TESTIGOS PROTEGIDOS LOS BENEFICIOS DE SER SAPO EN ESTADOS UNIDOS
La última tapadera de rocha: Blindar su gobierno con nueva «Ley de Transparencia»
Murmullos
DePrimera
Enrique Inzunza Cázarez: El operador político bajo sospecha
El tiempo de mujeres: Pero con hombres detrás del poder
Gobierno mete casi 25 MDP al Estadio Dorados antes de confirmarse el regreso del club. Otra vez los mismos modos corruptos
67 Ricardo Jenny del Rincón, con el tufo del conflicto de interés
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El pez por su boca muere: Rocha Moya en «La Semanera»
TESTIGOS PROTEGIDOS LOS BENEFICIOS DE SER SAPO EN ESTADOS UNIDOS
Santiago Rentería.
La noticia de que el general en retiro
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para buscar un acuerdo que los libre de la sentencia de cadena perpetua que pesa en su contra por presuntos vínculos con Los Chapitos, empezó a generar un efecto dominó que puso a temblar los cimientos de la política sinaloense y mexicana en general. Sin embargo, al ser ellos los primeros y piezas clave en el caso, se prevé que logren beneficios a cambio de fungir como testigos cooperantes para llevar al banquillo de los acusados a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, los mandos más altos de una cadena que se hundió en la ignominia al presuntamente pactar con el narco.
La conversión del general de División en retiro Gerardo Mérida Sánchez y de Enrique Díaz Vega en eventuales testigos cooperantes del gobierno de Estados Unidos, tras la entrega pactada que realizaron, los pondrá en una
inmejorable posición para el proceso judicial que ya se abrió en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ubicada en Manhattan.
Según la experiencia vivida en casos como los de El Rey Zambada o Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, el gobierno estadounidense suele premiar a los testigos que cooperen ampliamente en los procesos activos contra líderes criminales.
En ese sentido, Díaz Vega resulta una de las piezas clave en el maxi proceso contra Rocha y compañía, ya que no solamente es considerado el operador financiero, desde antes de la campaña, del círculo del gobernador con licencia, sino también el enlace directo con Los Chapitos.
Enrique Diaz Vega, Estados Unidos señala ser el enlace con Los Chapitos.
Díaz Vega era amigo desde hace años de los hijos de Rocha, ya que, a través de sus empresas inmobiliarias, había logrado trabajar con la Constructora Chocosa, propiedad de los hijos. Fueron ellos quienes lo sumaron al grupo compacto.
Por otra parte, la acusación formal ante el Gran Jurado revela que Enrique Díaz fue quien entregó a Los Chapitos, días antes de la elección de junio de 2021, la lista con los operadores políticos de la oposición. Así que, de testificar en la Corte, el empresario inmobiliario podría revelar datos precisos sobre la operación de la campaña, tanto del dinero sucio que llegó como de los negocios posteriores durante el tiempo que ejerció como secretario de Finanzas, realizando grandes negocios que no sólo beneficiaban a sus empresas, sino también a los hijos de Rocha y a todo el grupo empresarial que formaron para desviar fondos del estado, sobre todo de la obra pública.
EL GENERAL EN SU LABERINTO
Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez podría aportar información clave sobre las operaciones en campo de la organización de los Guzmán, ya que la acusación lo señala de apoyar para que sus laboratorios no fueran incauta-
dos, liberar a sus asociados y recibir a cambio 100 mil dólares mensuales.
De hecho, el exsecretario de Seguridad Pública era quien más dinero recibía de parte del Cártel de Sinaloa para permitir sus operaciones en connivencia con el gobernador y los otros implicados de la lista, de acuerdo a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos.
De llegar al banquillo como testigo, primero tendría que declararse culpable de ciertos delitos; posteriormente entraría en una negociación para determinar cuáles tienen menor peso legal y así alcanzar una sentencia reducida.
¿CÓMO FUNCIONA UN PROCESO EN EU?
En Estados Unidos, el sistema judicial funciona de ma-
El general Gerardo Mérida Sánchez, el primero en entregarse a las autoridades de Estados Unidos.
nera independiente de la rama política. Dentro del Departamento de Justicia están agencias como la DEA y el FBI, que aportan información para que la Fiscalía General formule cargos, en este caso contra personajes del crimen organizado que trafiquen, ayuden o colaboren para introducir drogas a suelo norteamericano.
Los fiscales tienen que presentar ante un Gran Jurado, integrado por ciudadanos —no politizados tampoco—, la información del caso, y son ellos quienes votan si existe una causa probable contra una o más personas. De ahí, el juez de la Corte ordena abrir la acusación y hacerla pública, que fue lo que ocurrió.
Es decir, quien vota para que se active el proceso judicial y la acusación es el Gran Jurado,
El Gran Jurado en Estados Unidos, integrado por ciudadanos, y son quienes votan si existe una causa probable contra una o más personas.
Fiscales de Estados Unidos no determinan culpabilidad, lo hace el Gran Jurado.
cuando revisa la evidencia que presentan la DEA o el FBI. No es Donald Trump ni son los políticos quienes deciden eso.
Con el pliego acusatorio —que no son pruebas ni evidencias, pues eso forma parte del juicio— se gira a las autoridades mexicanas, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, la petición de extradición, donde se informa primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego a la Fiscalía General de la República (FGR) que existe un pedimento contra determinada persona acusada.
En ese sentido, la FGR turna la petición a un juez de procesos penales federales que, al analizarla, suele librar, entonces sí, una orden de captura con fines de extradición.
Las pruebas y testimonios juramentados los tienen los fiscales del otro lado, y será en el
momento procesal, ante la Corte, cuando se ventilen. De hecho, para el sistema de justicia penal estadounidense, el testimonio de un criminal constituye una forma de prueba, pues, de mentir para formular delitos a modo o para beneficiar al delincuente, se le imputaría el delito de perjurio.
El perjurio es considerado un delito grave y puede llevar una condena de hasta cinco años de prisión, multas económicas significativas o ambas. Además, un testimonio en una Corte Federal no es solamente “dichos”, sino que existe previamente una verificación de lo declarado. La declaración debe referirse a un hecho material, es decir, que sea capaz de influir en la decisión o el resultado del caso. En otras palabras, el testigo debe ser protagonista de lo que dice.
Ejemplo: si Ovidio Guzmán declara como testigo en un futuro juicio contra Rocha Moya, su declaración tendría
Estados Unidos en el caso Rocha Moya, insistencia.
que describir hechos concretos: “Mi hermano Iván Archivaldo y yo estuvimos en una reunión con Rocha tal día, de tal año, a tales horas y en tal lugar, donde se acordó esto”.
Si el testimonio viene respaldado con una foto, video o audio, mayor peso adquiere. Incluso, si existen conversaciones entre Ovidio y sus hermanos sobre dicha reunión, la prueba se adminicula para darle más fortaleza a la declaración. Siempre, el testimonio debe ensamblar con los hechos que se imputan.
CASOS COMO EJEMPLOS
Para que Gerardo Mérida y Enrique Díaz sean testigos cooperantes, primero tienen que aceptar responsabili-
Joaquín Guzmán y Ovidio Guzmán, posibles testigos en el caso Rocha Moya.
dades negociadas y recibir una sentencia que, después de fungir como testigos, podría ser modificada.
Fue el caso de Dámaso López Núñez, El Licenciado, quien se declaró culpable previo al juicio de su compadre, Joaquín El Chapo Guzmán. Le dieron cadena perpetua. En la Corte de Nueva York, Dámaso López no mostró audios ni videos por sí mismo, sino que declaró cómo formó parte de la organización de los Guzmán y cómo construyeron un imperio criminal junto con sus socios.
Sin embargo, agentes de la DEA mostraron en audiencias consecutivas una serie de mensajes que, de manera habitual, compartían Dámaso y Joaquín, poniéndose de acuerdo en los negocios.
En el caso de Reynaldo Zambada García, hermano de El Mayo, cuando declaró contra Ge -
El Vicentillo también fungió como testigo en el juicio contra el Chapo, contando detalles de la organización.
naro García Luna, contó detalles de sobornos entregados y, aunque ni siquiera hubo fotos o videos, su declaración fue tomada como evidencia. De hecho, el caso de García Luna fue polémico precisamente porque los narcotraficantes que “cantaron” nunca mostraron evidencias documentales.
El Vicentillo también fungió como testigo en el juicio contra El Chapo, contando detalles de la organización. Sin embargo, en estos casos los fiscales estadounidenses “exprimen” a estos testigos para que entreguen más información clave sobre los asociados de la organización criminal.
El Rey Zambada, testigo en el caso de García Luna, solo el testimonio.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, en el limbo.
EL CASO ROCHA Y COMPAÑÍA
En el caso del gobernador, se perfila que sean
Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán López —el mismo que entregó a su padrino, El Mayo— quienes fungirían como testigos de primera línea.
También forma parte de este caso José Ángel Canobbio Inzunza, El Güerito, quien era operador financiero de Los Chapitos y manejaba las nóminas con las autoridades locales. Se prevé que sea él, además de El Nini, quien aporte mucha información sobre la operatividad: dinero y sangre.
LA ÚLTIMA TAPADERA DE ROCHA: BLINDAR SU GOBIERNO CON NUEVA «LEY DE TRANSPARENCIA»
Fuentes M.
La Ley de Transparencia promovida por Rocha Moya, a modo.
David
Días antes de solicitar licencia como gobernador, Rocha Moya dejó encaminada una iniciativa con la que buscó blindar su gobierno ante posibles investigaciones. Sin embargo, esta iniciativa para modificar la Ley de Transparencia no pasó desapercibida para organizaciones de la sociedad civil que exigen su desaprobación.
El pasado 1 de mayo, en medio de una crisis política marcada por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse del cargo como gobernador de Sinaloa.
La decisión ocurrió después de que autoridades estadounidenses presentaran acusaciones en una corte del Distrito Sur de Nueva York, donde también fueron mencionados funcionarios y exfuncionarios de su administración, presuntamente relacionados con Los Chapitos.
Sin embargo, días antes de abandonar el cargo, Rocha Moya dejó encaminada otra decisión con la que buscó blindarse ante posibles investigaciones contra su gobierno, pero que no pasó desapercibida para organizaciones de la sociedad civil: una iniciativa para refor -
mar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal argumentó que los cambios buscaban armonizar la legislación local con las reformas federales aprobadas en materia de transparencia, además de racionalizar el gasto público.
Pero para organizaciones agrupadas en la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), la iniciativa representa algo distinto: un rediseño institucional que debilita el acceso a la información y podría servir para blindar futuras investigaciones sobre corrupción y manejo de recursos públicos.
“Lejos de fortalecer el derecho de acceso a la información, la propuesta contiene eliminaciones, omisiones y rediseños institucionales que debilitan elementos sustantivos del sistema de transparencia”, advirtió RECIAS en un análisis comparativo entre la ley vigente y la iniciativa impulsada por Rocha Moya.
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa mostró preocupación ante esta Ley de Transparencia.
LOS FOCOS ROJOS
La red, integrada por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Coparmex, Sabuesos Guerreras y Tacuichamona MX, identificó al menos 20 puntos de preocupación.
Entre ellos, la ampliación de las causales para reservar información pública, la eliminación de mecanismos de participación ciudadana y la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) como órgano autónomo.
En lugar de la CEAIP, la iniciativa propone crear “autoridades garantes” dentro de cada poder del Estado. Para las organizaciones civiles, esto sustituye un sistema de vigilancia independiente por uno de autocontrol gubernamental.
“Esta iniciativa vemos que tiene un enfoque más a favor del sujeto obligado, a favor de las autoridades, en lugar de que sea a favor del ciudadano”, señaló Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa.
Uno de los puntos que más preocupa a las organizaciones es la posibilidad de reservar información relacionada con investigaciones, procedimientos administrativos o denuncias contra funcionarios públicos. La iniciativa amplía el concepto de información confiden-
cial y las causales de reserva, incorporando supuestos relacionados con seguridad nacional, estabilidad financiera, investigaciones en curso y afectaciones al interés público.
“Si esta iniciativa del gobernador en licencia pasa, así como está, quiere decir que están blindando al gobernador para que la ciudadanía no se entere cómo ejerció el recurso público mientras estaba en funciones”, afirmó Marlene León en entrevista con medios de comunicación.
RECIAS sostiene que la redacción propuesta permitiría reservar comprobantes fiscales, recibos y documentación relacionada con gasto público. Además, advierte que se eliminan precisiones y controles que actualmente limitan la discrecionalidad de las autoridades para clasificar información como reservada.
Asociaciones remarcan como un retroceso a la transparencia la nueva Ley que quieren aprobar.
LA SOSPECHOSA PROPUESTA
El contexto político en el que se presentó la iniciativa ha alimentado las sospechas de las organizaciones civiles. La reforma fue promovida por un gobernador que días después solicitó licencia tras ser señalado por autoridades estadounidenses junto a otros integrantes de su círculo político y de seguridad.
De acuerdo con la acusación presentada en Nueva York, además de Rocha Moya, también fueron mencionados el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; así como mandos policiales y funcionarios de seguridad estatal y municipal.
Para Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, la iniciativa no solo debilita los contrapesos institucionales, sino que reduce las herramientas para supervisar el ejercicio del poder público.
Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
“Nos lleva a concluir que es una ley hecha a favor del sujeto obligado y no para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía”, sostuvo.
Las organizaciones también cuestionan que la propuesta excluya o reduzca obligaciones para municipios, partidos políticos y sindicatos. Según el análisis presentado por RECIAS, dejarían de transparentarse datos relacionados con sesiones de Cabildo, contratos de concesión, convenios modificatorios, adjudicaciones directas, padrones de vehículos oficiales y listados de personas físicas o morales que reciben recursos públicos.
Además, la iniciativa elimina apartados completos relacionados con transparencia proactiva, gobierno abierto y cultura de transparencia. También desaparece el Consejo Consultivo, un mecanismo de participación ciudadana que emitía opiniones sobre políticas de acceso a la información y protección de datos.
Otro de los cambios relevantes es el aumento en los plazos de respuesta a solicitudes de información. Actualmente, las dependencias tienen 10 días para responder, con posibilidad de una prórroga de cinco días. La propuesta amplía el plazo a 20 días, con una extensión adicional de otros 10.
Para colectivos ciudadanos, esto complicaría aún más el acceso a información pública en comunidades rurales o marginadas.
Ximena Con X, integrante de Tacuichamona MX, señaló que en muchas comunidades ya
existen obstáculos para acceder a información básica relacionada con agua potable, infraestructura o gasto público.
“Esta ley propone que la persona obligada a rendir cuentas decida cómo quiere rendirlas y qué no quiere decir”, expresó.
ORGANIZACIONES PREOCUPADAS
Ante las críticas, organizaciones civiles solicitaron una audiencia con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para exponer técnicamente sus observaciones. Sin embargo, el encuentro realizado con diputados terminó en confrontación.
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y colectivos civiles acusaron que la mesa de trabajo fue una simulación destinada únicamente a legitimar una reforma ya decidida.
Mesa de trabajo en el Congreso de Sinaloa, Transparencia en riesgo.
Lucía Irene Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que la convocatoria fue realizada con apenas un día de anticipación y sin aclarar que el objetivo era revisar la iniciativa enviada por Rocha Moya.
“Nosotros queremos avanzar en la construcción de una iniciativa ciudadana junto con los diputados, pero para poder avanzar es importante que ellos desechen de plano la ley de Rubén Rocha Moya”, declaró.
Según relató, durante casi dos horas las organizaciones insistieron en que la propuesta debía retirarse por completo debido a los retrocesos que contiene. Pero hacia el final de la reunión, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez confirmó que el Congreso pretendía continuar con el proceso legislativo tomando como base la iniciativa del Ejecutivo.
El diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez confirmó que el Congreso pretendía continuar con el proceso legislativo tomando como base la iniciativa del Ejecutivo.
“Por eso nos levantamos de la mesa, porque esto fue prácticamente una simulación. Ellos quieren simular que hubo participación ciudadana para poder votar la ley de Rubén Rocha Moya”, afirmó Mimiaga.
Aunque las organizaciones continúan presentando observaciones y presionando para modificar el contenido de la iniciativa, reconocen que no son optimistas sobre el desenlace legislativo.
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa advirtió que, si la ley es aprobada en sus términos actuales, podrían recurrir a amparos y otras herramientas jurídicas, al considerar que la reforma vulnera el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos y reduce el alcance del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa.
FLOJITOS Y COOPERANDO
Bien dice el dicho: “más vale aquí corrió, que aquí murió”. Tan pronto como Estados Unidos señaló a Rocha Moya y nueve funcionarios más, fueron Mérida Sánchez y Diaz Vega quienes se entregaron a la justicia americana, esto, para lograr penas más “tranquis”, pero dicha acción causó molestias en el movimiento de la 4T… ¿A qué le sacan? ¡No que muy patriotas!
AL BORDE DE LA LOCURA
De verdad que la presidenta Claudia Sheinbaum ya no sabe cómo llevar sus conferencias mañaneras, cualquier pregunta se molesta, sabe el asunto tan catastrófico que se le viene a su gobierno y aun así lo defiende a capa y espada, en Sinaloa hemos sido testigo de esa falta de tacto, como si aquí no nos hubiéramos dado cuenta de todos esos señalamientos… ¡Refúndalos en el bote, no tema!
MURMULLOS DEPRIMERA
EN ABANDONO
Sinaloa sigue cayéndose a pedazos, balaceras a todas horas, en zonas céntricas, en donde cientos de militares y policías transitan, pareciera que saben dónde pasarán las cosas para desaparecerse, siguen los domicilios siendo baleados y quemados, quitándole tranquilidad a los ciudadanos… ¡Pareciera que no tenemos gobierno que nos proteja!
¿CREEN QUE SOMOS RICOS?
Y por si faltaba algo más aparte de violencia, negocios cerrados, empleos perdidos, una economía por los suelos y un etcétera larguísimo, llegan los cobros de la Comisión Federal de Electricidad, clavándole la última daga a una sociedad agotada por tanta ingobernabilidad, y encima, le pegan donde ahorita más duele, en el bolsillo… ¡¿Qué sigue?!
ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ: EL «TITIRITERO » BAJO SOSPECHA
Enrique Inzunza, el Senador que tras acusaciones ya no volvió a su trabajo.
David Fuentes M.
Enrique Inzunza Cázarez, enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una estructura de protección institucional relacionada con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones se suman a años de polémicas por nepotismo, irregularidades en su jubilación como magistrado y denuncias de violencia sexual, configurando un escenario que ha debilitado seriamente su imagen política y su cercanía con el grupo de poder encabezado por Rubén Rocha Moya.
Señalamientos de Estados Unidos contra Enrique Inzunza.
Durante años, Enrique Inzunza Cázarez construyó una estructura de poder en el aparato judicial y en el Ejecutivo estatal que terminó por convertirlo en uno de los hombres más influyentes del círculo político de Rubén Rocha Moya.
Abogado de origen badiraguatense, Inzunza pasó de presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa a secretario general de Gobierno. Su influencia creció tanto que logró enquistarse como el verdadero operador detrás de las decisiones estratégicas de Rubén Rocha Moya.
Pero nada de eso importa ahora: el senador ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos, que lo acusan de formar parte de una estructura de protección institucional relacionada con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos; es decir, de tener vínculos con el terrorismo.
El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyó a Inzunza Cázarez dentro de una acusación que también alcanzó al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses. Según el señalamiento, los investigados habrían utilizado recursos del Estado para facilitar operaciones criminales, proteger rutas de tráfico de drogas y brindar respaldo político a integrantes del crimen organizado. Desde entonces, solamente se ha sabido de él por redes sociales, ese mismo día abandonó las instalaciones del Senado y no se supo más de él.
Las acusaciones incluyen conspiración para importar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, así como posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos relacionados con actividades de protección al cártel.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Enrique Inzunza habría utilizado su posición como secretario general de Gobierno entre 2021 y 2024 para facilitar operaciones criminales y filtrar información sensible sobre operativos de seguridad y movimientos militares.
La acusación sostiene, además, que el senador formaba parte de una “arquitectura de captura institucional”, mediante reuniones con líderes criminales, acuerdos políticos y presuntos sobornos.
Inzunza presente en redes sociales, en el Senado, ausente.
Tras hacerse públicos los señalamientos, el senador dejó de asistir a sesiones del Senado de la República. Aunque circularon versiones sobre una posible presentación ante autoridades estadounidenses en San Diego, California, el legislador negó cualquier contacto con agencias extranjeras.
“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso”, escribió en redes sociales. En el mismo mensaje rechazó las acusaciones, aseguró que son “mendaces” y afirmó que no contratará abogados porque, dijo, “soy abogado de mí mismo”.
Pero las acusaciones provenientes de Estados Unidos se suman a una larga lista de polémicas que desde hace años acompañan su carrera pública.
LA RED FAMILIAR
Durante su paso por el Poder Judicial y, posteriormente, en el gobierno estatal, Inzunza fue señalado de construir una red de nepotismo dentro de las instituciones públicas de Sinaloa.
La red de nepotismo en el poder judicial por parte de Enrique Inzunza.
Imagen hecha con IA
Diversos familiares ocuparon posiciones estratégicas en el aparato estatal. Su hermana Aída Inzunza Cázarez fue nombrada magistrada del Tribunal Estatal Electoral cuando él todavía presidía el Supremo Tribunal de Justicia. Posteriormente, ella participó en la validación del triunfo electoral de Rubén Rocha Moya en cuatro minutos. Otro de sus hermanos, Santiago Inzunza, fue designado director del Colegio de Bachilleres de Sinaloa durante la actual administración estatal.
Su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño, también fue beneficiada políticamente. Apenas dos semanas después de que Rocha asumiera la gubernatura, fue nombrada magistrada del Poder Judicial por diputados de Morena y sus aliados.
Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa de Inzunza y su compadre Jesús Iván Chávez Rangel.
Aida magistrada en el Tribunal Estatal Electoral y Santiago director de COBAES, hermanos de Enrique en puestos importantes.
A ellos se sumaron otros familiares y colaboradores cercanos. De acuerdo con investigaciones periodísticas, al menos 22 personas vinculadas familiarmente con Inzunza laboraban dentro de dependencias estatales y del sistema judicial sinaloense y sumándole que su hija trabaja en el Senado de la República.
Los testimonios recopilados, además, lo describen como el funcionario encargado de “palomear” nombramientos clave, distribuir contratos de obra pública y operar decisiones estratégicas dentro del gabinete estatal.
LA JUBILACIÓN MILLONARIA
En 2021, antes de incorporarse al gobierno de Rubén Rocha como secretario general, Enrique Inzunza impulsó su retiro del Supremo Tribunal de Justicia en medio de acusaciones por presuntas irregularidades legales y administrativas.
Jubilación Dorada.
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El 10 de junio de ese año, apenas días después de la elección estatal, autorizó un incremento salarial que elevó sus ingresos por encima de los 150 mil pesos mensuales brutos. Dos meses después, solicitó formalmente su retiro voluntario como magistrado.
La pensión obtenida le garantiza ingresos mensuales netos superiores a los 111 mil pesos, además de bonos, prestaciones, seguros y compensaciones extraordinarias.
Para concretar el retiro, el Poder Judicial publicó un Manual de Remuneraciones que autorizaba aumentos salariales, bonos especiales, apoyos por “vida cara”, compensaciones y seguros de retiro para altos mandos judiciales. Sin embargo, el procedimiento fue cuestionado debido a presuntas inconsistencias en la documentación presentada por Inzunza para acreditar los años de servicio requeridos por la ley.
Mientras un currículum oficial del Supremo Tribunal indicaba que toda su trayectoria laboral se desarrolló dentro del Poder Judicial, documentos enviados al Congreso estatal señalaban que también había trabajado entre 1999 y 2001 en la Secretaría General de Gobierno.
La constancia utilizada para acreditar ese periodo fue expedida por un funcionario que, según la normatividad estatal, no tenía facultades legales para emitir certificaciones laborales. Pese a ello, la jubilación fue avalada por diputados de la 63 Legislatura.
LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA SEXUAL
A las acusaciones políticas y financieras se suman denuncias penales por presunta violencia sexual.
La jueza Ana Karina Aragón Cutiño denunció a Enrique Inzunza primero en 2018 y, posteriormente, ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres de la FGR.
La primera querella incluía acusaciones por acoso, hostigamiento y amenazas cuando Inzunza era presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Según el testimonio de la jueza, tras presentar aquella denuncia recibió presiones para desistirse. Aragón Cutiño aseguró públicamente que el entonces magistrado acudió a su domicilio acompañado de colaboradores cercanos para buscar un acuerdo privado.
Ana Karina Aragón Cutiño, denuncias por presunta violencia sexual.
Denuncias por acoso.
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Años después, la denunciante presentó una nueva acusación por delitos de trata de personas y violencia sexual agravada.
De acuerdo con la versión difundida por la organización Voces Humanizando la Justicia, los abusos habrían iniciado en 2016, cuando presuntamente Inzunza utilizó su posición jerárquica para cometer actos de violencia sexual.
La jueza también denunció el envío de objetos sexuales a su domicilio y presuntas intimidaciones posteriores a la presentación de la querella.
Hasta ahora, Enrique Inzunza no ha enfrentado consecuencias judiciales por estas acusaciones.
Mientras tanto, dentro de Morena, el senador sigue siendo identificado como uno de los hombres más cercanos a Rubén Rocha Moya, incluso la vox populi lo sitúa como el poder tras la silla y una de las figuras que aspiraban a disputar la gubernatura de Sinaloa en el futuro político del grupo gobernante.
Hoy, sin embargo, su nombre aparece ligado a investigaciones internacionales, denuncias de corrupción, acusaciones de nepotismo y señalamientos por violencia sexual que han colocado su trayectoria política en un franco declive.
EL TIEMPO DE MUJERES: PERO CON HOMBRES DETRÁS DEL PODER
Santiago Rentería.
Yeraldine Bonilla, la rifa del tigre, de diputada a gobernadora.
La llegada de más mujeres a espacios de poder en Sinaloa coincide con la narrativa nacional del “tiempo de las mujeres” impulsada por la Cuarta Transformación. Sin embargo, detrás de las designaciones, ascensos y candidaturas, persiste una estructura política dominada por hombres que limita la autonomía real de quienes hoy ocupan cargos estratégicos. Gobernadoras, alcaldesas, diputadas y funcionarias aparecen como rostros del cambio, aunque muchas siguen sujetas a decisiones tomadas desde los grupos masculinos que conservan el control político, financiero y electoral del estado.
Desde la llegada de Claudia Sheinbaum
Pardo a la Presidencia de la República, Morena y la Cuarta Transformación han insistido en una narrativa que coloca a las mujeres en el centro del nuevo proyecto político nacional. El discurso oficial habla de igualdad, paridad y empoderamiento femenino. En Sinaloa, esa narrativa encontró terreno fértil: nunca antes tantas mujeres habían ocupado simultáneamente posiciones clave en el poder estatal.
Pero detrás de la fotografía política permanece intacta una realidad menos visible: las principales decisiones continúan dependiendo de los grupos masculinos que controlan el aparato gubernamental, presupuestal y electoral. Las mujeres avanzan, sí, pero muchas veces bajo tutela política.
El caso más visible es el de Yeraldine Bonilla Valverde. Su ascenso de diputada local a gobernadora interina fue leído por Morena como una muestra del nuevo rostro femenino del poder en Sinaloa. Sin embargo, dentro de los círculos políticos locales existe consenso en que su margen de maniobra sigue condicionado por el grupo político de Rubén Rocha Moya, quien, pese a haberse separado temporalmente del cargo, mantiene influencia en la toma de decisiones estratégicas del gobierno estatal. Rocha manda a control remoto; eso nadie lo duda.
Bonilla Valverde llegó al Congreso estatal como una figura joven, disciplinada y cercana al rochismo. Su carrera política avanzó rápidamente bajo el cobijo del grupo gobernante, pero precisamente esa cercanía es la que hoy alimenta las críticas sobre la falta de independencia en su administración. Funcionarios clave, operadores políticos y estructuras administrativas siguen respondiendo a intereses construidos desde el sexenio de Rocha.
En Mazatlán ocurre algo similar con Estrella Palacios. Su llegada a la alcaldía fue presentada como un relevo generacional femenino dentro de Morena, aprovechando además su imagen fresca y su experiencia en el área turística. Antes de asumir la presidencia municipal, Palacios había construido su carrera en dependencias relacionadas con turismo y promoción institucional. De hecho, fue reina del Carnaval a principios de siglo.
No obstante, dentro del puerto se percibe que las decisiones más importantes siguen dependiendo de acuerdos políticos ajenos a ella. La operación financiera y de obra pública continúa vinculada a intereses heredados del grupo del gobernador con licencia y de operadores políticos que conservan influencia sobre el Ayuntamiento. La alcaldesa gobierna, pero con márgenes reducidos frente a estructuras masculinas que dominan la administración pública local.
Estrella Palacios, el salto de turismo a la alcaldía de Mazatlán.
DE ACTIVISTA A CÓMPLICE
El caso de Teresa Guerra Ochoa quizá sea el más simbólico. Durante años fue reconocida como activista, académica y defensora de los derechos de las mujeres. Su voz tuvo peso dentro de las organizaciones feministas y de derechos humanos en Sinaloa mucho antes de ingresar formalmente al círculo cercano del poder estatal.
Cuando Rocha Moya la invitó a encabezar la Secretaría de las Mujeres en 2021, muchos interpretaron su incorporación como un intento del gobierno por darle legitimidad progresista a la administración. Sin embargo, con el paso del tiempo, la figura crítica que cuestionaba abusos y violencia institucional terminó diluyéndose dentro de la lógica de disciplina política de Morena.
Durante su gestión en la Secretaría de las Mujeres, Guerra Ochoa evitó confrontarse públicamente con el gobierno estatal pese
Teresa Guerra Ochoa pasó de activista a cómplice del gobierno rochista.
al incremento de feminicidios y desapariciones. Colectivos feministas que antes la reconocían como aliada comenzaron a señalarle silencio y omisión. Su salto posterior a una diputación plurinominal consolidó su integración total al proyecto político de Rocha.
Desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Guerra intentó posicionarse como una posible candidata a la gubernatura para 2027. Apostó a que Morena pudiera reservar Sinaloa para una mujer y que ello obligara al grupo dominante a construir una candidatura femenina de unidad. Pero las tensiones internas, la crisis política del rochismo y las investigaciones internacionales contra figuras cercanas al grupo gobernante modificaron por completo el escenario.
En su paso en la SEMUJERES, Teresa Guerra fue omisa en denuncias, no le competían.
SIMULACIÓN ANTE QUIRINO
Otra figura que ejemplifica la transformación política femenina dentro de Morena es Graciela Domínguez Nava. Durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, Domínguez fue una de las voces más duras de oposición desde el Congreso local durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Construyó una imagen de política combativa, crítica y cercana a las causas populares. Sin embargo, tras la llegada de Morena al poder estatal, su discurso perdió confrontación. La cercanía con el grupo gobernante transformó a la antigua opositora en parte de la estructura oficial. Aunque mantiene aspiraciones políticas propias y su nombre sigue apareciendo rumbo a la sucesión de 2027, sus críticos consideran que pasó de cuestionar el poder a adaptarse a él.
Graciela Domínguez en su paso por el Congreso de Sinaloa, de voz crítica a cómplice.
Desde su diputación federal, Graciela Domínguez ha levantado la mano por la gubernatura.
IMELDA, EN PLENA CAMPAÑA
En el Senado, Imelda Castro Castro continúa siendo una de las mujeres con mayor experiencia política dentro del morenismo sinaloense. Militante histórica de la izquierda, Castro ha construido una carrera de décadas que le permitió posicionarse como una de las figuras femeninas más fuertes del estado. No obstante, dentro de Morena se le identifica como parte del círculo político de René Bejarano y Ricardo Monreal. Aunque mantiene presencia nacional y estructura propia en Sinaloa, sus posibilidades rumbo a la gubernatura dependen todavía de negociaciones internas dominadas por liderazgos masculinos y acuerdos cupulares.
El fenómeno no es exclusivo de Sinaloa. A nivel nacional, Morena ha impulsado candidaturas femeninas y presume avances en paridad de género, pero en muchos estados las mujeres siguen llegando al poder mediante estructuras controladas por hombres que administran recursos, candidaturas y decisiones estratégicas.
La paradoja de la Cuarta Transformación es que, mientras presume el “tiempo de las mujeres”, buena parte del poder real continúa concentrado en figuras masculinas que deciden quién llega, cuánto dura y hasta dónde puede avanzar cada una de ellas.
En Sinaloa, las mujeres gobiernan más espacios que nunca. Pero detrás de muchas oficinas, candidaturas y decisiones, los hombres siguen moviendo los hilos.
Imelda Castro desde el senado, apunta a la favorita, contraria al rochismo.
NUEVO ORDEN TRIPOLAR
Eduardo Rivadeneyra Núñez
Primero, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, y un par de días después, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, acudieron a Beijing a presentar sus respetos al máximo líder chino, Xi Jinping, cuyo cargo oficial es secretario general del Partido Comunista de China, con lo que se consolida la versión de que el orden mundial ahora se organiza como una ‘tripolaridad’, concepto que no existe en la geometría, pero recordemos que la política es el arte de lo posible.
China, el epicentro de la reunión con Trump y posteriormente Vladimir Putin.
Los protocolos diplomáticos se cumplieron de igual manera para la recepción de ambos líderes, aunque hubo pequeñas diferencias en el trato, así como en los resultados.
El presidente Trump, cuyo país sigue siendo la indiscutible primera potencia en lo militar y lo económico, expresó en su discurso inicial el respeto y admiración que siente por el líder chino, quien, por su parte, mostró sus conocimientos de historia occidental al expresar al mandatario estadounidense su esperanza de que ambos países no caigan en la “Trampa de Tucídides”.
Tucídides fue un historiador griego que detalló y analizó la Guerra del Peloponeso, cuando la primera potencia, Esparta, comenzó a ponerse nerviosa por el crecimiento de la segunda fuerza, Atenas, que amenazaba con subir al primer puesto, además de que su gobierno era distinto y su cultura daba preferencia a otros valores.
Donald Trump y Xi Jinping.
Esparta, con un gobierno monárquico y una cultura que favorecía los valores militares y la cultura física, decidió no esperar a que su contrincante se fortaleciera más y atacó a Atenas, que tenía el primer gobierno democrático y favorecía la filosofía y las artes.
Las otras ciudades griegas tomaron partido y se formaron dos alianzas: la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, y la Liga de Delos, encabezada por Atenas. La guerra tuvo tres fases y, en total, duró 27 años.
La guerra terminó con la rendición de Atenas. Sin embargo, los costos para Esparta fueron tan altos que, a la larga, entró en decadencia y jamás se recuperó. Atenas tampoco logró recuperarse del todo, pero subsistió; sus valores aún forman parte de la cultura occidental y su nombre sigue siendo el de la capital de Grecia.
La Trampa de Tucídides.
Al final del encuentro no hubo grandes anuncios sobre futuros acuerdos. Al regresar a su país, el presidente Trump respondió a preguntas que le hicieron los reporteros sobre la isla de Taiwán y comentó que, en realidad, es una isla china, que se encuentra a sólo 39 millas de distancia y, además, se apoderó de la industria de chips que debería estar en Estados Unidos.
Un par de días después, al recibir al presidente de Rusia, el líder chino lo recibió llamándolo “querido amigo”, y ambos, en sus discursos, hicieron mención a la larga amistad que une a los dos países. Xi aseguró que
Xi Jinping y Vladimir Putin.
la amistad entre China y Rusia es como una fuerza de “calma en medio del caos” y expresó sus deseos de que ambos países puedan unir esfuerzos para lograr un mundo más justo y equitativo.
Las conversaciones entre ambos incluyeron reforzar su alianza militar, incrementar su intercambio comercial, incluyendo acuerdos energéticos, y fortalecer sus intercambios tanto académicos como culturales para que sus pueblos se comprendan mejor.
Hasta donde se puede ver, en estos encuentros se estableció que el nuevo orden mundial estará basado en una tripolaridad. No trascendió que en las reuniones alguien hablara de India ni de los BRICS. Lo más significativo, sin embargo, es que no hubo mención alguna a las antiguas potencias europeas que durante siglos colonizaron al resto del mundo y ahora parecen haber caído en el olvido.
¡Ideas
LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UAS
FOMENTA
CREACIÓN
Con el propósito de fortalecer la cultura emprendedora entre las y los estudiantes, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) llevó a cabo la XIII Expo Emprende. Este espacio académico permitió a jóvenes universitarios presentar proyectos innovadores orientados a responder a necesidades sociales y empresariales. Durante el acto inaugural, el director electo de la FCA, el doctor Leobardo Berrelleza Reyes, destacó que este encuentro refleja el talento, la creatividad y el espíritu innovador de la comunidad universitaria.
Berrelleza Reyes señaló que la expo representa mucho más que una exhibición de proyectos, pues constituye un ejercicio de formación integral donde el conocimiento adquirido en las aulas se transforma en propuestas con potencial de impacto real. Subrayó que cada iniciativa presentada demuestra la capacidad de las y los estudiantes para identificar problemáticas, generar soluciones viables y asumir el reto de emprender en un entorno cada vez más competitivo.
Asimismo, reconoció el compromiso y dedicación de quienes participaron como expositores, al tiempo que agradeció el acompañamiento de docentes, asesores y mentores que contribuyeron al desarrollo de cada proyecto. Invitó a las y los asistentes a involucrarse en este ejercicio universitario, conocer las propuestas y fortalecer la cultura emprendedora desde la academia, impulsando ideas capaces de generar innovación y mayor impacto social.
Por su parte, el doctor Jesús Enrique Sánchez Zazueta, titular de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS y quien acudió en representación del rector, el doctor Jesús Madueña Molina, dio la bienvenida e inauguró oficialmente la XIII Expo Emprende FCA 2026. Durante su mensaje, reconoció el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y organizadores, y resaltó la importancia de este tipo de espacios para impulsar productos y servicios con potencial de transformar la economía y contribuir al desarrollo social.
Sánchez Zazueta dio a conocer que, desde áreas como el Parque Científico Tecnológico, la Oficina de Transferencia de Tecnología y la Dirección General de Investigación y Posgrado, la UAS mantiene el compromiso de respaldar las iniciativas emprendedoras de sus estudiantes. En ese sentido, exhortó a los jóvenes a visualizarse no solo como futuros empleados, sino como generadores de oportunidades y empleadores capaces de transformar la realidad de Sinaloa. En esta XIII edición de Expo Emprende se presentaron 29 proyectos distribuidos en cuatro categorías: base tecnológica, tecnología intermedia, tradicional e impacto social. Los trabajos fueron evaluados por representantes de la Secretaría de Economía y docentes universitarios especializados.
GOBIERNO METE CASI 25 MDP AL ESTADIO DORADOS ANTES DE CONFIRMARSE EL REGRESO DEL CLUB
OTRA VEZ LOS MISMOS MODOS CORRUPTOS
Bernardino Chávez
El posible regreso de Dorados de Sinaloa a Culiacán ya tiene una primera consecuencia concreta: el Gobierno del Estado prepara una inversión de casi 25 millones de pesos para rehabilitar el estadio del equipo, aun cuando el retorno del club al inmueble todavía no ha sido confirmado oficialmente por la Federación Mexicana de Futbol.
De acuerdo con información difundida sobre la licitación pública nacional emitida por la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, el proyecto contempla una inversión de 24 millones 953 mil 617 pesos para acondicionar el Estadio Dorados, ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, con el objetivo de dejarlo en condiciones para su reactivación y para un eventual regreso del “Gran Pez” al torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.
Cerca de 25 millones de pesos para la rehabilitación del Estadio de Dorados.
La obra incluiría trabajos de mantenimiento y rehabilitación en áreas básicas del inmueble, como baños, vestidores, butacas, césped, pintura y acondicionamiento general. Según los plazos difundidos, el fallo de la licitación está previsto para el 4 de junio, mientras que los trabajos iniciarían el 11 de junio y tendrían una duración aproximada de 27 días naturales, con fecha estimada de conclusión para el 7 de julio.
La rapidez del calendario no es menor. La obra se plantea prácticamente a contrarreloj bajo el argumento de tener listo el estadio para julio, mes en el que se ha mencionado la posibilidad de que Dorados vuelva a jugar en Culiacán. Sin embargo, hasta ahora el retorno no aparece como un hecho plenamente formalizado,
sino como una gestión en proceso, sujeta a la autorización correspondiente del futbol mexicano.
El propio Gobierno de Sinaloa informó previamente que el gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo comunicación con Jorge Hank Inzunza, propietario de Dorados y de Xolos de Tijuana, para analizar el regreso del club a la capital sinaloense. En esa versión oficial se planteó que “lo más probable” era que el equipo pudiera iniciar actividades en julio, siempre y cuando se realizaran adecuaciones al estadio.
Rocha Moya anunció una remodelación del estadio de Dorados.
Ahí está el punto central del debate: el Estado ya se mueve para invertir dinero público en un inmueble vinculado al funcionamiento de un club privado, antes de que exista una confirmación pública y definitiva del regreso de Dorados a Culiacán. Esta es una copia de lo sucedido con la construcción del estadio de futbol en Mazatlán durante 2019. Quirino Ordaz anunció la construcción de un estadio para futbol profesional sin que hubiera ningún club confirmado para ocupar el inmueble, mucho menos claridad sobre cuál sería el camino legal.
EL ADEUDO MILLONARIO DE LOS DE NICOLÁS
Durante 2020, el gobierno de Quirino Ordaz
Coppel invirtió en la remodelación del estadio por el orden de los 60 millones de pesos.
Estadios de Sinaloa S.A. de C.V., propiedad de Eustaquio de Nicolás, tenía la concesión del estadio por un periodo de 14 años, del 2 de agosto de 2004 al 31 de julio de 2018. Es decir, quien actualmente sea el dueño de Dorados ha ocupado el inmueble, que forma parte del patrimonio público de Culiacán, durante ocho años de forma ilegal.
Eustaquio De Nicolás tiene un adeudo de 40 millones de pesos porque una de las cláusulas de aquel convenio obligaba a De Nicolás a realizar esa inversión en infraestructura en el estadio, lo cual nunca se ha podi-
do comprobar fehacientemente, a pesar de que Quirino Ordaz y Rubén Rocha han señalado que supuestamente sí hubo inversión por parte de Eustaquio, aunque nunca se ha confirmado documentalmente.
40 millones de pesos en remodelaciones.
Remodelaciones durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
Periodo del convenio entre el gobierno de Sinaloa y Estadios de Sinaloa.
Lo que sí está confirmado es el adeudo acumulado durante 15 años por el pago de 120 mil pesos anuales, vía el Patronato Impulsor del Deporte, que nunca se generó por parte del particular.
120 mil pesos anuales durante cada inicio de torneo para el PIDS.
El discurso oficial presenta la rehabilitación como una medida para reactivar un espacio deportivo, recuperar el uso del estadio y abrirlo nuevamente a jóvenes, familias y aficionados. No obstante, el contexto obliga a una lectura más amplia. El Estadio Dorados no es cualquier inmueble abandonado: es un recinto que durante años ha estado rodeado de cuestionamientos por la forma en que fue construido, operado y remodelado con recursos públicos, mientras su aprovechamiento ha estado asociado al futbol profesional sin ningún beneficio real para el pueblo culichi.
El estadio dejó de tener actividad regular tras la salida, prácticamente en lo oscurito, de Dorados de Culiacán, en medio de la crisis de inseguridad que golpeó a la capital sinaloense. Desde entonces, el equipo trasladó sus partidos como local fuera del estado, mientras el inmueble permaneció sin el uso para el que fue creado. En ese vacío, el gobierno busca ahora justificar una nueva inversión con la promesa de reactivarlo, pero la pregunta sigue abierta: ¿se rehabilita un espacio público para beneficio social o se acondiciona, otra vez, una infraestructura costeada por los sinaloenses para facilitar la operación de un negocio privado?
YERALDINE BONILLA, OPOSITORA
La actual gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, se opuso tajantemente en aquel 2020, siendo presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte en el Congreso local, a que el entonces gobernador Quirino Ordaz invirtiera en el estadio Carlos González y González, como se llama oficialmente. Bonilla y Graciela Domín-
guez, actualmente diputada federal, acuñaron la frase: “No al dinero público en entes privados”.
La duda no surge de la nada. El tema lo hemos señalado desde hace años. En DeprimeraNoticias somos pioneros en documentar y cuestionar el historial del Estadio Carlos González y González, o de Dorados, como parte de lo que consideramos un patrón de uso de recursos públicos para favorecer proyectos deportivos privados. El caso del estadio debe leerse como un expediente de patrimonio público, convenios incumplidos, contraprestaciones pendientes y falta de rendición de cuentas que forman un abanico de opacidad.
Ahora, con la nueva inversión de casi 25 millones de pesos, el expediente vuelve a abrirse.
Yeraldine Bonilla, feroces señaladores de la corrupción quirinista, luego solapadores.
LO LEGAL
El gobierno puede argumentar que el estadio es un bien que debe rescatarse, que su deterioro representa una pérdida patrimonial y que la reactivación de eventos deportivos puede generar actividad económica, convivencia social y oferta recreativa para Culiacán. Ese argumento tiene sentido en una ciudad golpeada por la violencia y urgida de espacios públicos funcionales. Pero también hay una segunda lectura: si el objetivo inmediato es acondicionar el estadio para el regreso de Dorados, entonces la autoridad debe explicar, vía el Congreso del Estado, con precisión cuáles serán las reglas del uso del inmueble, qué obligaciones asumirá el club, qué contraprestaciones recibirá el Estado, quién pagará el mantenimiento posterior y cómo se evitará que el dinero público termine subsidiando la operación de una franquicia privada, como lo ha hecho durante décadas.
La rehabilitación del estadio no debería limitarse al anuncio de una obra. Tendría que venir acompañada de información clara sobre la situación jurídica del inmueble, los contratos vigentes, los permisos de uso, los beneficios esperados y las garantías para que el espacio no vuelva a quedar abandonado si el equipo decide mudarse nuevamente. En el convenio con Estadios de Sinaloa se castigaba con 50 millones de pesos la salida o abandono de la sede en Culiacán. ¿Qué autoridad aplicaría esa cláusula en la actualidad?
También sería necesario aclarar si Dorados pagará renta, si habrá inversión privada complementaria, si el club participará en los costos de mantenimiento o si todo el peso financiero volverá a recaer sobre el erario. Porque, en un estado con necesidades urgentes en seguridad, salud, educación, servicios públicos e infraestructura básica, cada peso destinado a un estadio profesional debe justificarse con algo más que entusiasmo deportivo.
Porque, si el estadio se rehabilita como espacio público, debe quedar claro que el beneficio será público. Pero, si se rehabilita para facilitar el regreso de un club privado, entonces el gobierno debe explicar cuál será la retribución para los sinaloenses.
La claúsula donde Estadios de Sinaloa debería pagar 50 millones en caso de sacar al equipo de Sinaloa.
RICARDO JENNY DEL RINCÓN, CON EL TUFO DEL CONFLICTO DE INTERÉS
Santiago Rentería.
Ricardo Jenny del Rincón fue designado como titular del SESESP por Rocha Moya.
El amparo promovido por el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, no exhibe sino otra cereza del pastel donde el entramado del grupo del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se sirvió con la cuchara grande en contratos y licitaciones millonarias. En este caso, el funcionario de pasado panista busca frenar las investigaciones en su contra por la compra de patrullas a una empresa de los Coppel, familia para la que trabajó. Del Rincón, un funcionario más bien gris, también pasará a la historia como un alfil del grupo político-empresarial que vio a Sinaloa como su botín.
Ricardo Jenny del Rincón.
El gobierno de Sinaloa se ha visto envuelto en un escándalo tras otro. Ahora brotó uno más en una dirección que ya se veía venir, en un perfil que parecía pasar desapercibido: Ricardo Jenny del Rincón.
No es un mando policiaco, tampoco militar ni un operador tradicional de seguridad. Su perfil proviene del sector corporativo, de oficinas empresariales y estructuras administrativas ligadas al grupo empresarial más poderoso del noroeste del país: los Coppel.
Pero fue hasta llegar al gobierno de Rubén Rocha Moya cuando su nombre comenzó a adquirir verdadero peso político. Rocha lo colocó al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), una dependencia que, aunque poco visible para gran parte de la ciudadanía, controla áreas clave
Javier Gaxiola Coppel, exsecretario de Economía de Sinaloa, y socio de empresas ligadas a las licitaciones.
dentro del aparato de seguridad: distribución de recursos federales, compra de equipamiento, armamento, tecnología, videovigilancia y patrullas para corporaciones policiacas.
Desde el inicio de la administración estatal, Ricardo Jenny fue perfilado como un funcionario técnico, discreto y de confianza para el gobernador. Sin embargo, conforme avanzó el sexenio, comenzó a acumular facultades que ampliaron considerablemente su margen de maniobra.
LA COMPRA DE PATRULLAS
El punto de quiebre ocurrió el 4 de noviembre de 2022. Ese día, mediante un decreto publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el gobernador autorizó al titular del
Compra de patrullas, la licitación que pone en jaque a Jenny del Rincón.
SESESP a realizar directamente contrataciones y licitaciones relacionadas con recursos de seguridad pública hasta octubre de 2027.
La justificación oficial fue la necesidad de agilizar procesos administrativos en materia de seguridad. Pero, en los hechos, el decreto colocó en manos de Ricardo Jenny el control de adquisiciones millonarias que anteriormente eran manejadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.
La decisión pasó casi desapercibida en la discusión pública. Sin embargo, meses después, ese movimiento administrativo sería clave en uno de los casos más delicados para la actual administración estatal.
En septiembre de 2023, el SESESP lanzó una licitación para la compra de patrullas destinadas a la Policía Estatal Preventiva, policías municipales, centros penitenciarios y otras áreas de seguridad. La adquisición representaba la compra vehicular más grande realizada durante el gobierno de Rocha Moya: 62 unidades con un costo superior a los 47 millones de pesos.
El concurso terminó adjudicado a Premier Chevrolet, empresa propiedad de la familia de Javier Gaxiola Coppel y de Rubén Eugenio Coppel Luken.
La operación no habría generado tanto ruido de no existir un elemento explosivo: Ricardo Jenny mantenía vínculos profesionales previos con empresas relacionadas con el grupo Coppel.
Premier Chevrolet, conflicto de intereses.
Sábado 23 de mayo de 2026
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CONFLICTO DE INTERÉS
Los documentos mostraban que, incluso siendo funcionario público, Jenny del Rincón reportaba en sus declaraciones patrimoniales ingresos por actividades profesionales independientes relacionadas con Coppel S.A. de C.V., con percepciones mensuales cercanas a los 90 mil pesos.
Aquello colocó el caso en una zona de alto riesgo político y jurídico. La Ley de Adquisiciones establece restricciones claras cuando un servidor público tiene relaciones laborales, profesionales o de negocios con empresas participantes en procedimientos de contratación pública.
El problema para el gobierno estatal era doble: no sólo aparecía una empresa ligada a un secretario del gabinete estatal ganando contratos multimillonarios, sino que, además, el funcionario encargado de la licitación mantenía antecedentes profesionales vinculados con el mismo grupo empresarial.
La polémica golpeó directamente la narrativa anticorrupción del gobierno de Rocha Moya.
Y es que no era la primera vez que el nombre de Premier Chevrolet aparecía envuelto en cuestionamientos.
En marzo de 2022 ya había surgido un escándalo relacionado con la asignación de contratos vehiculares a empresas ligadas a Javier Gaxiola Coppel. En aquel momento, el gober -
nador primero negó irregularidades, pero posteriormente terminó reconociendo la existencia de un conflicto de interés y el contrato fue cancelado.
Mientras el debate público crecía, Ricardo Jenny optó por una estrategia de bajo perfil. Evitó confrontaciones directas y sostuvo que no existía ilegalidad alguna. Argumentó que, cuando ingresó al servicio público, dejó de prestar servicios profesionales a empresas vinculadas con Coppel y defendió que la licitación se realizó conforme a la ley.
Sin embargo, las investigaciones comenzaron a avanzar. Un partido político presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. Paralelamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones sobre el procedimiento de compra dentro de la revisión de la cuenta pública.
Aunque el funcionario aseguró públicamente que las observaciones estaban siendo solventadas y que la ASF no había encontrado conflicto de interés, el caso nunca desapareció del radar político.
EL AMPARO
Entonces ocurrió un movimiento que volvió a colocar el tema bajo atención pública. El 13 de mayo de 2026, Ricardo Jenny promovió un amparo ante la posibilidad de que existiera una orden de aprehensión en su contra.
La información apareció en registros del Consejo de la Judicatura Federal y confirmaba que el funcionario buscaba protección judicial contra una eventual “orden de detención física”.
Jenny sostuvo que nunca había sido citado a declarar y que únicamente se habían realizado diligencias de verificación por parte de la FGR. Pero, en política, los amparos preventivos rara vez pasan inadvertidos.
Más aún en un contexto donde Sinaloa enfrenta una severa crisis de credibilidad institucional derivada de la acusación en contra del depuesto gobernador Rubén Rocha Moya y su círculo cercano, entre ellos nueve funcionarios y exfuncionarios coaligados con Los Chapitos. El caso de Ricardo Jenny también abrió nuevamente el debate sobre la llegada de perfiles empresariales a posiciones estratégicas dentro del aparato estatal.
Mientras tanto, el funcionario permanece al frente del SESESP, una de las oficinas con mayor control presupuestal dentro del sistema estatal de seguridad.
Y aunque hasta ahora no existe una acusación formal ni acción penal en su contra, el expediente político que lo rodea parece lejos de cerrarse.
Porque, en un estado donde las patrullas suelen simbolizar combate al crimen, en este caso terminaron convirtiéndose en símbolo de otra batalla: la disputa por la transparencia, el poder y los vínculos entre gobierno y grupos empresariales.
El juicio de amparo promovido en el caso de Jenny del Rincón ya fue admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito, bajo el expediente 581/2026-III-B, contra cualquier tipo de detención. Además, se le concedió la suspensión provisional contra actos atribuidos al titular de la Fiscalía General de la República y otras autoridades.
La suspensión provisional implica que las autoridades señaladas deben abstenerse temporalmente de ejecutar los actos reclamados, hasta que el juzgado determine si concede o no la suspensión definitiva.
EL PEZ POR SU BOCA MUERE: ROCHA MOYA EN «LA SEMANERA»
David Fuentes M.
Durante sus conferencias semaneras, Rocha Moya mantuvo una intensa confrontación con sus adversarios políticos, a los que acusaba, ridiculizaba o defenestraba de acuerdo con sus intereses. Desde ese espacio, el gobernador con licencia intentó controlar la narrativa pública bajo la bandera del combate a la corrupción.
Durante varios años, todos los lunes, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya aparecía frente a cámaras y micrófonos en un ejercicio que oficialmente buscaba mantener a la población informada sobre las acciones de su gobierno.
Pero, con el paso del tiempo, ese espacio institucional conocido como “La Semanera” terminó convertido en un púlpito desde el cual el mandatario acusaba, exhibía, ridiculizaba y confrontaba a sus adversarios políticos y a los medios de comunicación que lo cuestionaban.
Desde ahí se construyeron narrativas, se lanzaron advertencias y se defenestró a los políticos que se volvieron adversarios de la dupla Rocha-Inzunza. Alcaldes, exaliados políticos, productores agrícolas, dirigentes universitarios, periodistas y opositores pasaron por la tribuna de “La Semanera”.
Hoy, tras las acusaciones abiertas en Estados Unidos contra Rocha, Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa, el hombre que durante años defenestró públicamente
Rocha Moya y La Semanera de rendir cuentas al espacio para pleito político.
a medio mundo se encuentra escondido, buscando la manera de salvarse de una inminente extradición. La frase “el pez por su boca muere” persigue ahora al propio gobernador con licencia.
LOS ROCES DE ROCHA
Desde su llegada al poder en 2021, el gobierno de Rocha Moya estuvo marcado por confrontaciones permanentes. La violencia creciente en Sinaloa, la disputa política con la Universidad Autónoma de Sinaloa y los choques con alcaldes emanados incluso de Morena configuraron un gobierno marcado por la concentración del poder y la ruptura con antiguos aliados.
Uno de los episodios más delicados fue el conflicto con Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense y pieza clave en la alianza que llevó a Morena al triunfo
La dupla Rocha-Inzunza, la venganza política.
en 2021. Cuén llegó a formar parte del gabinete estatal como secretario de Salud, pero la relación se fracturó rápidamente. Lo que comenzó como una diferencia política terminó convertido en una confrontación abierta entre el gobierno estatal y la estructura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La disputa escaló durante meses mediante declaraciones públicas, investigaciones y señalamientos cruzados. Desde “La Semanera”, Rocha Moya endureció el discurso contra grupos ligados a la UAS, mientras la Fiscalía estatal avanzaba en procesos contra funcionarios universitarios. El conflicto alcanzó un punto crítico con el asesinato de Cuén Ojeda en julio de 2024.
Pero Cuén no fue el único personaje enfrentado con Rocha Moya.
Desde su tribuna semanal Rocha retaba a productores, empresarios y a políticos, la arrogancia.
OTROS ACTORES POLÍTICOS
El exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, también terminó convertido en uno de sus principales adversarios. Tras diferencias políticas derivadas del proceso interno de Morena en 2021, Estrada Ferreiro fue desaforado y sometido a procesos penales. El exedil acusó directamente al gobernador y a su entonces secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, de emprender una persecución política en su contra.
La historia se repetiría después en Mazatlán con Luis Guillermo Benítez Torres. El exalcalde, quien había sido uno de los perfiles más visibles de Morena en Sinaloa, fue removido y posteriormente procesado por presuntas irregularidades administrativas. Aunque nunca pisó prisión, su carrera política quedó severamente golpeada.
Luis Guillermo Benítez Torres, defenestrado por el gobierno de Rocha Moya.
EL JUICIO MÁS RECIENTE
Otro caso emblemático fue el de Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome. Vargas aseguró públicamente haber recibido amenazas directas de Rocha Moya cuando buscaba competir por una candidatura al Senado en 2024.
“Si tú te registras, tengo un expediente al que voy a darle continuidad y te voy a meter en problemas”, denunció Vargas Landeros que le dijo el gobernador durante una reunión privada.
Tiempo después, el exalcalde enfrentó un proceso de desafuero relacionado con la compra de patrullas realizada años antes. Para Vargas, el expediente fue activado como represalia política.
Rocha Moya no ganó realmente la encuesta interna de Morena en 2021 y hoy sabe que su candidatura fue resultado de una decisión directa de Andrés Manuel López Obrador, según lo confesó el propio gobernador con licencia.
Vargas Landeros señaló en recientes entrevistas que Rocha lo amenazó.
“La Semanera” se convirtió en el escenario donde Rocha respondía a críticas y enviaba mensajes políticos. Productores agrícolas, periodistas, opositores y actores públicos fueron exhibidos desde esa tribuna.
En noviembre de 2023, durante protestas de agricultores que reclamaban pagos pendientes, el mandatario respondió de manera confrontativa: “Regresen cuando les dé la gana.
A ustedes no crean que les tengo miedo”.
Pero ahora el escenario político para Rocha es muy distinto.
Las investigaciones abiertas en Estados Unidos, los señalamientos sobre presuntos vínculos con grupos criminales y la presión social han colocado al gobernador en la posición que durante años ocuparon sus adversarios.
El político que utilizó la tribuna pública para exhibir y desgastar a otros terminó sentado en el banquillo de los acusados.
El púlpito de Rocha, sus semaneras
MAR DE FONDO NARRATIVA VS. REALIDAD
El manejo de la narrativa oficial ante los hechos de corrupción, narcopolítica, crimen organizado, descomposición del Estado y el uso faccioso de las instituciones en México, principalmente de aquellas que tienen el deber de procurar justicia, forma el esqueleto de lo que hoy se señala desde Estados Unidos como “una narcocracia”.
‘La Mañanera’ es el ágora sobre la cual se construye una narrativa de Estado que convierte la realidad en una ficción fundamentada en el rencor y la frustración hacia la clase política contraria al morenismo, que, según
Rocha Moya y sus semaneras, el lugar favorito para señalamientos contra adversarios políticos.
esta narrativa, es la culpable de todos los problemas que suceden en México. Estos problemas son atemporales: pertenecen al pasado, al presente y al futuro.
En ese contexto, Rubén Rocha Moya, actualmente gobernador con licencia de Sinaloa, construyó su propia ágora en las semaneras, desde donde sostenía su narrativa de que en Sinaloa todo está bien: es el mejor lugar para vivir, nadie en su gobierno es corrupto, Sinaloa es una de las cinco mejores economías del país, en el estado hay separación de poderes, no existe persecución política, no gobierna el Cártel de Sinaloa, no existe el odio de Rocha hacia Cuén, la violencia es focalizada, el asesinato de menores no es frecuente y hay medicinas en los hospitales.
Y, sobre todo, sostenía su máxima: “No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema… Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones”, comentó el hoy escondido gobernador con licencia el pasado 10 de agosto de 2024, en un evento en Culiacán ante el expresidente López Obrador y la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum, desde sus mañaneras pareciera defiende a Rocha y los señalados.
Ambos respaldaron a Rocha tras el señalamiento, vía carta, de Ismael El Mayo Zambada, quien aseguró que había sido citado el 25 de julio en la finca Huertos del Pedregal, en la capital del estado, donde asesinaron al exrector Héctor Melesio Cuén y secuestraron al propio Mayo Zambada. Lo demás es una historia que se sigue contando y sufriendo en Sinaloa.
Pero en esa narrativa construida desde las semaneras de Rocha, esa “verdad” del rochismo se dispersaba en los medios de comunicación afines o que estaban en nómina. Todo de lo que hoy se habla acerca de “los 10 de Sinaloa” era algo que muchos en el estado sabían, aunque pocos se atrevían a mencionar.
La narrativa del rochismo se construyó desde las teclas de los principales medios de comunicación locales y desde las columnas de opinión de periódicos, revistas
Rubén Rocha Moya, aquel 10 de agosto de 2024 tras la carta de El Mayo Zambada.
Homicidios en Sinaloa, un aumento considerable en los últimos dos años.
y portales. No sólo eran visibles; además presumían su concordancia con la narrativa rochista. Actualmente, varios de esos mismos actores se presentan como procuradores de la verdad ante medios nacionales. Esa es otra clase de corrupción que debe señalarse si realmente se quiere generar un cambio en el tejido social.
En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a festejar en la mañanera del pueblo el Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.
“En 2025 ocurrió la mejora más significativa en la paz en México; representa la mejora más importante de la paz en una década… La honestidad y el amor al pueblo dan resultados”, señaló en su mañanera.
Esa es la narrativa oficial desde Palacio Nacional. La realidad para Sinaloa es escalofriante: el estado sufrió el deterioro más severo a nivel nacional y cayó hasta el lugar 31 de las 32 entidades, apenas por encima de Colima.
En el Índice de Paz, Sinaloa en el lugar 31.
El saldo anual también refleja el quiebre: Sinaloa pasó de mil 022 homicidios en 2024 a mil 732 en 2025. El informe atribuye este repunte al conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente después de septiembre de 2024, cuando la disputa dejó de ser latente y se convirtió en una confrontación abierta.
Culiacán aparece como el rostro más visible de esa crisis. La capital sinaloense pasó de una tasa estimada de 64 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024 a 107 en 2025, lo que la colocó como el segundo municipio grande con mayor tasa de homicidios del país, sólo detrás de Manzanillo, Colima.
Pero el deterioro no se quedó en las estadísticas criminales. El impacto económico de la violencia en Sinaloa aumentó 38.5 por ciento en 2025, el mayor incremento
entre todos los estados. El costo total fue calculado en 170.5 mil millones de pesos, equivalente al 24.7 por ciento del Producto Interno Bruto estatal. Esa es la realidad en números que contrasta con la narrativa oficial.
Estos datos, se lee en el documento, tienen como punto focal septiembre de 2024, precisamente el caso Huertos del Pedregal que da origen a todo. No hubo consecuencias a nivel nacional, pero Estados Unidos, por medio del Departamento de Justicia, giró una orden de detención con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve individuos por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y colusión con Los Chapitos en la contienda electoral de 2021.
Esto caló hondo en la estructura del partido en el poder. La misma presidenta lleva semanas escondiendo y defendiendo a Rocha Moya, minimizando la gravedad de los cargos y la inevitable realidad de que, para los ocho que quedan —entre ellos Enrique Inzunza—, solo es cuestión de tiempo ser llevados, de una u otra manera, ante la justicia estadounidense.
Sheinbaum se envuelve en la bandera de la soberanía y utiliza su narrativa para denostar a la oficina de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una de las más influyentes de aquel país, al llamarla “una oficinita”.
“En el documento que emitió el gobernador… en un párrafo señala lo siguiente: ‘Lo digo claramente y con contundencia: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré, y eso lo demostraré con firmeza’”, leyó Yeraldine Bonilla en el Congreso local después de
ser investida como gobernadora sustituta, al tiempo que expresaba su respaldo total a Rocha Moya.
No sé qué es más grave, en el contexto de la narcopolítica que hoy se señala jurídicamente desde una corte estadounidense, para Sinaloa y para México: que la presidenta le apueste a que la denuncia proviene de “una oficinita” o que, a Sinaloa, y a una gobernabilidad que se cae a pedazos, esté a cargo “una meserita”.
Yeraldine Bonilla en su toma de protesta como gobernadora interina de Sinaloa.
LA FRASE
POR: IVÁN GRIJALVA
LOS PAÍSES CON MEJOR
TRANSPARENCIA NO OCUPAN ÓRGANOS GARANTES
Durante el más reciente diálogo sobre la Ley de Transparencia que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, envió al Congreso del Estado, colectivos ciudadanos rechazaron la propuesta al considerar que atenta contra el acceso a la información pública en Sinaloa.
Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la JUCOPO, señaló en entrevista con medios de comunicación que en México no se requieren órganos garantes porque, según dijo, “los países con mejor transparencia no ocupan órganos garantes”. Pero la frase que realmente retrató la visión política del rochismo llegó después: “Lo de menos es que tenemos la mayoría”.
El mensaje de fondo es claro: las reformas no necesitan consenso, solo votos y disciplina partidista. Más que una defensa de la iniciativa, la declaración terminó siendo una confesión política: en Morena consideran que tener mayoría legislativa es suficiente para aprobar cualquier cosa, aunque la sociedad esté en contra.
Y ante estos delincuentes con fuero, ¿nos vamos a callar? Nos leemos en una próxima edición, hasta entonces… hasta siempre.
