicamente un problema de orden público para convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación señaló que la inseguridad afecta diariamente al turismo, al comercio, al desarrollo inmobiliario y a los proyectos industriales que buscan instalarse en Mazatlán. Incluso se dio a conocer que cinco parques indus-
triales proyectados para atraer inversión permanecen rezagados debido al clima de incertidumbre.
La Cámara Nacional de Comercio coincide en ese diagnóstico. Su dirigencia reconoce que continúan cerrando negocios y perdiéndose empleos, aunque algunos nuevos establecimientos intentan mantener la actividad económica.
Entre enero y mayo de este año, Sinaloa perdió alrededor de 35 mil empleos formales, mientras los comerciantes sostienen que la recuperación económica sigue dependiendo, en buena medida, de que la violencia disminuya.
EL CASO MÁS GRAVE
Pero quizá ninguna estadística refleja con tanta claridad la transformación que vive Mazatlán como las desapariciones.
Turistas desaparecidos en Mazatlán, exigencias en Palacio Nacional.
En 2025 se denunciaron 478 desapariciones en el municipio, convirtiéndolo en la tercera localidad de Sinaloa con más casos. La cifra incluye habitantes del puerto, visitantes nacionales y turistas que llegaron para vacacionar y nunca regresaron a sus hogares.
Entre los expedientes más conocidos está el de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven de Durango que desapareció tras ingresar al baño de un centro nocturno de la Zona Dorada mientras celebraba su cumpleaños con familiares.
También permanece el caso de cuatro visitantes originarios del Valle de México privados de la libertad en la zona de Cerritos, así como el de José Isaías García Rosey, un joven queretano cuyo cuerpo fue localizado meses después de haber desaparecido cuando regresaba de unas vacaciones en Mazatlán.
Varias manifestaciones se han dado en el puerto tras desaparición de personas.
A ellos se suman decenas de jóvenes locales que continúan siendo buscados por sus familias y cuyos rostros aparecen diariamente en las fichas de búsqueda difundidas por colectivos ciudadanos.
La propia Comisión Estatal de Búsqueda emitió recientemente fichas para localizar a Cristian Yahir Gabriel Valdés y Kevin Adán Grajeda Virgen, ambos de 22 años, desaparecidos durante julio en el puerto.
Al mismo tiempo, gobiernos como el de Estados Unidos y el Reino Unido mantienen advertencias para evitar viajes no esenciales hacia distintas zonas del estado debido a la persistencia de la violencia.
LA NARRATIVA DE “TODO BIEN”
Paradójicamente, mientras la alcaldesa provisional insistía en que el turismo seguía llegando y atribuía
Tan pronto tomó protesta la alcaldesa sustituta, un ataque armado en una clínica privado ocurrió.
Negocios en los puntos turísticos más importantes han cerrado por bajas ventas.
parte de la percepción de inseguridad a la cobertura mediática, el propio Ayuntamiento reconocía otro problema: numerosas cámaras del sistema de videovigilancia C4 permanecían fuera de servicio tras haber sido vandalizadas y necesitaban ser sustituidas para fortalecer la vigilancia en la ciudad.
Mazatlán continúa siendo uno de los principales destinos turísticos del país, pero también un municipio marcado por desapariciones, homicidios, ataques armados y una economía que intenta sostenerse en medio de la incertidumbre.
LANDEROS GÜICHO, EL CONFLICTO DE INTERÉS QUE NADIE QUIERE VER
Santiago Rentería
Para nadie es ajeno que el actual secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Joaquín Alberto Landeros Güicho, forma parte del círculo más cercano de los hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Sin embargo, documentos oficiales y registros mercantiles permiten observar una red de relaciones empresariales que coincide con la asignación de contratos públicos por decenas de millones de pesos. Los vínculos entre socios, proveedores y funcionarios plantean interrogantes sobre posibles conflictos de interés, transparencia en el ejercicio del gasto y la utilización del aparato gubernamental para beneficiar a un reducido grupo de empresarios relacionados entre sí.
En cualquier administración pública la apariencia de imparcialidad resulta tan importante como la legalidad de sus actos. Cuando un funcionario encargado de administrar el dinero público mantiene relaciones empresariales con personas que, a su vez, reciben contratos gubernamentales, el conflicto de interés deja de ser una hipótesis para convertirse en un asunto de evidente interés público.
Ese es el caso que rodea al actual secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, Joaquín Alberto Landeros Güicho, cuya trayectoria dentro del gabinete de Rubén Rocha Moya ha estado acompañada por una red de relaciones comerciales que coinciden con adjudicaciones millonarias realizadas por distintas dependencias estatales.
Registros del Registro Público de Comercio muestran que Landeros Güicho aparece como accionista de la empresa Cocina Trucha, propietaria del restaurante Los Truchas, ubicado en el Centro Histórico de Culiacán.
Dentro de la misma sociedad mercantil también figura Manuel Alfonso Flores Lizárraga, mientras que como comisario aparece Moisés Omar Aguilar Medina.
La relevancia de estos nombres no radica únicamente en su participación dentro del negocio restaurante -
Contrato renta computadoras.
ro. La importancia surge cuando esas mismas personas aparecen vinculadas con otras empresas relacionadas con integrantes del círculo familiar del gobernador Rubén Rocha Moya.
Aguilar Medina, por ejemplo, también participa en la
Contrato renta computadoras, segunda parte.
empresa Chocosa Ranch, donde comparte sociedad con José Jesús Rocha Ruiz, hijo menor del mandatario estatal.
Es precisamente esa interconexión de socios la que abre la puerta a una red empresarial que posteriormente aparece beneficiada mediante contratos financiados con recursos públicos.
EL PROVEEDOR FAVORECIDO
Uno de los nombres que más se repite dentro de esa estructura es el de Luis Fernando Ávila Hach.
Aunque formalmente no comparte sociedad con Joaquín Landeros, sí mantiene una relación empresarial con Manuel Alfonso Flores Lizárraga, accionista de Cocina Trucha.
Es decir, el empresario beneficiado con contratos públicos forma parte del mismo círculo empresarial donde participa el actual secretario de Finanzas.
La relación cobra relevancia porque durante el sexenio de Rubén Rocha Moya, Ávila Hach comenzó a recibir contratos para el suministro de equipo de cómputo a diversas dependencias estatales. El más importante fue otorgado en junio de 2023.
EL CONTRATO DE 45.9 MILLONES DE PESOS
La Secretaría de Administración y Finanzas adjudicó un contrato por 45 millones 900 mil
Arrendamiento de computadoras por 49 millones de pesos.
pesos para la adquisición de hasta mil 540 equipos de cómputo destinados a distintas oficinas del Gobierno del Estado.
En ese momento la dependencia era encabezada por Enrique Díaz Vega, considerado uno de los operadores financieros más cercanos al gobernador y señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La compra fue solicitada por la entonces Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, donde Joaquín Alberto Landeros Güicho se desempeñaba como secretario ejecutivo.
Aunque el procedimiento fue realizado por otra dependencia, la coincidencia entre el área solicitante, el círculo empresarial del funcionario y el proveedor ganador constituye uno de los principales elementos que alimentan los señalamientos sobre un posible conflicto de interés.
Especialistas en materia de contratación pública advierten que la legislación mexicana no solamente prohíbe el beneficio directo de servidores públicos, sino que obliga a prevenir cualquier circunstancia que pueda comprometer la imparcialidad de las decisiones gubernamentales.
Cuando los proveedores mantienen relaciones comerciales o societarias con funcionarios públicos, la autoridad tiene la obligación de documentar que tales vínculos no influyeron en el procedimiento de contratación.
Hasta ahora no existe información pública que explique si dicho análisis fue realizado.
ASCENSO METEÓRICO
La carrera de Joaquín Alberto Landeros Güicho dentro del gabinete estatal ha sido una de las más rápidas del sexenio. Primero ocupó un cargo estratégico dentro de la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales.
Posteriormente fue nombrado secretario de Obras Públicas. Finalmente, tras la salida de Enrique Díaz Vega en 2024, Rubén Rocha Moya lo designó titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, colocándolo al frente del manejo de miles de millones de pesos del presupuesto estatal.
Landeros Güicho cercano de los hijos del gobernador.
Ese ascenso ocurrió mientras diversos integrantes del círculo cercano al mandatario consolidaban posiciones dentro de empresas privadas relacionadas entre sí.
LOS CONTRATOS NO TERMINARON AHÍ
La contratación de Luis Fernando Ávila Hach no fue un hecho aislado. La revisión de contratos públicos muestra que el empresario continuó obteniendo adjudicaciones durante los años siguientes en distintas dependencias del Gobierno de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega y Landeros Güicho, en el ojo del huracán.
Entre ellas destacan:
• Un contrato por 750 mil pesos con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) en diciembre de 2024 para suministro de equipo de cómputo.
• Otro contrato por 350 mil pesos con el Instituto Tecnológico Superior de Guasave.
• Diversas adquisiciones realizadas por los Servicios de Salud de Sinaloa por montos de 143 mil pesos, 133 mil pesos, 313 mil pesos, 227 mil 695.70 pesos, además de otro cercano al millón de pesos y uno adicional por 119 mil 353.60 pesos.
• Contratos con el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa (CONALEP) por 354 mil pesos, 662 mil 410.90 pesos y posteriormente otro por tres millones 974 mil 465.42 pesos.
En conjunto, las adjudicaciones representan varios millones de pesos provenientes del erario estatal distribuidos entre diferentes instituciones públicas, todas ellas teniendo como proveedor al mismo empresario vinculado con el círculo societario del secretario de Finanzas.
EL CONFLICTO DE INTERÉS
En México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben excusarse de intervenir en asuntos donde existan inte -
Contrato en Servicios de Salud de Sinaloa por poco más de un millón de pesos.
reses personales, familiares o de negocios que puedan afectar la objetividad de sus decisiones.
No es necesario demostrar que existió un beneficio económico directo para que exista un conflicto de interés; basta con que las relaciones personales o comerciales puedan generar una duda razonable sobre la imparcialidad de una contratación.
En este caso, los registros mercantiles muestran una cadena de vínculos entre funcionarios, socios empresariales y proveedores del Gobierno de Sinaloa que ame -
rita una revisión por parte de las autoridades fiscalizadoras y de los órganos internos de control.
UN ENTRAMADO BAJO LA LUPA
El caso adquiere una dimensión política mayor porque tanto Rubén Rocha Moya como su exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, enfrentan señalamientos públicos derivados de investigaciones abiertas en Estados Unidos. Ambos han rechazado las acusaciones que se han difundido en distintos espacios públicos y no existe una sentencia judicial que determine responsabilidad penal en su contra.
Mientras tanto, en Sinaloa continúan apareciendo contratos que fortalecen a un mismo grupo de proveedores relacionados entre sí por vínculos societarios.
La pregunta que permanece sin respuesta no es únicamente si los procedimientos administrativos cumplieron con la ley, sino si el dinero público terminó fortaleciendo una red de intereses privados ligada al primer círculo político del gobierno estatal.
Porque cuando los mismos nombres aparecen una y otra vez en las actas constitutivas de empresas, en los registros mercantiles y en los contratos financiados con recursos públicos, el conflicto de interés deja de ser una sospecha para convertirse en un asunto que exige máxima transparencia, rendición de cuentas e investigaciones independientes.
MAR DE FONDO
QUINCEMIL VERDADES A CUESTA
El juicio del Mayo Zambada, 15 mil millones de dólares de indemnización pide el gobierno gringo.
15 mil millones de dólares, es la suma de dinero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le solicitó de manera formal a la Corte del Distrito Este de Nueva York, en el juicio que lleva el capo mexicano, Ismael El Mayo Zambada; Zambada García también tiene a cuestas una sentencia de cadena perpetua.
Los 15 mil millones de dólares serían en indemnización por las décadas, en las que el narco sinaloense introdujo droga a los Estados Unidos. El gobierno mexicano quiere parte de ese botín, señala la presidenta Claudia Sheinbaum, que parte de ese dinero tendría que ser regresado a nuestro país para distribuirlo en programas sociales; la familia Lebaron, también exige parte de ese dinero como indemnización en la masacre ocurrida en Chihuahua.
15 mil millones de dólares es una barbaridad de dinero, para darnos una idea de la cantidad de la que se habla diremos que le tocaría 50 dólares a cada uno de los pobladores de aquella nación, Estados Unidos tiene una población de 350 millones de personas.
15 mil millones de dólares, tomando como base de cambio 17.43 pesos por dólar, esto equivale a 261 mil 450 millones de pesos mexicanos. Si anualmente Sinaloa recibe de presupuesto total 70 mil millones de pe -
Aguilar Padilla y Juan Millán.
El
sos, la deuda del Mayo en indemnización que tiene que pagar, equivaldría a cuatro años del presupuesto total que maneja nuestro estado para darle vida pública a la salud, educación, servicios, gasto corriente y un largo etcétera.
Se estima que la fortuna de Jesús Vizcarra Calderón, presidente y director general del grupo SuKarne, ronda los mil 500 millones de dólares. Vizcarra Calderón aparece como uno de los empresarios sinaloenses más acaudalados en México, con sede en Culiacán. Ernesto Coppel Kelly, empresario hotelero, registra una fortuna de alrededor de dos mil millones de dólares. José Eduvigildo Carranza, fundador de Grupo Pinsa, la empresa atunera más grande de Latinoamérica, se estima que su fortuna no llega a los mil millones de dólares. Las fortunas de estos tres empresarios significan una tercera parte del total a pagar por el Mayo Zambada a los gringos.
Se le acusa a Zambada García de corromper y sobornar a todo tipo de autoridades en Sinaloa y México durante 50 años; cinco décadas de control que Zambada García tuvo gracias a las jugosas ganancias que deja el negocio del narcotráfico.
Pero el dinero “negro” no sólo se repartió entre políticos y gobernantes, financiando campañas y apadrinando candidatos, también fue introducido a la economía legal por medio de empresas y empresarios que vieron una oportunidad en el blanqueo de capitales, dejando a un lado cualquier tipo de moral.
Sinaloa en los últimos 30 años dio un cambio de 180 grados en cuanto a convertirse de un pueblo en los ochenta a una ciudad pujante en los noventa y dos mil; proyectos como el Tres Ríos catapultó la modernidad en Culiacán, el proyecto, siempre acompañado de la sombra del narco y el lavado de dinero, ese dinero que hoy señala con argumentos legales el Departamento
En los últimos 30 años Sinaloa dio un giro de 180 grados.
de Justicia de Estados Unidos y de manera tibia y casi entre dientes la presidenta de México desde el púlpito de las mañaneras del pueblo; los Lebaron exigen justicia por sus familias masacradas, mujeres y niños.
Esos políticos de los ochentas, noventas y la actualidad: Labastida, Millán, Aguilar, Malova y Ordaz, nacieron, crecieron y se consolidaron políticamente como gobernantes de la mano del Mayo Zambada, sus fortunas también crecieron de esa misma mano, ahora todos con amnesia y disfrutando de la impunidad que otorga el aparato judicial a los políticos y gobernantes en este país.
Pero al igual que los políticos y gobernantes, muchos de los hoy grandes empresarios, de moral intachable, adjetivo que se regalan entre ellos, tuvieron sus raíces en esas bonanzas de dinero “negro”; para este tipo de políticos y empresarios el fin siempre justificará los medios.
El pago por indemnización del ‘Mayo’ Zambada equivale a cuatro años de presupuesto para Sinaloa.
Quince mil millones de dólares es el tamaño de la cobija con la que dicen los gringos el Mayo tapó a políticos, gobernantes, empresarios y ciudadano común que vivió durante esos últimos 50 años en Sinaloa, principalmente.
“Esa es la verdad de la verdad”, como dijera Ken Salazar. Por ello la verdad nos ha aplastado durante estos dos últimos años.
En ese contexto de ideas, en Sinaloa, el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra...
Aguilar Padilla y Malova
EL MORBO SE APODERÓ DE SINALOA
Cada día que pasa, Sinaloa registra nuevos hechos violentos de alto impacto. Lo más preocupante es que muchos de ellos ocurren en plazas públicas, a plena luz del día y ante decenas de personas.
Las imágenes difundidas por los medios muestran una escena cada vez más común: ciudadanos observando, grabando con sus teléfonos o tomando fotografías, mientras el morbo parece imponerse al miedo. Lo que antes provocaba asombro, hoy comienza a verse como parte de la rutina.
Esa normalización termina favoreciendo la narrativa oficial. Cuando la violencia deja de sorprender, resulta más sencillo sostener que las cosas van mejorando o que los delitos disminuyen.
Hoy, el mayor riesgo no es solo la violencia que sigue golpeando a Sinaloa, sino que la sociedad empiece a convivir con ella como si fuera algo cotidiano, en una guerra que sigue sin un final a la vista.
Nos leemos en una próxima edición, hasta entonces… hasta siempre.
