16 Violencia electoral de 2021, solapada por gobiernos de la 4T
25 Murmullos DePrimera
27 Fiscalía y policías al servicio de los Chapitos
38 El pacto transexenal en Sinaloa 55 La carta del Mayo: Desde entonces, crisis de credibilidad
64 La narcoelección que pintó a Sinaloa de guinda
LA HERENCIA MALDITA
DE
ROCHA
MOYA CRÓNICA DE UN PODER BAJO SOSPECHA
Santiago Rentería
El 29 de abril de 2026 no fue un día cualquiera. La fecha quedó marcada por una acusación sin precedentes: el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló, en una corte federal de Nueva York, a un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, junto a parte de su círculo político y policiaco, por presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con la facción de Los Chapitos. Para muchos, ese momento no solo representó el inicio de un proceso judicial, sino el punto de quiebre de un proyecto político que había prometido transformación y terminó envuelto en sospechas, sangre y corrupción de alto voltaje.
El 29 de abril de 2026 el departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló en una corte federal de Nueva York al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ese mismo día, el gobernador salió de Palacio de Gobierno y ante la prensa que lo esperaba declaró: “estamos tranquilos, trabajando, no va a pasar nada”, para
Rubén Rocha Moya solicitó licencia de su cargo como gobernador, luego de acusaciones de Estados Unidos.
después señalar que ya había hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto.
Días después, el gobernador solicitó licencia al cargo y la pregunta comenzó a repetirse en Sinaloa, en redacciones, calles y oficinas públicas: ¿qué deja Rocha Moya como herencia?
La respuesta, para algunos, está en los números. Para otros, en los testimonios. Y para muchos más, en la sensación cotidiana de un estado que cambió —para mal— en pocos años.
Las estadísticas, frías pero contundentes, dibujan un panorama complejo de un territorio avasallado por la violencia. Desde que inició la guerra al interior del Cártel de Sinaloa, derivada de la entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, en un supuesto pacto secreto entre el gobierno rochista y Los Chapitos, en Si-
naloa se han registrado más de dos mil 645 homicidios y tres mil 688 personas desaparecidas.
No son solamente cifras: son expedientes abiertos, familias rotas, búsquedas que no terminan. En ese universo, los datos más dolorosos son los que involucran a menores: 108 niños y adolescentes asesinados y 333 desaparecidos. Una generación marcada por la violencia.
El impacto se extiende más allá de las víctimas directas. La inseguridad provocó el desplazamiento de al menos tres mil familias, particularmente de pueblos serranos asolados por la guerra entre facciones, obligadas a abandonar sus hogares. En comunidades enteras, la rutina se rompió: casas cerradas, negocios vacíos, escuelas con pupitres sin ocupar.
La economía tampoco resistió. Más de 30 mil empleos se perdieron en un entorno que especialistas descri-
Familiares de desaparecidos exigiendo a Rocha.
ben como una de las peores crisis recientes del estado. El daño estimado supera los 70 mil millones de pesos, una cifra que refleja no sólo pérdidas, sino un deterioro estructural.
De parte del gobierno: saliva y contención de daños mediante medios afines que buscaron disfrazar una realidad que rebasó todo.
LA ACUSACIÓN: UNA HISTORIA QUE CRUZA FRONTERAS
Mientras en Sinaloa se acumulaban los indicadores negativos, en Estados Unidos se construía otra narrativa, elaborada pacientemente en el ámbito judicial. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York comenzó a documentar lo que describe como una red de colaboración entre funcionarios públicos y una facción del Cártel de Sinaloa, al parecer luego de la extradición de Ovidio Guzmán López, El Ratón, así como la de sus principales socios: José Ángel Canobbio Inzunza, brazo financiero del cártel; Kevin Alonso Gil —secretario de Iván Archivaldo—; Néstor Isidro Salas Pérez, El Nini; y Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio.
Por lo que se relata en el documento público, se colige que los fiscales estadounidenses construyeron el caso contra Rocha y otros coacusados a partir de informa-
ción clave y posibles evidencias obtenidas durante la investigación de la DEA.
Por eso, el sólido y robusto expediente revelado el 29 de abril sacudió como un terremoto los cimientos de la Cuarta Transformación, desde Sinaloa hasta Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum y los sectores más duros del partido exigieron pruebas en una etapa procesal que aún no las contempla, todo como parte de una operación de control de daños.
Pero todo cambió 48 horas después, el viernes 1 de mayo, con la solicitud de licencia de Rocha Moya y de su ahijado, Juan de Dios Gámez Mendívil, como alcalde de Culiacán.
Claudia Sheinbaum un día después de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, en la lista de Estados Unidos.
EMPRESARIO CLAVE
En ese entramado de complicidades y nexos aparece el empresario Enrique Díaz Vega, señalado como operador financiero clave en los negocios entre el gobierno —desde que Díaz fue secretario de Finanzas hasta la actualidad— y los negocios turbios de los hijos del mandatario, en connivencia con Los Chapitos. De acuerdo con investigaciones precedentes, su empresa, Housesin Desarrollos S.A. de C.V., habría recibido contratos públicos para posteriormente canalizar recursos a compañías vinculadas a la familia del gobernador, como la Constructora Chocosa. También obtuvo permisos de construcción siendo servidor público.
Los fiscales hablan de una “pista” de 240 millones de pesos que habría circulado entre 2021 y 2023, solamente en dinero rastreable, pues es bien sabido en Sinaloa que los hijos de Rocha Moya controlaban la obra pública y cualquier compra realizada desde Administración y Finanzas.
Pero el dinero es sólo una parte de la historia. Testimonios recabados en la investigación apuntan a escenas más directas durante la campaña: “Ahí llegaron maletas de dinero del crimen organizado durante la campaña”, refieren testigos sobre las oficinas utilizadas en 2021.
La acusación también sostiene que Díaz Vega era uno de los contactos habituales de Los Chapitos antes, durante y después de la elección.
INZUNZA, EL OPERADOR POLÍTICO
En la estructura señalada por la fiscalía, el nombre de Enrique Inzunza Cázarez aparece como pieza clave. No
El senador Enrique Inzunza está señalado como el enlace entre el poder político y el criminal.
como un actor secundario, sino como el enlace entre el poder político y el criminal.
Los documentos judiciales lo describen como intermediario, negociador y operador. Según la acusación, habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal para pactar acuerdos de protección y apoyo político.
También se le atribuye la colocación de funcionarios en posiciones estratégicas y la filtración de información sensible: “Se le acusa de participar en la filtración de nombres y direcciones de candidatos de oposición para que fueran intimidados o desaparecidos”.
Es una acusación que, de comprobarse, implicaría el uso del aparato del Estado para fines criminales.
Para ello, Inzunza también habría organizado toda una red de nepotismo en el Supremo Tribunal de Justicia, donde fue presidente durante once años. Más de 22 familiares directos habrían estado en la nómina del Tribunal y del Gobierno del Estado.
EL NIVEL MUNICIPAL: PROTECCIÓN DESDE ABAJO
La investigación no se detiene en las altas esferas. También apunta hacia el ámbito local. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, es señalado como un facilitador dentro del esquema.
Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado de Rocha entre la lista.
Según la fiscalía, habría utilizado su control sobre la Policía Municipal para proteger a integrantes del grupo criminal: “Habría impedido detenciones y permitido que la organización operara sin interferencias”.
A cambio, se le atribuyen pagos mensuales: “Sobornos superiores a los 10 mil dólares en efectivo desde junio de 2022”.
LAS FRACTURAS DEL PODER
Mientras las acusaciones avanzaban en tribunales estadounidenses, en Sinaloa comenzaron a emerger testimonios desde dentro del propio sistema político.
El
exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, conocido como El Químico, narró un episodio que describe el clima de tensión:
Luis Guillermo Benítez Torres señaló, tras los señalamientos de Estados Unidos, que fue amenazado por Rocha Moya.
“Me dijo: ‘Si no firmas tu renuncia, te va a pasar algo malo; acuérdate que yo soy de Badiraguato y la puedes pasar muy mal’”.
Su relato no se detiene ahí: “Rocha Moya no representa la Cuarta Transformación. Fue un oportunista. Nunca pensamos el monstruo que era”.
Benítez también señaló maniobras políticas para desplazarlo: “Ofrecieron dinero para que se me acusara de violencia política de género”.
EL DINERO DE LA CAMPAÑA
Otra de las voces más contundentes fue la de Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien, antes de su asesinato el 25 de julio de 2024, dejó un testimonio que apunta directamente al origen de los recursos políticos.
En su relato, la campaña de 2021 estuvo marcada por la abundancia de dinero: “Yo me daba cuenta de todo lo que les caía a ellos, ¡dinerales! A tal grado que cuando termina la elección se quedaron con mucho dinero”.
Cuén también habló de un presunto enriquecimiento: “Compraron una casa que valía 13 millones de pe -
sos, la facturaron en menos… Lo mismo hicieron en Los Álamos”.
Incluso mencionó apoyos financieros previos: “Rocha Moya le habría pedido prestados 500 mil pesos a Ricardo Monreal”.
El exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, también se sumó a las críticas, describiendo a Rocha Moya y a su círculo como: “Personas perversas que ambicionaban tener todo el poder y eliminar a sus enemigos políticos”.
EL SALDO
Hoy, con un gobernador con licencia, una investigación internacional en curso y un estado marcado por la violencia, la pregunta inicial sigue abierta.
Las cifras hablan de muertos, desaparecidos, desplazados y empleos perdidos. Los testi-
José Ángel Canobbio Inzunza, brazo financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en Culiacán.
Las exigencias de la ciudadanía sinaloense de la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura
monios hablan de amenazas, dinero y poder. Las acusaciones hablan de una presunta red donde política y crimen se cruzan.
Pero, más allá de expedientes y declaraciones, la historia también se escribe en lo cotidiano: en las madres buscadoras, en los negocios que no volvieron a abrir, en los jóvenes que crecieron en medio de la incertidumbre.
Para muchos en Sinaloa, esa es la verdadera herencia: no sólo un escándalo político, sino una sensación persistente de que el poder se ejerció lejos de la gente. Una herencia que, con el paso del tiempo, apenas comienza a ser contada.
VIOLENCIA ELECTORAL DE 2021 SOLAPADA POR GOBIERNOS DE LA 4T
David Fuentes M.
Desde el día de la elección de 2021 en que Rocha fue elegido como gobernador de Sinaloa, la oposición denunció violencia a lo largo de la jornada electoral: levantones, robo de urnas, amenazas, disparos. Todo eso estaba perfectamente documentado. Para el entonces presidente López Obrador, en cambio, los narcos se habían “portado bien”. A cinco años de aquel proceso electoral, con Rocha fuera de Palacio de Gobierno, las denuncias presentadas por autoridades de Estados Unidos reviven aquella jornada en que inició la peor pesadilla que ha enfrentado Sinaloa en los últimos tiempos.
La acusación presentada el 29 de abril por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y un grupo de nueve funcionarios estatales, revivió las denuncias que se presentaron desde 2021 sobre lo ocurrido durante la jornada electoral del 6 de junio que dio el triunfo al candidato de Morena.
De acuerdo con el expediente del Departamento de Justicia, la elección estuvo marcada por la intervención del Cártel de Sinaloa, en concreto la facción de Los Chapitos, mediante robo de urnas, intimidación a opositores y secuestro de operadores políticos con el objetivo de influir en el resultado.
Urnas robadas durante la elección de 2021.
El documento judicial sostiene que, previo a la elección, se habrían realizado reuniones entre el candidato morenista y lideres criminales en las que se pactó apoyo electoral para Rocha Moya a cambio de entregar posiciones a Los Chapitos dentro de la estructura del gobierno estatal.
También refiere la presunta elaboración de listas con datos de candidatos opositores para facilitar actos de presión en su contra, así como instrucciones a corporaciones de seguridad para que no intervinieran durante la jornada electoral, lo que habría permitido la actuación de grupos armados en distintos municipios.
Estas acusaciones contrastan con la reciente postura del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien afirmó que el Gobierno federal “nunca tuvo indicios” de nexos entre Rocha Moya o funcionarios estatales con la delincuencia organizada.
Omar García Harfuch señaló que nunca tuvieron indicios de colusiones de Rocha con el narco.
Durante una entrevista con Loret de Mola, Rocha señaló posibles acercamientos con el narco.
LOS DICHOS POR ROCHA
Las declaraciones cobran relevancia cuando son contrastadas con lo dicho por el propio Rocha Moya durante la campaña de 2021. En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el entonces candidato planteó la necesidad de establecer mecanismos de interlocución con el crimen organizado.
“Hay que buscar una forma de hacerlo… los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico… en ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de Estado”, expresó.
Tras los comicios, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador incluso sostuvo que la delincuencia organizada se había portado “bien” al considerar que hubo menos violencia en comparación con procesos electorales anteriores.
LAS DENUNCIAS DE OPOSICIÓN
Sin embargo, las denuncias de partidos de oposición documentaron múltiples hechos de violencia antes y durante la votación. El 13 de junio de 2021, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para solicitar la nulidad de la elección, en la que Rocha Moya obtuvo el 56.60 por ciento de los votos frente al 32.49 por ciento de Mario Zamora.
En ese recurso, el PRI argumentó que el proceso se desarrolló en un contexto de “violencia generalizada” que vulneró los principios
Denuncias del PRI tras elección de 2021.
constitucionales de libertad del sufragio y equidad. Entre los hechos denunciados se incluyeron privaciones de la libertad de operadores políticos, ataques a casas de campaña, amenazas a candidatos y la presencia de grupos armados en diversas regiones del estado.
Previo a la jornada, se reportó el secuestro de José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización electoral del PRI, además del “levantón” del hermano de la candidata a la alcaldía de Badiraguato, Guadalupe Iribe, así como ataques a operadores políticos y desapariciones temporales de funcionarios.
En el mismo periodo, el candidato del Partido Encuentro Solidario, Ricardo Arnulfo Mendoza, comenzó a utilizar chaleco antibalas ante el clima de inseguridad y denunció restricciones para realizar eventos en municipios como Navolato y Mocorito.
El candidato del PES, Ricardo Arnulfo Mendoza previo al segundo debate portaba un chaleco antibalas ante amenazas.
“Me tengo que proteger […] es un llamado, mi actitud, el haberme hecho de un chaleco antibalas, es para que el gobierno federal y el gobierno estatal, ante este llamado, intervengan para que tengamos elecciones pacíficas, elecciones, limpias, porque hemos tenido candidatos que no los dejan hacer campaña en algunos lugares, eso también es grave”, señaló en entrevistas con medios.
LOS DATOS FRÍOS
Durante el día de la elección, el PRI reportó al menos 50 denuncias por privación de la libertad y amenazas a simpatizantes. Se documentaron robos de urnas, disparos en las inmediaciones de casillas, persecuciones, suspensión de votaciones y presencia de hombres armados. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que grupos armados sustrajeron material electoral en al menos 51 casillas en municipios como Ahome, Guasave y Guamúchil.
Datos oficiales del IEES y del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEES) reconocieron la existencia de
En Ahome se documentó el robo de urnas por parte de sujetos armados.
206 incidencias durante la jornada, de las cuales 23 derivaron en la suspensión definitiva de casillas, lo que representó el 0.47 por ciento de un total de cuatro mil 986. De esas, seis fueron por riesgo de violencia y 16 por robo o destrucción de material electoral.
El propio IEES documentó que en al menos 16 casillas sujetos armados, algunos con armas de alto calibre, sustrajeron urnas y amenazaron a funcionarios. En municipios como Ahome se reportó la irrupción de personas encapuchadas que obligaron a suspender votaciones y se llevaron documentación electoral.
A pesar de estos registros, el Tribunal Electoral validó la elección de 2021. En su resolución, concluyó que los incidentes no alcanzaron el nivel de generalización requerido para anular los comicios y sostuvo que las casillas operaron en condiciones de “aceptable normalidad”. El recurso presentado por el PRI fue desechado.
Las denuncias de violencia también fueron respaldadas por testimonios de candidatos.
Mario Zamora, abanderado de la alianza PRI-PANPRD, afirmó que la elección estuvo marcada por una
Mario Zamora, candidato del PRI.
intervención “sin precedentes” del crimen organizado. Recordó que la noche de la jornada pidió la liberación de personas retenidas y señaló que integrantes de su equipo enfrentaron secuestros y amenazas.
Entre los casos mencionados destaca el de Guadalupe Iribe, quien declinó su candidatura tras el secuestro de su hermano el día de la elección. Zamora también denunció el levantón del secretario de organización del PRI y aseguró que en diversas casillas “llegó gente armada y se llevó las urnas”.
La diputada priista Paola Gárate, tras las acusaciones de Estados Unidos ha señalado a medios nacionales que ella fue parte de estos operadores que fueron levantados horas antes de la elección: “¿Y todavía la presidenta pregunta por pruebas? Aquí estamos los sobrevivientes de esas narcoelecciones. Aquí estamos quienes vimos cómo la democracia fue tomada por el miedo y la violencia”, publicó en sus redes sociales.
Todo lo que señalan las autoridades de Estados Unidos estaba perfectamente documentado por medios mexicanos desde el mismo día de la elección. Las denuncias en la corte de Nueva York solo confirman lo que en Sinaloa ya se sabía y que el gobierno mexicano decidió ignorar.
MURMULLOS
PÉLATE, TIN TAN
Tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, donde señalan al gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, primero salió a decir que “no pasaba nada”. Pero apenas dos días después, la presión le cobró factura y pidió licencia del cargo. A los pocos días, hasta escoltas traía —según Harfuch—, pero nadie sabía dónde estaba. Pues como dice el dicho… ¡más vale aquí corrió que aquí quedó!
LA RIFA DEL TIGRE
Quien definitivamente se sacó la rifa del tigre fue Yeraldine Bonilla Valverde, que pasó de diputada local a secretaria de Gobierno y, de rebote, terminó como gobernadora interina de Sinaloa. Lo curioso es que, en 2018, cuando ganó su primera tómbola política, decía que le “rogaba a Dios no salir ganadora”, y ahora hasta gobierna el estado más caliente del país… ¡Qué suerte la de Yeraldine!
MURMULLOS DEPRIMERA
«TRONÓ LA BOMBA»
MÁS CIEGA, IMPOSIBLE
El discurso de las “pruebas” de la presidenta Claudia Sheinbaum cada vez cae en más baches que las calles de Culiacán. Las acusaciones son claras y las presiones del gobierno gringo no cesan ni cesarán. Morena se ha encargado de arropar a políticos señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, porque saben que, si empiezan a destapar la cloaca, el olor llegará hasta Palacio Nacional… ¡No le saque, presi!
ZACATITO PA’L CONEJO
Otro de los señalados por el gobierno gringo es el senador Enrique Inzunza Cázarez, aquel que soñaba con la gubernatura y que, de la mano de Rocha, comenzó a quitar rivales políticos del camino para dejarse el terreno limpiecito rumbo al 2027. Pero las recientes acusaciones lo hicieron esconderse en su madriguera serrana, sin dar la cara y limitándose a “tuitear” mensajes con léxico sofisticado que a nadie convencen. ¡Le sacó macizo el senador!
FISCALÍA Y POLICÍAS AL SERVICIO DE LOS CHAPITOS
LA RED DE PODER: Miedo y corrupción que Estados Unidos dibuja en Sinaloa
Santiago Rentería
Un vicefiscal, comandantes ministeriales, policías estatales y municipales. La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos retrata una presunta estructura criminal incrustada dentro del aparato de seguridad de Sinaloa. Sobornos mensuales, filtración de operativos, liberación de sicarios, protección a laboratorios y participación en secuestros forman parte de un expediente que golpea el corazón político y policiaco del estado.
En Sinaloa, la frontera entre autoridad y crimen organizado hace tiempo dejó de ser clara para miles de ciudadanos que crecieron viendo patrullas municipales circular junto a convoyes armados sin que nada ocurriera.
Pero el documento revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue más allá de las sospechas populares.
Por primera vez, una acusación federal estadounidense coloca nombre, cargo y función a una presunta red de protección institucional al servicio de la facción de Los Chapitos dentro de la Fiscalía General del Estado, la Policía Ministerial, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán.
El expediente no habla únicamente de corrupción. Habla de una estructura. Una maquinaria donde, según la investigación, agentes ministeriales perseguían enemigos del cártel mientras protegían laboratorios de fentanilo; donde mandos policiacos alertaban sobre cateos antes de que ocurrieran; donde patrullas oficiales habrían sido utilizadas para secuestrar personas señaladas de colaborar con la DEA.
Y en el centro de ese entramado aparece un hombre formado durante casi tres décadas dentro de la Fiscalía sinaloense: Dámaso Castro Saavedra.
Dámaso Castro Saavedra.
DÁMASO CASTRO SAAVEDRA
El hombre que creció dentro de la Fiscalía. Apenas se graduó de la carrera de Derecho en la UAS, llegó de auxiliar de Ministerio Público en 1998. Quienes conocen los pasillos de la vieja Procuraduría estatal recuerdan a Dámaso Castro Saavedra como un funcionario discreto, técnico, formado completamente dentro de la institución.
Desde entonces nunca abandonó el sistema de procuración de justicia. Mientras cambiaban gobernadores, procuradores y fiscales, él permanecía. Ascendió lentamente en el escalafón.
Agente del Ministerio Público, operador jurídico, funcionario administrativo, cuadro de confianza. Conocía expedientes, estructuras internas y nombres clave dentro de la Fiscalía.
Durante la transición al nuevo sistema penal acusatorio cursó una maestría, pero nunca concluyó el posgrado. Eso no frenó su crecimiento político dentro de la institución.
En octubre de 2021 fue nombrado vicefiscal general del estado durante la administración de Rubén Rocha Moya. Oficialmente, su ingreso anual declarado era de un millón 255 mil 402 pesos. Un sueldo cercano a los 91 mil pesos mensuales.
Pero el Departamento de Justicia sostiene otra historia. Según la acusación, Castro Saavedra recibía además alrededor de 200 mil pesos mensuales en sobornos de Los Chapitos.
Dentro de las listas decomisadas durante la investigación aparecía identificado como “Culiacán Regio”. La función que le atribuyen los fiscales estadounidenses era delicada y estratégica: advertir sobre operativos apoyados por la DEA, revelar objetivos de cateos y
filtrar información sobre laboratorios clandestinos antes de que fueran intervenidos.
El documento describe una escena repetida durante años. Militares o fuerzas especiales preparaban un operativo contra laboratorios de metanfetamina o fentanilo. Antes de llegar, los inmuebles aparecían vacíos. Los químicos habían desaparecido. Las armas ya no estaban. El personal había escapado.
El expediente sostiene que Dámaso Castro operaba como una pieza institucional de protección para Los Chapitos.
Marco Antonio Almanza Avilés.
MARCO ANTONIO ALMANZA AVILÉS
Marco Antonio Almanza Avilés sería el comandante ministerial que habría pactado con Iván y Ovidio de manera directa, sin intermediarios. En Sinaloa, la Policía Ministerial, hoy de investigación, históricamente ha sido una de las corporaciones más temidas.
No patrulla calles. Investiga. Ejecuta órdenes de aprehensión. Opera inteligencia. Tiene
acceso a información privilegiada. Y durante cinco años, esa estructura estuvo bajo el mando de Marco Antonio Almanza Avilés.
El Departamento de Justicia asegura que el pacto entre Almanza y Los Chapitos se selló alrededor de 2017 o 2018 en un rancho atribuido a Iván Archivaldo Guzmán.
La escena descrita por la acusación parece salida de una serie criminal: reuniones privadas con los hijos de Joaquín Guzmán, acuerdos de protección y pagos mensuales para blindar las operaciones del grupo criminal. La investigación sostiene que Almanza recibía aproximadamente 300 mil pesos mensuales. A cambio, permitía el libre tránsito de cargamentos químicos utilizados para fabricar fentanilo, protegía rutas de trasiego y ordenaba actuar contra rivales de Los Chapitos
No era solamente corrupción pasiva. El expediente afirma que utilizaba la estructura ministerial para favorecer a la facción criminal dominante en Culiacán.
La acusación lo retrata como un operador con poder territorial y capacidad para mover investigaciones, detener enemigos o desaparecer presiones policiales.
ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, EL CHOLO
El relevo que habría continuado el pacto. Cuando Almanza dejó la Policía de Investigación en noviembre de 2022, el control quedó en manos de Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como El Cholo.
Según la acusación estadounidense, no fue un relevo accidental. El expediente afirma que Contreras fue designado con aprobación explícita de Los Chapitos.
Su papel, dice la investigación, consistía en mantener intacta la protección institucional. Las acusaciones son similares: sobornos mensuales, liberación de detenidos ligados al grupo criminal y apoyo operativo para localizar enemigos.
Alberto Jorge Contreras Núñez, El Cholo, su papel, dice la investigación, consistía en mantener intacta la protección institucional.
La diferencia es el contexto. Para entonces, Los Chapitos ya controlaban buena parte del negocio del fentanilo y enfrentaban crecientes presiones de Estados Unidos. Las filtraciones internas se volvieron más importantes que nunca. Cada operativo frustrado significaba millones de dólares salvados.
Cada detenido liberado representaba una estructura criminal intacta. La acusación sostiene que El Cholo garantizaba precisamente eso.
EL GENERAL RETIRADO BAJO SOSPECHA
Cuando Gerardo Mérida Sánchez llegó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal en septiembre de 2023,
el gobierno estatal intentó vender la imagen de orden y experiencia militar.
General retirado. Formación castrense. Perfil de disciplina. Pero el expediente estadounidense dice que detrás de esa narrativa existía una red de protección criminal.
La acusación afirma que Mérida recibía más de 100 mil dólares mensuales en sobornos. La cifra lo convierte en uno de los funcionarios señalados con mayores beneficios económicos dentro del esquema.
A cambio, presuntamente advertía sobre redadas y operativos contra laboratorios clandestinos. La investigación menciona que solamente en 2023 alertó sobre al menos diez operativos. Diez laboratorios evacuados antes de ser cateados.
En un estado donde el fentanilo se convirtió en uno de los negocios más rentables del crimen organizado, la filtración de información representaba un seguro de supervivencia para los grupos criminales. Hoy es el
Gerardo Mérida Sánchez, presuntamente advertía sobre redadas y operativos contra laboratorios clandestinos.
único de la lista de diez que presentó un amparo contra la extradición.
EL POLICÍA QUE HABRÍA
INFILTRADO LA CORPORACIÓN
Dentro de la Policía Estatal de Sinaloa, el nombre de José Antonio Dionisio Hipólito, Tornado , era conocido desde hace años. Comandante. Subdirector. Operador de calle. La acusación estadounidense lo presenta como algo más: un presunto articulador de la infiltración criminal dentro de la corporación.
Según el expediente, recibía pagos mensuales de aproximadamente 100 mil pesos y colocaba en posiciones estratégicas a policías vinculados con Los Chapitos, a comandantes.
Pero el señalamiento más grave es otro. Estados Unidos asegura que Hipólito vendía municiones y cargadores para rifles de asalto a integrantes del grupo criminal.
También habría modificado reportes policiales para liberar detenidos armados. La acusación describe reuniones directas con Iván y Ovidio Guzmán. En una de ellas, supuestamente recibió radios de comunicación para mantener coordinación permanente con la organización criminal. La escena muestra hasta
José Antonio Dionisio Hipólito, Tornado.
qué punto, según la investigación, las estructuras oficiales y criminales habrían operado mezcladas.
EL COMANDANTE
ACUSADO DE USAR
PATRULLAS PARA SECUESTRAR
Entre todos los nombres del expediente, quizá ninguno refleja con tanta crudeza la mezcla entre policía y crimen organizado como el de Juan
Valenzuela Millán, Juanito.
Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito, señalado de utilizar patrullas para secuestrar.
Comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán entre 2018 y 2024. En la corporación no saben de él desde que comenzó la guerra en septiembre de ese año, pero sí saben que sus Fuerzas Especiales Juanito siguen operando en las sombras.
Según Estados Unidos, controlaba una red de más de 40 policías municipales al servicio de Los Chapitos. El expediente sostiene que recibía alrededor de 41 mil dólares mensuales para distribuir entre agentes y mandos. Pero las acusaciones van mucho más allá del dinero.
El documento describe patrullas oficiales utilizadas para secuestrar personas. Policías municipales entregando víctimas a sicarios. Agentes participando en levantones y homicidios.
El hecho ocurrió en Tamazula, Durango, una familia entera fue torturada y asesinada.
Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en octubre de 2023. La víctima principal era Alexander Meza León, identificado como colaborador de la DEA.
Los Chapitos sospechaban que proporcionaba información a Estados Unidos. Entonces comenzó la cacería. Según la acusación, policías municipales bajo órdenes de Juanito interceptaron a las víctimas utilizando unidades oficiales.
Después las entregaron a sicarios. Algunas fueron torturadas y asesinadas. Entre ellas, un niño de 13 años, quien fue asesinado con una familia entera, cuando sus cuerpos fueron encontrados en Tamazula, Durango, con un mensaje escrito en una cartulina: “Por sapos”.
Pero Juanito, como el resto de sus coacusados, no han aparecido por ningún lado. Sobre el excomandante pesa una sentencia de muerte, es el único que ha aparecido en las listas de Los Mayos como un objetivo. Hoy se saben los siniestros motivos.
EL PACTO TRANSEXENAL EN SINALOA
David Fuentes M.
Durante las votaciones del 2 de junio de 2021, la Policía Estatal –en ese entonces a cargo de Cristóbal Castañeda Camarillo– recibió instrucciones de no intervenir ante las denuncias que se presentaron en el transcurso de esa jornada electoral en varios municipios, por lo que prácticamente la corporación a car-
go del gobierno del Estado se convirtió en cómplice de la violencia que se presentó en forma de secuestros, amenazas, robo de urnas y disparos con arma de fuego contra ciudadanos que se encontraban en las casillas de votación.
Lo anterior se desprende de la denuncia que, una semana después de la jornada electoral, presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para solicitar la anulación de la elección que dio el triunfo al candidato morenista Rubén Rocha Moya.
Las denuncias de violencia electoral en 2021, los reportes de inteligencia militar filtrados por Guacamaya Leaks y las irregularidades financieras heredadas del sexenio de Quirino Ordaz alimentaron durante años la percepción de un pacto político transexenal en Sinaloa. La relación entre el quirinismo y el rochismo no sólo habría facilitado la transición entre PRI y Morena, sino también una estructura de protección mutua. Ahora, en medio del desgaste y las acusaciones que rodean a Rubén Rocha Moya, el grupo político de Quirino vuelve a posicionarse rumbo a la sucesión estatal.
Durante la jornada electoral de 2021, Mario Zamora denunció la privación de la libertad de muchos operadores políticos de su partido.
Durante la jornada electoral, el candidato Mario Zamora denunció ante medios de comunicación el secuestro de decenas de operadores políticos del PRI, así como el robo de urnas y amenazas directas contra candidatos de su partido, por lo que esa misma noche, una vez cerradas las casillas y luego de que el órgano electoral anunciara el triunfo de Rocha Moya en el conteo rápido, pidió públicamente que las personas secuestradas fueran liberadas con vida.
“Ya se acabó la elección, ya se obtuvo el resultado que al parecer estaban buscando; regrésenlos, por favor. Son hombres y mujeres de bien que solo estaban tratando de hacer su trabajo y que, por el bien de sus familias, merecen estar sanos y salvos en su casa”, declaró Zamora.
EL PLAN DE QUIRINO
La no intervención de la Policía Estatal para garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral se lee retrospectivamente como una de las circunstancias que favorecieron el triunfo del abanderado de Morena, en un
contexto político influenciado por la relación de abierta cercanía entre el gobierno de Rubén Rocha Moya y el exgobernador Quirino Ordaz Coppel, quien meses después fue designado embajador de México en España.
La mañana del 1 de noviembre de 2021, apenas unas horas después de dejar la gubernatura de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel abordó un vuelo rumbo a la Ciudad de México para reunirse con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El exgobernador estaba por recibir un nombramiento que obligó a los morenistas a permanecer callados: la embajada de México en España.
La designación provocó una ruptura inmediata con el PRI. La dirigencia nacional del partido consideró que aceptar el cargo equivalía a colaborar con el gobierno federal emanado de Morena. Pero en Sinaloa aquella
Quirino Ordaz y López Obrador, el pacto.
designación se leyó como la formalización de un acuerdo político construido durante la elección de 2021.
Las denuncias de Mario Zamora Gastélum nunca derivaron en una investigación de gran alcance. Años después, documentos filtrados por el colectivo Guacamaya Leaks, elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional, revelaron reportes de inteligencia militar que advertían sobre infiltración del Cártel de Sinaloa en corporaciones de seguridad estatales durante los gobiernos de Quirino Ordaz y el inicio de la administración de Rocha Moya.
Uno de esos informes, identificado como “Caso Zarigüeya”, señalaba que operadores criminales mantenían acceso a información sensible sobre movimientos de autoridades municipales, estatales y federales. El documento incluso mencionaba a un supuesto operador vinculado con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien presumía contar con un contacto cercano al entonces secretario de Seguridad Pública estatal.
La filtración ocurrió pocos días después de que Ismael El Mayo Zambada declarara, mediante una carta difundida públicamente, que durante décadas la organización criminal había mantenido redes de protección construidas a través de sobornos dirigidos a policías, militares y funcionarios.
Aunque ninguna de las revelaciones implicó acusaciones penales directas contra Quirino Ordaz, los documentos reforzaron una percepción instalada desde el proceso electoral de 2021: la idea de que la transición política
en Sinaloa ocurrió en medio de un contexto de tolerancia institucional hacia la operación del crimen organizado.
EL PACTO
Quirino Ordaz Coppel como gobernador, adeudos y señalamientos.
La relación política entre Rocha y Quirino no solamente habría permitido una suave transición entre un gobierno priista y uno morenista. También habría garantizado protección mutua. Esa percepción se fortaleció conforme comenzaron a surgir irregularidades financieras heredadas por la administración de Quirino Ordaz.
A finales de 2023, el gobierno de Rocha Moya reconoció públicamente que la administración estatal enfrentaba un conflicto millonario derivado de auditorías practicadas durante el sexenio anterior a empresas vinculadas con Grupo Coppel y Grupo ARHE.
El litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió en favor del Servicio de Administración Tributaria tras detectar irregularidades en procedimientos de fiscalización realizados por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.
En un video difundido en redes sociales, Rocha Moya intentó deslindarse de la responsabilidad financiera. Afirmó que las anomalías correspondían exclusivamente al gobierno de Quirino Ordaz y reveló que el propio exgobernador le había advertido sobre el problema hasta el día de la entrega-recepción.
Sin embargo, cuando periodistas le preguntaron si presentaría denuncias penales contra el exmandatario y los funcionarios involucrados, respondió con cautela. “No sé, tenemos que revisar”, dijo. Las denuncias nunca llegaron.
Mientras el gobierno estatal reconocía públicamente el impacto económico de las sanciones, el Congreso de
En redes sociales Rocha Moya denunció auditorías a modo de parte del gobierno quirinista.
Sinaloa aprobaba nuevas solicitudes de endeudamiento impulsadas por la administración rochista. En enero de 2025 se autorizó un crédito por más de dos mil millones de pesos bajo el argumento de cubrir afectaciones derivadas de irregularidades financieras heredadas del sexenio de Quirino Ordaz.
En ambos casos, el discurso oficial insistía en responsabilizar a administraciones pasadas por el deterioro financiero estatal. Pero ni Quirino Ordaz ni sus colaboradores cercanos enfrentaron procesos judiciales.
EL PASADO
El exgobernador Francisco Labastida Ochoa aseguró en entrevistas con un medio local que Quirino había “preparado el camino” para la llegada de Rocha Moya y que su nombramiento diplomático había sido una recompensa política. “Se fue de embajador por eso”, declaró.
Francisco Labastida Ochoa señaló las confrontaciones entre Rocha y Cuén.
Labastida fue más allá al cuestionar la cercanía entre el grupo político de Rocha y actores vinculados históricamente con el crimen organizado en Sinaloa, retomando además episodios emblemáticos del obradorismo como el “abrazos, no balazos”, las visitas presidenciales a Badiraguato y el saludo del entonces presidente a la madre de Joaquín Guzmán Loera.
Labastida también recordó las confrontaciones de Rocha con Héctor Melesio Cuén Ojeda. Durante la campaña de 2021, Morena y el Partido Sinaloense fundado por Cuén habían construido una alianza estratégica que resultó decisiva para la victoria electoral. Sin embargo, esa relación terminó convertida en una confrontación abierta marcada por acusaciones de persecución política, uso faccioso de instituciones y disputas por el control de la universidad.
Cinco días antes de ser asesinado, Cuén Ojeda difundió un video en el que acusó públicamente a Rocha Moya de haber recibido cantidades millonarias de dinero durante la campaña electoral. “Cuando nosotros tomamos la decisión de apoyar a Morena y al maestro Rocha, el dinero sobró”, afirmó. También aseguró que, tras la elección, integrantes del entorno del gobernador comenzaron a adquirir propiedades inmobiliarias.
Paradójicamente, después de años de señalamientos, escándalos, denuncias de corrupción, presuntos vínculos criminales y una transición política marcada por sospe -
chas de pactos e impunidad, todo apunta a que el grupo político que abrió la puerta al actual régimen podría terminar conservando el control del poder en Sinaloa. Porque mientras el rochismo enfrenta su momento más delicado, el quirinismo parece haberse replegado, esperado y sobrevivido. Y en política, muchas veces no gana el que gobierna mejor, sino el que logra mantenerse vigente cuando todos los demás comienzan a caer. Ricardo Madrid Pérez hoy aparece como esa carta de continuidad silenciosa: el delfín que, después de todo, podría terminar heredando el mismo tablero que ayudaron a construir.
Ricardo Madrid apunta a ser el candidato quirinista de cara a los comicios del 2027.
LITENSOR Y LITEMPO
Eduardo Rivadeneyra Núñez
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) tiene presencia en México prácticamente desde su fundación en 1947, aunque sus primeras bases se estima que se instalaron en 1951. Sin embargo, en el país ya operaba su antecesora, la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), la cual se reestructuró para enfrentar de mejor manera los retos que implicaba la Guerra Fría desatada entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
En un principio se hablaba de la presencia de drones cerca del aeropuerto.
Un momento clave en la historia de la CIA en México se dio en 1956, cuando el agente Winston Scott llega al país para encargarse de la base de la agencia en la Ciudad de México y se lleva a cabo un programa de fortalecimiento que incluyó el equipamiento de las instalaciones y la contratación de ciudadanos locales para incorporarlos a las labores de inteligencia.
Dos años después, el agente Scott conoce y entabla amistad con un alto funcionario mexicano que habría de convertirse en tal vez el más importante agente que la CIA haya tenido en nuestro país. En los archivos desclasificados de la CIA se le identifica con el nombre clave de LITENSOR. Nosotros lo conocemos como presidente Adolfo López Mateos. La relación entre ambos llegó a ser tan estrecha que el presidente fue testigo en la boda del director de la CIA en México, en 1962.
Las dos primeras letras del nombre clave LI son el prefijo que se utilizaba para identificar las operaciones relacionadas con México, según se establece en documentos de la agencia que fueron desclasificados por el
Adolfo López Mateos, su nombre clave, LITENSOR.
Winston Scott agente de la CIA
gobierno estadounidense entre 1998 y 2006, relativos a operaciones en México. Los documentos ahora forman parte del Archivo de Seguridad Nacional (NSA) que se encuentra ubicado en la Universidad George Washington del Distrito de Columbia, donde puede ser consultado y es ya información pública.
Winston Scott, con el apoyo de LITENSOR (López Mateos), estructuró el programa LITEMPO con el objetivo de recabar información relevante sobre México a lo largo del tiempo, sin interrupciones. Para iniciar el programa contrataron a un joven conocido del presidente, llamado Emilio Bolaños, que fue conocido como LITEMPO 1.
El joven era sobrino del secretario de Gobernación y ayudó a que su tío, Gustavo Díaz Ordaz, se incorporase al programa, en el que se le conoció como LITEMPO 2, nombre con el que reportó a la CIA durante años, incluso cuando la represión de 1968 contra los estudiantes en Tlatelolco, cuando ya era presidente.
El subsecretario de Gobernación en la administración de López Mateos también tuvo oportunidad de participar en numerosos actos de la historia del país, en esa
Winston Scott y Díaz Ordaz.
Luis Echeverría Álvarez parte de los agentes LITEMPO.
época y después. Se le identificaba como LITEMPO 3 y su nombre era Fernando Gutiérrez Barrios.
En esa época las leyes de Seguridad Nacional eran distintas y permitían la existencia de programas como este. Hubo otros agentes LITEMPO, aunque no todos tan reconocidos. Un joven que también trabajaba con LITEMPO 2 (Díaz Ordaz) fue reclutado con el código de LITEMPO 8 y llegó a ser también secretario de Gobernación e incluso presidente de la República. Fue el encargado de operar la represión contra las manifestaciones estudiantiles en 1971 y lo recordamos por su nombre como Luis Echeverría Álvarez.
El gobierno de Estados Unidos ha desclasificado más documentos de la CIA incluso de épocas más recientes, incluyendo los años setenta, ochenta y noventa, y al parecer ya no hay referencias a los agentes del programa LITEMPO ni a otros presidentes. Sin embargo, si se menciona a un joven que a fines de los años sesenta comenzó a trabajar para la CIA como responsable de una célula de intercepción de llamadas telefónicas en la Ciudad de México y también le esperaba una carrera importante en el gobierno mexicano. Lo recordamos por su nombre de José López Portillo, aunque no hay información sobre si seguía siendo agente cuando llegó a la Presidencia de la República.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
INVESTIGADORAS DE LA UAS DESTACAN
EN EL CONGRESO NACIONAL CNEIP
COMPARTEN EN TIJUANA MODELOS DE ATENCIÓN PARA COMBATIR EL ESTRÉS
Y LA ANSIEDAD POSPANDEMIA
Con el objetivo de fortalecer la vinculación académica, divulgar avances de investigación y actualizar las estrategias de atención a la salud mental, investigadoras de la Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS) participaron en el Congreso del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP), celebrado recientemente en Tijuana.
La doctora Nuvia Fabiola Núñez Chaidez informó que, junto a sus colegas del cuerpo académico “Psicología de la Salud UAS-CA-350”, presentaron dos proyectos que responden a la realidad de la juventud universitaria. El primero, titulado “Impacto de la violencia y la pospandemia en la salud mental estudiantil: estrés y ansiedad”, analiza cómo el entorno social y el aislamiento prolongado han dejado secuelas visibles e incrementado los cuadros de ansiedad en los estudiantes.
“No podemos pensar que el estrés y la ansiedad son cuestiones individuales; algo que acotamos en el congreso fue que estos tienen también un origen social y cultural. Lo que estamos viviendo actualmente en Sinaloa es un ejemplo de cómo la violencia y la pospandemia han aumentado estos casos”, subrayó.
Asimismo, impartieron la ponencia “Intervención psicosocial en estudiantes con ideación suicida”. Esta investigación surgió tras un diagnóstico realizado en la propia facultad, el cual propone estrategias y rutas de acción concretas para la atención primaria de la población estudiantil.
“Encontramos que más del 40% de nuestros jóvenes tenían ideación suicida. A partir de ese momento, iniciamos un trabajo de intervención que incluyó diagnósticos y talleres en las aulas; actualmente, nos encontramos en una fase de intervención psicosocial”, indicó Núñez Chaidez.
La académica mencionó que, gracias a la apertura de las autoridades universitarias, están replicando este modelo de estudio en las facultades de Odontología y Enfermería, brindando estrategias terapéuticas para el manejo del estrés y la ansiedad. Finalmente, destacó la importancia de participar en estos foros, ya que permiten compartir el trabajo desarrollado en la UAS, promover el intercambio de experiencias, aprender nuevos modelos de abordaje psicológico y establecer lazos de colaboración con otras instituciones del país.
“Es la oportunidad de generar enlaces, establecer contactos y aprender nuevas formas de abordaje”, concluyó.
LA CARTA DEL MAYO: DESDE ENTONCES, CRISIS DE CREDIBILIDAD
Desde el 10 de agosto de 2024, cuando el abogado defensor de Ismael El Mayo
Zambada difundió la famosa carta en la que no sólo explicaba que había sido secuestrado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, sino que en el cónclave convocado en Huertos del Pedregal también participarían el finado Héctor
Melesio Cuén Ojeda y el gobernador
Rubén Rocha Moya —hoy acusado por Estados Unidos junto con nueve de sus colaboradores de participar en una conspiración de narcotráfico en favor de la facción de Los Chapitos—, la carta del Mayo cobra relevancia. Y es que, hasta ahora, ha sido el único que ha contado una versión que coincide
con los hallazgos posteriores, mientras la Fiscalía de Sinaloa, la Fiscalía federal y los gobiernos estatal y federal sólo se dedicaron a intentar encubrir lo que hoy sale a la luz desde Estados Unidos: que Rocha Moya y su grupo entregaron el estado al Cártel de Sinaloa.
Por Santiago Rentería
El 10 de agosto de 2024 que se dio a conocer la carta del Mayo, Rocha señaló que si él creyó que iba a estar ahí, le mintieron.
Hoy más que nunca cobra relevancia la carta que, el 10 de agosto de 2024, días después de ser entregado al gobierno de Estados Unidos, difundió la defensa del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García. Pero también quedan expuestas las contradicciones de las instituciones de justicia y de la narrativa del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que no actuaron contra el gobernador Rubén Rocha Moya y sus colaboradores, a pesar de que desde entonces habían quedado exhibidos.
En el texto, Zambada explicaba que había acudido a una reunión con Joaquín Guzmán López, a la sazón su ahijado, así como con sus hermanos, para discutir el diferendo entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, un conflicto político que había escalado con denuncias ante la Fiscalía General del Estado y acusaciones dirigidas contra autoridades de la universidad.
“Me dijeron que, además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar”, decía El Mayo Zambada.
El Mayo Zambada entregado a Estados Unidos por su ahijado Joaquín.
La carta del Mayo Zambada, lo que dijo en su momento recae en la actualidad.
Al confiar en la naturaleza de la reunión, y al saber que estarían convocados tanto el gobernador —a quien finalmente no vio— como Cuén Ojeda, a quien sí saludó y reconoció como un amigo de años, Zambada llegó con sus escoltas a Huertos del Pedregal. Dos de ellos eran los comandantes José Rosario Heras, elemento activo de la Policía de Investigación, y Rodolfo Cháidez, ya retirado de la actividad policiaca. Pero el plan ya estaba en marcha: Zambada fue secuestrado y trasladado rumbo a Texas, mientras Cuén era asesinado.
LA FABRICACIÓN DE UNA “VERDAD”
Desde el principio, el objetivo fue hacer creer que El Mayo se había entregado por voluntad propia. También se intentó sostener que el asesinato de Cuén Ojeda ocurrió durante un intento de robo de su camioneta en una gasolinera; esa fue la versión difundida por la Fiscalía estatal, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez.
El montaje del asesinato de Héctor Cuén.
Otro punto consistía en asegurar que el gobernador había viajado ese día en un avión, propiedad del empresario ganadero Jesús Vizcarra, a California de vacaciones para visitar a un sobrino en Los Ángeles, acompañado de su hijo, Rubén Rocha Ruiz, y su familia. Hoy se sabe que Enrique Inzunza Cázarez también tenía la coartada de encontrarse fuera del país, en Canadá, al igual que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Convenientemente, ninguno se encontraba en la capital el día en que un suceso marcaría el destino de todo un grupo político.
Castro y Sara Bruna Quiñónez.
Dámaso
Pero ni Los Chapitos ni Rocha y su grupo contaban con que Zambada divulgaría una carta contundente que rompió la narrativa oficial: “Tengo conocimiento de que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta”.
A lo que continuó: “Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuén era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Cháidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos desde entonces”.
Para rematar señaló en dicha carta: “Creo que es importante que la verdad salga a la luz. Esto es lo que ocurrió, y no las falsas historias que circulan”.
Alejandro Gertz Manero, en sus tiempos de Fiscal de la República señaló el asesinato de Cuén como un montaje.
LA SACUDIDA
La verdad estaba ahí, y la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, comenzó a rastrearla. Rocha, fiel a su estilo, rechazó todo: aseguró que la reunión nunca existió y que, en todo caso, si a El Mayo le habían dicho que él asistiría, entonces había caído en una trampa. Así, sin más.
Andrés Manuel López Obrador, todavía presidente en ese momento, decidió proteger a su aliado político Rocha, pese al peso de las evidencias. La FGR pronto documentó que, en efecto, todo lo dicho por El Mayo sobre la finca de Huertos del Pedregal era cierto: el homicidio de Cuén ocurrió ahí y la escena de la gasolinera había sido un montaje burdo fabricado para desviar la investigación.
Ese 10 de agosto, tanto López Obrador como Sheinbaum mostraron su apoyo a Rocha Moya.
Nadie, salvo la fiscal Sara Bruna, pagó con el cargo tras presentar su renuncia. Entre bambalinas siempre estuvo la figura del vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quien permaneció en el puesto hasta que su inclusión en la acusación federal lo obligó a dejar el cargo.
A pesar de que la FGR sostuvo que todo fue un montaje y que la Fiscalía actuó con dolo en el caso de Cuén para encubrir los hechos, las investigaciones se detuvieron abruptamente cuando Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia, mientras en Sinaloa se desataba una guerra cuyas consecuencias aún siguen golpeando al estado.
Pero el tiempo parece haberle dado la razón únicamente a El Mayo y a su carta: todo habría sido parte de un montaje del gobierno de Rubén Rocha Moya, hoy señalado y bajo presión ante la posibilidad de enfrentar acusaciones formales en una corte de Estados Unidos.
LA NARCOELECCIÓN QUE PINTÓ A SINALOA DE GUINDA
Los alcaldes, diputados y senadores de Morena que llegaron al poder en Sinaloa tras la elección de 2021 están manchados con el estigma de la narcoelección orquestada, según autoridades de Estados Unidos, por Rocha e Inzunza en complicidad con Los Chapitos.
La 64 legislatura de Sinaloa se pintó de guinda, el carro completo.
Por David Fuentes M.
Rubén Rocha Moya negó durante años cualquier vínculo con el crimen organizado. Cuando ganó la gubernatura de Sinaloa en 2021, defendió que la violencia registrada durante la jornada electoral había golpeado a todos los partidos y acusó al PRI de mantener históricas relaciones con el Cártel de Sinaloa. Cuatro años después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene lo contrario: que la organización criminal ayudó a Morena a ganar la elección estatal a cambio de protección política.
Rocha Moya, señalamientos tras señalamientos de Estados Unidos.
La acusación estadounidense no se limita al gobernador sinaloense. También incluye al senador Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán y a mandos de seguridad y procuración de justicia. Según el expediente, funcionarios del Gobierno estatal protegieron cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de brindar cobertura institucional a Los Chapitos desde el inicio del sexenio.
Enrique Inzunza entre los denunciados por la organización Defensorxs.
Pero el documento también coloca el foco sobre la elección de 2021. De acuerdo con la acusación, Rocha Moya se reunió antes de los comicios con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. En ese encuentro, los líderes criminales le habrían ofrecido garantizar su triunfo electoral. A cambio, el entonces candidato se comprometía a colocar en puestos estratégicos a funcionarios favorables al grupo criminal.
La acusación añade otro elemento: una lista de opositores y domicilios entregada para secuestrar y amenazar a sus adversarios y obligarlos a abandonar la contienda electoral. Un día antes de la elección del 6 de junio de 2021, al menos nueve operadores electorales del PRI fueron secuestrados en municipios como Culiacán y Badiraguato. Entre las víctimas estuvieron José Alberto Salas, secretario de Organización del PRI estatal.
El caso más visible ocurrió en Badiraguato. Guadalupe Iribe Gascón, candidata priista a la alcaldía, abandonó la contienda después de que su hermano fuera privado de la libertad y posteriormente liberado con señales de tortura y amenazas.
Guadalupe Iribe Gascón quien buscaba la alcaldía de Badiraguato, renunció luego de que su hermano fuera privado de la libertad previo a la elección.
Ese día también hubo reportes de grupos armados rondando casillas, robo y destrucción de urnas, además de intimidación contra votantes. Mario Zamora, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, reconoció la derrota, pero señaló que las agresiones habían tenido un beneficiario político evidente.
EL CARRO COMPLETO
En medio de aquella jornada, Morena obtuvo el control político del Estado. Rocha Moya ganó la gubernatura. Morena conquistó alcaldías, diputaciones locales y federales, además de posiciones en el Senado. El primero de octubre de 2021 quedó instalada la 64 Legislatura del Congreso de Sinaloa: 20 diputados de Morena, ocho del PRI, ocho del PAS y representación menor del PAN, PT y Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, a partir de ese momento inició un plan de cooptación de legisladores y alcaldes de la cada vez más escasa oposición para que se sumaran al partido Morena.
Durante los meses siguientes comenzaron las renuncias de diputados del Partido Sinaloense para integrarse a Morena. En marzo de 2022, Rosario Sarabia Soto y Martín Vega abandonaron la bancada pasista y se sumaron al grupo parlamentario morenista. Días
Rosario Sarabia Soto y Martín Vega, renunciaron al PAS para unirse a Morena.
después hizo lo mismo Luz Verónica Avilés
Rochín, diputada por Badiraguato, quien afirmó sentirse identificada con “los principios de Morena” y con el proyecto de la Cuarta Transformación.
La migración continuó durante la legislatura. En marzo de 2024, Nancy Dalila Hernández dejó también la bancada del PAS para incorporarse a Morena. Para entonces, el partido gobernante ya había consolidado una mayoría más amplia en el Congreso local.
Verónica Avilés Rochín, otra de las que traicionaron al PAS para irse a Morena.
TODO COBRA SENTIDO
Las versiones sobre cómo se construyó esa mayoría reaparecieron tras la acusación estadounidense. Diversos actores políticos en Sinaloa señalaron presiones y negociaciones desde el Gobierno estatal para atraer legisladores a Morena. El nombre del entonces secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, comenzó a aparecer en relatos sobre reuniones privadas y ofreci-
mientos políticos para abandonar otras bancadas. Circuló la versión de que el ahora “escondido” senador Inzunza les invitaba un “cafecito” donde les hacía la invitación o los amenazaba para que abandonaran su bancada y se sumaran a Morena.
El 7 de mayo de 2026, la organización Defensorxs presentó ante la Fiscalía General de la República una querella contra 55 políticos por su presunta participación en la operación electoral del Cártel de Sinaloa durante los comicios de 2021. La denuncia fue presentada en las oficinas centrales de la FGR, en la Ciudad de México, por activistas que acusaron a funcionarios, legisladores y ex alcaldes de delitos contra la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos electorales.
La querella retomó la acusación presentada días antes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero amplió el alcance de los señalamientos. Según Defensorxs, la presunta intervención de Los Chapitos no sólo habría servido para asegurar la gubernatura de Sinaloa, sino para construir una estructura política completa favorable a Morena en municipios, Congreso local y posiciones federales.
“La operación de Morena con La Chapiza se dio no sólo para gobernador del estado, sino también para todos los municipios y para todas las diputaciones”, declaró Defensorxs afuera de la FGR. “Eso convierte a Morena en Sinaloa en un narcopartido, aunque insistimos que no ha sido el único relacionado con el crimen organizado”.
LOS DENUNCIADOS
Entre los denunciados aparecen 17 exalcaldes morenistas, diputados locales que integraron la 64 Legislatura y diputados federales electos en 2021. La organización incluyó nombres que ya figuraban en la acusación estadounidense, como Enrique Inzunza, pero también a figuras políticas que consolidaron el dominio territorial de Morena tras aquella elección.
La denuncia alcanzó incluso al exgobernador priista Quirino Ordaz Coppel, hoy embajador de México en España. Defensorxs lo señaló como parte del contexto político que permitió la consolidación de Morena en Sinaloa y acusó que, después de la elección, fue incorporado al nuevo gobierno federal con una embajada.
Organización Defensorxs presentó ante la FGR una querella contra 55 políticos.
Los arreglos, Rocha se habría reunido con ‘Los Chapitos’ previo a la elección.
La querella también retomó los episodios de violencia registrados durante la jornada electoral de 2021: secuestros de operadores políticos, amenazas contra candidatos, robo de urnas y presencia de grupos armados en casillas. Para la organización, esos hechos no fueron incidentes aislados, sino parte de una operación sistemática para alterar el resultado electoral.
MAR DE FONDO
¿PRUEBAS?, ¿PRUEBAS?, ¿PRUEBAS?
La solicitud de detención con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, proveniente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, todos acusados de narcotráfico, conspiración e importación de drogas a ese país en asociación con el Cártel de Sinaloa —específicamente con la facción de Los Chapitos—, así como de posesión y conspiración para el uso de armas de fuego y dispositivos explosivos, además de la operación del grupo criminal en la
Rubén Rocha Moya señalado por Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico, conspiración e importación de drogas.
contienda electoral de 2021 que llevó a Rubén Rocha Moya a ganar la gubernatura, constituye un hecho sin precedentes.
Estos cargos penales fueron presentados por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presiones al gobierno mexicano por los cárteles de la droga.
Los implicados son: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia; Enrique Inzunza Cázarez, senador; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal con licencia de la Fiscalía; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, quien
cuenta con un amparo legal contra la detención y posible extradición; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán. Los delitos que se les imputan alcanzan penas que van desde los 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.
De igual forma, el caso contempla señalamientos adicionales contra Valenzuela Millán, a quien se le imputan delitos relacionados con el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas. La pena contemplada para este caso es cadena perpetua.
El monumental problema que significó esta petición del Poder Judicial de Estados Unidos al gobierno mexicano fue demasiado, incluso para la sociedad sinaloense, acostumbrada a ser gobernada por el narco y a ver administrado el servicio público por el partido o los colores políticos en turno durante décadas. Sin embargo, nunca en la historia reciente del estado y del país había ocurrido algo siquiera cercano a lo sucedido hoy: la solicitud de detención con fines de extradición de servidores públicos en funciones.
La petición de detención con fines de extradición de los sinaloenses se basa en un acuerdo formalizado el 4 de mayo de 1978 y vigente desde el 26 de febrero de 1980. Un detalle relevante del tratado señala que debe existir la doble incriminación: es decir, que el hecho sea considerado delito en ambos países. El tratado también estipula que la extradición se concede si la evidencia es suficiente conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso, México.
Desde 2025 los ciudadanos habían alzado la voz contra el gobernador Rocha Moya.
La presidenta Claudia Sheinbaum y todo el bloque morenista salieron en defensa de sus compañeros de partido ipso facto. La respuesta del Estado mexicano ante la gravedad de las acusaciones fue simplemente exigir pruebas contundentes, mientras que el tratado de extradición, vigente desde 1980 entre ambos países, el gobierno federal se lo pasó por el arco del triunfo.
La petición del gobierno estadounidense, para México y para Morena —actualmente partido gobernante—, pasó de la cancha legal a la política, fracturando aún más la relación diplomática entre ambos países y endureciendo el discurso del presidente Donald Trump respecto a terminar con el dominio que, según su narrativa, tienen los cárteles mexicanos dentro del gobierno morenista, valiéndose de una política y estrategia de Estado para lograr dicho objetivo.
Esta estrategia, firmada hace apenas unos días y catalogada como “antiterrorista”, sitúa a los cárteles mexicanos como un objetivo central de la seguridad nacional estadounidense; es decir, clasifica abiertamente la amenaza de un cártel de la droga como una organización terrorista, priorizando su neutralización mediante acciones más agresivas y, potencialmente, unilaterales.
La presidenta Sheinbaum ha exigido en cada mañanera ‘pruebas’ al gobierno vecino.
Todo México fue testigo de la narrativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que en su gobierno se construía la política de “abrazos, no balazos”, frase pronunciada por él mismo. “Los delincuentes también son seres humanos”, decía; “esta es otra política”.
Las seis visitas de López Obrador a Badiraguato estuvieron rodeadas siempre del “tufo” de visitar a los narcos, porque todos en Sinaloa saben que a Badiraguato solo se va por dos razones: una, para pedir favores o entablar negocios con los narcos; y la otra, para visitar familiares. López Obrador no tiene familiares en Badiraguato.
La narrativa desde Palacio Nacional se convirtió en una especie de fuero para todos aquellos que habían hecho del crimen organizado un modelo de negocio dentro y
López Obrador visitó en varias ocasiones Badiraguato.
fuera del país, principalmente en Estados Unidos, mediante el tráfico de drogas, fentanilo y huachicol fiscal, dos de los negocios más lucrativos durante el sexenio de López Obrador. Ahora sabemos que los cárteles y los gobiernos, principalmente el federal, eran una misma cosa. Y esto no lo dice solamente Estados Unidos: existen cientos de trabajos periodísticos de investigación que documentaron hechos de corrupción y colusión mediante videos, audios, documentos y libros.
Y hay miles, sino millones, de voces ciudadanas que denunciaron y siguen denunciando: desde las madres buscadoras, que dan testimonio y certeza de los cientos de miles de ciudadanos mexicanos desaparecidos, al grado de hacer eco en las Naciones Unidas; hasta familiares que exigen justicia por asesinatos que también se cuentan por cientos de miles; regiones enteras del país que han quedado en el abandono porque su población ha tenido que huir de la violencia, pese a que no exista un registro nacional de desplazados; y miles de negocios que deben pagar un “impuesto” o “arancel” para seguir trabajando: el derecho de piso. También están los secuestros y amenazas contra poblados enteros para apoyar las ambiciones políticas de tal o cual partido. Y como epicentro de toda esta descomposición, Sinaloa, donde claramente el gobierno —háblese del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo— se encuentra operando para la delincuencia… En serio, en Sinaloa y México, ¿se necesitan más pruebas?
LA FRASE
POR: IVÁN GRIJALVA
SI MÉXICO NO HACE SU TRABAJO, LO
HAREMOS NOSOTROS
Las declaraciones de Trump volvieron a encender el discurso patriótico del gobierno mexicano. Desde Palacio Nacional, la respuesta fue la misma: soberanía, respeto y no intervención extranjera.
Sin embargo, el problema para Sheinbaum es que el discurso nacionalista comienza a debilitarse cuando estados como Sinaloa viven bajo una crisis permanente de violencia y señalamientos de presunta colusión entre poder político y crimen organizado.
Y ahí aparece inevitablemente el nombre de Rubén Rocha Moya, un gobernador rodeado de cuestionamientos públicos mientras el gobierno federal insiste en cerrar filas y evitar cualquier confrontación política.
Porque la soberanía no sólo se defiende en los discursos. También se demuestra cuando el Estado es capaz de imponer autoridad dentro de su propio territorio… dicho eso: ¿Qué espera, presidenta?
Nos leemos en una próxima edición, hasta entonces… hasta siempre.
