03Un mes después de Rocha, la violencia no da tregua en sinaloa
13 La resistencia por la defensa de la Bahía de Ohuira
21 Murmullos DePrimera
23 Mérida Sánchez, la pieza que puede derrumbar el tablero
36 La protesta del activista Roberto Blanco
53 Díaz Vega, pieza clave de los Rocha Ruiz
62 Narcopolítica bajo la lupa: La denuncia de defensorxs contra 55 políticos de Sinaloa
70 CFE en Sinaloa: Cuando la luz es una carga impagable
Internacional Eduardo Rivadeneyra Núñez 75 Mar de Fondo Institucional 82 La Frase Iván Grijalva
UN MES DESPUÉS DE ROCHA, LA VIOLENCIA
últimos tiempos, con un número de homicidios que distintas fuentes ubican por encima de los 160 casos, mientras las cifras oficiales reportaron apenas
Moya
123 homicidios dolosos. La diferencia entre los registros ha reavivado las acusaciones de manipulación estadística y de una estrategia gubernamental enfocada más en contener el impacto político de la violencia que en resolver sus causas. Mientras Rubén Rocha
Yeraldine Bonilla, a un mes de tomar las riendas de Sinaloa, la simulación total.
Cuando Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador, algunos sectores de la sociedad sinaloense consideraron que podría abrirse una oportunidad para modificar la estrategia de seguridad que durante meses había sido objeto de cuestionamientos. Sin embargo, el mes de mayo pareció desmentir rápidamente cualquier expectativa de cambio.
El estado cerró el mes convertido nuevamente en un escenario de violencia cotidiana. Los asesinatos volvieron a ocupar titulares, las desapariciones continuaron acumulándose y los ataques armados siguieron registrándose prácticamente a diario.
Las cifras muestran una tendencia preocupante. Mientras abril concluyó con 103 homicidios, marzo registró 80, febrero 109 y enero
Asesinatos a cualquier hora del día, la estadística se mantiene.
107 casos, mayo escaló hasta cifras que diversos recuentos periodísticos sitúan entre 130 y 164 asesinatos.
La diferencia entre los registros periodísticos y los datos oficiales no es un asunto menor. Por el contrario, se ha convertido en uno de los principales puntos de controversia sobre el manejo gubernamental de la crisis.
Asesinatos durante la reciente administración en Sinaloa.
LA DISPUTA POR LAS CIFRAS
La Fiscalía General del Estado reportó oficialmente 123 homicidios dolosos durante mayo. Sin embargo, medios de comunicación que realizan conteos diarios independientes ubicaron la cifra real considerablemente por encima de ese número.
La discrepancia responde, según críticos y observadores, a criterios de clasificación utilizados por la autoridad ministerial para excluir ciertos casos del conteo principal de homicidios dolosos.
Un caso que alimentó la polémica fue el asesinato del comandante de la Policía Estatal Preventiva, Juan Pedro “N”. Aunque perdió la
vida durante un ataque armado, el expediente fue clasificado bajo la categoría de agresión a la autoridad y no dentro del registro convencional de homicidios dolosos.
A estos casos se sumaron los siete internos fallecidos durante la riña ocurrida en el penal de Aguaruto. La Fiscalía decidió clasificarlos como homicidios derivados de una riña, separándolos nuevamente del conteo general.
Para organizaciones civiles y analistas en seguridad, estas diferencias metodológicas provocan una percepción distorsionada de la realidad y dificultan dimensionar con precisión la magnitud de la violencia.
El asesinato del comandante Juan Pedro, fue registrado como agresión a la autoridad.
LA GUERRA QUE NO TERMINA
Detrás de las estadísticas existe una realidad mucho más compleja. La ola de violencia que azota a Sinaloa desde septiembre de 2024 continúa vinculada a las disputas internas surgidas tras la captura de Ismael El Mayo Zambada.
Lo que comenzó como una reconfiguración criminal terminó convirtiéndose en una confrontación prolongada cuyos efectos siguen golpeando a la población civil.
Las calles de Culiacán han sido escenario de ataques armados, ejecuciones, persecuciones, incendios de viviendas y negocios, así como hechos que han generado una profunda sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos.
Los llamados “mensajes criminales” han evolucionado hasta incorporar símbolos inquietantes, incluyendo la colocación de puerquitos de peluche en escenas relacionadas con
Una riña en el penal de Aguaruto dejó como saldo 7 internos fallecidos, no entra en cifra de homicidios.
homicidios, una práctica que ha incrementado el impacto psicológico de la violencia.
Mientras tanto, los retenes militares, patrullajes conjuntos y operativos especiales parecen insuficientes para contener una dinámica criminal que continúa adaptándose y expandiéndose.
YERALDINE FRENTE AL DESAFÍO
El 2 de mayo de 2026, Yeraldine Bonilla asumió la gubernatura interina con el desafío de enfrentar una de las etapas más complejas en materia de seguridad para Sinaloa.
Sin embargo, el balance inicial está lejos de ser favorable. Su primera semana en funciones coincidió con al menos 28 muertes violentas.
Puerquitos de peluche han sido dejados en varias escenas de crimen, crisis social.
Ni la llegada constante de elementos del ejército han logrado bajar los números en Sinaloa.
El resto del mes mantuvo una tendencia ascendente que terminó convirtiendo mayo en uno de los periodos más sangrientos del año.
Aunque la gobernadora interina ha reiterado el compromiso institucional de mantener la coordinación con las fuerzas federales, los resultados visibles siguen siendo limitados.
La percepción ciudadana tampoco parece haber mejorado. Comerciantes, vecinos y transportistas continúan modificando rutinas, reduciendo horarios de operación o evitando determinadas zonas por temor a quedar atrapados en hechos violentos.
Diversas voces políticas aseguran que es Rocha quien sigue tomando las decisiones en Sinaloa.
EL PODER QUE PERMANECE
Más allá de la figura formal de la gobernadora interina, diversas voces políticas sostienen que las decisiones estratégicas continúan siendo influenciadas por el grupo político encabezado por Rubén Rocha Moya.
La percepción de que existe un gobierno operando a distancia ha alimentado cuestionamientos sobre quién toma realmente las decisiones en momentos de crisis.
Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo los cambios administrativos no se traducen necesariamente en modificaciones sustanciales de la estrategia de seguridad.
La discusión sobre si fueron 123, 130 o 164 homicidios durante mayo puede parecer una diferencia estadística. Sin embargo, el debate revela un problema más profundo: la distancia entre los reportes oficiales y la percepción cotidiana de los ciudadanos.
Porque más allá de los números, lo que permanece es la sensación de que la violencia sigue marcando el ritmo de la vida pública en Sinaloa.
A un mes de la llegada de Yeraldine Bonilla al gobierno interino, el estado continúa enfrentando los mismos desafíos que heredó.
Las cifras siguen creciendo, las explicaciones oficiales resultan insuficientes para amplios sectores de la sociedad y las calles continúan acumulando historias de víctimas, desapariciones y miedo.
El primer mes de la nueva administración deja una conclusión difícil de ignorar: la salida formal de Rubén Rocha Moya no ha significado, al menos hasta ahora, una disminución visible de la violencia que mantiene a Sinaloa sumido en una de las etapas más complejas de su historia reciente.
LA RESISTENCIA POR LA DEFENSA DE LA BAHÍA DE OHUIRA
Por David Fuentes M.
A más de una década de que comenzó a difundirse el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo, defensores de la Bahía de Ohuira continúan en la lucha para impedir su construcción. Sin embargo, con el visto bueno del gobierno federal, pareciera que la instalación de la planta de amoniaco es inevitable. Ante ello, la presión social busca frenar el proyecto que sigue envuelto en polémicas por cuestiones ambientales.
Hace apenas unas semanas la presión social consiguió algo que parecía imposible. En Mahahual, Quintana Roo, colectivos ciudadanos, ambientalistas, habitantes de la costa maya e incluso creadores de contenido en redes sociales lograron frenar el proyecto turístico Perfect Day México, promovido por Royal Caribbean.
La movilización pública, las campañas en redes sociales y las peticiones ciudadanas en plataformas como change.org terminaron por convertirse en elemento fundamental para detener este desarrollo que amenazaba con destruir manglares y cenotes en la región.
Ahora se busca establecer una estrategia similar en Sinaloa. En el puerto de Topolobampo, habitantes, pescadores, comunidades indígenas mayo-yoreme y organizaciones ambientalistas buscan impedir la cons-
Protestas en Topolobampo, explotación de la Bahía de Ohuira.
trucción de la planta de amoniaco promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la compañía suizo-alemana PROMAN AG, en la Bahía de Ohuira, una zona de gran importancia ecológica y económica para la región.
Recientemente vecinos de Topolobampo se manifestaron ante la llegada de equipo destinado a la construcción de la planta. Integrantes del colectivo ambientalista ¡Aquí No! denunciaron además que la comunidad enfrenta incertidumbre ante los posibles efectos que podría generar el proyecto sobre la bahía, la pesca y la vida cotidiana de quienes habitan en la zona.
AÑOS DE LUCHA
La historia del proyecto se remonta a más de una década. Los primeros trámites comenzaron entre 2013 y
Firmas en la plataforma de change.org
2014. La propuesta contempla la producción de alrededor de dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, un compuesto utilizado principalmente en la fabricación de fertilizantes, así como en distintas actividades industriales, farmacéuticas y energéticas.
Para sus promotores, la planta representa una inversión estratégica capaz de fortalecer la producción nacional de fertilizantes y generar desarrollo económico en el norte de Sinaloa. Sin embargo, desde sus primeras etapas, el proyecto encontró resistencia.
Los opositores sostienen que la Bahía de Ohuira es un ecosistema que alberga manglares, aves migratorias, tortugas, lobos marinos y delfines nariz de botella. Además, recuerdan que la bahía forma parte de un Sitio Ramsar, categoría internacional que re -
En redes sociales se difundieron imágenes de equipo industrial para instalar en la planta llegando a Topolobampo.
conoce humedales de importancia ecológica. Según la plataforma Salvemos Ohuira, la construcción de la planta podría alterar el equilibrio ambiental de una zona considerada fundamental para la biodiversidad y para la actividad pesquera que sostiene a miles de familias.
De acuerdo con la información difundida por el colectivo ¡Aquí No! y por la campaña “Salvemos la Bahía de Ohuira”, la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto reconoce que la planta requerirá extraer más de dos mil metros cúbicos de agua de mar por hora. Los opositores sostienen que el retorno de esa agua con una temperatura superior y acompañada de descargas de salmuera podría afectar significativamente la vida marina de la bahía. También citan estudios que estiman posibles afectaciones a la producción camaronera, una de las actividades económicas más importantes de la región.
La magnitud de un posible ecocidio.
Los grupos ciudadanos también expresan preocupación por los riesgos asociados al almacenamiento y manejo de amoniaco. La petición difundida a través de change.org advierte sobre posibles impactos para comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto y sostiene que una eventual fuga representaría un riesgo para la población en varios kilómetros.
Para las comunidades mayo-yoreme, la discusión trasciende el aspecto ambiental. Diversas organizaciones sostienen que la bahía forma parte de un territorio estrechamente vinculado con prácticas tradicionales de pesca, agricultura, gastronomía y expresiones culturales transmitidas durante generaciones. Los opositores argumentan que una degradación ecológica podría afectar también la continuidad de esas formas de vida.
La Bahía de Ohuira es considerado un sitio RAMSAR, animales en peligro.
FIRMAS PARA DETENER EL PROYECTO
Mientras tanto, la movilización social ha ganado fuerza. A través de la plataforma change.org, el Consejo Ciudadano de Ecología Bahía de Ohuira impulsa una campaña para solicitar la cancelación del proyecto y el retiro de su financiamiento internacional. A inicios de junio, la petición acumulaba más de 690 mil firmas, una cifra que convirtió el tema en tendencia nacional y atrajo la atención de activistas e influencers que comenzaron a difundir el caso en redes sociales.
MANIFESTACIONES EN MAZATLÁN Y CULIACÁN
Ciudadanos salieron a manifestarse en las calles de Mazatlán y Culiacán los días 3 y 4 de junio, respectivamente, para expresar su rechazo al proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo y advertir sobre los posibles impactos ambientales que, aseguran, podría generar en la Bahía de Ohuira y su ecosistema.
En Mazatlán vandalizaron las letras turísticas con consignas ante el posible ecocidio.
Durante las movilizaciones se podían leer peticiones como “Con el Pechocho, no”, haciendo alusión al conocido delfín que habita en la zona y que se ha convertido en un símbolo de la defensa de la bahía. También destacaban pancartas con mensajes como “El ecocidio no es progreso”, y “los manglares no tienen voz”.
Más allá de las consignas, las protestas reflejan una creciente preocupación ciudadana por lo que consideran una visión de desarrollo que privilegia los intereses económicos por encima de la conservación ambiental. Para los manifestantes, el debate ya no se limita a la construcción de una planta industrial, sino a la forma en que las autoridades toman decisiones sobre territorios que albergan especies, humedales y manglares de alto valor ecológico.
Los participantes cuestionaron que, mientras en el discurso oficial se habla de sustentabilidad y protección
del medio ambiente, en los hechos continúen impulsándose proyectos que, a su juicio, representan riesgos para uno de los ecosistemas costeros más importantes del norte de Sinaloa. Advirtieron que el verdadero costo de estas obras podría no medirse en inversiones o empleos prometidos, sino en la pérdida irreversible de biodiversidad y en el deterioro de un patrimonio natural que pertenece a las futuras generaciones.
EL LADO EMPRESARIAL
Pero del otro lado se encuentra la postura de la empresa y de diversos sectores empresariales. GPO sostiene que el proyecto no afectará los servicios ecosistémicos de la región. La compañía afirma que implementará programas de conservación para manglares, aves migratorias, tortugas, delfines y flora acuática. También asegura que el sitio fue evaluado por las
En Culiacán también se manifestaron ciudadanos en contra de la planta de amoniaco.
autoridades ambientales y que las obras cumplen con los requisitos establecidos por la legislación mexicana.
La Intercamaral de Los Mochis también ha expresado respaldo a la instalación de la planta. Sus representantes afirman que el proyecto atravesó procesos de consulta y socialización, además de cumplir con los procedimientos legales correspondientes. Desde esta perspectiva, la inversión representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica regional, generar empleos y atraer nuevas cadenas productivas al norte de Sinaloa.
Como ocurrió en Mahahual, los opositores apuestan a que la presión social pueda modificar el rumbo del proyecto. Del otro lado, la empresa y los sectores que la respaldan insisten en que la planta cumple con la normatividad y puede coexistir con el entorno.
El futuro de la Bahía de Ohuira sigue siendo motivo de discusión. Mientras que el gobierno federal necesita desesperadamente nuevas inversiones extranjeras, los habitantes de la región (tal como sucedió en Quintana Roo) no están dispuestos a perder sus recursos naturales ni a poner en riesgo la salud de la población. Topolobampo se ha convertido en uno de los escenarios donde se debate qué tipo de desarrollo debe prevalecer en las costas mexicanas.
MÉRIDA SÁNCHEZ:
LA PIEZA
QUE PUEDE DERRUMBAR EL TABLERO
Por Santiago Rentería
Mientras en México la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha pasado un mes completo pidiendo pruebas en contra de los narcopolíticos como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York la jueza Katherine Polk Failla fue contundente al señalar que existe evidencia “abundante”
en el proceso judicial que se le comenzó a abrir al general de División en retiro
Gerardo Mérida Sánchez, el primero de los diez integrantes de la lista de Sinaloa acusados de colusión con el cártel de Los Chapitos. Si el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa se entregó con el fin de llegar a un acuerdo, ¿qué información no tendrá en su poder tras los 15 meses que estuvo en el cargo, justo en el momento en que Ismael Zambada fue emboscado y Héctor Melesio Cuén asesinado? En dos meses habrá más información al respecto.
Durante las vocerías de gobierno, Mérida Sánchez simulaba información.
Esposado y hasta encadenado, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez entró a la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pasado lunes 1 de junio para comparecer por primera vez desde que se entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos con la finalidad de alcanzar un acuerdo que lo libre de la cadena perpetua.
Tras 20 minutos en la corte, la jueza otorgó un plazo de 60 días para organizar y procesar las pruebas antes de la siguiente audiencia, programada para agosto. Tanto la Fiscalía como la defensa del general podrán consultar la abundante evidencia que involucra al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al resto de los coacusados en este maxiproceso en Manhattan.
De acuerdo con la acusación, Mérida Sánchez fue clave en la conspiración para favorecer a Los Chapitos. Además, se le señala de recibir
Mérida Sánchez ya tuvo su primera audiencia en los Estados Unidos.
sobornos mensuales por el orden de los 100 mil dólares; era el funcionario más caro de la nómina, según el documento público.
A cambio, Los Chapitos tenían “permiso” para traficar narcóticos y armas; podían recibir apoyo logístico para evitar que se desmantelaran sus narcolaboratorios o que sus integrantes fueran detenidos por las fuerzas del orden, todo a lo largo de los 15 meses que ejerció como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), dependencia que controla la Policía Estatal Preventiva, los penales estatales y algunas corporaciones municipales.
Pero el caso contra Mérida no es solamente un asunto policiaco. Forma parte de una investigación más amplia de Estados Unidos contra varios funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. La Fiscalía estadounidense sostiene que Rubén Rocha Moya y otros integrantes de su círculo político habrían mantenido una relación de colaboración con el Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y protección institucional. Estas acusaciones fueron formalizadas en la acusación judicial presentada en Nueva York en abril de 2026 ante un gran jurado integrado por ciudadanos estadounidenses.
LOS 15 MESES DE MÉRIDA
Por algún motivo, el antecesor de Mérida en la SSP no fue incluido en la lista de acusados, a pesar de que estuvo al frente de la Seguridad Pública desde 2017 hasta agosto de 2023. Como secretario permaneció casi cinco años en el cargo.
El 4 de septiembre de 2023, el gobernador Rubén Rocha Moya tomó protesta al general retirado Gerardo Mérida Sánchez como nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Su llegada se produjo tras la salida discreta de Cristóbal Castañeda Camarillo, hoy titular de Seguridad en el Estado de México con la gobernadora Delfina Gómez.
La salida de Castañeda ocurrió después de años marcados por episodios de alta tensión con grupos criminales, incluidos los llamados “Culiacanazos” y diversos enfrentamientos que colocaron a Sinaloa bajo el escrutinio nacional. Según se informó en aquel momento, la llegada de Mérida obedeció a una propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. El general había desempeñado funciones en Michoacán y en el mando de la XXI Zona Militar.
La llegada de Mérida Sánchez al gobierno de Sinaloa, acompañado de Inzunza y Rocha Moya.
Cristobal Castañeda Camarillo renunció en 2023 al cargo de Seguridad Pública.
De igual manera, así lo señaló la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde tras declaraciones a la prensa al señalar que la llegada del general “no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena”.
Durante marzo de 2024, la gestión de Mérida enfrentó una de sus primeras grandes crisis cuando se registraron secuestros masivos de familias en Culiacán. Inicialmente se reportaron decenas de personas privadas de la libertad, un hecho que el propio secretario calificó como “atípico”.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó sobre la localización de la mayoría de las víctimas, aunque persistieron los cuestionamientos respecto a la capacidad de respuesta institucional frente a grupos criminales que operaban abiertamente en diversas zonas del estado.
El secuestro masivo de personas en Sinaloa, un hecho atípico, señaló Mérida.
Fue bajo el mando de Mérida cuando también se desarrollaron los hechos del 25 de julio, en los que Ismael Zambada García, El Mayo, fue emboscado en una finca de Huertos del Pedregal y llevado por la fuerza, presuntamente mediante un plan de Los Chapitos, a Estados Unidos para ser entregado al Departamento de Justicia.
En ese mismo hecho fue asesinado el líder del Partido Sinaloense y principal opositor político de Rocha Moya, con quien mantenía una guerra judicial y mediática. Sobre este episodio, Mérida nunca fue mencionado durante el escándalo que llevó a la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada, la fiscal que resultó ser más de plastilina que de hierro.
Bruna Quiñónez, fiscal desterrada por el gobierno de Rocha, el sacrificio.
LA GUERRA DE SEPTIEMBRE
Un año después de la llegada de Mérida a Sinaloa y bajo el contexto de la entrega de Zambada, el 9 de septiembre de 2024 estalló la guerra entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, conflicto que se mantiene casi dos años después.
La narcoguerra que inició en septiembre de 2024.
Sara
La disputa criminal provocó asesinatos, desapariciones, bloqueos, ataques armados, robos de vehículos por millares y una profunda afectación económica y social, principalmente en Culiacán. La presencia de fuerzas federales y estatales no logró contener de inmediato la escalada violenta.
Durante más de cien días consecutivos, Sinaloa permaneció inmerso en una crisis de seguridad que puso bajo presión a todas las corporaciones policiacas y a la administración estatal, colocando a Mérida como un mero monigote dedicado a justificar la violencia y a repetir que “no pasaba nada”.
DICIEMBRE DE 2024: LA SALIDA
El 21 de diciembre de 2024, Gerardo Mérida Sánchez presentó su renuncia como secretario de Seguridad Pública, luego de poco más de 15 meses en el cargo.
La violencia persistió durante el periodo de Mérida Sánchez al mando de la Seguridad en Sinaloa.
Su salida ocurrió en medio de la peor crisis de violencia registrada en el estado durante la administración de Rubén Rocha Moya.
Cabe recordar que durante las “vocerías” del gobierno de Sinaloa, se confrontaba constantemente con la prensa, incluso hasta en ocasiones se burló de algunas preguntas de los medios de comunicación presentes cada día en Palacio de Gobierno.
SCHAZARINO, EL INVISIBLE
Mérida fue sustituido por el general Óscar Rentería Schazarino, quien asumió la responsabilidad de encabezar la estrategia estatal en uno de los momentos más complejos para la seguridad pública de Sinaloa.
Tras la renuncia de Mérida llegó Óscar Rentería Schazarino, sin pena ni gloria.
Lo que en septiembre de 2023 fue presentado como un relevo para fortalecer la seguridad terminó en diciembre de 2024 con una renuncia en medio de una narcoguerra que paralizó actividades económicas, alteró la vida cotidiana de miles de sinaloenses y exhibió las limitaciones institucionales para contener la violencia.
Meses después, el nombre de Gerardo Mérida volvería a ocupar titulares, ya no como secretario de Seguridad, sino como uno de los exfuncionarios sinaloenses acusados por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con Los Chapitos, uno de los grupos en conflicto. Además, fue el primero de la lista en entregarse para obtener beneficios procesales y hoy avanza hacia la posibilidad de convertirse en un testigo en contra de Rocha y su círculo cercano.
MURMULLOS DEPRIMERA
«EL HARTAZGO… ES GENERAL»
¿ALGÚN DÍA TERMINARÁ?
La violencia no se detiene, el discurso de odio tampoco, las balas siguen zumbando a lo largo y ancho del territorio nacional, las mañaneras se desgastan, el hundimiento es inevitable, el conflicto entre el crimen organizado y ciudadanía parece estar más avivado que nunca, la economía cae y el gobierno culpando a los vecinos y al pasado… ¡Un círculo vicioso!
ESO FALTABA
Encima de la violencia, el cierre de negocios, la caída de la economía y un largo etcétera, la Comisión Federal de Electricidad parece haber encontrado su mina de oro al inflar los recibos de luz en Sinaloa, un estado que sufre de altas temperaturas la mayoría del año, pero ahora, en este contexto los ciudadanos reportaron altos cobros y el gobierno sólo simula apoyos… ¡Las urnas cobran caro la falta de interés!
CARICATURAS
EL DESESPERO
¿Qué tan mal estarán las cosas para que López Obrador haya tenido que salir de La Chingada? Entre acusaciones contra gobernadores morenistas y la presión desde Estados Unidos, el expresidente reapareció cuando se suponía retirado. Parece que el discurso de “rascarle los huevos al tigre” ya empezó a pasar factura... ¡Hasta los jubilados regresan a trabajar!
TIRA Y AUTOGOL
Mientras México enfrenta una crisis de seguridad y una economía tambaleante, la cuenta regresiva para el Mundial no se detiene. Eso sí, ya comenzaron las prisas en donde inauguran obras sin terminar, muy al estilo de la 4T. Pero, pues sabemos que lo importante es la foto... ¡Ya mejor pítele, profe!
LA PROTESTA DEL ACTIVISTA ROBERTO BLANCO
FRENTE A LA CASA DE
IMELDA CASTRO
David Fuentes M.
El activista Roberto Blanco denunció a la senadora Imelda Castro por fraude a la Comisión Federal de Electricidad. Pero durante su protesta afuera del domicilio de la morenista, elementos del ejército mexicano lo agredieron, destruyeron pancartas y le arrebataron su celular.
La mañana en que Roberto Blanco llegó al fraccionamiento Rincón del Valle, al sur poniente de Culiacán, llevaba consigo una lona de gran tamaño. En ella aparecía reproducido un documento que, según el activista, correspondía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evidenciaba presuntas irregularidades en el consumo de energía en la residencia de la senadora morenista Imelda Castro Castro.
Lo que comenzó como una protesta individual terminó convertido en una denuncia pública que involucra acusaciones de fraude, trato preferencial de la CFE hacia la aspirante a gobernadora y señalamientos de represión por parte de elementos del Ejército Mexicano.
De acuerdo con la versión del activista, todo comenzó cuando acudió a documentar la presunta apropiación de una banqueta por parte de la senadora. Durante esa visita observó un detalle que llamó su atención: el medidor eléctrico instalado en la casa de Imelda Castro.
“Tomé la decisión el día en que fui a evidenciar que se robó la banqueta. Me percaté de que su medidor de luz era análogo. Y me di cuenta de que su disco no giraba. Estaba pegado”, relató durante una entrevista concedida a DeprimeraNoticias.
A partir de esa observación, inició una investigación sobre los consumos registrados en el domicilio. Obtuvo documentación relacionada con el historial de facturación del inmueble y encontró inconsistencias entre el tamaño de la residencia, el equipamiento eléctrico que posee y los montos cobrados por la CFE.
“Nos dimos cuenta de que sus historiales no correspondían a la casa que ella tenía ni a los pocos importes que estaba pagando. Te estoy hablando en importes pagados de 80 pesos, 300 pesos, 400 pesos, mil pesos”, afirmó.
Cobros de CFE al domicilio de Imelda Castro.
El activista sostiene que una vivienda con las características que observó difícilmente podría registrar consumos tan reducidos. Durante la entrevista aseguró que la propiedad cuenta con seis aires acondicionados, cámaras de vigilancia, cerca eléctrica y otros sistemas que implican un gasto considerable de energía.
“Cómo es posible que ella tenga una casa con seis aires acondicionados, cerca eléctrica, cámaras, luces por todos lados, y que pagara cantidades tan bajas”, cuestionó.
Según Blanco, la propia Comisión Federal de Electricidad detectó posteriormente anomalías en el medidor y emitió una sanción administrativa. Sin embargo, asegura que el monto aplicado resultó inusualmente bajo.
“Lo que más me dio coraje fue que le pusieron una multa de cinco mil pesos. A otras personas les cobran multan que van de los 80 mil pesos a los 350 mil pesos cuando encuentran irregularidades de este tipo. Cómo puede ser posible que de ocho o diez años pagando importes tan bajos le pongan una multa de apenas cinco mil pesos”, declaró.
Los cobros de CFE a Imelda Castro, un abuso señaló el activista.
Hasta el momento, la senadora Imelda Castro no ha emitido una respuesta pública a estos señalamientos, mientras que la CFE tampoco ha dado a conocer información oficial sobre el caso.
Documentos que Roberto Blanco ha señalado en sus redes sociales.
LA NUEVA MANIFESTACIÓN
Con la intención de exhibir públicamente lo que consideraba un trato privilegiado, Blanco decidió realizar una manifestación frente a la vivienda de la legisladora en el fraccionamiento Rincón del Valle y mandó imprimir en gran formato el documento de la CFE en el que se establecía que el medidor estaba alterado.
“La mejor manifestación contra un funciona-
rio público es protestar afuera de su casa. En su casa. Ahí es donde les molesta”, explicó.
Pero la protesta apenas comenzaba cuando aparecieron vehículos militares en la zona.
Senadora Imelda Castro Castro.
“Primero pasó una camioneta del Ejército Mexicano. Luego volvió a pasar. Y a la tercera vez llegó con otra camioneta y se pararon”, recordó.
Lo que ocurrió después representa la parte más delicada de la denuncia presentada por el activista. Blanco asegura que varios elementos descendieron de los vehículos y comenzaron a intimidarlo. Según su versión, uno de ellos le exigió retirar el material de protesta.
“Me ordenó que arrancara las lonas. Pero antes de que lo hiciera, él tomó un cuchillo y me las hizo pedazos. Me las tiró en mis pies y me dijo que las juntara”, relató.
Las acusaciones no terminan ahí. El activista afirma que los militares también revisaron uno de sus teléfonos celulares y se negaron inicialmente a devolvérselo.
El activista Roberto Blanco señaló que elementos del ejército rompieron sus lonas.
“Me obligó a que yo desbloqueara mi teléfono. Se puso a verlo y me dijo que no me lo iba a entregar, que hasta el día siguiente me lo entregaba en ese mismo lugar”, aseguró.
En distintos videos y declaraciones posteriores, Blanco sostuvo que además recibió amenazas verbales durante el incidente y que los elementos le ordenaron abandonar la zona.
La situación, según narró, cambió cuando varios vecinos observaron lo ocurrido y salieron a la calle. Posteriormente llegó un mando militar de mayor rango que, de acuerdo con el activista, intervino para conocer lo sucedido.
Roberto Blanco, activista que ha señalado los abusos de autoridades en Culiacán y Sinaloa.
“Le expliqué que sus elementos me rompieron la lona, que me amenazaron, que me quitaron el teléfono.
Señalé al que me quitó el teléfono y este elemento hizo que me lo entregaran”, afirmó.
Fue después de recuperar el dispositivo cuando comenzó a transmitir en vivo y a difundir públicamente lo ocurrido.
Las acusaciones de Roberto Blanco han generado reacciones en redes sociales y medios locales –contra Imelda Castro y la CFE hasta la Junta de Agua Potable de Culiacán–, donde el caso ha sido presentado como un episodio que involucra denuncias sobre presuntas irregularidades en el servicio eléctrico y cuestionamientos sobre el papel de las fuerzas armadas frente a una protesta civil.
Hasta ahora no existe una postura pública de la senadora Imelda Castro respecto a los señalamientos formulados por el activista. Tampoco autoridades militares han emitido una explicación oficial sobre el supuesto operativo descrito por Blanco.
Por un lado, están los cuestionamientos sobre la actuación de la CFE y el origen de los cobros que denuncia el activista. Por otro, las acusaciones de intimidación y represión durante una protesta pacífica que, de acuerdo con la versión de Roberto Blanco, buscaba exhibir información que consideraba de interés público.
LA GUERRA QUE NO TERMINA
Eduardo Rivadeneyra Núñez
La guerra que se libra en varios frentes en el Cercano Oriente arreció en los últimos días con nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como un nuevo avance de las fuerzas de Tel Aviv en territorio libanés y un bombardeo enviado por Teherán contra una base estadounidense en Kuwait.
A pesar de los intentos de llegar a un acuerdo de paz con la mediación de Pakistán, este no se pudo concretar debido a que el gobierno de Teherán solicitó que se incluyera a todos los territorios en conflicto en el Cercano Oriente donde se enfrentan fuerzas israelíes y proiraníes, lo que incluye a Líbano. Esto no fue aceptado por Israel.
Además, Israel y Estados Unidos continuaron enviando misiles y bombarderos, aunque se había pactado una tregua mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz. Hacia fines de mayo hubo un fuerte bombardeo contra objetivos en y alrededor de la capital iraní. La respuesta de este, unos días después, fue un ataque con misiles y drones contra una base de Estados Unidos en Kuwait.
Al mismo tiempo, a principios de junio, Israel lanzó una fuerte ofensiva terrestre contra el sur de Líbano, a lo que el gobierno de Teherán respondió declarando que se levantaba de la mesa de negociaciones por la falta de cumplimiento de la tregua por parte de sus dos enemigos, lo que significa que continuará el bloqueo del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico.
Ataques de Israel a Líbano.
La ofensiva israelí en Líbano llevó a Donald Trump a llamar telefónicamente al mandatario israelí Benjamín Netanyahu. Según fuentes que filtraron detalles de la conversación al sitio noticioso Axios y que después fueron reproducidos por los principales medios de comunicación del mundo, la conversación fue “intensa” y, por momentos, difícil, por lo que el ejecutivo estadounidense dijo a su homólogo israelí una frase que ha sido traducida al español como “estás jodidamente loco”, al reclamarle por los ataques en Líbano, país que no está directamente en guerra y dovnde se encuentra destacada una fuerza de paz de los “Cascos Azules” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las tropas sionistas rebasaron las líneas de los efectivos de la ONU y bombardearon la ciudad de Tiro, que tiene unos cinco mil años de antigüedad, causando daños tan graves que podrían llevar a su desaparición. Se informa que fueron arrasados monumentos y sitios arqueológicos pertenecientes a culturas como la fenicia, persa, griega y romana, entre otras que poblaron esa área.
La llamada entre Trump y Netanyahu.
La situación puede complicarse aún más con el anuncio de los hutíes de Yemen de que están listos para unirse a Irán y cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, el cual conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el océano Índico, lo que equivaldría a bloquear gran parte del tráfico marítimo desde y hacia el Mediterráneo y Europa a través del Canal de Suez.
Los hutíes son la fuerza dominante en Yemen y pertenecen a la tradición chiita del islam, lo que los convierte en aliados de Irán.
De concretarse el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, aunado al cierre de Ormuz, se vería afectada gran parte del tráfico marítimo entre Asia, Europa y el oriente de África, incrementando el costo de los energéticos, así como de numerosas manufacturas y productos agrícolas, con el consecuente empeoramiento de la economía mundial.
Estrecho de Bab el-Mandeb.
El escenario más grave sería que la guerra en los distintos frentes del Cercano Oriente ocasionara la destrucción de plantas potabilizadoras, campos agrícolas, instalaciones petroleras y demás infraestructura que hace posible la vida humana en la región, con lo que se corre el riesgo de generar una vasta extensión de terreno inhabitable donde nadie podrá sobrevivir si antes no se destinan los recursos necesarios para reconstruir lo destruido.
INTERNACIONALES CELTA E
IELTS A ESTUDIANTES DE LA
LICENCIATURA EN INGLÉS
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) llevó a cabo la ceremonia de entrega de certificados internacionales CELTA e IELTS a estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, con el objetivo de reconocer su preparación académica y proyectarlos al ámbito global. El evento contó con la presencia de autoridades universitarias e invitados especiales.
El presídium estuvo integrado por el doctor Wenseslao Plata Rocha, vicerrector de la Unidad Regional Zona Centro y representante del Rector; el doctor Rigoberto Rodríguez García, director del Centro de Estudio de Idiomas Culiacán; el licenciado Ariel López Torres, director general de International House México; la maestra Gloria Josefina Zazueta Zavala, coordinadora académica del Centro de Estudio de Idiomas Culiacán; y el licenciado Renzo Márquez Ruiz, coordinador de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés.
vDurante su mensaje, el doctor Rigoberto Rodríguez García resaltó la trascendencia de este logro al señalar que “estos jóvenes van a recibir un documento que tiene validez en todo el mundo”, lo que les permitirá trabajar en el extranjero, tal como lo han hecho egresados en países como Rusia, China y la República de Georgia. Asimismo, destacó que la universidad “está entregando egresados de calidad, certificados de manera internacional”, garantizando que su formación esté a la par de cualquier profesional a nivel global.
Por su parte, Ariel López Torres, director de International House México, explicó que la certificación CELTA, avalada por la Universidad de Cambridge, “acredita como profesor
internacional” y es un requisito fundamental para ejercer en el extranjero. Destacó que la UAS es “la única universidad en el país que tiene este programa… casi de doble titulación”, al combinar la licenciatura con un aval internacional.
Añadió que este proceso “verdaderamente les cambia la vida a los egresados”, ya que les permite trabajar en cualquier parte del mundo, y compartió casos de éxito de estudiantes que han laborado en países como Corea, Tailandia y la República Checa.
Finalmente, la ceremonia concluyó con la entrega de los documentos a los estudiantes certificados y el agradecimiento a docentes y coordinadores, así como a los invitados especiales, Cynthia Félix López, Juan Gastélum Arellano y Mahatma Carranco Lara, quienes hicieron posible este logro académico que reafirma el compromiso de la institución con la formación de profesionales competitivos en el escenario global.
DÍAZ VEGA, PIEZA CLAVE DE LOS ROCHA RUIZ
Santiago Rentería
Durante años, Enrique Díaz Vega fue uno de los personajes más influyentes y menos visibles dentro del círculo de poder construido alrededor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sus hijos Rubén, Ricardo y José Rocha Ruiz. Empresario del sector inmobiliario y de la construcción, su llegada a la Secretaría de Administración y Finanzas lo colocó en una posición privilegiada, desde la cual tuvo bajo su responsabilidad el manejo de miles de millones de pesos del presupuesto estatal. Hoy, el exfuncionario aparece en el centro de la investigación impulsada por autoridades de Estados Unidos que involucra acusaciones por colusión con Los Chapitos de este círculo del gobierno rochista.
En la política sinaloense existen personajes que ocupan permanentemente los reflectores y otros que prefieren operar desde las sombras. Enrique Díaz Vega pertenecía al segundo grupo.
Antes de incorporarse al gabinete de Rubén Rocha Moya, su nombre era ampliamente conocido en ciertos sectores empresariales, particularmente en los relacio -
nados con la construcción y el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, fuera de esos círculos mantenía un perfil relativamente bajo.
Su llegada a la Secretaría de Administración y Finanzas modificó por completo esa situación. Desde una de las dependencias más importantes del Gobierno del Estado pasó a controlar el flujo financiero de la administración pública, una posición estratégica desde donde se supervisan presupuestos, pagos, adquisiciones, contrataciones y la operación económica de prácticamente todas las áreas gubernamentales.
Quienes conocen el funcionamiento interno de la administración pública coinciden en que pocas oficinas concentran tanto poder como la encargada de las finanzas estatales. Ningún proyecto importante puede ejecutarse sin la autorización presupuestal correspondiente y ningún contrato puede concretarse sin la disponibilidad de recursos.
Díaz Vega y Rocha Moya, cercanía palpable.
Por ello, desde el inicio del sexenio, Díaz Vega se convirtió en una figura indispensable dentro del equipo cercano al gobernador.
EL CRECIMIENTO DE UN GRUPO POLÍTICO
Gracias a los oficios de Díaz Vega, los hijos de Rocha Moya lograron construir su imperio de nepotismo y corrupción, con empresas constructoras que desfilaron con contratos millonarios, además de ejercer un control férreo sobre todas y cada una de las compras desde la Secretaría de Finanzas que dirigía.
De hecho, el actual secretario de Finanzas, Joaquín Landeros Güicho, es otro de los alfiles de los hijos del gobernador. Nunca se ha movido nada, ni recursos públicos, ni nóminas, ni lugares donde se pueda esquilmar recursos, si los Rocha Ruiz no se enteran o llevan un beneficio.
Joaquín Landeros Güicho es otro de los alfiles de los hijos del gobernador.
Parte del gabinete de Rocha Moya,
señalados por Estados Unidos.
En agosto de 2024, después de la entrega de El Mayo Zambada y del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda en Huertos del Pedregal, sospechosamente Díaz Vega renunció “por motivos personales” y desapareció del foco público. Luego comenzó la guerra y su nombre se diseminó en el silencio.
EXPLOTA EL ESCÁNDALO
La situación dio un giro radical cuando autoridades estadounidenses hicieron públicas acusaciones contra Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil, Enrique Díaz Vega y otros mandos y exmandos policiacos.
Según los documentos dados a conocer por fiscales estadounidenses, el exfuncionario es señalado por presuntas conductas relacionadas con Los Chapitos; ha-
entre ellos Inzunza y Díaz Vega,
bría sido quien entregó no sólo dinero, sino también la lista de priistas que fueron levantados previo a la elección de junio de 2021 en Sinaloa.
Las acusaciones incluyen delitos de extrema gravedad, entre ellos conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer armamento de uso militar, así como delitos relacionados con secuestro.
LA RUTA HACIA ESTADOS UNIDOS
Desde que se conocieron los señalamientos, el paradero de Enrique Díaz Vega se convirtió en uno de los mayores enigmas del caso.
Diversas versiones periodísticas, como la de xpectrofm. com, sostienen que el exsecretario abandonó México y estableció contacto con autoridades estadounidenses para atender su situación legal desde Irlanda.
Fuentes citadas por distintos medios aseguran que algunos integrantes de su familia también habrían sido trasladados a territorio norteamericano, presuntamente bajo esquemas de protección y vigilancia.
Señalamientos de Estados Unidos contra Díaz Vega.
Aunque no existe información oficial que confirme públicamente esos detalles, las versiones coinciden en señalar que Díaz Vega estaría preparando una estrategia jurídica encaminada a negociar con las autoridades encargadas de la investigación.
De confirmarse esa posibilidad, el exfuncionario podría convertirse en una fuente de información de enorme relevancia para los fiscales que integran el caso.
LO QUE SABE DÍAZ VEGA
La importancia de Enrique Díaz Vega dentro de las investigaciones no radica únicamente en las acusaciones que enfrenta. Su verdadero valor para las autoridades se encuentra en el conocimiento que acumuló durante años al frente de una de las áreas más sensibles del gobierno estatal.
Como responsable de las finanzas públicas, tuvo acceso a información privilegiada sobre contratos, proveedores, transferencias de recursos, proyectos de infraestructura y movimientos presupuestales. También conoció de primera mano la relación entre funcionarios, empresarios y operadores políticos que participaron en la toma de decisiones durante la administración.
Por ello, especialistas consultados por diversos medios consideran que cualquier colaboración de Díaz Vega con autoridades estadounidenses podría aportar elementos para reconstruir la forma en que operó una parte importante de la estructura gubernamental sinaloense.
Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York
UNA INVESTIGACIÓN DE GRAN ESCALA
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, ha sostenido que el caso es resultado de investigaciones desarrolladas durante años por diversas agencias federales estadounidenses.
Entre las instancias participantes figuran oficinas de la DEA, áreas especializadas del Departamento de Justicia, unidades de combate al lavado de dinero y organismos dedicados a la persecución de organizaciones criminales internacionales.
La dimensión de la investigación ha sido utilizada por los fiscales para sostener que no se trata de una indagatoria aislada, sino de un esfuerzo coordinado entre múltiples dependencias de seguridad y procuración de justicia.
Ese argumento busca reforzar la solidez de las acusaciones y responder a quienes han intentado minimizar el alcance del caso.
EL FUTURO DEL CASO
Mientras las investigaciones continúan avanzando, la incertidumbre sigue rodeando a Enrique Díaz Vega.
No existe información pública concluyente sobre su ubicación actual, ni sobre los términos de una eventual negociación con las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, pocas dudas existen respecto a la importancia que tiene dentro de uno de los expedientes más delicados relacionados con la política sinaloense de los últimos años.
Para sus críticos, Díaz Vega representa el símbolo de una etapa marcada por la concentración del poder político y económico. Para quienes lo defienden, continúa siendo un empresario y exfuncionario que aún no ha sido declarado culpable por ningún tribunal.
Lo cierto es que su nombre se ha convertido en una pieza central dentro de una investigación que podría tener consecuencias profundas para la vida política de Sinaloa y para varios de los personajes que integraron el círculo más cercano al poder estatal.
El desenlace del caso aún está por escribirse. Pero, si las versiones sobre una posible colaboración con las autoridades estadounidenses resultan ciertas, Enrique Díaz Vega podría pasar de ser el guardián de los secretos financieros de un gobierno a convertirse en uno de los principales testigos de una investigación con repercusiones nacionales e internacionales.
LA DENUNCIA DE DEFENSORXS CONTRA 55
Fuentes M.
David
La organización Defensorxs presentó ante la FGR una denuncia contra 55 políticos sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado y por haberse beneficiado de la intervención del Cártel de Sinaloa en la elección de 2021. Entre los señalados se encuentran Rubén Rocha Moya, Quirino Ordaz Coppel, alcaldes y legisladores locales como federales, mientras que colectivos ciudadanos han intensificado protestas para exigir investigaciones sobre la presunta infiltración del narcotráfico en la política mexicana.
El pasado 7 de mayo, integrantes de la organización civil Defensorxs acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, con una denuncia contra políticos sinaloenses por su presunta relación con el crimen organizado.
El documento señalaba a 55 políticos sinaloenses, principalmente militantes de Morena, pero también a figuras de otros partidos, por presuntamente haberse beneficiado de la intervención del Cártel de Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.
Dentro de los denunciados aparece el nombre de Quirino Ordaz Coppel.
Entre los nombres incluidos en la denuncia aparece el del exgobernador y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel. También figura el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, así como alcaldes, exalcaldes, diputados federales y locales que obtuvieron cargos en aquella elección.
La denuncia fue presentada por Miguel Alfonso Meza y Leonardo Zúñiga, integrantes de Defensorxs y de la plataforma Narcopolíticos, quienes solicitaron a la FGR investigar posibles delitos electorales, delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud.
Para Defensorxs, la elección de 2021 en Sinaloa representa un caso paradigmático de intervención criminal en los procesos democráticos. Según la organización, la participación de Los Chapitos no se habría limitado a favorecer a Rocha Moya, sino a otros candidatos a alcaldías y diputaciones locales y federales, por lo que sostienen que los beneficiarios de aquel proceso deben ser investigados.
Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Quirino Ordaz Coppel. De acuerdo con la denuncia, el exgobernador tendría que ser investigado debido a que se encontraba al frente del gobierno estatal durante el desarrollo de aquel proceso electoral.
Miguel Meza afirmó que Ordaz fue omiso ante la intervención del crimen organizado en la elección que favoreció a Rocha Moya a cambio de recibir el nombramiento como embajador de México en España.
LOS SEÑALADOS EN LA DENUNCIA
La denuncia también incorpora a funcionarios y exfuncionarios que han sido objeto de investigaciones o señalamientos por parte de autoridades estadounidenses. Entre ellos se encuentra el propio Rocha Moya, cuyo nombre aparece además en la plataforma digital Narcopolíticos, un proyecto impulsado por el propio Miguel Meza.
Rubén Rocha Moya, el principal señalado durante la denuncia.
Narcopolíticos surgió después de la experiencia de Defensorxs durante la elección judicial. Según explicó Meza en una entrevista reciente, el proyecto nació con el propósito de documentar y concentrar información pública sobre funcionarios y actores políticos que han sido vinculados, señalados o investigados por presuntas relaciones con organizaciones criminales. La intención, sostiene, es construir una memoria pública sobre los casos en los que la política y el crimen organizado aparecen entrelazados.
El puñado de políticos señalados por Defensorxs en la denuncia ante la FGR
En esa plataforma aparece una ficha dedicada a Rubén Rocha Moya. El perfil recopila distintos señalamientos difundidos en años recientes, entre ellos acusaciones relacionadas con el financiamiento criminal durante la campaña de 2021, referencias a denuncias presentadas en tribunales estadounidenses y menciones sobre el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Narcopolíticos ha documentado decenas de casos en distintos estados del país, incluyendo gobernadores, legisladores y funcionarios de diversos partidos políticos. La organización sostiene que la narcopolítica no es un fenómeno exclusivo de un solo partido político, sino que se trata de un problema estructural que atraviesa diferentes regiones e instituciones del Estado mexicano.
Parte de la denuncia del colectivo Defensorxs contra políticos en Sinaloa.
LAS LONAS POR TODAS PARTES
Mientras la denuncia avanza en la FGR, otro frente contra la narcopolítica ha comenzado a desarrollarse en distintas ciudades de México. Durante las últimas semanas, integrantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz desplegaron mantas y lonas en espacios públicos para denunciar la protección institucional hacia funcionarios vinculados con el crimen organizado.
Una de las acciones más visibles ocurrió durante el mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, donde en uno de los edificios cercanos fue colgada una manta en la que se hace referencia a la protección que Rocha Moya recibe por parte del gobierno federal.
Miguel Meza de Defensorxs, denuncia a 55 políticos sinaloenses.
Antes de ello, el colectivo había realizado intervenciones similares en el Zócalo capitalino, donde también fueron desplegadas mantas con fotos y nombres de figuras de la politica nacional, entre ellos Rocha Moya, a quienes el Estado mexicano ha decidido no tocar alegando soberania frente a Estados Unidos.
Defensorxs ha solicitado ser reconocida como víctima dentro de la carpeta de investigación para tener acceso a las diligencias y dar seguimiento al expediente. También pidió que todas las denuncias relacionadas con la elección sinaloense de 2021 sean concentradas en un mismo procedimiento.
Las acciones de protesta y la denuncia presentada por Defensorxs forman parte de una misma discusión que ha cobrado fuerza en los últimos meses: el papel que el crimen organizado ha desempeñado en los últimos años en México, tanto en los procesos electorales como posteriormente, en la toma de decisiones, en el manejo del presupuesto y hasta en el nombramiento de servidores públicos.
CFE EN SINALOA: CUANDO LA LUZ
ES UNA CARGA IMPAGABLE
Por años, los sinaloenses han escuchado la misma promesa: que el problema de las altas tarifas eléctricas será atendido. Han pasado gobiernos, legislaturas, reuniones, mesas de diálogo y anuncios oficiales, pero la realidad sigue llegando puntualmente cada bimestre en forma de recibos impagables.
Abel Jacobo Miller
El problema ya no es solamente el costo de la electricidad. El verdadero problema es la desconexión entre quienes toman las decisiones y quienes tienen que abrir el sobre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cada mes. En un estado donde las temperaturas superan con facilidad los 40 grados centígrados durante buena parte del año, el aire acondicionado deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Lo mismo ocurre con ventiladores, refrigeradores y equipos básicos para conservar alimentos y medicamentos. Sin embargo, miles de familias son castigadas con recibos que absorben una parte importante de sus ingresos.
Ante esta situación, la respuesta institucional ha sido prácticamente la misma durante años: instalar mesas de diálogo entre usuarios y la CFE. El problema es que dichas mesas han servido más para administrar el descontento que para resolverlo.
Cobros excesivos de parte de CFE en Sinaloa, la gota que derramó el vaso.
Las reuniones generan comunicados, fotografías y declaraciones optimistas, pero rara vez producen cambios estructurales. Los usuarios exponen sus casos, la autoridad escucha, se prometen revisiones y, al final, los recibos continúan llegando con montos que muchas familias simplemente no pueden cubrir.
Existe una falla fundamental en la lógica con la que se aborda el problema. Se asume que el ciudadano puede pagar si se le ofrecen facilidades, convenios o esquemas de financiamiento. Pero cuando una familia no tiene capacidad económica suficiente, diferir el pago no resuelve nada. Solamente traslada el problema hacia adelante.
Un recibo de cinco, diez o quince mil pesos no se vuelve accesible porque se permita pagarlo en mensualidades. Sigue siendo una deuda que terminará presionando la economía familiar. Es como ofrecerle crédito a alguien que ya no puede comprar alimentos básicos: el problema no es la forma de pago, sino la falta de capacidad para cubrir el costo original.
Mesas de diálogo y atención de CFE por Gobierno Estatal.
Las mesas de diálogo han fallado porque se han concentrado en atender casos particulares en lugar de atacar las causas profundas. Mientras no exista una revisión seria de los criterios tarifarios, mientras no se reconozca plenamente la realidad climática de Sinaloa y mientras no se construyan mecanismos permanentes de protección para los consumidores, las reuniones seguirán siendo ejercicios de catarsis colectiva.
La indignación ciudadana no surge por capricho. Surge porque miles de personas perciben una contradicción evidente: viven en una región donde el uso intensivo de energía es prácticamente obligatorio para soportar el clima, pero son tratadas bajo esquemas tarifarios que no siempre reflejan esa realidad.
El resultado es una creciente sensación de abandono. Familias que deben elegir entre pagar la luz o cubrir
Mesas de diálogo y atención de CFE por Gobierno Estatal.
otras necesidades básicas. Comerciantes que ven reducirse sus utilidades. Adultos mayores que limitan el uso de aparatos indispensables para proteger su salud durante las olas de calor.
La discusión ya no debería centrarse en cómo cobrar mejor, sino en cómo garantizar que la energía eléctrica sea accesible para quienes la necesitan. Porque la electricidad no es un servicio cualquiera; es una condición indispensable para la vida moderna.
Sinaloa no necesita más mesas de diálogo para tomarse la fotografía. Necesita soluciones concretas, revisiones tarifarias profundas y una política energética que coloque a las personas en el centro de las decisiones.
Mientras eso no ocurra, cada nuevo recibo seguirá recordando a miles de ciudadanos que las promesas gubernamentales producen discursos, pero no necesariamente alivio en el bolsillo.
Los abusos de CFE.
MAR DE FONDO
DESDE 'LA CHINGADA'; EL DEL AGUA BENDITA
“El mundo está de patas para arriba… hemos recibido clases de moral de grandes pillos”, fueron algunas de las palabras que lanzó el gobernador de Sonora, el hoy morenista Alfonso Durazo Montaño, en relación con el artículo periodístico de Steve Fisher, publicado el pasado miércoles 3 de junio en Los Angeles Times , el cual afirma que Durazo Montaño y el actual gobernador de Tamaulipas, el también morenista Américo Villarreal, les fueron canceladas las visas de ingreso
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
El morenista, Américo Villarreal también salió a desmentir la publicación de Los Angeles Times.
a Estados Unidos debido a que, en el caso específico de Alfonso Durazo, está siendo investigado por autoridades de aquel país por delincuencia organizada, entre otros delitos.
El gobernador sonorense convocó a una rueda de prensa para deslindarse de tales acusaciones y, aunque quiso aparentar que no existe preocupación alguna por los alcances de la justicia gringa, como ejemplo están los diez de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, que ha sido solicitada su detención con fines de extradición por delitos en Estados Unidos de narcoterrorismo, y presunta colusión con Los Chapitos para que el cártel operara delincuencialmente a favor de Rocha y de Morena durante la campaña política de 2021, lo que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura y a que Morena arrasara en aquella elección en toda clase de candidaturas.
El propio Alfonso Durazo ganó la contienda electoral de ese mismo 2021 en Sonora. Ese estado históricamente ha sido de importancia crucial para el Cártel de Si-
naloa y sus diferentes franquicias por su frontera con Estados Unidos y su colindancia con Sinaloa, territorio que en 2021 se encontraba bajo el dominio de Los Chapitos.
Durazo Montaño salió a realizar control de daños, igual que lo hizo Rubén Rocha Moya. Ambos negaron cualquier participación en delito alguno. En esta ocasión, el gobernador sonorense “acuñó” una frase que seguramente será su epitafio político en algunos días: “Yo sudo agua bendita”, refiriéndose a su pureza moral.
Alfonso Durazo ha pasado por todos los partidos políticos importantes del país. Trabajó al lado de Luis Donaldo Colosio en el PRI de 1989 a 1994, año en que Colosio fue asesinado siendo candidato presidencial del tricolor. En el año 2000 renunció al priismo y se convirtió en secretario particular de Vicente Fox y coordinador de Comunicación Social. En 2006 se unió políticamente a Andrés Manuel López Obrador y al PRD, donde fue diputado plurinominal en 2012. En 2014 se
Alfonso Durazo secretario particular del expresidente Vicente Fox.
cambia a la bancada de Morena donde es coordinador. En 2018 se convirtió en senador por la 4T y, ese mismo año, con la llegada de AMLO a la Presidencia, asumió la Secretaría de Seguridad Pública, el mismo cargo que ostentó el panista Genaro García Luna al lado de Felipe Calderón, ambos, figuras cruciales en la narrativa de condición moral del panismo.
Y es en este punto donde hay que hacer un alto: Toda la narrativa moralista del obradorismo se construyó sobre el cadáver político de García Luna y su colusión con el Cártel de Sinaloa. Si López Obrador ha mantenido el discurso de que la elección de 2006 fue un robo a su persona, “fraude electoral”, al desconocer el triunfo del panista Felipe Calderón, el enemigo por antonomasia, jamás lo pudo demostrar legalmente en los tribunales.
Pero el caso García Luna fue durante su sexenio el mantra de “no somos iguales”, “imagínense un servidor público en seguridad recibiendo sobornos de la delincuen-
Alfonso Durazo el secretario de Seguridad durante el gobierno de AMLO.
cia”, “primero están los principios, la honestidad”, para el sexenio de López Obrador no existió otra narrativa en seguridad pública y gobernabilidad en el país que la que heredó de García Luna, la nefasta administración en estos rubros de la administración de AMLO, era justificada con “y por qué no hablan de García Luna”.
Andrés Manuel López Obrador, desde las mañaneras, y todos los morenistas frente a un micrófono lo repetían una y otra vez: Genaro García Luna era narcotraficante porque había sido acusado en un juicio en una corte de Estados Unidos con el modelo legal de ese país, lo que AMLO y todos en Morena ponían como ejemplo hasta el hastío.
En este contexto se abre el capítulo Alfonso Durazo Montaño, siguiendo el aparato de justicia gringo el mis-
Alfonso Durazo durante el «Culiacanazo» en octubre de 2019.
mo camino que utilizó con Rocha y su pandilla: la redacción de Los Ángeles Time en la persona de Steve Ficher.
Alfonso Durazo estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a partir del 1 de diciembre de 2018 y duró en el cargo 22 meses. El jueves 17 de octubre de 2019, fuerzas federales detuvieron en Culiacán a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Después de horas de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y narcos, que sumieron a Culiacán en un sitio de guerra, lo cual fue divulgado en redes al mundo entero en tiempo real, el entonces presidente López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, el mismo AMLO lo declaró sin ningún rubor desde la mañanera: “Yo di la orden de que lo liberaran”.
El expresidente López Obrador regresó en redes sociales tras acusaciones contra dos gobernadores de Morena.
El 29 de octubre de 2020, López Obrador asistió a Badiraguato a inaugurar una carretera. El evento dio la vuelta al mundo porque un video difundido en redes sociales mostró al expresidente acercarse a una camioneta blanca para saludar a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, considerado por Estados Unidos como uno de los narcos más poderosos de la historia. AMLO al instante comenta: “Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta”.
En esa visita a Badiraguato, Alfonso Durazo, era el secretario de Seguridad Pública. Es una obviedad que, al iniciar Estados Unidos a operar contra Durazo, AMLO confirma de mensaje recibido por medio de una carta desde su escondite en Palenque, sabe que él está en esa lista, en la que plasma su desesperación por la campaña de la justicia gringa de llevar a narcopolíticas de alto perfil, hasta el momento, sólo morenistas a cortes estadounidenses.
“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, firma AMLO desde ‘La Chingada’, porque todo el morenismo está en la antesala de irse para allá.
LA FRASE
POR: IVÁN GRIJALVA
SINALOA REGISTRÓ UN
CRECIMIENTO ECONÓMICO
DEL 4.2 POR CIENTO
Resulta sorprendente cómo la narrativa impulsada desde Palacio Nacional, ahora a través del programa “Derecho de Réplica”, encabezado por la expresidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, insiste en desmentir que la economía de Sinaloa haya sufrido una caída de hasta el 35 por ciento, como lo han señalado diversos líderes empresariales, y asegura, por el contrario, que el estado registró un crecimiento económico del 4.2 por ciento… ¡¿DE DÓNDE?!
La estrategia parece clara: construir una realidad alterna desde el discurso oficial. Sin embargo, basta con recorrer las calles para encontrar una historia muy distinta. En Sinaloa no cerraron unos cuantos negocios; fueron miles los que tuvieron que bajar sus cortinas. Algunos sucumbieron ante la extorsión, otros simplemente ya no pudieron sostener el peso de los impuestos, las nóminas y una economía cada vez más golpeada.
Y ahora pretenden decirnos, desde un programa que de origen parece más propagandístico que informativo, que todo eso es falso. Claro, es la narrativa del gobierno y, para muchos, esa narrativa basta. Pero en Sinaloa la realidad se impone todos los días: la violencia no cede, se pierden empleos, se pierden vidas y, peor aún, se pierde la esperanza de quienes ven cómo sus gobernantes presumen bienestar mientras buena parte de la población enfrenta incertidumbre y abandono… y así no se puede.
Nos leemos en una próxima edición, hasta entonces… hasta siempre.
